Las sombras del paso atrás de Sanidad en la atención primaria a irregulares

La reacción de las organizaciones de profesionales sanitarios ante el anuncio de que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares el derecho a la atención primaria puede resumirse en una palabra: desconfianza. Y es que las declaraciones que realizó el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, este martes, son vistas con escepticismo desde la comunidad sanitaria, que plantea no obstante que la medida se ha planteado aún en términos vagos y que es necesario esperar a ver su plasmación concreta.

Este martes, Alonso sorprendía con unas declaraciones en una entrevista concedida a la Agencia Efe en las que aseguraba que el Gobierno está trabajando en una nueva reglamentación que permita a los inmigrantes en situación irregular acceder al sistema sanitario a través de la atención primaria –un derecho que perdieron en 2012, cuando se eliminó la sanidad universal– para, entre otras cosas, reducir el colapso de las urgencias. En cualquier caso, Alonso dejó claro que esta medida no significa que este colectivo recupere el derecho a tener tarjeta sanitaria, y también descartó que afectase al copago sanitario.

En este sentido, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, detalló horas más tarde algunos elementos de la nueva medida: los inmigrantes deberán llevar un tiempo mínimo –aún sin definir– empadronados en España y recibirán un documento sustitutorio de la tarjeta sanitaria –con validez de un año y renovable– que sólo les dará derecho a ser atendidos en esa comunidad. Además, cada autonomía decidirá cómo aplica una medida que se planteará en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad.

Precisamente estas divergencias son una de las mayores quejas de los colectivos de profesionales sanitarios, que critican que la descoordinación que generó la aprobación de la reforma sanitaria de la exministra del ramo, Ana Mato –y que provoca que los inmigrantes irregulares tengan garantizada la atención primaria en comunidades como el País Vasco o Andalucía mientras se les niega en otras regiones como Madrid–, se reproducirá con la nueva normativa y mantienen que el hecho de que se devuelva la posibilidad de recibir atención primaria a los inmigrantes no significa que se les reconozca ese derecho.

"Sin tarjeta sanitaria, la asistencia nunca puede ser igual"

"No tenemos muy claro cómo se aplicará", asegura en este sentido Manuel Espinel, portavoz de Médicos del Mundo, que denuncia que en cualquier caso los inmigrantes "van a seguir siendo un colectivo excluido" porque "no se les va a restituir el derecho a la salud a través de una tarjeta sanitaria". De igual forma, Espinel critica lo "impreciso" del anuncio del Ministerio e insiste en que son las comunidades autónomas, al estar las competencias descentralizadas, las que tendrán la última palabra.

Esther Alía, responsable de Sanidad de la organización SOS Racismo, hace por su parte hincapié en que "sin tarjeta sanitaria, la asistencia nunca puede ser igual". "La atención es más dificultosa, se tienen que seguir más procesos burocráticos, y mucha gente con dificultades en el idioma hasta desiste", explíca Alía en referencia a los escritos que existen en comunidades como la de Madrid, donde los inmigrantes irregulares que requieren una continuidad de tratamiento deben solicitar un permiso especial que les da la opción de ir a consulta y realizarse pruebas. A ello se suma, además, que los inmigrantes irregulares no tendrán un médico fijo asignado, lo que dificultará el seguimiento de las dolencias.

De igual forma, la responsable de SOS Racismo critica que uno de los requisitos que exija el Ministerio sea el de estar empadronado en España, y explica que "no es tan fácil" registrarse como residente en nuestro país. "Hay, por ejemplo, personas viviendo en pisos patera que no se pueden empadronar porque existe un límite" de habitantes por cada hogar, explica Alía. Y con ella coincide Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que tacha de "absurdos" los requisitos enumerados por Sanidad para acceder al documento sustitutorio de la tarjeta sanitaria.

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"Una persona que tiene una enfermedad infectocontagiosa, la tiene independientemente de que lleve en España un día o 500", denuncia a este respecto Sánchez Bayle, que critica que la medida propuesta por Sanidad "deja a los inmigrantes irregulares en manos de la buena o la mala voluntad de quienes les atienden. Y es que Rubén Moreno explicó que la decisión sobre la necesidad de derivar un caso a un especialista estará en manos de los médicos, pero no deja claro quién tendrá que correr con los gastos de la atención hospitalaria.

En este sentido, Manuel Espinel recalca que tampoco se ha detallado si los inmigrantes irregulares que sean atendidos por un médico de cabecera tendrán derecho a recibir recetas, y se muestra "escéptico" con el funcionamiento de la medida a tenor del "caos" generado con la reforma pues en marcha por Ana Mato en 2012. "Hay, por ejemplo, un porcentaje importante de los inmigrantes en situación irregular a los que se factura en urgencias y no se les debería facturar, o personas con patologías previas que deberían ser atendidas, porque suponen un problema de salud pública, a las que no se atiende", explica el portavoz de Médicos del Mundo.

Por su parte, Alía y Sánchez Bayle consideran "electoralista" el anuncio del Gobierno, y tanto el presidente de FADSP como Manuel Espinel critican duramente que no se haya planteado la derogación de la reforma sanitaria de Mato. Fuentes del Gobirtno, por contra, niegan este tipo de intenciones y apoyan su argumentación en que los inmigrantes irregulares no tienen derecho al voto, si bien reconocen que la propuesta está aún muy verde y será necesario vertebrarla, ya que las competencias sanitarias están en manos de las comunidades autónomas.