Medio ambiente

Las tres frases de la ministra Ribera que anticipan las prioridades de su "transición ecológica"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, recibe la cartera de la que es titular de manos de la ex ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina.

El nombramiento de Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente ha despertado una ilusión moderada entre ecologistas y sectores concienciados con la acción climática. Por varias razones: la primera es el nombre y la estructura de la cartera, que aúna Medioambiente y Energía, una vieja reivindicación del mundo de lo verde. El término Transición Ecológica va más allá de la famosa transición energética que debe producirse en todos los países desarrollados para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la sostenibilidad en todos los procesos y alude a cambios profundos, transversales y de calado para hacer compatible el desarrollo con los límites del planeta.

Lo segundo es la experiencia y el compromiso contrastado de la persona al frente: además de ser secretaria de Estado de Cambio Climático en el Ejecutivo de Zapatero, fue directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Iddri), con sede en París, y ocupó diversos cargos en proyectos relacionados con el cambio climático tanto públicos como privados.

Sus intervenciones en foros y entrevistas anteriores a su nombramiento como ministra ya dejaban entrever sus líneas de pensamiento, a favor de una descarbonización de la economía que pase, sí o sí, por el cierre de centrales y de la publicación urgente de una ley de cambio climático ambiciosa y que abarque todos los ámbitos. Este viernes ha concedido a La Sexta una de sus primeras entrevistas como miembro del Gobierno de Sánchez y ha dejado titulares que representan un cambio radical con respecto a las medidas y los posicionamientos no tanto de la ex ministra de Medioambiente, Isabel García Tejerina, como del ex ministro de Energía, Álvaro Nadal. Analizamos los tres más relevantes.

1. "El carbón tiene poco futuro. Pero lo que me preocupa es el futuro de la gente que vive en comarcas que dependen de las minas o las centrales térmicas"

Como ejemplo, el más evidente. Álvaro Nadal, a diferencia de Tejerina, se ha cansado de repetir una y otra vez que el carbón es necesario, que sin el carbón se dispararían los precios, que el mix energético del futuro tendrá que contar con él… dando lugar a que España sea el único país de Europa occidental que no tiene ya un plan sobre la mesa de cierre de las centrales, uno de los elementos que más CO2 emiten de nuestro país. La ministra se ha manifestado en muchas ocasiones a favor de un plan de cierre progresivo, lo que echaría al traste la intención del anterior Ejecutivo de impedir, primero vía decreto y posteriormente vía proposición de ley, la clausura no solo de las de carbón sino de cualquier instalación que produzca electricidad.

Nadal pretendía que cualquier plan del sector eléctrico pasara por el visto bueno de su Gobierno, en pos no solo de la "seguridad del suministro", también como supuesta salvaguarda de los precios de la electricidad, lo que fue una declaración de guerra para los planes tanto de Iberdrola, que anunció que pretendía cerrar sus instalaciones, como de Endesa. Según Lainformacion.com, la segunda ya ha iniciado sus planes para clausurar dos de las que posee, apenas unos días después de la investidura de Sánchez. Hace dos semanas su matriz, Enel, esquivó en su junta de accionistas cualquier tipo de compromiso. A priori la compañía, la empresa más contaminante del país, no cuenta tampoco con la simpatía de Ribera, pero por motivos muy distintos: la ministra criticó en redes su campaña de contenido patrocinado en medios de blanqueamiento del carbón.

 

Pero, como todo en política, de las palabras a los hechos hay un trecho, y más cuando las palabras son pronunciadas sin tener ningún cargo en el Gobierno de España. La segunda parte de la frase que pronunció la ministra en La Sexta no es hablar por hablar. "Me preocupa el futuro de la gente que vive en comarcas que dependen de las minas o las centrales térmicas”. Para abordar un cierre planificado de las centrales, Ribera tendrá que enfrentarse a la oposición de zonas como Asturias, dependientes del carbón como industria prioritaria y como forma de vida. El presidente, Javier Fernández, del PSOE, ha rechazado en numerosas ocasiones la clausura, utilizando los mismos argumentos que Nadal: subiría el precio y la falta de trabajo en el sector sería un problema para la región.

En el informe que los miembros del Comité de Expertos para la Transición Ecológica del PSOE elaboraron para el partido, presidido por la propia Ribera y base de las políticas que en teoría ejecutará desde el Gobierno socialista, se planteaba la necesidad del plan de cierre, pero acompañado de un plan de transición para todos los trabajadores tanto de las instalaciones eléctricas como de las minas que las abastecen de materia prima, la mayoría concentradas en Asturias y otras regiones del norte de España. Está por ver si ese plan, de ver la luz, contenta no solo a los trabajadores, sino a los asturianos de su propio partido.

2. "El cierre de las centrales nucleares es obvio: tienen una vida útil de cuarenta años"

La frase podría sonar a perogrullada, pero no lo es para cualquiera que haya leído las declaraciones y haya comprobado las intenciones del exministro Nadal. El decreto (ahora proposición de ley) de cierre de centrales tenía un objetivo claro, más allá del carbón: las nucleares, a las que también afectaba la norma en caso de salir adelante. Pero en el caso de la energía nuclear Nadal tenía otro as en la manga: la intención de pasar a las eléctricas el coste de desmantelamiento de las instalaciones, que hasta ahora recae en la compañía pública Enresa. Así, el Ejecutivo del PP se aseguraba que a las grandes compañías no les saliera rentable la clausura, que han insinuado en varias ocasiones debido a que el retorno de la inversión es cada vez más difícil, y abría la puerta a ampliar la vida útil más allá de los cuarenta años, siempre con el visto bueno de un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) muy cuestionado por parte de sus trabajadores.

Sin embargo, Ribera rechazó tajantemente este viernes alargar la vida de las centrales, algo en lo que se encontrará con Unidos Podemos, que hace unos meses registró una proposición no de ley con ese mismo objetivo. Además, aludió a lo costoso no solo de las reformas que toda infraestructura nuclear debe acometer si quiere seguir funcionando cuando es antigua, también de la gestión de los residuos, por lo que no tendrá intención, en principio, de pasar esa carga a las eléctricas como sugería el exministro.

Lo cierto es que la energía nuclear es el centro del más enconado de los debates sobre cómo se tiene que plantear la transición energética en el país. Sus defensores se basan en que son una fuente de energía de respaldo excelente: no dependen del clima para funcionar y no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que las convierte en aliadas climáticas. Se apoyan en el famoso informe de expertos de transición energética, encargado por el anterior Gobierno, que en sus diversos escenarios aseguraba que prescindir a largo plazo de ellas encarecería tanto la factura de CO2 como la del consumidor de electricidad.

Sus detractores, sin embargo, opinan que hay alternativas para prescindir de unas centrales en las que un accidente serio sería catastrófico y que generan residuos muy contaminantes y de difícil gestión y eliminación. El Consejo Asesor para la Transición Ecológica, liderado por Ribera, apostó por otro combustible de "transición" entre un pasado contaminante y un futuro con predominio de las energías renovables: el gas natural. El documento que elaboró el consejo, además, se nutría de las conclusiones de un estudio de Greenpeace que asegura que eliminar las nucleares del mix no es tan caro y que el futuro pasa, necesariamente, por un 100% de renovables. Sin embargo, el gas como combustible de transición también tiene su oposición entre los que señalan su potencial contaminador. Menor que el carbón, evidentemente, pero incompatible con la urgencia de frenar el cambio climático en el país europeo más sensible a sus efectos.

3. "Lo más importante es ser capaces de aprobar una ley de cambio climático y transición energética"

Preguntada por infoLibre el pasado año sobre cómo llegaba España a la pasada cumbre mundial del clima, en Bonn, Alemania, la nueva ministra de Transición Ecológica era tajante: "No se ha hecho nada". Ribera ha sido muy crítica con los retrasos del Gobierno español en aprobar la prometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la que se supone que se sabría algo a principios de 2018 una vez cerrado el periodo de consulta pública. Una ley importante, urgente y que debe contar con el consenso de todos los grupos parlamentarios para que sirva de eje de todas las políticas públicas a partir de su publicación en el BOE.

Según lo asegurado por la titular del ya desaparecido Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, la norma estaba a punto de caramelo. Pero a finales de marzo sorprendían unas declaraciones de Nadal que aseguraba que preferían esperar a las directivas europeas al respecto, para transponerlas directamente a la norma. El ministro no especificó a qué normativas se refería en concreto, algo que sí aclaró a infoLibre su gabinete de prensa: el paquete de reducción de emisiones, el de movilidad sostenible y el paquete de transición energética (más conocido como Paquete de Invierno). Todos están en negociaciones entre Parlamento, Consejo y Comisión, lo que podría haber retrasado hasta 2019 la ley española.

El portavoz del PSOE de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso, Ricardo García Mira, asegura a infoLibre que la semana próxima tendrá lugar una reunión entre cargos socialistas relacionados con medioambiente y cambio climático y la ministra para ser informados de los próximos pasos a tomar con respecto a la ley. García Mira confirma dos puntos esenciales: la ley de Ribera no será hecha a partir del trabajo del gabinete de Tejerina, "si es que existe, porque nunca nos ha pasado nada, ni un borrador"; y que la nueva ministra no esperará a las directivas europeas para llevar al Congreso la norma. Sin embargo, comenzar desde cero provocará más retrasos en lo que, a día de hoy, es la máxima urgencia y la primera prioridad del medioambiente en España.

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