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El Tribunal de Cuentas prepara nuevos informes sobre contratos de emergencia realizados en pandemia

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

infoLibre

El Tribunal de Cuestas está preparando cinco nuevos informes de fiscalización sobre los contratos públicos de emergencia realizados durante la pandemia de coronavirus, que se sumarán a los dos que ya ha aprobado hasta ahora.

En concreto, el Programa de Fiscalizaciones que ha aprobado para 2022, recogido por Europa Press, incluye el análisis de los contratos cerrados por la Administración General del Estado, la Seguridad Social, el sector público empresarial estatal y las comunidades autónomas que no cuentan con órgano fiscalizador propio.

La intención del Tribunal de Cuentas es exponer en un único informe global una síntesis de los resultados expuestos en cada uno de los informes referidos a los contratos de emergencia.

Estos informes de fiscalización, que se realizan a iniciativa propia del Tribunal de Cuentas en el marco de sus competencias y en sintonía con las actuaciones programadas en otros países del entorno europeo, analizarán, entre otros extremos: el grado de cumplimiento de la normativa; la justificación de la tramitación de emergencia; la preparación, adjudicación y formalización de los contratos realizados; y el cumplimiento de los requisitos de publicidad.

De momento, el órgano que preside Enriqueta Chicano ya ha aprobado fiscalizaciones de contratos de emergencia celebrados durante la pandemia en el ámbito local y el de las autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales.

En esos primeros informes el fiscalizador certificó que no se solía comprobar la solvencia y capacidad de las empresas adjudicatarias para contratar con el sector público y que en la mayoría de los casos no se pidió una segunda oferta. Eso sí, concluye que siempre se obtuvo el servicio o productos que se pedían.

El Programa de Fiscalizaciones para el ejercicio 2022 contiene un total de 103 actuaciones que abarcan todos los ámbitos sectoriales y territoriales del sector público. Entre ellas figuran tres nuevas actuaciones relacionadas con la gestión económica y financiera pública desarrollada en relación con el covid 19.

20 informes relativos a la pandemia

A estos informes hay que añadir una relación de otras 17 fiscalizaciones que se incorporan del Programa de 2021. Por tanto, se prevé que el Tribunal de Cuentas realice un total de 20 informes relacionados con la gestión de recursos públicos durante la pandemia.

Además, el programa de fiscalizaciones para el año 2022 prevé cuatro actuaciones sobre diversos aspectos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, del que forman parte los Fondos Next Generation de la Unión Europea, un total de 750.000 millones de euros, de los que 153.133 corresponden a España.

El tribunal calcula que tendrá que dedicar gran parte de su esfuerzos a fiscalizar estos fondos, dada su dimensión y su importancia económica y social.

En el ámbito social, ha programado fiscalizaciones sobre la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 relativo al 'Fin de la Pobreza', las prestaciones en favor de los emigrantes y las subvenciones concedidas por el IMSERSO a ONG's sin ánimo de lucro en el área de atención a mayores.

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En el plano educativo, se analizará la contratación de personal temporal y las medidas adoptadas para la reducción de la temporalidad en el ámbito de las universidades públicas de las comunidades que no cuentan con órganos de control externo.

Armamento y Eurofighter

Al igual que en años anteriores se llevarán a cabo también fiscalizaciones en el ámbito internacional, como la que el órgano que preside Chicano lleva a cabo en coordinación con su homólogo de Portugal en materia de lucha contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales.

También afectarán a las auditorías de la Organización Europea para la explotación de satélites meteorológicos (EUMETSAT) y del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), así como a la Organización Conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR) y al Proyecto del Avión de Combate Europeo (Eurofighter).

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