La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.
El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.
De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.
Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.
Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.
Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.
Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.
Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.