Las calles de Valencia

Hace cincuenta años Margaret Thatcher se dirigió a los líderes del partido conservador británico en un discurso con un mensaje clave: “No es la existencia de clases lo que amenaza la unidad de la nación, sino la existencia del sentimiento de clase”. Para la Dama de Hierro el problema no estaba en que hubiera ricos y trabajadores, sino en el hecho de que estos últimos asumieran con orgullo su condición, no por autocomplacencia identitaria sino para arrancar a los primeros concesiones que corrigieran una injusta realidad social. Por eso, aunque el fantasma de la revolución hacía tiempo que había sido exorcizado, la prioridad de Thatcher al llegar al poder fue doblegar a la única fuerza real que podía resistir sus planes de desmantelar el Estado de bienestar: los sindicatos de clase y, en particular, las combativas organizaciones mineras.

Ha pasado más de medio siglo desde aquel discurso, pero la derecha, con el refuerzo ahora de la ultraderecha, continúa empeñada en la misma batalla. Solo que los tiempos cambian y, como llevamos semanas comprobando en el País Valenciano, los mineros de ayer han sido sustituidos hoy por los profesores de la Educación pública. Pero la táctica sigue al pie de la letra el manual thatcheriano: aguantar el pulso de una huelga para tratar de infringirles una derrota tan humillante que desactive durante años la más mínima capacidad de resistencia al derribo de la educación pública, a mayor gloria de la cuenta de resultados, económicos e ideológicos, de la enseñanza privada. 

La consellera valenciana de Educació, Carmen Ortí, junto a su predecesor en el cargo y actual conseller de Hacienda, Antonio Rovira, aspiran con su intransigencia a decapitar el movimiento echando mano de la motosierra de Milei. En su particular interpretación de esa estrofa del himno valenciano que anima a ofrenar novas glories a Espanya, Ortí y Rovira, bajo la mirada atenta de Vox, sueñan con poder presentar la cabeza del docente valenciano como su mejor trofeo, su aportación heroica al futuro gobierno de prioridad nacional. Y para conseguirlo están dispuestos a todo: boicotear las negociaciones con propuestas inasumibles, dilatar las reuniones hasta la extenuación, presumir de pactos con sindicatos minoritarios y esquiroles, fijar servicios mínimos abusivos, amenazar con acciones penales, criminalizar las movilizaciones. Todo ello, mientras estos mismos días, en plena protesta de los docentes, se vanaglorian de incrementar en 68 millones de euros las ya de por sí millonarias transferencias a la Educación concertada.

Están dispuestos a todo: boicotear las negociaciones con propuestas inasumibles, dilatar las reuniones hasta la extenuación, presumir de pactos con sindicatos minoritarios

La virulencia de su reacción, con continuos llamamientos a la intervención policial contra la acampada de docentes en el centro de València, parece inspirada en los discursos de Queipo del Llano y busca, sin duda, proyectar una firmeza testosterónica que desmoralice a un movimiento huelguista exhausto tras más de cuatro semanas de paros. Pero, paradójicamente, los niveles de intransigencia –maquillada en los últimos días con su apuesta por boicotear las negociaciones transformándolas en un programa de teletienda– también dejan al desnudo el auténtico pavor que el PP siente por la aparición de un actor colectivo que despierta todos sus miedos: la movilización ciudadana, la calle. Para ellos, desde siempre, la calle era suya y solo estaba legitimado su uso para dar acceso a los pisos turísticos, recordar al Perro Sanxe lo mucho que les gusta la fruta o participar en ofrendas florales a la virgen. Cualquier otra ocupación siempre es sospechosa, especialmente desde aquel 11 de marzo que llenó las plazas de indignación frente a las mentiras de Estado.

Aquella pesadilla parecía superada. Pero un día, de repente, el espectro reapareció en una de las comunidades donde el PP sentía mayor autocomplacencia. Millares de personas, de todas las condiciones, se echaron a la calle para mostrar su rabia ante la criminal incompetencia del gobierno de Carlos Mazón que dejó a 230 valencianos ahogados en el fango. Y siguen haciéndolo una vez al mes pese a que ha pasado ya más de año y medio de aquella tragedia que puso al descubierto la nefasta gestión y el desprecio absoluto de sus responsables hacia la ciudadanía. Por eso, cuando el PP valenciano pensaba que el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como President de la Generalitat les iba a permitir superar la resaca tóxica de Mazón y El Ventorro, una marea de decenas de miles de profesores tiñendo de verde las calles en defensa de la Educacion pública les hizo entrar en pánico.

Los mineros de ayer han sido sustituidos hoy por los profesores de la Educacion pública

El problema es que, aunque la larga lucha hace mella en sus protagonistas, el hartazgo colectivo frente al deterioro consciente de la Educacion pública valenciana sigue siendo insoportable, convirtiendo en indignación y energía renovada cada desplante e insulto que reciben de las autoridades educativas de Pérez Llorca. Esta misma semana, frente a la ola de calor en los centros, la Consellería recomendaba en una circular bajar las persianas. Solo que algunas escuelas e institutos no tienen ni siquiera persianas. El deterioro de los centros educativos valencianos alcanza niveles alarmantes, y ello sin contar los muchos edificios que se vieron afectados por los estragos de la dana. Las elevadas ratios, que la Generalitat insiste en mantener por encima de los niveles fijados por el ministerio, convierten en un sacrificio los esfuerzos de los docentes por impartir una educación de calidad en unas aulas cada vez más masificadas y diversas, donde los profesores de refuerzo brillan por su ausencia y las bajas por enfermedad apenas se cubren. A ello se le suman salarios congelados desde hace 19 años. Y una batalla lingüística, azuzada por los sectores más ultras, que está haciendo saltar por los aires el consenso político sobre el valenciano, alcanzado a finales de los 90 por gobiernos tan poco sospechosos de catalanismo como los de Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Esta terca realidad es la savia que circula por las protestas. Y el cansancio compartido ante la destrucción de todo lo público es lo que explica las simpatías con que amplios sectores de la sociedad valenciana siguen la movilización de sus maestros. Hoy, en Valencia, la defensa de la Educacion pública es la vanguardia de la defensa del Estado del Bienestar. Por eso le resulta tan insoportable a la derecha y la ultraderecha, tan cómoda con los relatos de Zapatero y Leire Díez con que nos martillean esos mismos medios que invisibilizan las protestas valencianas. Con la izquierda política sumida en la melancolía paralizante, PP y Vox aspiraban a convertir la que consideran su próxima conquista del Estado en un desfile triunfar de la Victoria. Pero les sorprendieron las calles de Valencia. 

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José Manuel Rambla es periodista.