Mientras el Gobierno y el PSOE terminan de reconducir su estrategia frente a la sacudida del escándalo de mordidas del caso Cerdán en obras públicas del Estado, la UE ha señalado a ese tipo de contratación pública como uno de los sectores clave con mayor riesgo de corrupción en nuestro país. Así lo recoge la edición de 2025 del Informe sobre el Estado de derecho en la UE, que, además, destaca las reformas judiciales del Ejecutivo como progresos en sus recomendaciones al contrario de las asociaciones judiciales y fiscales de derechas que convocaron la pasada semana una huelga contra ellas al considerarlas un retroceso democrático.
Además de la contratación pública en general, el documento señala en concreto los concursos y licitaciones de infraestructuras y la financiación de partidos políticos como puntos débiles frente a la corrupción en España. Bruselas refleja este peligro apenas dos semanas después de que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresara en prisión como supuesto organizador de una trama que percibía comisiones ilegales de grandes constructoras y las repartía entre otros políticos investigados, como el exministro de Transportes José Luis Ábalos o su antiguo asesor Koldo García Izaguirre.
El informe sobre el Estado de derecho de este año recoge, además, datos relevantes sobre la percepción de la corrupción en los organismos públicos por parte de los ciudadanos. Recuerda, por ejemplo, que Transparencia Internacional da solo un aprobado raspado a España en este apartado con un 56 sobre 100 y situándola en el puesto 16 entre los Veintisiete y en el 46 a nivel global. El informe recuerda que esta creciente percepción negativa es reciente. Según el Eurobarómetro Especial sobre corrupción, que también recoge el texto, el 89% de los consultados cree que la corrupción está generalizada en todo el país. La Comisión reprocha a España que no haya puesto en marcha todavía una estrategia nacional contra este fenómeno.
En el apartado dedicado a la Justicia, el texto de la Comisión Europea refleja avances y progresos relacionados con las reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno. Dos de esas reformas, la del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal fueron las que motivaron la última huelga judicial de tres días, convocada los pasados 1, 2, y 3 de julio. Las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras (las progresistas se desmarcaron), consideraban que esas propuestas afectarán a principios claves del Estado de derecho, como la independencia judicial o la separación de poderes.
El Informe sobre el Estado de Derecho no solo avala esas modificaciones, también la de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal o la ley de eficiencia, que entró en vigor el pasado enero y que une bajo el paraguas de los nuevos tribunales de instancia los tradicionales juzgados unipersonales cuyos jueces y juezas titulares pasan a convertirse en magistrados de los nuevos órganos colegiados.
Sobre la reforma del Estatuto de la Fiscalía explica que su objetivo es reforzar la autonomía y la independencia de los miembros del Ministerio Público para el momento en el que hereden la dirección de la investigación de las causas penales que todavía conservan los jueces de instrucción. Bruselas subraya, no solo la desvinculación de la duración del mandato del fiscal general del Gobierno que lo nombró aumentándolo a cinco años, también que se prohíba al Ejecutivo darle órdenes. “En general, al haberse adoptado algunas medidas y haberse previsto otras para fortalecer el estatuto de fiscal general, se han producido algunos avances en la recomendación [del informe de 2024]”, señala.
Respecto de la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía, el documento la valora como una iniciativa “que pretende aumentar los recursos del sistema judicial” en uno de los países con uno de los menores números de jueces por habitante de la UE. También se refiere al proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos que contiene la iniciativa y que ha soliviantado a los colectivos profesionales conservadoras de ambas carreras. Respecto de la ley de eficiencia, considera que puede “acelerar los procedimientos en los cuatro órdenes jurisdiccionales”, es decir, civil, penal, contencioso-administrativo y social.
Como en su edición de 2024, el informe de la Comisión vuelve a resaltar como un hito la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del que destaca que, en el año transcurrido desde la elección de sus miembros, ha logrado cubrir más de 100 puestos de libre designación, con lo que da por superados los problemas que generó el bloqueo de más de cinco años al que fue sometido el órgano por parte del PP, cuando el Gobierno introdujo una reforma para evitar que pudiera nombrar altos cargos judiciales mientras estuviera en funciones.
Del Consejo también resalta que haya cumplido su mandato de aprobar una propuesta de reforma del sistema de nombramiento de sus vocales judiciales (12 de los 20). El órgano aprobó por unanimidad un informe con dos modelos el pasado febrero. El de los conservadores reclama que sean los jueces los que los elijan directamente sin intervención del Parlamento. Los progresistas, sin embargo, apuestan porque sean las Cortes las que elijan de una lista de candidatos previamente votada por todos los jueces y magistrados en servicio activo.
El documento subraya que la percepción social sobre la independencia de los tribunales en España sigue siendo baja, aunque sigue la tendencia creciente ya registrada el año pasado. Casi cuatro de cada 10 ciudadanos (el 39%), consideran que el nivel de independencia es bueno o muy bueno, porcentaje casi idéntico entre las empresas (40%). Entre la sociedad en general supone un crecimiento de dos puntos; de ocho en el caso de las compañías.
Mientras el Gobierno y el PSOE terminan de reconducir su estrategia frente a la sacudida del escándalo de mordidas del caso Cerdán en obras públicas del Estado, la UE ha señalado a ese tipo de contratación pública como uno de los sectores clave con mayor riesgo de corrupción en nuestro país. Así lo recoge la edición de 2025 del Informe sobre el Estado de derecho en la UE, que, además, destaca las reformas judiciales del Ejecutivo como progresos en sus recomendaciones al contrario de las asociaciones judiciales y fiscales de derechas que convocaron la pasada semana una huelga contra ellas al considerarlas un retroceso democrático.