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fiscalización de las cuentas públicas

Universidades públicas prejubilaron sin “cobertura legal” a 4.146 profesores

Un total de 36 universidades públicas –son 47 en total– llevaron a cabo entre 2008 y 2012 planes de jubilación voluntaria anticipada para profesores sin tener la "cobertura legal" oportuna. Así lo subraya el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los centros de educación superior [consultar, aquí], en el que subraya que fueron 4.146 los docentes que se acogieron a esta posibilidad. Los planes consistían en el abono de las cantidades que complementaban la pensión cobrada hasta el importe que se recibiría si se siguiera en activo desde el momento en que se producía el retiro anticipado hasta los 70 años. 

El alto tribunal señala que "no existe amparo legal para el abono de estos incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios de la universidad", pues no hay una norma que habilite a los campus para disponer de esta materia de jubilación voluntaria anticipada "distinta al marco general establecido". La legislación vigente en materia de seguridad social, remarca el Tribunal de Cuentas, señala que la jubilación se configura como una de las causas de pérdida de la condición de funcionario. Los pagos como consecuencia de esos planes de jubilación ascendieron entre 2008 y 2012 a 182,97 millones de euros. Y está previsto que supongan en el futuro obligaciones por valor de 237,73 millones de euros

Por centros, la Complutense es la universidad en la que más docentes se han acogido al plan de jubilación (488), seguida de la de Sevilla (308), la de Barcelona (284), la de Valencia (275) o la de Granada (248). Las únicas que no pusieron en marcha planes de incentivo a la prejubilación, según los datos recabados por este órgano, fueron las de Málaga, Pablo de Olavide, Las Palmas de Gran Canaria, Castilla-La Mancha, Santiago de Compostela, La Rioja, Politécnica de Madrid, Navarra, Murcia, Miguel Hernádez y Politécnica de Cartagena. 

El Tribunal de Cuentas también considera que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (dependiente del Ministerio de Hacienda) debería pronunciarse sobre si podría afectar al cobro de estos incentivos –"podrían ser incompatibles con el cobro de una pensión", señala este órgano– un real decreto, aprobado en 2012, que impide "en principio" el pago de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica" a quienes cesen en los puestos a pesar de que en su preámbulo "parece indicarse" que está prevista solo para los altos cargos. 

Por otra parte, el órgano fiscalizador del Estado también reprocha a los campus haber "adulterado" la figura del profesor emérito y haber hecho una "utilización instrumental" de la misma para, en algunos casos, "amparar incentivos a la jubilación voluntaria". Es decir, señala que algunos campus –no especifica cuáles– han creado una nueva figura de profesor emérito solo a efectos de que sirva para justificar el cobro de determinados incentivos a la prejubilación.

"deliberada huida de los controles"

Pero las prejubilaciones incentivadas no es, ni mucho menos, el único asunto que el Tribunal de Cuentas afea a las universidades españolas. De hecho, buena parte del informe se centra en cuestionar el hecho de que los campus hayan constituido "un entramado de entidades relacionadas cuyas proporciones y complejidad ocasionan la inoperancia de control de las mismas". Se refieren especialmente a las fundaciones, que en algunos casos se utilizan también –a juicio del tribunal– para "eludir" las limitaciones de contratación de personal impuestas por los presupuestos autonómicos. 

Además, señala que la creación de estas entidades se debe a "la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión de personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos". En 2012, según datos aportados por el informe, había al menos 574 entidades dependientes de las universidades públicas o con vinculación a ellas de las que "no resulta posible conocer con exactitud el importe de los fondos manejados". 

De hecho, el informe subraya que las universidades no tienen "un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes". Y recalca que el plan de racionalización de las estructuras del sector público ha tenido "una repercusión muy limitada", pues sólo se han eliminado 16 de estos entes entre 2010 y 2013. Aunque ve positivo que 39 de los 47 campus públicos cuenten en la actualidad con unidades de control interno, sí subraya que los recursos humanos que se destinan a ellos son "insuficientes" y que su cualificación "no siempre resulta la adecuada". 

Asimismo, el Tribunal de Cuentas considera que es necesario reducir y simplificar los órganos colegiados, hacer cambios en los procesos de elección para evitar "corporativismos" y avanzar hacia una "profesionalización" y "especialización" de la toma de decisiones. 

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