Las víctimas del Metro de Valencia intentan nuevas vías para reabrir el caso

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J) está considerando presentar un recurso contra la decisión de la jueza Nieves Molina de no reabrir las diligencias por el accidente de metro ocurrido en 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas. Las víctimas aseguran que la magistrada no les informó de la petición de la Fiscalía para la reapertura del caso, algo que según ellos "no se ajusta a derecho".

La presidenta de la AVM3J, Beatriz Garrote, ha asegurado en declaraciones a infoLibre que la asociación aún no ha tomado una decisión firme de cual será su próximo paso y aún se encuentra "barajando" las opciones, si bien también ha afirmado que lo más probable es que reclamen la nulidad de la decisión. Garrote explica que "al haber hecho su requerimiento la Fiscalía, la jueza debería haber avisado a las partes" personadas en el caso, al tiempo que ha señalado que la Asociación lo había "solicitado expresamente". "Nos ha sorprendido bastante este cierre", ha afirmado la presidenta, que asegura que su organización esperaba que la petición de la Fiscalía fuese atendida.

De optar finalmente por presentar un recurso contra la decisión judicial, la Asociación debería hacerlo antes del próximo día 22 de septiembre, fecha límite para apelar ante la Audiencia Provincial. La jueza aseguró en su auto que los nuevos elementos presentados por la Fiscalía –la existencia de descarrilamientos previos al accidente de la unidad siniestrada; un documento de fecha 15 de septiembre de 2005 sobre necesidad de adquisición de nuevas unidades; y la no valoración de los resultados arrojados por el sistema de seguridad FAP móvil– no aportan novedades y que, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, "no se puede justificar la reapertura", al señalar que el Ministerio Fiscal "tuvo previo y pleno conocimiento de la existencia" de estos descarrilamientos previos.

Según la jueza, no cabe "la menor duda" de que el accidente se produjo por exceso de velocidad

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El auto de la jueza Molina, presentado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), desestimó la petición de reapertura presentada por la Fiscalía en julio –fecha en la que el Ministerio Público recibió dos denuncias, la primera de ellas de la diputada del PSPV en las Cortes valencianas Ana Barceló y otra de Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap, después de la emisión del programa de televisión Salvados–.

La magistrada aseveró en el escrito que aún cuando es "cierto" que en el histórico de la unidad facilitado por Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) al perito judicial designado en la causa inicial no se recogieron los descarrilamientos previos de la unidad siniestrada –hecho que califica de "proceder reprochable"–, "de la existencia de estos descarriles no puede inferirse que el descarrilamiento" el día del accidente "tuviese por causa el mal estado de la unidad".

En este sentido, Molina destacó en el documento que "lo que en ningún momento puede ser obviado y negado" son los datos "objetivos" que constan en el procedimiento, es decir, el lugar donde se produjo el inicio del vuelco de la unidad –una vez ya iniciada la curva– y la velocidad que en ese momento llevaba el convoy, 80,89 km/h. Ante estos hechos, la magistrada entiende que no cabe "la menor duda" de que la causa del accidente fue la velocidad "inadecuada" con la que el tren entró en la curva, "con independencia del estado del convoy".