La vieja guardia del PP busca dilatar en el TC la resolución del aborto con recusaciones de escaso recorrido

Los sectores más ultras del viejo PP maniobran ante la cercana resolución del aborto en el Constitucional. A pocos días de que el Pleno de la corte de garantías se meta de lleno en el asunto, un pequeño grupo de exdiputados conservadores han solicitado que se aparte de las deliberaciones y votaciones a cuatro de los magistrados del nuevo tribunal de mayoría progresista por su vinculación con la norma. El movimiento planteado amenaza con retrasar aún más la resolución de un asunto que lleva atascado en Domenico Scarlatti, sede del máximo intérprete de la Constitución, más de doce años. Sin embargo, las fuentes pulsadas no le ven demasiado futuro. Principalmente, por la extemporaneidad de las recusaciones, por el riesgo de que el Pleno del TC se quede sin quorum y por el hecho de no haber sido planteadas por la parte recurrente en su conjunto.

La maniobra nace de la vieja guardia del PP. En concreto, según han adelantado medios como Abc o El Debate, de media decena de exdiputados conservadores que en su día firmaron el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo alumbrada durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. A la cabeza, el exministro de Defensa Federico Trillo, reconocido miembro del Opus Dei y encargado de coordinar el trabajo jurídico que terminó cristalizando en aquel recurso contra la norma del aborto. Junto a él, los antiguos compañeros de bancada Teófilo de Luis, Carmen Álvarez Arenas, Eva Durán o José Eugenio Azpíroz, estrechamente vinculado a Familia y Dignidad Humana, una fundación contra el aborto incluso si hay violación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece como motivo de recusación haber ocupado "cargo público" con ocasión del cual se haya participado "directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito". Una causa a la que se agarran ahora los cinco exdiputados conservadores para exigir que se aparten cuatro miembros de la corte. En el caso del presidente, Cándido Conde-Pumpido, y del exministro Juan Carlos Campo su participación se remonta a su etapa como fiscal general y secretario de Estado de Justicia, respectivamente. Y en el de las magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, a su época en el Consejo General del Poder Judicial. Ambas participaron en la emisión del informe preceptivo sobre la ley. La segunda, con un voto particular en el que defendía penas de cárcel para las mujeres que abortasen fuera de plazo.

Algunas voces dentro del Constitucional califican la petición de "simples maniobras" para obtener "protagonismo mediático" e "intentar retrasar la resolución" de un asunto que lleva durmiendo el sueño de los justos durante más de una década. Al fin y al cabo, la recusación, de estudiarse, lleva aparejado el nombramiento de un instructor y la paralización del asunto hasta su resolución, lo que alargaría los plazos de un caso que la corte de garantías pretende dejar resuelto cuanto antes. De hecho, el recurso sobre la ley del aborto de Zapatero será el plato fuerte del Pleno que se celebrará la próxima semana en el Tribunal Constitucional, el segundo desde que se produjo la renovación del tercio de magistrados caduco.

Una parte ínfima de todos los recurrentes

Un nuevo retraso chocaría, curiosamente, con la postura que estos exdiputados del PP mantuvieron hace poco más de año y medio en relación con este mismo asunto. En el verano de 2021, formaron parte del grupo que demandó al Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por "retrasar injustificadamente" su pronunciamiento sobre el recurso del aborto. En aquella ocasión, su representante era Grégor Puppinck, director del lobby provida European Centre for Law & Justice, a su vez coaligado con el American Centre for Law & Justice, fundado por el telepredicador evangélico Pat Robertson. Al final, tal y como desveló elDiario.es, Estrasburgo terminó desestimando la demanda.

Las fuentes jurídicas consultadas por este diario tampoco ven recorrido a la maniobra ahora iniciada. Y no lo ven por varios motivos. En primer lugar, porque el intento de apartar a los magistrados nace de un reducido grupo de exparlamentarios de entre los que recurrieron la norma. "La representación legal de la parte recurrente, que es el PP, no ha formulado recusación alguna, sin que puedan hacerlo a título personal un pequeño grupo de exdiputados que no representan a la totalidad", señalan algunas fuentes pulsadas dentro de la corte de garantías.

No es la primera vez que el Constitucional aborda un caso en el que solo una parte de diputados firmantes de un recurso de inconstitucionalidad participa en una recusación dentro del mismo pleito. Ya ocurrió en febrero de 2007, cuando el TC abordó la petición del PP de apartar al magistrado Pablo Pérez Tremps en el caso del Estatuto de Cataluña. Entonces, la voluntad de recusar fue ratificada por setenta y uno de los noventa y nueve parlamentarios que habían recurrido el Estatut. ¿Y qué dijo la corte de garantías? Con una división importante, se impuso que era suficiente con que lo plantearan cincuenta, el mínimo que se exige para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Una cifra muy alejada de los cinco que ahora maniobran con el aborto.

No hay recusación si afecta al quorum

Por otro lado está el problema del quorum. El artículo 14 de la Ley del Tribunal Constitucional establece que el Pleno puede adoptar acuerdos "cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan". Teniendo en cuenta la composición actual –11–, serían necesarios ocho. Un mínimo que no se alcanzaría con las cuatro recusaciones que plantean los exdiputados conservadores.

El ponente del TC en el recurso contra el aborto ya se posicionó sin matices a favor de las tesis del PP

Ver más

En este sentido, la corte de garantías ya ha dejado claro en distintas ocasiones que no se puede aceptar apartar a un número significativo de miembros cuando eso compromete el quorum. "La recusación planteada sobre todos los integrantes del Pleno, o sobre un número tan significativo de sus magistrados que les impida contar con el quorum necesario para dictar una resolución equivale a un bloqueo de sus funciones y, por lo tanto, a un uso abusivo de un derecho que no puede recibir amparo de este tribunal", resaltaba en un auto del pasado verano.

Y luego está la extemporaneidad, que puede ser el tercer escollo a tener en cuenta en este caso. El artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que rige también en el caso del Constitucional, establece que las recusaciones deben proponerse "tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde". "En otro caso, no se admitirá a trámite", completa. Conde-Pumpido llegó a la corte de garantías en 2017, mientras que Montalbán y Espejel lo hicieron en noviembre de 2021. Y era público, tanto entonces como ahora, que todos ellos habían participado de alguna u otra forma en la elaboración de la ley del aborto sobre la que aún debe pronunciarse el Constitucional.

El máximo intérprete de la Ley Fundamental comenzará a deliberar la próxima semana, con una recién estrenada mayoría progresista, sobre el proyecto de sentencia elaborado por Enrique Arnaldo, quien hace años se posicionó sin matices a favor de las tesis del PP. Según ha adelantado El Español, la ponencia puesta sobre la mesa por el magistrado avala el grueso de la ley, planteando la inconstitucionalidad de parte de un solo artículo: el relativo a la información que se debe dar con carácter previo a la mujer que pretende interrumpir su embarazo.