Vox sale del armario: Abascal llama a saltarse la ley y desafiar la Constitución para acabar con Sánchez
Con el Partido Popular (PP) habiendo abrazado una estrategia radical de deslegitimación de la investidura de Pedro Sánchez, Vox busca a su vez subir de nivel su extremismo, bordeando peligrosamente los llamamientos a la sublevación contra un Gobierno cuya legalidad se niega a reconocer.
Perdida definitivamente la oportunidad del 23 de julio, cuando los electores negaron a la derecha la posibilidad de formar gobierno eligiendo un Congreso con una representación mayor de la izquierda y de los partidos de representación territorial, que son los que este jueves reeligieron a Pedro Sánchez como presidente, y desplazado en parte por el discurso duro del PP, Santiago Abascal busca su espacio presentándose como líder de “la resistencia” frente a un “golpe de Estado” que va a poner fin a las libertades y a la Constitución.
En esa nueva versión del extremismo de derechas, Vox ya no juega a ejercer el papel de un partido dentro del perímetro de la democracia constitucional. Sus dirigentes afirman sin rodeos que el Gobierno nacido de la investidura de Pedro Sánchez no es que sea “ilegítimo”, como decían hasta ahora, sino que es “ilegal”, contrario a las leyes vigentes y, en particular, a la Carta Magna.
La investidura, según Abascal, ha supuesto el “primer paso para un golpe de Estado, para un golpe a la Constitución y para iniciar el fin de la democracia y la abolición del Estado de Derecho”. “No es retórica, es el inicio de una tiranía”, remarcó, igual que hizo Hitler, porque “con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia”.
“Vox no va a parar” tras “la investidura golpista”, confirmó Abascal a sus seguidores esta semana. “Va a seguir alentando las movilizaciones frente a las sedes” y “no va a volver a la normalidad, como espera el PSOE”. “No va a aceptar esta nueva normalidad, no va a aceptar un gobierno ilegal. En las calles, los tribunales y los gobiernos que dependen de nosotros”, resumió.
El dilema de Abascal
Sobre esa base, los de Abascal han comenzado a impulsar iniciativas y a realizar declaraciones que rozan la insurrección. “O el dictador [Sánchez] acaba en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel”, advirtió hace pocos días el líder del extremismo de derechas. Si el propio Congreso “no respeta las leyes, ¿quién está obligado a respetarlas?”, ha llegado a decir el líder de la extrema derecha. “Nosotros no nos vamos a arrugar”; “asumiendo todos los riesgos y aceptando todas las consecuencias”.
En esa línea, Vox lleva casi dos semanas alentando las manifestaciones frente a las sedes socialistas, negando que en ellas se hayan producido actos violentos y haciendo llamamientos a los agentes antidisturbios de la Policía para que desobedezcan a sus superiores cuando reciben la orden de cargar contra quienes les tiran piedras y les lanzan cohetes. Sin ningún éxito, al menos por el momento.
La manera en la que los socios del PP en gobiernos autonómicos y ayuntamientos están dando cobertura a quienes protestan frente a las sedes del PSOE exhibiendo símbolos franquistas, coreando lemas homófobos, xenófobos y racistas y haciendo profesión de fe en el fascismo ha puesto de relieve la sintonía de Vox con la derecha neonazi y la falangista, la empresa Desokupa o el grupo radical Hacer Nación. Los dirigentes de Vox, como Santiago Abascal o el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, desaparecen de las protestas antes de que comiencen los incidentes entre manifestantes radicales y la policía, pero antes de eso se pasan, cada día, a dar ánimos a los manifestantes en una estrategia que el líder de la extrema derecha ha definido como una combinación de “resistencia” y “movilización permanente”.
Esa idea, la resistencia, es nuclear en el discurso de Vox de estos días, construido sobre la base de negarse a reconocer al Gobierno nacido de las urnas. Y los ultras empujan al PP, de momento también sin éxito, para que asuman esa tesis y desafíen la ley. Utilizando las instituciones en las que gobiernan —comunidades y ayuntamientos— para convocar movilizaciones en la calle. Y desafiando la legalidad al pedir expresamente a los barones del PP que rompan con el Gobierno central y hagan visible su oposición a Sánchez adoptando medidas “en las regiones con todas las legislaciones que ataquen a la libertad”.
El frente del Senado
No es la única demanda que han trasladado a Feijóo. También quieren que el Senado incumpla el orden constitucional y se niegue a tramitar la proposición de ley de amnistía cuando la reciba de manos del Congreso para así evitar que puedan ser aprobada, algo que el PP, al menos de momento, no parece dispuesto a hacer.
Abascal insistió en la misma idea durante la investidura y advirtió al Feijóo de que, si no cambia de criterio, estará “colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones. Nos lo pondrían verdaderamente muy difícil”.
Vox está buscando la complicidad de todos los sectores que, de un modo u otro, han hecho pública su oposición en contra de la amnistía. Eso incluye a las fuerzas de seguridad, al PP, con quien comparte gobiernos y proyecto político en seis gobiernos autonómicos y un centenar largo de ayuntamientos, y también a los jueces.
Cuando Abascal presentó, esta misma semana, la querella de Vox contra Sánchez, en la que además de acusarle de graves delitos pedía al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la sesión de investidura con el objetivo de impedir que el Congreso eligiese presidente al candidato socialista, lo hizo apelando precisamente a la complicidad de los magistrados, que daba por supuesta después del pronunciamiento que poco antes había hecho la sala de gobierno de este órgano judicial saliendo al paso de un supuesto ataque a la división de poderes.
“Si todos los que han hablado de la abolición del Estado de Derecho, del inicio del fin de la democracia y del ataque a la separación de poderes, lo creen como nosotros, esperamos que utilicen todas las herramientas a su alcance”, subrayó. “Nosotros pensamos que este golpe se puede detener, se puede detener en los tribunales y se puede detener en el Senado. Y esperamos que todos los que tienen responsabilidades cumplan con esas responsabilidades”.
La inspiración de Aznar
Es lo mismo que planteó hace unos días el expresidente del PP y líder del ala radical del partido, José María Aznar, al que siempre escucha con atención la extrema derecha: Sánchez es “un peligro para la democracia” y “la inhibición no tiene hueco. El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva”, proclamó.
El Supremo, sin embargo, no atendió la llamada de Vox. Al menos en lo que afectaba a la necesidad de suspender la investidura. Este miércoles, apenas unas horas antes del inicio de la sesión, hizo público que, según su criterio, no existían “elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”.
La extrema derecha liderada por Abascal no encuentra, de momento, más aliados que los grupos fascistas que agitan la calle. Eso sí: sin traspasar ellos mismos, de momento, la línea de la legalidad. El próximo paso, la huelga general convocada por su brazo sindical, Solidaridad, para el viernes 24 de noviembre.
Una huelga ilegal, porque las que tienen motivos políticos están expresamente prohibidas por la legislación española, pero que Abascal trata de blanquear con la idea de que también servirá para defender a los trabajadores. La huelga “tiene una motivación política”, reconoció, “pero también laboral, y lo político y lo laboral están estrechamente unidos. Sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez”, que según él son a la vez “un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Esta huelga es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar”.
