La Consellería de Educación no está actuando de manera diligente ante denuncias de acoso escolar o laboral. No es que no establezca medidas correctoras adecuadas, que tampoco, sino que en algunos casos ni siquiera investiga las denuncias como está obligada. Así lo vienen diciendo tanto la Valedora do Pobo como la justicia, que ahora emite otra sentencia que condena a la Xunta a indemnizar a una profesora por tardar más de ocho meses en activar el protocolo de acoso laboral tras una denuncia. Educación ya había sido condenada en agosto en otro caso que archivó incumpliendo también el protocolo contra el acoso.
La sentencia ahora hecha pública por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica parcialmente otra previa de un juzgado de lo Social que no consideró probado que la profesora denunciante sufriese acoso laboral. Pero el TSXG profundiza sobre el procedimiento seguido por Educación cuando así lo denunció, y la conclusión judicial es que la Xunta vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales con una falta muy grave por la que debe indemnizar a la docente con 7.501 euros.
Según la sentencia, la profesora presentó el 5 de octubre de 2022 ante la Xunta un escrito solicitando la activación del protocolo contra el acoso laboral. Sin embargo, la primera respuesta que recibió fue que al ser una docente no se la podía considerar protegida por el protocolo contra el acoso de la Xunta, que a su juicio solo protegería al funcionariado de la administración general.
Como viene contando Praza.gal desde hace años, la Xunta no se dotó de su primer protocolo de lucha contra el acoso laboral hasta 2016, pero lo restringió a la administración general, dejando fuera entre otros al personal de Educación o al de Justicia, este último con un procedimiento específico solo desde abril de 2023. En Sanidad hay diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo, pero la justicia también dejó en evidencia sus carencias en un caso de acoso así probado en el que ni siquiera se puso en marcha el procedimiento administrativo.
En el caso ahora analizado en Educación, la Xunta respondió a la afectada el 19 de octubre de 2022 que el asunto no entraría dentro del ámbito del protocolo general contra el acoso, y le dijo que lo remitía a la Consellería de Educación, quedando en manos de la Inspección Educativa. La mujer volvió a pedir nuevamente una actuación el 1 de marzo de 2023, y acabó presentando una demanda judicial el 20 de junio de ese año. Para entonces, ocho meses después de su primera denuncia ante la Xunta, “aún no se había activado el protocolo”, según el TSXG.
Solo “a raíz de la demanda interpuesta” es cuando Inspección acaba emitiendo un informe en enero de 2024 concluyendo que no había acoso. Sin embargo, sin entrar en esa cuestión, el TSXG considera que “la demora en la activación del protocolo de acoso por parte de la Xunta de Galicia constituye una actuación que contraviene la normativa de prevención de riesgos laborales”.
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En agosto otra sentencia de un juzgado de Vigo se pronunció sobre otra denuncia de acoso laboral en la misma Consellería de Educación y desestimó ya el intento de la Xunta de restringir su protocolo contra el acoso solo al personal de la administración general. El juez decía que le “llamó la atención” que “de existir un protocolo de actuación su ámbito de aplicación excluya a la mayor parte del sector público autonómico”, y negó esa posibilidad diciendo que el protocolo general contra el acoso laboral “comprende a todos los empleados públicos de la administración autonómica”.
En aquel caso Educación había realizado investigaciones pero terminó archivando la denuncia sin convocar el comité de intervención previsto en el protocolo y que la sentencia consideró “indispensable”. De hecho, los expertos y la Valedora do Pobo vienen reiterando que en muchos casos el hecho de que la administración inicie algún tipo de actuación ante una denuncia, aunque no se pueda acabar confirmando una situación de acoso, supone que el ambiente laboral mejore.
Sin embargo, son reiterados los casos en que Educación —y la Xunta en general— demora “meses o años” sus actuaciones frente al acoso laboral o, cuando las inicia, no aplica como debe los procedimientos normativos. Una situación que se reproduce también en el acoso escolar, como acaba de señalar el último informe anual de la Valedora do Pobo: Sin confidencialidad, sin hablar con la víctima y obviando a los médicos: carencias en la lucha contra el acoso escolar.
La Consellería de Educación no está actuando de manera diligente ante denuncias de acoso escolar o laboral. No es que no establezca medidas correctoras adecuadas, que tampoco, sino que en algunos casos ni siquiera investiga las denuncias como está obligada. Así lo vienen diciendo tanto la Valedora do Pobo como la justicia, que ahora emite otra sentencia que condena a la Xunta a indemnizar a una profesora por tardar más de ocho meses en activar el protocolo de acoso laboral tras una denuncia. Educación ya había sido condenada en agosto en otro caso que archivó incumpliendo también el protocolo contra el acoso.