Nos convencieron de que Medea mató a sus hijos para vengarse porque Jasón la había abandonado por otra. Quizá los mató porque se quedó sola con ellos. Medea inauguró en la mitología occidental el mito terrible de la mala madre, uno de los más persistentes de la cultura occidental, un mito que tiene la capacidad de enfermarnos hasta enloquecernos, como ha sido el caso de Lindsay Clancy, una mujer norteamericana que en 2023 mató a sus tres hijos e intentó suicidarse y que ahora está siendo juzgada. Una de las cuestiones más extraordinarias de este caso es que por primera vez esta madre no ha generado el rechazo unánime entre las mujeres, sino que, por el contrario, hay un gran movimiento de mujeres que se solidarizan con ella. Acabe como acabe el caso, el hecho de que este apoyo se haya visibilizado supone un importante cambio que viene a romper, al menos entre las mujeres, con el mito de la madre terrible, para poner en primer plano la salud mental de las madres y sus necesidades.

La defensa de Clancy se apoya en que sufrió psicosis puerperal, lo que seguramente es verdad. La psicosis puerperal se manifiesta con síntomas como profundos cambios de humor, insomnio y un estado similar al delirio, según los psiquiatras que están testificando. En dichos estados se llega a perder el contacto con la realidad y se pueden sufrir alucinaciones. Y, según dicen, no se sabe por qué se produce y podría estar relacionada con cambios hormonales. Creo que ahí está uno de los problemas: no son las hormonas y si seguimos por ahí, iremos mal. Los cambios hormonales nos influyen a todas (y a todos). Puede que en el parto y la lactancia los cambios sean más bruscos o se sufran con más intensidad. Pero las hormonas no llevan a nadie a matar a un hijo y si seguimos sin analizar lo que significa el ideal maternal occidental en la vida de las mujeres, no entenderemos nada. Basta con estudiar las transformaciones que se han producido históricamente en este ideal o en la manera en que lo viven las mujeres de diferentes culturas (todas con las mismas hormonas) para entender que no estamos hablando de una enfermedad que se pueda tratar con pastillas, sino de una sociedad que puede llegar a enfermar a las madres, y a algunas gravemente.

Esta sociedad ha creado un ideal de maternidad que se nos ofrece como incuestionable, imprescindible, gozoso, generoso, igual para todas las mujeres. Un ideal que borra, como todos los ideales, las zonas de sombra. No, las madres no somos todas iguales, ni queremos lo mismo, ni sentimos lo mismo, ni pensamos lo mismo. Muchas mujeres no pueden aceptar plenamente lo que la maternidad significa realmente. Nadie se lo ha explicado, nadie nos lo cuenta hasta que llega, imbuidas como estamos de las imágenes de la buena madre que todas aspiramos a ser. Muchas mujeres se sienten completamente desbordadas por una situación que impone, de alguna manera, el arrancamiento, aunque sea por unos meses, o años, del propio Yo. En un mundo en el que las mujeres nos hemos individualizado igual que los hombres, ese “arrancamiento” de la individualidad puede vivirse con dolor y como una pérdida insoportable. Dejas de ser el ser humano que eras. La mujer, ser humano completo, incorporada al mundo, se convierte únicamente en madre: ser humano que vive para el bebé. Y eso no es fácil, aunque haya toda una cultura dedicada a explicarte que es natural. No lo es. Las madres no dejamos, por arte de magia, de ser los seres humanos adultos que éramos; y, en muchas ocasiones, ante la dificultad y la resistencia a extirpar de raíz, tal como se nos pide que hagamos, ese Yo y nuestra vida anterior, aparecen los sentimientos de odio o de repudio al bebé. Porque la dependencia del bebé con respecto a la madre convierte a esta, a su vez, en alguien profundamente dependiente.

La dependencia se da en los dos sentidos y nadie nos prepara para una situación semejante. El amor al bebé no aparece solo (a pesar de esas hormonas) y lo normal es que haya momentos de completo rechazo. Deberíamos ser capaces de amar a ese bebé más que a nosotras mismas, pero no ocurre así. Entonces aparece el otro monstruo: la culpa, que también nos ahoga y que puede llegar a sumir a la madre en una espiral de odio a sí misma y a ese ser humano pequeño. No existe el amor puro que nos venden. “El ideal maternal es un invento que nos ha jodido vivas”, como dice una amiga terapeuta y especialista en maternidades.

Además, cuando se pare el cuerpo cambia. De un día para otro, el cuerpo es otro, duele a menudo y nos ofrece una imagen en la que no nos reconocemos. En esta sociedad en la que las mujeres hacen casi cualquier cosa por encajar en la norma física, nadie nos prepara para que lo que somos, lo que vemos en el espejo, cambie radicalmente de un día para otro. Y nos dicen que tenemos que estar felices, pero no estamos felices. Y más culpa.

Las que fuimos madres hace décadas podríamos decir que después de las despreocupadas maternidades de los 70 y 80 el ideal maternal volvió con más fuerza que nunca, quizá como reacción patriarcal, y que hoy es, para muchas mujeres jóvenes, literalmente insoportable. Se ha conseguido que muchas mujeres sientan culpa si sufren una cesárea, que sientan culpa si dan biberón, si vuelven a trabajar, si no se sienten exaltadas todo el tiempo, sino doloridas, cansadas y hartas. La lactancia, lejos de los edulcorados anuncios de la televisión, puede doler muchísimo. La cesárea impone un tiempo de recuperación que también es doloroso. Hay bebés que maman cada hora u hora y media. Se deja de dormir, no hay descanso y la falta de descanso puede durar años. Se dice que Clancy padecía insomnio. ¿Y si más que insomnio era la imposibilidad de dormir por estar atendiendo ella sola a las necesidades del bebé?

Recordemos que despertar a un prisionero cada hora es una forma de tortura. El dolor físico y el dolor moral por las pérdidas que, además, no se te permite reconocer… En definitiva, el enfrentamiento entre mito y realidad hace que podamos llegar a enloquecer, sí; que lloremos, que queramos que todo no sea más que una pesadilla, que nos arrepintamos, que queramos volver atrás. Creo que hay un momento en que toda madre quisiera escapar de sí misma y en que piensa que la han engañado.

Los ideales relacionados con la maternidad son mentira; somos seres humanos antes que madres, seres humanos igual que los hombres, seres humanos que ante un acontecimiento abrumador como lo es la maternidad necesitamos que todas nuestras necesidades individuales se tengan en cuenta, porque no hay una hormona salvadora: necesitamos dormir, necesitamos nuestro tiempo, necesitamos que se lleven al bebé de vez en cuando, que comprendan que nos duele, que comprendan que estamos hartas, que a lo mejor ese bebé no nos cae bien y que eso no nos convierte en un monstruo. Necesitamos no preocuparnos por el trabajo, tanto si es porque queremos volver como si es que no queremos; no preocuparnos por el padre (si es que lo hay), que nos mira raro; necesitamos que nadie nos juzgue si no nos comportamos como se supone que debemos comportarnos o si deseamos hacer cosas que parecen inconvenientes. Necesitamos que se nos escuche y que lo que digamos se tenga en cuenta, sea lo que sea.

La defensa de Clancy se escuda en que no recibió ayuda profesional, mientras que la Fiscalía afirma que sí la recibió: estuvo en tratamiento psicológico y llegó a estar internada. Sin embargo, aunque en múltiples ocasiones explicó que tenía pensamientos en los que mataba a sus hijos nadie se preocupó de no dejarla sola con ellos. La ayuda profesional priorizó siempre que ella se incorporase lo antes posible a su papel de madre, que cumpliese con la familia. Seguro que su marido “no podía” hacerse cargo de todo él solo… Lo que la supuesta ayuda profesional no entendió es que lo que Lindsay Clancy necesitaba era, precisamente, ser separada de la familia. Lo que sin duda no recibió fue ayuda profesional con perspectiva de género, que es lo que hubiera salvado la vida a los niños.

Patologizar absolutamente la depresión o incluso la psicosis post parto, como ahora se pretende, resultará positivo en algunos aspectos. Permitirá que se investigue, que socialmente se tenga la situación en consideración, que se legisle y que haya un diagnóstico al que agarrarse en casos extremos. Permitirá que se hable seriamente de asuntos que llevan siglos silenciados por ser cosas de mujeres. Pero lo negativo de la patologización es que la situación se entienda como únicamente biológica y se pretenda arreglar con fármacos. Porque no son las hormonas, es el daño psicológico que produce el choque entre el ideal maternal, que todas llevamos dentro casi como parte de nuestro ADN, y la realidad. Y la realidad es que las madres no estamos hechas de ninguna pasta especial; que cualquier ser humano puesto en esa situación, sufriría.

Reconocer la humanidad corriente de las madres es imprescindible para entender cómo ayudar socialmente. No sólo a las madres, que sí, especialmente, sino también a los bebés y a quienes quieren a las madres y no saben qué hacer. Y a todas las mujeres, sean o no madres, para que ningún mandato brutal siga cayendo sobre nosotras y provocando tanto dolor.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Esta es la frase a la que asomarme en el último especial de verano de TintaLibre, Amores tormentosos. El número reúne a 20 autoras y artistas para hablar del deseo, los celos, la dependencia, la violencia, el humor y la memoria. Su punto de partida es claro: una relación puede ser intensa o contradictoria, pero, sin consentimiento y libertad, deja de ser amor.

La pregunta no es si existe un amor femenino y otro masculino. El sentimiento puede ser universal, pero la forma de vivirlo se aprende. Durante siglos, al hombre se le asignaron la iniciativa y la autoridad; a la mujer, la espera, el cuidado y la renuncia. Ese reparto todavía aparece en los celos presentados como cariño, la insistencia convertida en conquista o el sufrimiento utilizado como prueba de autenticidad.

Las leyes han ampliado la capacidad de elegir mediante el divorcio, los anticonceptivos, la independencia económica y el matrimonio igualitario. La educación sentimental avanza más despacio. El consentimiento no es una formalidad ni una autorización permanente: debe ser libre, concreto y reversible. Un sí de ayer no obliga hoy, y el silencio no sustituye a la voluntad. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida. El dato impide tratar el control, el acoso o la agresión como simples excesos románticos.

La tolerancia se vuelve especialmente visible cuando el hombre es famoso. Los casos no tienen la misma gravedad y no deben confundirse, pero comparten un mecanismo: el prestigio reduce el coste público de la conducta y desplaza la atención hacia la obra, el cargo o el talento.

Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí ofrecen el ejemplo menos extremo, pero muy revelador, de la desigualdad intelectual dentro de una pareja. El Instituto Cervantes resume que, desde su matrimonio, la vida intelectual de Zenobia se centró en su marido y que trabajó como secretaria, agente y traductora. También tradujo 22 volúmenes de Rabindranath Tagore y colaboró en la candidatura de Juan Ramón al Nobel. Él quedó como el poeta; ella, durante décadas, como la mujer que hizo posible su obra. Laia Arcusa revisa esa relación en El incordio de Juan Ramón Jiménez, dentro de este número de TintaLibre.

Pablo Picasso conservó intacta su condición de gran artista mientras las mujeres de su entorno quedaban reducidas a musas. Cuando Françoise Gilot lo abandonó, Picasso presionó a galerías y salones para perjudicar su carrera e intentó impedir la publicación de sus memorias. El Museo Picasso de París no dedicó una sala propia a la obra de Gilot hasta 2024. El caso no obliga a negar el cubismo; obliga a dejar de presentar como una nota privada el uso del poder artístico contra otra creadora.

Pablo Neruda narró en sus memorias un episodio en Ceilán en el que forzó sexualmente a una trabajadora doméstica que no respondía a sus avances. La confesión convivió durante décadas con la imagen pública del poeta del amor y premio Nobel. Cuando se propuso dar su nombre al aeropuerto de Santiago de Chile, colectivos feministas recordaron aquel relato. No era una acusación tardía: estaba escrita por el propio Neruda.

Norman Mailer apuñaló a su esposa, la artista Adele Morales, en 1960 y se declaró culpable de agresión en tercer grado. The New Yorker ha documentado que buena parte de su entorno literario culpó a Morales o interpretó el ataque mediante el mito del artista atormentado; el episodio incluso aumentó su notoriedad. Mailer obtuvo después dos premios Pulitzer. La víctima quedó asociada al apuñalamiento; él siguió siendo una figura central de la literatura estadounidense.

Roman Polanski se declaró culpable de mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y huyó de Estados Unidos antes de la sentencia. Aun así, ganó el Oscar a la mejor dirección en 2003 y el César en 2020; este último premio provocó la salida de varias mujeres de la ceremonia. La industria no desconocía el caso. Decidió que el valor de la película pesaba más.

Donald Trump aporta el ejemplo político. En una grabación de 2005 presumía de imponerse sexualmente a las mujeres. En 2023, un jurado civil lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Trump negó los hechos, pero la sentencia fue confirmada y, en 2024, volvió a ganar la Presidencia con 312 votos electorales. El respaldo político no borró lo ocurrido; demostró que para millones de votantes no era motivo suficiente para retirárselo.

Estos seis casos van desde la subordinación y el borrado de una autora hasta la violencia sexual y la responsabilidad penal o civil. No son equivalentes. Lo común es la excepción concedida al hombre importante. Las consignas son conocidas: hay que separar la obra del autor, eran otros tiempos, el genio es complicado o los votantes ya lo sabían. Pueden servir para contextualizar; usadas como absolución, convierten a las mujeres en un detalle de la biografía masculina. No se trata de borrar obras, sino de no borrar hechos ni víctimas. La admiración no debería funcionar como indulto.

El especial de TintaLibre responde a esa tradición cambiando el punto de vista. Andrea Genovart satiriza determinadas masculinidades en Un fuerte aplauso para ellos; Flavita Banana llama Malratadores a su relato gráfico; Lara Moreno sitúa el consentimiento en el centro; Najat El Hachmi escribe sobre el cuerpo y las cicatrices; Marina Perezagua lleva el deseo a un escenario de guerra y cuerpos amputados; Luna Miguel revisa el modelo de Madame Bovary; Candela Sierra, Cristina Morales y las demás autoras utilizan la ironía, la ficción o la memoria sin reducir a las mujeres a musas o víctimas.

El número también evita una simplificación importante. La libertad no exige mujeres invulnerables ni relaciones sin conflicto. Permite querer pareja o no quererla, cuidar y ser cuidada, equivocarse y marcharse. Tampoco propone una masculinidad derrotada. Pide hombres capaces de aceptar un no, compartir los cuidados, renunciar al privilegio y responder por sus actos.

El amor ha evolucionado en la medida en que han cambiado las condiciones que lo rodean. Hoy hay más herramientas para elegir, poner límites y salir de una relación, aunque la violencia siga presente. Amores tormentosos recuerda que el deseo puede producir desconcierto, pérdida o contradicción. Otra cosa es el tormento impuesto mediante el miedo, la humillación o el control. Confundirlos beneficia al agresor, y cuando el agresor es un genio o un prohombre, la confusión suele recibir además aplausos. La obra puede permanecer. La impunidad del relato, no.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

A principios de los noventa, una revista de moda y una marca de cosmética se aliaron para rentabilizar la lucha contra el cáncer de mama. Compañías de prestigio comenzaron entonces a percatarse de que aquella enfermedad que afectaba a millones de mujeres en todo el mundo podía revertir en beneficios económicos, siguiendo una fórmula muy sencilla: capitalizar las reivindicaciones que legítimamente venían planteando activistas, organizaciones y pacientes. 

Charlotte Haley, diagnosticada con la enfermedad, tejió un lazo color melocotón para demandar más fondos, más investigación y más esfuerzos para entender, tratar y combatir la enfermedad. Casi sin pretenderlo, la estadounidense pasaría a la historia como la artífice de una exitosa y humilde campaña que enseguida acapararía las miradas de grandes empresas. Como colofón de la deriva comercial, el lazo se tornaría rosa en contra de la voluntad de su creadora, emancipándose de su origen genuinamente reivindicativo.

Varios años después, emergió el concepto pinkwashing en oposición a lo que empezaba a entretejerse como un panorama muy rentable para las empresas. Han pasado décadas, pero la denuncia está hoy más presente que nunca y las consecuencias siguen recayendo sobre quienes se atreven a plantearla. 

Teta y Teta, una organización sin ánimo de lucro, incluye en sus estatutos "desromantizar, desedulcorar y descomercializar el cáncer de mama y luchar contra su comercialización o pinkwashing". En los últimos años, se ha erigido como una de las principales entidades empeñadas en señalar la falta de transparencia y las estrategias comerciales que se lucran con la enfermedad a través de prácticas pensadas para sacar rédito económico. 

Lo cuenta su portavoz, Marina García Canedo, en conversación con este diario. Hace seis años, la asociación organizó una campaña poniendo en evidencia la falta de sujetadores de una sola copa adaptados a las mujeres con mastectomía. Compartir tiempo con las mujeres que así lo demandaban, cuenta al otro lado del teléfono, fue revelador para el equipo: "Pudimos ver hasta qué punto la publicidad dulcifica el cáncer de mama, aquello supuso un viaje dentro del activismo contra el pinkwashing". 

Así que emprendieron el viaje. Años después, recuperaron la genealogía del lazo melocotón y denunciaron su robo (simbólico) por parte de las grandes empresas. Las mujeres que participaron en las campañas convocaron entonces una primera gran concentración oficial, sin intermediarios y con un espíritu explícitamente crítico ante la capitalización de la lucha contra la enfermedad por parte de las empresas. La propaganda comenzaba a ceder el paso a la politización. Y así es como Teta y Teta se marca un objetivo: lanzar una reflexión en torno a la Carrera de la Mujer. 

El proyecto nace hace más de dos décadas, gracias a la empresa Sport Life Ibérica. En un primer momento, la iniciativa plantea donar parte de cada inscripción a la lucha contra el cáncer, una decisión que con el paso de los años se va convirtiendo en su seña de identidad. Hoy, la marcha se celebra en nueve ciudades del país, con el apoyo de compañías como Oysho, Santander o Central Lechera Asturiana. 

Según figura en su página web, el precio de la inscripción para salir a correr es de un mínimo de 13,95 euros, con la posibilidad de escoger una alternativa totalmente solidaria por 20,95 euros, importe que va a parar a organizaciones locales. La pregunta que se hicieron las activistas era obvia: teniendo en cuenta que solo hay una opción completamente solidaria, ¿cuál es el porcentaje de donación para la lucha contra el cáncer en el resto de los casos? Teta y Teta hizo un cálculo utilizando la información publicada en el apartado de Transparencia de Carrera de la Mujer: si la empresa matriz tuvo un beneficio total de 10.656.342 euros en el año 2024 y donó 86.628 a la Asociación Española Contra el Cáncer, entonces dicha donación supuso menos de un 1% de sus beneficios totales. 

La campaña de la organización fue un éxito y la cifra atravesó a todas las mujeres que salían a la calle con la certeza de estar haciéndolo por una buena causa. Pero la empresa no tardó en impugnar las estimaciones y rehacer las cuentas. Son las siguientes: el año pasado participaron 106.258 mujeres en las marchas y fruto de sus inscripciones se recaudaron 1.225.041 euros, según la información proporcionada a preguntas de este diario. Las donaciones a fines benéficos ascendieron a 264.967 euros, lo que equivale a un 21,6% del total. 

"En 2025, la entidad que recibió una mayor aportación ha sido la Asociación Española Contra el Cáncer", presumen en la web, con un importe de 96.197 euros, lo que supone el 7,8% de los ingresos procedentes de las inscripciones. O el 36,3% del total de las donaciones, tal y como insiste en destacar la empresa: "Es la referencia que consideramos correcta para valorar el peso de esta aportación", señalan.

No obstante, la información pública respecto a las cuentas deja algunos interrogantes, como a qué se destina el 78,4% restante que no va para fines benéficos o cuáles son los ingresos procedentes de otras fuentes distintas a las corredoras –como el que viene de empresas privadas o instituciones públicas–. infoLibre ha preguntado por todas estas cuestiones. Al margen de las donaciones, la organización invierte en "permisos, seguros, seguridad, servicios médicos, logística, personal técnico, montaje y desmontaje en cada una de las nueve ciudades". Es decir, costes de producción que "superan los ingresos por inscripciones". 

Por otro lado, abundan las mismas fuentes, el circuito "recibe ingresos por patrocinio de empresas privadas y cuenta con el apoyo institucional de ayuntamientos y diputaciones en cada una de las nueve ciudades", pero rechazan facilitar qué porcentaje del total de ingresos supone, "ya que esa información está vinculada a acuerdos comerciales sujetos a confidencialidad contractual con patrocinadores y proveedores". En ese extremo repara García Canedo: "A pesar de que hay una página de Transparencia, se escudan en los acuerdos comerciales privados para no revelar datos como cuánto dinero mueve el evento y de ahí cuánto se dona".

Con este telón de fondo, Teta y Teta critica que la carrera se presente como un evento solidario. En los últimos meses, la empresa se ha esforzado en cambiar la narrativa y matizar su carta de presentación, dibujando la iniciativa como eminentemente deportiva. En su web, aseguran ser "un evento deportivo" y un "referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo". Su objetivo, sostienen, pasa por "promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer, como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos". Ni rastro del cáncer de mama.

En respuesta a preguntas de este periódico, la organización de la marcha sí admite que el cáncer de mama ha sido "desde las primeras ediciones una de las causas más visibles del proyecto", pero insiste en que la carrera "no es, ni se ha presentado nunca, como una carrera exclusivamente contra el cáncer de mama", sino como un "evento deportivo con un compromiso social más amplio". En el portal online de Sport Life Ibérica encuadran la carrera como un proyecto para "sacar a las mujeres a hacer deporte a la calle", estando "unida desde la primera edición a la lucha, prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama". 

"El problema no es necesariamente la Carrera de la Mujer, sino que todo el sistema valida y dulcifica este tipo de prácticas sobre una enfermedad que mata a 18 mujeres al día", subraya la portavoz de Teta y Teta. Para García Canedo, la raíz de la denuncia se basa no tanto en señalar a una marca de forma individual, sino al conjunto de condiciones de posibilidad que se instalan alrededor del fenómeno: "Una legislación que lo permite, un Estado que no mira a donde tiene que mirar y una sociedad de consumo que no tiene tiempo para politizarse y se da por satisfecha si le dicen que una compra puede servir de ayuda". 

Este es el discurso que la organización expuso a mediados de mayo en el programa Influ-realismo mágico, un videopodcast de RTVE. El programa Convertir el cáncer de mama en dinero, con Teta&Teta dejó de estar disponible en su página web prácticamente un mes después de la emisión. "Entonces pedimos explicaciones a la defensora de la audiencia", hilvana García Canedo. 

Según la web de la defensora de la audiencia, el programa recibió una queja por su "falta de rigor en la información sobre el objetivo de la Carrera de la Mujer" y la retirada del mismo fue objeto de 161 reclamaciones. En una respuesta formulada vía correo electrónico que publicó Teta y Teta a finales de julio, la defensora de la audiencia explicaba que la entidad organizadora de la Carrera de la Mujer "hizo una reclamación formal al considerar que varios programas de RTVE estaban haciendo una campaña de difamación contra ellos". En el caso del videopodcast, "se decidió atender la solicitud", en parte porque el contenido de aquel episodio "desvirtuaba la finalidad misma del programa". Este diario ha podido confirmar que la corporación recibió una petición para retirar el programa, alegando que contenía afirmaciones imprecisas, bajo la advertencia de tomar acciones legales.

La Carrera de la Mujer declina "entrar a valorar calificaciones legales sobre contenidos de terceros", si bien critica que el programa haya presentado "como dato contrastado una cifra económica que no lo es". Se refiere al dato del 1%, una tasa que la empresa considera incorrecta porque toma como referencia la facturación de toda la compañía y no los números específicos de la carrera.

Para García Canedo, la eliminación del programa es especialmente dolorosa porque en él figuraban testimonios de pacientes e "información de valor" para las mujeres. Una de ellas celebraba tener por fin "la oportunidad de hablar en primera persona". Lo decía sin rastro de ningún lazo rosa, pero cargada de razones. Los vídeos con sus intervenciones todavía están disponibles en redes sociales.

El Ministerio de Igualdad ha informado este viernes que, en colaboración con ONG, ha trasladado información sobre el 016 a los lugares de Ceuta donde se encuentran actualmente mujeres y niñas, con el objetivo de que conozcan el servicio, que atiende en 53 idiomas.

Así lo han explicado fuentes del ministerio tras una reunión de seguimiento del Plan de Contingencia activado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género desde el pasado 4 de agosto, y han asegurado que desde entonces el 016 no ha recibido ninguna llamada relacionada con la crisis migratoria.

Asimismo, el ministerio ha señalado que continuará reforzando el servicio y que está preparando materiales gráficos en varios idiomas para repartirlos en los lugares de acogida, especialmente en árabe, inglés y francés.

Por otro lado, el ministerio ha explicado que el Centro de Crisis 24 Horas de Ceuta, destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata y gestionado por la ciudad autónoma, cuenta con un servicio de atención psicosocial y jurídica con 14 plazas residenciales, de las que actualmente hay 5 ocupadas.

Tras conversaciones entre Igualdad y el Gobierno de Ceuta, se ha ampliado más allá de las 72 horas habituales la estancia de las víctimas en estos centros, adaptándose a las necesidades de cada una de ellas.

Desde el inicio de la crisis migratoria, Igualdad asegura que ha trabajado para reforzar la atención de las mujeres que ya estaban en protección, así como la atención y protección de las mujeres y niñas que han entrado en Ceuta, además de garantizar que se aplique la perspectiva de género en todas las actuaciones.

Concretamente, el trabajo de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Ceuta, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha centrado en la atención de mujeres y niñas y en la búsqueda de espacios específicos para evitar situaciones de violencia.

Hace diez años, un grupo de madres desesperadas y extenuadas tras lo que parecía una batalla judicial perpetua se organizaba en torno a Infancia Libre. La asociación, pensada inicialmente para visibilizar y luchar contra la violencia sexual que recae sobre los más pequeños, fue tildada enseguida de organización criminal. La justicia, en alianza con los medios de comunicación, prendió la mecha de lo que sería una persecución sin tregua contra las madres. Y al hacerlo lanzaba un mensaje aleccionador, una advertencia generalizada que ponía de relieve el alto precio a pagar por ponerle nombre a una violencia acostumbrada a permanecer oculta. 

Pasaría un largo año hasta que la policía finalizara su investigación y la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera archivar la causa, ante la ausencia de datos precisos que apuntalaran la existencia de una trama criminal pensada para separar a las criaturas de sus padres valiéndose de denuncias falsas. La justicia les daba la razón, pero el relato en su contra había permeado en el conjunto de la sociedad.

El ensañamiento sistemático contra las madres no fue puntual ni aislado, sino que es la máxima expresión de un problema estructural presente en otras partes del mundo, como Argentina. Denunciar "un caso de agresión sexual a un niño o niña en la familia –aunque la denuncia sea de oficio por parte de un servicio médico– tiene muchas probabilidades de terminar con la condena de la madre, pérdida de la custodia y entrega del menor al agresor", tal y como escribe Beatriz Gimeno en su libro Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022). 

Las causas por las que se produce esta violencia institucional son diversas, prosigue la escritora y exdirectora del Instituto de las Mujeres, "pero se unen cuestiones con capacidad para roer el hueso del patriarcado". Por una parte, lo que la autora denomina "el tabú del incesto", unido al "deseo social de negarlo e invisibilizarlo, así como la incapacidad social e institucional para admitir que se trata de un crimen mucho más frecuente de lo que se cree". Por otro lado, entra en juego "el antifeminismo militante" que se expresa en "la desconfianza y el miedo que el patriarcado siente hacia el vínculo que las madres pueden establecer" con sus descendientes. Con este telón de fondo, "cuando una madre denuncia a un padre por abuso sexual a un hijo o hija, es muy posible que se esté introduciendo, sin saberlo, en una pesadilla sin solución".

Y son las madres quienes en mayor medida deciden denunciar formalmente los abusos revelados por sus hijas e hijos. Según Save the Children, ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas. 

Así lo atestiguan también las periodistas Patricia Reguero y Sara Plaza, autoras de Hija, yo sí te creo. Madres protectoras y su papel en la denuncia de la violencia sexual hacia la infancia (Libros del K.O., 2026). "A las niñas y niños no se les cree cuando dicen estar sufriendo violencia sexual, pero cuando es la madre quien denuncia, ni siquiera se les escucha porque todo el foco se desplaza", asiente Reguero a preguntas de este diario. Ahí comienza el despliegue de todo un "abanico de prejuicios" asentado sobre un sesgo machista muy evidente y otro sesgo "adultocéntrico que hemos empezado a ver y analizar más recientemente".

La abogada María Naredo coincide en que el castigo ejemplarizante contra las madres protectoras se cimenta sobre una "estructura de poder pétrea y asentada en la historia". En ese sentido, expresa la letrada feminista, donde el patriarcado ha demostrado ser "más rígido es precisamente en lo que respecta a la familia". Naredo concluye que "cuanto más cercano es el agresor y por tanto cuanto más se aleja de los mitos de la violencia sexual construidos por el propio patriarcado –el estereotipo de un violador desconocido que ejerce violencia en un callejón–, más reproche institucional existe contra quienes denuncian".

"Las prácticas protectoras de las madres se castigan desde varias instancias y de muchas formas", reflexiona Reguero. Cita herramientas como los puntos de encuentro, "lugares muy hostiles para ellas, donde se las observa al milímetro", pero también los "organismos encargados de hacer pruebas periciales que muchas veces son determinantes en los procesos". "Y, por supuesto, la justicia", añade, donde se genera una actitud "reactiva".

Así sucede con frecuencia respecto a aquellos casos en los que los abusos sexuales contra la infancia coexisten con violencia hacia las madres. Ahí, completa Naredo, se hace fuerte "el prejuicio de no creer a la madre ni al niño, el sistema se pone a la defensiva para que la impunidad siga existiendo". 

En el año 2009, la Fiscalía General del Estado emitió una circular donde afirmaba que en "los casos de separaciones matrimoniales conflictivas y en que existe litigio sobre la custodia", la experiencia judicial "lamentablemente acredita que no son excepcionales las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir sobre la decisión de custodia". Han pasado 17 años desde entonces y los pasos hacia adelante son incuestionables, pero la duda sembrada por la justicia sobre las madres todavía no se ha terminado de disipar. 

El análisis Violencia institucional contra las madres y la infancia, publicado por el Ministerio de Igualdad hace tres años, resume con precisión la respuesta del poder judicial y sus consecuencias. "Cuando la violencia institucional emerge dentro del sistema judicial es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce que es en virtud de esto que consideramos que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible", advertía el estudio.

Naciones Unidas ha puesto de relieve, en reiteradas ocasiones, el patrón que existe en los procedimientos de familia en los que una mujer denuncia abusos contra sus hijos y los estereotipos que entonces orbitan en torno a ella, siempre valiéndose del falso síndrome de alienación parental como pretexto. El uso del falso síndrome está prohibido por la legislación, un veto que ha sido recientemente reforzado gracias a la reforma de la ley de protección a la infancia. No obstante, las expertas advierten que sus promotores en los tribunales han demostrado una más que sobrada capacidad a la hora de articular herramientas similares que, bajo eufemismos formales, persiguen exactamente los mismos fines. 

Naredo asiente convencida que el falso síndrome es, en realidad, el reverso del derecho de los menores a ser escuchados, así que "la mejor manera de desarticularlo es escuchar a los niños y niñas con todas las garantías". Pero la escucha activa está todavía lejos de ser una realidad.

En este contexto, emerge una situación contradictoria: "Si tú le preguntas a una persona cuál es el delito más abyecto, seguramente dirá que la violencia sexual contra la infancia, pero cuando observa que es la madre quien denuncia para proteger al menor y con eso está poniendo en cuestión la familia tradicional y mencionando algo tan prohibido como el incesto, entonces toda esa carga de prejuicios aparece". Habla Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Entonces, hasta la voz más comprometida comenzará a titubear y terminará "poniendo en duda a esa madre", sin pensar que en realidad es a ella a quien "más le cuesta dar el paso" por numerosos motivos, entre ellos la sensación de fracaso por la quiebra de su proyecto familiar o la culpa por la elección de una pareja sentimental que ha ejercido violencia contra sus criaturas. "Todas las madres protectoras me han dicho que primero no se lo podían creer, luego no se lo querían creer y ellas mismas exigieron un nivel de pruebas tremendo antes de ir a los tribunales", completa la jueza. 

En el origen del desprecio y el descrédito generalizado hacia las madres se sitúa no solo el sistema judicial, sino todo un entramado social, cultural y mediático que pone por delante las necesidades de los padres y devalúa el relato tanto de los menores como de las mujeres. El simple hecho de ponerle nombre a un tipo de violencia invisible genera una respuesta hostil automática. Así lo defiende Reguero: "Para muchos persiste esta idea de madre secuestradora y por tanto madre vengativa, dispuesta a aprovechar las supuestas ventajas del sistema y la normativa de protección de las mujeres frente a la violencia de género para negar a un hombre un derecho que se entiende como natural". 

Esta visión, concluye la periodista, continúa muy presente en el imaginario colectivo porque "hay muchísima gente a la que le resulta muy fácil concebir que una mujer es mala, pero muy difícil pensar en que un padre pueda agredir sexualmente a su hijo o hija".

Negar la violencia machista desde las instituciones tiene consecuencias materiales, más allá de la batalla cultural y simbólica librada por la extrema derecha. Las alianzas entre Vox y el Partido Popular en gobiernos municipales y autonómicos tienen efectos sobre las mujeres, atravesadas por los discursos negacionistas y cada vez más condicionadas por las políticas públicas que los blindan. Es el caso de Valladolid: el gobierno local aprobó el pasado mes de mayo una modificación del protocolo de acceso a la vivienda de alquiler social, sustituyendo los puntos concedidos a las víctimas de violencia de género por aquellos que se dirigen a las víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar. 

Se trata de una puntuación que se otorga a los solicitantes para ponderar la prioridad en el acceso a la vivienda social, en base a sus circunstancias y necesidades. El nuevo baremo no es simplemente un cambio de denominación inocuo, sino que desdibuja la realidad de la violencia machista, niega sus especificidades y revierte los avances en materia de políticas públicas, concretamente las medidas de acción positiva. En síntesis, hace palpable el discurso reaccionario que la extrema derecha lleva abanderando desde su entrada en las instituciones.

En València sucedió algo similar hace dos años. PP y Vox aprobaron nuevas bases para el acceso al empleo público municipal, deshaciéndose de los puntos adicionales que hasta aquel momento se reservaban a las mujeres y a las víctimas de violencia de género. Y un año antes, en Maracena (Granada), la alianza entre ultras y conservadores supuso la aprobación de nuevas bases para una bolsa social de contratación temporal, eliminando la puntuación específica reservada a las víctimas de violencia machista.

Y en enero del presente año, el aval a los presupuestos de Móstoles (Madrid) quedó atravesado por el sello ideológico de la ultraderecha, que logró modificar el enfoque de las ayudas relacionadas con la violencia de género dando paso a un cambio de denominación en sintonía con lo ocurrido ahora en el consistorio vallisoletano: violencia familiar en lugar de violencia machista. 

Priorizar el acceso de las víctimas de violencia machista a la vivienda y el empleo tiene un sentido evidente. La propia ley estatal contra la violencia de género establece que las víctimas "serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores", además de contar con "un programa de acción específico" para aquellas "inscritas como demandantes de empleo". La legislación así lo estipula desde hace más de dos décadas precisamente porque la falta de ingresos, la dependencia económica y la ausencia de una alternativa residencial lastran el proceso de ruptura y emancipación.

Los datos al respecto son especialmente significativos. El 65,3% de las víctimas mortales de violencia machista convivía con su agresor cuando fue asesinada. Son dos de cada tres. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, las mujeres que se reconocen más dependientes de su pareja tienden a expresar mayores tasas de violencia, en todas sus formas: así lo señala el 14,7% de las encuestadas, frente al 8,3% de quienes se sienten plenamente autónomas. 

El Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, publicado por la Delegación del Gobierno en 2019, recoge que las mujeres que cuentan con una vivienda en propiedad tardan de media seis años y ocho meses en pedir ayuda. En cambio, aquellas que viven en un hogar que pertenece a su agresor tardan ocho años y dos meses. 

El análisis de 2023 Violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja recalca que la vivienda es una cuestión central en situaciones de violencia. "Algunas de las mujeres entrevistadas se marcharon de casa huyendo de sus agresores, o han sido desahuciadas de su casa por impagos a consecuencia de la violencia económica", dibuja el informe. En esas circunstancias, añade, "disponer de un techo se convierte en primera necesidad". 

El mismo estudio recoge que las mujeres usuarias del servicio Atenpro aseguran presentar dificultades económicas relacionadas con el acceso y permanencia en una vivienda, como no poder pagar el alquiler (34,6%), los suministros (29,1%) o hacer frente al pago de la hipoteca (14,2%).

El informe Mujeres ante los desahucios consagra la idea de que "experimentar violencia de género es un claro factor de riesgo de exclusión social", durante la propia relación y una vez se ha terminado. En ese sentido, en lo que respecta a los elementos que contribuyen a que las mujeres permanezcan en relaciones violentas, los autores creen relevante destacar la importancia de aspectos materiales, como carecer de recursos económicos y de alternativas habitacionales viables. Y por ese motivo, el grueso de las víctimas "necesitan ayuda para acceder a una nueva vivienda en la cual puedan desarrollar su vida de forma segura". Según datos recogidos por el Instituto de las Mujeres, la tasa de mujeres sin hogar ha aumentado un 47% en una década y la violencia machista está detrás del 21% de los casos.

La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha presentado tres escritos ante instancias judiciales y del Gobierno para exigir que el asesinato de Franyel, mujer trans 35 años asesinada por su pareja el pasado domingo en San Pedro Alcántara, núcleo de población de Marbella (Málaga), sea reconocida como víctima de violencia machista.

El asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que la víctima no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

ATA ha dirigido sus escritos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella- Plaza número 2, que investiga los hechos; a la Fiscalía Provincial de Málaga, Sección de Violencia sobre la Mujer; y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, según ha informado ATA este viernes en un comunicado.

Ante el órgano judicial y la Fiscalía, ha trasladado los argumentos jurídicos para que se valore la competencia del órgano especializado en violencia sobre la mujer, "evitando que la falta de adecuación de la documentación registral de Franyel prevalezca sobre su identidad como mujer y sobre la realidad de la relación sentimental que mantenía con el investigado".

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, ha argumentado que la finalidad de las leyes contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a la violencia machista, y ésta "no puede quedar anulada por una circunstancia meramente documental".

"Franyel era una mujer y fue asesinada por quien era su pareja. Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu y finalidad", ha declarado.

Además, ha advertido de la "especial situación" de las mujeres trans migrantes, cuya documentación de origen puede no corresponderse con su identidad de género, y considera que "esta circunstancia administrativa no puede convertirse en una puerta de exclusión del sistema de protección frente a la violencia machista".

La organización también ha trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que solicita que impulse las actuaciones necesarias para garantizar un tratamiento institucional del asesinato con perspectiva de género y pleno respeto a la identidad de Franyel.

"Lo que se decida marcará también qué respuesta encuentran otras mujeres trans, especialmente migrantes, ante la violencia machista", ha insistido.

El presunto homicida, un hombre de 59 años fue arrestado por la Policía este lunes tras confesar el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda, y el juez ordenó el miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Será investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que reúne a grupos feministas contrarios a la ley trans, ha respaldado la decisión del tribunal de no investigar como violencia de género el asesinato.

Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres "la cuestión no es la gravedad del crimen, que debe ser investigado y castigado con toda la contundencia del Código Penal, sino su correcta calificación jurídica".

Argumenta que la ley integral contra la violencia de género de 2004 no se aplica en función de identidades o percepciones subjetivas, sino que recoge las circunstancias que deben concurrir.

"No concurre el presupuesto legal de un hombre que ejerce violencia sobre una mujer que es o ha sido su pareja, ni puede calificarse esa relación como expresión de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", señala.

"Existía una relación de pareja pero entre dos personas del mismo sexo biológico y, en este caso, también del mismo sexo registral", añade este grupo de entidades feministas, que incide en que debe encuadrarse como violencia doméstica.

¿Hay una teta que no moleste? Se lo pregunta en un vídeo viral la directora de ópera Marta Eguilior, que tuvo que enfrentarse a la seguridad de un hotel en Chiclana por hacer topless en su piscina. Lo mismo le pasó hace pocos días a una mujer en un pueblo de Segovia donde, después de 30 años enseñando las tetas, tuvo que ser identificada por la Guardia Civil a petición de la alcaldesa de dicho pueblo ante semejante comportamiento y tras la desaprobación de una bañista de unos 20 años. Ninguna sorpresa, aunque toda la decepción comprobar que esa policía moral es liderada en muchas ocasiones por otras mujeres, sin embargo, como ha sucedido otros veranos antes, ambas pudieron comprobar con sus pesquisas y su resistencia a las autoridades puritanas que no existe norma estatal alguna que prohíba enseñar las tetas en lugares como las piscinas o playas. No obstante, la regla social pervive, se reproduce en algunos lugares privados y la percepción de este verano es generalizada. Hay menos mujeres en espacios públicos haciendo topless, con lo que la pregunta es necesaria: ¿por qué todavía (o incluso cada vez más) es problemático enseñar nuestro pecho?

Eguilior lanza algunos argumentos sobre los que merece la pena discutir, porque este verano, en 2026, está siendo el verano del retorno de lo conservador, y como punta de lanza de toda esa ola, también el verano del retorno de la extrema delgadez. Se pregunta Eguilior, con toda la razón, si sigue teniendo algún sentido que en el 2026 hombres y mujeres tengamos normas diferentes para algo tan básico como enseñar nuestro cuerpo, fundando su expulsión simbólica de la piscina por el hecho de tener vulva. Cabe preguntarse si el pecho de una mujer trans hubiera sido censurado de un modo diferente, y, sobre todo, merece la pena preguntarse si el dispositivo que moraliza y censura nuestras tetas lo hace examinando los genitales. Me atrevo a decir que ni una cosa ni la otra son ciertas. Más bien al contrario, lo que está en juego cuando se nos pide que tapemos nuestros cuerpos no es la esencia de lo que una mujer es, sino qué se nos permite hacer como mujeres que somos. Dicho de otro modo, no se trata tanto de denunciar al enemigo como de explicar qué eje de dominación es el que hace que no podamos hacer topless en la playa con la misma normalidad que hace un par de veranos o, peor aún, que haya mujeres jóvenes dispuestas a denunciar a otras por hacerlo. Entonces la pregunta que nos ocupa es aún más profunda. ¿Qué molesta y de qué cuerpos?

En esta tarea, sale igual de caro el esencialismo que la gordofobia. Eguilior denuncia cómo a un hombre gordo no le pondrían ningún problema por enseñar las tetas, aunque sus tetas sean más grandes que las de ella. Esta comparación resulta problemática por varios aspectos. En primer lugar, no parece que la prohibición del topless tenga que ver con el tamaño de lo enseñado, por lo que es particularmente torpe señalarlo. Y en segundo lugar, porque no parece razonable desear un privilegio que se sostiene en lo indeseable, y es que no podemos obviar que el mismo régimen que condena el topless expulsa lo gordo del deseo, haciendo invisible el cuerpo mostrado, decidiendo de forma en muchas ocasiones violenta que ese cuerpo no merece ser mirado.

Sin embargo, esto no nos puede hacer pensar que un cuerpo invisible a estos ojos es un cuerpo menos vigilado, sino más bien lo contrario. Los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los hombres están atravesados por un mismo régimen que se expresa en diferentes mandatos (de género, de peso, de aspecto), que no es otro que el patriarcal, que convierte en deseables unos cuerpos y desecha otros. Por ello, y del mismo modo que opera en nosotras el privilegio de lo masculino, nos encontramos este verano asfixiadas por el privilegio de la delgadez, una de las inevitables consecuencias de la industria farmacéutica que se enriquece con nuestro deseo de languidecer. La diferencia entre las instrucciones que reciben ambos cuerpos incorrectos, el de la mujer delgada en topless y el hombre gordo con tetas, es que la segunda orden tiene un mercado especialmente boyante en este verano del Ozempic.

En el momento en el que el look es la delgadez y la clavícula marcada la mejor joya que puedes llevar puesta, de poco sirve quejarnos de que a un gordo le dejan enseñar las tetas a pesar de su tamaño. Sirva por un lado esto para recordar que no son los hombres los enemigos en nada de esto, sino más bien quienes salen ganando con la censura de los cuerpos y la idea de que lo desnudo es problemático o lo sexualizado, algo a evitar. Y, por otro, ¿dónde quedan en todo esto las tetas de una mujer gorda como esta que escribe? ¿Alguien de verdad cree que la violencia que una mujer delgada y una mujer gorda sufren por enseñar las tetas es la misma? ¿Es la misma para una mujer blanca que una negra? ¿Para una rica que para una pobre? ¿Es lo mismo enseñar las tetas en la piscina de tu pueblo que en un hotel del Riu? ¿Qué pensamos de las mujeres que no tienen tetas ya o nunca las tuvieron?

Lo gordo, lo feo o lo deforme merece enseñarse con el mismo gusto que lo que llamamos hoy por hoy bello. Lo gordo es bello. Por ello, la reivindicación por librar los domingos y las domingas no es solo una cuestión de género ni de peso, ni siquiera de erotismo, sino más bien un debate sobre el contenido de nuestra libertad en lo que tiene que ver con la dignidad y la integridad de nuestros cuerpos. Es evidente que muchas mujeres van a sentir que tienen que cubrir su cuerpo hoy en la playa, probablemente más aún si sus cuerpos son también cuerpos gordos, marrones o discas. Y no lo van a sentir únicamente porque haya un socorrista o bañista que se queje, sino porque nuestros cuerpos nadan en un régimen que castiga todo aquello que los hace precisamente ser cuerpos.

La pregunta ya no puede seguir siendo qué teta no molesta, porque esa teta —perfecta, ideal, mediana, levantada, sin pelos, sin género, sin gravedad, sin estrías, sin vida— sencillamente no existe. La pregunta es más bien qué forma de mirar nuestros cuerpos es útil para ser más libres. Y por todo ello, no hay mayor acto de resistencia feminista hoy que mirarnos a nosotras mismas desde otro lugar, y la que pueda, que enseñe las tetas.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Hay una constante que atraviesa la historia de los movimientos reaccionarios. Cambian las banderas, los discursos y las épocas, pero todos necesitan recuperar un determinado modelo de mujer.

No es casualidad.

El autoritarismo comprende que la política no empieza en los parlamentos, sino en la cultura. Antes de conquistar las instituciones necesita conquistar el imaginario colectivo. Necesita redefinir qué significa ser una "buena mujer": discreta, complaciente, cuidadora, agradecida y, sobre todo, alejada del poder.

Por eso me inquieta más el movimiento que los hechos aislados.

Las democracias no suelen enfermar de repente. Se deterioran cuando las sociedades normalizan aquello que poco antes habrían considerado inaceptable. El totalitarismo no llega como una tormenta; se instala como una costumbre.

Cada renuncia parece insignificante. Cada decisión se justifica por separado. Siempre hay quien dice que "no pasa nada". Sin embargo, la historia demuestra que sí pasa.

Las instituciones nunca son neutrales. No solo administran recursos; educan. Construyen narrativas y transmiten qué valores considera importantes una sociedad. Quien desprecia los símbolos desconoce cómo se construye una cultura democrática.

Karl Popper advirtió, con la paradoja de la tolerancia, que una democracia que deja de defender activamente sus principios termina facilitando su propia erosión. Los derechos no desaparecen únicamente cuando son prohibidos; también cuando dejan de ser defendidos.

Quizá ese haya sido nuestro mayor error. Creer que la igualdad era irreversible. Simone de Beauvoir ya advirtió que bastaría una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres volvieran a ser cuestionados. No era una predicción; era una lección de historia.

El verdadero retroceso nunca empieza derogando derechos. Empieza cambiando el relato. Convenciéndonos de que las políticas de igualdad ya no son necesarias, de que el feminismo ha ido demasiado lejos y de que la mujer tradicional representa un modelo que conviene recuperar.

Cuando ese relato entra en las instituciones deja de ser una opinión para convertirse en pedagogía política.

La cuestión no es si asistimos a un hecho aislado. La cuestión es si seremos capaces de reconocer el movimiento antes de que vuelva a convertirse en nuestro destino.

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Rocío Martín es socia de infoLibre.

Laura, una de las últimas víctimas mortales de violencia machista, reconoció en los tribunales no tener la certeza de cuál era el mejor camino para proteger su vida y la de sus hijos. Admitió dudas sobre si una nueva denuncia era la forma adecuada de pararle los pies a su agresor, pero decidió seguir el dictado institucional y dar la voz de alarma. La justicia, sin embargo, no supo estar a la altura, infravaloró sus temores y la desprotegió. Su maltratador le quitó la vida el pasado 5 de agosto.

Guardia civil de profesión, fue asesinada en el cuartel ante los ojos de sus compañeros. Su maltratador, quien fuera también agente, había sido condenado dos años atrás por un delito de violencia de género. Ambos habían estado en el sistema de seguimiento y ella había portado una pulsera antimaltrato, una de las piezas fundamentales en la protección de las víctimas, pues ninguna mujer ha sido asesinada llevando este dispositivo. Pero la pulsera ya había sido desinstalada. Las medidas de protección habían decaído por el tiempo que llevaban impuestas como cautelares y solo quedaba en vigor la prohibición de aproximación impuesta por auto judicial en el mes de febrero.

Poco antes, en diciembre del año pasado, la víctima solicitó de nuevo la imposición de medidas de protección, pero la justicia no apreció amenaza alguna. La denunciante "no justifica objetivamente" el riesgo expresado, señalaron en los tribunales, según recoge El País. La propia víctima, tal y como documenta el mismo diario, admitía desconocer qué era lo mejor para ella y sus hijos: "Aceptar su control y presión para que no nos haga nada o denunciar". 

Es una duda común entre las víctimas y, de hecho, la gran mayoría se decanta por no denunciar. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada por el Ministerio de Igualdad en 2024, solo el 16,8% de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja actual o pasada ha denunciado alguna de estas agresiones en la policía o en el juzgado. 

Gloria sí dio el paso. Su expareja había sido condenado en abril por malos tratos y la sentencia le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima. Pese a ello, el agresor quebrantó la medida y acabó con su vida en un pequeño establecimiento comercial de su localidad. 

Meses antes, Kimberli perdía la vida en una plaza del centro de Figueres (Girona). El victimario tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada de los vecinos. El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. Poco antes del crimen, reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

En todos estos casos cabe preguntarse qué falló y si las medidas de protección podrían haber sido más estrictas, o al menos más garantistas para las mujeres. 

La magistrada Paz Filgueira, especializada en violencia sobre la mujer, recalca que "cualquier asesinato, exista o no denuncia u orden de protección, es un fallo del sistema". En conversación con infoLibre, la jueza pone sobre la mesa que con el conocimiento, los recursos y los avances consolidados en las últimas décadas, "cualquier desenlace fatal es un fallo sistémico". 

Filgueira subraya la importancia de actualizar los modelos de valoración de riesgo y mejorar la formación de los agentes que atienden a las víctimas, pero sobre todo insiste en que "el riesgo no es algo estático, sino dinámico". Es decir, su ausencia en un momento determinado no significa que no se pueda elevar inmediatamente después con la entrada en juego de algún elemento disparador. En todo caso, sostiene la jueza, "si una superviviente anticipa un peligro, debe ser tenido en cuenta en todas las fases del proceso". Es, precisamente, lo que no sucedió en el caso de la víctima guardia civil asesinada en Llanes (Asturias).

En lo que va de año, casi una de cada tres víctimas mortales de la violencia machista sí había dado el paso de denunciar. Son 12 del total de 36 feminicidios confirmados oficialmente. En nueve de los casos, habían existido además medidas de protección que se demostraron insuficientes. En toda la serie histórica, los feminicidios con denuncia previa representan el 22,4%.

La valoración del riesgo que sufre una víctima comienza en el mismo momento de la denuncia en comisaría. Entonces son los agentes quienes le asignan un nivel de peligro y determinan la categoría en el sistema de seguimiento, VioGén. La última Memoria de la Fiscalía destaca que esta herramienta "constituye un elemento esencial del sistema de protección de las víctimas de violencia de género, ya que condiciona la activación de medidas", pero lo cierto es que diversas fiscalías provinciales "ponen de manifiesto problemáticas relevantes derivadas de la infravaloración de situaciones de riesgo reales". 

En determinadas provincias, continúa la memoria, se señala que existen circunstancias de vulnerabilidad, como adicciones o discapacidad, en las que la valoración policial de riesgo "refleja niveles de riesgo no apreciado o bajo, lo que ha conllevado la denegación de órdenes de protección que posteriormente se han mostrado necesarias". Existen territorios en los que "se advierte una aplicación restrictiva" de las medidas de protección, "incluso cuando la fiscalía ha solicitado expresamente su adopción". 

Ya en sede judicial, las unidades de valoración forense integral se sirven de un protocolo para determinar el nivel de amenaza que recae sobre las víctimas y entender así qué medidas judiciales son necesarias para su protección. El juez, en última instancia, decide. Una orden de protección, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, requiere de indicios fundados de delito y una "situación objetiva de riesgo para la víctima". La misma ley fija la prisión provisional como una medida excepcional, teniendo el juez que justificar su idoneidad. 

Estas unidades de valoración forense "presentan notables diferencias territoriales en cuanto a implementación y dotación se refiere, lo que condiciona su funcionamiento y efectividad y compromete seriamente la protección de las víctimas", destaca la Fiscalía. "Persisten gran parte de los problemas estructurales" denunciados en años anteriores y el panorama nacional "sigue marcado por la escasa dotación de personal, la ausencia de unidades, los prolongados tiempos de respuesta y la falta de equipos de guardia para valoraciones urgentes en numerosas provincias". En consecuencia, el modelo actual en muchas comunidades "no garantiza la especialización ni la atención efectiva".

Un grupo de menores denunció este fin de semana haber sufrido una agresión homófoba durante las fiestas locales de Benialí (Alicante), un pequeño municipio habitado por menos de dos centenares de vecinos. Los presuntos agresores, tres jóvenes también menores de edad, cargaron violentamente contra ellas al grito de "bolleras". Según el relato de las víctimas, los atacantes lanzaron también loas a Franco y a Vox.

Las víctimas denunciaron los hechos ante las autoridades casi de inmediato. Y sus vecinos, también al instante, se posicionaron de su lado. El pasado domingo, los habitantes de la Vall de Gallinera se concentraron ante la Casa del Consell, cuya fachada lucía los colores arcoíris, para condenar lo sucedido y expresar un rechazo unánime contra la homofobia. El consistorio reivindicó sus fiestas como "espacios de encuentro, convivencia y celebración", sin lugar para "el odio, la discriminación ni ningún tipo de agresión por razón de orientación sexual o identidad de género".

Las juristas consultadas consideran que los hechos descritos podrían encajar en la modalidad de delito de odio. Entendiendo como tal, precisa la fiscala especializada Susana Gisbert, tanto aquellos enmarcados en el artículo 510 del Código Penal como la agravante de discriminación contenida en el precepto 22.4.

El primero de los citados artículos tipifica la difusión e incitación al odio –lo que entendemos como discurso de odio– y también los actos que lesionen la dignidad de las personas que forman parte de un grupo por su pertenencia a él. La agravante, en cambio, se incorpora a un delito determinado siempre que se cometa por motivos discriminatorios. 

Para determinar la existencia de esa raíz discriminatoria, la abogada Charo Alises, especializada en derechos LGTBIQ+, se detiene en los conocidos como indicadores de polarización. Se trata de elementos que permiten detectar si detrás de un delito común existe una motivación discriminatoria. Aunque no son, por sí solos, prueba automática de que exista un delito de odio, la aparición de uno o varios obliga a investigar esa hipótesis para confirmarla o descartarla. 

A través de una circular, la Fiscalía cita cuestiones como la aparente gratuidad de la agresión, la pertenencia real o percibida de la víctima a un colectivo protegido, los símbolos y el perfil del autor o las palabras pronunciadas por el agresor. 

Alises describe cuestiones clave, como la expresión de género de las víctimas, si iban de la mano o si portaban algún tipo de emblema identificativo. En todo caso, recuerda la letrada, la consideración de delito de odio es independiente de que la creencia sea cierta. Es decir, las víctimas pueden no ser lesbianas, pero si sufren una agresión porque los agresores piensan que lo son, estamos ante un delito de odio. 

En el caso de la localidad alicantina, los gritos con connotaciones políticas podrían abrir la puerta a una eventual discriminación por motivos ideológicos, aunque la fiscala consultada reconoce que es más difícil de demostrar. "Habría que probar que la agresión se ha producido porque entienden que ellas son de la ideología contraria", remacha. Los gritos en favor del dictador y del partido de extrema derecha, en cambio, podrían reforzar una motivación homófoba al tratarse de referentes políticos manifiestamente contrarios a los derechos del colectivo. 

Surge, en este punto, una pregunta clave: ¿basta con el testimonio de la víctima para acreditar que existe una motivación de odio? "Las propias víctimas son también testigos", recuerda Gisbert. Si en su palabra existe "verosimilitud, ausencia de móviles espurios y se mantiene la acusación", el testimonio puede sustentar una "pretensión acusatoria y eventual condena", analiza la fiscala. 

A la misma conclusión llega Alises. "El Tribunal Supremo consolidó hace tiempo que el mero testimonio de la víctima, en cualquier delito, tiene que ser considerado válido siempre que se den las circunstancias adecuadas", puntualiza la letrada. 

La doctrina que citan las expertas es la consolidada por el Tribunal Supremo en 2019, con ponencia de Vicente Magro. Según la sentencia, la declaración de la víctima debe ser una prueba testifical válida y puede, incluso por sí sola, ser suficiente de cara a una condena, siempre que el tribunal así lo considere. Para ello, los magistrados sistematizaron tres requisitos: la ausencia de incredibilidad subjetiva —es decir, que no exista enemistad o fines espurios—, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

El jurado popular lo vio claro en el caso de Samuel Luiz: Diego Montaña, uno de los condenados por asesinarle la madrugada del 3 de julio de 2021, actuó por "su animadversión hacia la orientación sexual que le atribuyó a la víctima". Los nueve componentes del jurado resolvieron así una de las claves más importantes del crimen: su componente homófobo. 

No fue casual que el condenado gritara "maricón de mierda" antes de propinarle el primer golpe, tampoco fue determinante que víctima y agresor no se conocieran previamente. Montaña leyó con nitidez la orientación sexual expresada por el joven coruñés y aquello le empujó a iniciar el linchamiento que acabaría con su vida, así que quedó probada la agravante de discriminación.

Aquello fue un hito, pero los tribunales no siempre lo han tenido tan claro.

En julio de hace ahora siete años, un hombre la emprendió con otro joven al grito de "te voy a hacer heterosexual a hostias". Fue la Fiscalía la que trató de conseguir una condena contra el acusado, pero en este caso por delito de odio. Sin embargo, el tribunal razonó que las expresiones vertidas contra el afectado eran "ofensivas y desafortunadas", pero no tenían entidad suficiente para constituir un delito contra la integridad moral ni un delito de odio.

En su sentencia, los magistrados recogieron la última palabra del acusado, quien reiteró que los reproches no vinieron "por su condición de homosexual, sino por la forma en que iba vestido, que el acusado consideraba inapropiada ante la presencia de menores como era su hija". Para los jueces, "ello refleja un pensamiento cerril y criticable desde el punto de vista de la tolerancia y el respeto al otro, como bases insoslayables de una convivencia pacífica, pero descartan desde nuestro punto de vista la intencionalidad que le atribuye el Ministerio Fiscal". El caso se encuentra actualmente a la espera de ser resuelto por el Tribunal Supremo.

He presenciado cómo un hombre, a quien me referiré como el espectador, veía Jarrapellejos, una película en la que, en medio de un relato complejo sobre el poder, varios hombres violan a dos mujeres y las asesinan.

Me sorprendo mirándolo a él. No puedo dejar de preguntarme qué ocurre en su conciencia mientras ve la película ni qué pensará cuando termine. Me pregunto qué siente durante esos minutos en los que dos mujeres forcejean, gritan, intentan escapar, son violadas y asesinadas.

No sé qué piensa el espectador. Tampoco puedo saber con exactitud qué sintieron aquellas mujeres a las que dos actrices dan vida en la pantalla. Pero sí reconozco lo que esa escena despierta en mí y sospecho que muchas mujeres identifican esa sensación: la de contemplar el cuerpo de la mujer convertido en el lugar donde es posible el ejercicio del poder absoluto.

La escena me resulta insoportable y me alejo.

El espectador continúa viendo la película.

Durante horas pienso en lo que acabo de ver y en el espectador. Intento comprender qué ocurre en la conciencia de alguien que permanece ante unas imágenes que para mí resultan insufribles. Más tarde comprendo que me estaba haciendo la pregunta equivocada porque, en realidad, no era aquel espectador quien me interesaba. Era el poder. Porque la violación no es solo una agresión sexual, es la expresión extrema del dominio de un ser humano sobre otro. El sexo no es el fin, sino el lenguaje. Lo que en realidad se afirma es algo mucho más profundo: esa mujer ha dejado de ser tratada como una persona cuya voluntad merece respeto para convertirse en un cuerpo sobre el que todo está permitido. Es decir: puedo hacer contigo lo que quiera.

Y entonces aparece la única pregunta que importa: ¿por qué, cuando una cultura necesita representar el poder en su forma más cruda, tan a menudo lo representa sobre el cuerpo de una mujer?

Vivo en una sociedad que jurídicamente ha reconocido la igualdad entre hombres y mujeres. Las leyes han cambiado de una manera que habría parecido imposible hace apenas unas décadas. Las mujeres somos hoy, al menos en el ordenamiento jurídico, personas con los mismos derechos que los hombres.

Pero una cultura no cambia al mismo ritmo que sus leyes. El derecho puede reconocer a la mujer como persona mucho antes de que la sociedad haya transformado por completo las formas más profundas en las que mira a las mujeres, las interpreta y se relaciona con ellas. El lugar que una cultura reserva a las mujeres no se modifica por decreto. Se transforma lentamente a través de la educación, de las costumbres, de las religiones, de la literatura, del cine y del lenguaje. Durante siglos son hombres quienes escriben, interpretan y dotan de autoridad a los grandes relatos que ordenan la vida social. No solo establecen una relación con lo sagrado o con la ley, también definen qué debe ser una buena mujer, qué comportamientos merecen aprobación y cuáles merecen sospecha, desprecio o castigo.

La historia de las mujeres puede leerse también como la historia de un reconocimiento siempre incompleto de su plena condición de persona. Las leyes han desmontado una parte de ese edificio, pero la transformación cultural es más lenta, porque no afecta únicamente a las normas visibles, sino a las formas aprendidas de mirar y valorar.

Y es que el poder más eficaz no siempre necesita mostrarse como poder. Triunfa cuando consigue fundirse con la costumbre, con la tradición, con aquello que parece natural porque siempre ha estado ahí. Por eso el poder no reside únicamente en los parlamentos o en los tribunales. Habita también en las relaciones personales, en la familia, en la educación sentimental, en las expectativas que hombres y mujeres aprendemos desde la infancia. No se trata solo de quién tiene formalmente derechos. Se trata también de quién es escuchado, quién es creído, quién ve reconocida su voluntad como un límite que los demás deben respetar. Porque una persona no es meramente alguien a quien la ley reconoce derechos. Es también alguien cuya palabra tiene valor, cuyo deseo importa y cuyo cuerpo no está disponible para la voluntad ajena.

Al hilo de esto hay algo que siempre me ha llamado la atención: uno de los mayores temores de muchos hombres al ingresar en prisión es ser violados por otros hombres. Ese miedo revela algo esencial. No se refiere únicamente al dolor físico o a la humillación.

Revela el horror de ser privado de la capacidad de disponer del propio cuerpo, de convertirse en un cuerpo por completo sometido a la voluntad ajena. En ese sometimiento radical, cualquier ser humano comprende qué significa que otro decida, que su propia voluntad no cuente. Todos entendemos, de una manera inmediata, el significado de esa forma de poder.

Y, sin embargo, esa misma forma de poder aparece una y otra vez representada sobre los cuerpos de las mujeres en la ficción. Lo insoportable no es la escena concreta, sino que su repetición haya terminado por convertirla en una representación reconocible y habitual del dominio.

No sé qué pensaba el espectador mientras veía Jarrapellejos. Nunca podré saberlo. Pero sí sé lo que esa secuencia que yo no pude seguir viendo me ha llevado a pensar: la igualdad jurídica ha llegado mucho antes de que la sociedad haya alcanzado el reconocimiento cultural pleno de las mujeres como personas, cuya voluntad, cuya palabra y cuyo cuerpo poseen el mismo valor que los de cualquier otro ser humano.

Las leyes pueden cambiar mucho antes que una cultura. Una cultura se transforma cuando deja de considerar imaginable, representable y aceptable aquello que durante siglos le había parecido natural. Porque las culturas no solo revelan aquello que admiran; también delatan aquello que consideran disponible. Quizá la verdadera igualdad comience el día en que el cuerpo de las mujeres deje de ser el lugar privilegiado sobre el que una sociedad representa el ejercicio del poder más absoluto.

¿Cómo sabremos que ese cambio se ha producido? Tal vez cuando una escena como la de Jarrapellejos deje de parecernos una forma reconocible de representar el poder. Cuando, por primera vez, ya no nos resulte natural. Cuando nos resulte extraña. Porque quizá sea entonces, y solo entonces, cuando haya dejado de ser imaginable la suspensión de la condición de persona de un ser humano, aunque solo sea por el tiempo que dura una escena.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

Marzo de 2026. La Semana Santa se ve atravesada por una inesperada polémica. Una imagen salta enseguida a los medios de comunicación: la de un grupo de cofrades impolutos, la mayoría jóvenes, preparados para la gran celebración religiosa. Entre sus filas, ni una sola mujer. Sucedió en Sagunto (Valencia). La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, la única de la localidad valenciana, había vetado expresamente la participación de mujeres. Sus componentes lo habían determinado así, convencidos y orgullosos de su decisión. Apenas cuatro meses después, el municipio vuelve a estar en primera línea por otra polémica sexista.

A finales de julio, una peña taurina de la misma localidad se paseó por las fiestas patronales exhibiendo un cartel humillante para las mujeres. En la imagen, estampada también en camisetas y otros artículos, figuraba la caricatura de una mujer desnuda manteniendo relaciones sexuales con un toro. La ilustración quedaba coronada con la frase "pa una vesprà està bé" –para una tarde está bien–.

La peña Un forat es un forat –un agujero es un agujero–, una de las ocho decenas que participan en los festejos, presumió de su dudoso ingenio en el recinto taurino donde cada año se concentran los asistentes a las fiestas, en cuyas gradas conviven jóvenes y menores de edad. Las fiestas están consideradas de interés turístico autonómico desde el año pasado, un distintivo concedido a aquellos eventos de especial relevancia desde el punto de vista turístico, siempre que merezcan consideración por su impacto cultural y su puesta en valor de las tradiciones populares valencianas. 

Lejos de contribuir a la difusión de los valores culturales y populares de la localidad, la exhibición protagonizada por la peña valenciana ha despertado un reproche generalizado y sin paliativos. El Ayuntamiento decidió retirar la imagen una vez tuvo conocimiento de su existencia, tras crear una mesa de trabajo para impedir que ilustraciones como esta tengan cabida en las fiestas. 

La Generalitat Valenciana, por su parte, manifestó públicamente su "más absoluto rechazo a cualquier representación que contribuya a denigrar, cosificar o ridiculizar a las mujeres", especialmente tras los "importantes avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres gracias al esfuerzo de toda la sociedad". El Gobierno regional insistió en que imágenes como la plasmada por la peña taurina "reproducen estereotipos sexistas" y presentan a las mujeres desde una "perspectiva de subordinación o humillación". La peña, ahora en silencio, lleva años haciendo alarde del logo en el contexto de las fiestas populares.

Este lunes, el Ministerio de Igualdad remitió dos oficios al Ayuntamiento y a la Federación de Peñas, en relación al cartel sexista. "Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", señalaba el departamento en redes sociales.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre expresó su total rechazo al cartel, pero también censuró la complicidad institucional y la normalización de este tipo de proyectos, tradicionalmente impunes y elogiados: "El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", asiente la organización feminista en un comunicado adelantado por elDiario y Levante. Se trata de una "imagen denigrante que se cuela en la fiesta con la excusa de siempre: que ‘es una broma’, ‘no seas exagerada’ o ‘esto es tradición", analiza la plataforma, "la misma cantinela de siempre para que las mujeres nos callemos y aplaudamos nuestra propia caricatura".

La Coordinadora Feminista de València se sumó a la denuncia ante "el infame cartel de la peña taurina", por considerar que infringe las leyes "utilizando los cuerpos de las mujeres de manera sexista, humillante y degradante". Igual que sus compañeras, las feministas valencianas exigen no solo una sanción a la altura, sino la devolución del dinero público que haya podido recibir la peña y plantean, en su denuncia, una investigación por posible apología del delito de zoofilia.

En la conexión entre maltrato animal, violencia y masculinidad arcaica pone el acento la psicológa María Ibáñez, activista feminista y defensora de los animales. La psicóloga dibuja este tipo de eventos como espacios de socialización masculina especialmente nocivos que en situaciones extremas refuerzan hábitos machistas bajo el pretexto de la tradición. En casos como el actual, la combinación de la cultura de la violación con el maltrato animal como expresión cultural resulta especialmente peligrosa para los menores. "Con el agravante de la complicidad de todo el que ha permitido durante años que eso existiera", apunta la especialista. 

El pasado mes de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas volvió a reprender a España por permitir que los menores "continúen presenciando violencia y muerte" en el marco de festejos taurinos populares. La Generalitat Valenciana, pese a ello, ha decidido multiplicar el presupuesto destinado al sector taurino para este año, hasta alcanzar los 1,03 millones de euros frente a los 450.000 euros previos.

La tradición es la gran invocada por quienes se atrincheran en la defensa de conductas con un claro sesgo machista. Sucedió hace escasos meses, en el contexto de la Semana Santa. Pero la polémica con la cofradía saguntina lleva viva más de dos décadas. A finales de los noventa, se celebró una primera votación, a iniciativa ciudadana, para decidir si la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo debía alterar sus estatutos y abrir la puerta a las mujeres. El intento cayó en saco roto. 

Pasaron largos años hasta que se planteó de nuevo abrir el debate. La segunda votación se fraguó hace cuatro años, con resultados prácticamente idénticos. Una asamblea extraordinaria puso sobre la mesa la posibilidad de sustituir el término "varones" de su reglamento interno y así permitir la entrada de mujeres. Una vez más, los miembros de la cofradía se inclinaron por mantener el veto. Pero en febrero del presente año, la ciudadanía se movilizó para reclamar una cofradía equitativa. Lo hizo, esencialmente, porque consideraba incompatible la exclusión con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que la Semana Santa de Sagunto posee desde el año 2004. 

En marzo de este mismo año, tiene lugar una nueva votación. Y una vez más, las mujeres se quedan fuera. Pero la polémica esta vez no se reduce a las calles de la localidad, sino que atraviesa fronteras y genera un tsunami de indignación generalizada en todo el país. El Gobierno abre entonces un expediente para revocar el reconocimiento oficial: discriminar a las mujeres por serlo es incompatible con los valores democráticos, zanjan las instituciones. A finales de marzo, el Ministerio de Igualdad toma cartas en el asunto y lleva el caso ante la Fiscalía. El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias desde mayo. 

"La tradición es la tradición", se defendieron entonces los cofrades. 

Andalucía avanza hacia las tesis negacionistas de la violencia de género en un contexto de emergencia nacional debido al repunte de feminicidios registrados este verano. La composición del gobierno regional deja en manos de la ultraderecha parte de las competencias en violencia machista, un extremo que preocupa especialmente teniendo en cuenta que es en la comunidad donde se ha concentrado la mayoría de los últimos crímenes mortales.

En este contexto, el Ministerio de Igualdad anunció este mismo lunes que en septiembre celebrará su próximo comité de crisis en suelo andaluz. Según explican fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, el objetivo pasa por llevar esta herramienta a "los territorios más afectados por la violencia de género y poder seguir coordinando el análisis y la respuesta entre todas las administraciones y organismos involucrados en la prevención y la atención de las víctimas".

Andalucía registra, en lo que va de año, el 27,8% del total de víctimas mortales de todo el territorio nacional, diez puntos por encima de su peso poblacional. Son diez las mujeres asesinadas en el territorio. El 60% de ellas perdieron la vida en Málaga. "Ante la preocupación por estas cifras, el Ministerio de Igualdad ha decidido trasladar allí el comité de crisis, a la espera también de cerrar la reunión solicitada con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla", señalan las mismas fuentes.

El ministerio pretende no solo abordar una situación de clara emergencia, sino además examinar la cesión de competencias sobre violencia machista a Vox. "Nos preocupan las cifras de Andalucía y el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas en manos de la ultraderecha", asienten desde el ministerio. 

Lo cierto es que Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayores tasas acumuladas de crímenes machistas. En la serie histórica (2003-2025), la región registra una tasa de 80,7 muertes por cada millón de mujeres, solo por detrás de Illes Balears (89,8), Canarias (93,9), Ceuta (96) y Melilla (168). 

Es, hasta el momento, el territorio con un mayor número de asesinatos machistas: 291 de un total de 1.377. En lo que va de año, son diez las mujeres asesinadas, pero el año anterior también rozó máximos, con 15 feminicidios. Además, el mayor número de casos registrados en una comunidad en un solo año se dio en 2006, también en Andalucía, con 21 casos.

Si bien las razones que sitúan a una comunidad u otra entre las más peligrosas en términos de violencia machista son multifactoriales, lo cierto es que el acceso a recursos y una red sólida en lo que respecta a la prevención y la detección se entretejen como claves. En ese contexto, la ultraderecha mantiene intacto su rechazo explícito a las políticas públicas en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista, por lo que dejar en sus manos la gestión de los recursos destinados a las víctimas se presume, cuanto menos, peligroso. Vox defiende la derogación de la ley estatal contra la violencia de género, la supresión de los juzgados especializados y rechaza el pacto estatal que despliega medidas claves para las mujeres.

Igualdad ha expresado su "profunda preocupación" ante esta situación y considera que ceder las competencias judiciales a Manuel Gavira (Vox) es una decisión de "enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso" de la región en su lucha contra la violencia y el "consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres".

La escalada de violencia que ha tenido lugar en las últimas semanas sucede precisamente en la época más peligrosa para las mujeres: los meses de verano. Las dos mujeres asesinadas en agosto se suman a otras ocho víctimas mortales que deja tras de sí julio. Según las cifras oficiales, julio es el mes con más feminicidios registrados en toda la serie histórica (147), seguido de junio (128) y agosto (122). El verano concentra un tercio de todos los crímenes machistas. 

Pasar periodos largos de convivencia en el caso de las parejas o perder el control sobre la víctima en el caso de las exparejas son factores de riesgo que extreman la violencia que sufren las mujeres, según han podido constatar los especialistas. El estudio Olas de calor y riesgo de la violencia de género, publicado en 2018 por el Instituto de Salud Carlos III, concluye que "tres días después de que se produzca una ola de calor en Madrid el riesgo de feminicidio aumenta un 40%". 

"El riesgo de sufrir violencia de género aumenta en períodos vacacionales. Alertar, informar y denunciar es un asunto público y un deber de la ciudadanía que salva vidas", advierte en sus redes sociales la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Aunque la relación de pareja que mantuvieron durante años había llegado a su fin, ambos llevaban un tiempo compartiendo piso. Él la asesinó ahí, en el hogar común. Acabó con su vida, se dio a la fuga y permaneció diez días desaparecido. El crimen machista sucedió a finales de julio, pero fue confirmado el pasado viernes, después de que el agresor fuera localizado por las autoridades y se reconociera como tal en un diario personal. Es el último feminicidio incorporado a la estadística oficial, en el marco de un verano atravesado por una escalada de crímenes que muestra la peor cara de la violencia machista. 

Con el asesinato confirmado en Benahavís (Málaga), son ya 36 mujeres las víctimas mortales de la violencia machista hasta este lunes. Se trata de la peor cifra registrada a estas alturas del año en mucho tiempo, concretamente desde 2019.

En lo que va de mes, dos mujeres han sido asesinadas a manos de hombres que eran sus exparejas. Ambas habían denunciado a sus agresores por violencia de género. Las víctimas dieron la voz de alarma, acataron los mandatos que recaen sobre quienes sufren violencia y siguieron los pasos de un itinerario pensado, al menos sobre el papel, para protegerlas. Pero el sistema no estuvo a la altura.

No son casos excepcionales: según la base de datos oficial, en doce de los feminicidios registrados existían denuncias previas y en nueve de ellos se adoptaron medidas de protección. Una de cada tres víctimas alertó de la violencia y pidió ayuda.

A principios de agosto, una mujer fue asesinada en Murcia. Su expareja le quitó la vida en la trastienda de uno de los muchos negocios que pueblan el centro comercial Carrefour Infante. Tenían una hija de cinco años en común y sobre él pesaba una orden de alejamiento. El día del crimen, un miércoles cualquiera a plena tarde, las autoridades se llevaron consigo el cadáver de la víctima ante la mirada perpleja de quienes todavía se paseaban por los pasillos del edificio.

También ocurrió en el espacio público el crimen machista que el pasado mes de mayo marcó a los vecinos de Figueres (Girona). El agresor asesinó a su expareja a plena luz del día en una de las plazas de la localidad, a pesar de contar con una orden de alejamiento y aunque la víctima había advertido de la violencia que lastraba sus días.  

Los feminicidios fuera del hogar no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle y un 6,5%, otro distinto al domicilio, tasas que se han mantenido prácticamente inmutables en el último lustro. Los expertos afirman que los asesinatos fuera del ámbito privado encajan en la categoría de "crimen moral". En lo que va de año, otros agresores machistas han acabado con las vidas de sus víctimas en espacios públicos: en un portal, en el centro de trabajo de ella o a tiros en la calle. Incluso en un cuartel de la Guardia Civil.

El mismo día del crimen que tuvo lugar en el centro comercial murciano, a más de 800 kilómetros de distancia, un hombre se desplazaba al cuartel de la Guardia Civil donde trabajaba su expareja, con la firme intención de acabar con su vida. La víctima tenía tres hijos –dos gemelas menores de edad– y sabía con certeza que su maltratador no iba a parar hasta quitarle la vida. Así lo verbalizó en numerosas ocasiones.

Al agresor, quien también había sido guardia civil, le habían retirado su arma reglamentaria y esa misma semana había recibido una notificación formal para apartarle del servicio. Pero llevaba mucho tiempo hostigando, maltratando y violentando a la víctima, hasta que decidió quebrantar la orden de alejamiento, desplazarse a su cuartel, forzar la taquilla de un compañero y sustraer el arma que allí estaba custodiada. Acabó con la vida de su expareja al instante. 

A principios de junio, un hombre asesinaba a tiros a su mujer y después se suicidaba. Y tan solo un mes antes, otro crimen brutal atravesó a la Guardia Civil: el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres personas de una misma familia en una de las viviendas del cuartel en el municipio alicantino de Dolores. El asesino mató a su mujer y a su hijo de un disparo. Después se quitó la vida. 

En lo que va de año, al menos cuatro feminicidios se han perpetrado haciendo uso de armas de fuego. El año pasado tan solo se registró uno, pero el anterior el porcentaje de crímenes machistas cometidos con pistolas o escopetas ascendió al 20,5%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las armas de fuego están presentes en aproximadamente el 12% de los crímenes machistas documentados desde que existen registros.

Este asunto, la posesión de armas de fuego, ya fue objeto de análisis por parte del anterior Ministerio de Igualdad a finales de 2023. Fue a raíz de estudiar las particularidades de distintos feminicidios consecutivos en los que el agresor había terminado con la vida de la víctima con un arma de fuego, el instrumento más letal en los contextos de violencia de género y cuya sola tenencia provoca un terror prolongado sobre la víctima.

Entonces, el comité de crisis convocado determinó que convendría controlar y revisar los permisos de armas desde una perspectiva de género. Las conclusiones fueron sólidas: era urgente no solo endurecer las condiciones en la obtención y renovación de los permisos, sino también aplicar un enfoque de género riguroso. Igualdad no ha aclarado, a preguntas de este diario, si desde entonces se han consolidado avances en ese sentido.

En el primer trimestre del presente año, la suspensión de la tenencia y uso de armas supuso el 17,9% de las medidas penales acordadas en los juzgados, en contextos de violencia de género, según el Observatorio de Violencia del CGPJ. En todo el año anterior, el porcentaje fue del 14,8%.

El 8 de agosto se celebró el Día del Orgasmo Femenino, una de esas efemérides extrañas que no se sabe muy bien de dónde salen pero que acaban sirviendo para que, al menos un día al año, todo el mundo hable del asunto. Y justo por esas fechas, además, se cumplía medio siglo de la publicación del Informe Hite, el tratado sobre sexualidad femenina escrito por Shere Hite, aniversario, además, muy relacionado con lo anterior y del que pocos medios se hicieron eco. Sin embargo, el Informe Hite supuso una completa revolución en el acercamiento a la sexualidad femenina; una revolución que hoy sabemos inacabada.

Últimamente me andaba yo quejando de que al feminismo le pasa que siempre parece que empieza de cero. Las teóricas y las activistas escriben, enseñan, debaten, explican…y después el tiempo entierra la mayor parte de lo aprendido; se hace el silencio y, pasado un tiempo, se produce otra ola de feminismo, con sus características propias, se producen avances, redescubrimos lo anterior… y luego viene un retroceso. Sí, no nos tomemos a la ligera que hay un movimiento político que está discutiendo, en serio, la posibilidad de abolir el voto femenino. Nuestros saberes y experiencias siempre son frágiles y están bajo amenaza. Es fácil arrinconarlos en una esquina del sentido común y dejarlos convertidos en saberes minoritarios que alguna vez alguien volverá, quizá, a descubrir y sacar a la luz. 

La feminista Ruby Rich es autora de una frase que yo siempre tengo presente: “Es imposible dar demasiada importancia a la sexualidad como problema para las mujeres”. Hablemos pues, de sexo, feminismo, y un poquito de mí misma, porque el Informe Hite no me lo leí, sino que prácticamente me lo bebí. Yo era, cuando se publicó y llegó a España, una feminista muy joven y muy aguerrida. El feminismo de los años 70 y 80 mantuvo, interna y externamente, una prodigiosa conversación sobre sexualidad que a las feministas de aquellos años nos hizo mucho más libres y felices, y que debería haber servido para sentar las bases de la sexualidad de las futuras generaciones de mujeres. Pero no. Mucho antes de que la reacción patriarcal se hiciera explícita con propuestas reaccionarias y contrarias a los avances de estos años, ya se había producido un retroceso o invisibilización cultural que nos sitúa casi en el punto de partida. No es este el espacio para desarrollar una teoría feminista sobre sexualidad, pero sí es el espacio para mencionar que nos falta una teoría feminista del deseo y una agenda sexual capaz de cuestionar los significados sexosimbólicos del patriarcado al tiempo que ofrezca placer y felicidad a las mujeres. Necesitamos volver a considerar el placer de las mujeres como una cuestión política, porque está desapareciendo en un magma de sexualidad androcéntrica y profundamente machista en donde nuestra sexualidad corre el riesgo de convertirse (si no lo ha hecho ya) en una performance para mayor gloria (y placer) de ellos. 

Hace 50 años Shere Hite realizó una encuesta sexual a miles de mujeres y demostró que la inmensa mayoría de ellas (de nosotras) no obtienen placer con la penetración y que las pocas que lo obtienen suele ser porque, al mismo tiempo, reciben estimulación en el clítoris. Esto, que todas sabemos, no es un saber general ni socialmente aceptado. Y la culpa no es sólo del porno, el actual libro de texto sobre sexualidad de los adolescentes, sino que es lo que se nos enseña incluso en las representaciones sexuales más triviales y menos ofensivas: series, películas, novelas, representaciones gráficas, etc. Todas las representaciones sexuales heterosexuales que vemos y que no provienen del porno son del tipo: se encuentran, se besan, se acarician diez segundos, se la mete, se corren a la vez. Las variaciones más frecuentes son aquellas en las que ella se la chupa y entonces el que se corre es él. (Si hablamos de porno, entonces la cosa está en otro nivel). Me gustaría decir a los adolescentes, ellos y ellas, que no se crean nada de eso, que es mentira, que la cosa no funciona así. Ellos puede que no lleguen a saberlo nunca y ellas lo sabrán, pero para cuando se den cuenta seguramente piensen que es culpa suya, que hacen algo mal. 

Siempre que digo esto se me echan encima varias mujeres que me dicen, “eso serás tú, yo tengo muchísimos orgasmos con Pepe”. Bueno, cada cual es cada cual y sí, hay de todo, pero no me cabe duda (a las investigadoras tampoco) de que hay una bolsa enorme y oculta de mujeres que se avergüenzan de reconocer que no se corren tanto como dicen. La verdad es que hay más orgasmos fingidos en este mundo que gotas en el mar y estrellas en el cielo. Diré más, y de esto estoy completamente segura y pondría las dos manos en el fuego: lo que primero aprendemos las mujeres del sexo es a fingir convincentemente un orgasmo. La primera vergüenza del sexo es la falta de orgasmo, que nos produce pudor cuando se supone que tenemos que tenerlo, igual que nos avergüenzan nuestros pelos púbicos, nuestra celulitis, nuestra menstruación y, en general, cualquier cosa nuestra que no se ajuste a lo que debemos ser y parecer en este sistema patriarcal. 

Con los orgasmos femeninos y con la penetración pasa lo mismo. No, no está superado. El mundo de la sexualidad sigue girando en torno a la penetración y, en todo caso, a la absoluta imposibilidad de imaginar una relación heterosexual que no la incluya. Aprovechando el Día del Orgasmo Femenino aparecieron varios informes que revelaban que muchas chicas no saben identificar el clítoris ni saben siquiera asegurar si han tenido un orgasmo. No quiero ni pensar lo que sabrán ellos. ¿Superado? En absoluto, por eso volvemos a hablar de ello. Estamos redescubriendo el clítoris. He vuelto a ver, en las redes sociales, vídeos y post informativos en donde aparecen los dibujitos de la rajita rosada con su flor en el centro y he vuelto a leer explicaciones acerca de su utilidad y sobre el número de terminaciones nerviosas que tiene ese pedazo de carne (son muchas, muchísimas). Así que sí, volvemos a hablar del clítoris del que escribió tanto Shere Hite. Ahora, otra vez, muchas chicas entenderán por qué no se corren con un coito “normal” y dejarán de pensar que la culpa es suya. ¿Imagináis un mundo en el que, de tanto en tanto, nos olvidáramos todas y todos de cómo funciona sexualmente un pene? En mi época heterosexual y juvenil solía hacer bromas con eso, no siempre bien comprendidas, por cierto. 

-¿Qué me dices que te gusta hacer con eso? — Era mi pregunta disruptiva preferida, y hay que decir que no siempre acababa bien. (El humor y el sexo es una combinación que no es para todos los paladares). 

Pero, en serio: ¿y si nos olvidáramos de la centralidad de la penetración ineludible y ésta pasara a ser una práctica más, quizá minoritaria? ¿Y si nadie diera por hecho que el final de un calentón es un coito? ¿Y si en cada ocasión pudiéramos poner en común lo que más le gusta a cada uno y una, llegar a acuerdos placenteros y nada se diera por sabido antes de un encuentro sexual? ¿Y si Broncano dejara de hacer preguntas absurdas y machistas?

¿Qué pasaría en este mundo? Pues, aunque no lo pensemos en cada interacción sexual, y aun a riesgo de parecer una feminista loca de aquellas (bueno, soy un poco de esas), derribar la centralidad de la penetración supondría hacerle un agujero terrible al patriarcado. Porque han construido un mundo a su medida, a medida de un órgano que les supone placer, pero también poder; con el que follan con amor y cuidado pero también con el que violan. Con el que pretenden dar placer, pero con el que a veces les gusta castigar. Con el que se sienten poderosos, pero que les hace muy frágiles y sobre el que se construye una parte enorme de la subjetividad sexual masculina, que es como decir la subjetividad masculina, sin más.

Nada de esto es nuevo, ya está escrito, teorizado, discutido e incluso practicado. Ahora sólo queda que se sepa, que ellos lo sepan, que nosotras lo explicitemos, que la sexualidad nos ofrezca las mismas posibilidades de placer a unos y otras. Y para todo esto, nada como leer el Informe Hite 50 años después y reconocer su inmensa aportación al conocimiento y a la libertad de las mujeres. Celebremos como se merece a una de las indiscutibles madres fundadoras del feminismo y honremos lo que aprendimos con ella. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Para mucha gente puede parecer algo menor o muy subjetivo, pero hoy el 39,6% de las mujeres tienen miedo al caminar solas por las calles, en gran medida por la violencia que ejercen los hombres (CIS, marzo 2026), y otras muchas sienten ese mismo miedo en sus casas por la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres, concretamente el 57,3%, ya ha vivido alguna forma de este tipo de violencia dentro o fuera de la pareja (Macroencuesta 2019), pero todas la han sufrido porque el objetivo de la violencia de género no es solo dañar, lo hace y mucho, sino aleccionar a cada una de las mujeres para marcarles el territorio y los comportamientos que el modelo cultural androcéntrico decide. Por eso tenemos expresiones totalmente integradas como, “estos no son sitios para una mujer”, o “estas no son hora para una mujer”, “mi marido me pega lo normal”, “mi pareja no me ha pegado nunca, claro que yo tampoco le he dado motivo”… expresiones que reflejan la normalidad y la connivencia social con esa violencia, algo imposible para cualquier otra manifestación violenta.

Por eso la verdadera prioridad para las mujeres es poder vivir una vida en paz y sin violencia, sin que para lograrlo tengan que someterse al dictado del hombre de turno que lo permita.

Y esa convivencia con la violencia también está en la política y en las acciones de gobierno, y lo está de forma vergonzante y responsable en algunos escenarios. En los cuatro últimos pactos de gobierno entre PP y Vox se han creado consejerías y viceconsejerías de “desregulación”, para acabar con lo que desde sus mentes inmaculadas denominan “leyes ideológicas”, entre ellas las normas contra la violencia de género.

Empezaron negándola y ahora, como dicen que no existe, actúan en consecuencia y pretenden quitar las leyes dirigidas a algo que no forma parte de la realidad. Pura lógica machista.

El problema es que sí existe, que cada año asesinan de media a 58 mujeres, que solo se denuncia un 9 % de todos los casos, que cada día maltratan a 6.759 mujeres (Macroencuesta 2024), y que en los hogares donde se produce esta violencia viven alrededor de 1.700.000 niños y niñas que también la sufren.

El último de esos pactos de la vergüenza que habla de “prioridad nacional” y posterga la violencia contra las mujeres, ha sido en Andalucía, una comunidad autónoma en la que durante los meses que se preparaban las elecciones, después se negociaba el pacto y finalmente se aprobó, han asesinado a 10 mujeres, el 31,2% de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, cuando la población andaluza representa el 17,6 % de la población nacional.

Pero no solo es un problema de este año. En los cinco años previos a la llegada del PP al gobierno de la Junta de Andalucía (2014-2018), la media de mujeres asesinadas en nuestra comunidad fue de 9,8, y representaba el 18,4% de todos los homicidios por violencia de género, que en España y para esos años fueron 53,2. En los cinco años siguientes (2019-2024), el número de mujeres asesinadas ha sido de 11,7, lo cual significa un aumento del 19,4%, mientras que en España el número de homicidios en el mismo periodo ha sido de 52, es decir, un descenso del 2,2%.

Algo no se está haciendo bien en Andalucía cuando en los periodos de tiempo considerados los homicidios por violencia de género disminuyen en España y aumentan en Andalucía. Y este 2026 hasta el mes de julio la situación, tal y como hemos adelantado, es más grave con esos 10 homicidios representando el 31,2% de todos los homicidios por violencia de género cometidos en España.

Y si ya preocupa el resultado también lo hace la situación social que da lugar al mismo. Según el barómetro del CIS, la media de población que considera la violencia de género entre los problemas principales en España en 2026, con 32 mujeres asesinadas, es del 0,5%. Pero en Andalucía la situación es más preocupante cuando el Barómetro andaluz de marzo de 2026 recoge que el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales es el 0%.

La violencia contra las mujeres está presente, pero sin política, sin medidas y sin recursos no se acabará con ella. Y con vicepresidencias de desregulación y negacionismo mucho menos, salvo que lo que se pretenda es llegar a la situación anterior a 2003 donde no había datos ni estadísticas, y se tomaba lo invisible por inexistente.

Ya escribí que lo de la “prioridad nacional” en verdad significaba “los hombres primero”, y parece que es lo que intentan. Pero si esa es la estrategia que sepan que la sociedad no lo va a permitir, y que continuará trabajando y avanzando bajo la prioridad vital de las mujeres hasta la erradicación de la violencia que sufren.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Septiembre de 2013. La legislación española sitúa la edad de consentimiento sexual en los trece años. Es la cifra más baja en suelo europeo, solo por detrás de un territorio: el Vaticano. En aquel momento, existía un debate político y social en torno a la necesidad de elevar el umbral y abrir una reflexión sobre el consentimiento. El asesinato de una niña de trece años a manos de su pareja, un hombre de cuarenta, había hecho saltar las alarmas en el tablero político, varios años después de que Naciones Unidas llamara la atención sobre la laxitud de la ley española en esta materia. La reforma penal terminaría por situar la edad legal de consentimiento en los dieciséis, pero a la conversación alrededor la violencia sexual contra la infancia le quedarían todavía muchos tabúes que derribar. 

Especialmente en lo que respecta a los abusos que se reproducen en el mismo seno de la familia. Las organizaciones especializadas apuntan precisamente a ese extremo: el hogar como un espacio que no siempre resulta seguro para los menores. En ocho de cada diez casos, quien ejerce violencia es un familiar o conocido, mientras que dos de cada cinco víctimas señalan directamente al ámbito del hogar como escenario de violencia. 

Catalina Perazzo lleva más de una década investigando el problema estructural, sus múltiples expresiones y sus consecuencias en la vida de las víctimas. "Se trata de una violencia en la que impera la ley del silencio, se denuncia muy poco y se alimenta de la vergüenza de sus víctimas", especialmente cuando entra en juego "el chantaje" vinculado a la familia como institución, disecciona la portavoz de Save the Children. "Se sitúa el peso sobre los niños, señalados por romper la familia", lamenta. Ahí empieza la revictimización.

Pau Lluc escoge con cuidada precisión los datos que permiten demostrar aquello que lleva años siendo una certeza para quienes han visto sus vidas atravesadas por la violencia. Los estudios, las investigaciones y los análisis que se han ido consolidando en los últimos años "dinamitan la idea de que la familia siempre protege y dan de pleno en la diana de la familia patriarcal, ya que la mayor parte de las agresiones se cometen dentro de este contexto", asiente a preguntas de este diario. Lluc sufrió violencia sexual por parte de su padre cuando era una niña y comenzó a verbalizarlo públicamente con el firme propósito de construir un colchón para las víctimas. "En proporciones que el sociólogo David Finkelhor califica de epidémicas, son padres los que ejercen esta violencia", recalca la autora del poemario Despulles (Reclam editorial, 2024).

Afrontar la realidad de la violencia contra la infancia conlleva necesariamente señalarla. "Tenemos que perder el miedo a denunciar la violencia que se comete en el espacio donde más se ejerce: el hogar familiar. Y creo que tenemos que revisar también, desde un feminismo crítico, el papel que el patriarcado nos dio a las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar", asiente, "porque los trapos sucios –que decía la cultura popular– ya no se deben lavar en casa nunca más, como bien saben las cada vez más madres, conscientes y protectoras, con las que el sistema tan a menudo se ensaña". 

La ruptura del silencio se presenta entonces no solo como una necesidad para las víctimas, sino como un imperativo para el conjunto de la sociedad: "Si no vemos, ni nombramos, ni denunciamos la violencia intrafamiliar, continuaremos teniendo generaciones de niñas, niños y adolescentes sufriendo violencia sexual en silencio, entre las cuatro paredes de sus casas".

Pero poner nombre a los abusos experimentados en primera persona no es una tarea sencilla. "Habitualmente el abuso se da sin violencia" física explícita "aprovechando la confianza que existe", pero además "es vivido de una forma confusa y dolorosa", introduce Laura Rodríguez, psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet. A la culpa y la vergüenza se suma "la preocupación por la reacción del entorno", que a menudo transita por la incredulidad, el descrédito y la negación de lo sucedido. Y de ahí que un porcentaje sustancial de las víctimas "no suelan revelarlo hasta entrada la adolescencia y, en la mayoría de los casos, cuando llega la edad adulta", en parte porque perciben el silencio como "una protección hacia uno mismo y hacia la estabilidad familiar". Callar por el bien común. 

Coincide Lluc. Si bien cada víctima afronta su situación en función de su contexto concreto, lo cierto es que en general "los procesos a la hora de verbalizar violencia sexual en la infancia son sumamente lentos", porque se trata de una violencia cimentada sobre las bases del abuso de poder, situaciones en las que "las víctimas se quedan atrapadas" porque casi nunca están "preparadas psicológicamente para comprender que las personas que aman les pueden hacer daño", así que la mera identificación de la violencia es compleja. "Las agresiones casi nunca empiezan de forma violenta y repentina, sino en forma de juego o confundido con los cuidados cotidianos", asiente. En este punto se hace evidente la importancia de una educación sexual reglada como herramienta de prevención.

A pesar de las dificultades, la superviviente destaca que las víctimas sí tienden a manifestar señales de la violencia sufrida. "El problema es que las personas adultas no las sabemos escuchar. Y aquí tenemos una gran responsabilidad como sociedad: tenemos que aprender a descifrar el lenguaje con el que nos hablan", subraya. 

Rodríguez comenzó a especializarse en violencia sexual contra la infancia hace algo más de dos décadas. Entonces, asegura la psicóloga, era un asunto "totalmente tabú". Los avances son innegables, pero el estigma no se ha diluido del todo. "Todavía no se está trabajando todo lo que se debería", especialmente en lo que respecta a la prevención. "Hay herramientas, pero pocas, y deberían ser más accesibles a los menores". 

Perazzo insiste en la misma línea: "Las personas que trabajan con menores deben tener herramientas para que estos se sientan seguros a la hora de contarlo", pero lo cierto es que todavía hoy sigue presente en el imaginario colectivo la idea de que la expresión de un episodio violento es una suerte de fantasía producto de la imaginación, algo así como "cosas de niños". 

El descrédito generalizado hacia su palabra está a la orden del día, a pesar de que "los estudios han dejado claro que la incidencia de casos que inventan es extremadamente baja", destaca Rodríguez. El problema, a su juicio, "tiene que ver con el hecho de que es difícil" para los adultos "aceptar que una persona de nuestra confianza ha podido abusar de nuestros hijos o hermanos". Se trata más de una "cuestión defensiva a nivel inconsciente, para no aceptar que esto ha pasado y tampoco tener que coger las riendas para hacer algo al respecto".

Según el informe Ojos que no quieren ver, confeccionado por Save the Children, el 85% de los colegios donde una víctima manifestó estar sufriendo violencia sexual no lo notificó. Así que los menores se enfrentan, sin ser conscientes, a una "sociedad que no está preparada para escucharles y a un sistema que todavía está lejos de estar a la altura de la infancia", remarca Pau Lluc. En ese contexto, se impone la necesidad no solo de interpelar al conjunto de la sociedad para aprender a escuchar a las víctimas, sino también para reconocer que la violencia contra la infancia "está completamente normalizada y forma parte intrínseca de la estructura patriarcal y adultocéntrica de nuestra sociedad".

A finales de los setenta, casi un centenar de intelectuales franceses enviaba una petición al parlamento galo solicitando la derogación de algunos artículos relativos a la edad de consentimiento sexual y la despenalización de las relaciones entre adultos y menores de quince años. Figuras de peso como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir defendían sin matices que los menores estaban capacitados para prestar su consentimiento libremente y en condiciones de igualdad. 

Varias décadas después, el escritor español Fernando Sánchez Dragó presumía en uno de sus libros de haber mantenido relaciones sexuales con "lolitas" de unos trece años en Tokio (Japón).

Los ejemplos están por todas partes. Hace dos años, el alcalde conservador de Vita (Ávila) entonó, orgulloso y festivo, un cántico pedófilo frente a los vecinos de su pueblo. Se vio obligado a disculparse tras la indignación de quienes asistieron atónitos al espectáculo. A finales del año pasado, plataformas como Shein comercializaron juguetes eróticos con corporalidades infantiles. Y hace tan solo unos meses, Francia abrió una investigación contra Vinted por anuncios que hicieron sospechar de una presunta red de tráfico infantil encubierta. 

Rodríguez está convencida de que la "cosificación de la mujer y ahora también de la infancia" es un factor que "facilita una cultura patriarcal donde parece que se pueden traspasar los derechos de los otros", especialmente de los más vulnerables. La psicóloga pone el foco también en la pornografía, responsable de mostrar una "sexualidad alejada de la realidad, donde se cosifica a la mujer de forma vejatoria constantemente". En las webs pornográficas, el contenido asociado a términos como colegiala o adolescente se mantiene, a nivel global, entre los más populares. Un estudio publicado en The British Journal of Criminology concluyó en 2021 que la palabra teen –adolescente en inglés– era el término más frecuente en los tres principales portales porno del Reino Unido. También corren como la pólvora los vídeos generados por inteligencia artificial en los que personajes femeninos infantiles son modificados físicamente para mostrar un aspecto sexualizado. Según la organización WeProtect Global Alliance, entre 2020 y 2022 los deepfakes con temática sexual infantil aumentaron un 360%. 

"Tenemos un problema grave con la transmisión de los roles de género tradicionales que reproducen las estructuras de poder y sumisión", completa Pau Lluc. Una estructura responsable de socializar a "los hombres para ejercer violencia sobre las mujeres, sobre la infancia o para hacer la guerra". Mientras la base de esta estructura siga intacta, "continuaremos perpetuando diferentes tipos de violencia, entre otras la violencia sexual contra la infancia y adolescencia".

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista la muerte de una mujer de 45 años hallada este martes con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima presentaba un corte en el cuello provocado por un arma blanca y estaba registrada en el sistema de seguimiento VioGén, aunque su caso se encontraba inactivo. Los agentes buscan a un hombre que habría escapado de la zona después del crimen.

El Ministerio de Igualdad todavía no ha confirmado este caso como violencia de género. Sí ha ratificado los asesinatos ocurridos en las últimas horas en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), que elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas, en 2003.

En Antequera, una mujer de 29 años fue hallada muerta el lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda. Según las primeras investigaciones, fue asesinada por su expareja, que se suicidó después de cometer el crimen. La víctima tenía dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra el presunto agresor.

Con este asesinato, Andalucía acumula nueve víctimas mortales por violencia de género en 2026 y se convierte en la comunidad autónoma con más crímenes machistas. El de Antequera es, además, el cuarto asesinato ocurrido en la provincia de Málaga durante el mes de julio, a la espera de que se esclarezca el caso de Benahavís.

El otro crimen confirmado ocurrió el martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años fue asesinada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido por la Guardia Civil. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

A estos casos se suma el asesinato de Aicha, una mujer de 31 años que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada durante casi seis meses. La joven había sufrido quemaduras graves en el 50% de su cuerpo después de ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego el pasado febrero en Sevilla la Nueva (Madrid), presuntamente por orden de su marido.

Aicha tenía un hijo y dos hijas menores de edad y tampoco existían denuncias previas contra el presunto agresor. Su muerte y los crímenes de Antequera y Alameda de la Sagra forman parte de un repunte que ha vuelto a activar todas las alarmas. Desde el pasado 31 de mayo, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

La cifra registrada este año supera ampliamente la de ejercicios anteriores. En estas mismas fechas de 2025 se habían contabilizado 22 asesinatos machistas. Hay que remontarse a 2019, cuando se habían confirmado 37 crímenes, para encontrar un balance peor a estas alturas del año.

En lo que va de año, 20 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Desde que comenzaron a contabilizarse estos casos en 2013, la cifra asciende a 530.

La autopsia practicada a la mujer de 56 años hallada muerta el lunes por la noche en su domicilio de Almoradí (Alicante) ha descartado que se trate de un asesinato machista.

El examen forense ha concluido que la mujer falleció por causas naturales. Su marido, detenido inicialmente mientras se investigaban las circunstancias de la muerte, ha sido puesto en libertad. El hombre ya había sido arrestado en 2008 por una denuncia presentada por la fallecida.

Ante el repunte de asesinatos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado para el próximo martes 28 de julio un comité de crisis. Este mecanismo institucional se activa cuando se produce una concentración de asesinatos machistas o cuando concurren circunstancias de especial relevancia en alguno de los casos.

La última reunión de este tipo se celebró el 21 de mayo, después de que cinco mujeres fueran asesinadas durante ese mes. En esta ocasión, el comité analizará los últimos crímenes y las circunstancias que rodeaban a las víctimas, entre ellas la existencia de denuncias o antecedentes en el sistema VioGén.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha advertido de que los periodos vacacionales son “especialmente duros y cruentos” por el aumento de la convivencia con los agresores y la ruptura de las rutinas habituales.

Martínez Perza ha pedido también la implicación de familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo. “Cualquiera podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola y así haremos siempre más difícil que el maltratador actúe”, ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo” ante los últimos feminicidios y ha trasladado su apoyo a los familiares y amistades de las víctimas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la violencia de género continúa siendo una “lacra” que no puede normalizarse ni aceptarse “bajo ningún concepto”. “Ante esta barbarie, solo cabe una respuesta: la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad”, ha declarado tras el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su solidaridad a los familiares y amigos de las mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo. “Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar”, ha escrito en la red social X.

Sánchez ha reclamado “más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad” y ha insistido en que erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva. El presidente ha recordado además que tanto las víctimas como quienes conozcan algún caso pueden recurrir al teléfono 016: “Denuncia. No estás sola”.

Nos advertía Simone de Beauvoir que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida”... e Isabel Díaz Ayuso no para de recordárnoslo.

En la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso ha abrazado los postulados de Vox hasta dejarles sin voz y sin espacio, se ha iniciado una auténtica batalla ideológica contra los derechos de las mujeres.

Solo así se entiende la aprobación de la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid, que lejos de apoyar a las familias es un auténtico ataque al derecho de las madrileñas a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Como dos noticias se entienden mejor juntas, este ataque ha venido acompañado de otro, la interrupción de la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia en nuestra Comunidad, riéndose de la justicia —y de la ciudadanía— al señalar que cumplen con las cautelares impuestas tan solo iniciando el proceso y dejándolo en pausa hasta que haya una sentencia firme.

Es decir, incumpliendo el acuerdo vinculante del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —que en diciembre de 2024 aprobó un protocolo para regular dicho registro—, expulsando así a las madrileñas del sistema público y obligándolas a acudir a centros privados.

Proteger la maternidad es garantizar que esta sea siempre deseada y para ello se hace imperativo desarrollar la colaboración del sistema sanitario con el sistema educativo para la educación sexual en población joven desde edades tempranas, medidas para el acceso y mantenimiento de las mujeres al empleo, garantizar servicios públicos de cuidado y la educación 0-3, entre otras medidas, pero, sobre estas cuestiones, Ayuso prefiere hacer oídos sordos.

Para combatir estas políticas, compañeras —lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero también lo que viene al conjunto del Estado—, para recordar que no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos... hoy, más que nunca, necesitamos unidad, porque ya hemos demostrado en anteriores ocasiones que juntas somos más fuertes.

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Lidia Fernández Montes es secretaria de las Mujeres CCOO Madrid.