Febrero de 2025. La escritora feminista Cristina Fallarás publica en sus redes sociales el testimonio de una mujer anónima. La autora de la publicación habla de un "copywriter, mayor referente ahora mismo en España, muy macarra" y relata que este hombre, cuyo nombre no se menciona en ningún momento, la "acosó sexualmente", la "engañó, manipuló, chantajeó" y "presionó para que accediera a ser su amante". 

Más de un año después, la periodista y divulgadora se ve obligada a pisar los tribunales en respuesta a una demanda interpuesta por Israel Bravo. Él es copywriter –algo así como un redactor publicitario–, se considera el mejor en su ámbito y cree que hay razones para pensar que el relato de aquella mujer lleva su nombre. Así que ha decidido demandar a Cristina Fallarás, a quien exige una indemnización que asciende a 20.000 euros, por entender que ha vulnerado su honor.

En realidad, la denuncia contra la feminista no es un fenómeno aislado. No son pocos los individuos y organizaciones que han decidido llevar a voces del movimiento feminista ante la justicia, con un fin muy claro: poner coto a la divulgación del mensaje feminista y silenciar a las cientos de miles de mujeres decididas a narrar sus violencias. 

¿Pero quiénes son esos sujetos? Israel Bravo (1977) reside en Andorra –un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España– porque le "sale de los cojones", según él mismo afirma. "Esto lo digo para los podemitas, los envidiosos, los casposos y los medios subvencionados y babosos del estado", escribe él mismo en su página web. Cosecha 26.400 seguidores en Instagram, aunque no cuenta con ninguna publicación en la red social. En realidad, tal y como él mismo admite en diversas entrevistas, su trabajo lo canaliza a través del correo electrónico, con una bolsa de hasta 60.000 suscripciones. También cuenta con una membresía llamada Me la saco, con miles de seguidores.

El nombre escogido resume con precisión las bases sobre las que se asienta su discurso. Porque si bien el publicista se presenta como una suerte de servidor de quienes buscan prosperar en el mundo de los negocios, en realidad su marco discursivo es puramente ideológico. Y uno de los principales canales de difusión que ha encontrado –así suele suceder en tiempos de machosfera– son los podcast. 

En una entrevista emitida en el canal Wall Street Wolverine hace un año, el publicista no tiene ningún pudor en sentar cátedra sobre el feminismo. "El feminismo está haciendo daño a las mujeres y a la sociedad", pronuncia. Y añade: "Cuando el feminismo trata de manipular a las jóvenes les hace sentir odio por las cosas pasadas". Para reforzar sus tesis, incluye también experiencias personales: "A mí me viene una tía con un discurso feminista y, si no se lo desactivo en una tarde –la mayoría de veces sucede, la verdad–, no me interesa en absoluto, porque paso de gente que está metida en una secta".

En el canal Carisma y confianza desarrolla en profundidad esto último, protagonizando el vídeo Ligar provocando (no apta para femilocas), en el que asegura que "la mayoría de las feministas woke están a un buen polvo de votar a Vox". E incluso llega a afirmar que las niñas manipulan a varones adultos: "Las mujeres desde niñas manipulan, hacen daño a otras niñas, desde niñas manipulan y engañan a hombres también".

Con sus intervenciones públicas, el publicista consagra un discurso sólido que busca deslegitimar el feminismo como movimiento político, un posicionamiento ideológico claro que sirve para contextualizar su guerra particular contra militantes feministas como Cristina Fallarás. 

Sergio Candanedo (1988) demandó a la periodista feminista Yolanda Domínguez en noviembre de 2019, también apelando a su derecho al honor. Fue el Tribunal Supremo el encargado de dirimir sobre la demanda interpuesta por el youtuber ultra, más conocido bajo el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella le llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. Los jueces le dieron la razón a la divulgadora feminista.

En el año 2018, el influencer decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales especializándose en una materia: el antifeminismo. Lo hizo, además, en un momento simbólico: aquel fue el año de las grandes movilizaciones feministas, las convocatorias contra la sentencia de La Manada y las huelgas del 8M. No tardaría en convertirse en uno de los referentes del ecosistema antigénero en suelo español, aunque hace ahora tres años anunció que dejaba el país por motivos fiscales. 

En sus redes habla de "charocracia", defiende sin matices el falso síndrome de alienación parental –al que sitúa como una forma de "maltrato infantil" que se lleva a cabo "de forma habitual"– y ridiculiza sistemáticamente al movimiento feminista. Hace cuatro meses, publicó en su canal el vídeo Así ha sido el 8M más desquiciado de la historia, en el que se burla reiteradamente de las manifestantes y carga contra figuras públicas como Cristina Fallarás o Irene Montero."Decir que Sarah Santaolalla tiene mitad tetas, mitad tonta, es algo así como un ataque terrorista", ironiza en el mismo vídeo.

En el discurso que se ha esforzado en difundir en los últimos años –no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en espacios de debate– insiste en premisas sin fundamento, según las cuales "la vida del hombre vale menos que la de la mujer" o "el feminismo fomenta la mojigatería, la represión y el discurso antisexo", criticando sin tapujos que "ahora se necesite un sí explícito para follar". 

En cuanto a su batalla judicial, lo cierto es que sigue estando detrás de algunas demandas importantes contra feministas, aunque de forma indirecta. En el año 2022, el youtuber recaudó los fondos necesarios para que Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, líder de Infancia Libre, denunciara a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, Pam, por vulnerar su honor al señalarle como agresor –aunque tampoco habían pronunciado su nombre–. La recaudación de fondos la hizo en alianza con la asociación Anavid, conocida por sus posiciones negacionistas y encargada de organizar junto a Vox una jornada en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas".

Fue el responsable también de conseguir financiación para que la jurista Guadalupe Sánchez llevara ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una resolución judicial del Tribunal Constitucional que daba amparo a una mujer y a su hijo, obligados por una sentencia a vivir en la misma ciudad que su maltratador. "Sin tu crowdfunding no habría sido posible", le dedicaba la letrada al creador de contenido.

En su cuenta de Instagram, Valentina Ortiz (1996) se define abiertamente como antifeminista y se erige como defensora de los hombres. Tiene 72.900 seguidores, una cifra que se multiplica por cinco en su canal de YouTube La entropía de Valen, en cuyos vídeos incluye direcciones de monederos para recibir aportaciones en bitcoins y criptomonedas. La argentina –residente en suelo español de forma intermitente– está detrás de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, encargada de demandar a la humorista Pamela Palenciano en el año 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes. Entre sus argumentos, una supuesta incitación al odio contra los hombres. La causa quedó archivada un año después.

En los últimos años, Ortiz se ha autoproclamado una de las principales creadoras de contenido encargadas de difundir discursos antifeministas en español. Los vídeos que comparte en su perfil acumulan miles de visitas y guardan un evidente parecido estético con los de otros youtubers, como Un tío blanco hetero. El grueso de su contenido está centrado en cargar contra el movimiento feminista, a cuyas militantes se refiere despectivamente como "femibolches" –un término formado por las palabras feminista y bolchevique–.

En su vídeo Odio a las feministas y te explico por qué, publicado hace tres meses, la ultra confronta lo que tilda como "perversiones" del feminismo –siempre en base a bulos e interpretaciones torticeras–, destaca su "repulsión" hacia las mujeres activistas e incluye menciones especiales a Beatriz Gimeno, Marta Nebot y, una vez más, Cristina Fallarás. También contra Sarah Santaolalla, a quien describe como "una choni con cara de muñeca inflable".

En un vídeo con el ultra Roberto Vaquero, llamado La gran estafa detrás de la violencia de género, elogia al negacionista Juan Soto Ivars, relativiza la violencia de género, difunde bulos encaminados a apuntalar la falacia de las denuncias falsas y niega la existencia del patriarcado en los países occidentales. 

Un patrón muy similar sigue el creador de contenido Isaac Parejo (1987). Conocido en las redes sociales como InfoVlogger, el activista construye su contenido a partir de análisis sobre la actualidad política, siempre desde posturas antifeministas y conservadoras. No en vano, él mismo presume de ser uno de los miembros fundadores de la fachosfera. 

A finales de 2022, interpuso una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de que este se refiriera en redes sociales a él y al grupo Los Meconios como "degenerados", tras una actuación junto a Vox interpretando la canción Vamos a volver al 36. Una vez más, la demanda se sustentaba en el derecho al honor del agraviado. Y de nuevo, fue desestimada íntegramente. 

En unas jornadas organizadas a mediados del año pasado por el partido de Santiago Abascal en el Congreso, el influencer perfilaba nítidamente su papel dentro del mundo de las redes sociales: "Había un espectro de la sociedad que estaba huérfano. Todo era progresismo, todo era wokismo. Había millones de personas que no tenían una voz y esa es la razón por la que nacimos los fachatubers". Los medios tradicionales, añadía ante los micrófonos, siguen "recibiendo dinero", pero "no están cumpliendo con su trabajo: influir en la sociedad y cambiar el voto de la gente. Y eso no lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo nosotros".

En el nutrido ecosistema de quienes se lucran haciendo negocio con los vientres de alquiler, no solo se encuentran agencias estrictamente publicitarias y empresas dedicadas a la gestión del proceso. En el listado abundan también despachos de abogados especializados en una práctica ilegal en suelo español desde hace años. Es precisamente un bufete jurídico el que ha tenido que encajar un varapalo judicial por su actividad publicitaria de la gestación por sustitución, gracias a la denuncia interpuesta por el Instituto de las Mujeres. Se trata de la Agencia de Gestación Subrogada Galicia, en situación de rebeldía procesal y condenada por promocionar vientres de alquiler bajo la falsa apariencia de asesoramiento jurídico.

En redes sociales, la compañía se describe como "un despacho de abogados especialistas en derecho privado" que se siente en "la obligación moral de buscar soluciones y dar respuestas a personas que quieren ser papás/mamás y no saben cómo afrontar ese proceso". 

Con ese telón de fondo, sus integrantes decidieron especializarse en gestación subrogada para "informar" sobre cuestiones como el "desarrollo del proceso", los "países destino" y los "requisitos médicos y legales exigidos en los mismos". La empresa remata su carta de presentación con un interrogante que interpela a sus clientes: "¿Estás preparado para querer?".

Para la jueza que ha dictado sentencia, es evidente que no se trata de asesoramiento ni información aséptica, sino que el despacho "incita" al consumo de vientres de alquiler sirviéndose de su "asesoramiento legal en la materia". En definitiva, concluye, "se ofrece a ayudar a las familias a llevar a cabo esta práctica y con ello la fomenta". 

La resolución judicial estima que no debe confundirse la simple promoción de un servicio de asesoramiento con el mensaje que lanza el despacho, en el que "claramente se incita a las familias a recurrir a la gestación por sustitución", buscando fomentar la práctica para "incrementar la demanda de sus servicios". La empresa, a juicio de la magistrada, está interesada "en que cada vez más ciudadanos recurran a esta forma de gestación, puesto que de este modo tendrá un mayor número de clientes interesados en estos servicios especializados". 

La justicia lo tiene claro: estamos ante un caso de publicidad ilícita. Es precisamente a lo que se aferró el Instituto de las Mujeres cuando en enero del año pasado presentó un informe jurídico ante la Abogacía del Estado con el objetivo de estudiar acciones legales contra varias agencias, incluida la que acaba de ser condenada. 

Seis meses después, el paso dado por las instituciones comenzó a dar sus frutos. Se formuló entonces una demanda formal, "lo que supuso un hito en la persecución de esta práctica, ya que era la primera vez que se iniciaban acciones legales contra la promoción de una práctica prohibida en nuestro país y cuya publicidad es ilícita", celebra hoy la entidad dependiente del Ministerio de Igualdad. 

Aquel año comenzó a producirse un cierre progresivo de diversas páginas web donde figuraba la promoción de estos servicios. Algunas de las clausuras se llevaron a cabo a golpe de sentencia, como sucedió con el caso de Surrobaby y Go4Baby.

Los avances consolidados en el último año y medio tienen que ver, en gran medida, con la sólida alianza entre las instituciones públicas y los tribunales. La justicia lleva más de diez años pronunciándose de forma crítica contra los vientres de alquiler, llegando a encajarlos como una práctica contraria a "la dignidad de la mujer gestante y del niño".

Aunque la ley prohíbe la gestación subrogada desde hace dos décadas, el Tribunal Supremo ha llamado la atención en torno a la brecha existente entre la legislación y la práctica. Y es ahí donde tradicionalmente han entrado las agencias de intermediación, entidades que han podido actuar "libremente" y sin "ninguna traba", promocionando su contenido a pesar de que la Ley General de Publicidad considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona".

El movimiento feminista ha sido el principal agente a la hora de exigir que las instituciones tomen las riendas del asunto y pasen a la ofensiva. Si no basta con la legislación ni con el pronunciamiento de los tribunales, se hace necesario tomar medidas que pongan coto a una práctica que se resiste a desaparecer.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha el lanzamiento de una de sus leyes más ideológicas, la del "concebido no nacido", para presumir de su compromiso con las familias, las madres y la vida. Un vistazo a las políticas públicas desarrolladas en la región, sin embargo, evidencia que sus promesas tienen mucho eslogan y poco impacto. La comunidad ya cuenta con líneas de ayuda a la maternidad y la crianza, pero el paso de los años ha demostrado que el grueso de las mujeres quedan sistemáticamente excluidas. 

La medida estrella de la líder regional, en lo que respecta al embarazo, es la ayuda dirigida a mujeres de hasta 30 años. Según las previsiones de la presidenta hace cinco años, cuando anunció la iniciativa, el ingreso de 500 euros al mes para madres hasta que sus hijos cumplan dos años podría llegar a unas 14.000 mujeres cada año. La realidad es que llega a la mitad.

Según datos oficiales, en el año 2025 el gobierno regional concedió 6.082 ayudas de este tipo. Ese mismo año, se registraron un total de 11.236 partos de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Es decir, al menos un 45,9% de esas madres se quedaron al margen de la prestación.

Los requisitos trazados por los conservadores en la comunidad explican, en parte, las limitaciones de la ayuda y su alcance relativo. Para obtener el ingreso, además de no haber cumplido la treintena –en este punto cabe destacar que la edad media en términos de maternidad no ha dejado de aumentar en la región–, las mujeres solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia legal en el país, estar empadronadas en la comunidad y haber residido en ella durante al menos cinco años. Con este telón de fondo, las principales perjudicadas son las mujeres extranjeras. 

En respuesta a una pregunta formulada por Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el gobierno autonómico reconoce que el año pasado fueron denegadas el 37,4% de las solicitudes presentadas por mujeres extranjeras, mientras que en el caso de las españolas la tasa de rechazo desciende hasta el 22,8%. Un año antes, el 21,8% de las peticiones formuladas por extranjeras no pasaron el filtro administrativo, diez puntos por encima en comparación con las solicitantes españolas. 

Pero, además, las cifras relativas a los dos últimos ejercicios muestran una tendencia preocupante: mientras que las solicitudes han descendido –pasando de 10.127 hace dos años a 8.278 el año pasado–, el porcentaje de rechazo ha crecido –del 14,17% al 26,5%–. Morales cree que los datos no solo constatan el fracaso de una medida anunciada como estrella, sino que además dan cuenta de un sesgo profundamente "racista". 

La literatura científica demuestra que la carga administrativa funciona como una barrera de acceso a derechos formales. A mayores requisitos, menor es la demanda, especialmente entre los grupos vulnerables. Una trabajadora social que tramita este tipo de ayudas confirma a este diario que el requisito de padrón con exigencias residenciales tan estrictas suele dejar fuera a las personas extranjeras. La misma fuente también destaca que el ingreso "tarda más de seis meses" en llegar desde que se confirma la ayuda.

Morales cree importante destacar que las políticas públicas enfocadas a la maternidad y la crianza están además atravesadas por un sesgo "clasista". Para explicarlo, sitúa la mirada en otra ayuda concreta: aquella pensada para la contratación de empleadas del hogar. "Aquí no se pide ni residencia legal, ni antigüedad alguna en el empadronamiento", subraya la parlamentaria. Todo, añade, "para pagarle a las familias pudientes una trabajadora doméstica". La subvención fija un requisito económico de 30.000 euros al año por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, una familia con tres hijos e ingresos de 150.000 euros al año podría acceder a ella. El año pasado se concedieron 1.160 ayudas de estas características por un valor de 2,2 millones de euros.

Otro de los grandes anuncios de Ayuso tiene que ver con la prestación por nacimiento múltiple. En 2024, último ejercicio con datos, las solicitudes aprobadas se quedaron tan solo en 210. "El presupuesto pasó de tres millones a solo un millón porque las solicitudes son bajas y las aprobaciones aún más", denuncia Morales. 

Pero además, reflexiona la diputada, mientras la presidenta de la comunidad hace gala de su compromiso por la vida y la maternidad, son muchas las familias que se quedan en los márgenes. La Comunidad de Madrid desarrolló hace cuatro años una línea de ayudas destinadas a familias con menores en cuidados paliativos, financiada con 2,5 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Cuando los fondos se agotaron, la ayuda finalizó. En 2023, las solicitudes fueron 3.863, pero solo se concedieron 609. Es decir, únicamente el 15,7% del total.

El año pasado, la Comunidad anunció su intención de dar continuidad a esta prestación, aprobando nuevas ayudas para familias con hijos atravesados por patologías crónicas de alta o extrema complejidad. El presupuesto fijado es medio millón inferior al que procedía de los fondos europeos. "Saben de sobra que con esa dotación económica lo que van a vender es humo a las familias que peor lo están pasando, las que tienen a sus criaturas en cuidados paliativos", lamenta Morales. 

Por otro lado, el gobierno madrileño cuenta con ayudas individualizadas de desayuno escolar, un apoyo pensado para las familias más vulnerables cuyo impacto, sin embargo, está también en cuestión. Según la Plataforma de Infancia regional, la pobreza severa infantil alcanza porcentajes del 13,1% en la región, lo que se traduce en cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Frente a estas cifras, la comunidad ha concedido para el presente curso escolar solamente 1.523 ayudas de desayuno escolar.

Se hicieron llamar La Manada. Fueron ellos mismos, cinco agresores sexuales, quienes escogieron con escrupuloso cuidado y de forma perversamente premonitoria el sobrenombre. Trascendió a los medios de comunicación al instante, pero el movimiento feminista tuvo la habilidad de darle la vuelta. Las mujeres clamaron al unísono que de haber alguna manada, era la formada por las cientos de miles de compañeras que se organizaban en las calles para arropar a la víctima.

Han pasado diez años desde la agresión grupal en los Sanfermines de 2016, el señalamiento masivo de una hasta entonces sacralizada justicia que fue tildada de patriarcal y uno de los mayores revulsivos sociales de las últimas décadas. Echar la vista atrás se convierte en un imperativo para quienes no desisten en la tarea de construir memoria feminista, especialmente en tiempos inciertos.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, cinco hombres –sus nombres: José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido– arrinconaron a una joven de 18 años en un portal de Iruña (Navarra). Fuera todavía bullía la fiesta, pero dentro el grupo se sirvió de su superioridad para someter a la víctima, utilizarla como un mero objeto, humillarla y vejarla hasta la extenuación. 

Ella denunció lo sucedido a la mañana siguiente. El caso inició su recorrido judicial en noviembre de 2017 y la Audiencia Provincial de Navarra emitió sus primeras conclusiones cinco meses después: los acusados crearon un escenario opresivo, pero los magistrados dictaminaron que no existió intimidación. En aquel momento, el Código Penal castigaba los delitos sexuales en dos categorías: abuso sexual –siempre que no existiera violencia e intimidación– y agresión sexual –es decir, una violación–. Los jueces determinaron que los hechos eran constitutivos de abuso sexual, pero se toparon con el descrédito de sus compañeros, la rabia de las calles y la desafección de todas las víctimas que llevaban demasiado tiempo expresando su falta de confianza en unas instituciones que no las creían.

Patricia Aranguren recuerda que crecer siendo partícipe de cada 7 de julio, la gran fiesta de su ciudad, significa para las chicas de su generación adquirir, casi sin pretenderlo, la noción feminista de que los espacios de ocio no siempre son seguros para las mujeres. "Recuerdo la agresión de La Manada como otras muchas que se dan en contextos de fiestas populares", asiente hoy. 

El movimiento feminista navarro convocó una concentración de repulsa tan solo un día después de que trascendiera la violación, pero lo sucedido enseguida cobró dimensiones extraordinarias: "Empieza a llegar a los medios nacionales, a moverse por prensa generalista, también se le da un tratamiento más amarillista y pasa a ser un tema del que todo el mundo está hablando", analiza la activista de la Comisión 8M de Madrid.

Cuando el caso entró en los pasillos de los tribunales, Aranguren se dirigió con sus compañeras al centro de Madrid para participar en una concentración de apoyo a la víctima. "Queríamos llegar unos minutos antes para desplegar la pancarta, pero casi no pudimos ni salir del metro por la cantidad de gente que había. Eso que iba a ser una concentración acabó convirtiéndose en una manifestación espontánea". La activista, recién aterrizada en la capital y arañando la veintena, llevaba tan solo unos meses militando en el movimiento feminista, pero en ese instante cobró conciencia de su potencial. Fue la primera vez que llamaron a la huelga feminista. 

Teresa Sáez, cofundadora de la organización Lunes Lilas, conserva el recuerdo nítido de las plazas abarrotadas. "Era muy impresionante ver a tanta gente, chicas jóvenes y también muchos chicos", presume. Aquella respuesta fue masiva también en parte porque interpeló al conjunto de la sociedad, incluidos los hombres. Así lo vivió Javier. Él acababa de cumplir la mayoría de edad en aquel momento y no dudó en participar en las movilizaciones. "Recuerdo perfectamente el día en que salió la sentencia, tengo la impresión de que el mayor momento de movilización fue entonces", comparte. 

Ninguno de los jueces apreció intimidación, pero solo uno hizo una demostración cristalina de cómo la cultura de la violación está instalada en el corazón de los tribunales. Ricardo González emitió un voto particular en el que se posicionó a favor de la absolución y describió lo que él entendía como un "ambiente de regocijo y jolgorio" por parte de los agresores y "menor actividad y expresividad en la denunciante". Aquel voto particular prendería la mecha de una rabia global que trascendió fronteras.

Aquello sirvió para "levantar la alfombra y ver toda la basura que llevábamos guardando mucho tiempo, en este caso con la justicia", completa Aranguren. "Se acumulaban casos en los que se juzgaba más a la víctima que a los agresores, en procesos muy revictimizantes", algo que se hizo evidente aquellos años.

Pero lo sucedido también agitó el debate público y las conversaciones privadas. Aunque en un primer momento se conjugó una "sensación unánime de indignación", conforme el caso fue avanzando emergió un sector que decidió "cuestionar la versión de la víctima", lamenta Javier. Recuerda con claridad aquella evolución: una primera fase de consenso social y otra en la que se consumó una suerte de "división marcada por un sesgo machista", especialmente entre aquellos hombres que "se tomaron a la defensiva el debate y parecían no comprender lo esencial".

Coincide Samuel Parra, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y veinte años mayor que su compañero. "Recuerdo las conversaciones en mi entorno de una manera muy dispar", subraya. En la esfera laboral, el sociólogo encontró un discurso que "justificaba a los agresores, precisamente porque veían que entrar en el portal de manera voluntaria significaba" que la víctima, en realidad, sí había consentido. "Los medios tampoco ayudaron", sostiene. En su memoria, la intromisión constante en la vida privada de la joven, las tertulias en torno al contenido que publicaba en redes y la auditoría alrededor de su comportamiento. 

Entre las mujeres feministas emergió una suerte de cuarta ola que problematizó no solo la idea de consentimiento, sino que además puso en el centro el placer y el deseo en las relaciones sexuales. "Todo este caso nos sirvió para pensar en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y para pensar también más allá del consentimiento", introduce Aranguren. "Nosotras empezamos a pensar en el deseo, se abrió una reflexión muy interesante". 

En noviembre de 2018, el caso regresó a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) deliberó en torno a los recursos presentados por ambas partes y un mes después ratificó la condena por abuso sexual. Los jueces, sin embargo, introdujeron algunos matices de peso: señalaron que la víctima había prestado "un testimonio convincente", pero además sostuvieron que no era "verosímil que consintiera el maltrato y la vejación, la atmósfera opresiva y el prevalimiento de grupo". 

A pesar de los pasos adelante, las conclusiones de la justicia no terminaban de ser congruentes: si ella no consintió, si su testimonio era verosímil y si existía un ambiente opresivo, ¿cómo era posible que los jueces no apreciaran agresión sexual?

Con ese interrogante, el caso aterrizó en el Tribunal Supremo. Y en julio de 2019 llegó la sentencia definitiva: los cinco agresores actuaron con "pleno conocimiento" de sus actos, "buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno" de lo que iba a suceder y el silencio de la joven solo se podía "interpretar como una negativa". Lo sucedido en aquel portal había sido una violación.

Pero algo fallaba si para obtener justicia una víctima debía dejarse la piel en los tribunales, una certeza que también comenzó a calar en el plano político. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó severamente al juez que emitió el voto particular –lo que desencadenó peticiones de dimisión entre todas las asociaciones de jueces– y puso la primera piedra de cara a una eventual reforma penal de los delitos contra la libertad sexual.

Con el cambio de gobierno, el equipo de Pedro Sánchez toma el testigo y es la vicepresidenta Carmen Calvo quien abandera el compromiso. En marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprueba un primer anteproyecto de ley que elimina la distinción entre abuso y agresión, pero también redefine el concepto legal de consentimiento. Eran las primeras semillas de cara al futuro solo sí es sí.

Pero la disolución de las Cortes impidió su continuidad y tuvo que pasar un año hasta que un nuevo gobierno, esta vez de coalición, diera luz verde a otro anteproyecto, muy similar al anterior en sus aspectos esenciales. La ley se aprobó a finales de 2022, seis años después de la agresión en los Sanfermines y cuatro desde la primera sentencia que lo removió todo. No sería el punto y final: la ley sería reformada después de que una revisión de condenas en cadena –entre otras, las de tres miembros de La Manada– provocara un terremoto político entre los socios de gobierno. 

En abril de 2023, entraría en vigor una nueva reforma que ajustaba las horquillas y que introducía de nuevo una graduación penal más dura en aquellos supuestos en los que existiera violencia e intimidación. Unidas Podemos votó en contra, al entender que la reforma rompía el enfoque original de la ley y recuperaba el espíritu anterior.

La agresión de La Manada se produjo en el octavo aniversario de otro crimen grabado en la retina de las mujeres feministas: el de Nagore Laffage. En los Sanfermines de 2008, Diego Yllanes quedaría con la joven, compañera de facultad, tomaría algo con ella y se irían juntos a casa de él. En el interior de aquel apartamento, él intentó violarla y ella trató de resistirse. Yllanes la emprendió a golpes contra ella, la estranguló y acabó con su vida. 

También entonces hubo un juicio y de nuevo sobrevolaron las valoraciones misóginas de quienes debían hacer justicia. "¿Era su hija ligona?", fue la única pregunta que dirigió el jurado popular a una madre completamente rota que había tenido que enterrar a su hija quince meses antes.

Aquella herida volvió a supurar durante los años en los que se prolongó el caso de La Manada. "Veníamos de ocho años de trabajo muy intenso a raíz de su asesinato, fue un punto de inflexión en Navarra", analiza Sáez. Nagore fue el punto de partida. "Ahí empezamos a hablar de las relaciones, la libertad sexual, el derecho a estar en las calles y rompimos con el mensaje del terror sexual", ampliamente analizado por la socióloga Nerea Barjola. "La explosión que hubo con La Manada no habría sido posible sin Nagore", añade la activista, quien subraya que todo lo conseguido en estos diez años ha sido "gracias al feminismo". 

El empuje feminista hizo despertar a una mayoría social que por fin comprendía las razones de quienes llevaban años señalando las costuras del sistema. Pero nada de aquello fue espontáneo: en los cimientos estaba el trabajo previo de las mujeres, casi siempre invisible, la respuesta colectiva ante cualquier agresión y la habilidad de politizar todo lo que hasta no hace mucho quedaba relegado al ámbito de lo privado. También estaba la memoria feminista. La de Nagore y la de tantas otras, la misma que diez años después sigue intacta. 

Es una noche cerrada en la Ciudad de Panamá, pero Mixia Díaz lleva una hora despierta y ya camina a su trabajo: el Cerro Patacón, un relleno sanitario (vertedero controlado) que se creó en 1986 pero pronto se convirtió en el vertedero a cielo abierto más grande del país, a donde va a parar el 40% de los desechos que tiran los 4,28 millones de habitantes y otros miles de turistas. 

Desde lo alto de la montaña de basura se ven los edificios, el Canal de Panamá, los hoteles de lujo. Ahí lejos está Mixia, de 50 años, tez morena, mascarilla negra, lista para buscar qué de todo ese caos se puede reciclar. 

—Me gustaría meterme en la universidad, me fascina lo que es el medio ambiente —dice.

Hace 37 años que se dedica a esto: rescatar de la basura plástico o cartón que alguien tiró, pero que aún se puede transformar en otra cosa. Lo hace para comer y dar de comer a su familia, pero también para que esos desechos no se sumen a un espacio de por sí colapsado. Lo mismo hacen los 2.000 trabajadores y trabajadoras que forman el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. De esos, al menos 500 trabajan en el Cerro Patacón. 

De la basura que produce, Panamá recicla menos del 10%. Aunque no hay un dato preciso sobre cuánta es esa basura que genera, se sabe que solo de plástico son más de 380 mil toneladas, de las cuales el 89% termina en vertederos, áreas naturales o es incinerada al aire libre. 

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en 2024 un comunicado explicando que ese vertedero "presenta incendios constantes, lo cual genera emisiones de gases tóxicos que afectan a las poblaciones aledañas, además de otras afectaciones en cuerpos de agua y al entorno natural por deficiencias en el manejo de lixiviados. Esta situación es preocupante para el país, pero especialmente para las más de 18.000 personas que viven cerca de esta área".

Mixia es una de esas 18.000 personas. Vive en el barrio La Bendición, en Kuna Nega, una comunidad pegada al vertedero. Se despierta a las cuatro de la mañana, prepara el lonche –como llaman allí a la comida que se lleva para el almuerzo– para su hija, se peina, se viste y sale solo con su riñonera, una gorra y la ropa puesta. Hoy no se pudo bañar, no hay agua en su casa. Hace días. No hay agua tampoco en su barrio.

Su hija está por terminar el tercer año de la escuela secundaria. Algunos días, como hoy en la tarde, Mixia deberá salir del vertedero más temprano para ponerse un jean, una camisa de colores y una vincha (diadema) para asistir a un acto escolar.

Su sueño es que su hija estudie: que sea una licenciada, una ingeniera, dice, un poco agitada por la caminata, y elevando la voz porque justo pasa un camión iluminando el camino en medio del amanecer. 

—Me considero una mujer guerrera, que echa hacia adelante. Es lo que les quiero dejar a mi hija y a mis nietos, que sigan defendiendo al medio ambiente y a todos los recicladores que están aquí en Panamá.

Al llegar al Cerro Patacón, mientras busca con la mirada cartones y plásticos, habla con un compañero sobre el incendio. Fue hace como diez años, concuerdan. En 2013, una nube tóxica causó alarma nacional. Pero ese no fue el único incendio: sólo en 2024, según el Cuerpo de Bomberos de Panamá, hubo ocho en el vertedero.

¿Cuánto mide la galera de reciclaje?, se preguntan. Una hectárea, dice él. No, más, como 10 hectáreas, responde ella. La galera: un cobertizo de techo de zinc y columnas endebles, lleno de agujeros, bajo el que algunos perros flacos buscan qué comer, mientras al lado del hueco los camiones descargan basura. Es el espacio que tienen para hacer la separación de los materiales.

La galera no fue un gesto de buena voluntad: nació como obligación contractual. Así lo establece el Contrato No. 489-2008 entre el Municipio de Panamá y Urbasia Plotosa (URBALIA SA), que contemplaba un "componente social" para ordenar el trabajo de los recicladores que ya trabajaban ahí. 

Según la Autoridad de Aseo, en sus inicios funcionó como un espacio organizado, pero con el tiempo perdió ese orden y se fue deteriorando. Cuando se construyó, tenía baño, agua y luz para los días enteros de trabajo. Pero entonces ocurrieron los incendios. Ahora el sol cae sobre las paredes agujereadas de la galera, los rayos entran y calientan los desechos, los plásticos, la comida. 

—Estamos bajo nuestro propio riesgo, eso hay que tumbarlo. Nos guarecemos del sol y del agua en este techo, pero no tanto del agua porque llueve muchísimo. El baño ya no está. 

Los camiones trabajan cerca. Muy cerca. El ruido del pip pip pip es ensordecedor. Decenas de pájaros bajan y suben a buscar algún desecho para comer. 

Mixia selecciona todo el cartón que puede sostener, camina hacia una camioneta pick up que está dentro del predio y lo mete. Todavía no se llenó, sigue ahí. Cuando se llene de cajas dobladas, lo llevarán a la compañía que les compra el material, lo pesarán y les entregarán unos tickets que consignan el peso total, implorando que la mayor parte esté seca para que no les descuentan 'humedad'.

—Es una rutina cansona, pero nos gusta el trabajo que nosotros hacemos —dice. Mientras, limpia las bolsas de plástico de papeles, de cintas adhesivas, de todo lo que no sea el mismo material. Encuentra un papel que dice "Costa del Este". Se ríe: "Viene de gente de plata". Costa del Este: una de las zonas más “exclusivas” y modernas para vivir en Panamá. Mixia se mete en la bolsa grande y pisa todo el material de adentro, para que se compacte.

Aunque el Ministerio de Ambiente reconoce "los importantes aportes que realizan los recicladores de base a la gestión integral de residuos y a la transición hacia una economía circular", no tiene un censo nacional propio para saber cuántos son, en qué condiciones viven, cómo desarrollan su trabajo, y tampoco tienen idea de qué porcentaje de lo reciclado se produce en los mismos vertederos en manos de los recicladores del Movimiento. 

Varios estudios internacionales hablan del rol de los recicladores de base, de su importancia en el medio ambiente, de lo poco reconocidos que están. Uno es de la Circle Economy Foundation, que dice: "Los recolectores y recicladores informales de residuos asumen gran parte de la labor de gestión de residuos de la región, pero no están integrados formalmente en el sistema de gestión de residuos".

Otro es del Foro Económico Mundial, que dice que los recicladores informales, organizados de manera comunitaria, son responsables de hasta el 50% del material recuperado en la región. 

Para la Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre), si no existe información acerca de los recicladores en la caracterización de la gestión de residuos en el país, difícilmente existirá reconocimiento y los mecanismos adecuados para su inclusión. Por eso, en 2018 impulsaron el primer censo nacional de recicladores de Panamá, realizado en conjunto entre el Movimiento Nacional de Recicladores con la Universidad de Panamá. Fue el primero liderado por una organización de recicladores en Latinoamérica. Un hito autogestionado. 

Según ese censo, en el 2018 el 56% de los recicladores de ese país ganaba menos de 20 dólares por día. 

Sentado en su escritorio en la Universidad de Panamá, la mirada firme, el cabello y la barba blancos, ocho años después de la publicación de ese censo del que fue parte, el profesor Francisco Farnum dice que la situación se complicó, por problemas de salud de los trabajadores, por falta de acceso al material: "Entonces, si disminuyen los recursos, disminuyen los ingresos. Obviamente que eso no alcanza. Eso es una actividad de hambre".

Una actividad que, cuenta Mixia, en un día muy bueno, cuando llega bastante material que pueda reciclar, llega a hacer 30 dólares estadounidenses. Pero eso como mujer. "Porque los hombres tienen más ventaja porque ellos abren las bolsas y obtienen aluminio, lata, hierro. Tienen más facilidad de ganar más que nosotras. Lo que mejor se paga es el aluminio (latas) y el cobre. Nosotras agarramos plástico y cartón". Un día malo, cuenta, es cuando "no se ve mucha rebusca", y puede llegar a irse con las manos vacías a la casa.

¿Qué hace la universidad entonces? "Nosotros como universidad los estamos apoyando porque queremos que ellos tengan un título universitario que bien podría ser a nivel de técnico, que les permita optar por otro tipo de servicios más allá de rebuscar entre los escombros", explica Farnum, que además es investigador y doctor en Diseño de Proyectos y máster en Ecología Vegetal.

Y da ejemplos: apoyo en una barriada, apoyo en un condominio, asesorías a grupos sociales y hasta escuelas. Eso ya viene sucediendo: integrantes del Movimiento Nacional de Recicladores asesoraron en escuelas a padres, madres y estudiantes sobre cómo manejar los residuos en sus casas. También recibieron un taller de competencias blandas: cómo hablar con otros, cómo manejar conflictos, cómo mostrar su conocimiento…

"Ellos tienen muchas competencias duras: saben diferenciar un material del otro, saben pesar, saben valorar, etcétera. Pero las competencias blandas están totalmente alejadas de la realidad. No se venden como un profesional", dice Farnum.  E insiste en que el objetivo es la profesionalización de los recicladores, que obtengan un título, que los recicladores que se formen en la universidad no trabajen en los lugares de disposición, en los vertederos, sino en los eventos anteriores: "Si logramos eso, yo creo que podemos tener un mejor sistema de reciclaje".

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Yenny González sale a caminar por las calles de Bogotá después de unas horas intensas de taller que hace la Asociación de Recicladores de esa ciudad sobre la madera plástica. Sale a caminar y las ve: dos mujeres, que podrían ser ella misma y alguna compañera, pero en otro país, que tampoco es el suyo. Son venezolanas buscando en la basura colombiana. 

—Yo hago esto mismo, yo soy de Panamá, pero trabajo en un vertedero —les dice Yenny cuando se acerca. 

—Yo soy de Venezuela, tengo ya un año estando aquí varada, no puedo avanzar, estamos ahorrando, pero tenemos que sacar para pagar el hospedaje donde estamos.

Un dólar equivale a unos 3.500 pesos colombianos. Esto Yenny no lo sabe, pero lo aprende ese día: "Ella decía que era un poco difícil porque la moneda estaba desvalorada y no podían seguir avanzando en su propósito de llegar hasta Estados Unidos".

Lo importante, piensa Yenny, es que mediante el reciclaje estas mujeres venezolanas pudieron ahorrar, pagar el alojamiento, no dormir en la calle. Se sienta con ellas, comparte su comida, se saca una foto. Y entonces le siguen contando: ese día se les está complicando.

—Ay, ayer la vimos difícil, no pagué los cinco dólares, y no llego a pagar hoy, ya nos van a sacar de donde estamos porque no nos podemos atrasar tres días.

Entonces decide darles 20 dólares, que no le sobran. Ellas le agradecen diciéndole que ahí nadie les ha regalado nada, que sólo les toca sufrir, que las miran mal. Yenny las entiende, sabe que por ser recicladora las personas en todos los países las miran con desprecio, pensando que son lo peor, el último eslabón de todo. Pero ella cree que no, que reciclar "es lo mejor que hay en la vida".  Las mujeres aprendieron a reciclar ahí y piensan hacerlo para avanzar hacia Estados Unidos. Yenny les recomienda, entre risas, no hacerlo en Panamá: porque en Panamá no pagan bien. Se saludan con un abrazo.

En 2024 el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá tomó el cargo en una de las secretarías de la Red Lacre, y ella viaja en representación de los recicladores panameños. Por eso, como estas, tiene historias en Perú, en Brasil, y en distintos países de Centroamérica. En el barrio donde vive sospechan de ella, sospechan de los viajes que hace. Cuando sube una foto a su estado de Whatsapp, los vecinos le escriben a su mamá: "Oye, tu hija anda fuera y cómo si ella no trabaja". La madre se detiene en medio de la calle, mira a la persona a la cara y dice: "Ella está en esto que es de recicladores". Entonces todos quieren tener su trabajo. 

Pero su vida no fue siempre así. Yenny entró a trabajar al Cerro Patacón a los 14. Trabajó 30 años ahí. En ese tiempo, un día un camión le rozó la espalda de la nuca hacia abajo. Otro día la tapa de una botella aplastada por otro camión le golpeó la vista. "Así vimos morir a varios", dice. Ahora, sentada a la mesa en el comedor de su casa, con el teléfono que no para de sonar, a los 50 años, es líder del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. "Si no fuera por el reciclaje, yo estaría viviendo en la calle o muerta", cuenta.

¿Qué quiere hoy?: "Quiero que el mundo sepa que somos seres humanos que sentimos. Que reconozcan nuestro trabajo como una profesión más, como el albañil, el ingeniero, el carpintero, el doctor". Ese primer día en el Cerro Patacón no se le olvida: un vecino les explicó cómo entrar, era campo abierto con algunas casitas de pallets donde las personas se refugiaban del sol. Un mundo diferente al que estaba acostumbrada, donde su madre no la dejaba ni lavar los platos. 

—Cuando estaba chica yo quería estudiar y ser doctora.

Pero no. Fue recicladora. Hoy se reconoce como una líder. Una líder que conoce a los suyos. Dice que a través del censo que hicieron con la Universidad de Panamá lograron tener una base de datos para saber no sólo que son más de 2.000, sino quiénes son, cómo se llama cada reciclador en cada vertedero, cuántas personas dependen de ellos, cuánto genera al día… Ese es el logro del Movimiento. Pero Yenny no se queda con esos números. Sabe que en el vertedero de Ocu hay una recicladora que se llama Máxima, que tiene 60, que hace unos días cumplió años, que tiene problemas en la vista; en Boca del Toro, a la esposa de un compañero le picó una culebra y dejó tres hijos en orfandad; en Puerto Armuelles, las empresas que localmente se consiguen para que administren los vertederos no dejan entrar a los recicladores; y en el vertedero de Colón solo reciclan hombres, no hay mujeres porque ellos no les permiten reciclar porque "el trabajo es muy duro". 

Todo eso sabe Yenny: "Porque una cosa es que tú digas: 'Sí, existe el reciclador'. Pero, ¿quién es? ¿Quién es?", repite en medio del cacareo intenso de una de sus gallinas. Pero el reconocimiento formal aún no llega. 

En Panamá existe la Ley 33 de Basura Cero desde el año 2018, que tiene la finalidad de priorizar la recuperación y el reciclaje, reconociendo formalmente a los recicladores como actores clave del sistema. Pero eso no ocurre así. Francisco Farnum explica que aunque la ley existe, su implementación práctica es casi nula y ha quedado mayormente en el papel. 

La Autoridad de Aseo, un organismo autárquico del Estado nacional, defiende la trayectoria institucional: el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos permitió "establecer una hoja de ruta", dicen desde el área de comunicación del organismo, y señalan que está en desarrollo un Sistema de Información para la Gestión de Residuos (SIGIRS) para consolidar datos nacionales. Hasta marzo de 2023, la empresa que administraba el vertedero de Cerro Patacón era Urbalia, pero se le venció el contrato y tuvo que pagar una multa por el mal manejo de un millón de dólares. Ese fue el momento en que la Autoridad de Aseo tomó el control, declarando la "emergencia ambiental". 

Según el organismo, desde el segundo semestre de ese año "no se han registrado incendios y actualmente se mantiene una cobertura diaria de los residuos incluyendo medidas de mitigación". Aunque dicen que "se han venido impulsando esfuerzos para mejorar las condiciones operativas, fortalecer la organización de los recicladores y promover una gestión más ordenada e inclusiva", reconocen que "aún existen retos importantes en materia de formalización y condiciones sociales".

Dicen también que el Cerro Patacón tiene una "vida útil de cinco años adicionales sobre terreno debidamente habilitado según la norma (Decreto Ejecutivo 275)", por lo que contemplan la construcción de una nueva tina de vertido –un área de contención habilitada para depositar residuos dentro del vertedero– que se iniciaría el próximo mes.

Joana Abrego, abogada ambientalista del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), explica que como no hay un sistema integral, a pesar de ser los únicos que recuperan material los recicladores son tratados como "intrusos dentro de un vertedero". Se trata, dice la especialista, de una labor de mucho riesgo, porque no cuentan con equipamiento adecuado, y operan donde el material ya está contaminado. CIAM interpuso una denuncia en enero de 2024, días después de otro incendio más que cubrió de humo a la capital, contra el administrador de la Autoridad de Aseo, Rafael Prado; el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; y el ministro de Ambiente, Milciades Concepción. 

La acusación invoca los artículos 399 y 402 del Código Penal —delitos contra los recursos naturales, que contemplan penas de hasta ocho años cuando los desechos vertidos son cancerígenos o ponen en peligro la salud—, el artículo 408 por las emisiones tóxicas, el 304 por delitos contra la salud pública, y el 356 por omisión de los deberes de servidor público. Las abogadas piden que se investigue, se sancione y se indemnice por los daños. A más de dos años de la denuncia, desde CIAM no saben en qué punto está: no hubo notificación de avances, y mientras tanto, los tres funcionarios denunciados ya no ocupan sus cargos.

¿Por qué Panamá no logra una solución a esa emergencia? Mariana Méndez, representante de la Cámara de Reciclaje y del Grupo Vidriero Centroamericano, dice que los recicladores de base son el eslabón más importante de la cadena de reciclaje, que incluso son un "recurso humano especializado" que ayuda a resolver problemas graves de contaminación atmosférica, de suelo y del agua, pero que el país los está desaprovechando: "En Panamá no hemos sabido trabajar con el eslabón más importante de la cadena de reciclaje".

Para ella, y para la Cámara de Reciclaje, ni Yenny ni Mixia ni sus compañeros deberían trabajar en vertederos, sino en centros de acopio con material ya clasificado. Pero cada día, a las 5 de la mañana, Mixia se sube a la chiva, como le dicen al bus en Panamá, que ya va llena. Algunas personas van paradas, sostenidas de la baranda alta, sacudiéndose con cada curva. Hay estudiantes con mochila, trabajadores, y recicladores que van al Cerro Patacón. 

Un día suena un reggaetón a todo volumen, que (le) dice: Trabajando duro lo que tengo es bien merecido.

Mixia mira por la ventana.

Vino a conquistar París, pero acabó convirtiéndose en el hazmerreír de la ciudad. Las imágenes del influencer estadounidense Clavicular, una de las figuras de la machosfera seguidor del looksmaxxing —un movimiento que promueve la optimización física extrema—, han inundado las redes sociales. Grabado en directo en las calles de la capital este fin de semana, va de terraza en terraza intentando ligar con mujeres, convencido de que su físico y su mandíbula —que se remodela, según explica él mismo, a martillazos— bastarán para que todas las parisinas caigan rendidas a sus pies. Al final, sufre una larga serie de rechazos, acaba declarando, incrédulo: “Todas deben de ser lesbianas”.

Aunque la derrota en directo de este manfluencer de 20 años, conocido por sus comentarios misóginos, pueda provocar una sonrisa, no debe ocultar un hecho: su ideología no deja de ganar terreno, también en Francia. Así lo constata el informe presentado el miércoles 24 de junio por la delegación de derechos de las mujeres del Senado. Titulado Masculinismo: la nueva ofensiva contra las mujeres, es fruto de siete meses de trabajo, un centenar de comparecencias y un análisis de contenidos en línea.

La primera conclusión de las ponentes es que el movimiento masculinista no se limita a una tendencia en redes sociales impulsada por unos pocos influencers, sino que constituye "un movimiento social y político que pretende acabar con los derechos de las mujeres y, en última instancia, desmantelar nuestros cimientos democráticos", estiman las senadoras. Y añaden: "Al atacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al intentar desacreditar constantemente la voz de las mujeres, al cuestionar derechos conquistados tras décadas de luchas y al exhibir una misoginia violenta y descarada, los movimientos masculinistas representan un riesgo real para nuestra democracia y nuestra cohesión social".

Las redes sociales son el principal altavoz de la machosfera. Sus discursos, por naturaleza muy polarizantes, son propensos a captar la atención y a ser amplificados por los algoritmos. Según un estudio de la Universidad de Dublín citado en el informe, un joven tardaría apenas 26 minutos en recibir recomendaciones de contenidos masculinistas en redes sociales.

"Entre el momento en que empezamos el informe y el momento en que lo entregamos, la proliferación se ha disparado. Teníamos la impresión de estar abordando un tema del mundo virtual y hoy es un asunto que forma parte de la vida de la gente", afirma a Mediapart la senadora socialista Laurence Rossignol, una de las ponentes del informe, junto con sus colegas Béatrice Gosselin, de Los Republicanos, y Olivia Richard, de la Unión Centrista.

"Lo que te cuentan las personas que tienen adolescentes es que un día su hijo les dijo que no iba a recoger la mesa porque no es una tarea de chicos. ¿Dónde ha oído eso? En las plataformas y en los vídeos de los influencers", señala la parlamentaria.

Apoyándose en los códigos del entretenimiento y de la cultura digital, los contenidos masculinistas —que pueden adoptar la forma de vídeos de musculación, piezas humorísticas o consejos de seducción— van modificando poco a poco la visión de las relaciones entre hombres y mujeres de quienes los consumen. Y se difunden progresivamente más allá de su esfera inicial de influencia, sin necesidad de una adhesión inmediata y total por parte de los jóvenes.

Un "veneno" que también entraña un riesgo de radicalización que puede desembocar en violencia. La amenaza terrorista masculinista es actualmente objeto de seguimiento por parte de los servicios de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que tiene en el punto de mira a "una decena de individuos susceptibles de radicalización violenta", según el informe. Todos ellos menores de 21 años.

En julio de 2025, se frustró un atentado en Saint-Étienne, en el departamento del Loira. La Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un joven de 18 años que se identificaba con el movimiento incel —el acrónimo de "celibato involuntario", una de las comunidades más radicales de la machosfera—, que proclamaba el odio hacia las mujeres, a las que responsabilizaba de la insatisfacción sentimental masculina.

Ante esta dinámica, las ponentes llaman a un "despertar de las conciencias" y formulan 24 recomendaciones. Entre ellas, la elaboración de una estrategia interministerial dirigida por una estructura única "encargada de la observación del masculinismo", cuya misión sería coordinar las "políticas públicas de prevención y lucha contra los movimientos masculinistas".

También piden "llevar al ámbito europeo la ambición de hacer frente al modelo económico de las plataformas y redes sociales", mediante una estrategia de desmonetización de los contenidos sexistas, misóginos y masculinistas, con el objetivo de privarlos de ingresos publicitarios. El informe recomienda, además, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida defendida por el Gobierno.

Para Laurence Rossignol, el auge de estos discursos de la machosfera no tiene nada de espontáneo, sino que responde a un proyecto político: "Antes del segundo mandato de Donald Trump, se podía reprochar a las plataformas su desinterés por la regulación. A partir del momento en que todo Silicon Valley se alineó políticamente con Trump, la situación cambió: las plataformas pusieron sus algoritmos al servicio de este tipo de movimientos".

Ese enfoque coordinado entre distintos actores para defender una agenda política también ocupa un lugar central en un informe de Amnistía Internacional Francia (AIF), publicado el jueves 25 de junio. El documento se centra en los movimientos antigénero —de los que el masculinismo es una de las facetas— y que tienen "una ambición clara: menoscabar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ mediante diversos tipos de estrategias y medios", explica a Mediapart Lola Schulmann, responsable de incidencia en justicia de género en AIF.

El informe documenta cómo los derechos de las mujeres y la igualdad de género son cuestionados por distintos actores con el objetivo de rehabilitar las normas patriarcales y reducir el alcance de las políticas públicas de igualdad.

Toma como ejemplo la educación. Para el inicio del curso escolar de 2025 se elaboró y puso en marcha un programa de educación para la vida afectiva, social y sexual (Evars), dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa "generó una fuerte oposición por parte de colectivos como SOS Educación y Padres Vigilantes, que presionaron al Gobierno redactor del programa hasta conseguir la supresión de términos como transfobia", precisa el informe. Padres Vigilantes es una rama de Reconquista, el partido de extrema derecha de Éric Zemmour.

AIF recuerda asimismo que algunos masculinistas intentaron saturar de llamadas la línea 3919, destinada a atender a mujeres víctimas de violencia machista. Estos movimientos antigénero multiplican, además, los actos de violencia e intimidación contra asociaciones de la comunidad LGTBQIA+.

En Lyon, en marzo de 2026, un centro LGTBI fue objeto de una infiltración llevada a cabo por el colectivo Eros, que dice querer "luchar contra las derivas ideológicas woke y LGTBI". En Rennes, en mayo de 2025, otro espacio de este colectivo fue blanco de actos vandálicos, con pintadas insultantes, al igual que un local en Le Mans, según precisa el informe.

Otra ofensiva de los movimientos antigénero es el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, "objeto de diversos ataques que combinan acciones locales, presiones políticas, campañas de desinformación y estrategias transnacionales".

En Estrasburgo, el centro de planificación familiar ha sufrido varios actos vandálicos, con la colocación de pegatinas hostiles contra los médicos que practican abortos. Durante los debates sobre la constitucionalización de este derecho, en mayo de 2023, se pegaron en bicicletas de París adhesivos con mensajes contra el aborto.

Todas estas acciones las llevan a cabo distintos grupos que comparten un mismo proyecto: cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. Además, cuentan con una financiación en constante aumento. El informe se apoya en cifras del Foro Parlamentario Europeo para señalar que Francia "sería el segundo país [europeo] con mayor financiación destinada a combatir la igualdad de género, con 165,7 millones de dólares, solo por detrás de Hungría, con 172 millones de dólares".

Uno de los principales actores en la financiación del movimiento antigénero, según AIF, es el multimillonario Pierre-Édouard Stérin, que "invierte masivamente en proyectos educativos, mediáticos y políticos —colegios no concertados, influencers católicos, medios conservadores— y en la formación de dirigentes políticos cercanos a la extrema derecha". Esto contribuye a "consolidar a largo plazo a las organizaciones contrarias a los derechos, permitiéndoles ocupar un espacio mediático cada vez mayor y coordinar sus mensajes".

"Es importante demostrar hasta qué punto estas organizaciones están sobrefinanciadas. Frente a esto, las autoridades públicas se están desentendiendo bastante", opina Lola Schulmann, que pide al Gobierno una condena clara de las declaraciones y acciones antigénero, una mayor protección legislativa para quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y una financiación acorde con las amenazas que pesan hoy sobre estos avances.

Esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ no se limita a Francia. En su informe, AIF detalla los múltiples intentos de cuestionamiento a escala internacional y las cooperaciones que existen entre actores estatales y no estatales.

El derecho al aborto está siendo cuestionado en Polonia, donde sigue prohibido, pero también en Eslovaquia, con "al menos 20 proyectos de ley contra el aborto presentados entre 2018 y 2021", detalla el informe.

Los derechos de las personas trans también están siendo cuestionados. En su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto que establecía como política oficial de Estados Unidos el reconocimiento exclusivo de "dos sexos, masculino y femenino". En el Reino Unido, el 16 de abril de 2025, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo establece que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

AIF detalla asimismo la cooperación entre Estados a escala internacional para restringir determinados derechos. Como ejemplo, cita la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, redactada durante el primer mandato de Donald Trump y contraria al derecho al aborto. Actualmente la han firmado 41 Estados de todo el mundo.

Traducción de Miguel López

Women Data Lab – La Ciba (Observatorio de Datos Abiertos y Derechos de las Mujeres) organiza este viernes una jornada para hablar sobre feminismo en el contexto de la inteligencia artificial. Bajo la premisa de que la desinformación se ha convertido en uno de los grandes retos de las democracias actuales, la cita contará con la participación de escritoras, periodistas, representantes políticas y académicas que tratarán la problemática desde distintos puntos de vista.

"En el ámbito de los derechos de las mujeres, la desinformación tiene un impacto específico: contribuye a negar desigualdades, cuestionar las políticas públicas de igualdad, desacreditar el feminismo y reforzar narrativas que invisibilizan o distorsionan la realidad de las mujeres", señalan en la presentación del coloquio.

En las mesas redondas se hablará sobre tres enfoques diferentes. La primera tratará las narrativas desinformativas contra los derechos de las mujeres. Es decir, la conversación versará sobre cómo se construyen y circulan las narrativas desinformativas que niegan desigualdades, desacreditan el feminismo y cuestionan las políticas públicas de igualdad; cómo se amplifican en los entornos digitales y cómo pueden medirse y responderse desde el feminismo de datos, con evidencias. Este debate correrá a cargo de Virginia Pérez Alonso (periodista y directora de infoLibre), junto con Carmen Domingo, filóloga, escritora y ensayista feminista.

La segunda mesa analizará el papel de los datos abiertos como infraestructura democrática y como base para una inteligencia artificial responsable. Qué datos alimentan la IA y los procesos automatizados de decisión pública, con qué calidad, trazabilidad y enfoque de derechos, para garantizar información veraz sobre la realidad de las mujeres y reforzar la confianza institucional. Aquí serán Mireia Fernández-Ardèvol, catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Karma Peiró, periodista especializada en tecnología y datos, directora ejecutiva de la Fundación Visualización por la Transparencia, quienes debatirán sobre estos aspectos.

Cerrarán el coloquio la politóloga Ana Gloria Gómez, Laia Garrigó, técnica Data x Woman y Ana Palacios, directora general del Dato en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las tres expertas debatirán sobre iniciativas que ayudan a pasar del diagnóstico a la acción: proyectos y herramientas tecnológicas que usan datos abiertos, inteligencia artificial, visualizaciones interactivas u observatorios para combatir la desinformación y transformar datos en conocimiento útil para las políticas de igualdad.

Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura. 

La víctima atravesó las puertas del recurso residencial, un piso compartido de tres habitaciones, debido a una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de su localidad, Torrelavega (Cantabria). El Ayuntamiento, más de dos años después, considera que los hechos que la llevaron a cumplir los requisitos para entrar en la vivienda se han extinguido.

Pero lo cierto es que todo sigue igual para ella. Hasta principios de 2024, la víctima residía en un piso que había heredado de su madre, cuya titularidad comparte con sus hermanos. El mal estado de la casa, sin embargo, comprometía su seguridad: era necesaria una reparación integral que la víctima no podía asumir económicamente. Hace dos años, el consistorio ordenó "el desalojo de la vivienda" debido a la "situación de deterioro y peligrosidad del inmueble", tal y como dejó plasmado en un expediente al que ha accedido este diario. Es el propio Ayuntamiento quien asume la "ejecución subsidiaria de las obras de reparación", dada la imposibilidad de la víctima de costearlas. 

Loli, según consta en el mismo informe, "se encuentra en exclusión social" debido al "estado de su vivienda y la carencia de recursos". Así que es derivada al recurso de acogida de manera temporal y como solución parcial durante el tiempo que duren las obras. Pero estas nunca se llevaron a cabo: "Ni han empezado, hace un año precintaron la vivienda y un mes después quitaron el precinto. Pero nada de obras", asiente hoy la afectada. 

Pese a ello, el consistorio considera que la víctima ya no se encuentra en una situación de riesgo. Lo argumenta apoyándose en el informe de una trabajadora social, quien entre los motivos para acreditar esa supuesta mejora de su contexto económico incluye asuntos como su relación con "una escritora que de forma puntual le presta apoyo económico", las charlas en las que ha participado en los últimos años debido a su paso por el Patronato de Mujeres y la "perspectiva de que sea reconocida como víctima del franquismo y obtener la correspondiente compensación económica". 

Loli asegura que ni obtiene remuneración alguna por los actos en los que participa, ni existe ninguna previsión de que el estatus de víctima se vaya a materializar en el corto plazo en una indemnización económica. Las víctimas del Patronato han obtenido el perdón y el reconocimiento simbólico de los poderes públicos, pero están lejos de conseguir los derechos por los que llevan años peleando.

Los argumentos del gobierno municipal también incluyen la posesión de una vivienda en propiedad, pero se trata de la misma casa de la que fue expulsada debido a unos daños estructurales que todavía a día de hoy no han sido reparados. La administración le reprocha que no ponga a la venta la casa, pero no tiene en cuenta que la operación requeriría del visto bueno del resto de propietarios. Igualmente, indica que la víctima "ha rechazado alternativas habitacionales voluntariamente". 

Lo cierto es que los servicios municipales le plantearon la posibilidad de acceder al alquiler de una habitación por 320 euros al mes. Pero las cuentas, explica al otro lado del teléfono, no salen. "Con unos ingresos de 480 euros mensuales y un gasto fijo de 156 en medicinas, ¿con qué como?", se pregunta. Loli se encuentra en situación de discapacidad, por lo que buena parte de sus ingresos van a parar a gastos médicos.

La entrada en la vivienda de acogida tenía carácter temporal, un plazo que se fue prorrogando en varias ocasiones. Ahí es donde se aferra ahora la justicia para avalar el desalojo: incluso el mantenimiento de una eventual situación de vulnerabilidad, zanja el tribunal, no justifica el uso indefinido de un recurso habitacional cuya naturaleza es temporal por definición. Pero tampoco hay sobre la mesa ninguna alternativa para Loli. Aunque su intención es recurrir la decisión de los jueces, si la justicia no le da la razón la única opción que tiene es volver a la casa familiar, a pesar de su mal estado y de los riesgos que entraña para su integridad.

La situación de vulnerabilidad por la que transita la víctima es indisociable de su paso por la institución franquista. Si bien las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras que han estudiado la historia y raíces de los reformatorios creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", decía recientemente la historiadora Carmen Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denunciaba.

En ese mismo extremo se detiene Loli. "El primer psiquiatra que me ingresa en el internado, con 12 años, lo hace para que yo prosiga mi formación. Pero eso no sucedió, nunca tuve estudios", lamenta. Así que los obstáculos laborales que ha tenido que enfrentar desde entonces están directamente ligados a lo sucedido dentro de los centros. 

Pero no todos los daños que arrastra son visibles. El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas. De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande. Ahí fue a parar Loli tras las violaciones perpetradas por su progenitor. A ella nadie le preguntó quién era el padre, ni si había sido producto de una agresión sexual. Lo que sí recibió fueron insultos y vejaciones constantes. Loli tuvo dos hijos siendo todavía menor de edad. Nacieron en democracia, pero la institución aún se mantenía con vida y las religiosas que regentaban los centros le obligaron a darlos en adopción. 

La víctima se pregunta de qué manera habría cambiado su futuro si no hubieran hipotecado su infancia y juventud dentro de las paredes de una institución que además mermó su salud mental, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad. También se cuestiona la utilidad del perdón público por parte de los responsables, si al mismo tiempo le son negadas las condiciones mínimas para poder cerrar las heridas.

Las investigadoras que han decidido dedicar su tiempo y trabajo a desentrañar las raíces del consumo de prostitución, se han topado tradicionalmente con un muro infranqueable. Ni estudios, ni encuestas, ni prácticamente análisis capaces de dimensionar la magnitud de un fenómeno poco estudiado. Esta semana, el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han aliado para tratar de arrojar algo de luz a la situación y aportar información precisa, gracias a la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Y las cifras son claras: el 26,65% de los hombres encuestados han pagado a una mujer en situación de prostitución para mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. 

El sesgo de género es evidente: ellas no consumen prostitución, en prácticamente ninguna circunstancia e independientemente de su contexto. Solo un 0,3% de las encuestadas dice acceder al sexo de pago, un porcentaje anecdótico y residual.

La encuesta permite trazar el perfil del cliente de prostitución en España, a partir de los microdatos que proporciona y que han sido analizados por infoLibre. Por grupos de edad, la tendencia es clara: son las generaciones de hombres mayores quienes más acostumbran a consumir prostitución. Concretamente, los hombres que tienen entre 65 y 74 años son los que reconocen con mayor frecuencia haber pagado a una prostituta (41,6%), seguidos de los mayores de 75 años (38,9%). 

Conforme la edad disminuye, el consumo de prostitución también lo hace, pero las cifras continúan siendo llamativas. El 33,7% de los hombres de entre 55 y 64 años admiten haber accedido a la prostitución, igual que el 28,9% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años y el 24,9% de los que cuentan con edades entre los 35 y los 44 años.

Los hombres jóvenes presentan las tasas más bajas de consumo de prostitución. El 13,3% de los varones de entre 25 y 34 años dice haberlo hecho al menos una vez en la vida, e igualmente el 4,1% de aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años. Pero hay un ligero repunte entre los más jóvenes: el 7,8% de los que tienen entre 16 y 19 años dicen haber pagado a una prostituta para tener sexo. Cabe destacar que el 5% de los hombres encuestados señala que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. 

En casi todas las franjas de edad, los clientes de prostitución han llamado a la puerta de los burdeles en más de una ocasión, excepto en el caso de los más jóvenes (16-19 años y 25-34 años), quienes en mayor medida describen un acceso aislado y puntual a la prostitución. La mayoría de los entrevistados (21%) asegura que el momento en el que pagó por última vez por mantener relaciones sexuales fue hace más de cinco años.

Si el cliente de prostitución es fundamentalmente un hombre de edad avanzada, cobra sentido que la encuesta sitúe a los jubilados y pensionistas (40%) como aquellos que más frecuentan la industria de la prostitución, solo por detrás de situaciones de inactividad sin especificar. En el reverso, los estudiantes (4,9%) son los que menores tasas presentan.

Por debajo de la media se encuentran profesiones como militares y cuerpos policiales (12,3%), así como profesionales, científicos e intelectuales (17,1%). Y por encima, el grupo de oficiales, operarios y artesanos (29,7%), junto al de operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras (30%)

La encuesta permite aproximar la lupa a algunas circunstancias de interés, como la religión de los encuestados. Los hombres católicos presentan las mayores tasas de consumo de prostitución: así lo afirma el 30,7% de los no practicantes y el 30,2% de los practicantes. En el extremo opuesto, son los agnósticos (21,1%) y los ateos (21,4%) los que en menor medida dicen haber pagado a mujeres en contextos de prostitución. En un término medio, se sitúan los creyentes de otras religiones (26,4%) y los que no se identifican con ninguna creencia (26,2%).

En una escala de autoubicación ideológica, los hombres que presumen de posiciones más a la extrema derecha son también quienes más reconocen consumir prostitución (29,6%), pero las diferencias respecto a quienes se sitúan más a la izquierda son irrisorias (29,4%). Siendo el uno el extremo más progresista, aquellos hombres que se ubican en la categoría dos y tres son los que presentan tasas más bajas de consumo de prostitución (19,1% y 19,5% respectivamente).

La encuesta evidencia que es en las localidades pequeñas donde existe un mayor consumo de prostitución. El 29,5% de los hombres encuestados que ha pagado por mantener relaciones, pertenece a municipios con menos de 50.000 habitantes. Por el contrario, los territorios con un menor consumo de prostitución (21,5%) son los que tienen entre 100.001 y 400.000 vecinos. 

En cuanto a la pornografía, la encuesta refleja que el 71,8% de los hombres accede a contenidos pornográficos, siendo en este caso una tendencia mayoritaria entre los más jóvenes. En este caso, las dinámicas se invierten: los hombres menores de 35 años son quienes más porno consumen, una práctica que va descendiendo de forma progresiva conforme aumenta la edad de los entrevistados.

El comité clínico que en la Comunidad de Madrid tiene la última palabra sobre los abortos a partir de la vigésima segunda semana de gestación y siempre que el feto esté afectado por una enfermedad muy grave, rechaza ya un tercio de las peticiones que evalúa. La tasa, correspondiente al año pasado, es la mayor registrada en la región en los últimos cinco años. 

Para entenderlo hay que echar un vistazo a la interrupción por causas médicas, lo que incluye distintas situaciones contempladas en la norma. Entre ellas, la detección de anomalías fetales incompatibles con la vida, recogidas en un "dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención", o también cuando se detecte en el feto una enfermedad "extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico". 

Dicho comité, también según la ley, estará compuesto por un "equipo pluridisciplinar" formado por "dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra", teniendo la paciente la posibilidad de elegir a uno de estos especialistas. 

Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en el año 2021 al comité llegaron 37 peticiones de mujeres que querían interrumpir su embarazo por estos motivos, en un estado avanzado de gestación y atravesadas por un pronóstico demoledor. Ocho de ellas obtuvieron una evaluación desfavorable. Es decir, el 21% se topó con la negativa de los expertos. El año pasado, los casos examinados se incrementaron hasta los 42 y los que fueron rechazados ascendieron a 14: un tercio del total (33,3%). En lo que va de año, han sido aprobados cuatro y rechazados tres. Un escenario que denuncia Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid: "Asistimos a un aumento de los casos rechazados, la situación va cada vez a peor".

Jordi Baroja es director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. A sus puertas han llamado centenares de mujeres en los últimos tres años, en el marco de la campaña Més 22. Se trata de mujeres que han recibido la negativa del comité clínico de su comunidad, o a quienes los propios profesionales han recomendado intentarlo en otro territorio, ante la previsible dificultad de conseguir el visto bueno de los miembros del comité que les correspondería inicialmente. 

"Atendemos a una media de una o dos mujeres cada semana, habitualmente son situaciones que han pasado las 22 semanas y hay algún tipo de anomalía fetal", expone al otro lado del teléfono. Muchas de ellas, comenta, se topan con un "laberinto y no saben bien qué hacer, otras tienen información previa de que el comité no les va a tender la mano". La asociación les asesora y les acompaña, también les explica que a partir de la semana vigésima segunda "su cuerpo ya no es suyo, sino que depende de un comité clínico". 

Baroja insiste en aclarar que, a falta de datos globales, no detecta una comunidad concreta con mayores tasas de rechazo y desplazamiento posterior, sino que muchas veces se trata de un "mal endémico", casi siempre producto de la propia redacción legislativa y de su interpretación posterior. Determinar la viabilidad de un embarazo cuando existe una enfermedad "incurable o extremadamente grave es algo tremendamente subjetivo", sostiene. 

"No hay consenso ni entre los comités sobre cuáles son las patologías que deberían entrar en esa categoría", añade. En algunas comunidades es prácticamente imposible que se acepte la interrupción del embarazo cuando existe síndrome de Down o acondroplasia, pone como ejemplo, pero en otras esos mismos supuestos sí son aceptados, así que existe una disparidad palpable. 

En ese punto sitúa el foco José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En primer lugar, la ley contempla dos situaciones distintas en su articulado. Por un lado, habla de "anomalías fetales incompatibles con la vida" recogidas "en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista"; por otro lado, contempla toda "enfermedad extremadamente grave e incurable" que debe estar confirmada por un comité clínico. "Algunas comunidades entienden que es el mismo supuesto y que ambos deben pasar por el comité", cuando en realidad es la segunda de las situaciones descritas la que debe cumplir con ese requisito", sostiene el experto. "Ese es el primer filtro limitativo".

Si existe una enfermedad "incompatible con la vida", no sería necesaria la evaluación de un comité, porque existe un diagnóstico previo y se trata de datos objetivos, añade Bosch. Un extremo que algunas comunidades no tienen en cuenta. En el caso de las enfermedades incurables, se trata de situaciones con un mayor margen de interpretación, por lo que se introduce el filtro del grupo de expertos. Un equipo de profesionales a los que se presupone rigor científico, apuntala el jurista, pero que en ocasiones están marcados por "valoraciones éticas o morales". Y por eso, añade el experto, en algunas comunidades incluso los médicos que tratan con las mujeres aconsejan llamar a la puerta de otro comité.

Cuando esto sucede, muchas mujeres van a parar a la asociación de Baroja. "Hemos visto un mismo caso que ha sido rechazado en una comunidad y después aprobado en otra distinta", lo que demuestra, asiente, que se trata de un asunto "muy subjetivo". Aunque el marco normativo no lo indica expresamente, la ley no prohíbe que cualquier mujer active un comité de otra comunidad. Cataluña está entre las primeras opciones, sospecha el portavoz de la organización, porque el trámite se puede realizar por internet, mientras que en otros territorios es "mucho más laberíntico". 

En cada comunidad debe existir, al menos, un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública, cuyos miembros son designados por las autoridades sanitarias competentes. En Madrid, la actual composición mantiene a dos de los miembros ya presentes en el anterior comité clínico, Manuel Sánchez Luna y Miguel Ángel Huertas. El tercer integrante es Santiago Ignacio Lizarraga, actual jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Lizarraga, denuncia Morales, formó parte del cuadro médico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, "asumiendo un código deontológico totalmente ligado al Opus Dei". Según su propia página web, todos "cuantos trabajan en la clínica han de actuar de acuerdo con las normas de la ética profesional, conforme a las enseñanzas morales de la Iglesia Católica". La diputada lamenta que a día de hoy "no es posible saber a ciencia cierta" si alguno de ellos es objetor de conciencia.

La orden de renovación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a mediados de febrero, precisamente antes de que la justicia obligara a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso a poner en marcha el registro de objetores que exige la ley. Este extremo no es anecdótico, pues ninguno de los miembros del comité podrá figurar en el registro, ni en la actualidad ni en los últimos tres años, tal como introdujo la reforma a la Ley del Aborto. Pero Madrid no tiene registro, así que no hay forma alguna de saber si alguno de los componentes del comité es objetor. 

El requisito incorporado por la reforma "es elemental", opina Bosch. A juicio del experto, resulta clave que el comité no esté "atravesado por la ideología" de los profesionales que lo integran. Pero sin registro, las autoridades podrán designar a quienes consideren sin tener este elemento en cuenta. Por el momento, el plazo de consulta pública ha finalizado ya, "pero no hay previsión alguna de cuándo se aprobará la orden", denuncia la parlamentaria socialista. 

A todo ello se suma una gran barrera en lo que respecta a los derechos de las mujeres: la falta de información. "Hay un desconocimiento generalizado entre las mujeres en cuanto a tener un médico designado por ellas en el comité clínico", percibe Bosch. Un desconocimiento que el experto achaca, en todo caso, a los poderes públicos y a quienes asesoran a las mujeres en todo el recorrido.

Evitar que el pitido que marca el final del partido preceda a una explosión de violencia contra las mujeres. Es el objetivo que persiguen las organizaciones que han puesto en marcha campañas de sensibilización y prevención de cara al Mundial de fútbol 2026. Expectantes y ansiosas de celebración, millones de personas recorrerán durante algo más de un mes los tres países que serán sede del gran evento deportivo a partir del próximo jueves: Estados Unidos, México y Canadá. Con este telón de fondo, hay quien ha puesto la mirada en el entramado de violencia que muchas veces pasa desapercibido en medio del tumulto. 

"Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública", señala la red de organizaciones que ha diseñado la campaña feminista en México. 

No es la primera vez que entidades de todo el mundo ponen la lupa sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en los grandes eventos deportivos. En julio de hace ahora ocho años, el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido confeccionó una campaña poniendo el foco en esa violencia oculta. "Mientras la fiebre del fútbol se extiende por todo el planeta, muchos prefieren no enfrentarse a la incómoda verdad que ensombrece el deporte favorito del mundo", trazaban sus autores. Y advertían: la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo "están estrechamente relacionadas".

La afirmación venía sostenida con datos concretos. El estudio ¿Puede relacionarse el Mundial de fútbol de la FIFA con un aumento de la violencia doméstica?, publicado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido), analiza incidentes de violencia machista denunciados a la policía en el noroeste del país durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010. El informe, pionero en la materia, concluye que el riesgo relativo de violencia machista aumenta un 26% cuando la selección inglesa gana o empata, un porcentaje que se dispara hasta el 38% en caso de derrota. El mismo análisis detecta un incremento del 11% durante el día siguiente al partido, independientemente del resultado.

No se trata de un escenario excepcional. Según un informe elaborado en 2023 por ONU Mujeres, "en todo el mundo, las denuncias policiales por violencia doméstica aumentan" durante grandes eventos deportivos y en algunos territorios "el incremento es superior a un tercio".

El análisis feminista lleva tiempo estudiando el impacto de los llamados factores estresantes en contextos de violencia de género. A las causas estructurales que alimentan la violencia, se suman una serie de detonantes situacionales muy concretos que pueden desencadenar episodios de violencia extrema. Ocurre, por ejemplo, durante las vacaciones estivales, en situaciones de mayor convivencia y en momentos de ola de calor. El verano no es la causa principal de la violencia, pero sí puede dispararla.

Con las grandes competiciones deportivas ocurre algo similar. "Existe una constatación objetiva, documental y científica de que hay un incremento", asiente el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. Para empezar, introduce, por el simple hecho de que se produce una enorme concentración de gente, como sucede en otros grandes eventos de ocio.

"La concentración alrededor de la celebración es una especie de exaltación de las masculinidades" en un contexto de "hombres competitivos, famosos y que buscan enfrentarse unos con otros para salir victoriosos", perfila el exdelegado. Si en un contexto de ocio masivo, como festivales, fiestas populares y ferias se activan puntos violeta y campañas específicas porque se produce una "exaltación de la masculinidad, en una convocatoria en la que precisamente esa masculinidad está en el centro la alerta debe ser mayor".

En ese punto concreto se detiene el análisis Grandes eventos deportivos y violencia machista: una reivisión sistemática, cuyas autoras examinan la literatura científica existente y aterrizan cómo los grandes eventos deportivos pueden funcionar como elemento de riesgo en aquellas situaciones en las que ya existen dinámicas previas de abuso.

Lorente aprecia, partiendo de esa base, dos factores clave que pueden tener incidencia directa en los índices de violencia machista: las dinámicas de grupo y el alcohol. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el consumo nocivo del alcohol como uno de los factores de riesgo en lo que respecta a la violencia machista: "El consumo excesivo de alcohol contribuye a la comisión de actos violentos, incluido un mayor riesgo de violencia de pareja y agresión sexual", señala la organización.

El artículo Fútbol, alcohol y violencia machista, analiza datos relativos a llamadas policiales durante ocho años en Reino Unido, concluyendo que "los partidos de fútbol cambian la dinámica en lo que respecta a la victimización por violencia machista el día del partido". Según el análisis publicado hace dos años, la violencia se disipa durante el encuentro deportivo, pero alcanza su punto máximo entre ocho y diez horas después. El motivo es que "los partidos comienzan más temprano y el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol", existiendo por tanto un "aumento acumulativo general de la violencia".

Las grandes competiciones deportivas "siguen siendo eventos liderados por masas de hombres heterosexuales" que son copartícipes de las "lógicas del ganar y perder", expone la doctora en género y especialista en violencias sexuales Bárbara Tardón. "A la masculinidad hegemónica le encanta competir, pero no soporta perder", afina. Y en ese contexto, los grandes eventos deportivos y "las frustraciones respecto a las expectativas son detonantes del ejercicio de la violencia en pareja o en entornos de ocio". Surge entonces una suerte de cóctel perfecto, no porque la competición deportiva sea por sí misma causa de la violencia, sino porque "se concibe el disfrute de ese evento deportivo en base a un sesgo de género liderado por la masculinidad hegemónica".

Y ahí entra en juego el grupo. El ejercicio de la violencia se ve alimentado por escenarios de celebración, éxtasis y entusiasmo compartido, en los que se produce un "reconocimiento entre iguales, la tendencia a seguir lo que hace el grupo y la sensación de que se diluye la responsabilidad", expone el médico forense. Durante el Mundial de Rusia de 2018 se sucedieron una serie de episodios específicos de acoso a las mujeres periodistas que cubrían el evento. La violencia fue entonces muy visible, con besos, tocamientos y comentarios por parte de aficionados ante las cámaras y la complicidad de quienes lo presenciaban.

Otro ejemplo relacionado con la desinhibición de los agresores está en el caso de la agresión sexual perpetrada por Luis Rubiales contra Jennifer Hermoso. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no dudó en utilizar la euforia y la alegría como baza para desacreditar a la víctima. "No se gana un mundial todos los días", llegó a afirmar el condenado durante el juicio.

"Hablar de descontrol es una de las estrategias para justificar la violencia", expone Lorente. Algo así como el hombre "al que se le va la cabeza o que no supo controlarse". Coincide Tardón: "Forma parte de la excusa recurrente de la ideología patriarcal para justificar por qué se agrede a las mujeres". En ese marco, es habitual una "reinterpretación y manipulación" del contexto, de manera que "cuando se pierde, agreden porque están frustrados; y cuando ganan, porque están eufóricos", ignorando que en realidad "son ellos los que eligen ejercer esa violencia". 

"Las impresionantes esposas y novias de las estrellas", "las mujeres más estilosas" o "las mujeres de los futbolistas europeos más buscadas en la red", son algunos de los mensajes que difunden medios de comunicación al calor de los grandes eventos deportivos. "Son ambientes especialmente propensos a la cosificación y la sexualización de las mujeres, incluso antes de que empiece el campeonato", analiza Lorente, quien sitúa como ejemplo más claro el tratamiento mediático en torno a las denominadas wags –término con el que se conoce a las mujeres y novias de los futbolistas, por su acrónimo en inglés–. "Ahí se les empieza a dar un valor añadido a las mujeres en función de la satisfacción de los hombres", sostiene el exdelegado.

El estudio Tratamiento informativo de las esposas y novias (wags) de los deportistas en la prensa digital deportiva española, concluye que en los cuatro diarios digitales españoles con mayor número de lectores, "existe un desigual tratamiento entre mujeres y hombres", no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Ellas son definidas "por su vida sentimental y esfera privada, presentándolas con patrones de feminidad tradicional basados en la belleza y el apoyo al varón", pero también como "mujeres fatales". Ellos, en cambio, "representan un ideal de masculinidad hegemónica", expresado en el "reconocimiento de sus logros deportivos y adjetivos que alaban su profesionalidad".

Este mismo año volverá a ser protagonista la paraguaya Larissa Riquelme, quien en el Mundial de 2010 fue bautizada por los medios como La novia del Mundial, haciéndose internacionalmente conocida. Hoy, los medios celebran su regreso a las gradas sin cuestionar el sentido, las raíces y las connotaciones de aquel sobrenombre.

La deriva machista no es intrínseca a los ambientes masculinizados, pero lo cierto es que tradicionalmente el mundo del fútbol sí ha estado íntimamente ligado a estereotipos de género y expresiones misóginas. También a pequeña escala: a mediados de mayo, un club de fútbol valenciano celebró la victoria de su equipo juvenil, en el que participan menores, con una stripper en el polideportivo municipal. Tardón cree que el análisis feminista no puede "obviar una realidad: que determinadas disciplinas deportivas están atravesadas por una estructura patriarcal" y eso tiene consecuencias. Ante ese escenario, la experta apuesta por "transversalizar políticas de género en el deporte" y evitar así que las mujeres no solo se queden fuera de ciertas competiciones, sino que además puedan formar parte de los espacios de celebración sin miedo a ser violentadas, invisibilizadas o sexualizadas.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano?". Las palabras fueron pronunciadas por el papa León XIV este lunes en la sede de la soberanía popular, la misma cámara que hace 17 años se unió para consagrar legislativamente el aborto como un derecho irrenunciable de las mujeres. Ya entonces, la Iglesia católica se consolidó como la principal voz discordante en el avance de los derechos reproductivos, situando la interrupción libre del embarazo como enemigo a batir. Casi dos décadas después, las palabras del pontífice resucitan un debate que se creía resuelto en suelo español, alentado por un contexto internacional de avance reaccionario que busca resucitar viejos fantasmas.

El movimiento feminista que ha peleado tradicionalmente por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se encontró respaldado, allá por el año 2009, por el consenso social. Trazar una ley garantista y amplia no era una batalla residual, sino una demanda de la mayoría. Frente a ese sentir mayoritario, se situó la Iglesia. La Conferencia Episcopal dijo de la ley que era "objetivamente incompatible con la recta conciencia moral" y comenzó a hablar de "ideología abortista y de género".

Los obispos reforzaron su narrativa en defensa de "quienes tienen derecho a nacer" y también escenificaron una supuesta preocupación por las mujeres que necesitaban apoyo para no ser "víctimas del aborto". Advertían de los peligros de confundir "la injusticia con el derecho" y no dudaron en sostener algunas de las pancartas que así lo expresaron en las calles. La ley del aborto de 2010 salió finalmente adelante y colocó a España en la vanguardia de los derechos reproductivos. A pesar del avance legislativo, los líderes religiosos no han adaptado su discurso a la realidad social de su tiempo, y ante cada mejora en el plano político, como la reforma de la ley aprobada hace ahora tres años, han vuelto a sacar las garras.

Aquellos argumentos han sido gasolina para los grupos antiabortistas, los mismos que todavía hoy se sitúan frente a las clínicas de interrupción del embarazo para hostigar, amedrentar y violentar a las profesionales y mujeres que deciden atravesar sus puertas, desafiando la legislación vigente. El Código Penal contempla como delito el acoso frente a estos centros privados, en un contexto en el que abortar sigue sin ser un derecho garantizado en la red de hospitales públicos. 

Pero si hoy existe preocupación por las palabras de León XIV, aplaudidas por el grueso de los parlamentarios, es por el telón de fondo en el que se enmarcan. El discurso de buena parte de los líderes políticos a nivel internacional pasa por cuestionar o arrinconar el aborto como derecho. Ya no se trata solo de rosarios, sino también de políticas públicas.

España se resiste al retroceso, pero desde hace años emergen cíclicamente intentos de cuestionar lo que es hoy un derecho consolidado. Sucedió en diciembre de 2024, al calor de la cumbre antiabortista celebrada en el Senado, en la que líderes ultras de todo el globo se dieron cita para clamar contra la "perversidad" del aborto. En aquel enclave participó el exministro del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, un habitual en la difusión de los mensajes ultracatólicos contra el aborto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha decidido dejar en vilo a millones de madrileñas que en los últimos años asisten atónitas a un retroceso que ya no es meramente discursivo, sino material. Madrid es la única comunidad que se ha opuesto firmemente a cumplir la legislación, poniendo resistencias a la creación de un registro de objetores tildado por la presidenta regional como "lista negra". En paralelo, la líder conservadora acaba de aprobar el proyecto de ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, una apuesta política que tiene mucho que ver con los postulados de la Iglesia.

Pero si hay un partido que defiende sin matices las tesis antiabortistas, ese es Vox. La formación de Santiago Abascal plantea, como eje central de su proyecto político, "el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural". Los ultras son los responsables de exportar iniciativas idénticas a las puestas en marcha en otros países europeos, como la perversa propuesta de escuchar el latido fetal dirigido a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo.

En la actualidad, tanto la derecha como la extrema derecha se han dado la mano a la hora de plantear enmiendas a la totalidad contra la reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitucional. Todas ellas fueron rechazadas. 

En el Congreso, a la intervención del papa le siguió un sonoro aplauso. Pero fuera de sus pasillos, no fueron pocos quienes se pusieron en guardia y advirtieron de los riesgos que conlleva normalizar un discurso diametralmente opuesto a los derechos de las mujeres.

Teresa Sáez reconoce preocupación. "Me parece una incoherencia", asiente la activista feminista al otro lado del teléfono, permitir tal negación de los "derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, sobre todo en un contexto en el que toda una legislación lo avala". Es, a su juicio, peligroso. Especialmente teniendo en cuenta un contexto internacional que se empeña en "volver a llevarnos al punto de partida, a reabrir debates de hace 40 años".

Para la feminista Alicia Miyares, la posición expresada por el papa es sencillamente "doctrinal" y sigue la línea fielmente reproducida durante años por la Iglesia. No obstante, sí cree que existe una negación sistemática de las mujeres y sus derechos por parte de los líderes religiosos. "La Iglesia no se siente cómoda con las mujeres, existe una omisión constante y dentro de su seno están en una posición de subordinación", analiza. 

La cuestión no tiene tanto que ver con la posición expresada por el pontífice, sino con el silencio posterior y sus implicaciones a nivel político. El movimiento feminista se pone en guardia, igual que lo hizo ante la gran amenaza de retroceso protagonizada por el Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso recuperar el espíritu de la ley de supuestos de 1985, obligando a las mujeres a justificar su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Entonces, feministas como Alicia Miyares pusieron rumbo a Madrid, decididas a llenar las calles. El llamado Tren de la libertad congregó a decenas de miles de mujeres que se manifestaron para pedir la retirada del anteproyecto de ley con el que Mariano Rajoy quería modificar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y también la dimisión del entonces ministro de Justicia. Consiguieron ambas demandas.

Cada vez que sobrevuela una amenaza de regresión, las feministas se atrincheran en la movilización que pasó enseguida a ser un hito histórico del movimiento. "En materias como estas, estamos fuertes para volver a hacerlo", dice convencida Teresa Sáez. Aunque la activista reconoce que el feminismo no está "permanentemente organizado", sí cree que mantiene intacta la capacidad de responder ante un asunto clave como el derecho al aborto. "Vivimos en el día a día de las mujeres y sabemos que nos va la vida en ello", asiente. 

En un documento escrito a mano, con tinta azul y letra menuda, las monjas Adoratrices decían de Pilar que era una "joven de familia normal y buena moralidad", que presentaba una "conducta irregular" sin ningún "desliz moral", pero moviéndose con "cierta independencia", regresando "tarde a casa" y tratando con "chicos melenudos". Ese fue el motivo por el que acabaría internada en el Patronato de Protección a la Mujer. Aquel escrito, fechado en octubre de 1970, es uno de los pocos que han llegado a manos de las supervivientes. Hoy, tanto ellas como las investigadoras que siguen el rastro de esta opaca institución piden que las congregaciones religiosas hagan públicos todos los archivos a su disposición. Es una cuestión de justicia, reclaman, pero también la única forma de que mujeres como Pilar puedan escribir su historia.

Podemos ha solicitado, con motivo de la visita del papa León XIV a España, la entrega de toda la documentación en poder de las congregaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato durante más de cuatro décadas, así como todos los archivos relacionados con el robo de recién nacidos.

Es una de las reclamaciones que llevan formulando las supervivientes desde que dieron el paso de verbalizar sus relatos de violencia mientras estaban encerradas en la institución franquista, operativa hasta mediados de los 80, ya en democracia. "Las congregaciones establecieron el compromiso público de que nos lo iban a entregar, pero no lo han hecho". Habla Consuelo García del Cid, víctima del Patronato y una de las primeras mujeres en investigar y compartir públicamente lo sucedido en los centros.

En junio del año pasado, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) celebró un acto de perdón a las víctimas, en el que se cerraron distintos compromisos. Los religiosos dijeron entonces estar dispuestos a "esclarecer la verdad" con la "máxima transparencia y colaboración", ofreciendo respuesta a quienes "buscan conocer su historia personal". Prometieron también llevar a cabo una "revisión histórica y análisis crítico" de lo sucedido, impulsando una "reflexión hacia el interior" de sus archivos para poder "analizar con objetividad el impacto del Patronato de Protección a la Mujer" en la propia historia de las congregaciones.

Hace casi un año de aquello y las supervivientes siguen esperando. "Las Misioneras de María Ianua Coeli nos dijeron que cuando entró en vigor la Ley de protección de datos, compraron una trituradora de papel y destruyeron todo. Las Adoratrices nos han dado algún documento suelto, con fechas de entrada y salida. Y las Hijas de la Caridad ni contestan a nuestros correos", afirma García del Cid. "¿Se están burlando de nosotras?", se pregunta.

La víctima insiste en que el acceso a los expedientes serviría para "demostrar cuánto tiempo" permanecieron en los centros, probar el "trabajo gratis" que allí se desempeñaba y los detalles de "un sistema penitenciario oculto" que pasó desapercibido durante demasiado tiempo. "Para muchas de nosotras, nuestras vidas y nuestro futuro estuvieron marcados por el paso por estos centros", clama García del Cid. "Es nuestra historia".

Si alguien sabe bien el valor de los expedientes, son las investigadoras que desde hace años han tratado de arrojar luz sobre las raíces de los reformatorios franquistas. Una de esas personas es María Palau, coautora de Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O., 2026). "Esa documentación es privada y por tanto tenemos un acceso prácticamente imposible, aunque es una pieza fundamental del puzle porque nos permitiría completar el discurso de los verdugos, un discurso patriarcal, misógino e impregnado de nacionalcatolicismo, pero que nos ha permitido ir uniendo puntos para dibujar esa verdad", sostiene la periodista en conversación con infoLibre.

A su juicio, el acceso a los archivos es clave no solo para recuperar la historia del Patronato de Mujeres, sino también para dar forma a los muchos relatos individuales de las supervivientes. Cuando las congregaciones se resisten a compartir los expedientes, en realidad les están "negando gran parte de su identidad", lamenta la escritora. 

Coincide Carmen Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Planeta, 2026). "En esta historia hay un vacío documental", expone al otro lado del teléfono. Lo sabe a ciencia cierta: la doctora en Historia Contemporánea lleva más de diez años buceando en las escasas fuentes documentales existentes para tratar hacer memoria en torno al Patronato. 

Guillén cree fundamental crear una comisión oficial de investigación que implique "la apertura total de los archivos, incluidos los eclesiásticos". La historiadora subraya que la Junta Nacional del Patronato conservaba hasta 1.186 cajas de documentación, pero una inundación sufrida en el archivo donde almacenaban redujo aquella cifra a 31. Las investigadoras han tenido siempre que "bucear en los márgenes" para construir el relato de lo allí sucedido. Acceder a los archivos y expedientes, clama la experta, "ayudaría a cubrir muchos huecos en esta historia". 

España tiene un espejo en el que mirarse: Irlanda. Las llamadas Lavanderías de las Magdalenas fueron instituciones gestionadas por congregaciones religiosas a las que iban a parar niñas y adolescentes pobres, en situación de vulnerabilidad o simplemente ajenas al orden moral dominante. Irlanda ha desarrollado políticas públicas de memoria y reparación hacia las víctimas, investigando lo sucedido, compensando económicamente a las supervivientes y reconociendo su responsabilidad en la violencia que recayó sobre ellas. 

Aunque las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", asiente Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denuncia.

En este extremo se detienen todas las voces consultadas. "Muchas compañeras están al borde del desahucio, mientras las congregaciones siguen funcionando en terrenos regalados por el dictador", destaca García del Cid.

Las niñas internadas en aquellos centros fueron explotadas laboralmente, desarrollando trabajos forzados y sin remunerar como tónica general. Las víctimas también piden que se reconozcan esas labores como años cotizados, para lo que es preciso el acceso a los expedientes y a los libros de contabilidad, esclareciendo así las ganancias obtenidas. Y en ese sentido, demandan también una "investigación sobre las empresas que se beneficiaban con el trabajo forzado de las internas". 

Aquellas mismas niñas que ingresaban por desviarse de la doctrina de la época no solo fueron vejadas, explotadas y violentadas, sino que muchas de ellas llegaron embarazadas y nunca más volvieron a saber nada de sus bebés. "Dentro del complejo entramado institucional que generó el Patronato de Protección a la Mujer, pocos espacios resultan tan difíciles de abordar como los centros maternales", escribe en su libro Carmen Guillén. A medida que el alcance de la institución fue extendiéndose, la "atención a mujeres solteras embarazadas se consolidó como una de sus áreas centrales". Y en ese contexto se produjeron, escribe la historiadora, "procesos de adopciones forzadas y separación sistemática entre madres e hijos".

Un fenómeno que no es exclusivo del Patronato. "El robo de recién nacidos se desarrolló a través de múltiples elementos institucionales y sociales que funcionaron de forma continuada desde la Guerra Civil hasta la década de los 90", expone la investigadora, con "maternidades, hospitales y clínicas privadas" como los "escenarios principales de este proceso", mientras que los registros civiles "jugaron un papel crucial en la legalización del delito al permitir la inscripción fraudulenta de los recién nacidos como hijos biológicos de otras familias". Lo que Guillén llama "arquitectura de la desaparición" fue sostenido por "médicos, religiosas y funcionarios", quienes garantizaron "la eficacia del robo y también su ocultamiento durante décadas".

Las expertas creen que en lo que respecta a los bebés robados, todo está por hacer. Piden la aprobación de una ley nacional y bancos de ADN para la identificación de los niños y niñas "robados en las maternidades del Patronato" y arrancados también "en otras maternidades públicas y privadas".

Las batallas pendientes tienen, en realidad, mucho que ver con el presente. Porque aquellas dinámicas que han sido normalizadas e ignoradas durante décadas, tienen impacto todavía hoy. Lo explica Guillén: es importante, a su juicio, revisar todas las situaciones actuales que puedan seguir "reproduciendo esquemas basados en misoginia y discriminación por razón de etnia, condición social o discapacidad", especialmente ligadas con "retiradas de custodia, con las madres protectoras y con la violencia vicaria". Eso conlleva, en muchos casos, la vigilancia de los "centros regentados por las mismas órdenes religiosas que atienden a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad", destaca la escritora. 

Palau recuerda que la estela de la institución no desapareció con la extinción de los centros, sino que hábilmente se valió de la desmemoria para ir tomando otras formas. "Esas monjas siguen ocupando los mismos espacios. No se hacen cargo de internas, pero sí de mujeres en situación de vulnerabilidad y tenemos indicios que nos llevan a pensar que el trato puede estar siendo similar". 

La periodista entiende que transformar el sistema de servicios sociales supone "un trabajo enorme", pero también cree que es clave ir dando pasos hacia otro modelo. Un primer impulso puede estar en revisar los requisitos que permiten a las congregaciones acceder a fondos públicos, para establecer la imposibilidad de acceder a ayudas públicas mientras no faciliten toda la documentación de la que disponen.

"Puede que ahora tu prioridad sea otra. Puede que ahora no sea tu momento. Pero ese momento llegará". La promesa interpela a aquellas mujeres decididas a buscar la información –a veces escasa, a veces confusa– sobre una técnica cada vez más popular: la congelación de óvulos. La vitrificación es una realidad para miles de mujeres que cada año deciden dar el paso de acudir a una clínica, pese a la información parcial, las muchas dudas que todavía pesan sobre esta práctica y los gastos que conlleva. La mayoría se topa con una industria volcada en ofrecer soluciones aparentemente rápidas e infalibles, pero con mucha letra pequeña.

La preservación de la fertilidad es el tipo de ciclo que "más ha aumentado en los últimos años, con una progresiva reducción de la edad media a la que tiene lugar", pasando de los 38 años a los 35, recoge la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en el documento Hoja de ruta para una reproducción saludable y planificada. 

Según los datos recopilados anualmente por la entidad, el número de mujeres que congelan sus óvulos se ha ido multiplicando progresivamente a lo largo de los años. En 2010, primer ejercicio en el que existe registro, fueron 129 las que tomaron esta decisión, mientras que en 2023 la cifra escaló hasta las 7.158 mujeres que accedieron a la prestación. Estas mujeres, aquellas que eligen congelar óvulos por motivos que no son estrictamente médicos, constituyen el 79,8% del total de usuarias que acceden al servicio.

Pero ¿cuáles son los motivos que les empujan a hacerlo? Un artículo firmado por la socióloga Sara Lafuente, publicado en la revista científica BioSocieties en 2024, analiza las connotaciones sociales en la decisión de congelar óvulos, a partir de entrevistas con profesionales y usuarias. Lafuente pone el foco en aquellas mujeres que entrevén en la preservación una herramienta útil para ganar tiempo, pero también se detiene en esta técnica como síntoma de un contexto social que pone muchas trabas al desarrollo pleno de una crianza en condiciones.

Las entrevistadas hablan de elementos determinantes en su decisión, como la falta de una pareja estable, la precariedad laboral, la crisis habitacional o la falta de políticas sociales encaminadas a facilitar la conciliación. La congelación de óvulos se ha ido configurando, a juicio de la autora del análisis, como una suerte de parche para sortear obstáculos que tienen más que ver con políticas públicas y con el contexto socioeconómico que con decisiones libres. 

Al otro lado del teléfono, la socióloga se detiene en las raíces que empujan a las mujeres a decidirse por la congelación de óvulos y el peso del contexto tanto cultural como socioeconómico. Muchas de las pacientes que entrevistó para su trabajo reconocen haber retrasado "la maternidad no necesariamente porque haya una decisión consciente" encaminada a priorizar el trabajo o el ocio, sino por cuestiones como "la soledad, las condiciones económicas, el problema con la vivienda y porque saben que hoy tener hijos para las mujeres trabajadoras conlleva un coste" en distintos ámbitos que no siempre es asumido desde una perspectiva pública y comunitaria. 

Ocurre entonces que la congelación de óvulos llega a "muchas capas sociales" en comparación con otros países, por lo que existen mujeres que acceden a ella asumiendo el coste que implica, aunque suponga un esfuerzo significativo. Para Lafuente, no deja de ser una "solución individual, a través del mercado, para dar respuesta a problemas que no han sido resueltos desde lo colectivo".

En su libro Sueños y vasijas (Consonni, 2024), la periodista June Fernández hace una aproximación a la lógica mercantilista que envuelve a la preservación de la fertilidad. "La expansión de los mercados reproductivos se ha basado en tres hallazgos científicos del siglo XX: la fecundación in vitro (el óvulo es inseminado fuera del útero), la ovodonación (se implanta en el útero de una mujer un embrión fecundado en el óvulo de otra mujer) y la crioconservación de gametos y embriones (una técnica para almacenar material biológico congelados)", escribe. La demanda de estas técnicas, añade la autora, "se multiplicó gracias a dos cambios sociodemográficos: el retraso de la edad de reproducción y la visibilización de modelos familiares distintos al encabezado por parejas heterosexuales".

En ese sentido, "la mercantilización de la reproducción coincidió con la expansión del neoliberalismo en los años ochenta y noventa". Según la escritora Layla Martínez, autora de Gestación subrogada. Capitalismo, patriarcado y poder (Pepitas de calabaza, 2019), "estos servicios se presentaron de entrada como procedimientos médicos para lograr legitimación social, pero pronto pasaron de la lógica sanitaria a la lógica de mercado. Así, el neoliberalismo demostró que era capaz de comercializarlo todo, incluida la capacidad de crear vida".

En España, agrega la investigadora, "hay una confianza desmedida en la reproducción asistida como una solución". Una confianza que se construye alrededor de la "creencia de que cuando llegue el momento será una opción fácil", pero la realidad es que "no es nada fácil, ni garantista y la gente se encuentra con procesos costosos, largos y difíciles que no siempre funcionan". 

Coincide la ginecóloga Victoria Marcos. "Lo peligroso es que el marketing sea incorrecto. Una congelación de óvulos aumenta las posibilidades de embarazo, pero no lo asegura", reflexiona en conversación con este diario. Aunque matiza que algunas clínicas "son muy sensatas", la profesional sí cree problemático que otras tantas perfilen un panorama de garantía total según el cual la congelación de óvulos servirá, por sí misma, para garantizar poder tener hijos, "cuando la realidad es que no es así".

La Sociedad Española de Fertilidad señala el coste del proceso como el "principal obstáculo". Los precios oscilan entre los dos mil y los cuatro mil euros por ciclo, a lo que deben sumarse otros 300 o 400 euros anuales de mantenimiento de los óvulos preservados, según los cálculos de la misma entidad. A estas cifras pueden añadirse alrededor de otros mil euros, el coste del tratamiento previo a la extracción para estimular la producción ovocitaria.

La organización reclama "el desarrollo de políticas públicas que hagan asequibles estos tratamientos para las ciudadanas, erradicando así problemas de inequidad". Pero, además, los profesionales destacan que una vez que se consigue acceder al proceso, "puede ser altamente estresante a nivel físico y emocional", así que para "reducir al máximo el malestar que sufren muchas pacientes, deberían crearse rutas asistenciales pautadas que aseguren, por defecto, el máximo grado de comodidad posible para las pacientes".

La Seguridad Social únicamente se hace cargo del coste de la prestación en el caso de enfermedades que afecten de alguna manera a la fertilidad, pero el simple deseo de posponer la maternidad –el principal motivo por el que las mujeres recurren a la vitrificación– hace que el impacto económico sea asumido íntegramente por la paciente. 

El Partido Popular se sumergió de lleno en esta cuestión el año pasado, cuando en su ponencia política planteó financiar el servicio con fondos públicos. "No tener un hijo no puede ser una cuestión económica", señalaban entonces los conservadores. "Miles de españoles no pueden formar una familia porque las circunstancias económicas, políticas e incluso sociales se lo impiden", añadían los de Alberto Núñez Feijóo. La Xunta de Galicia es la única comunidad que, desde este año, incorpora el servicio en su red pública también para las mujeres de entre 30 y 35 años sin prescripción médica.

En el debate sobre el peso de la sanidad privada entran en juego diversos elementos. "En el Estado español ha habido históricamente un protagonismo muy fuerte del sector público en casi todos los ámbitos, pero no en la reproducción asistida", introduce Lafuente. En este terreno, el liderazgo del sector privado es indiscutible y existe además una "industria muy fuerte caracterizada por un problema: la compra de clínicas por parte de fondos buitre". Gigantes como el fondo de inversión KKR, con intereses en la Palestina ocupada, están detrás de clínicas dedicadas a la fertilidad. 

A día de hoy, analiza la socióloga, no existe ningún sistema encaminado a "poner coto a cuál es el formato de acumulación en el sistema privado", por lo que el hecho de que existan "fondos de inversión que buscan generar beneficios de forma muy rápida en el ámbito de la medicina es problemático en sí mismo". Como resultado, apuntala la investigadora, "es muy difícil saber si los tratamientos responden a un coste beneficio basado en la salud o a una cuestión puramente económica".

Para Lafuente, el debate no tiene tanto que ver con cuáles son las técnicas actualmente presentes en la privada que debe absorber la Seguridad Social, sino si las instituciones están en condiciones de ofrecer soluciones alternativas desde una perspectiva de políticas públicas. "La congelación de óvulos, aunque en muchos casos es útil, no deja de ser una respuesta que nos ha dado el mercado", zanja. 

Pero hay otra cuestión que rodea a la congelación de óvulos y que inquieta profundamente a las mujeres: las limitaciones a la hora de descongelar los preembriones o gametos femeninos. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde hace dos décadas, plantea la posibilidad de destruir los ovocitos o preembriones siempre como última opción, por detrás de su uso por la propia mujer o su cónyuge, la donación con fines reproductivos o la investigación. 

El cese de la conservación solo puede aplicarse una vez haya finalizado el plazo máximo de conservación previsto por la ley y si no se ha elegido antes otro destino. Para ello, además, es necesario que la paciente presente dos informes de especialistas diferentes y ajenos a su clínica, capaces de avalar que no reúne los requisitos adecuados para el embarazo. Es decir, un laberinto burocrático para las mujeres. ¿Y si la paciente deja de pagar el mantenimiento? Entonces el material pasa a ser propiedad del laboratorio.

El destino final de los óvulos y preembriones está, por tanto, sujeto a una serie de condiciones que limitan la decisión autónoma de cada mujer, una situación que no se produce respecto a la congelación de semen. Es esta asimetría la que quiere corregir ahora el Partido Socialista. La formación presentó el pasado mes de abril una proposición de ley para tratar de eliminar los obstáculos a la hora de decidir en torno a la conservación del material.

Su finalidad, según expone el grupo parlamentario, pasa por "equiparar la normativa de crioconservación de ovocitos con la del semen, reforzando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre el destino de sus propios gametos". La legislación vigente, reseñan los socialistas, impide que la mujer decida "por sí sola poner fin a la conservación de sus ovocitos", su decisión queda "condicionada por una validación externa".

Lafuente lo encaja como un avance encaminado a corregir una "normativa profundamente paternalista", pero cree que es también una oportunidad perdida para revisar igualmente las condiciones en el caso de los preembriones. La diputada socialista Margarita Martín defendió en sede parlamentaria su iniciativa no solo para "reforzar la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus ovocitos", sino también persiguiendo el propósito de "abrir el camino para abordar con seriedad la situación de los preembriones crioconservados".

Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

El Ministerio de Igualdad no termina de deshacerse de la que ha sido su mayor crisis hasta la fecha: los fallos en las pulseras de protección contra maltratadores. Cada error puntual, cada brecha en el sistema y cada alerta para las mujeres trae de vuelta los ecos de aquel terremoto que sacudió al departamento hace meses. Ha sucedido esta semana después de que un hombre se quitara la pulsera que portaba y se dirigiera a su víctima para intentar agredirla, en el municipio de As Neves (Pontevedra). 

Las víctimas que han depositado su confianza en las autoridades conviven con el miedo cada vez que un nuevo caso evidencia los fallos que existen en el sistema. A día de hoy existen 4.330 dispositivos activos que monitorizan los movimientos de los agresores machistas. Pero ante cada grieta, emerge de nuevo la pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones para enmendar los errores?

La respuesta que ofrece el departamento de Ana Redondo es taxativa: mejorar el sistema. Y para cumplir con este cometido, mayo ha sido un mes clave. El actual contrato para la gestión del servicio llega a su fin, así que el ministerio se ha puesto manos a la obra para encontrar un responsable capaz de desarrollar la herramienta con todas las garantías. 

La sorpresa saltó hace unos días, cuando el departamento anunció su intención de volver a conceder el contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

¿Cuáles son las razones por las que Igualdad decide confiar de nuevo en ellas? Según la cartera, tanto los requisitos exigidos por la Administración como las mejoras propuestas por la unión temporal de empresas suponen un salto cualitativo en el servicio. El nuevo acuerdo introduce términos que contribuyen a "reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema", abunda Igualdad. 

A principios de febrero, el departamento sacó a licitación un contrato más amplio y con condiciones más estrictas para la gestión del servicio, con un presupuesto que supera los 111 millones de euros (111.100.438,80 euros) para tres años, ampliables a cinco. Tan solo un mes después, la Mesa de Contratación analizó las dos grandes propuestas que se ajustaban a las demandas trazadas: una liderada por Orange y Verisure; otra por Vodafone y Securitas. La segunda candidatura se erigió como la líder, muy por encima de sus competidores, obteniendo la máxima puntuación en la evaluación técnica.

Según concluyeron los técnicos, la unión de empresas incluyó en su oferta "destacadas medidas de protección" para garantizar el funcionamiento de los dispositivos, con materiales "concebidos para soportar golpes, arañazos y desgaste diario, resistencia alta frente al agua y al polvo, sensores de temperatura corporal y distintas capas de seguridad para detectar cualquier intento de manipulación". Algunas de las fallas detectadas en años anteriores tenían que ver precisamente con el deterioro de las pulseras cuando se sumergían en agua y sus escasas garantías a la hora de evitar manipulaciones, tal y como ha sucedido esta semana en el caso de As Neves.

Otro de los cambios introducidos atañe al corazón mismo de la herramienta: los dispositivos se incrementarán hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". La unión de empresas también mejorará la batería de los móviles, dispositivos de control, rastreo y comunicación que portan tanto el agresor como la víctima y que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Eso sí, en un documento público de preguntas y respuestas, la Administración indica a los licitadores que los nuevos dispositivos serán "compatibles" con los que ya existen a día de hoy. En el caso concreto de los móviles, "una parte de ellos se seguirá utilizando, independientemente de si son dispositivos más antiguos". Los que están en funcionamiento, añade el órgano de contratación en una de las respuestas, "no tienen que cumplir necesariamente los requisitos del pliego que está en licitación actualmente, pero son del ministerio, son válidos y aún tienen tiempo de vida útil. Los nuevos estarán más actualizados y tienen que cumplir las especificaciones del pliego". 

La oferta de Vodafone y Securitas incluye también la definición de "protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio", una cuestión especialmente relevante dada la crisis que estalló en el seno del ministerio hace meses. 

Hoy, la unión temporal de empresas detalla las medidas a aplicar ante la gestión de incidencias, tanto en la instalación de los dispositivos como en los "casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciberincidentes". Las soluciones propuestas, valoran los expertos, son "adecuadas y coherentes", si bien "no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución".

Garantizar una respuesta ágil ante cualquier tipo de eventualidad cobra especial relevancia dado el contexto. El 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que hizo saltar todas las alarmas, tanto de la Administración como de las víctimas. A principios de marzo, Igualdad anunció que sancionaba a Vodafone con una multa de 25.285 euros como responsable de este fallo. 

El sistema de seguimiento telemático lleva meses en el foco no solo por esta grieta registrada en noviembre, sino por las múltiples incidencias sostenidas en el tiempo desde que la unión temporal de empresas se hiciera cargo del servicio, hace ahora dos años. Todo comenzó durante el proceso de migración de datos entre la anterior adjudicataria y la actual. En ese momento, un error en el volcado de información provocó diversas absoluciones y sobreseimientos en los tribunales, con un impacto material y simbólico en las víctimas. 

A ese fallo se sumaron otras disfunciones técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, elementos que han tenido un peso importante en el nuevo contrato. Igualdad trató entonces de atemperar los ánimos, subrayando que el sistema era garantista, aunque no infalible. Ahora, el ministerio trata de hacerlo cada vez más eficaz dándole una segunda oportunidad a los responsables de la mayor crisis del departamento.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados". 

Un recuerdo repetido. Afueras de la ciudad. Una empresa celebra una barbacoa en el jardín de una casa. Ha llegado ese calor de junio que aprieta de golpe el grito de las chicharras a mediodía. De las veinte personas que han ido a comer, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Se terminan los postres y pasadas las copas de después, los hombres se tiran a la piscina, han traído bañador. Las mujeres, no. Ellas se acercan a su borde, meten las piernas hasta las rodillas, arremangan sus camisas, mojan sus nucas abrasadas, se pasan la crema solar. ¿No os bañáis?, les dice uno de ellos. Por supuesto que no. Todas estas mujeres no quieren ser vistas en traje de baño. Porque están blancas, porque tienen pelo, porque la regla. La mayoría piensan que su cuerpo no se ajusta a la foto: creen que están gordas. Que se ha echado encima el verano y no han conseguido adelgazar uno, dos, cinco, diez, veinte kilos. Las fotos de la fiesta correrán por el grupo de WhatsApp y mostrarán a los hombres mojados, agarrados por los hombros, sus cuerpos fríos, sonriendo, y a ellas adornando el borde del agua. 

Pasando calor. 

Toda la vida a dieta. Quien no ha pronunciado esta frase desconoce el esfuerzo crónico e imposible por ajustar un metabolismo a los cánones de belleza cambiantes que caen sobre la mujer. Y, sin embargo, la respuesta es casi unánime: así no cabes. En el canon, en la ropa, en un ideal, en la foto. No siempre es glotonería, no es siempre dejadez, no es siempre voluntario, no es algo merecido, no siempre tiene consecuencias sobre la salud. Y otra cosa: si tu tendencia es que te engorde hasta el aire que respiras, adelgazar cuesta –además de una voluntad de hierro para conseguirlo que no siempre se tiene afinada porque la vida– dinero.

Lo rozamos con la punta de los dedos. Lo llamaron body positive, pero tenía algo que chirriaba. Pretendía visibilizar todo tipo de cuerpos, pero siempre poniendo la belleza, lo que se aproximaba al canon normativo a pesar del peso, en el centro. Si eras gorda y fea, no eras curvy. Puedes tener unos muslos grandes, pero que en la cara no se te noten. Las curvys, si es que lo eran, fueron todas unas mujeres preciosas, de melenas largas y brillantes y rasgos de muñeca. Pero, de un tiempo a hoy, la delgadez ha vuelto con las inyecciones milagro y, con ella, toda una batería de cuidados estéticos enfocados en la mujer, amplificados por las redes sociales y el consumo desatado de productos. No conozco a ningún hombre que tenga una rutina facial o capilar consistente en pasos incontables antes de dormir. Los que yo conozco, se duermen, se despiertan y andan. 

Quienes hemos tenido toda la vida que pelear con el peso, desde que se nos negaron las papillas de cereales siendo bebés, sabemos la deformación en la autoestima que produce cualquier comentario acerca de nuestro físico no ajustado a ese canon. Palabras que nunca se olvidan: aquella amiga de mi abuela que me dijo que con lo guapa que era, debería estar más flaca, yo solo tenía siete años; aquella profesora de quinto en el colegio que quiso explicarme que nunca tendría la talla ideal poniéndome al lado de una compañera en educación física, y dio igual que yo fuera mejor que ella en cualquier deporte, eso no era importante; ese familiar que te quiere, pero que no pierde ocasión de decirte en un restaurante delante de todos que no comas más pan y, si lo haces, hola, culpa. Si te vas a embarazar, adelgaza; si te vas a casar, adelgaza; que viene el verano, adelgaza; que te van a hacer fotos, mete tripa, ponte de lado, vístete de negro, lo que sea para arañar un milímetro a la vista del otro. Cuánta resistencia y seguridad hay que tener para seguir sintiéndote alguien deseable, alguien que camina feliz por su vida, con toda esa desaprobación constante encima. Ya se lo digo yo: mucha. 

Hace casi medio siglo, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Y hace cuatro décadas, Ariadna (nombre ficticio) se convirtió en víctima de violencia sexual del mismo hombre que todos elogiaban, según denuncia hoy. La proximidad de los actos de homenaje al expresidente acelera las pulsaciones de su víctima, decidida a romper con el silencio que ha pesado sobre ella durante años. Con ese propósito ha remitido esta semana tres cartas a sendos actores clave: el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y a la reina Letizia. "Merezco vivir en paz", escribe en las misivas, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ariadna se dirige a todos ellos tratando de expresar los motivos de su silencio y las razones que la llevan a buscar hoy reparación. Solo tras un proceso "terapéutico largo y difícil", se apresura a detallar, la víctima pudo "entender lo ocurrido, procesar el trauma y compartirlo públicamente". En ningún caso, aclara, "ha sido un silencio libre y voluntario, sino condicionado por unos daños psíquicos ocasionados por una figura política de mucho poder en nuestro país, que me impedían hablar sin temor".

La víctima denunció al expresidente, fallecido hace doce años, en diciembre de 2025. Lo hizo a sabiendas del nulo recorrido penal de la causa, pero con la certeza de que sus vivencias debían salir del ámbito privado y agotar todas las vías a su disposición para reclamar justicia. El caso fue archivado según lo previsto, pero la denunciante confía en que existen todavía otras puertas a las que llamar para conseguir una reparación simbólica del dolor con el que ha cargado durante décadas. 

En la carta dirigida a la reina expresa su "preocupación personal ante la proximidad de los actos conmemorativos previstos, a partir del próximo mes de julio de 2026, con motivo del cincuenta aniversario del nombramiento de quien fuera mi agresor como presidente del Gobierno de España". Una fecha marcada en el calendario que despierta en ella "un temor real a experimentar una nueva forma de invisibilidad y revictimización".

El fallecimiento de Suárez, uno de los líderes indiscutibles de la Transición, no supuso para su víctima un bálsamo, sino todo lo contrario: su muerte no hizo más que "aumentar su ensalzamiento por parte de los diferentes gobiernos y las instituciones públicas", por lo que el daño "lejos de cesar perdura a día de hoy".

Ariadna está convencida de que la búsqueda de justicia no pasa exclusivamente por los tribunales. Y es esa convicción la que le empuja a reclamar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido, sin negar "la relevancia histórica y política que muchas personas atribuyen" al acusado. "No es mi intención cuestionar dichas valoraciones, si bien debería tenerse en cuenta que la memoria pública también convive con experiencias de dolor en las que no ha habido justicia ni reparación, como la mía", escribe.

La víctima se apoya en la ley del solo sí es sí para reclamar la reparación como "un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos". Ariadna y su equipo jurídico defienden que el texto legal debe tener efectos materiales en casos como el suyo, por lo que exige acciones concretas "al igual que se está avanzando en la reparación de las víctimas de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en delitos prescritos y cuyos agresores han fallecido".

A Justicia e Igualdad les plantea la posibilidad de trabajar hacia una "declaración pública o acto institucional" que contribuya a restituir su "dignidad como persona y como mujer", además de instarles a la adopción de "medidas de memoria, sensibilización y prevención que eviten la repetición de situaciones similares". Cree que su caso puede servir a otras muchas mujeres como ella. 

A los ministerios de Félix Bolaños y Ana Redondo les propone también la valoración de "medidas de reparación complementaria, incluida, en su caso, una compensación económica acorde con los daños sufridos y su prolongación en el tiempo".

Las alarmas de la denunciante saltaron gracias a un curso organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "En conmemoración del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, este curso realiza un análisis del principal protagonista de la Transición", describe la universidad. El evento se celebrará durante tres días y constará de diversos paneles, en los que no participa ninguna mujer experta.

La previsión del acto removió a la víctima y le hizo pensar, tal y como narra a este diario, en los otros muchos homenajes que estaban por venir. Así que decidió que era el momento de activar todos los mecanismos a su alcance e interpelar a las instituciones.

Ariadna conoce bien las secuelas que deja la revictimización, por eso desde que dio el paso de verbalizar públicamente su caso señaló dos elementos como principales obstáculos en su proceso de recuperación: la serie Anatomía de un instante y el aeropuerto de Madrid bautizado con el nombre de su presunto agresor.

El pasado mes de enero, la víctima tuvo un primer encuentro con la ministra de Igualdad, precisamente para poner sobre la mesa esas dos losas que pesan sobre ella. La cita, sin embargo, no dio los frutos esperados. A lo largo de una hora, la denunciante deslizó la necesidad de poner en marcha medidas de reparación, pero no encontró en aquella reunión ningún compromiso real por parte de las instituciones.

Pero Ariadna no ceja en su empeño. Rechaza volver a enterrar lo sucedido en la intimidad de su hogar, así que pide abrir un "espacio de diálogo institucional" para abordar su caso desde "una perspectiva de justicia reparadora".