Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

El Ministerio de Igualdad no termina de deshacerse de la que ha sido su mayor crisis hasta la fecha: los fallos en las pulseras de protección contra maltratadores. Cada error puntual, cada brecha en el sistema y cada alerta para las mujeres trae de vuelta los ecos de aquel terremoto que sacudió al departamento hace meses. Ha sucedido esta semana después de que un hombre se quitara la pulsera que portaba y se dirigiera a su víctima para intentar agredirla, en el municipio de As Neves (Pontevedra). 

Las víctimas que han depositado su confianza en las autoridades conviven con el miedo cada vez que un nuevo caso evidencia los fallos que existen en el sistema. A día de hoy existen 4.330 dispositivos activos que monitorizan los movimientos de los agresores machistas. Pero ante cada grieta, emerge de nuevo la pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones para enmendar los errores?

La respuesta que ofrece el departamento de Ana Redondo es taxativa: mejorar el sistema. Y para cumplir con este cometido, mayo ha sido un mes clave. El actual contrato para la gestión del servicio llega a su fin, así que el ministerio se ha puesto manos a la obra para encontrar un responsable capaz de desarrollar la herramienta con todas las garantías. 

La sorpresa saltó hace unos días, cuando el departamento anunció su intención de volver a conceder el contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

¿Cuáles son las razones por las que Igualdad decide confiar de nuevo en ellas? Según la cartera, tanto los requisitos exigidos por la Administración como las mejoras propuestas por la unión temporal de empresas suponen un salto cualitativo en el servicio. El nuevo acuerdo introduce términos que contribuyen a "reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema", abunda Igualdad. 

A principios de febrero, el departamento sacó a licitación un contrato más amplio y con condiciones más estrictas para la gestión del servicio, con un presupuesto que supera los 111 millones de euros (111.100.438,80 euros) para tres años, ampliables a cinco. Tan solo un mes después, la Mesa de Contratación analizó las dos grandes propuestas que se ajustaban a las demandas trazadas: una liderada por Orange y Verisure; otra por Vodafone y Securitas. La segunda candidatura se erigió como la líder, muy por encima de sus competidores, obteniendo la máxima puntuación en la evaluación técnica.

Según concluyeron los técnicos, la unión de empresas incluyó en su oferta "destacadas medidas de protección" para garantizar el funcionamiento de los dispositivos, con materiales "concebidos para soportar golpes, arañazos y desgaste diario, resistencia alta frente al agua y al polvo, sensores de temperatura corporal y distintas capas de seguridad para detectar cualquier intento de manipulación". Algunas de las fallas detectadas en años anteriores tenían que ver precisamente con el deterioro de las pulseras cuando se sumergían en agua y sus escasas garantías a la hora de evitar manipulaciones, tal y como ha sucedido esta semana en el caso de As Neves.

Otro de los cambios introducidos atañe al corazón mismo de la herramienta: los dispositivos se incrementarán hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". La unión de empresas también mejorará la batería de los móviles, dispositivos de control, rastreo y comunicación que portan tanto el agresor como la víctima y que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Eso sí, en un documento público de preguntas y respuestas, la Administración indica a los licitadores que los nuevos dispositivos serán "compatibles" con los que ya existen a día de hoy. En el caso concreto de los móviles, "una parte de ellos se seguirá utilizando, independientemente de si son dispositivos más antiguos". Los que están en funcionamiento, añade el órgano de contratación en una de las respuestas, "no tienen que cumplir necesariamente los requisitos del pliego que está en licitación actualmente, pero son del ministerio, son válidos y aún tienen tiempo de vida útil. Los nuevos estarán más actualizados y tienen que cumplir las especificaciones del pliego". 

La oferta de Vodafone y Securitas incluye también la definición de "protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio", una cuestión especialmente relevante dada la crisis que estalló en el seno del ministerio hace meses. 

Hoy, la unión temporal de empresas detalla las medidas a aplicar ante la gestión de incidencias, tanto en la instalación de los dispositivos como en los "casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciberincidentes". Las soluciones propuestas, valoran los expertos, son "adecuadas y coherentes", si bien "no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución".

Garantizar una respuesta ágil ante cualquier tipo de eventualidad cobra especial relevancia dado el contexto. El 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que hizo saltar todas las alarmas, tanto de la Administración como de las víctimas. A principios de marzo, Igualdad anunció que sancionaba a Vodafone con una multa de 25.285 euros como responsable de este fallo. 

El sistema de seguimiento telemático lleva meses en el foco no solo por esta grieta registrada en noviembre, sino por las múltiples incidencias sostenidas en el tiempo desde que la unión temporal de empresas se hiciera cargo del servicio, hace ahora dos años. Todo comenzó durante el proceso de migración de datos entre la anterior adjudicataria y la actual. En ese momento, un error en el volcado de información provocó diversas absoluciones y sobreseimientos en los tribunales, con un impacto material y simbólico en las víctimas. 

A ese fallo se sumaron otras disfunciones técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, elementos que han tenido un peso importante en el nuevo contrato. Igualdad trató entonces de atemperar los ánimos, subrayando que el sistema era garantista, aunque no infalible. Ahora, el ministerio trata de hacerlo cada vez más eficaz dándole una segunda oportunidad a los responsables de la mayor crisis del departamento.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados". 

Un recuerdo repetido. Afueras de la ciudad. Una empresa celebra una barbacoa en el jardín de una casa. Ha llegado ese calor de junio que aprieta de golpe el grito de las chicharras a mediodía. De las veinte personas que han ido a comer, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Se terminan los postres y pasadas las copas de después, los hombres se tiran a la piscina, han traído bañador. Las mujeres, no. Ellas se acercan a su borde, meten las piernas hasta las rodillas, arremangan sus camisas, mojan sus nucas abrasadas, se pasan la crema solar. ¿No os bañáis?, les dice uno de ellos. Por supuesto que no. Todas estas mujeres no quieren ser vistas en traje de baño. Porque están blancas, porque tienen pelo, porque la regla. La mayoría piensan que su cuerpo no se ajusta a la foto: creen que están gordas. Que se ha echado encima el verano y no han conseguido adelgazar uno, dos, cinco, diez, veinte kilos. Las fotos de la fiesta correrán por el grupo de WhatsApp y mostrarán a los hombres mojados, agarrados por los hombros, sus cuerpos fríos, sonriendo, y a ellas adornando el borde del agua. 

Pasando calor. 

Toda la vida a dieta. Quien no ha pronunciado esta frase desconoce el esfuerzo crónico e imposible por ajustar un metabolismo a los cánones de belleza cambiantes que caen sobre la mujer. Y, sin embargo, la respuesta es casi unánime: así no cabes. En el canon, en la ropa, en un ideal, en la foto. No siempre es glotonería, no es siempre dejadez, no es siempre voluntario, no es algo merecido, no siempre tiene consecuencias sobre la salud. Y otra cosa: si tu tendencia es que te engorde hasta el aire que respiras, adelgazar cuesta –además de una voluntad de hierro para conseguirlo que no siempre se tiene afinada porque la vida– dinero.

Lo rozamos con la punta de los dedos. Lo llamaron body positive, pero tenía algo que chirriaba. Pretendía visibilizar todo tipo de cuerpos, pero siempre poniendo la belleza, lo que se aproximaba al canon normativo a pesar del peso, en el centro. Si eras gorda y fea, no eras curvy. Puedes tener unos muslos grandes, pero que en la cara no se te noten. Las curvys, si es que lo eran, fueron todas unas mujeres preciosas, de melenas largas y brillantes y rasgos de muñeca. Pero, de un tiempo a hoy, la delgadez ha vuelto con las inyecciones milagro y, con ella, toda una batería de cuidados estéticos enfocados en la mujer, amplificados por las redes sociales y el consumo desatado de productos. No conozco a ningún hombre que tenga una rutina facial o capilar consistente en pasos incontables antes de dormir. Los que yo conozco, se duermen, se despiertan y andan. 

Quienes hemos tenido toda la vida que pelear con el peso, desde que se nos negaron las papillas de cereales siendo bebés, sabemos la deformación en la autoestima que produce cualquier comentario acerca de nuestro físico no ajustado a ese canon. Palabras que nunca se olvidan: aquella amiga de mi abuela que me dijo que con lo guapa que era, debería estar más flaca, yo solo tenía siete años; aquella profesora de quinto en el colegio que quiso explicarme que nunca tendría la talla ideal poniéndome al lado de una compañera en educación física, y dio igual que yo fuera mejor que ella en cualquier deporte, eso no era importante; ese familiar que te quiere, pero que no pierde ocasión de decirte en un restaurante delante de todos que no comas más pan y, si lo haces, hola, culpa. Si te vas a embarazar, adelgaza; si te vas a casar, adelgaza; que viene el verano, adelgaza; que te van a hacer fotos, mete tripa, ponte de lado, vístete de negro, lo que sea para arañar un milímetro a la vista del otro. Cuánta resistencia y seguridad hay que tener para seguir sintiéndote alguien deseable, alguien que camina feliz por su vida, con toda esa desaprobación constante encima. Ya se lo digo yo: mucha. 

Hace casi medio siglo, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Y hace cuatro décadas, Ariadna (nombre ficticio) se convirtió en víctima de violencia sexual del mismo hombre que todos elogiaban, según denuncia hoy. La proximidad de los actos de homenaje al expresidente acelera las pulsaciones de su víctima, decidida a romper con el silencio que ha pesado sobre ella durante años. Con ese propósito ha remitido esta semana tres cartas a sendos actores clave: el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y a la reina Letizia. "Merezco vivir en paz", escribe en las misivas, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ariadna se dirige a todos ellos tratando de expresar los motivos de su silencio y las razones que la llevan a buscar hoy reparación. Solo tras un proceso "terapéutico largo y difícil", se apresura a detallar, la víctima pudo "entender lo ocurrido, procesar el trauma y compartirlo públicamente". En ningún caso, aclara, "ha sido un silencio libre y voluntario, sino condicionado por unos daños psíquicos ocasionados por una figura política de mucho poder en nuestro país, que me impedían hablar sin temor".

La víctima denunció al expresidente, fallecido hace doce años, en diciembre de 2025. Lo hizo a sabiendas del nulo recorrido penal de la causa, pero con la certeza de que sus vivencias debían salir del ámbito privado y agotar todas las vías a su disposición para reclamar justicia. El caso fue archivado según lo previsto, pero la denunciante confía en que existen todavía otras puertas a las que llamar para conseguir una reparación simbólica del dolor con el que ha cargado durante décadas. 

En la carta dirigida a la reina expresa su "preocupación personal ante la proximidad de los actos conmemorativos previstos, a partir del próximo mes de julio de 2026, con motivo del cincuenta aniversario del nombramiento de quien fuera mi agresor como presidente del Gobierno de España". Una fecha marcada en el calendario que despierta en ella "un temor real a experimentar una nueva forma de invisibilidad y revictimización".

El fallecimiento de Suárez, uno de los líderes indiscutibles de la Transición, no supuso para su víctima un bálsamo, sino todo lo contrario: su muerte no hizo más que "aumentar su ensalzamiento por parte de los diferentes gobiernos y las instituciones públicas", por lo que el daño "lejos de cesar perdura a día de hoy".

Ariadna está convencida de que la búsqueda de justicia no pasa exclusivamente por los tribunales. Y es esa convicción la que le empuja a reclamar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido, sin negar "la relevancia histórica y política que muchas personas atribuyen" al acusado. "No es mi intención cuestionar dichas valoraciones, si bien debería tenerse en cuenta que la memoria pública también convive con experiencias de dolor en las que no ha habido justicia ni reparación, como la mía", escribe.

La víctima se apoya en la ley del solo sí es sí para reclamar la reparación como "un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos". Ariadna y su equipo jurídico defienden que el texto legal debe tener efectos materiales en casos como el suyo, por lo que exige acciones concretas "al igual que se está avanzando en la reparación de las víctimas de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en delitos prescritos y cuyos agresores han fallecido".

A Justicia e Igualdad les plantea la posibilidad de trabajar hacia una "declaración pública o acto institucional" que contribuya a restituir su "dignidad como persona y como mujer", además de instarles a la adopción de "medidas de memoria, sensibilización y prevención que eviten la repetición de situaciones similares". Cree que su caso puede servir a otras muchas mujeres como ella. 

A los ministerios de Félix Bolaños y Ana Redondo les propone también la valoración de "medidas de reparación complementaria, incluida, en su caso, una compensación económica acorde con los daños sufridos y su prolongación en el tiempo".

Las alarmas de la denunciante saltaron gracias a un curso organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "En conmemoración del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, este curso realiza un análisis del principal protagonista de la Transición", describe la universidad. El evento se celebrará durante tres días y constará de diversos paneles, en los que no participa ninguna mujer experta.

La previsión del acto removió a la víctima y le hizo pensar, tal y como narra a este diario, en los otros muchos homenajes que estaban por venir. Así que decidió que era el momento de activar todos los mecanismos a su alcance e interpelar a las instituciones.

Ariadna conoce bien las secuelas que deja la revictimización, por eso desde que dio el paso de verbalizar públicamente su caso señaló dos elementos como principales obstáculos en su proceso de recuperación: la serie Anatomía de un instante y el aeropuerto de Madrid bautizado con el nombre de su presunto agresor.

El pasado mes de enero, la víctima tuvo un primer encuentro con la ministra de Igualdad, precisamente para poner sobre la mesa esas dos losas que pesan sobre ella. La cita, sin embargo, no dio los frutos esperados. A lo largo de una hora, la denunciante deslizó la necesidad de poner en marcha medidas de reparación, pero no encontró en aquella reunión ningún compromiso real por parte de las instituciones.

Pero Ariadna no ceja en su empeño. Rechaza volver a enterrar lo sucedido en la intimidad de su hogar, así que pide abrir un "espacio de diálogo institucional" para abordar su caso desde "una perspectiva de justicia reparadora".

Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

Nos faltaba la mitad de la Historia. Y nos falta todavía buena parte. Los avances no se levantan casi nunca de cero. Alguien empujó antes. Pero quiénes. No es una forma de hablar para explicar que la historia que vivieron y movieron las mujeres no había sido contada. O, más justo, que ha sido ignorada deliberadamente, mantenida de forma consciente en la oscuridad, en el territorio de las puertas para dentro del hogar, donde no siempre estuvieron. Ellas en la sombra, aquellas que impulsaron avances, que se rebelaron, que se arriesgaron cuando la sociedad no estaba a favor de permitir su libertad, pero también las que resistieron en el lugar que se les asignaba y las que se derrumbaron bajo un tejido social y familiar patriarcal que durante siglos nos aplastó.

Mucho silencio.

Frente a esa desmemoria, desde hace un tiempo, surgen narrativas que encienden luces en espacios que nunca antes fueron iluminados. Y una se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí ignorándolo, desoyendo sus nombres o nombrándolas con muy escaso conocimiento, siguiendo adelante con una historia desequilibrada que pretendió y había conseguido ser única. Hasta ahora. El feminismo es también un ajuste de cuentas con los relatos anteriores que tensa la posición de lo fijado. Que desestabiliza lo consensuado. Que propone nuevas palabras para lo político. Que remueve el gran caldero de lo que ya fue escrito. Por eso, el feminismo es revolución.

Este año se cumplen cien de la fundación del Lyceum Club Femenino, una institución fundada durante la dictadura de Primo de Rivera y desconocida hasta hace muy poco para casi todos. Lo cuenta Eva Cosculluela en El club de las modernas (Seix Barral, 2026), un ensayo narrativo de honda investigación que explica cómo un grupo de mujeres se unió y reunió hasta que la Guerra Civil también terminó con el sueño de la igualdad. María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Isabel Oyarzabal, María Lejárraga, María Rodrigo y muchas mujeres más de distintas disciplinas e ideologías, ateas y devotas, republicanas y monárquicas, intelectuales que se pusieron de acuerdo y salvaron las diferencias para dar un fuerte impulso al poder transformador de la cultura y de la educación para nosotras.

El Lyceum nació contra viento y marea. Una institución antifamiliar y anticristiana, dijeron de ellas. Ataques en la prensa y campañas: “¡Desgraciados niños que tienen una madre liceómana!” Proyectaron ideas, algunas se consiguieron y otras no: la Casa de los Niños, una guardería laica que atendía a los hijos de las trabajadoras; el Comité del Libro para El Ciego, una biblioteca circulante de libros para que las personas con discapacidad visual pudieran leer o la relevante petición presentada al Gobierno para promover una reforma legal que terminara con la denigración de las mujeres, con normas que reconocían al hombre como autoridad única dentro del matrimonio. Pero, sobre todo, y esto sí molestaba, dio espacio al diálogo que nos entendía como mujeres libres y seres humanos con pensamiento propio.

La última aparición del Lyceum en la prensa, recuerda Cosculluela, es una pequeña nota del 5 de agosto de 1936 donde agradecen la solidaridad de las socias y simpatizantes por los donativos recibidos para enviar al frente.

El año que viene se celebra otro centenario, el de la mítica Generación del 27, y esperemos que, por primera vez, se ponga en nómina a las mujeres que también formaron parte, completando la lista que ha trascendido por libros de texto y conmemoraciones anteriores: Maruja Mallo, Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano y otras tantas. No solo como mujeres de, sino como intelectuales con peso artístico, político y público. Víctimas de la Historia que escribieron ellos: la de la guerra, del exilio, de la dictadura y de la Sección Femenina, que pasó a ocupar el espacio del Lyceum en la Casa de las Siete Chimeneas muy poco tiempo después.

Sirva ese expolio simbólico y físico, como lo llama la autora en su último capítulo, para recordar que la libertad y los derechos se pierden de un día para otro y que, como decía Almudena Grandes, la línea del progreso no es siempre una línea recta. Que hoy, hay a quien no le interesa leer sobre esto; que hoy, hay quien nos quiere todavía quietas, desunidas e ignorantes de nuestra propia historia. Pocas cosas más inspiradoras que la constancia de que otras estuvieron primero, que empujaron primero, que abrieron camino, que encendieron la luz. 

La violencia sexual que de forma sistemática y endémica recae sobre las mujeres no ha estado nunca entre las preocupaciones de la extrema derecha. Sus principales líderes se han esforzado no solo en mirar hacia otro lado, sino en desacreditar la investigación, los proyectos y las demandas feministas. Con una excepción: siempre que la mención a las mujeres sirva para cargar contra la población migrante.

"¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias". El lema figura en una serie de carteles difundidos la semana pasada con el sello de Vox. El partido de Santiago Abascal se arma contra las personas migrantes, instrumentalizando a las mujeres y con fines electorales. Lo hace en plena campaña de las elecciones andaluzas, siguiendo la estela del discurso ultra en otros puntos del planeta.

El Ministerio de Igualdad ha tomado cartas en el asunto y lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Granada. "Esa propaganda afecta y es contraria a los derechos y principios básicos", señaló a finales de semana la ministra Ana Redondo. La Junta Electoral también estudiará la cartelería. Facua Andalucía, por su parte, ha instado este lunes a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la propaganda por incitar al odio.

La de Vox no es una estrategia que emerja espontáneamente, sino que ha sido ampliamente manoseada por la extrema derecha en todo el globo. Es lo que el análisis académico ha tildado como feminacionalismo. 

La extrema derecha occidental ha encontrado en la violencia machista una ventana de oportunidad para defender no solo políticas punitivistas, sino abiertamente xenófobas. Ha ocurrido en países como Italia, Alemania y Francia. La ultraderecha se ha inclinado tradicionalmente o bien por negar las raíces de la violencia contra las mujeres, o bien por introducir una suerte de variante extranjera vinculando a los agresores con personas migrantes. 

Sara R. Farris, autora de En nombre de los derechos de las mujeres. El auge del feminacionalismo (Traficantes de sueños, 2021), lo explica así en su libro: "Al fomentar una retórica de división, o de separación maniquea del debate político e ideológico en un 'nosotros' (blancos, europeos, occidentales, cristianos, civilizados, 'respetuosos con las mujeres') contrapuesto a un 'ellos' (esos otros no blancos, no europeos, no occidentales, musulmanes, incivilizados, misóginos), los partidos nacionalistas de derechas solo pueden beneficiarse". Sobre esta idea ahonda también la investigadora Nuria Alabao en su libro Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales (Katakrak, 2025): "Uno de los ejes fundamentales de la extrema derecha es intentar vincular la migración con un problema de seguridad. Ese sentimiento antiinmigrantes que empieza a existir se construye a partir de ahí".

A Vox dice preocuparle ahora la seguridad y el bienestar de las mujeres. Pero al partido ultra no parecía inquietarle lo más mínimo la violencia estructural que sufren las mujeres cuando eran las formaciones progresistas o el movimiento feminista quienes introducían el problema en la agenda. 

En marzo de hace seis años, el Ministerio de Igualdad hacía suyo un lema que el feminismo había popularizado en las calles: "Queremos que el grito feminista ‘sola y borracha, quiero llegar a casa’ se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros", sostenía el departamento en plena campaña por su embrionario proyecto legislativo de libertad sexual, la que posteriormente se conocería como ley del solo sí es sí. 

Entonces, el propio Santiago Abascal afirmaba que aquello era "entre cómico y aberrante". Y añadía: "¿Alguien puede explicarle a este Gobierno que un Ministerio no es una fiesta de pijamas y que con el dinero de los españoles no se promueven mamarrachadas?". Sus palabras las refrendó el eurodiputado Jorge Buxadé. "No queremos que las mujeres lleguen solas y borrachas a casa", sentenció en un mitin.

Más ejemplos: la diputada ultra María Ruiz cargó hace cuatro años en sede parlamentaria contra un discurso feminista que a su juicio propaga el "odio al varón dificultando las relaciones de pareja o promocionando que es mejor llegar a casa solas y borrachas". 

Vox no ha dudado en retorcer y manipular el lema clásico del feminismo, una consigna que busca reivindicar la libertad sexual de las mujeres, su derecho a habitar el espacio público y la necesidad de extirpar la violencia de los contextos de ocio. El activismo feminista ha popularizado esta reivindicación con el objetivo de desplazar el foco hacia el agresor, impugnando la narrativa tradicional que sitúa la responsabilidad de no sufrir violencia exclusivamente en la víctima y enumera toda una suerte de conductas preventivas para esquivarla.

Sobre el acoso callejero –y por extensión, sobre los temores que atraviesan a las mujeres cuando caminan solas por la calle–, también ha tenido algunas palabras el partido de Santiago Abascal. Hace dos años, Carla Toscano censuró "la banalización que supone hablar de piropos y de acoso callejero como si fuera violencia". En el Congreso, la diputada afirmó sin titubeos que sentía pena por "no volver a oír ciertas cosas por las calles", equiparando el acoso con una "muestra de admiración" por parte de los hombres.

Pero la ultraderecha no solo ha ridiculizado los discursos feministas, sino que ha cargado pública y reiteradamente contra las políticas públicas encaminadas a mejorar la vida de las mujeres y ampliar sus derechos, llegando a demandar el cierre del Ministerio de Igualdad. 

Hace tan solo un año, los ultras sustituyeron los puntos violeta organizados en espacios festivos en Zaragoza por "espacios seguros unisex". La crítica a los llamados puntos violeta ha sido constante por parte de la extrema derecha, cuyos líderes han institucionalizado la caricatura de esta herramienta bajo la denominación de "puntos violeta podemitas". Carlos Flores, el diputado de Vox condenado por violencia de género, aseguró hace tres años que "las españolas no necesitan puntos violeta, sino fronteras bien guardadas".

Es, en esencia, el espíritu que define las políticas de la extrema derecha en materia de género: cabalgar entre el negacionismo y la instrumentalización de las mujeres para librar su batalla contra la población migrante. En el año 2022, el programa electoral italiano confeccionado por la coalición de Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi introducía el problema de la "violencia sexual contra las mujeres" dentro del apartado en torno a la "seguridad y lucha contra la inmigración ilegal". Hoy, los acuerdos en Extremadura y Aragón solo mencionan a las mujeres para consagrar la prohibición del burka y el nicab.

Abril de 1926. Un grupo de mujeres procedentes de la élite intelectual buscaba desesperadamente la forma de construir un espacio seguro, algo así como un hogar propio para intercambiar ideas, crear y tenderse la mano unas a otras. Cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera comenzaba a tambalearse, nacía el Lyceum Club Femenino de Madrid, con nombres como el de Clara Campoamor, Victoria Kent y María Lejárraga entre sus impulsoras. Aquel sería un ejemplo pionero de cómo el ímpetu, la ambición y la organización de las mujeres eran capaces de cimentar nuevos mundos. Su estela ha permanecido a lo largo de los años en la voluntad imparable de organización feminista, hasta hoy. 

Este viernes tendrá lugar en València la presentación de una nueva iniciativa que bebe de aquel espíritu: la red social La Nuestra. "Somos herederas de esa tradición, por eso hemos quedado para encontrarnos y para bailar", celebra la escritora Cristina Fallarás. La red social nace con el objetivo de "rescatar, preservar y dar visibilidad a todos los testimonios" de víctimas de algún tipo de violencia de género, tras haber constatado la deriva hostil de las plataformas ya existentes, donde los relatos de las mujeres no tienen cabida "porque el algoritmo los hace desaparecer". 

La Nuestra tiene, por tanto, el propósito de "relatarnos en un lugar que sea nuestro y poner a las mujeres en contacto con la garantía de que lo estarán haciendo en un sitio amable". El potencial político de la iniciativa es claro: "La transformación radical". En un contexto de avance reaccionario, en el que "los fascismos se basan en mentiras y abstracciones no demostrables", los testimonios de las víctimas son una poderosa herramienta para combatir y desmontar sus discursos. 

La Nuestra dirige inevitablemente la mirada hacia todas aquellas que la precedieron. Lo que hoy es una red social, antaño fue el salón de una casa en el centro de Madrid. El Lyceum Club Femenino "fue el primer espacio genuinamente femenino en el que se implantó una nueva sociabilidad", escribe la investigadora Rocío González Naranjo en su libro Marisabidillas, frívolas y peligrosas (Hoja de Lata, 2026). Durante toda su existencia, comparte la historiadora, la organización "fue un ejemplo de actividad colaborativa en todos los ámbitos del saber", pero la historia "androcéntrica –y de los vencedores– condenó" al club al "ostracismo, sufriendo una violencia simbólica que perdura en nuestros días". 

"La necesidad de reunirse comenzó, seguramente, en una tertulia" y fue producto de un "ambiente de ebullición asociacionista", documenta la historiadora. Aquellas mujeres pioneras tenían un espejo en el que mirarse: una treintena de clubes similares habían echado a andar en todo el mundo. El fervor de las mujeres era internacional e imparable. Aunque no resulta sencillo atribuir una única autoría a la constitución del foro, la escritora cree que "hay que verlo como una iniciativa plural, pues la necesidad de un espacio propio se fue haciendo más urgente entre estas mujeres, deseando aportar cada una su granito de arena en la creación de una habitación propia". Todas ellas, añade, "buscaban un hogar en el que poder reunirse". 

A lo largo de una década, las socias realizaron "grandes cosas que parecían imposibles para las mujeres en aquella época", como la creación de una guardería gratuita para los hijos de las trabajadoras o la puesta en marcha de cursillos para analizar el encaje de las mujeres en la legislación. "Se expusieron públicamente, participando en los debates políticos más trascendentales de la Segunda República en lo que respecta a las mujeres", como el voto femenino o la abolición de la prostitución. Y, sin embargo, aquello que construyeron se quedó encallado en los márgenes del relato histórico, una suerte de herencia de la burla pública que sufrió entonces aquel grupo de mujeres organizadas. 

El club fue caricaturizado como un espacio donde "por pocas pesetas se tomaba un buen té", una descripción que intencionadamente encerraba la iniciativa en el cajón de la frivolidad y extirpaba su trasfondo político. La mirada masculina pasó de puntillas por la asociación, devaluándola reiteradamente al presentarla como "un simple lugar de encuentro entre mujeres", una tendencia que ha permanecido intacta más de cien años después. 

Las mujeres organizadas alrededor del club podían tomar té o pasar las tardes conversando, pero con ello buscaban también tomar "las riendas de sus vidas", liberándose a través de "una independencia económica proporcionada por el trabajo". La experiencia duró cerca de diez años. "Todo aquello se derrumbó con el estallido de la guerra", escribe González Naranjo. 

Otras asociaciones fueron emergiendo paralelamente durante aquel periodo, antes del golpe fascista. "Fue la edad de oro del asociacionismo femenino y de la participación de las mujeres en obras magníficas que, desgraciadamente, cayeron en el olvido", escribe la historiadora. 

Algunas coexistieron en una especie de ecosistema decidido a conceder espacios a las mujeres para la participación en la vida pública. O, al menos, para dar la batalla por conquistar los lugares que les habían sido vedados. En los años veinte del siglo pasado nació el Círculo Sáfico de Madrid, una red de mujeres lesbianas intelectuales, muchas vinculadas precisamente al Lyceum Club Femenino y a la Residencia de Señoritas. Se juntaban con un propósito tan sencillo como político: hablar. La guerra, sin embargo, también las enterraría en el silencio.

Para entonces, las Sinsombrero todavía no eran conocidas como tal. Aquellas mujeres de la Generación del 27, como Maruja Mallo y Margarita Manso, no se articularon en torno a un espacio físico, pero sí fueron capaces de tejer un grupo consolidado, decididas a desplegar su potencial creativo y desafiar a quien quería situarlas siempre un paso por detrás de sus compañeros. 

No todos los grupos de mujeres que se desarrollaron durante aquellos años eran interclasistas. En pleno conflicto, las mujeres anarcosindicalistas se congregaron alrededor de la organización Mujeres Libres. A lo largo de los tres años que duró la guerra, anarquistas de todo el país se coordinaron para resituar la emancipación de género como cuestión central de la lucha de clases, ante la inacción displicente de sus compañeros. Y ya en clandestinidad, lejos de la mirada del régimen, se tendieron la mano las mujeres organizadas alrededor del Movimiento Democrático de Mujeres. Eran familiares de los presos, militantes de la lucha antifranquista y mujeres decididamente feministas que supieron interpelar a sus compañeras, a las militantes y a las amas de casa, para cambiar las cosas.

La tradición de buscar espacios de encuentro para ser capaces de tener agencia propia ha sobrevivido a lo largo de los años. Son, en parte, herederas legítimas de ese anhelo feminista organizaciones que perduran hoy, como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, constituida a principios de los setenta; la organización Ca la Dona, nacida en la Barcelona de finales de los ochenta y El Club de las 25, agrupación que vio la luz en 1997.

También La Nuestra. Tras su paso por València, las impulsoras de la red social recorrerán otras ocho localidades en los próximos meses. "Hay algo interesantísimo en juntarnos", desliza Fallarás. "La potencia de todo empieza después de la conferencia, cuando nos damos cuenta de que llevamos tres horas sentadas hablando". Ese entusiasmo que expresa hoy la escritora bien podría ser el mismo que hace cien años se instaló en el salón de alguna casa, donde nacería el Lyceum Club Femenino.

Se ha hablado mucho de la atención prominente que el último cine español deposita en lo rural. El trasvase campo/ciudad o ciudad/campo, con sus correspondientes traumas, alinea el estado de nuestra expresión cinematográfica con un título tan fundacional como Surcos de Nieves Conde (1951) y conduce a pensar en un proyecto de modernidad fallido. Un imaginario de tensiones inagotables y escepticismo hacia el paisaje urbano, donde tantas identidades se disuelven y tanta necesidad resurge de algo más sencillo. Mejor dicho, más reconocible.

Así que es fácil toparse con un ángulo complementario de este repliegue rural, que vendría a ser el repliegue doméstico. El énfasis en el espacio hogareño, tan inestable ahora mismo como la habitabilidad de la ciudad que lo circunda —el modelo neoliberal tras la presente crisis de vivienda impele a que primero nos expulsen de las calles y acto seguido de nuestras casas— y que puede transitar de lo confortable a lo claustrofóbico con una facilidad pasmosa. Sobre todo si hablamos desde la perspectiva de las mujeres. El espacio hogareño es también un espacio feminizado, confundido entre la calma de la habitación propia y la violencia que ha forzado su construcción.

Esta es la tensión que trabajan varias mujeres cineastas destacadas de años recientes. Las óperas primas de Alauda Ruiz de Azúa y Celia Rico —Cinco lobitos (2022) y Viaje al cuarto de una madre (2018)— inauguraban una preocupación por problematizar esos “cuidados” con los que terapéuticamente se nos llena la boca de un tiempo a esta parte. Están muy bien los “cuidados”, pero parece que siempre los tienen que dar ellas y siempre en un mismo lugar: una esfera privada cuya cerrazón se supone que hay que respetar dentro de las sociedades liberales. Estas directoras se han metido de lleno en ella para mostrar sus vergüenzas, y lo han seguido haciendo luego de su debut.

Las dos obras posteriores de cada una —Querer y Los domingos en el caso de Ruiz de Azúa, Los pequeños amores y La buena letra en el caso de Rico— evidencian por su parte una voluntad expansiva: la convicción de que el hogar es la base desde la que se constituyen cada una de las asimetrías cotidianas. Este hallazgo tiene una tradición que trasciende con mucho la del cine español, y por eso Enric Albero estuvo muy entonado al asociarle a Yo no moriré de amor cierto “colosalismo akermaniano”. El crítico se estaba acordando obviamente de la cineasta belga Chantal Akerman y de la geografía doméstica de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de las que habría visto retazos en el debut a la dirección de la madrileña Marta Matute.

En la cocina y las patatas que pelaba épicamente Delphine Seyrig de cara a la secuencia más famosa de este film de 1975 estaba, en efecto, “todo”. Es lo que le dijo a Akerman su propia madre, muy orgullosa, y lo que han convenido en asumir muchas discípulas después de ella. Matute ganó la Biznaga de Oro en el último Festival de Málaga por una película que, curiosamente, había concebido durante la pandemia. Fue seleccionada para desarrollarla en 2020 dentro del programa de Residencias de la Academia de Cine, indagando en el espacio doméstico justo cuando lo tenía más a mano y más asfixiante podía resultar, pelando sus propias patatas en pleno confinamiento.

Lo que define Yo no moriré de amor dista de ser, sin embargo, este espacio doméstico como objeto de estudio unitario. Se trata más bien de un efecto colateral —uno, como atiende Albero, que garantiza los momentos más brillantes de la película— por cuanto lo que quiere Matute es destilar una experiencia diametralmente personal. Se está remontando a cuando a su madre le diagnosticaron alzheimer, y el terremoto familiar que esto provocó la forzó a quedarse en casa para adquirir unas responsabilidades extraordinarias para alguien de su edad.

Júlia Mascort —Biznaga de Plata por su primer papel para cine— sería el álter ego de Matute: una joven lesbiana en pleno cuño de carácter a quien la enfermedad de su madre empuja a unas angustiosas ambivalencias. Su voluntad individual —la sensación de que se merece tener una juventud normal y a sus anchas— troca tanto en rebeldía egoísta como en un sentimiento de culpa que le acerca a su hermana mayor. El personaje de Laura Weissmahr comparte estos dilemas, con la diferencia de contar con un privilegio del que la protagonista carece: esta crisis le ha pillado adulta, independizada, y con sus propios deseos de formar una familia. Al mismo tiempo, y como mujer madura que es, se permite afearle a su hermana su supuesta irresponsabilidad.

El paisaje psicológico que teje Yo no moriré de amor —completado por un padre/marido cuyo mutismo insinúa un profundo colapso— no es especialmente complejo, aunque quizá solo se le pueda valorar así por la rapidez con la que sabemos leer a cada personaje. Matute cubre un drama que en mayor o menor medida hemos vivido todos o en el que todos nos podemos reconocer, exponiéndose por eso mismo a que se lean como exageradas o sobreescritas ciertas reacciones que puntúan la trama. Aun ajustándose a las tendencias estéticas del cine festivalero europeo —por suerte no hay planos de seguimiento desde la nuca, pero no nos libramos de elipsis bruscas y diálogos entrecortados—, Yo no moriré de amor peca de alguna estridencia tonal que otra, sobre todo cuando toca calibrar la frustración de la protagonista.

Puede que esto se deba, por otra parte, a un arrepentimiento sincero por parte de Matute, otorgándole a Yo no moriré de amor una atractiva pátina de work in progress. Hay recuerdos plasmados a la vez que una duda esencial rodeándolos: la inquietud de haber cometido errores o de no haber leído bien la situación. La narración no busca sentar cátedra sobre nada, no quiere juzgar a nadie severamente porque tampoco sabría cómo hacerlo —el misterio que envuelve al padre, interpretado estupendamente por el también galardonado Tomás del Estal, es la expresión más elocuente de esto—, y así se crece en el esfuerzo tentativo, capaz de implantar una comunicación fértil con cada espectador que haya identificado al instante los dilemas del personaje de Mascort.

Lo que hace entonces Matute es envolver el espacio doméstico no tanto en una crítica feminista similar a la de Rico y Ruiz de Azúa, como en un foco de interrogación más amplia. Las nociones de refugio y claustrofobia que siempre aparecen entremezcladas en este tipo de ficciones se acicalan con un recuerdo autocrítico de lo más interesante, si bien la consecuencia última de este compuesto es que la duda se impone como principio de articulación. Es la duda a la hora de ajustar la puesta en escena y el desarrollo dramático, cuando Yo no moriré de amor incurre en improvisaciones desde la inercia: soluciones facilonas replicadas de otras propuestas —no ya del entorno industrial español, sino también del Amor de Haneke incluso— que no atinan a retener su organicidad.

Y también es la duda discursiva, a la postre lo más lamentable del trabajo de Matute. Yo no moriré de amor se preocupa de la dialéctica de género ante las crisis —cómo reacciona el padre frente a cómo reaccionan las hijas—, indaga en la pulsión individualista propia de la ideología contemporánea —la sensación de la protagonista de no estar viviendo como debería hacerlo— y por último se arrima al estado de las residencias y la cuestionable asistencia para personas como la madre enferma que encarna Sonia Almarcha. Transitando de un tema a otro con descuido, porque toca y porque sin duda es importante para la historia, pero sin superar la mera enunciación.

Lo cual, si bien encaja con el compromiso dubitativo de Matute, le acaba otorgando una ingrata sensación a Yo no moriré de amor. La de que es un testimonio incapaz de resonar más allá de sí mismo o de iluminar otros rincones fuera de los que conocemos de partida, ya que tantos dramas semejantes nos acechan cada día a cada rincón. Yo no moriré de amor recorre la crisis familiar hasta consumirla y lo hace de forma exasperantemente lineal, ajustándose a la penosa y lánguida condena que cualquiera asume que le espera en cuanto a un familiar le diagnostican alzheimer. Y volvemos a lo mismo, quizá fuera la forma adecuada, pero por muy centrales que sean en el film de Matute los muros domésticos, para hacer un cine relevante es necesario salir un poco de casa.

Cuando el falso síndrome de alienación parental (SAP) comenzó a emerger en los juzgados, no fueron pocas las voces expertas que advirtieron de su trasfondo: la criminalización sistemática de las madres que buscaban proteger a sus hijos, especialmente en contextos de violencia de género. Aquella advertencia no cayó en saco roto, sino que tuvo calado en la legislación: hace ahora cinco años, el uso de este instrumento quedó prohibido por la ley de protección a la infancia, un veto que ha sido esta semana reforzado a través de la aprobación de un anteproyecto de reforma que busca extinguir esta práctica. 

El legislador despliega todas las herramientas a su alcance para desterrar definitivamente el falso síndrome de los tribunales, pero a lo largo de los años este se las ha arreglado para sobrevivir, sorteando las adversidades. Tiene algunos cómplices: los operadores jurídicos que creen firmemente en su existencia, a pesar de la carencia de base científica y de los reproches sostenidos por parte de las entidades internacionales especializadas.

Con este telón de fondo, el reto pasa por definir cuál es la manera de acabar con un falso síndrome que tiene mucho que ver con sesgos todavía muy presentes en la judicatura. Las juristas lo tienen claro: formación y sanciones.

Así lo explica la abogada Altamira Gonzalo. "Sanciones disuasorias y formación. Sin esos dos instrumentos se seguirá aplicando, porque es una manera de pensar, una ideología", introduce en conversación con infoLibre. El SAP, añade, existe en "muchas ocasiones aunque no se le mencione: cuando se utilizan prejuicios o se tilda a las mujeres de manipuladoras". 

El falso síndrome no solo hace acto de presencia en las resoluciones judiciales, sino también en los argumentos de las defensas o en los informes psicosociales que evalúan a los menores. Incluso en jornadas divulgativas dirigidas a profesionales, muchas veces bajo eufemismos que buscan darle una apariencia de rigurosidad e imparcialidad.

"Normalmente, cuando leemos un informe psicosocial o una sentencia, enseguida vemos cuándo se tiene formación y cuándo se ha aplicado el falso síndrome, aun sin mencionarlo", añade la jurista. 

Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, insiste en que hablar del falso síndrome de alienación parental conlleva necesariamente hablar también del interés superior del menor y del derecho a ser escuchado. Es, a su juicio, una tríada indisociable. "Se utilizan muchas fórmulas para decir lo mismo: que las madres obstruyen, sobreprotegen o interfieren en el testimonio del niño", una creencia que condiciona "el derecho del niño a ser escuchado, porque al final se resta credibilidad al testimonio". 

El problema, coincide, tiene mucho que ver con la especialización. "Se necesita un grado de especialización en el que estas tres variables se aborden por gente muy especializada. Lo que está pasando es que personas sin cualificación en estas especialidades están tomando decisiones influidas por sesgos". 

El SAP quedó prohibido en la ley de protección a la infancia, hace ahora cinco años, pero el principal escollo identificado en este lustro ha sido la extraordinaria capacidad de adaptación y supervivencia de este instrumento en los pasillos de los tribunales. Tal vez ya nadie hable de ningún síndrome, pero el espíritu de la herramienta sigue enquistado en el sentir de muchos operadores jurídicos.

Un informe publicado el año pasado por Themis Mujeres Juristas se hacía eco de la existencia de métodos "similares a los utilizados en el falso síndrome de alienación parental (SAP) en los servicios de coordinación de parentalidad". En el 15,26% de las sentencias analizadas por las autoras, en las que se establecía la intervención de coordinación de parentalidad, existían antecedentes de violencia de género.

Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales. El Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema hace ahora dos años y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza. 

Pero si el falso síndrome ya está prohibido por ley y pese a ello se sigue aplicando, ¿cuáles son las novedades que plantea la reforma y cómo prevé enyesar esa brecha entre la legislación y la realidad material de los juzgados?

La primera gran diferencia entre la nueva propuesta y la redacción actual es puramente semántica. La ley actual fija que los poderes públicos tomen "las medidas necesarias para impedir" este tipo de planteamientos, mientras que la reforma introduce una prohibición expresa y literal, según el texto consultado por este diario: "Queda prohibido el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental o cualquiera de sus reformulaciones". 

En caso de salir adelante, la modificación blinda que "no podrá ser utilizado en ningún procedimiento, judicial, administrativo o de otra clase, cualquier tipo de informe, bien sea de una entidad pública o privada, basado en estos planteamientos o en cualquier prejuicio que genere discriminación". Y de hecho estipula que "las resoluciones en las que se tenga en cuenta este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas".

En los puntos de encuentro familiar, uno de los espacios donde las mujeres expresan mayores índices de violencia institucional, se establece que los profesionales deberán contar con "formación especializada en perspectiva de infancia, género, interseccional, trauma, enfoque de derechos humanos, violencia de género, violencias sexuales y violencia sexual en el ámbito familiar". En caso de que la entidad gestora del punto de encuentro no cumpla con los criterios contemplados en la ley, "especialmente en cuanto a la aplicación por parte de sus profesionales del síndrome de alienación parental", se procederá a la "resolución del contrato". A nivel formativo y en términos generales, la nueva norma apuntala el principio de diligencia debida "incidiendo en la prohibición" del falso síndrome.

Pero la reforma no perfila sanciones concretas. Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, "la ampliación hace una prohibición expresa, más garantista y que abre la puerta a la impugnación de las resoluciones donde se utilice", pero "no tiene régimen sancionador específico". 

Es uno de los puntos débiles que detectan algunas expertas.

"Si no se establecen sanciones para aplicar en caso de incumplimiento, la medida es totalmente ineficaz, se queda simplemente en una declaración de intenciones", introduce Altamira Gonzalo.

Asiente la jueza Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La magistrada se apresura a destacar que la prohibición "ya estaba vigente desde 2021", momento en el que se introdujo la necesidad de trabajar sobre un "régimen sancionador, pero no se consiguió". La posibilidad de impugnar resoluciones no está, en su opinión, a la altura. "¿Cuál es la consecuencia para el profesional, de la psicología, la psiquiatría, incluso forense, que lo aprecia en sus informes? Ninguna. Entonces no hay régimen sancionador y es lo mismo que había antes: una prohibición sin sanción", lamenta.

Rosell aclara que tanto las expertas que trabajaron por sacar adelante la primera ley, como aquellas que han puesto su grano de arena a la hora de moldear la presente reforma, "querían ir más allá, pero no se ha conseguido".

Assiego, en cambio, expresa dudas respecto a las sanciones como principal fórmula para erradicar el uso del síndrome. "El SAP ha permeado totalmente en el sistema y eso con una sanción no se resuelve", reflexiona. A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería llevar a cabo una "auditoría a los juzgados, para comprobar si las resoluciones judiciales están dando cabida" a esta noción. El Poder Judicial "tiene una responsabilidad de supervisión y debe velar" por el cumplimiento de la ley, enfatiza la abogada.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Verano de 2020. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, muchas trabajadoras del hogar seguían cuidando, atravesadas por la incertidumbre, para velar por la salud de los más vulnerables. Lo hacían, muchas veces, sin contrato y sin la protección necesaria, en unas condiciones de precariedad que, en un contexto de crisis sanitaria, ponían en riesgo su vida. Algo así sucedía también con los repartidores que no dejaron de pedalear para llevar comida a domicilio. Y con las jornaleras que continuaron labrando la tierra en el peor de los escenarios. Fue también a partir de entonces cuando los trabajadores de los sectores más precarizados empezaron a ser escuchados. La organización colectiva comenzaba a dar sus frutos.

Los repartidores, las jornaleras, las camareras de piso, los manteros y las trabajadoras del hogar se han organizado utilizando sus propios medios, confrontando la atomización propia de sectores inestables y al margen de unos sindicatos que no habían sabido entender sus necesidades. 

Eulalia Corralero guarda un recuerdo nítido sobre todo el proceso de organización. La camarera de piso que empezó a trabajar a los 14 años habla ya desde su particular retiro, la consecuencia última de toda una carrera profesional marcada por condiciones extremas. "Tengo una incapacidad permanente por una artritis reumática, sobrevivo con 600 euros al mes", comparte en conversación con este diario. "Es la misma situación de muchas mujeres en trabajos feminizados", se apresura a señalar, habituada a conjugar la primera persona del plural para subrayar que sus circunstancias son en realidad estructurales e idénticas a las que soportan sus compañeras. 

Corralero prestó sus manos para poner las bases de las primeras organizaciones de camareras de piso. Fue una de las fundadoras de Las Kellys en una zona tan simbólica como Lloret de Mar, donde el turismo se inserta como parte de la identidad del litoral, una bandera que ha ondeado siempre ajena a las condiciones de quienes la sostienen. "Nos movió la necesidad de dar un paso al frente y decir que no podíamos seguir trabajando empastilladas y con dolores de por vida", rememora hoy.

Algo similar anida en la memoria de Ana Pinto, quien empezó a trabajar en el campo con 16 años. "Hace ya mucho tiempo", asiente al otro lado del teléfono. La organización, en su contexto, vino acelerada por una denuncia colectiva: la de un grupo de trabajadoras de origen marroquí que decidieron hace ahora ocho años poner el foco en los abusos sexuales y laborales a manos de sus empleadores. "Entonces veníamos sufriendo cada vez más normas abusivas, el señalamiento, los despidos y los castigos", rememora. "Estábamos muy cabreadas por cómo nos estaban tratando y entonces llegó la denuncia de las compañeras". 

Pinto pone el acento en el contexto: menciona el auge del movimiento feminista en aquel momento, con las huelgas y manifestaciones masivas, pero también los precedentes sembrados por las kellys y los riders. "Era un momento de mucha ebullición y sentimos que debíamos aprovechar esa oportunidad, ya que las compañeras habían sido valientes". Así se dio vida a Jornaleras en Lucha.

Para aquel entonces, el colectivo Territorio Doméstico ya contaba con un puñado de años de experiencia a sus espaldas. Nació hace ahora dos décadas, como suele nacer la rabia colectiva: fruto de la conversación cotidiana de quienes sufren la explotación en sus carnes. Las trabajadoras del hogar se encontraban en los parques y en las plazas, ponían nombre al agotamiento, a los malos tratos y a los despidos improcedentes. Lo hacían con infinita cautela, pero reconociéndose en sus compañeras y creando espacios seguros. 

Rafaela Pimentel fue una de sus impulsoras. "No teníamos redes ni gente conocida dentro de la privacidad del hogar", cuenta hoy. Tras unas jornadas sobre el empleo en el hogar, varias de las trabajadoras se juntaron en el centro social autogestionado Eskalera Karakola, en Madrid. "Comenzamos a escucharnos, a hablar de lo que nos pasaba y así surgió". Enseguida aquel fervor se tradujo en la constitución del colectivo, encaminado a pelear por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. "Queríamos encontrarnos, sostenernos, acuerparnos –como decimos nosotras– y acompañarnos en toda esta lucha". 

También Lamine Sarr habla de las redes, invisibles pero sólidas, que precedieron al Sindicato de Manteros. "Lo que hicimos nosotros fue formalizar una organización que ya existía de manera informal", asevera. Los trabajadores ya estaban presentes en las calles, continúa, ya hablaban entre ellos, ya se apoyaban y se ayudaban. Así que, en realidad, la organización "ya existía, porque existía la solidaridad".

Si en algo coinciden los trabajadores que han decidido organizarse de forma autónoma es en su crítica unánime a los sindicatos mayoritarios. El grueso de las voces consultadas introducen también un matiz: la valía de los militantes de base que sí han intentado cambiar las cosas, pero su incapacidad frente a una estructura que no tiene en cuenta a quienes se encuentran en los márgenes. 

"Les ha costado mucho entender que esta nueva forma de trabajar hay que abordarla con nuevas estrategias". Habla Felipe Díez, uno de los fundadores de Riders X Derechos. "Los sindicatos no han logrado ver que la manera de entrar y organizarse aquí es distinta", asiente a preguntas de este diario e incide en que se trata de un sector con "bajísima remuneración, con un porcentaje alto de personas migrantes y que no cuenta con una estructura sindical". 

En ese contexto, los sindicatos mayoritarios "han sido tristemente lentos" e incluso cuando lo han intentado, "siempre se han encontrado con un tope interno que tiene que ver con los altos mandos y con una estructura sindical que no pretende cambiar las cosas ni arriesgarse". A los riders, asiente el exrepartidor y hoy investigador, lo que les ha quedado es "la autoorganización y trabajar con sindicatos alternativos". 

Al mismo punto llega Pimentel. "La relación ha sido muy difícil", reconoce, porque "no han visto el trabajo del hogar y de los cuidados como tal". Y por eso, añade, las trabajadoras han buscado sus propias herramientas. "Nosotras creemos en la acción sindical, pero los sindicatos mayoritarios trabajan sin darnos la palabra ni escucharnos", lamenta. Ellas, denuncia la activista, sencillamente no caben ahí. Pero sí han encontrado cobijo en "los sindicatos pequeños", con quienes han podido encontrar espacios de escucha. Este Primero de Mayo, Territorio Doméstico saldrá a las calles en una convocatoria conjunta con  otros colectivos y organizaciones sindicales minoritarias.

Algunas de las experiencias narradas por las trabajadoras reflejan un desencanto latente con los sindicatos clásicos tras años militando. Es el caso de Corralero. "Los sindicatos no habían hecho nada por las camareras de piso. Todas habíamos ido a huelgas, a manifestaciones, estábamos sindicadas, pero no habíamos conseguido nada", relata, tras haber permanecido cerca de dos décadas afiliada a Comisiones Obreras. "Cuando se negociaban los convenios, las mejoras eran más sustanciosas para los hombres que para nosotras, siempre íbamos a la cola. Ahí nos dimos cuenta de que la manera de conseguir cosas era organizarnos nosotras mismas". 

Pinto lo dice claro: "La relación ha sido más nefasta que con los empresarios". Aunque la jornalera reconoce que a día de hoy han conseguido normalizar la interlocución con algunos de ellos, señala que en un primer momento estuvieron "totalmente abandonadas". Tanto es así que no era extraño encontrarse con situaciones rocambolescas, como la elección de un delegado sindical que era a su vez "el encargado que venía por la mañana y te decía que o apretabas o te ibas a la calle". 

Y así, con el viento en contra, los y las trabajadoras decidieron moverse. "Fue complejísimo", reconoce el que fuera repartidor, precisamente porque "sabías que dar la cara significaba quedarse sin tu trabajo". En un contexto de precarización e invisibilidad, trabajadores como él se preguntaban cómo decirle a un compañero que se sumara a una huelga "trabajando 16 horas al día, sin papeles y con hijos que mantener". Son, clama, las condiciones perfectas para que nadie se organice. Pero los riders lo hicieron. Y pronto llegarían las movilizaciones, el foco mediático y las reuniones con líderes políticos. 

Díez echa la vista atrás y reconoce sentir orgullo, pero no aparta la mirada de las muchas fallas que siguen asolando al sector. "Los problemas estructurales se mantienen. Ahora se contrata, pero sigue habiendo trabajo informal y la organización algorítmica sigue funcionando igual. Las condiciones no son buenas y el despido sale gratis".

Para Sarr, el mayor de los éxitos ha sido "cambiar la narrativa". "Cuando se hablaba del top manta, se pensaba en personas violentas que no querían trabajar. Ahora es distinto: se piensa en el colectivo y en la lucha antirracista que estamos haciendo". Todos los logros, asiente el trabajador, se han conseguido "gracias a la organización".

Todas las personas entrevistadas coinciden en algo: la satisfacción de haber alzado la voz y de que ahora sean más quienes no tienen miedo a organizarse. Corralero habla del "empoderamiento de las camareras de piso", mujeres que siempre habían estado "con la cabeza gacha, mirando el suelo para limpiar". Eso es, precisamente, lo que más orgullo le hace sentir. "Esto puede ser una profesión digna, pero tiene que ser valorada". 

Igual que ella, Pimentel mira a sus compañeras tras haber dado un paso al lado, dejándoles el testigo y con la certeza de haber hecho un buen trabajo. "Para muchas, el orgullo que tenemos es que cada vez hay más compañeras que se organizan".

Pinto lo tiene claro: "Vengo de familia jornalera. Hemos sufrido mucho en los tajos, no solo yo, sino también mis compañeras, mis vecinas, mi madre, mis amigas. Ahora podemos decir que no tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque estamos luchando por nuestros derechos. Nosotras mismas y teniéndolo todo en contra", sentencia.

El número de menores que convive en hogares marcados por la violencia de género va en aumento. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al año pasado, un total de 1.935 menores fueron víctimas directas de violencia machista. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, con un aumento del 40,6% respecto a 2022.

Todos ellos contaban con órdenes de protección o medidas cautelares. Más de la mitad (54%) tenía menos de diez años y el 81,6% eran hijos e hijas del agresor. Las cifras sobre menores víctimas de la violencia ejercida por sus padres llegan en un momento especialmente relevante, poco después de que salieran a la luz las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, especializado en violencia machista, asegurando que muchas madres son “enemigas acérrimas de la custodia compartida” y que "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Los datos ofrecidos por el INE se basan en las víctimas con órdenes de protección y en los denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia. Un total de 33.373 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia y la mayoría tenía una relación de expareja con su agresor. 

La cifra de hombres denunciados asciende a 33.228, la mayoría fueron señalados por delitos de lesiones (21.560), pero también por torturas (8.125), amenazas (6.450) y quebrantamiento de condena (3.740). Entre las 98.551 medidas cautelares dictadas, solo 305 fueron de suspensión de la patria potestad y 3.007 de suspensión del régimen de visitas. La prohibición de aproximarse a la víctima se acordó en 26.080 ocasiones y la prohibición de comunicarse con ella en 25.881. En 2.229 casos se privó del derecho a la tenencia y porte de armas, mientras que en 86 se procedió directamente a su incautación.

En cuanto a las sentencias, los tribunales condenaron a un total de 40.929 hombres en asuntos procedentes del mismo año y de ejercicios anteriores. 

El INE también publica información relativa a violencia doméstica, aquella ejercida en el ámbito familiar por parte de cualquier miembro. Cabe destacar que incluso en este epígrafe la mayoría de las víctimas (60,8%) son mujeres y el grueso de los denunciados (71,6%) son hombres, por lo que predomina un sesgo de género evidente también cuando se trata de otras formas de violencia en el hogar. 

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

Los comentarios machistas del juez David Maman Benchimol no han pasado desapercibidos, especialmente entre quienes comparten profesión con el magistrado. No son pocos los juristas que han decidido que no basta con una condena simbólica a lo expresado en febrero por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, sino que es urgente tomar medidas. Profesionales y organizaciones han interpelado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para demandar una investigación exhaustiva sobre sus manifestaciones. Así que el futuro del juez está ahora en manos del órgano judicial.

"Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al exDAO o, si no, habría que recusarlo", deslizó el jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su petición enseguida se transformaría en una solicitud formal: su departamento ha enviado un escrito al CGPJ, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la apertura de diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el juez. Según la queja formal presentada por el Ministerio, a la que ha podido acceder infoLibre, el magistrado podría haber cometido una "falta grave" debido a sus declaraciones.

El escrito de Igualdad argumenta que sus afirmaciones "no constituyen meras opiniones aisladas, sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia". A su juicio, sus comentarios reflejan una "trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos", además de constituir una "absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos" contrarios al principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

Igualdad también repara en la asunción implícita de "teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental" y en la falta de reconocimiento de las personas menores de edad "como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo". El departamento reprocha igualmente la "actitud tránsfoba" del juez y fundamenta su petición apoyándose tanto en el ordenamiento jurídico español como en el marco internacional. "Es una queja formal y vamos a hacer seguimiento del asunto", insisten desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este diario.

La de Igualdad no es la única queja que se ha registrado en las últimas horas. El despacho Olympe Abogados presentó el jueves a las 22:40 horas otro escrito a través del Formulario de Atención Ciudadana del CGPJ. Isaac Guijarro, cofundador del despacho, explica a infoLibre que las manifestaciones de David Maman Benchimol "no se pueden enmarcar en un ejercicio de la libertad de expresión", puesto que el magistrado no asiste a las jornadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde las pronuncia, para "dar su opinión como ciudadano, sino como juez". "Cuando actuamos como profesionales no nos podemos abstraer de nuestra ideología", sintetiza el letrado. En otras palabras: "Un juez misógino en lo personal va a ser un misógino en lo profesional".

Para Guijarro, esto es algo que impacta en "todas las víctimas que pasan por su juzgado, por las decisiones que toma y por el trato que les puede dar", así que el Poder Judicial debería, bajo su punto de vista, tomar medidas inmediatas abriendo un procedimiento disciplinario por sus palabras.

También lo creen así más de un centenar de entidades y particulares que han suscrito un manifiesto conjunto que previsiblemente se traducirá también en una queja formal el próximo lunes, según señalan las promotoras a preguntas de este diario. Las entidades se apoyan sobre distintos principios constitucionales –como el de igualdad, pero también la tutela judicial efectiva o el sometimiento de la justicia a la ley–, citan los compromisos internacionales suscritos en materia de violencia machista e insisten en la imparcialidad de la justicia para exigir una investigación efectiva. "Un discurso público judicial que exterioriza prejuicios de género puede erosionar, al menos objetivamente, esas garantías y la confianza en la imparcialidad del órgano", argumentan.

Así que la pelota está ahora en el tejado del CGPJ. "Si hay quejas presentadas, se iniciarán los trámites", explican fuentes del órgano judicial. En un primer momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria debe abrir una diligencia informativa, en una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar "si los hechos encajan en algún tipo disciplinario". En caso de que se considere que hay "materia e indicios de que el juez pudiera haber cometido una infracción", el siguiente paso consiste en incoar expediente. "En este segundo momento, si se abre expediente disciplinario, se investiga en profundidad para ver si ha cometido algún tipo de falta", exponen las mismas fuentes. 

A partir de ese momento, el funcionamiento es similar al de una instrucción judicial. "Se persona el Ministerio Fiscal, se toma declaración al juez, se recaban pruebas y todo lo necesario para ver si esos hechos denunciados son constitutivos de una falta", completa un portavoz autorizado. Si el señalado es responsable, entonces el promotor confecciona una "propuesta de sanción que eleva a la Comisión Disciplinaria, quien a modo de tribunal será la que decida si se sanciona o no".

Las mismas fuentes no aciertan a concretar durante cuánto tiempo puede prolongarse la investigación, en caso de iniciarla. "Puede depender de la dificultad del caso o de cuestiones como las pruebas que se soliciten", agregan. Al cierre de esta edición, el CGPJ todavía no contaba con una notificación formal de las quejas registradas, pero las voces consultadas insisten en que una vez llegue, se activarán los mecanismos pertinentes. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge cuáles son las faltas por las que sus señorías pueden ser sancionados. Según las quejas ya registradas, las declaraciones del magistrado podrían haber incurrido en una falta grave recogida en el artículo 418.5, por suponer un "exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto de los ciudadanos". En añadido, el precepto 419.2 tipifica como falta leve toda "desatención o desconsideración" con los ciudadanos. 

Igualdad añade que las manifestaciones del juez "podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial". Añade que, en un contexto formativo como es el de las jornadas en las que se enmarcan sus declaraciones, "resulta especialmente grave" porque contribuye a "perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Pese a los esfuerzos por exigir una respuesta a la altura por parte del Poder Judicial, lo cierto es que no todo el mundo confía en la diligencia del órgano a la hora de actuar contra este tipo de situaciones. "El CGPJ es el gran culpable en este país de que la justicia sea machista, por su inacción, su sectarismo y por taparse entre ellos", clama Isaac Guijarro. Para el abogado, "el problema de estos jueces es la impunidad: saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a tener consecuencias". 

En el año 2018, el CGPJ recibió una queja por las palabras del juez Francisco Javier Martínez Derqui en torno a una denunciante. En una grabación accidental, el magistrado se refería a la víctima como "bicho" e "hija de puta". Ella formuló una queja formal. El CGPJ abrió una diligencia informativa, pero la investigación quedó archivada. La clave es que el órgano judicial entendió que la grabación se había producido accidentalmente, sin consentimiento y en el ámbito privado. 

Enero de 2025. Al CGPJ llegan centenares de quejas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaa, en el marco de la causa contra Íñigo Errejón. En octubre del mismo año, el caso queda archivado. El Promotor de la Acción Disciplinaria consideró que los fragmentos del interrogatorio difundidos públicamente ofrecían una visión "descontextualizada".

Según la estadística anual de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, en 2024 se presentaron 22.056 escritos –incluyendo quejas, peticiones de información, sugerencias y agradecimientos– ante la unidad y otros órganos de gobierno. Esos escritos dieron lugar a 16.409 expedientes, pero únicamente una pequeña parte acaba, tras aplicar los filtros internos precisos, en un expediente formal contra un juez. La última Memoria del CGPJ detalla que en ese mismo año se adoptaron un total de 17 acuerdos en el ámbito disciplinario. En dos de ellos, la deriva final fue el archivo, mientras que en 15 se impuso una sanción. Al cierre del año, existían 12 expedientes incoados pendientes de resolución.

Guijarro sugiere trabajar sobre vías alternativas y efectivas para que los tribunales sean espacios libres de violencia machista. "El Gobierno debería modificar la Ley del Poder Judicial para permitir a los abogados especializados recusar a los jueces que hayan tenido públicamente un comportamiento machista o misógino", sugiere. La ley contempla la recusación en distintos supuestos, por lo que el abogado cree que entre los motivos recogidos deberían incluirse, en los procedimientos de violencia contra las mujeres, las expresiones o manifestaciones misóginas. Lo contrario, concluye el letrado, deriva en un clima de total impunidad. 

Asegura que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirma que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y cree que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres". Su nombre es David Maman Benchimol y es el juez responsable de instruir el caso contra el ex jefe de la Policía Nacional denunciado por violencia sexual por una subordinada. Las afirmaciones las pronunció hace dos meses frente a los micrófonos, en una jornada organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en torno a las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y que ha hecho públicas laSexta.

Las juristas feministas que escuchan hoy sus palabras se reconocen inquietas por los efectos que pueden tener en los tribunales, pero admiten que no resultan sorprendentes. "Es bastante típico, sobre todo en violencia sexual", expresa una jueza especializada que pide no revelar su nombre. 

Lejos de tratarse de comentarios excepcionales, no son pocos los jueces que manifiestan opiniones estigmatizantes y ancladas en los muchos sesgos que todavía campan a sus anchas en los tribunales. "Cuestionan a las víctimas o insinúan que se mueven por intereses", comparte la misma jueza, quien observa que los estereotipos están especialmente presentes en los casos de violencia sexual. "Estamos como en violencia de género hace dos décadas, cuando salió la ley: no se cree a las mujeres".

"Hay más ejemplos, lamentablemente", coincide la abogada María Naredo. Al otro lado del teléfono, la letrada expresa preocupación "no solo porque haya jueces misóginos, sino porque sean titulares de un juzgado especializado". Al mismo punto llega la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), quien considera inadmisible dar rienda suelta a este tipo de prejuicios en el caso de un magistrado que trabaja directamente con víctimas desde hace 15 años. 

Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, ha señalado que confía en que las declaraciones del magistrado "se encuentren delimitadas a su derecho de libertad de expresión". No obstante, ha advertido, "si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que el órgano "no tiene mucho margen de maniobra" en este tipo de situaciones, en parte porque entra "en juego la independencia de los jueces". El grueso de la actividad que emana de la Comisión Disciplinaria, según exponen las mismas fuentes, procede de quejas o denuncias, no tanto de una actuación de oficio. Pero existe una limitación clara: los hechos tienen que encajar en las faltas que prevé la ley. "Si el hecho no constituye una falta disciplinaria, entonces tampoco puede derivar en una sanción". 

¿Pueden ser estas manifestaciones una falta? Las fuentes consultadas matizan que se trata de opiniones expresadas fuera de los tribunales, por lo que no necesariamente tienen impacto en sus resoluciones judiciales. Las mismas voces ponen un ejemplo: "Puede haber un elevado porcentaje de jueces que no estén de acuerdo con las leyes, pero luego las aplican", zanjan.

Las juristas feministas discrepan. Cuando se manifiestan opiniones en las que "subyacen prejuicios y estereotipos de género", necesariamente va a existir un impacto, asiente Cira García. "No se puede disociar, este tipo de comentarios impregnan tu práctica judicial" y eso deriva en una lesión al "derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas, clama la magistrada. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima.

En el mismo sentido se expresa María Naredo: "Los prejuicios van contigo y te acompañan en todas tus resoluciones judiciales". Y precisamente por este motivo existe todo un marco internacional que busca proteger a las víctimas poniendo la lupa en los sesgos que todavía anidan en el ámbito judicial. 

Mientras el juez Maman Benchimol lamenta que las defensas de las víctimas vayan "a la caza de la orden" de protección y las mujeres se beneficien de "tantas ventajas para poner una denuncia", lo cierto es que es el propio marco internacional el que obliga a que así sea. El Convenio de Estambul exige la adopción de medidas para que las víctimas puedan "beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados", a través de una "protección inmediata" que no suponga "una carga económica o administrativa excesiva". Y el mismo tratado obliga a prestar apoyo a las víctimas en la presentación de sus denuncias. En ese mismo sentido, los estados firmantes deben alentar a que cualquier persona que haya presenciado violencia la denuncie ante las autoridades. No es que las mujeres tengan ventajas por denunciar, es que deben tener facilidades para poder hacerlo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se detiene precisamente en el efecto de los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Según el organismo de las Naciones Unidas, los sesgos de género "tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres" y además "pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley", afectando particularmente a "las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia". Los estereotipos, añade en su recomendación, "distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos". 

Esos estereotipos no son opiniones aisladas, sino que "pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa". El resultado puede derivar en una "cultura de impunidad" en los tribunales.

En su informe de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (GREVIO) también señalaba los defectos formativos en materia judicial en suelo español. "A pesar de las medidas para ampliar la formación sobre violencia de género contra las mujeres", lo cierto es que los jueces que no trabajan en tribunales especializados en violencia de género "siguen sin recibir formación sistemática sobre temas relacionados con la violencia contra las mujeres". Muchos de ellos, observan los expertos, "siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima y en el trauma".

En el citado informe, los expertos hablaban además del uso "incontrolado" de conceptos como el "denominado síndrome de alienación parental". Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales, una herramienta que recupera ahora el juez Maman Benchimol cuando desliza que algunas madres manipulan a sus hijos. "La madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre poco a poco", aseguraba el magistrado. 

En realidad, la idea de una manipulación sistemática e interesada no solo ha sido refutada por expertos a lo largo de los años, sino que el uso de ese argumento en el ámbito judicial está prohibido gracias a la ley de protección a la infancia. La norma veta el uso de ese síndrome en concreto, pero también de todas sus derivadas: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". 

En 2024, el Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza.  

A la formación como una de las grandes asignaturas pendientes en la judicatura es adonde llegan todas las expertas consultadas. Hace ahora siete años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de 50 horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

Uno de los principales problemas, según indican las juristas entrevistadas, es que los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Así que los operadores jurídicos más veteranos "van sorteando los requisitos posteriores que sí afectarían a las nuevas hornadas", lamentan las voces consultadas. Todas ellas coinciden en algo: la formación en perspectiva de género se ha demostrado no ser una prioridad.

Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

Interior día. O tarde. O noche. Habitación de hospital. Una mujer está en la cama dentro de un cuerpo que ha realizado la mayor proeza física de su vida. No está sola. Hay más gente. Que entra y que sale. Plantas nuevas envueltas en celofán. Todos contentos. Hay un recién nacido en una cuna de plástico transparente. La mujer necesita dormir y tener sobre ese cuerpo molido al bebé que hasta hace apenas unos minutos estaba dentro de ella. Pero el bebé es cogido por todos esos familiares y se hacen fotografías con él. ¡Una con la madre!, se le ocurre a alguno. Pues una con la madre. Gracias. La escena se repite unas semanas después en la casa del recién nacido. Ya ha subido la leche, pero las maniobras son complejas para alimentar al bebé. Todos vienen a comer y el niño vuelve a pasar de mano en mano. La madre está cocinando porque alguien tiene que hacerlo. Ponen la mesa, comen, toman café, hablan de lo humano, opinan de crianzas, alimentación y, en un momento de la tarde, la madre se encierra en el baño y se pone a llorar. Su madre, su propia madre, la descubre y se lo suelta: Pero, ¿qué te pasa? Tendrías que estar contenta.

Esto es solo una anécdota leve, actual e inventada que ha podido suceder en millones de casas después de millones de nacimientos. En Deberías alegrarte. Lo que no se cuenta de la depresión posparto (Altamarea, 2026), la periodista y escritora Diana Oliver realiza una radiografía histórica, social, literaria y científica y nombra la depresión postparto y el maltrato, la ignorancia e invalidación de los problemas de salud mental que se producen durante y después del embarazo. Un malestar que tiene nombre y que, en muchos casos, no se ha diagnosticado, ni reconocido, y que, casi hasta ahora, ha señalado a esa mala madre infeliz como culpable única de su propia oscuridad. Y que, sin embargo, atraviesan, según cifras a la baja, de un 10 a un 20% de las mujeres que dan a luz. Que nos ha llevado a los manicomios, al cuestionamiento constante, a la soledad física y emocional, a situaciones límite y también a escribir sobre ello. Lo contó Mar García Puig en el durísimo La historia de los vertebrados, donde narra el brote psicótico que vivió tras dar a luz a gemelos; pero muchas más lo nombran: Katixa Aguirre, Nuria Labari, Maggie O’Farrel o Adrienne Rich son algunas de las que cita Oliver.

Explica la autora en este libro que la desorientación que se produce se ve agravada por el mandato social de vivir la maternidad como un momento plenamente feliz y por el estigma que es todavía la salud mental. Estas dos condiciones hacen que la culpa, el dolor o el agotamiento se silencien y, al final, en esa fotografía, la madre intente una sonrisa. Pero también dificulta la detección y el tratamiento de los trastornos, infradiagnosticados en el 75% de los casos. Y aunque, desde hace unos años, hemos empezado a contarnos mejor a través de nuestras propias palabras, todavía el cuestionamiento y la mirada exterior de cada una de las maternidades es constante. Y aunque muchas hemos renunciado a la exigencia que nos convertiría en madres perfectas y abnegadas para ser la madre que podemos ser y somos, todavía también la medida de nuestra capacidad está enmarcada por una sociedad machista que desprecia, ignora y desestima el dolor de las mujeres.

Cuando di a luz a mi hijo, se olvidaron de abrirme la vía de los calmantes. Me tragué la suturación de una cesárea sin analgésicos. Una piel, músculos y un órgano que se contraccionaban al ritmo del llanto del recién nacido. De madrugada, veía las estrellas. A las seis de la mañana, cuando ya no podía más, una enfermera me dijo: solo me falta ponerte morfina, chica, no seas exagerada. Pues seré floja, pensé, pero póngamela ya. Entonces, descubrió el gotero cerrado. Lo abrió y allí no había pasado nada. Le cuento esto a una amiga hace unos días, encerradas en la cocina de su casa, de pie las dos, mientras le hace la cena a los niños que arman jaleo en el salón. Y me dice que le pasó lo mismo.

Por qué contar esta intimidad en una columna, lo diré: porque ya está bien de contárnosla las unas a las otras encerradas en las cocinas, aunque dónde estaríamos sin esas conversaciones, y que se empiece a dar valor a nuestra salud de forma pública. Cuidar a la madre es cuidarnos a todos.