Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

El PSOE ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del juez de Púnica de no atender su petición de que se replantee la decisión de no procesar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y a su sucesor Ignacio González en el marco de la investigación sobre la presunta caja b del PP madrileño con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, según ha informado Europa Press.

En el escrito de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuyo paraguas actúa la formación política, se interesa la revocación del sobreseimiento para un total de 61 personas, entre las que también incluye a los exconsejeros conservadores Manuel Lamela, Salvador Victoria o Juan José Güemes, a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Francisco Javier López Madrid, y al PP, al que quiere que se le tenga como responsable civil subsidiario.

Al hilo, critica duramente al juez instructor, Manuel García Castellón, al que acusa de haber respondido tarde y "sin la más mínima argumentación" al recurso que presentó contra su decisión de exonerar a Aguirre.

"De su mera lectura resulta evidente que carece de la más mínima argumentación para desestimar los argumentos que exponemos en el mismo, lo que es de apreciar sólo al peso", señala en el escrito de más de 230 páginas al que ha tenido acceso Europa Press.

ADADE se queja además de que el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, hace mención en su resolución, por la que rechaza la pretensión del PSOE, a autos de la Sala de lo Penal que no tienen que ver con lo que ellos ponen en cuestión.

En concreto se refiere a la decisión de archivar la causa para todos los delitos previos a 2011 y por tanto para los investigados que en ellos habrían participado. Decisión que vuelve a recurrir indicando que la Sala en ningún momento se ha pronunciando sobre el particular.

Añade a esto que la lentitud del Juzgado en resolver el recurso de reforma "conculca" su derecho reconocido no sólo en la legislación nacional sino también en la europea a una segunda instancia. Y adelanta que ese extremo será objeto de futuros recursos.

Cabe recordar que en octubre de 2022 García Castellón acordó levantar las imputaciones que pesaban sobre Aguirre y González por esa presunta existencia de una 'caja b', si bien sí que procesó al ex consejero Francisco Granados.

Desde 2014, la AN investigaba esta pieza separada 9 sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.

García Castellón indicaba en su auto que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero en cambio ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros —los declarados ante la Cámara de Cuentas—, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.

Por ello, el juez acordó procesar a ocho personas: Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.

García Castellón apuntaba a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.

Así, en ese mismo auto, el juez decidió archivar para los otros 71 imputados, entre ellos Aguirre, González, Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

Para el PSOE resulta llamativo que se archive para Aguirre cuando esta "era la principal beneficiaria de toda la actividad desarrollada por esta trama de financiación del PP". Y recuerdan que, según el Ministerio Fiscal, "era la única competente para nombrar a tanto sospechoso", y que tal y como dijo otro investigado —Horacio Mercado— ella no hablaba de dinero pero participaba "muy activamente en las reuniones de estrategia".

Recuerdan que existe el principio de que nadie debe beneficiarse del delito y que para eso está la figura del partícipe a título lucrativo, "que va como anillo al dedo a la versión fabulada por el Ministerio Fiscal y asumida por el auto de que Esperanza Aguirre no se enteraba de nada".

"La realidad era que se malversaba dinero a espuertas a fin de mejorar la imagen por todos los medios posibles de la candidata recurrente a las elecciones de la Comunidad de Madrid", recuerda.

ADADE recuerda también la declaración de Aguirre ante el juez, se queja de que sólo haya sido llamada una vez, y apunta que en ella señaló que no se ocupaba de cómo se pagaban las cosas.

"Lejos de invitar a su sobreseimiento, deberían de llevarle directamente a la condena, pues ella era en aquel momento la máxima responsable del uso del dinero público del que disponía la Comunidad de Madrid y estaría entonces desde 2003 hasta 2012 que abandona el cargo, haciendo dejación de sus obligaciones", asevera.

Por otro lado, rebate la tesis del Ministerio Fiscal, asumida por el juez, de que puesto que el delito de financiación irregular de los partidos políticos no existía al tiempo de los comicios electorales de 2007 y 2008, todo lo anterior a 2011 estaría prescrito.

Señala que "desde tiempo inmemorial están regulados los delitos de malversación, de prevaricación y de falsedad documental, que se rigen por sus propias normas de prescripción y no por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Cabe recordar que el juez señaló sobre Aguirre que no podía considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos pues no se habían evidenciado indicios que permitieran afirmar "que era conocedora de los mismos".

En concreto, aludía a una conversación entre Aguirre y González de la que decía que cabría deducir que la ex presidenta madrileña "podía sospechar o intuir que se había sobrepasado el límite del gasto electoral", pero al mismo tiempo consideraba que esa charla también revelaba "que no tenía conocimiento de cómo había sucedido".

García Castellón dejaba claro que, "aunque lo anterior podría plantear si (Aguirre) se situó en lo que se denomina ignorancia deliberada", "tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación" contra la ex dirigente conservadora.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) la decisión del juez instructor de archivar la pieza número 9 de Púnica para los ex consejeros madrileños Lucía Figar y Salvador Victoria, reclamando que sean procesados por la presunta existencia de una caja b en el PP de Madrid con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Ministerio Público ha impugnado parcialmente el auto dictado el pasado 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, en el mismo sentido que plasmó en su informe final.

García Castellón determinó que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero vio indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros -los declarados ante la Cámara de Cuentas-, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.

Por ello, procesó a ocho personas: el ex consejero Francisco Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que situó como máximos responsables de la presunta trama; así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.

García Castellón apuntó a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.

Al mismo tiempo, el magistrado archivó para los otros 71 imputados, entre ellos los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, así como para Figar, Victoria, Manuel Lamela, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

Además, rechazó la petición realizada por la acusación popular del PSOE de imputar al PP. El instructor razonó que, en primer lugar, sería "improcedente" porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, "con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses". Y, en segundo lugar, porque sería una imputación "innecesaria e inútil", dado que los posibles delitos están prescritos.

El auto de procesamiento también ha sido recurrido por la acusación popular que ejerce el PSOE, que pide procesar también a Aguirre y González, y por Granados y Gutierrez, que reclaman que se les aplique el mismo baremo que a sus entonces superiores.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este viernes levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una caja b también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al exconsejero Francisco Granados, ha recogido Europa Press.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama Púnica, por considerar que el hecho de que tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla.

También sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito.

El auto de procesamiento empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, esta pieza separada número 9 de Púnica, la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción cree que el hecho de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla en la pieza separada de Púnica en la que se indaga sobre la presunta existencia de una caja b de la formación en la capital.

Así se desprende del informe de 860 páginas, al que ha tenido acceso por Europa Press, que el Ministerio Público remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, y en el que el fiscal califica de "endeble e inconsistente" parte de los indicios, que considera escasos "para sustentar una acusación formal" contra la propia Aguirre.

Y, en lo que respecta al también expresidente regional Ignacio González, Anticorrupción ha pedido al instructor que le exculpe igualmente a pesar de "la existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007". En concreto, apunta el escrito, porque los hechos habrían prescrito.

El fiscal considera, además, que "no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos". Asimismo, cree que "la credibilidad del inicial denunciante", el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, "resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo".

En cuanto al presunto líder de la trama Púnica, el exconsejero Francisco Granados, Anticorrupción deja claro que su "participación resultó clave" para introducir al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, "en el ámbito" del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación sobre los que el magistrado ha puesto el foco.

Es por eso que, en su escrito, la Fiscalía solicita al juez que le envíe al banquillo por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga si el PP de Madrid tenía una 'caja b' con la que financió campañas electorales que levante la imputación de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, según ha avanzado 'El Español' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la Operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha confirmado que la agencia de detectives que se tanteó para realizar presuntamente un seguimiento al entorno de la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, es la misma que le espió en Colombia.

Sus primeras palabras en una entrevista en Telecinco, recogidas por Europa Press, han sido para condenar una "situación triste y lamentable" porque "pensaba que estas prácticas ya se habían acabado".

"Desgraciadamente parece que estamos asistiendo a una repetición de un uso de estas fórmulas que son realmente lamentables, inadmisibles y destructivas", ha cargado González, quien ha puesto el foco en que "curiosamente" se da la circunstancia de que él pasó por una serie de seguimientos por parte de "la misma agencia de detectives que está en esta trama".

"Yo fui objeto de espionaje en 2008 en un seguimiento en Colombia. Fui seguido durante una semana por esta agencia que me realizo a mi espionaje y esta misma agencia no sólo ha actuado contra mí en ese momento sino que otros dirigentes del PP, como consta acreditado en las causas que se están siguiendo en la Audiencia Nacional en relación a mi persona, también recurrieron a ellos para contratarles para investigarme en el famoso tema de mi ático, que tras ocho años quedó archivado".

González ha remarcado que la prensa "ha puesto de manifiesto que hay personas del PP que han contactado con una agencia de detectives, que no es la primera vez que hace actuaciones de este tipo para el Partido Popular".

"Yo les he sufrido en dos ocasiones y es una práctica deleznable. Yo me encuentro en esta circunstancia precisamente por esas prácticas pero no crea que soy el único: hay muchas más personas que han sido afectadas por estas prácticas a lo largo de estos años y no sólo del PP, también del PSOE y de otros partidos", ha aseverado.

El expresidente ha insistido en la "gravedad de que haya personas del PP que han acudido a un detective, que ya ha actuado en otras ocasiones contra personas del PP o de su entorno. Según parece y según informaciones publicadas sobre las agendas de Villarejo, esta agencia trabajaba para él y en esa misma han trabajado comisarios afectados por investigaciones raras".

En todo caso le parece que "acudir a estas fórmulas para buscar la eliminación de rivales políticos es inaceptable. Si tienen conocimiento de alguna actuación ilegal la vía es acudir a los tribunales".

González ha manifestado su "cariño" por el PP y le gustaría "que se acabara con este tipo de prácticas para centrarse en lo que interesa, presentar una alternativa al Gobierno actual".

El director de la agencia de investigación Mira, Julio Gutiez, ha confirmado este jueves que "alguna empresa" en la que "gobierna el PP" le contactó para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que se negó a llevar a cabo este trabajo porque lo que encargaron era "ilegal" por "los datos que solicitaban".

Según publica este jueves El Independiente, esta agencia de detectives es la misma que organizó en Colombia el espionaje al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, encargado por el expresidente de OHL, Juan Miguel Millar Mir, y por el que fuera tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido, en 2008. Asimismo, también volvieron a investigar al líder regional por el caso del ático de Estepona que afectaba tanto a la esposa de González como al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La agencia Mira también habría investigado, según publica El Independiente, al número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, en 2009. El propio Cobo lo calificó de "Gestapillo" y señaló, en El País, a Esperanza Aguirre como responsable de un aparato de espionaje instalado en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En un audio difundido por el canal 7NN Noticias, recogido por Europa Press, Gutiez ha explicado que a su agencia fueron para contratarle "unas personas vinculadas a alguna empresa" del Partido Popular "o en las que gobierna el PP" para encargarle una labor que "era ilegal por los datos que solicitaban".

"Les dije que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal. Querían unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y un banco. Me negué y ahí se quedó la historia", ha subrayado, al tiempo que también ha afirmado que un periodista le llamó más tarde para confirmar que en Génova habían intentado contratarle pero que él se había negado.

"Le dije al periodista que ni confirmaba ni desmentía", ha afirmado el director de la agencia de detectives, que ha defendido que en su vida profesional no ha filtrado quiénes eran sus clientes ni ninguna de sus investigaciones.

El Partido Popular negó en comunicado que "desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid" y avisó que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades. Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional.

Los vecinos de Chamberí podrán disfrutar en 2023 de uno de los mayores parques públicos de la capital madrileña, con 55.000 metros cuadrados. Pero nadie les ha regalado nada. Todo comenzó hace 18 años. Corría el año 2003 cuando el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, presentó un proyecto para crear en terrenos del Canal Isabel II una gran área verde en un barrio con más cemento que hierba. Pero tres años después, con las obras en marcha, el vecindario descubrió por un cartelón a la entrada del recinto que se iba a contruir un campo de golf que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había declarado “de interés general” para acelerar el proceso urbanístico. Detrás de todo esto se adivinaba una oscura trama de corrupción supuestamente comandada por el número dos de Aguirre, Ignacio González, también presidente del Canal Isabel II.

La batalla vecinal contra el inesperado campo de golf comenzó con una pancarta en un balcón y pronto se constituyó una asociación, Parque Sí en Chamberí, que ha coordinado casi dos décadas de diálogo, acciones sociales y protestas contra el complejo. Toda su historia ha quedado plasmada en el documental De interés general, cuyo preestreno tuvo lugar en septiembre en la Sala Berlanga: “Creemos que el filme puede servir para que otras personas se den cuenta de que el compromiso social puede servir para luchar contra las injusticias. Que lo pequeño da lugar a lo grande”, cuenta Mercedes Arce, coprotagonista del documental y socia fundadora de la asociación.

Ahora, el documental se proyectará en los cines Verdi de Madrid este jueves 3 de febrero, a las 22.15 horas, y el sábado 5 y domingo 6, a las 11.30 horas. Precio: 8 euros el jueves y 6,50 euros el fin de semana

Carmen Ochoa, también coprotagonista del documental, desea que su historia se extrapole a otras situaciones, a otros vecindarios y otras ciudades donde hay gente librando batallas como la suya: “A veces puedes tener la sensación de que estás luchando contra un muro, pero al final esa pared está hecha de personas, por muy estrambóticas u horrorosas que sean. Ese es nuestro mensaje: el poder solidario puede combatir al poder real. Y ahora queremos que otros poderosos se den cuenta de lo que les puede pasar”.

La creación del documental: crowdfunding y enfoque social

Miguel Ángel Sánchez ha estado a cargo de la dirección del filme. Destaca que una de las razones que le llevó a abrazar este proyecto fue la sensación de que los abusos de los poderes fácticos no se combaten porque la ciudadanía al final no se atreve a dar el paso. “La intimidación lleva a la rendición frente a alguien con muchos más medios de ataque y de defensa que nosotros”, y el hilo del documental es una llamada a la acción: “Esto es lo contrario al aislamiento, una forma de comportamiento subversivo contra el poder político y económico. Agradezco que estos héroes anónimos hayan depositado su confianza en mí para inmortalizar este largo proceso.”

De izquierda a derecha: Francisco Osanz, presidente de la asociación vecinal El Organillo, Miguel Ángel Sánchez, director del documental, Mercedes Sánchez y Carmen Ochoa, coprotagonistas del mismo, y Juanjo Castro, director de fotografía, frente a los terrenos del campo de Golf.

El director afirma que la grabación no es un alegato contra el PP, sino contra aquel PP: “En la política hay una falta de autocrítica impresionante y la corrupción pasa muchas veces desapercibida. Uno de nuestros objetivos es que los culpables, de este y otros escándalos, sepan que en algún momento tendrán que rendir cuentas con la ciudadanía a la que deben servir.” El proyecto se financió a través de una campaña de crowdfunding transversal, ya que el documental cuenta con voces de muchos ámbitos: abogados, arquitectos y ecologistas han estado involucrados en la lucha y son muchas personas las que han aportado su tiempo y esfuerzo para sacar adelante esta iniciativa".

Miguel Ángel destaca que el mundo de la política ha quedado excluido del documental: “No queríamos restar protagonismo al movimiento vecinal y por ello quedaron al margen las siglas de los partidos políticos. El liderazgo ha sido ejercido por ciudadanos normales y esa es la historia que queremos contar”. Dicho esto, explica que en su momento sí trataron, sin éxito, de recabar el testimonio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya que durante su Gobierno se dió luz verde al proyecto del parque y se desbloquearon las negociaciones entre el Canal de Isabel II y la asociación: “Hablamos con su representante y su primera reacción fue preguntar si ofrecíamos dinero por obtener su declaración. La respuesta fue claramente negativa y hasta ahí llegaron nuestros contactos. Hubiera sido una buena forma de salvar parte de la cara del PP”, reflexiona el director.

Un vecindario frente a una trama de corrupción protegida por la política y la Justicia

Carmen Ochoa recuerda los inicios de la polémica como si hubieran ocurrido ayer. “Estábamos enfrentándonos a un cazurrismo sin precedentes, la peor forma posible de capitalismo macarra. Los involucrados en la operación del campo de golf no tenían nada de humano, iban a expoliar lo público para quedárselo ellos y sentimos un imperativo moral para impedir que se salieran con la suya. ¿Cómo iba a ser de interés general un campo de golf, como pregonaba Esperanza Aguirre?”, dice desde el otro lado del teléfono.

Destaca las dificultades que tuvieron en los procesos judiciales, en los que la cúpula del PP madrileño contó con el apoyo permanente del entonces fiscal del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix: “Desde la Justicia se ignoraron por completo nuestras denuncias, por muy bien formuladas y documentadas que estuviesen.” Cabe destacar que años después Moix sería colocado al frente de la Fiscalía Anticorrupción a propuesta del PP durante el segundo mandato de Rajoy. “Tuvimos que esperar diez años para ser escuchados por la Justicia, un tiempo en el que perdimos la confianza en la independencia judicial”, cuenta Carmen. Pero pone el foco en el final positivo de la historia: “El último juez que llevó este tema dictó una sentencia clara: el campo de golf no era de interés general”.

En este punto, Mercedes Arce recuerda la importancia que tuvo la investigación periodística de Manuel Rico, publicada en el semanario Tiempo, que destapó la trama corrupta montada por Ignacio González para que su familia se enriqueciese con la adjudicación del campo de golf y que tiempo después le costaría el ingreso en prisión provisional y un asiento en el banquillo de los acusados por la adjudicación del campo de golf y otras tramas englobadas en el caso Lezo. “La investigación de Manuel nos llevó a presentar la primera denuncia en los tribunales. Si no hubiera sido por él, quizás no hubiéramos podido seguir avanzando”, relata Mercedes.

Tejido de redes sociales y el legado de su lucha

A lo largo de todos los años de lucha, desde Parque Sí en Chamberí han tejido redes de colaboración con organizaciones de distinta índole. Mercedes recuerda que desde el primer momento formaron parte de la Asociación contra el Plan General de Ordenación Urbana (hoy llamada Plataforma por el Derecho a la Ciudad de Madrid), en protesta por la iniciativa urbanística del consistorio madrileño en tiempos de Ana Botella. En aquel contexto se desarrolló un mapa de los horrores de la ciudad, que aún está activo y recoge operaciones urbanísticas cuestionadas a lo largo y ancho de la capital durante los sucesivos gobiernos del PP.

Carmen cuenta que también estuvieron incluídos en la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, donde estaban presentes representantes sindicales, Ecologistas en Acción y otras asociaciones vecinales, porque según cuenta “la primera venta del Canal, aunque de forma indirecta, fue el proyecto del campo de golf”.

Destaca que siempre mantuvieron la esperanza porque la participación ciudadana actúa de forma retroactiva, que otras personas se unan a tu causa te anima a seguir hacia adelante: “A lo largo de los años hemos organizado talleres sobre el distrito, sobre el barrio y sus necesidades… porque Chamberí parece un barrio de ricos, pero no tenemos casi nada en cuánto a servicios para la ciudadanía: una biblioteca pública para más de 100.000 personas, una única Casa de Cultura, ni una Escuela de Música… la falta de servicios es impresionante”, denuncia.

Ahora, después de la odisea, desde Parque Sí han puesto el foco en la difusión de su trayectoria frente al poder a través del documental: “Me gustaría poder dejar un legado y que las nuevas generaciones recojan el testigo y puedan organizarse para lograr cosas como las que nosotros hemos logrado”, desea Carmen, mientras confiesa que siente que se le ha pasado “toda una vida”. Por eso, ahora que han vencido en una batalla que nunca dieron por perdida pese a las dificultades, sentencia: “Queremos que nuestra historia no pase desapercibida y alcance a la ciudadanía”. Porque su historia sí que es, en definitiva, De interés general.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa Lezo, ha acordado procesar al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la pieza relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas a Canal Golf y que tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con al intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP, tal y como avanzó infoLibre en sucesivas informaciones publicadas en 2017 [ver aquí nuestro dosier]. Ahora da 30 días a las partes para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa, según informa Europa Press.

Esta es la tercera pieza de Lezo en la que González es propuesto para sentarse en el banquillo de los acusadosLezo , después de las piezas relativas a Emissao y al tren de Navalcarnero. En esta pieza separada número 2, además de al expresidente, García Castellón propone juzgar a su hermano Pablo Manuel González González, al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a José Antonio Clemente -socio de Pablo González-, y al cuñado del expresidente Juan José Caballero Escudier.

En el auto, en el que García Castellón decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de otras ocho personas, explica que esta pieza comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a ACS Proyectos, Obras y Construcciones que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse Dragados.

Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González -presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012-, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería -TCT-. Los socios de esa empresa eran Clemente, Manuel González y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

TCT no tenía capacidad de ejecución

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos a pesar de conocer que esta sociedad "carecía de toda capacidad para ejecutarlos", ampliando hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación. De esta manera, según el auto, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

Los socios de TCT, sabiendo que eran incapaces de ejecutar esos trabajos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación, por lo que el beneficio aproximado para TCT fue de 381.000€. De esa cantidad, se repartieron entre los socios de TCT al menos 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 mediante 49 entregas en efectivo.

En su auto de fin de instrucción, el magistrado recuerda además que en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados).

En esa adjudicación "solo los investigados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron de nuevo a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo".

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad Green Canal Golf que firmó en 2007 la concesión. Pero en junio de ese mismo año Green subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941 euros, consiguiendo así, por su mera intermediación un beneficio aproximado de 124.000€. El juez calcula en su auto que entre 2006 y 2012 obtuvieron un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos del Canal de Isabel II.

Siete años después de comenzar la instrucción del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está empeñado en ir cerrando la investigación. Todo muy a pesar de las fiscales anticorrupción encargadas de la macrocausa, que insisten en que todavía quedan pesquisas necesarias para el esclarecimiento de algunos hechos. En los últimos meses se ha visto una disparidad de criterio entre el instructor y las representantes del Ministerio Público, patente en las decisiones que ha tomado el magistrado por su cuenta sin contar con el criterio de ellas. Y así se pone una vez más de manifiesto: una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 urge a las partes, acusaciones y defensas de investigados, a que propongan las últimas diligencias para poder "culminar" la investigación.

El escrito, del 17 de mayo y al que ha tenido acceso infoLibre, empieza recordando que el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos han de practicarse sin demora” y que en agosto de 2020 el juez dictó un auto en el que "instaba, a fin de evitar dilaciones indebidas, proceder a un estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento adoptando, precisamente, en cada caso, la resolución que corresponda respecto de cada una de ellas". La macrocausa de corrupción Púnica se ha dividido, desde que se abrió en 2014, en trece piezas separadasPúnica.

"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado, visto el estado de las actuaciones y atendiendo al mandato de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes referido, se acuerda dar traslado a las partes personadas para que informen sin demora y en el plazo de cinco días aquellas diligencias que valoren pertinentes para culminar la fase preparatoria en cada una de las piezas", explica. Con fase preparatoria, García Castellón se refiere a la instrucción que sirve para la posible celebración del acto del juicio.

Las intenciones del magistrado de la Audiencia Nacional se han venido confirmando en los últimos meses, y sobre todo después de que la Sala de lo Penal urgierael pasado marzo a ir concluyendo la instrucción de una macrocausa que ha llegado a tener más de 200 imputados. El juez estuvo de acuerdo y así lo hizo constar poco después en una resolución, remarcando que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirmó.

Precisamente, la semana pasada desgajó la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, que se sigue en la pieza 9, abriendo una nueva, la número 13, con el objetivo de no retrasar el avance de otras pesquisas y así acelerar el cierre de la primera, en la que están imputados la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre y otros ex altos cargos de la Comunidad de Madrid como los ex secretarios generales de la formación Ignacio González y Francisco Granados así com el exgerente Beltrán Gutiérrez.

El instructor tomó esta decisión, sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, después de recibir un escrito del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena de 40 años de cárcel por la primera época de actividades de la trama Gürtel y el año pasado ya relató en el juzgado posibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Ortega asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre"un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que García Castellón ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las examine y las compare con la documentación que a su vez ha remitido a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía sobre la contabilidad de Mercado Puerta de Toledo.

Sin embargo, por lo que se infiere al leer el auto de conformación de la pieza 13, el magistrado tiene dudas acerca de lo que afirma el exalcalde y critica que éste haya esperado meses –después de denunciar los hechos en sede judicial– para entregar esta documentación, de ahí que considere necesario cotejar los documentos con las cuentas de la empresa pública. Según fuentes jurídicas, el juez no quiere retrasar el curso de la investigación de la supuesta caja b del PP de Madrid y así se confirma una semana después con el envío a las partes personadas en la macrocausa para que hagan sus propuestas para encargar las últimas diligencias.

Recurso de la acusación popular

La decisión de García Castellón de desgajar la investigación de la presunta financiación ilegal del PP madrileño en los años en que estuvo controlado por Esperanza Aguirre ha sido ya recurrida por la acusación popular Adade. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que los hechos denunciados por Ortega coinciden "plenamente" con los que se tratan de dirimir en la pieza 9 y de hecho corresponden a cuando la expresidenta tomó el "control" de la entidad pública Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) "mediante el nombramiento de nuevos gerente y gerente adjunto, el primero no sólo de su entera confianza, sino además familiar de su marido, lo que con errores también se pone de manifiesto en la denuncia". IMADE, recuerda la acusación, era el accionista único de Mercado Puerta de Toledo S.A.

Y así, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción remarcó que esta sociedad, adscrita a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y "destinataria de importantes ayudas comunitarias, sería usada, por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al PP de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010".

Adade reprocha al magistrado que otorgue "mayor credibilidad a los investigados que niegan los hechos de los que se les acusa, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, que a los testigos que pretenden colaborar en la averiguación de los hechos objeto de investigación", en referencia al exalcalde de Majadahonda.

Abierto en 2014, el caso Púnica se ha convertido en una de las causas más longevas de la Audiencia Nacional. La instrucción tenía hasta el verano de 2020 como fecha de caducidad, pero una reforma legislativa de última hora amplió los plazos y García Castellón se vio obligado a prorrogar las pesquisas, que vuelven a tener como horizonte finales de julio de este año. Según la ley, todas las diligencias que se ordenen antes del cierre de una investigación se tienen que acometer aunque el instructor la dé después por finalizada. De ahí que la última providencia parezca más bien un aviso de las intenciones del magistrado.

Casi siete años de instrucción, dos centenares de imputados y una docena de piezas separadas es el balance del caso Púnica, una de las macrocausas de corrupción más longevas de la Audiencia Nacional. Este año, distintas resoluciones judiciales de las últimas semanas avanzan el final de la investigación en los próximos meses, en los que se dilucidará qué personas de todos los implicados que han pasado por el tribunal son enviados a juicio y quiénes terminan en sobreseimiento. En todo caso, todo eso se verá después de las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo, ya que los tribunales no suelen llevar a cabo actuaciones que puedan influir en la intención de voto.

La instrucción del caso Púnica estaba destinada a terminar el verano de 2020 en función de los plazos marcados por la ley. Una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a finales de julio permitió extender los plazos sine die, lo cual fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, frente a las protestas de investigados en la causa como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya representación letrada solicitó el cierre de las actuaciones. Desde entonces se han acordado numerosas comparecencias de nuevos imputados y de testigos, incluida la del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que se comprometiera a colaborar con la justicia.

No obstante, el pasado otoño y los primeros meses de 2021 también han sido escenario de archivos con respecto a ciertos imputados y la denegación de diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya han ido orientando lo que debe ser el futuro más inmediato de la macrocausa: el fin de la investigación tras siete años abierta.

La Sala ordena cerrar y el juez avisa de que no aceptará más diligencias

Una de las resoluciones más recientes ha sido la de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la encargada de resolver los recursos durante la instrucción, que rechazaba las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urgía a concluir la instrucción "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014". "Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9", dijo la Sala en un auto del 17 de febrero.

Esta advertencia interesaba no sólo a la Fiscalía, que era la que había pedido a la Sala que ordenara al juez que acordara las diligencias solicitadas, sino al propio García-Castellón, porque aparte de confirmar su decisión de no seguir con las diligencias que le solicitaban desde Anticorrupción, ponía ya sobre la mesa lo que opina el tribunal sobre el caso Púnica: la instrucción empieza a estar, si no lo está ya, agotada. Y así lo ha expuesto el magistrado en un reciente auto de esta semana, aparte de archivar las pesquisas con respecto a Indra como persona jurídica en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Aguirre.

El Ministerio Público alegaba que las nuevas diligencias que proponía eran pertinentes y entendía que la investigación sigue abierta "hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusión". El juez discrepa y remarca que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirma, insistiendo en que la Sala ya expuso la "necesidad de finalizar la instrucción de esta pieza".

Fuentes de Anticorrupción consultadas por infoLibre son conscientes de que las últimas decisiones de la Sala y el magistrado abocan a un cierre próximo de la instrucción de la macrocausa. Unas piezas lo harán antes que otras, pero están de acuerdo en que la investigación de los casos no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Ahora, lo que tiene que abordar el Ministerio Público es la ordenación de los hechos en cada una de las piezas y pronunciarse sobre qué investigados deben ser procesados y sobre quiénes se solicita el sobreseimiento para poner sobre la mesa del juez sus conclusiones provisionales. Fuentes jurídicas confirman que García Castellón está esperando a recibir los escritos de la Fiscalía.

Según las fuentes consultadas, el cierre de la investigación no llegará hasta que pasen los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pues hay una regla no escrita en los tribunales según la cual éstos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos políticos como puede ser una campaña electoral. En todo caso, prevén que tras el 4M se aceleren los acontecimientos con respecto a esta macrocausa de corrupción.

¿Qué pasará con Aguirre?

De todo el caso Púnica, la pieza 9 ha sido la más mediática en los últimos años. Las comparaciones con la existencia de una caja b en el PP nacional, ya confirmada por el Tribunal Supremo, son inevitables: dos gerentes, Luis Bárcenas en el nacional y Beltrán Gutiérrez en el regional, que iban anotando entradas de dinero en efectivo que escapaban al control fiscal y engrosaban una contabilidad opaca para financiar campañas electorales. Lo que está por ver es si Esperanza Aguirre es finalmente procesada por haber sido supuestamente la supervisora de esa financiación ilegal que le habría servido para financiar campañas en 2007, 2008 y 2011, tal y como concluían tanto el juez como Anticorrupción cuando fue imputada en septiembre de 2019. Aparte de ella, están también investigados otros dos expresidentes madrileños, Ignacio González y Cristina Cifuentes, además del ex secretario general y exconsejero Francisco Granados, entre otros.

La tesis de los investigadores es que Aguirre "ideó la búsqueda de recursosque financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" y que era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba el auto de imputación. La "estrategia" –añadía– era "obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Aguirre siempre ha negado la mayor y en este tiempo sólo la han señalado tres personas condenadas o investigadas en el caso Gürtel: la administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán; y los exalcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. Casualmente, los tres tienen como abogado al mismo letrado que acaba de contratar Bárcenas, quien también ha acusado a la expresidenta de, entre otras cosas, aceptar un sobre con 60.000 euros de un empresario. Tanto ella como el constructor lo niegan y él ya ha sido exculpado. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha mostrado partidaria de seguir buscando más indicios contra la expresidenta.

La declaración del empresario señalado por Bárcenas, que tuvo lugar el pasado jueves, puede ser de las últimas que tome el juez en la pieza 9 de PúnicaPúnica. La macrocausa tiene otras diez líneas de investigación que comenzaron a abrirse en 2014, tras la detención de Francisco Granados, que es precisamente el que da nombre al caso –punica granatum es el nombre científico del árbol de la granada–, y del constructor David Marjaliza por los negocios que habrían hecho juntos cuando el primero era alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, antes de entrar en el Gobierno de Aguirre en 2003. 

Pieza 1. El chivatazo de un guardia civil a Granados avisándole de que estaba siendo investigado. Es la única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del exconsejero a dos años de prisión y de dos agentes. Granados ya había cumplido con creces la condena debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Pieza 2. La rama leonesa de la trama. Trata de adjudicaciones irregulares a las empresas de reputación online vinculadas al llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

Pieza 3.  Hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en Murcia. Están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz. Esta línea de indagación salpicó al expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, que acabó dimitiendo. Sin embargo, el juez García Castellón acabó archivando las diligencias contra él, contra el criterio de Anticorrupción y las acusaciones populares.

Pieza 4. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades urbanísticas en Valdemoro, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados como alcalde. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama. 

Pieza 5. Hechos concernientes a contratos menores en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama corrupta. 

Pieza 6. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos como Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Están imputados exalcaldes y otros cargos de los municipios afectados, así como directivos de la empresa.

Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de 47 ayuntamientos madrileños entre 2004 y 2014 con la empresa de eventos musicales Waiter Music. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y a varios contratos adjudicados a FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO, Urbaser, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes así como mítines y actos del PP. José Luis López Huerta Balbuena, propietario de esta empresa recientemente fallecido, reconoció en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios. El pasado septiembre, el juez citó a declarar como imputados a exalcaldes y otros cargos, entre ellos David Erguido, ex teniente de alcalde de Algete en el momento de los hechos, motivo por el cual dejó su escaño de senador.

Pieza 8. Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre: consejerías de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior.

Pieza 9. Posible financiación ilegal del PP de Madrid tras la llegada de Aguirre a la Presidencia a través de varias vías: contratación a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y del Canal de Isabel II, adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a Indra a cambio de comisiones, desvío de dinero procedente de la cláusula del 1% –fundamentalmente desde las consejerías de Sanidad y Transportes–, y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), entidad ligada al partido.

Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero público por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas administraciones públicas y empresas.

Pieza 11. La última línea de investigación versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid. 

Cristina Cifuentes se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por supuestamente inducir a falsificar el acta de su trabajo de fin de máster, una acusación que podría acarrearle hasta cuatro años de prisión. Este juicio es sólo el principio en una serie de investigaciones que le afectan tanto a ella como a sus dos antecesores en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que enfrentan sus propias batallas con la Justicia y para las que 2021 podría ser un año decisivo.

Los tres gobernaron en Madrid de forma consecutiva y durante 15 años, entre 2003 y 2018. González fue el único que dejó su puesto al expirar el mandato y dos años después fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, mientras que Aguirre y Cifuentes dimitieron de forma abrupta: la primera alegó en 2012 motivos personales, mientras que la segunda lo hizo asediada por el escándalo del máster que nunca terminó y tras la publicación de un vídeo en el que aparecía robando cremas en un supermercado. Una y otra fueron imputadas varios años más tarde de sus salidas como máximas responsables políticas de la Comunidad de Madrid.

Por orden cronológico, el llamado caso máster fue el último de los que salpican a los tres expresidentes en abrirse en los tribunales, pero el primero en instruirse y ser enviado a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras un aplazamiento el año pasado a causa de la pandemia de coronavirus, Cifuentes tendrá que hacer frente a cuatro jornadas de vista oral en las que la Fiscalía sostendrá que la expresidenta indujo a la falsificación de un acta “a sabiendas” de que con ese gesto estaba acreditando una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo”. Un documento que ella misma exhibió públicamente en varios medios de comunicación y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El Ministerio Público pide para Cifuentes tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de falsedad documental, así como para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Fue con quien Cifuentes se habría puesto en contacto nada más publicarse la información del escándalo en eldiario.es para que hiciera las gestiones oportunas “con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", a lo que accedió, según el relato del fiscal.

Como autora de la falsificación del acta la Fiscalía pide 21 meses de cárcel para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, una pena inferior a las anteriores porque reconoció los hechos y ha colaborado en la investigación. La representación letrada de la universidad no hace distinciones y solicita cuatro años de cárcel para cada una de las tres acusadas. El cuarto procesado en esta causa, Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, falleció en abril de 2019.

No ha enseñado el trabajo

La Audiencia Provincial ha programado cuatro jornadas de juicio en el que previsiblemente Cifuentes será la primera en declarar. Hasta la fecha, la expresidenta nunca ha admitido los hechos que defiende Fiscalía; más bien al contrario, en instrucción aseguró al juez que sí cursó el máster e hizo el trabajo final y lo entregó al tribunal, pero que no lo podía acreditar porque lo había perdido en varias mudanzas.

Pase lo que pase con este procedimiento, aquí no acaban los problemas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid con la Justicia: desde septiembre de 2019 está imputada en la macrocausa de corrupción Púnica, en la Audiencia Nacional, concretamente en la pieza número 9 que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid, en el que ella ocupó diferentes puestos de responsabilidad.

En concreto, el juez Manuel García Castellón la señaló por la supuesta adjudicación "arbitraria" de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, cuando ella formaba parte de la Mesa, a favor de Cantoblanco, sociedad de Arturo Fernández. Se da la circunstancia de que Cifuentes era patrona de Fundescam en 2007, cuando, según el magistrado, el empresario hizo donaciones a esa fundación del PP de Madrid, y formó parte del comité regional de campaña del partido en las elecciones autonómicas de ese año. Las indagaciones van encaminadas a averiguar si las donaciones al partido fueron un pago por la adjudicación en la Asamblea.

En el marco de la investigación, otros antiguos integrantes de la Mesa de la Asamblea, pertenecientes al PSOE e IU, ratificaron la versión de Cifuentes al asegurar, en su declaración como testigos, que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación y que su valoración se regía por los criterios que les proporcionaban los técnicos de la Cámara que hacían los informes sobre las candidaturas que se presentaban.

Eso ocurrió hace un año, pero el magistrado no ha dado ningún paso de momento y mantiene imputada a la expresidenta madrileña. Es más, el instructor ha previsto un intenso calendario de declaraciones en el caso Púnica para el próximo mes y medio, tanto de imputados como de testigos y correspondientes a distintas piezas de la macrocausa, incluida la número 9.

Aguirre y la presunta caja B del PP de Madrid

En esta línea de investigación está también bajo el foco del juzgado la expresidenta Esperanza Aguirre. Imputada en el mismo auto que Cifuentes en septiembre de 2019, el nombre de la también exdirigente del PP madrileño llevaba años sobrevolando esta causa, sobre todo a raíz de la incoación de la pieza sobre una supuesta financiación en B, mencionada por algunos de los imputados. Según García Castellón, la investigación arrojaba entonces "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad".

Habría sido al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad en 2003 cuando los dirigentes del partido en Madrid "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

La expresidenta se defendió en su comparecencia asegurando que sus funciones en el partido eran políticas y no económicas o contables, que ella no dio ninguna instrucción para contratar con determinados empresarios las campañas institucionales y que al gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez le nombró la dirección nacional, en concreto por el también entonces gerente Luis Bárcenas, antes de que ella llegara a la Presidencia de la formación.

Determinante, por tanto, para esta línea de investigación puede ser la declaración que podría prestar próximamente el propio Bárcenas. Aunque ya ha comparecido previamente en este caso, ha anunciado a través de su entorno que va a colaborar con la Justicia en las causas que quedan abiertas y sobre las que podría tener alguna información. Una vez confirmada su larga condena por Gürtel y la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, al extesorero del PP ya “no tiene nada que perder”.

Caso Lezo

Esta colaboración de Bárcenas no sólo podría poner en aprietos a Aguirre y Cifuentes, sino también al tercer expresidente madrileño cercado por investigaciones judiciales, Ignacio González. Además de su imputación en la pieza 9 de Púnica, en torno a él se instruyó el llamado caso Lezocaso Lezo, también de corrupción, esta vez por la gestión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. El exdirigente fue detenido en abril de 2017 y estuvo casi siete meses en prisión preventiva.

Ya se han mandado a juicio tres de las piezas separadas en que se dividió esta causa y González afronta peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de doce años de cárcel por dos de esas piezas: ocho años por malversación por la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, del que estuvo al mando durante su etapa como vicepresidente de la Comunidad, y cuatro años por cohecho pasivo por la adjudicación supuestamente fraudulenta a una UTE participada por OHL del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero. Ambas piezas están pendientes de señalamiento de juicio.

Se da la circunstancia de que en el caso Lezo también estuvo imputado otro expresidente madrileño del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, concretamente en la pieza 1, que versa sobre otra compra del Canal de Isabel II, la del 75% de la empresa colombiana Inassa, en 2001, antes de la llegada de Ignacio González. En su caso, las actuaciones fueron archivadas al considerar que fue el consejo de administración de la compañía pública y no el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el responsable de un posible delito de malversación.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el empresario Javier López Madrid seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, mientras que para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González interesa una pena de cuatro años de prisión por cohecho pasivo y una multa de dos millones de euros en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo, en la que se investigaba el contrato para las obras del tren de Navalcarnero.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que solicita también la apertura de juicio oral, interesa además cárcel para otras cuatro personas, entre las que están el empresario Adrián de la Joya –muy ligado al comisario José Manuel Villarejo– para el que se piden tres años y seis meses de cárcel por cohecho activo, e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012, para el que solicitan 4 años de cárcel por cohecho pasivo.

Para Rafael Arturo Martín de Nicolás, el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seis años y medio de cárcel por idénticos delitos a los de López Madrid: Cohecho activo y falsedad en documento mercantil. Para ambos impone multa también de 2 millones de euros.

El último de los encausados para el que interesa juicio oral es Felicísimo Damián Ramos Ramos para el que solicita otros seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil.

Para la celebración de la vista, Anticorrupción considera que se debe recabar la testifical de hasta 36 personas, entre las que se encuentra el empresario David Marjaliza, el también imputado en Lezo Edmundo Rodríguez Sobrino, el exministro 'popular' Eduardo Zaplana y el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir, sobre el que juez acordó archivar la causa el pasado mes de noviembre.

2,5 millones para González y de Miguel 

Según el informe, la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL gracias a la "ventajosa oferta económica" en comparación con otras siete empresas. Pero "en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid –consejero dominical de OHL en el momento de los hechos– y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas –consejero Director General de Construcción Nacional de OHL–".

Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.

"Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares –aproximadamente 1,8 millones de euros–al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González –presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012– a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad", recuerda la Fiscalía.

El Ministerio Público apunta que con ese plan sobre la mesa, para llevar a cabo el pago de citada comisión contaron "con la colaboración esencial" de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos, director de control de OHL, y Adrián de la Joya, "quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello".

En definitiva, la actuación conjunta de ambos acusados permitió a OHL "destinar importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión" para construir la línea ferroviaria Móstoles Central-Navalcarnero.

Así, días después de la adjudicación, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, Rafael Arturo Martín, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.

Los hechos ocurren en 2007, cuando OHL gana el concurso público y a la par, dice Fiscalía, López Madrid aprovecha su amistad con Ignacio González para convenir con éste que aprovecharía su posición en la Comunidad de Madrid para asegurar dicha adjudicación dado que podía influir sobre Jesús Trabada, de la empresa pública Mintra. "Lo que a merced de su intervención personal así aconteció", subraya.

El papel clave de Adrián de la Joya 

Con el fin de dar cobertura a esta salida de fondos con destino México, dice el Ministerio Fiscal, Felicísimo Damián Ramos, de acuerdo con López Madrid y Rafael Arturo Martín, elaboró dos facturas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas por la sociedad panameña LAURYN GROUP INC., propiedad de Adrián de la Joya.

Esas dos facturas iban dirigidas a las dos sociedades mexicanas que recibieron los citados fondos. La utilización de esta sociedad panameña obedeció a que De la Joya había acordado con López Madrid que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en una cuenta que su sociedad LAURYN GROUP INC. tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a Ildefonso de Miguel Rodríguez, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos.

En ejecución de su plan, el 30 de noviembre de 2007, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de López Madrid y Rafael Arturo Martín, ordenó transferir esos 2,5 millones de dólares desde México a la cuenta suiza de LAURYN GROUP INC. Seguidamente, en fecha anterior al mes de julio de 2008, Adrián de la Joya hizo llegar al investigado Ildefonso de Miguel Rodríguez en Madrid fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas.

No obstante, el fiscal apunta que a día de hoy "no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en las que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este investigado e Ignacio González".

Actuaciones para modificar el contrato 

Debido a las limitaciones económicas de la oferta, la sociedad concesionaria en enero de 2010 paralizó las obras para pedir el modificado del contrato, tal y como habían planeado. A tal fin, López Madrid y Martín de Nicolás solicitan la resolución del contrato y piden un nuevo plazo de ejecución de las obras, lo que les es concedido "por mediación de Trabada" en diciembre de 2010.

Pero en octubre de 2011 solicitan una modificación del contrato aduciendo causas imprevistas, e incluyen unas propuestas económicas nuevas que "de haberse incluido en la propuesta inicial habrían determinado la desestimación de su oferta". Esa solicitud no fue admitida y la concesionaria fue declarada en concurso de acreedores, no llegando a ejecutar las obras.

Cabe recordar que OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

El juez García-Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.

“El complejo judicial más moderno de Europa y uno de los mayores del mundo". Así definió Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia, uno de los proyectos estrella de su primer Gobierno, durante el flamante acto en el que puso la primera piedra, en el año 2008. Acudieron numerosas personalidades del mundo de la judicatura, incluidos presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y fiscales superiores. Un año más tarde, las obras se paralizaron, según la versión oficial, por la crisis económica. Y diez años después, la propia exlíder del PP madrileño renegó del proyecto, casualmente cuando se conoció que la Audiencia Nacional había empezado a investigar los contratos adjudicados para su construcción. Dijo entonces que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le había "exigido" centralizar las sedes judiciales en un mismo espacio.

De ese proyecto que Aguirre vendió en 2005 como su "reto más ambicioso", sólo queda un edificio en el barrio residencial de Valdebebas, en el norte de Madrid, el conocido como dónut por su forma circular que ni siquiera está terminado y que hasta ahora se erigía en mitad de la nada. Son los mismos terrenos sobre los que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, levanta su propio proyecto estrella, el hospital de pandemias. Además, ha anunciado que el edificio el fallido Campus de la Justicia se acabará de construir para instalar allí el Instituto Anatómico Forense de la Comunidad.

Para gestionar el macroproyecto urbanístico del Campus de la Justicia se constituyó una empresa pública del mismo nombre (CJM), al frente de la cual estaba el entonces vicepresidente Alfredo Prada, y es ahí donde el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto el foco de su investigación después de recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción a partir de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, el cual arrojó irregularidades en los contratos para la construcción del espacio. El origen de la investigación judicial no puede ser más rocambolesco, pues fue el Gobierno regional de Cristina Cifuentes quien trasladó las conclusiones del informeCristina Cifuentes sobre incumplimientos sistemáticos de las "normas esenciales" de contratación y contabilidad de la administración. La Comunidad de Madrid, además, es parte acusadora en este procedimiento.

Un comisario de la Kitchen implicadoKitchen

Algo más de dos años después de iniciar las pesquisas, el magistrado de la Audiencia Nacional ha cerrado una de las piezas en que ha dividido la investigación y ha propuesto juzgar a Prada y otros cinco exdirectivos de la empresa pública, entre ellos el comisario Andrés Gómez Gordo –conocido por ser un estrecho colaborador de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que en este caso ejerció como director de Seguridad– por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por las irregularidades detectadas en los contratos para la construcción del Campus de la Justicia. Además de esta causa, Gómez Gordo está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo, en la que se investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez De la Mata, que en los próximos días abandonará la Audiencia Nacional una vez el Gobierno le nombre representante de España en Eurojust, ha concluido así una de las piezas separadas de que consta esta causa; la principal seguirá instruyéndose en el juzgado, toda vez que el proyecto urbanístico se intentó retomar años después como Ciudad de la Justicia y ya con Ignacio González en la Presidencia de Madrid, aunque finalmente se confirmó el fracaso del plan.

En la presente investigación ya concluida, el magistrado se ha centrado en contratos inflados para actividades tanto de seguridad como de "publicidad, comunicación y propaganda" del Campus de la Justicia o de urbanización, todos ellos "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios que ampararon una situación en la que se prescindió del procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los objetivos de los actores". Contratos a empresas amigas o ampliaciones irregulares para contentar a ciertas compañías a pesar de no ser los más ventajosos son algunos de los indicios que De la Mata expone en su auto y por los que propone juzgar a los seis imputados.

Según el auto, de 253 páginas, los contratos de publicidad y comunicación investigados, por valor de más de cinco millones de euros, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM", pues no se decidían en la empresa, "donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban" desde la Vicepresidencia que dirigía Prada. "En estos contratos, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por Prada personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos", explica.

Pero esto no fue lo peor, apunta De la Mata. Los mencionados contratos no se dedicaron a la estrategia de comunicación de la empresa responsable del Campus de la Justicia, sino que "se integraban conceptualmente en la estrategia de comunicación y publicidad de la Vicepresidencia y Consejería de Justicia", esto es, del propio Prada y las actividades de su departamento. "Así las cosas, el proyecto Ciudad de la Justicia pasó a ser simplemente, en lo que se refiere a sus aspectos comunicacionales y de publicidad (por importe multimillonario), una herramienta más de la Vicepresidencia y Consejería para sus propios fines institucionales. Esta es la razón, de hecho, por la que personal contratado por CJM prestaba sus servicios en el gabinete de Prada, dedicándose a atender todas las necesidades de comunicación institucional del vicepresidente y consejero, correspondieran o no a CJM, y, por otra parte, esta es la razón por la que los contratos de publicidad decididos por Prada, una vez formalizados en CJM, se ejecutaban materialmente y se les daba seguimiento desde el gabinete de la Comunidad", resume.

Para este fin, los investigados en este procedimiento, liderados por el exconsejero, que era quien "tomaba todas las decisiones", se pusieron de acuerdo "con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlo a cabo”. Corrompieron, al fin y al cabo, el procedimiento de adjudicación de contratos de la empresa pública, lo que dejó afectada "sustancialmente" su operativa y los resultados económicos, "menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

El perjuicio podría ser de cientos de millones

El juez explica que en este caso el dinero supuestamente sustraído no iba dirigido al lucro personal de Prada y el resto de investigados, sino que "la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial". Es más, De la Mata sospecha que todas las irregularidades presuntamente cometidas en el Campus de la Justicia y que se investigan también en la otra pieza de la causa podrían haber causado "perjuicios al erario público de cientos de millones de euros".

Para el magistrado, los seis investigados “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación” y no elaboraron la "adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los informes técnicos de valoración, en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o que prescindieron en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna, entre otras supuestas irregularidades".

Un ejemplo de estos contratos sobre los que el juez pone el foco fue el del patrocinio de las exposiciones "La Justicia en el Arte" e "Imágenes de la Justicia". Según el relato de hechos, la Vicepresidencia que dirigía Prada organizó estas dos exposiciones junto con la Fundación Arte Viva Europa y la empresa Campus de la Justicia "recibió órdenes directas" del entonces consejero de Justicia para que se convirtiera en patrocinadora, a cuyo efecto se suscribieron distintos contratos que le obligaban a "abonar un patrocinio de 600.000 euros". El importe final de los pagos relacionados con las dos exposiciones de "nada menos que de 1.197.083,67 euros".

Esta es sólo una muestra, dice el juez, de la "intervención personal y directa y la preeminencia absoluta que, durante la primera fase del Campus de la Justicia en que ejerció la Presidencia, tuvo Alfredo Prada en la toma de decisiones en los distintos procesos de contratación", también en lo que respecta a los relacionados con la seguridad del recinto. En estas irregularidades, el magistrado sitúa en medio al comisario Gómez Gordo como la persona que habría estado en contacto con empresas justo "antes y durante el tiempo que se acuerda, tramita y publica el concurso".

En algunos casos, según el auto, no intervenía ni la mesa de contratación para adjudicar los servicios y Prada estaba de acuerdo en lo que convenía Gómez Gordo. Un ejemplo fue un contrato para el que el comisario rechazó la oferta de una compañía por un criterio no exigido en el pliego de condiciones. Al final, se lo quedó oficialmente otra empresa por medio millón de euros, pero finalmente no fue la misma que firmó el contrato y además la prestación del servicio terminó meses después del que se indicaba en un principio.

El PSOE pedirá este martes la comparecencia de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de todos los presidentes de la región desde 2003 en la comisión que investiga el supuesto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid, la sociedad semipública que concedió un aval a la empresa de la que eran socios los padres de la actual mandataria pero no actuó con la debida diligencia para recuperarlo cuando no le fue devuelto su importe. Entre esas comparecencias se encuentran Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán -que fue presidente en funciones en 2019-, según informan a infoLibre fuentes socialistas.

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión sobre Avalmadrid. Sin embargo, en las ocasiones anteriores, no lograron sacarlas adelante por la mayoría de la derecha en la Mesa de la Asamblea de Madrid con el argumento de que Avalmadrid no dependía del Gobierno autonómico. PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición, suman cuatro de los siete puestos del órgano, por lo que tienen mayoría de bloqueo. El PSOE, por su parte, tiene dos y Vox uno.

Los socialistas vuelven a pedir su comparecencia tras las declaraciones de Eva Piera, viceconsejera de Economía y persona clave en el equipo económico de Aguirre, a finales de septiembre. Era la segunda ocasión que acudía a esta comisión. En la primera, el 17 de diciembre, tal y como demostró documentalmente infoLibre, mintió en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citarla para que explicase las contradicciones entre su testimonio y lo que desvelaban los correos publicados por este periódico.

En esta segunda comparecencia, Piera se presentó con una intervención escrita, que leyó siempre que tuvo oportunidad y que se resumió en dos ideas básicas: sus palabras de diciembre fueron "sacadas de contexto" –no explicó cómo se podía sacar de contexto una afirmación que repitió hasta en nueve ocasiones de forma rotunda tal y como consta en el diario de sesiones– y lo que pedía en los correos desvelados por infoLibre eran meras "notas informativas previas" para reuniones que tenía con empresas que querían información sobre las líneas de ayuda de Avalmadrid. Durante las preguntas de la diputada socialista Sánchez-Acera aprovechó que Piera había insistido en que toda su actividad respecto a Avalmadrid debía "enmarcarse en su actividad ordinaria" como viceconsejera de Economía de la Comunidad, para anunciar que pediría de nuevo la comparecencia de los presidentes madrileños en la comisión.

La Asamblea madrileña creó en 2019 una comisión sobre Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 25% del capital, porcentaje similar al que tiene Bankia. Esta comisión tenía que acabar en diciembre y tener 13 sesiones, pero, debido al parón parlamentario por la pandemia del covid, sólo ha tenido diez.

Entre los capítulos más escandalosos de Avalmadrid está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, a pesar de que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros.

La venta de casi 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) al fondo Goldman Sachs-Azora en 2013 por parte de la Comunidad de Madrid ha quedado definitivamente anulada. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado agotar la última vía, la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Supremo del pasado 9 de marzo por la cual el Alto Tribunal tumbaba un recurso de casación del Gobierno autonómico. Así lo ha confirmado a infoLibre el propio equipo de Díaz Ayuso. 

El recurso ante el Constitucional era una opción que llevaba meses manejando la Comunidad de Madrid, tal y como sus portavoces han aireado públicamente. De hecho, la primera sentencia que anula la enajenación de 2.935 VPO del antiguo Ivima traspasadas por 201 millones de euros -por debajo del precio de mercado- data de mayo de 2018 y fue formulada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital.

Según un portavoz de la Consejería de Vivienda al frente de la cual se halla el ex alcalde de Alcorcón David Pérez, "la Comunidad de Madrid ha decidido efectivamente no ejercer su derecho al recurso de amparo ante el Constitucional". "Ahora estamos estudiando cómo cumplir la sentencia, que acatamos absolutamente", indican desde la consejería.

Los sucesivos gobiernos de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora de Díaz Ayuso han recurrido siempre ante las instancias superiores para defender la decisión que en su día adoptara su predecesor, el ex presidente Ignacio González, hoy investigado por Lezo. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -una vez- como la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo -en dos ocasiones- han denegado la razón a los órganos jurídicos regionales. 

Un inquilino de Navalcarnero

Uno por uno, todos los tribunales han ido rechazando los sucesivos recursos autonómicos. Se han producido situaciones inéditas: en junio de 2019 el TSJM deliberó durante cuatro meses hasta dar la razón al denunciante que ha desencadenado todo, un hecho sin precedentes. El denunciante es Rachid B., inquilino de una vivienda social del Ivima en la localidad de Navalcarnero que entró en 2007 con un arrendamiento de 230 euros y que, cinco años después, se enteró que su nuevo inquilino era el vehículo inmobiliario creado por el fondo Goldman Sachs-Azora, llamado Encasa Cibeles.

Azora trató de subir el alquiler a Rachid con vistas a echarle del apartamento, pero éste emprendió a partir de 2016 un camino judicial junto a un abogado del turno de oficio para poder quedarse en el piso protegido. Las consecuencias del periplo judicial emprendido por ambos suponen un terremoto, ya que afectan a nada menos que a 3.000 viviendas, pero podrían extenderse a otras 2.000 VPO que por las mismas fechas (2013) el Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Ana Botella, vendió a otro fondo buitre: Blackstone-Fidere. 

Las 2.000 VPO de Botella

De acuerdo con la sentencia primigenia de mayo de 2018, queda estimado "íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON RACHID B. contra las dos resoluciones de la Dirección Gerencia del Instituto Madrileño de la Vivienda [antiguo Ivima, hoy rebautizada como Agencia de la Vivienda Social], (...) , por lo que debo anular y anulo totalmente las mismas y dejo sin efecto alguno la adjudicación y enajenación que por la primera de ellas se acuerda y con ello la transmisión del contrato de arrendamiento del demandante al propietario resultante de dicha enajenación". 

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha recurrido alegando la falta de "legitimidad activa", es decir, que el fallo del juzgado de Primera Instancia ratificado por el TSJM y el Supremo solo debería de afectar al denunciante Rachid B. y no al resto de pisos. Los intentos han sido en vano: en marzo pasado, el Supremo remachó que las consecuencias de la operación fueron "directas" para miles de personas que habían accedido a una vivienda social tras cumplir una serie de requisitos, fundamentalmente económicos. El Alto Tribunal negó asimismo la existencia de una "incongruencia omisiva del auto en relación con una cuestión procesal", el argumento del abogado de la Comunidad de Madrid.

Víspera del estado de alarma

El último fallo del Supremo, del 9 de marzo de este año, pasó desapercibido ya que se emitió la víspera de la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19. Pero contiene pasajes sorprendentes. Por ejemplo, el alto tribunal abronca al letrado de la Comunidad de Madrid por su insistencia en "erigirse en representante o defensor de los derechos de" Goldman Sachs-Azora. "Es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses", razonó entonces el Tribunal Supremo. 

Queda lo más complicado: conocer cómo el Gobierno regional aplicará la sentencia, teniendo en cuenta que Azora ha vendido centenares pisos sociales que compró en 2013 a terceros, algo que jurídicamente puede resultar muy difícil de resolver. Miles de familias sin embargo permanecen en las viviendas de protección oficial y reclaman su derecho a seguir pagando un arrendamiento asequible o, en su defecto, ejercer la opción de compra. En 2015 la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid señaló que la venta efectuada por Ignacio González se realizó por debajo del precio de mercado, para beneficio de los fondos buitre.

Un correo electrónico, una factura y un cheque que habían pasado inadvertidos y han sido localizados por las acusaciones populares del caso Púnica –Adade y el PSOE– acaban de convertirse en una nueva amenaza para Ignacio González, expresidente de Madrid. Los documentos destapan que a través de la empresa Tecnoconcret SL, de la que eran socios el hermano y el cuñado de González, el clan familiar del político hizo negocio como proveedor de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Prisma, el mayor plan de inversiones (1.000 millones entre 2006 y 2011) de la Comunidad de Madrid.

El hallazgo de esos documentos, incautados en un registro policial y alojados en el sumario de otro notable caso de corrupción –la Operación Lezo–, ha llevado a Adade y al PSOEa dar un paso que nadie esperaba:en un escrito presentado hace una semana,  ambas acusaciones piden al juez instructor de Púnica que llame a declarar de nuevo como imputado a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado Juan José Caballero. 

Tecnoconcret no figuraba como adjudicatario de ningún contrato para aquellas nuevas instalaciones deportivas. Pero el correo electrónico descubierto ahora y fechado el 10 de enero de 2007 demuestra que, para cobrar, la empresa de los González se valió de una treta mercantil: llegó a un acuerdo con otra compañía que, al menos y según las adjudicaciones que han encontrado las acusaciones, se hizo con cinco contratos para levantar campos de fútbol. Ese acuerdo –se lee en el email– le garantizaba a Tecnoconcret "una comisión del 5% de toda obra en futuros proyectos". Los cinco contratos sumaban 2,3 millones de euros.

El escrito de Adade y el PSOE remarca que Ignacio González hizo "el seguimiento" del proyecto de campos de fútbol a lo largo de los años. Hasta que en 2012 tomó el relevo de Esperanza Aguirre tras su sorpresiva dimisión como jefa del Ejecutivo autonómico, González era vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte. Una nota oficial de julio de 2009 destacaba cómo el vicepresidente había inaugurado un nuevo campo de fútbol en Becerril de la Sierra. Y cifraba en 86 los de césped artificial construidos "en 65 diferentes municipios de la región en esta Legislatura". Es decir, desde el 20 de junio de 2007. infoLibre intentó sin éxito este lunes contactar con el entorno de Ignacio González, al que transmitió mediante un mensaje los datos básicos del escrito presentado por las acusaciones.

Extinguida desde 2019, la compañía que actuó de vehículo para trasvasar a Tecnoconcret fondos públicos del bautizado como programa de "Campos Verdes" se llamaba Elitesport SA. Y según ha verificado infoLibre, a su consejo de administración perteneció hasta octubre de 2005 Carles Sumarroca Coixet, uno de los empresarios que por corrupción política se sentarán en el banquillo junto a los miembros de otro importante clan, el de Jordi Pujol.

Arpegio y las sospechas de financiación ilegal

¿Alcanzó Tecnoconcret pactos con otras adjudicatarias de contratos para la construcción de campos de fútbol? No se sabe. Y por esa razón las acusaciones piden al juez que reclame, entre otros, el llamado modelo 347 de Tecnoconcret. Se trata del formulario que cada año permite a Hacienda saber quiénes han percibido de un mismo pagador más de 3.000 euros. Si el juez accede y en el listado del modelo 347 apareciesen otros contratistas de campos de fútbol con césped artificial, el panorama empeoraría para los González.

La factura mencionada en su escrito por Adade y el PSOE y a la que ha logrado acceder infoLibre apenas sobrepasa los 20.000 euros. Pero, emitida el 28 de febrero de 2007 contra Elitesport, su contenido corrobora que la relación comercial con Tecnoconcret existió. Y que su objeto eran los campos de fútbol. En el caso de la factura, solo dos: el de Manzanares del Real y el de Pedrezuela. La alusión que el correo electrónico hace a "futuros proyectos", concepto del que quedaban excluidas las dos adjudicaciones citadas, se explica por un factor: a ese concurso, Elitesport acudió en unión temporal de empresas (UTE) con otra firma. ¿Explica ese hecho por qué la factura se limita a 20.000 euros en lugar de cifrarse en el 5% del contrato, cuyo importe total fue aquí de 807.195 euros? De momento, no se sabe. Las acusaciones han requerido al juez para que llame en calidad de testigos a los responsables de la empresa que en esta licitación fue en UTE con Tecnoconcret. 

Financiados por el Prisma, cuya multimillonaria gestión estaba en manos de Arpegio, uno de los grandes entes públicos ya desaparecidos y sobre los que recae la sospecha de haber financiado al PP de Madrid, los campos de fútbol no fueron el primer negocio que reportó a Tecnoconcret dinero del Gobierno madrileño. Ocho años antes de que González fuese detenido en abril de 2017, una investigación periodística del diario Público ya reveló cómo Tecnoconcret se había hecho en diciembre de 2006 con la adjudicación de un campo de golf promovido en el centro de la capital por el Canal de Isabel II. Es decir, por el gigante a cuyo frente se situaba el político que primero fue delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre.

La proximidad de las fechas entre la concesión del campo de golf del distrito capitalino de Chamberí y el acuerdo con Elitesport para quedarse con parte de los fondos destinados a nuevos campos de fútbol afianza una idea lesiva para los González y ya sostenida por un testigo de relevancia: que Tecnoconcret estaba en el proyecto del Canal de Isabel II para "robar y malversar". Lo declaró ante el juez uno de los socios de otra empresa a la que Tecnoconcret subcontrataba para instalar la hierba sintética, Onlygolf. Hasta hoy, nadie ha desvelado nada durante la instrucción de Púnica sobre los pagos por el césped artificial tendido entre portería y portería de cada "campo verde". El asunto no existía a efectos procesales. Y, por tanto, nadie ha preguntado por él en ningún interrogatorio. 

Pero la cosa no termina ahí. Porque además de las referidas al clan familiar de Ignacio González, las acusaciones formulan otra petición de calado: que el magistrado llame a declarar, también como investigado, al exconsejero madrileño Jaime González Taboada, cuya imputación ha aparecido cercana en distintas ocasiones pero nunca ha llegado a materializarse. Taboada, que había sido director general de Cooperación con la Administración Local y figura clave así en la ejecución del Plan Prisma, sostiene que nunca participó en las adjudicaciones de Arpegio. Pero Adade y el PSOE sustentan su solicitud basándose en lo que hace justamente un año adujo en un auto el juez instructor del caso, Manuel García Castellón: que los informes policiales permiten "acreditar indiciariamente la posible participación de Jaime González Taboada (...) en un reparto de obras convenido con el consejero de Presidencia, el investigado Francisco Granados". Enemigo interno y acérrimo de Ignacio González, Granados fue hasta 2011 el número dos del PP de Madrid. Su detención, en octubre de 2014, fue la que sacó a la luz la Operación Púnica.

Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o mediante conductos erróneos. O que se tradujeron tarde al inglés como paso previo a su envío. O en las que faltaban datos clave como el número de la cuenta sobre la que se requería información a un banco de Londres. E incluso otra que se había "extraviado" camino de Panamá y así lo terminó reconociendo el Ministerio de Justicia.  O una petición de ayuda judicial para que los peritos verificasen la autenticidad de una grabación y que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los más de siete años de instrucción sobre la oscura compra en 2012 de un ático de lujo en Estepona por el expresidente de Madrid, Ignacio González, cuya imputación sobreseyó este martes el juez que investigaba esta causa. Por qué en el caso del ático se enviaron rogatorias a organismos equivocados o con datos erróneos, por qué su traducción se demoró o por qué la Guardia Civil tardó dos años y medio en activar una petición de ayuda son aspectos para los que nadie ha ofrecido una explicación razonada. El sucesor de Esperanza Aguirre continúa investigado en otras dos macrocausas de corrupción: Lezo, donde se encuentra ya pendiente de juicio y en la que dos arrepentidos colombianos le han señalado como quien ordenó cómo repartir las mordidas para quedarse la mejor parte en una operación del gigante público Canal de Isabel II; y Púnica, donde figura entre los imputados de mayor relevancia por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. 

Provisional y por tanto reversible pero solo si surgieran nuevos hechos incriminatorios de relevancia, el sobreseimiento del caso del ático se produce bajo el siguiente argumento: "A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles". El juez concluye que nada demuestra la existencia de un delito de cohecho (soborno) ni de blanqueo.

No hay –sostiene el auto judicial– "indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado" para la compra del piso provenga, como sospechaban las acusaciones, del empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Primero el sindicato policial SUP y, luego, trabajadores de Telemadrid, los denunciantes observaban indicios de que el ático había sido un regalo en especie de Cerezo. ¿A cambio de qué? Pues en compensación por una operación urbanística que en el municipio madrileño Arganda aseguró un verdadero pelotazo a la constructora Martinsa. Y es aquí donde entra en escena el comisario José Manuel Villarejo, preso bajo la acusación de graves delitos desde noviembre de 2017. Fue Villarejo quien declaró en el juzgado de Estepona que, según un confidente del caso Gürtel, González había cobrado dos millones por una recalificación en Arganda. 

Junto con González y su esposa, Lourdes Cavero, Cerezo era el tercer protagonista de una investigación que ya en su fase inicial sufrió atascos con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Los retrasos, con episodios como los enunciados en el primer párrafo, persistieron en la etapa de Rafael Catalá. Tras su cese como titular de Justicia a raíz de la moción de censura de 2018, Catalá fue fichado en noviembre de ese año como patrono de la Fundación del Atlético de Madrid.

Extraído del sobreseimiento dictado por Eloy Marfil –el tercer juez que se hizo cargo de la instrucción–, los entrecomillados sobre el origen del dinero se refieren al manejado en la compra del ático. En realidad hubo dos adquisiciones: primero, en mayo de 2008, se hizo con la propiedad una extraña empresa domiciliada en Delaware (EEUU) y dirigida por un tal Rudy Valner, testaferro profesional según su propia publicidad. La sociedad se llamaba Coast Investors Llc y las pesquisas policiales pronto señalaron que tras ella se encontraba una compañía panameña, Waldorf Overseas Investments, como su verdadera propietaria. Residente en EEUU, Valner había comprado el ático de Estepona tras una negociación telefónica. O sea, sin verlo. Quien sí lo había visto era la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero. Al menos, así lo declararon bajo juramento el anterior propietario del inmueble y una agente inmobiliaria. El fiscal ni siquiera asistió a la declaración de los dos testigos.

Cuatro años después y cuando el sindicato policial SUP ya había interpuesto una denuncia por sospechas de corrupción, González y su mujer compraron la vivienda. No era un aterrizaje sorpresivo. Nada más adquirir Coast Investors Llc. el ático y pese a que los involucrados señalaron que no conocían a Valner, residente en California, González y su esposa habían alquilado el ático. En diciembre de 2012, ambos dejaron así de ser inquilinos para convertirse oficialmente en propietarios. Situado a medio kilómetro de la playa, con una superficie de casi 500 metros cuadrados, piscina privada, jacuzzi, sauna y tres plazas de garaje, la pareja escrituró la compra por 770.000 euros. En 2008, Coast Investors había pagado oficialmente 750.000 euros, es decir, solo 20.000 euros menos. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa adujeron desde el primer momento que sufragaron aquella compra gracias a la estratosférica indemnización por despido –unos 700.000 euros– abonada a Cavero por la patronal eléctrica Unesa.

El auto judicial que sobresee el caso alude a ese finiquito en el siguiente párrafo: "En este caso, no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles sitos en Estepona, sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito. Así, ya en el oficio policial (...) de 30 de mayo de 2019 (...) se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados, atendiendo, entre otros, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa (...) y al finiquito percibido por la señora Cavero Mestre en el año 2011 (...), de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".

El misterio de la comisión rogatoria extraviada

Que los errores y los retrasos inexplicados han sido la tónica en estas diligencias judiciales quedó claro desde el inicio. Por ejemplo, en marzo de 2013, la primera jueza del caso ya libró una rogatoria dirigida al Lloyds Bank de Londres para que informasen sobre el beneficiario último de una cuenta corriente abierta a nombre de Coast Investors. Dos años más tarde y como publicó infoLibre en febrero de 2015, aquella rogatoria seguía atascada. La respuesta del Reino Unido ilustra lo que estaba pasando: "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida".  ¿Y qué datos faltaban? Pues nada menos que el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank debía suministrar la información vinculada a la compra del ático. El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España terminó por dar al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble.

El verano de 2017 asestó otro golpe a la instrucción del caso. Dos años antes, en julio de 2015, trascendió que EEUU no había podido aportar la información pedida mediante otra rogatoria sobre las cuentas desde las que Coast Investors había pagado el ático en 2008. Y que no había podido porque España envió datos erróneos. La rogatoria se refería a dos pagos y dos cuentas. Y los números de las cuentas corrientes estaban intercambiados. 

Pero hubo todavía más golpes a la investigación. El 5 de mayo de 2016, había llegado al Ministerio de Justicia una rogatoria para que la cursara a Panamá. El departamento que entonces dirigía Rafael Catalá la envió, pero se confundió: la hizo llegar al Ministerio de Gobierno y no a la Procuraduría [Fiscalía] General del país. Casi un año después, el 15 de marzo de 2017, el ministerio de Catalá recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto el error. Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña. En enero de 2019, el juez Eloy Marfil preguntó a través de un escrito por qué el juzgado de Estepona no había recibido aún respuesta a la comisión cursada tres años antes.

Fue a partir de ahí cuando se supo que la rogatoria, aquella que por una confusión el ministerio de Rafael Catalá había remitido al organismo panameño equivocado, jamás llegó a su destino.  Lo expuso una funcionaria de Justicia en su respuesta al juez Marfil: "Teniendo en cuenta que las autoridades de Panamá comunican que no han recibido la comunicación original entendemos que se ha extraviado durante el envío".

Detrás quedaban otros episodios igualmente inexplicados. Por ejemplo, el que involucra a la Guardia Civil, que tardó dos años y medio en comenzar a atender la petición del juzgado de Estepona para que los peritos analizaran una de las más famosas grabaciones del caso: aquella fechada en noviembre de 2011 y donde, tras las primeras informaciones publicadas por El Mundo, el político madrileño expresaba al comisario Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. El juzgado pidió la pericial el 15 de julio de 2015. Y la Benemérita no le contestó hasta el 4 de enero de 2018. Pero su respuesta no fue un informe sino un aviso de que o le confirmaba en un mes que el caso seguía abierto o  daría "de baja definitiva" la solicitud de pericial. Este periódico preguntó entonces al Instituto Armado el porqué de aquella demora de dos años y medio.  "Es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". Esa fue la respuesta.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad. El instructor considera que tras una "ardua" investigación de más de siete años no hay indicios de delito.

En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors –constituida en Delaware (EEUU)– por 2.000 euros mensuales; y ya en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros. La Fiscalía pidió en diciembre pasado el archivo del caso.

Ahora, el juez señala que la instrucción ya está "agotada", por lo que rechaza practicar más diligencias; y señala que no se ha acreditado lo que apuntarían las acusaciones populares de que el arrendamiento era un contrato simulado y lo que supuestamente subyacía era un regalo de Cerezo por favorecerle, bien en la adjudicación de canales de televisión digital o en la venta de derechos audiovisuales por parte del club a la Radio Televisión Madrid.

"Si bien de las diligencias se desprende tanto la compra de los inmuebles radicados en Estepona por parte Coast Investors en 2008, así como el posterior arrendamiento en favor de la mujer de González, lo cierto es que, a pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado", indica el auto respecto al delito de cohecho. 

Así, el juez apunta a "la inexistencia de indicio alguno en la comisión de dicho ilícito respecto de los tres investigados", ya que "ningún vínculo se infiere" entre, por un lado, el contrato de compraventa de 2008 entre Coast Investors y el anterior propietario y los contratos de arrendamiento de esa sociedad con la mujer de González, y, por otro lado, la actuación del expresidente madrileño en los contratos o adjudicaciones en los que interviniera directa o indirectamente Cerezo.

En este sentido, se añade que "no existen indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense reseñada provenga de Cerezo o de cualesquiera de las entidades de las que es –o era– titular, partícipe o presidente", por lo que se procede al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dicho delito de cohecho.

En cuanto al blanqueo de capitales, señala la resolución que "no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado" por González y su mujer para la adquisición de los bienes inmuebles, "sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito".

El juez explica que en los informes policiales de mayo de 2019 "se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados", atendiendo, entre otros documentos, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa y al finiquito percibido por la mujer de González en 2011, "de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito". Por esto también archiva respecto al delito de blanqueo.

A lo largo de esta instrucción se han aportado distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria, además de enviarse numerosas peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de las entidades que formaban la sociedad Coast Investors, así como las cuentas bancarias y activos. Asimismo, declararon los investigados y testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Asimismo, respecto a la conexión con el caso 'Lezo', aunque el Juzgado de Estepona acordó en 2018 la inhibición del procedimiento al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, para que se uniera a dichas diligencias, tras solicitarlo la Fiscalía, la Audiencia de Málaga revocó esa decisión y estimó que el órgano judicial de Estepona continuara con el caso, admitiendo el recurso de los investigados.