Un socio de la firma que montó el golf del Canal declara que la empresa de los González estaba en el proyecto para "robar"

Un testigo directo de la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II, que proporcionó a la familia de Ignacio González un pelotazo de 600.000 euros, ya acorraló este verano al expresidente de Madrid con su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El testigo, José Jesús Vallenilla, era uno de los tres socios paritarios de Onlygolf, la firma a la que la empresa pantalla de los González, Tecnoconcret, subcontrató para instalar el césped del campo. Cuando los agentes le preguntaron por qué intermedió Tecnoconcret en el proyecto si realmente fue Onlygolf la que prestó el servicio de colocación de hierba para Dragados, encargada de construir el campo, Vallenilla dio la siguiente respuesta: "Que el único sentido que pudo tener la intermediación de Tecnoconcret era para robar y malversar".

Prestada el 14 de julio de 2017, su declaración fue la primera pero no la única que desmontó la coartada del antiguo delfín de Esperanza Aguirre. Como publicó este jueves infoLibre, el contable de Tecnoconcret le confirmó luego al juez instructor de Lezo que, cuando a finales de 2006 o comienzos de 2007 se incorporó a su plantilla, el hermano y el cuñado de Ignacio González –Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente– ya eran socios de facto de la empresa. 

Tanto el testimonio del contable como el previamente aportado por el socio de Onlygolf refuerzan las tesis de la Fiscalía Anticorrupción: que la familia del político estuvo presente en la operación del campo de golf desde el inicio y que su único objetivo era lucrarse gracias a esa instalación, adjudicada en diciembre de 2006 a una UTE capitaneada por una filial de Dragados y de la que Tecnoconcret formaba parte. Como ya publicó este diario tras el estallido del caso, Tecnoconcret cobró de Dragados tres millones por la instalación del césped. De esos tres millones, la firma de la familia González se quedó con 600.000 euros y destinó el resto a abonar los servicios de quien realmente puso el césped: Onlygolf.

No prestó "ningún servicio"

Antes de concluir que el objetivo de Tecnoconcret era "robar y malversar", el antiguo socio de Onlygolf, quien según sus palabras vendió entre 2007 y 2008 el 33,3% que poseía en el accionariado, había afirmado rotundo que Tecnoconcret no prestó "ningún servicio en la construcción" del campo. Es más, aseguró que ni siquiera "había escuchado nunca el nombre de la empresa Tecnoconcret" hasta que lo leyó en la prensa.

A quien José Jesús Vallenilla conocía era a José Antonio Clemente, que nunca le habló de esa mercantil ni de cómo iba a conseguir que Onlygolf entrara en el contrato del campo de golf cuando la colocación del césped había sido previamente asignada a otra empresa. Clemente le decía –así lo sostuvo el testigo– que "eso era secreto profesional" y que no le iba a revelar "la fuente".

Que ni siquiera tenía noción de la existencia de Tecnoconcret lo declaró José Jesús Vallenilla cuando la UCO inquirió sobre a qué respondía la relación comercial entre Tecnoconcret y Onlygolf. La compañía de Clemente, Pablo González y José Juan Caballero "es una empresa intermedia que estaba ahí para llevarse el dinero". El testigo explicó que jamás pudo ver la facturación entre Tecnoconcret y Onlygolf porque sus dos socios lo mantuvieron siempre en el ostracismo.

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La construcción del campo de golf del Canal generó una fortísima resistencia ciudadana. Para vencerla, el Gobierno de Esperanza Aguirre lo declaró en enero de 2007 como instalación deportiva de "interés general". Ese paso le permitió modificar el planeamiento urbano del céntrico distrito de Chamberí y eliminar 50.000 metros cuadrados de zona verde pública.

La plataforma vecinal que durante años batalló contra el campo de golf jamás logró que el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, investigara las irregularidades denunciadas. El 22 de febrero de 2017, Moix fue designado jefe de la Fiscalía Anticorrupción. El 1 de junio dimitió después de que este diario destapase que era copropietario de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.