“Si llegas al 100% de cumplimiento de objetivos, en el año siguiente te piden el 120%, el 140%... y si no mantienes ese ritmo, te penalizan o te despiden por falta de productividad”. Así relata a infoLibre Victoriano Miravete, secretario general del sector financiero de UGT, la forma en la que funciona el trabajo por objetivos en el sector. "Es como empezar cada día de cero y eso genera un estrés constante", concluye. Es el resumen que el responsable sindical hace de la situación de los trabajadores del sector financiero, que están protagonizando varias jornadas de huelga y protestas ante un modelo laboral que ha cambiado hacia una política comercial más agresiva y un cumplimiento de objetivos que condiciona sus salarios y su salud.

La banca española superó los 10.000 millones de beneficio en el primer trimestre del año, con un incremento conjunto de las seis entidades más grandes del 27%. Sin embargo, el número de empleados se ha reducido en más de 8.100 trabajadores en el primer trimestre del año con respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos elaborados por la agencia Europa Press. Y este ha sido uno de los detonantes de las protestas que encadena el sector, a lo que se suma una crítica hacia un modelo de trabajo que califican de “insano”. Desde 2020, explica el responsable de UGT, sus exigencias de objetivos anuales se han incrementado a un ritmo anual de entre un 20% y un 30%. 

En lo que va de año ha habido varias protestas, como la que protagonizaron en abril los trabajadores de CaixaBank que denunciaban la "presión comercial desmesurada" y pedían mejoras salariales, o la que este martes organizaron los trabajadores afiliados a UGT frente al Banco de España (BdE). Incidían en una presión comercial “insostenible” que además condiciona sus sueldos y un clima laboral “deteriorado” que está haciendo mella en la salud laboral del sector. La concentración responde a unas reclamaciones que llevan tiempo enunciando y que continuarán durante el mes de junio, esta vez organizadas por Comisiones Obreras (CCOO). 

Recortes de empleo, un “clima laboral insano” y una forma de organizar la actividad de venta de productos financieros que, según los convocantes, va en detrimento de los propios clientes a los que se les acaba vendiendo servicios que no necesitan. “Igual que nos piden una determinada formación para vender productos, queremos que también se les exija a las entidades una formación y responsabilidad sobre la manera de comercializarlos de forma adecuada”, señala el responsable sindical. "Lo primero que te dicen por la mañana cuando entras a trabajar es lo que tienes que vender de un producto concreto que el banco está promocionando en ese momento. Si, por ejemplo, tienes un cliente al que le vas a vender un seguro determinado, al final puede darse el caso de que terminas ofreciéndole otro porque es el que toca ese día y, si no lo haces, puede afectar a tu puesto de trabajo", remarca Miravete.

Los trabajadores reclaman que el BdE siga de cerca estas estrategias comerciales y los productos que promocionan porque consideran que “entra de lleno en el terreno de la supervisión bancaria” y que podría afectar a la protección de los clientes. De hecho, desde diferentes sindicatos se habían elevado ya peticiones para que el BdE asumiese esa función. En marzo, el supervisor español elevó una de estas denuncias al Banco Central Europeo (BCE) para que la entidad valorase si estas políticas comerciales y las instrucciones de venta que se trasladaban a las oficinas podían estar incumpliendo en algún punto las directrices de regulación bancaria, aunque por el momento, no han obtenido una respuesta.

En la protesta del martes, que coincidió con la publicación del Informe de Inclusión Financiera que elabora el BdE, han insistido en este punto porque, en su opinión, esta institución supervisora debería intervenir. Desde CCOO, sindicato mayoritario del sector, ya han anunciado que van a seguir con las protestas y han convocado movilizaciones el próximo 3 de junio para insistir sobre estos mismos puntos. Protestarán ante las sedes de Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Abanca, Ibercaja y Cajamar en diferentes ciudades y han planeado la propuesta como un primer paso de una serie de protestas sucesivas.

Javier de Dios es el responsable del sector financiero en CCOO. Explica que el clima de protestas no se ha establecido porque esto sea nuevo, sino porque el descontento generalizado en el sector ya va más allá de una entidad concreta y atañe a la forma de trabajar. "A la sobrecarga de trabajo, a la poca planificación, al exceso de objetivos y a las retribuciones variables y no transparentes se suman las presiones de algunos estilos de liderazgo tóxicos en los cuales se invita a vulnerar en cierta forma la normativa vigente a la hora de vender productos. Todo esto hace que las plantillas del sector financiero estén sobrecargadas", remarca el responsable de CCOO. Además, el incumplimiento de estos objetivos comerciales, protestan, se cataloga como bajo rendimiento y pone en riesgo el empleo. 

La baja productividad por no cumplir con estas directrices también puede ser motivo de despido. “El creciente peso de la venta de productos en el salario variable y la aplicación de mecanismos de control con carácter sancionador están creando una situación insostenible en la red de oficinas”, señala UGT. Protestan también porque un porcentaje de sus remuneraciones está atado a la venta de determinados productos financieros que les llegan impuestos. 

En paralelo a esta cuestión corre también el problema relacionado con las absorciones y compensaciones salariales. Los sindicatos ya denunciaban el año pasado que las subidas que obtenían por convenio se terminaban detrayendo de estas remuneraciones variables y, por ello, pedían que el cálculo de este porcentaje variable se estimase de forma más clara para que no ocurrieran estas cosas.

"Todo esto hay que leerlo en un contexto de cierre de oficinas y pérdida de empleos", señala Miravete. De hecho, el informe de Inclusión Financiera conocido este martes apunta en esta línea y señala que entre 2021 y 2024 los puntos de atención presencial se han reducido en un 2,5% y cerraron 1.635 oficinas en ese periodo, lo que supone una reducción del 8,6%.

La salud mental es uno de los caballos de batalla de los sindicatos en el sector. Los riesgos psicosociales asociados al estrés o a la carga mental que supone el trabajo por objetivos son otro de los grandes problemas que llevan tiempo reiterando en sus protestas. Un estudio del sindicato sectorial FINE apuntaba, tras realizar una encuesta a 30.000 trabajadores, que un 92,6% de los empleados financieros afirmaba haber sufrido ansiedad, bloqueo emocional o síntomas físicos derivados del estrés laboral en algún momento de su vida profesional.

Cuando les preguntaban por el nivel de presión, más del 45% señalaba que era "alta y constante" y un 27% decía que era "excesiva y desbordante". El responsable de UGT señala además que el nivel de medicalización y de bajas por estrés del sector es alto, pero les resulta complicado que se reconozcan las causas, ya que entran dentro de los riesgos psicosociales que la ley de prevención de riesgos laborales actual no desarrolla de forma específica. Por el momento, la nueva ley, que sí pone el foco en este tipo de afecciones y cubriría parte de las demandas de los trabajadores, debe pasar aún por segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser convalidada en el Congreso y aún falta un tiempo hasta su puesta en marcha.

La vivienda empieza a ser el núcleo desde donde emana el grueso del descontento social. Está en el centro cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo, del endeudamiento, de las dificultades de emancipación, de la desigualdad… Hasta ha entrado de lleno en un debate más amplio como la lucha de clases o la forma en que debe operar un sistema económico. “Todo lo indispensable para la vida no deja de subir”, protestaba Elisa Molina, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en Madrid, durante la convocatoria de unas jornadas de protesta que arrancan este domingo 24 de mayo en Madrid. No se puede sostener, afirmó Molina, “que los alquileres estén por las nubes y los salarios por los suelos”. Y es que aquí ya no se habla solo de casas.

Las protestas comenzaron este viernes con una acción en la que una decena de miembros del sindicato atravesaban las puertas de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para encerrarse en el edificio. Querían forzar a la Administración a que unas 800 viviendas que tiene bajo su tutela pasen a ser públicas y se frenaran los procedimientos de desahucio que tienen abiertos algunos inquilinos. Se dirigían a los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social con un plan de acción y al grito de “nos quedamos”. Pocas horas después, el Ministerio de Vivienda accedía a su petición: “Ambos ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta de viviendas”, señalaban en un comunicado. Esta vez, el día terminaba entre aplausos. Un pequeño logro en un contexto que, por el momento, se presta poco al optimismo. De hecho, casi a renglón seguido, el sindicato madrileño republicaba en sus redes un vídeo para tratar de detener, por segunda vez, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el 3 de junio volverá a enfrentarse a un intento de desalojo de la casa donde lleva residiendo toda su vida. 

Con estos mimbres llega una ola de protestas que empieza este domingo 24, pero se extenderá hasta el día 25 por diferentes ciudades españolas. El lema es “La vivienda nos cuesta la vida”, pero entre las reclamaciones que se hacen está también subir el salario mínimo, que se intervengan los precios de bienes básicos o que se controle el mercado desde lo público garantizando costes de vivienda asequibles y contratos estables. Por otro lado, los convocantes también dan una pista de la transversalidad del problema. Entre ellos se encuentran los sindicatos de inquilinas, CGT, CNT y un conjunto de movimientos de la sociedad civil como grupos por la defensa de las pensiones, el colectivo de bomberos contra los desahucios o movimientos ecologistas, feministas y antirracistas.  

“El alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, remataban en otro comunicado. 

La transversalidad del problema también se percibe en la creación a principios del mes de mayo de la Confluencia de Luchas, una plataforma impulsada desde los sindicatos de inquilinas, pero que integra a buena parte de los colectivos que ahora se suman a estas movilizaciones. En la definición que se han dado a sí mismos recogen que son “un espacio abierto a la integración de otros colectivos y organizaciones que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición postcapitalista”. 

El alquiler y las condiciones que impone son el foco al que se dirigen las protestas. Los contratos por periodos breves de tiempo permiten escapar al control de precios, ya que al final de los mismos, los caseros pueden establecer la renta que consideren sin ningún tipo de tope. De ahí la insistencia de los sindicatos de inquilinas en lograr que los contratos sean indefinidos por defecto. La prórroga de los alquileres, que decayó en el Congreso en abril, dejó también un vacío en este sentido, ya que permitía extender los contratos y hacía posible que los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional pudiesen pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. 

Pero esta no ha sido la única derrota. Los pisos turísticos y el alquiler de temporada juegan un papel clave en el aumento de precios al avivar una demanda ya de por sí tensionada. El Gobierno impulsó una ventanilla y un registro único en el que se debían inscribir los pisos de alquiler vacacional para controlar su proliferación, pero el Tribunal Supremo ha tumbado parte de este mecanismo respondiendo a una denuncia presentada por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Este jueves, el Supremo señaló que la competencia para registrar estos inmuebles era de las comunidades. Ahora, explican a infoLibre desde Vivienda, el registro lo tendrá que implementar cada región de manera individual y el Gobierno supervisará que cumplan con él. El objetivo de esto es evitar que proliferen este tipo de negocios sin licencia y sin control, ya que tienen una incidencia significativa en la demanda y, por tanto, en el encarecimiento de la vivienda.

Lo que la vivienda se lleva de los salarios es una de las cuestiones que ha hecho de este problema un asunto que va más allá de lo inmobiliario y, por ello, en estas movilizaciones será central la reclamación de una subida del salario mínimo. A menor renta, mayor porcentaje de ingresos se comen los bienes básicos e irrenunciables como la vivienda. Según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo, la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Pero la vivienda, que no se suele considerar en estas estadísticas, había aumentado su precio en 2025 un 12,7%, según el INE. Y esto solo en lo referente a la propiedad, algo que, además, no está al alcance de todos. En los alquileres, el portal inmobiliario Idealista fija el incremento en torno al 8,5%.

Los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados por esta situación. Con salarios generalmente más bajos, porque están comenzando su carrera, el alquiler se lleva la mayor parte de su sueldo y no permite crear un colchón de ahorro para la entrada de una hipoteca. Los datos que ofrece el Consejo de la Juventud son demoledores: el alquiler medio en España supone el 98,7% del salario de una persona joven, lo que ha empujado la tasa de emancipación hasta los 30,2 años. Solo un 14,5% de los menores de 30 años logró emanciparse en la segunda mitad de 2025, la tasa más baja desde que existen registros. 

Otro punto polémico son los márgenes de beneficio del mercado inmobiliario, es decir, las ganancias de quienes invierten en casas. Ellos son el objetivo de la mayoría de los lemas que se corean en las manifestaciones de vivienda: "Fuera rentistas de nuestros barrios", coreaba la multitud en la manifestación de abril de 2025. Y aquí el debate vuelve a ser puramente económico. “Las actividades inmobiliarias alcanzan un máximo histórico de rentabilidad”, titula un informe realizado por Comisiones Obreras y publicado este viernes. El documento apunta que las empresas dedicadas al sector de la vivienda tuvieron un resultado bruto de explotación en los últimos cuatro trimestres que supera los 13.000 millones de euros “por primera vez” y su margen sobre ventas superó el 30%. 

De un lado hablan de “profesionalización del mercado”; del otro, de especulación pura y dura. Así, una de las peticiones en las que más se está insistiendo consiste en prohibir o limitar el acceso de fondos y socimis a la compra de viviendas. Es una medida que partía del grupo parlamentario Sumar, pero no salió adelante dentro de la coalición de Gobierno. El grupo plurinacional defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

"Sostenemos el sistema y no tenemos casa", coreaban los manifestantes en la última gran concentración que tuvo lugar en Madrid, dando pistas ya entonces de que el problema de las casas era también un problema del sistema. Una crisis de vivienda que va más allá de la vivienda.

La Asociación de Medios de Información (AMI), patronal de los editores de prensa diaria en España, ha presentado a los sindicatos una nueva propuesta para el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria que apenas modifica su oferta inicial: un incremento salarial del 0,5% –unos 7,8 euros brutos mensuales para el nivel 3, donde se concentra más del 80% de las plantillas– y una ampliación de jornada de 1.687,5 a 1.720 horas anuales. La reunión se celebró este martes, el mismo día en que varios de sus asociados participaban en el II Foro del Noroeste celebrado en Oviedo, donde la patronal presumía de avances en transformación digital, subidas en suscripciones y diversificación de ingresos.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta como “absolutamente ridícula y desesperante”. Los tres sindicatos negocian desde hace meses la renovación de un convenio que rige las condiciones de trabajo de las redacciones que no tienen acuerdo propio, en su mayoría cabeceras regionales integradas en grupos como Prensa Ibérica.

La ampliación de jornada que propone la patronal —32,5 horas más al año— tiene una lógica explícita: evitar la acumulación de horas extras. Lo que no incluye la propuesta es adecuar los salarios del sector a la media estatal, que asciende a 2.618 euros brutos mensuales (31.416 anuales). Un redactor recién incorporado que aplica este convenio cobra 20.455 euros brutos anuales. Después de tres años de carrera, llega a 23.464 euros.

La oferta incluye además una propuesta para penalizar a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal de forma recurrente. AMI quiere negociar fórmulas para que el complemento por esta causa se “minore” o “elimine” en caso de “reincidencia”. También se opone a que el plus dominical se perciba desde el primer domingo trabajado, en lugar del noveno, como establece el convenio actual.

Para justificar su posición, la patronal alega inestabilidad sectorial e incertidumbre ante el impacto de la inteligencia artificial. No menciona los 70 millones de euros que el Gobierno —con el aval de la Comisión Europea— destinará a financiar la digitalización de sus asociados, ni los más de 120 millones adicionales en ayudas y préstamos que, según UGT, suman un total superior a 190 millones de euros en distintas convocatorias.

Mientras la mesa negociadora se reunía en Madrid, representantes de los grupos integrados en AMI participaban en el II Foro del Noroeste en Oviedo, donde la prensa exhibía sus cifras de crecimiento digital. 

Los sindicatos han anunciado que trasladarán la propuesta a las plantillas para decidir los próximos pasos. El calendario de asambleas y movilizaciones que CCOO, UGT y FeSP tenían preparado sigue sobre la mesa.

UGT añade un dato que complica la posición de AMI en el contexto europeo: según una encuesta de UNI Europa, una federación sindical europea que agrupa a sindicatos del sector servicios, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas públicas estén condicionadas a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas. El sindicato exige que la inversión de dinero público "se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos".

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

Casi uno de cada dos trabajadores (el 43%) ha reducido la calidad o cantidad del consumo de alimentos por la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos cinco años, según se desprende de un informe elaborado por el sindicato USO, que recoge EFE.

Según La evolución de los salarios y el coste de la vida en España, que ha dado a conocer USO este miércoles en Badajoz con motivo de la presentación del XIII Congreso Confederal, "casi la mitad de las personas que trabajan se alimentan menos o peor por no poder asumir los costes de la comida pese a contar con un salario".

En los últimos cinco años los salarios han crecido un 17,3%, mientras que los precios de los alimentos lo han hecho un 45,3%, lo que ha dificultado enormemente el acceso a una alimentación adecuada a casi la mitad de la clase trabajadora.

Esta tasa se eleva en el caso de los jóvenes hasta el 48,9%, y principalmente entre aquellos que tienen bajos ingresos, hasta el 59,1%.

Además de la alimentación, el incremento de los precios energéticos han llevado a muchos trabajadores a ajustar su factura, recortando el consumo de calefacción o aire acondicionado, aunque también revisando tarifas o cambiando de compañía.

"Cada vez el trabajo tiene menos valor de cara a los productos de primera necesidad, los que no nos podemos quitar", dejaba claro el secretario general de USO, Joaquín Pérez, en declaraciones a EFE.

Para el líder de USO, "los datos de pobreza están ahí y el alquiler es uno de los factores principales", de forma que las personas que se ven obligadas a arrendar su vivienda "tienen muchas más dificultades para llegar a fin de mes". 

El régimen de tenencia de vivienda es un gran condicionante, siendo sólo los mayores de 55 años, en su mayoría con vivienda en propiedad y sin cargas, los que menores recortes de gasto han tenido que aplicar.

Frente a ellos se encuentran los jóvenes, más dependientes del alquiler, o los que tienen edades intermedias, con hipotecas activas, como aquellos colectivos que más han sufrido esa pérdida de poder adquisitivo. Además, el estudio revela que la mitad de las personas con salario han tenido que recurrir de forma puntual o habitual a ayuda cercana, créditos o aplazamientos para cubrir los gastos básicos o hacer frente a algún imprevisto.

Para hacer frente a esta situación, USO plantea la necesidad de blindar en todos los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo, así como un IPC específico y ponderado del gasto habitual real que refleje el comportamiento de la alimentación y la energía.

La urgencia de dar solución al problema de la vivienda exige de un pacto de Estado, considera USO, ya que quienes están sometidos al gasto mensual de una hipoteca o alquiler presentan mayores tasas de problemas para llegar a fin de mes o han tenido que recortar más sus gastos corrientes.

Asimismo, abogan por una nueva reforma laboral que ataje la parcialidad, temporalidad y elevada rotación, así como otra fiscal que recorte el IVA de los productos de necesidad básica, revise los impuestos energéticos y vuelque el peso del rendimiento del trabajo hacia el del capital.

En ese sentido, Pérez plantea recortar las bonificaciones a "empresas que están generando trabajo precario o están destruyendo empleo de una manera importante, cambiándolo, por tecnología o robotización".

El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Este Primero de Mayo la agenda más estrictamente sindical y la sociopolítica confluyen necesariamente. Porque pocas veces se percibe con tanta nitidez el vínculo entre las reivindicaciones ligadas a los salarios o el tiempo de trabajo y otras como la evolución de los precios de la vivienda, o las consecuencias del desorden que las extremas derechas traen al mundo en forma de guerras, inflación o inestabilidad.

Desde CCOO venimos advirtiendo del riesgo que supone que, en un país como España, en el que los datos macroeconómicos evolucionan mejor que en el resto de grandes economías europeas, tal situación no llegue al conjunto de los hogares. Y es que pese a tener el récord de personas trabajando, haber mejorado notablemente la estabilidad en la contratación, el desendeudamiento de las familias, o incluso los salarios nominales, la evolución de algunos precios estrangula las economías de millones de personas, cuyos sueldos son insuficientes para afrontar los costes de la vida. Si se presume de bonanza macroeconómica, pero esta no llega a los bolsillos de la gente, se produce descontento en crecientes segmentos de las clases populares, que perciben una desconexión entre su realidad cotidiana y los discursos oficiales. Y más si vivimos en medio de la constante tergiversación y confusión de datos, mensajes y marcos de referencia.

La negociación colectiva es una herramienta clave en la distribución económica, porque ahí se disputan los salarios de muchos millones de personas. CCOO no va a permanecer impasible ante la desidia patronal para abordar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. En él hemos situado, junto a la UGT, una propuesta de incremento salarial de entre el 4 y el 7%, pensando en los sectores cuyos salarios están muy por debajo de la media del país, y que continúan estancados y perdiendo poder adquisitivo en un contexto de incremento de márgenes empresariales. Si no hay distribución salarial, habrá conflicto. La primera huelga de Glovo en España, tras la laboralización e incipiente sindicalización del sector, la convocada en las gasolineras, o la de Educación Infantil pueden empezar a ser una tónica general que el sindicato impulsará con medidas audaces.

Pero este Primero de Mayo pretende señalar también cuáles son los precios que ahogan a la clase trabajadora y por qué se disparan. Y obviamente hay que hablar del de la vivienda. Hoy es el problema que más fractura a la sociedad española y que requiere de un compromiso interinstitucional mucho más ambicioso que los planes hasta ahora conocidos. Son necesarias dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década para que nadie tenga que emplear más del 30% de sus ingresos para acceder a una necesidad básica como es contar con un espacio en el que habitar. No hay soluciones únicas ni mágicas. Hay que hacer varias cosas, todas a la vez, durante un tiempo prolongado, y con una inversión del 1% del PIB. Construir sí, pero a precios asequibles con distintas fórmulas de promoción. Limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, pero también movilizar vivienda vacía combinando precios que puedan pagar los inquilinos e inquilinas y programas públicos que garanticen el estado del inmueble o favorezcan la rehabilitación de fincas con criterios de sostenibilidad energética. Y, por supuesto, enfrentar los nuevos usos de las viviendas como infraestructuras turísticas o como un mero instrumento de especulación de grandes tenedores o fondos de inversión.

De igual manera, el deterioro de la calidad percibida en los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, está incrementando los costes para las familias y es una inflación de la que nadie habla. Hoy la tardanza en muchas citas de atención primaria, especializada y pruebas diagnósticas, está fomentando la suscripción de seguros sanitarios privados. Las consecuencias de esta estrategia consciente de deterioro de los servicios esenciales son no solo una creciente desigualdad y segregación social, sino que una parte creciente de las nóminas de las clases trabajadoras terminan en las cuentas de resultados de entidades privadas que hacen negocio con la salud. Pero lógicas similares subyacen con la escasez de plazas en la Formación Profesional, o la proliferación de universidades privadas que se especializan –muchas veces sin la calidad necesaria– en títulos superiores y másteres, a los que acceder cuesta cada vez más. Es un proceso de ingeniería social, que legitima la trampa antiimpuestos, pues las familias agobiadas por el incremento de los costes de la vida, y por unos servicios públicos que no responden a sus necesidades, acaban avalando a quien les “regala” nimias reducciones fiscales en el IRPF, con las que hacer frente a los gastos derivados de la insuficiente inversión en esos servicios públicos. Se alimenta así el círculo vicioso vinculado al capitalismo de amiguetes, y el expolio de recursos públicos desde la gestión cautiva de servicios privatizados en sus partes lucrativas.

Todo este proceso, además, no se da en medio de una crisis de ingresos públicos, sino después de unos años en los que las transferencias de recursos desde la administración central a las comunidades autónomas han batido récords, y están sirviendo para financiar el deterioro gradual y parcial de nuestro Estado de bienestar. Mientras se renuncia a la condonación de la deuda autonómica y a renovar el modelo de financiación, se hace populismo fiscal desde numerosas CCAA, y se imputan responsabilidades al Gobierno central. La izquierda tiene que darle una pensada a este modelo, convertido en una trampa para osos…

Por todo ello, este Primero de Mayo la defensa de los servicios públicos y la financiación y fiscalidad justas continúa en primera línea. Junto con la subida de los salarios, son elementos centrales para hacer frente al incremento de los precios.

Y si de proteger rentas hablamos, las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la espiral inflacionaria tras la guerra abierta en Oriente Medio son parciales e insuficientes. Si las tensiones en torno al estrecho de Ormuz se mantienen o se agravan, no va a bastar con medidas fiscales para los sectores primeramente impactados por el incremento de precios de los carburantes o los fertilizantes. Serán necesarias medidas para apoyar a las familias cuya cesta de la compra básica supone un porcentaje enorme de sus ingresos. Una transferencia focalizada de 300 euros a 10 millones de rentas cuyos ingresos están por debajo de la media tendría un coste incluso inferior a lo que supusieron las subvenciones a los carburantes tras la invasión de Ucrania, que tuvo un efecto en la contención de precios, pero fue una medida regresiva y que benefició más a las rentas más altas.

Se suele hablar del riesgo de la extrema derecha para la garantía de la democracia o los derechos civiles y sociales. No hay tal riesgo. Es una realidad. Ya está aquí. Y su expresión es Trump gobernando la primera potencia militar del mundo. Las consecuencias empiezan a estar claras. Caos, desorden, incertidumbre, represión, jibarización del Estado de derecho, guerra y empobrecimiento.

Hoy la extrema derecha ya tiene apellidos. Son fertilizantes más caros, combustibles más caros, productos de alimentación básicos más caros. Estamos en medio de una guerra global, que a veces se convierte en convencional, con víctimas y muertos.

Los EEUU de Trump consideran que estaban perdiendo la posición como hegemón mundial respecto a China, en el contexto de la globalización de una economía-mundo que los propios EEUU impulsaron. Y han decidido romper el tablero. Hoy la globalización y el multilateralismo se repliegan. De las ventajas comparativas propias de aquella globalización neoliberal que suponía (o eso decían) el fin de la historia, a una fragmentación del mundo donde cada actor principal pretende mantener el control vertical sobre todos los puntos críticos de la nueva y vieja economía: energía, materias primas, minerales estratégicos, comercio, etc.

Y en esa fragmentación, crecientemente militarizada, la Administración Trump ha decidido que Europa sobra. Por tanto, hacer saltar por los aires la UE, con la colaboración de las quintas columnas serviles que hoy son las extremas derechas, es el objetivo para que cada país individualmente tomado se someta a un vasallaje del nuevo Nerón.

Hoy es fundamental repolitizar estratégicamente la cuestión europea, que no es una cuestión de burócratas. Es decidir si se apuesta por la subalternidad o por la autonomía estratégica. Si apostamos por modelos energéticos que reduzcan nuestra dependencia exterior o por modelos que fortalezcan nuestra soberanía industrial y permitan a España alcanzar el pleno empleo. Y ello conlleva debates incómodos pero necesarios sobre cómo fortalecer nuestra seguridad, en un contexto donde el eje atlántico se desvirtúa o incluso puede saltar por los aires.

No habrá una legitimidad social para la integración europea si no se consigue revitalizar una vieja correlación: Europa tiene que ser su modelo social. La democracia es tener una cita médica a tiempo, educación para todas en igualdad de condiciones, cubrir las contingencias de la vida de forma colectiva, y no desde la lógica de la ley de la selva o del bote salvavidas.

El sindicalismo europeo debe revitalizarse y España debe huir de actitudes pasivas de antaño y reforzar el protagonismo. La siguiente cita será en junio. De momento, este Primero de Mayo: Derechos, no trincheras.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Verano de 2020. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, muchas trabajadoras del hogar seguían cuidando, atravesadas por la incertidumbre, para velar por la salud de los más vulnerables. Lo hacían, muchas veces, sin contrato y sin la protección necesaria, en unas condiciones de precariedad que, en un contexto de crisis sanitaria, ponían en riesgo su vida. Algo así sucedía también con los repartidores que no dejaron de pedalear para llevar comida a domicilio. Y con las jornaleras que continuaron labrando la tierra en el peor de los escenarios. Fue también a partir de entonces cuando los trabajadores de los sectores más precarizados empezaron a ser escuchados. La organización colectiva comenzaba a dar sus frutos.

Los repartidores, las jornaleras, las camareras de piso, los manteros y las trabajadoras del hogar se han organizado utilizando sus propios medios, confrontando la atomización propia de sectores inestables y al margen de unos sindicatos que no habían sabido entender sus necesidades. 

Eulalia Corralero guarda un recuerdo nítido sobre todo el proceso de organización. La camarera de piso que empezó a trabajar a los 14 años habla ya desde su particular retiro, la consecuencia última de toda una carrera profesional marcada por condiciones extremas. "Tengo una incapacidad permanente por una artritis reumática, sobrevivo con 600 euros al mes", comparte en conversación con este diario. "Es la misma situación de muchas mujeres en trabajos feminizados", se apresura a señalar, habituada a conjugar la primera persona del plural para subrayar que sus circunstancias son en realidad estructurales e idénticas a las que soportan sus compañeras. 

Corralero prestó sus manos para poner las bases de las primeras organizaciones de camareras de piso. Fue una de las fundadoras de Las Kellys en una zona tan simbólica como Lloret de Mar, donde el turismo se inserta como parte de la identidad del litoral, una bandera que ha ondeado siempre ajena a las condiciones de quienes la sostienen. "Nos movió la necesidad de dar un paso al frente y decir que no podíamos seguir trabajando empastilladas y con dolores de por vida", rememora hoy.

Algo similar anida en la memoria de Ana Pinto, quien empezó a trabajar en el campo con 16 años. "Hace ya mucho tiempo", asiente al otro lado del teléfono. La organización, en su contexto, vino acelerada por una denuncia colectiva: la de un grupo de trabajadoras de origen marroquí que decidieron hace ahora ocho años poner el foco en los abusos sexuales y laborales a manos de sus empleadores. "Entonces veníamos sufriendo cada vez más normas abusivas, el señalamiento, los despidos y los castigos", rememora. "Estábamos muy cabreadas por cómo nos estaban tratando y entonces llegó la denuncia de las compañeras". 

Pinto pone el acento en el contexto: menciona el auge del movimiento feminista en aquel momento, con las huelgas y manifestaciones masivas, pero también los precedentes sembrados por las kellys y los riders. "Era un momento de mucha ebullición y sentimos que debíamos aprovechar esa oportunidad, ya que las compañeras habían sido valientes". Así se dio vida a Jornaleras en Lucha.

Para aquel entonces, el colectivo Territorio Doméstico ya contaba con un puñado de años de experiencia a sus espaldas. Nació hace ahora dos décadas, como suele nacer la rabia colectiva: fruto de la conversación cotidiana de quienes sufren la explotación en sus carnes. Las trabajadoras del hogar se encontraban en los parques y en las plazas, ponían nombre al agotamiento, a los malos tratos y a los despidos improcedentes. Lo hacían con infinita cautela, pero reconociéndose en sus compañeras y creando espacios seguros. 

Rafaela Pimentel fue una de sus impulsoras. "No teníamos redes ni gente conocida dentro de la privacidad del hogar", cuenta hoy. Tras unas jornadas sobre el empleo en el hogar, varias de las trabajadoras se juntaron en el centro social autogestionado Eskalera Karakola, en Madrid. "Comenzamos a escucharnos, a hablar de lo que nos pasaba y así surgió". Enseguida aquel fervor se tradujo en la constitución del colectivo, encaminado a pelear por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. "Queríamos encontrarnos, sostenernos, acuerparnos –como decimos nosotras– y acompañarnos en toda esta lucha". 

También Lamine Sarr habla de las redes, invisibles pero sólidas, que precedieron al Sindicato de Manteros. "Lo que hicimos nosotros fue formalizar una organización que ya existía de manera informal", asevera. Los trabajadores ya estaban presentes en las calles, continúa, ya hablaban entre ellos, ya se apoyaban y se ayudaban. Así que, en realidad, la organización "ya existía, porque existía la solidaridad".

Si en algo coinciden los trabajadores que han decidido organizarse de forma autónoma es en su crítica unánime a los sindicatos mayoritarios. El grueso de las voces consultadas introducen también un matiz: la valía de los militantes de base que sí han intentado cambiar las cosas, pero su incapacidad frente a una estructura que no tiene en cuenta a quienes se encuentran en los márgenes. 

"Les ha costado mucho entender que esta nueva forma de trabajar hay que abordarla con nuevas estrategias". Habla Felipe Díez, uno de los fundadores de Riders X Derechos. "Los sindicatos no han logrado ver que la manera de entrar y organizarse aquí es distinta", asiente a preguntas de este diario e incide en que se trata de un sector con "bajísima remuneración, con un porcentaje alto de personas migrantes y que no cuenta con una estructura sindical". 

En ese contexto, los sindicatos mayoritarios "han sido tristemente lentos" e incluso cuando lo han intentado, "siempre se han encontrado con un tope interno que tiene que ver con los altos mandos y con una estructura sindical que no pretende cambiar las cosas ni arriesgarse". A los riders, asiente el exrepartidor y hoy investigador, lo que les ha quedado es "la autoorganización y trabajar con sindicatos alternativos". 

Al mismo punto llega Pimentel. "La relación ha sido muy difícil", reconoce, porque "no han visto el trabajo del hogar y de los cuidados como tal". Y por eso, añade, las trabajadoras han buscado sus propias herramientas. "Nosotras creemos en la acción sindical, pero los sindicatos mayoritarios trabajan sin darnos la palabra ni escucharnos", lamenta. Ellas, denuncia la activista, sencillamente no caben ahí. Pero sí han encontrado cobijo en "los sindicatos pequeños", con quienes han podido encontrar espacios de escucha. Este Primero de Mayo, Territorio Doméstico saldrá a las calles en una convocatoria conjunta con  otros colectivos y organizaciones sindicales minoritarias.

Algunas de las experiencias narradas por las trabajadoras reflejan un desencanto latente con los sindicatos clásicos tras años militando. Es el caso de Corralero. "Los sindicatos no habían hecho nada por las camareras de piso. Todas habíamos ido a huelgas, a manifestaciones, estábamos sindicadas, pero no habíamos conseguido nada", relata, tras haber permanecido cerca de dos décadas afiliada a Comisiones Obreras. "Cuando se negociaban los convenios, las mejoras eran más sustanciosas para los hombres que para nosotras, siempre íbamos a la cola. Ahí nos dimos cuenta de que la manera de conseguir cosas era organizarnos nosotras mismas". 

Pinto lo dice claro: "La relación ha sido más nefasta que con los empresarios". Aunque la jornalera reconoce que a día de hoy han conseguido normalizar la interlocución con algunos de ellos, señala que en un primer momento estuvieron "totalmente abandonadas". Tanto es así que no era extraño encontrarse con situaciones rocambolescas, como la elección de un delegado sindical que era a su vez "el encargado que venía por la mañana y te decía que o apretabas o te ibas a la calle". 

Y así, con el viento en contra, los y las trabajadoras decidieron moverse. "Fue complejísimo", reconoce el que fuera repartidor, precisamente porque "sabías que dar la cara significaba quedarse sin tu trabajo". En un contexto de precarización e invisibilidad, trabajadores como él se preguntaban cómo decirle a un compañero que se sumara a una huelga "trabajando 16 horas al día, sin papeles y con hijos que mantener". Son, clama, las condiciones perfectas para que nadie se organice. Pero los riders lo hicieron. Y pronto llegarían las movilizaciones, el foco mediático y las reuniones con líderes políticos. 

Díez echa la vista atrás y reconoce sentir orgullo, pero no aparta la mirada de las muchas fallas que siguen asolando al sector. "Los problemas estructurales se mantienen. Ahora se contrata, pero sigue habiendo trabajo informal y la organización algorítmica sigue funcionando igual. Las condiciones no son buenas y el despido sale gratis".

Para Sarr, el mayor de los éxitos ha sido "cambiar la narrativa". "Cuando se hablaba del top manta, se pensaba en personas violentas que no querían trabajar. Ahora es distinto: se piensa en el colectivo y en la lucha antirracista que estamos haciendo". Todos los logros, asiente el trabajador, se han conseguido "gracias a la organización".

Todas las personas entrevistadas coinciden en algo: la satisfacción de haber alzado la voz y de que ahora sean más quienes no tienen miedo a organizarse. Corralero habla del "empoderamiento de las camareras de piso", mujeres que siempre habían estado "con la cabeza gacha, mirando el suelo para limpiar". Eso es, precisamente, lo que más orgullo le hace sentir. "Esto puede ser una profesión digna, pero tiene que ser valorada". 

Igual que ella, Pimentel mira a sus compañeras tras haber dado un paso al lado, dejándoles el testigo y con la certeza de haber hecho un buen trabajo. "Para muchas, el orgullo que tenemos es que cada vez hay más compañeras que se organizan".

Pinto lo tiene claro: "Vengo de familia jornalera. Hemos sufrido mucho en los tajos, no solo yo, sino también mis compañeras, mis vecinas, mi madre, mis amigas. Ahora podemos decir que no tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque estamos luchando por nuestros derechos. Nosotras mismas y teniéndolo todo en contra", sentencia.

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

El secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, según informa EFE.

Esta petición ha sido formulada por el representante de Rubén Sánchez, como acusación particular, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, cuya jueza procesó a Quiles por presuntas injurias y calumnias.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, el abogado del secretario general de Facua plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Junto a las citadas penas, reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como a EDA TV como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de EDA TV en YouTube.

El abogado del secretario general de Facua identifica en su escrito de conclusiones provisionales la comisión de tres delitos continuados de calumnias durante los periodos del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022.

El letrado expone cómo Quiles fabricó una larga lista de bulos "de extrema gravedad" que constituyeron injurias y, sobre todo, calumnias publicadas "de forma dolosa, mendaz, tendenciosas y cargadas de odio". En todos los casos, señala el abogado de Sánchez, "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad".

El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría. Sin embargo, ya han vencido todos los plazos para hacerlo. El mismo también anunció que intentaría llegar a un acuerdo para que no llegaran a juicio. A la vez acusaba a Sánchez de "subir el tono y la confrontación" y el agitador ultra seguía atacando al secretario de Facua en X, llamándolo "extorsionador", "sinvergüenza" y "delincuente".

En la resolución en la que la juez procesó a Quiles señalaba que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, resultaban "claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" al representante de Facua.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión", indicaba el auto, al que tuvo acceso EFE y que explicaba que esta no otorga el derecho a la ofensa.

"Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados", añadía dicha resolución judicial.

Quiles se refirió, durante un programa de EDA TV, a Facua como "sicarios" y "auténticos criminales". “Lo que hacen Rubén Sánchez y su banda en Twitter es pura actividad criminal (…), son mafiosos y extorsionadores de personas", publicó también en su canal de Telegram el 25 de abril de 2022.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era "falsa".

El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

Es un hecho incómodo: en este país hay muchos trabajadores que, además de soportar empleos precarios, realizan horas extras sin cobrar para las empresas que los emplean. Y no parece haber un interés real en cambiar esta situación, al menos por parte del empresariado.

Recientemente, este asunto ha generado tensiones dentro del propio Gobierno. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda planteó reforzar la normativa y los mecanismos para poner fin a estas prácticas. Sin embargo, el ministro de Hacienda y vicepresidente primero reaccionó advirtiendo del impacto económico que esas medidas tendrían para las empresas. Es ahí donde surgen las dudas: ¿hasta qué punto existe una voluntad firme de construir una sociedad más justa, donde el trabajo garantice una vida digna?

Los datos son elocuentes. Encuestas de la EPA, cifras del INE y del propio Ministerio de Trabajo apuntan a unos 350.000 trabajadores afectados. Cada uno de ellos deja de percibir alrededor de 3.000 euros anuales en horas no remuneradas. En conjunto, hablamos de cerca de mil millones de euros que las empresas se ahorran cada año.

Pero el problema no termina ahí. También se dejan de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social y recursos fiscales para la Hacienda pública. Es decir, la pérdida es doble: para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad.

El balance resulta difícil de maquillar: empresas beneficiadas a costa de trabajo no pagado y una respuesta institucional que, como mínimo, parece tibia. Y mientras tanto, la pregunta queda suspendida en el aire, incómoda, persistente:

¿Hasta cuándo se seguirán tolerando estas prácticas abusivas?

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

La tensión en el mercado inmobiliario sigue subiendo a medida que los precios continúan con su escalada. La brecha entre la rentabilidad de quienes pueden explotar activos inmobiliarios y quienes buscan un piso para vivir se sigue ensanchando y se muestra en protestas, manifestaciones o luchas contra procedimientos de desahucio. Este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció una campaña para promover una huelga de alquileres a la empresa Alquiler Seguro y solo un día después, el Ministerio de Consumo confirmaba una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa tras desestimar un recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. La iniciativa trata de forzar a la empresa a negociar con los inquilinos, que llevan tiempo denunciando abusos, pero su encaje legal es complicado, ya que la huelga solo está reconocida como derecho laboral.

“No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de la contratación de suministros con empresas del mismo grupo. Hartas de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, señalan los afectados en una nota de prensa. Se quejan, además, de que el juicio tras la demanda impuesta por el sindicato se ha fechado para dentro de dos años.

Una de las inquilinas que va a respaldar la huelga explica a infoLibre que todas las vías para tratar de hablar con la empresa se les han cerrado y protesta por la impunidad con la que sigue "abusando" de su posición de poder. Cuenta que, tras un tiempo buscando piso sin éxito, encontraron una oferta de Alquiler Seguro a través de un conocido y la necesidad de tener un techo les hizo aceptar todas las exigencias: “Pagamos un servicio de atención al inquilino que, según ellos, era obligatorio; contratamos un seguro de vida con una de sus empresas, aunque ya teníamos uno, y otro seguro más de impago”, cuenta la afectada, que prefiere permanecer en el anonimato. Cuando hicieron notar a la empresa que muchas de aquellas condiciones eran ilegales, no recibieron respuesta, asegura. 

Alquiler Seguro tiene varios frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales y que le ha valido una multa de 3,6 millones. Por otro, el Sindicato de Inquilinas de Madrid le ha interpuesto una demanda cuya primera vista está fechada para febrero de 2028. La sanción de la Administración ya solo se podría recurrir por vía judicial, tras agotar este miércoles las opciones para resolverla por vía administrativa. La empresa ya anunció este jueves que recurriría la multa por medio de un contencioso porque "todos sus servicios son legales" y que también solicitará medidas cautelares.

Plantear una huelga de alquileres no es algo nuevo, pero tampoco es un trámite sencillo porque la ley no reconoce explícitamente el derecho a una huelga de este tipo como puede ocurrir en el ámbito laboral. La primera experiencia que se conoce en España ocurrió en Cataluña en 1931. Entonces, 90.000 familias barcelonesas dejaron de pagar los alquileres cuando, en plena ola migratoria hacia la ciudad condal, los trabajadores no podían hacer frente a unas rentas inmobiliarias crecientes y se plantaron. La huelga se zanjó un año después con un pacto entre propietarios e inquilinos, pero tras una larga represión. La última es la que los 71 inquilinos de La Caixa plantearon en Cataluña en 2024, reteniendo 257.631 euros en rentas de alquiler durante casi un año para tratar de forzar la renovación de sus contratos, que la entidad pretendía rescindir.

“El plan original de la Fundación La Caixa era tan simple como agresivo: dejar expirar el periodo de alquiler protegido para expulsar a miles de familias y vender al mejor postor”, explica en una nota el Sindicat de Llogateres. Al final, la protesta social terminó por movilizar al Govern, que adquirió las 170 casas para el parque público por un valor de 15 millones de euros, a las que luego se irían sumando más. Actualmente, el proceso sigue judicializado por las demandas cruzadas entre los inquilinos y la entidad bancaria, pero para los sindicatos es una victoria, ya que los afectados tienen ahora como casero a la Administración Pública.

No son procesos fáciles, explica Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pero responde a la necesidad de que los inquilinos ganen espacios de protección para reclamar sus derechos. "Estamos empezando una ronda de contactos para explicar la propuesta e informar bien a los inquilinos de los riesgos", apunta. Una vez en marcha, el proceso pasa por distintas fases. "En primer lugar, lo que se hace es notificar individual y colectivamente a la empresa de que se ha producido un cobro fraudulento o irregular de alquiler y demandar su resarcimiento", indica Reverte. Si no hay respuesta, se inicia una demanda colectiva y se notifica a la empresa la convocatoria de una huelga. "Aquí se inicia otro proceso de mediación y, si no llega a buen puerto, es cuando se ejecuta la huelga", concluye.

En este punto, los inquilinos no dejan de pagar, sino que depositan el dinero correspondiente en un fondo común, es decir, lo retienen para que la empresa no lo reciba. "En este punto las posibilidades son dos: que la empresa devuelva el dinero que los inquilinos consideran como cobros indebidos, o que reclame a los inquilinos las rentas no abonadas", explica el responsable sindical. Es cuando el proceso de mediación termina, cuando la empresa tiene derecho a demandar para reclamar las cuantías o a reclamar la devolución de la vivienda con una petición de desahucio por impago del alquiler. "A partir de aquí ya entran en juego las estrategias de defensa que tenga pensadas cada grupo", concluye.

Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra, explica a infoLibre que, en términos legales, la huelga está regulada en la Constitución como un derecho de los trabajadores y tiene que ver con las relaciones entre un empleado y un empleador, pero no se contempla fuera de ese ámbito. "En este caso se le ha llamado huelga porque quizá tiene una historia y unas connotaciones adecuadas para ejercer presión social y utilizarla como bandera de movilización", apunta.

"Desde un punto de vista puramente legal, si tú eres un inquilino y no pagas, el arrendador te puede llevar a juicio para proceder al desahucio. El hecho de declarar una huelga, en este caso, no establece ningún mecanismo de amparo o de protección como ocurre en una huelga laboral", explica el profesor. Este proceso legal se regula por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por la Ley de Enjuiciamiento Civil y se puede dar desde el impago de la primera cuota, aunque "no es algo habitual", puntualiza Fajardo, ya que se suele demandar cuando hay varios atrasos.

Una vez iniciada la senda judicial, explica, se puede tratar de llegar a un acuerdo o, de no ser así, también está la opción de enervar. Esto último permite pagar en el mismo momento los importes pendientes. "Si se toma esta última opción, la causa se archiva sin costas judiciales". En caso de seguir adelante, puntualiza, sí que habría que asumirlas.

La clave de estas iniciativas, coinciden los expertos, es ganar peso en la negociación de forma que las reclamaciones individuales tengan un respaldo. "La estrategia contra las grandes empresas de alquiler que cometen abusos día tras día sin consecuencias es reclamar de forma masiva. Si la mayoría de los inquilinos afectados por Alquiler Seguro se suman a esta huelga que está por concretarse, es la mejor forma de frenar la extracción de rentas", señala Alejandra Jacinto, abogada de CAES. Para la letrada, que lleva además algunas demandas que tiene en marcha el sindicato, la presión de grupo puede resultar más efectiva.

La idea de fondo es romper con el modelo de negocio que garantiza el cobro de los alquileres: “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, quienes además consideran probable "que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumplen sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas".

Por el momento, la huelga contra Alquiler Seguro está en un estadio inicial, pero su idea es sumar al mayor número posible de personas. En la nota explican que la compañía gestiona alrededor de 30.000 viviendas y su intención es elevar la iniciativa a nivel nacional. Desde la agrupación sindical señalan que el hartazgo es cada vez mayor y que la iniciativa ha partido de los propios afectados. "Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan.

"En mi caso, he luchado un año para que me arreglasen unas humedades y al final tuve que recurrir a la dueña", explica la afectada con la que ha hablado infoLibre. "Es un abuso bochornoso, porque además hemos pagado por seguros y por asistencias que no recibimos", concluye. Si hace falta, dice, visitarán puerta a puerta para hablar con otros afectados para, a finales de junio, poder crear una asamblea de afectados.

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.