La noticia de que CCOO y UGT han decidido crear una caja de resistencia para ayudar económicamente a sus afiliados durante determinadas huelgas debería abrir un debate mucho más amplio que el de la propia iniciativa.

La primera reacción puede ser positiva. Si hacer huelga implica perder salario, parece lógico que las organizaciones sindicales intenten aliviar ese coste. Pero, inmediatamente después, surge una cuestión inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El derecho de huelga está reconocido en nuestra Constitución desde 1978. Sin embargo, desde entonces, ejercerlo ha tenido un precio. Un trabajador con un salario medio de unos 1.600 € netos puede perder alrededor de 50 € por cada jornada de paro.

Para quien vive con dificultades para llegar a fin de mes, esa cantidad convierte un derecho constitucional en una carga económica.

No es extraño, por tanto, que muchas huelgas reciban más simpatía que participación. No siempre falta conciencia colectiva, muchas veces falta capacidad económica.

La caja de resistencia pretende responder a esa realidad, pero solo para quienes están afiliados. Y ahí creo que aparece una enorme contradicción.

Las huelgas nunca las ganan los afiliados de un sindicato. Las conquistas laborales alcanzadas mediante la movilización benefician al conjunto de los trabajadores. Sin embargo, el apoyo económico queda reservado a una parte de ellos. Lo entiendo desde la lógica de una organización financiada por sus afiliados, pero no deja de reflejar un problema de fondo: el sindicalismo español ha perdido capacidad para convertirse en un movimiento de masas. Y esa reflexión es la más importante.

Muchos trabajadores seguimos recordando con respeto el sindicalismo que representaron Marcelino Camacho o Nicolás Redondo. No porque fueran infalibles, sino porque simbolizaban organizaciones profundamente arraigadas en los centros de trabajo, sostenidas por la participación de sus afiliados y con una enorme capacidad de movilización.

Hoy la percepción es diferente. Los sindicatos continúan siendo actores imprescindibles en la negociación colectiva y han contribuido a importantes avances laborales en los últimos años. Sería injusto negarlo. Pero también es cierto que una parte importante de los trabajadores siente que esas organizaciones se han institucionalizado demasiado y que la distancia con la realidad cotidiana de muchos centros de trabajo ha aumentado.

Quizá por eso una caja de resistencia, siendo una buena noticia, también evidencia una carencia. Llega cuando cada vez menos trabajadores pueden permitirse hacer huelga y cuando los propios sindicatos necesitan buscar nuevas fórmulas para reforzar la movilización.

Hay otra cuestión que también merece debate. Cuando un trabajador hace huelga, el salario descontado supone también un ahorro para la empresa o, en el caso de las administraciones públicas, un menor gasto de personal. Nadie discute que no deba cobrarse un trabajo que no se ha realizado. Pero sí cabe preguntarse si ese ahorro, al menos en el sector público, no debería destinarse automáticamente a alguna finalidad social en beneficio de los trabajadores, en lugar de quedar simplemente como una reducción del gasto presupuestario.

No tengo una respuesta definitiva. Solo una convicción, un derecho fundamental pierde parte de su fuerza cuando solo pueden ejercerlo quienes pueden permitirse pagarlo.

Y eso debería preocuparnos a todos. También a los sindicatos.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

Los números de las grandes cotizadas siempre sorprenden cuando se miran de cerca. Millones de beneficios, miles de empleados o salarios envidiables, pero también grandes brechas que persisten año a año. La primera que se suele señalar es la que separa a los primeros ejecutivos de la media de sus trabajadores. En conjunto, los directivos de las cotizadas del Ibex 35 ganaron 74,5 veces más que la media de sus plantillas en 2024. La diferencia ha crecido un 1,1% con respecto al ejercicio anterior, pero hay empresas en las que este abismo salarial es mucho más pronunciado. Inditex es la más desigual, con una diferencia en las remuneraciones de 295 veces; el Banco Santander es la segunda, con un pago a su primer ejecutivo 225 veces superior a la media de los trabajadores; Puig (dedicada a la cosmética) firma una brecha de 216 veces, e Iberdrola, de 168 veces. Son las conclusiones que extrae el informe Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y presentado este jueves.

En conjunto, los colosos que componen el selectivo español ganaron 67.300 millones, un 21,5% más que en el año anterior. Como dato, por cada persona empleada en el Ibex 35 obtuvieron un resultado de 53.300 euros, señala el documento. El total de personas empleadas por estas empresas se situó en 1,2 millones en 2024, con un incremento del 3,2%, aunque el grueso de las plantillas (un 63%) se ubica fuera de España. Las cifras de estas multinacionales marean y resultan aún más llamativas cuando se ponen en la misma tabla empleados y directivos.

Si bien los trabajadores de las empresas del selectivo están muy por encima del salario medio en España, la remuneración de los altos ejecutivos está en otro nivel. El sueldo medio nacional en 2024 fue de 29.540 euros anuales, pero el salario medio de las plantillas del Ibex alcanzó en ese año los 63.372 euros aunque con grandes diferencias entre empresas. Por la cola, Inditex se sitúa en los 38.000 euros, frente a los 108.000 de la socimi Colonial, la que más paga. Aunque este indicador, sobre el que se calculan las diferencias, también encubre grandes desigualdades, ya que se obtiene al dividir los costes de personal acumulados entre el número medio de empleados a jornada completa, incluyendo ahí salarios de empleados base, con los perfiles más cualificados de sueldos medios y altos, lo que distorsiona la cifra.

Volviendo a lo que cobran los directivos, su media salarial se sitúa en 4,7 millones de euros, 400.000 euros anuales más que en 2023. Además, hay cuatro empresas donde los presidentes superan los 11 millones de euros: Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán ganó 14,1 millones de euros), Banco Santander (Ana Botín ganó 13,7 millones de euros), Puig (Marc Puig ganó 12,7 millones) e Inditex (García Maceiras ganó 11,2 millones de euros).

Otro dato que arroja el análisis es que la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una asignatura pendiente también en las empresas más grandes. El salario medio de ellas ascendió a 53.600 euros anuales, un 6,49% más, y el de ellos a 65.400 euros anuales. Con esto sobre la mesa, la diferencia entre hombres y mujeres asciende a 11.700 euros anuales, superando en 2.000 euros la brecha del ejercicio anterior. Es decir, la tendencia ha empeorado. Si se mira por empresas, el salario de ellos es superior en todas las compañías, salvo en dos: Arcelor Mittal e Iberdrola, donde las mujeres ganan más que los hombres.

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es desproporcionada en el caso de Merlin Properties (casi tres veces más de salario). En el resto también las diferencias son muy elevadas: Banco Santander (24.000 euros), Puig (22.000 euros), Bankinter (16.000 euros), Banco Sabadell (14.000 euros) o CaixaBank (11.700 euros). Por el contrario, las menores diferencias salariales se registran en Logista (2.400 euros), Enagás (2.000 euros) y Aena 52 (2.000 euros), y Rovi (1.900 euros), además de las dos empresas antes señaladas donde el salario de las mujeres es superior”, detalla el documento.

El debate sobre la fiscalidad y la carga impositiva de las empresas es una de las cuestiones que más polémica genera. Uno de los apartados del informe hace referencia a la carga impositiva de estos colosos y concluye que su contribución fiscal en España se ha reducido, pese a haber aumentado sus beneficios. “Los datos permiten constatar que los buenos resultados de las empresas del IBEX 35 en 2024 no se están traduciendo en un mayor compromiso tributario directo”, apunta el informe. 

En España, la contribución por impuestos bajó desde los 6.861 millones en 2023 a los 6.403 de 2024. Es decir, pagaron 458 millones menos, lo que supone una merma del 6,7% en ese periodo. Las que más impuestos pagaron a nivel nacional fueron los bancos y las energéticas: BBVA lidera la aportación con 1.261 millones de euros, tras un incremento del 52,8%, seguido de CaixaBank, que realizó un desembolso de 1.080 millones. Junto a ellas, Iberdrola (890 millones), Endesa (614 millones) y Banco Santander (533 millones) sostienen el grueso de la contribución. Aunque el documento advierte que “resulta paradójico que empresas con beneficios reduzcan su pago efectivo” con respecto a otros ejercicios, como es el caso de Endesa (-25,3%) o Iberdrola (-3,8%).

“En este ámbito, el caso más destacable es Repsol, registrando una contribución negativa de -883 millones de euros en 2024, lo que supone una reducción del 274,2% respecto a su aportación positiva en 2023”, señala el análisis de CCOO. A esta se sumarían otras que también se han podido aplicar deducciones como Unicaja (-13,1 millones), Cellnex (-16 millones) y Ferrovial (-8 millones), que cierran el año con saldos negativos de caja por impuestos en España.

A nivel global, en cambio, la tendencia no es la misma y la carga impositiva aumenta. En conjunto, el importe que estas compañías pagaron en todo el mundo por el impuesto de sociedades fue de 21.885 millones, un 3,9% más que en 2023.

La fiscalidad es uno de los grandes debates y no solo en España. Medidas para gravar los grandes patrimonios, como la conocida “tasa Zucman” en Francia, que busca gravar con un 2% a las grandes fortunas y a las participaciones en empresas, o las protestas desde la izquierda por considerar que las pymes pagan tipos efectivos mucho más altos, son cuestiones que acaparan el debate. De hecho, en España el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados ronda el 18%.

Gustavo Fuentes, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha sido imputado como presunto autor de delitos de agresión y acoso sexual, según ha adelantado esta semana elDiario.es. La víctima relata episodios de violencia sostenida en el tiempo –con tres agresiones específicas en 2013, 2021 y 2023– y humillaciones a los ojos de todos, según acreditan sus propios compañeros. Y las empresas responsables de velar por la seguridad de su trabajadora se excusan aludiendo a la existencia de protocolos de prevención a los que jamás llegó ninguna denuncia. 

Así lo señaló el martes Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) mediante un comunicado: su protocolo de actuación contempla "mecanismos de actuación aplicables" a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas, como es el caso de la productora. ADM es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía y que está, además, asociada a la RTVA. El ente público, su principal comprador institucional de contenidos, subraya que no le "consta" la presentación de ninguna "denuncia interna" en relación con los hechos publicados. 

Por su parte, la productora ha decidido suspender al presunto responsable, basándose en "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones" y solo una vez los hechos quedaron en manos de la justicia. Es decir, cuando el daño llevaba más de una década instalado en el entorno laboral. 

Ambas entidades presumen de sus protocolos, pero ¿han sido útiles para la víctima? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que con más insistencia plantean desde los sindicatos. Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. 

La ley de igualdad de 2007 obliga a las empresas a "promover condiciones de trabajo que eviten" el acoso sexual y por razón de sexo, un imperativo que años después quedó ampliado a la necesidad de impedir todo tipo de "delitos y otras conductas contra la libertad sexual", gracias a la conocida como ley del solo sí es sí. Además, España ratificó en el año 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El principio obliga a todos aquellos que lo suscriban a adoptar medidas de prevención, protección, control y reparación frente a estas conductas. 

Samuel Ortega, secretario de Organización en la sección sindical de UGT en RTVA y miembro de la Comisión de Igualdad de Canal Sur, recuerda la responsabilidad del ente público en lo que respecta a aquello que sucede en el seno de las empresas que prestan servicios para la televisión autonómica. En ese contexto, destaca que los miembros de la Comisión de Igualdad "siempre" han pedido, sin éxito, acceder y examinar los protocolos vigentes en las compañías que están en su órbita. 

"Es importante poder ver qué formación existe, cuáles son las medidas contempladas, quiénes son los miembros de los comités de denuncia y saber si la gente está informada", incide. Sin todos esos elementos, la mera existencia de los protocolos se revela insuficiente. 

"Si el protocolo no funciona, lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar". Habla Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres de Comisiones Obreras (CCOO). Pero, sobre todo, asiente en conversación con este diario, la responsabilidad de las empresas debería ser "preguntarse por qué no ha funcionado el protocolo" y no excusar su inacción en la falta de denuncias, especialmente cuando la obligación de toda compañía pasa, en primer lugar, por la prevención y la detección. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y como podemos", recuerda la responsable sindical. Señalar directamente a la ausencia de denuncias no solo parece ser una "excusa de alguien que no quiere involucrarse", sino que además "sitúa la responsabilidad en la víctima". 

Coincide Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Volvemos a cargar todo el peso en la víctima", lamenta, una dinámica que pese a ser señalada constantemente por las expertas feministas sigue siendo dolorosamente frecuente. En oposición, la jueza cree importante "integrar en las empresas la obligación de que la denuncia no recaiga solamente en la víctima", en parte porque las mujeres no siempre encuentran una respuesta ágil, garantista y respetuosa en los mecanismos trazados por la propia compañía. 

Poyatos cree que, en términos generales, asistimos a un "cumplimiento más formal que real respecto a la legislación" en materia de prevención del acoso y la violencia sexual, lo que "dificulta mucho la detección y la toma de decisiones para impedir que la salud de las trabajadoras se vea afectada". Las empresas, completa, deben desarrollar una "diligencia activa en materia de prevención, no actuar como meras espectadoras", más aún en casos como el presente, cuando se trata ya no solo de salud laboral, sino de un posible delito.

"Cualquier espacio en el que una mujer interactúe con un hombre tiene que ser valorado desde un punto de vista de prevención de la violencia sexual a la que se expone", añade la jurista, por lo que el deber de las empresas pasa por saber "valorar ese riesgo que existe en los puestos de trabajo" con el fin de poder evitarlo. 

Las conductas denunciadas por la reportera de la productora sucedían a ojos de la mayoría. Los comentarios sexistas, misóginos y discriminatorios los pronunciaba el presunto agresor en público, sin pudor alguno y ante el silencio cómplice de quienes escuchaban, según se ha publicado este miércoles. Pese a que la violencia trascendía del ámbito privado, nadie activó los protocolos.

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es señala directamente al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como conocedor directo de las conductas denunciadas. El relato recogido parece evidenciar que la violencia era conocida no solo por compañeros y superiores de la productora, sino por cargos de responsabilidad dentro de la propia televisión autonómica. 

El protocolo de RTVA, consultado por este diario, indica que "en caso de hallarse implicado personal laboral de una empresa externa que esté prestando un servicio" para la cadena, se aplicarán "los medios de coordinación necesarios para llevar a cabo la investigación y adoptar las medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y eviten su repetición". 

"La sociedad no puede mirar para otro lado, tiene que hacer red, formar, concienciar y hacer llegar a todas las personas trabajadoras el mensaje de que es necesario tener los ojos puestos en todas las compañeras", exclama Carolina Vidal. Si hay una herramienta para terminar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, más allá de la existencia necesaria de los protocolos, esa no es otra que "la presión de la plantilla", concluye la sindicalista.

“Los cierran porque quieren, por política pura y dura”, denuncia Begoña González, representante de UGT en los albergues juveniles públicos de la Comunidad de Madrid, tras la reunión mantenida este lunes con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales, en la que les han informado de los siguientes pasos para la privatización que planean de estos centros. “No nos han sabido dar el motivo real de por qué se van a dejar en manos privadas unos centros que están funcionando, que están llenos de reservas y que están bien de personal”, añade.

Este mismo viernes, la Comunidad de Madrid publicará los pliegos de la licitación que afecta a los cuatro únicos albergues juveniles de gestión pública directa de la red autonómica:  Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora. Aunque las instalaciones seguirán siendo públicas, su gestión pasará a manos privadas al finalizar este proceso. “Así que se va a privatizar sí o sí, no hay ninguna manera de echar para atrás”, se lamenta Begoña en conversación con infoLibre.

Desde la propia consejería sostienen que “el cambio de modelo no supone su privatización, solo una licitación de su gestión, y en ningún caso supondrá un incremento del gasto público. Las instalaciones seguirán siendo públicas y la Administración mantendrá plenamente las funciones de control, supervisión y planificación del servicio”. Sin embargo, los propios trabajadores no ven este movimiento con tan buenos ojos.

“La preocupación entre la plantilla es elevada”, señala por su parte Esther Velasco, representante de CSIF, ya que los empleados viven con incertidumbre “el futuro de los centros y de los puestos de trabajo afectados”. Actualmente la plantilla de estos cuatro centros se compone de 144 trabajadores, de los cuales 77 son interinos.

En la reunión con los sindicatos, la Comunidad les trasladó que todos estos trabajadores serán reubicados a otros centros de la Administración autonómica, incluso en otras consejerías, y que se respetará “al máximo” su lugar de residencia. Pero los sindicatos denuncian que se trata de una decisión tomada de forma unilateral, porque los empleados no quieren irse. “Con el comité lo único que se va a debatir son las condiciones de traslado de estos trabajadores”, explica Velasco. 

La situación ya está despertando los primeros recelos y desde los sindicatos indican que parte de los interinos están planteándose renunciar a su puesto si no reciben un destino que les convenza.

Las explicaciones ofrecidas por las Comunidad de Madrid no convencen a los trabajadores. Desde la consejería indican a este periódico que “actualmente la gestión directa con personal público presenta dificultades para su funcionamiento. De forma estructural, los centros registran un elevado número de bajas y vacantes”. A esto se suma, según la versión oficial, los altibajos de ocupación, sobre todo en invierno.

“Esto no es verdad, en verano estamos a tope con los campamentos y en invierno no ha habido un fin de semana libre que bajara de las 50 o 60 personas”, replica González, que además de representante sindical trabaja en el centro de Las Dehesas. “Casi tenemos más gente y más trabajo en invierno que en verano con los campamentos”, añade.

Tampoco consideran válido el argumento de las vacantes difíciles de cubrir, principalmente las de cocinero y auxiliar administrativo. “Si no lo cubren es porque no quieren, porque se les ha dado el permiso para que contraten a través del paro si no tienen gente en bolsa. ¿Me vas a decir que en toda la Comunidad de Madrid no hay ningún cocinero en paro?”, denuncia la portavoz de UGT.

“Estamos cabreados porque no es cierto lo que nos han dicho y tampoco puede ser un motivo que cueste dos meses cubrir una vacante, porque ningún albergue ha cerrado por falta de personal o porque no se estuviera dando el servicio”, agrega González. 

De esta manera, a los trabajadores de los albergues solo les queda analizar los pliegos de la licitación y comenzar las negociaciones para determinar su futuro laboral. Mientras tanto, mantienen su rechazo a una decisión que consideran injustificada.

Este lunes, la plantilla de la Agencia Tributaria ha protagonizado un paro de 24 horas en todo el país para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta, convocada en esta ocasión por el sindicato CSIF, forma parte de un ciclo de movilizaciones que los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) vienen realizando desde hace meses,bajo la llamada de diferentes grupos sindicales.

Las protestas más recientes tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y se repitieron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. También el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, llevó a cabo en noviembre su primera huelga en 17 años y tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) encadenaron protestas el año pasado para acelerar las negociaciones con el Gobierno.

En plena campaña para presentar la declaración de la renta, alrededor de 28.000 trabajadores estaban convocados por toda España a concentrarse delante de sus oficinas para pedir que se refuercen las plantillas, que se abra la negociación en diversos aspectos de mejora de las condiciones laborales, que llevan paralizados desde 2019, y que se cumplan los acuerdos firmados con la AEAT. A esto se suman otros puntos como la regulación del teletrabajo, la reactivación del acuerdo de carrera profesional o que se contemple como profesionales de riesgo a los trabajadores de Vigilancia Aduanera. 

Aunque las reivindicaciones de asociaciones y sindicatos no coinciden plenamente en las soluciones, las protestas por la forma en que se lleva a cabo la progresión en la carrera están en el centro de la polémica, ya que provocan "un deterioro de la estructura" laboral de la administración, según explican desde Gestha a infoLibre. "La AEAT instauró en 2007 un sistema de progresión propio en el que no existen concursos para subir de categoría, pero tampoco ha reclasificado a los empleados", explica José María Mollinedo, portavoz del sindicato. Eso ha provocado, apunta, que los puestos superiores de la escala profesional no se hayan cubierto adecuadamente cuando hay jubilaciones o salidas. "Se van jubilando las personas de jefatura de área, los coordinadores y, sin un concurso, se va generando una desestructura porque, aunque entran promociones nuevas, nadie sube a esos puestos porque no se convocan", explica Mollinedo.

La forma en que se cubren es con un parche provisional. "El trabajo lo están haciendo ahora mismo personas sin nombramiento a las que la Agencia Tributaria ha colocado en comisión de servicio, que, según la ley, tiene una duración de un año con una prórroga extraordinaria de otro año", explica el portavoz. "Hay gente que lleva hasta 10 años y eso lo hacen cesándoles un día y volviéndoles a nombrar en comisión de servicio al día siguiente por otros dos años. Eso es un abuso de derecho", concluye.

Gestha no se ha sumado al parón convocado este lunes, ya que no comparte con los convocantes los modelos para corregir esta situación. Tampoco lo han hecho CCOO y UGT, aunque sí mantienen reclamaciones similares. Francisco Tamargo, secretario general de la sección sindical de AEAT de CCOO se queja de que "en lo que se refiere a la gestión de personal, la Agencia nunca ha funcionado tan mal", reclama.

Para Tamargo, las discrepancias en el ámbito sindical se deben en parte al desgaste de meses de reivindicaciones y escasas respuestas desde la dirección. "Por ejemplo, somos una administración de las más digitalizadas y, sin embargo, nos niegan el teletrabajo", señala Tamargo.

Otro punto importante de las reivindicaciones es la brecha salarial entre cargos de la Agencia Tributaria. En este punto insiste sobre todo Comisiones Obreras, que pide mayor transparencia en las tablas salariales de cada rango y aumentos de sueldo en las categorías más bajas, sobre todo cuando el puesto implica un cambio de comunidad o un desplazamiento.

Sobre la falta de personal y la carga de trabajo, estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude y ese es otro de los reclamos en el que coinciden los diferentes sindicatos. "El proyecto de información y asistencia [diseñado para atender dudas y reclamaciones de los contribuyentes], por ejemplo, se presentó como un plan estrella, pero se quiere cubrir con personal laboral", protesta el delegado de CCOO. Una falta de efectivos en la que incidió ayer también CSIF y que genera descontento, sobre todo, en los puestos base. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) también ha tenido otros problemas en lo que tiene que ver con su gestión de personal. Según ha podido conocer infoLibre a través del Consejo de Transparencia, la entidad no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. La explicación que dan es que los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo. Así, cuando solicitan la excedencia, no es la AEAT quien la tramita.

Las excedencias son relevantes sobre todo cuando se pasa de esta entidad a la empresa privada, ya que puede generar conflicto de intereses. Un hecho llamativo, teniendo en cuenta que el ámbito fiscal es uno de los más estrictos en materia de incompatibilidad cuando se está en activo. "Somos uno de los organismos donde está implantada la incompatibilidad absoluta. No puedes dedicarte a nada", señala a infoLibre Tamargo.

A la espera de que la Agencia se preste a negociar y de que los diferentes sindicatos encuentren un punto de acuerdo, hay algo en lo que coinciden todos: el tiempo que llevan pidiendo cambios en materia laboral. "La relación entre la patronal, que en este caso es la Administración, y los sindicatos nunca ha sido peor", concluye el responsable de CCOO.

“Fortalecer la calidad democrática de la institución policial”. Este es el principal argumento por el que desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP), actualmente sin representación en el Consejo, lleva años luchando para que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo. Desde los casos de agresiones sexuales que han afectado a la cúpula de la Policía hasta las polémicas por las actuaciones de algunos agentes en diferentes manifestaciones, desde esta organización consideran imprescindible este paso para conseguir una Policía Nacional al “servicio de la sociedad”.

Esta semana se ha vivido un paso clave en esta lucha, gracias al apoyo público por parte de Comisiones Obreras y UGT a esta reivindicación. “Hacemos un llamamiento al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, explican en un comunicado conjunto.

La razón por la que desde la Policía Nacional no se les permite sindicarse viene del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical, que en su punto quinto recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, que en el caso de los nacionales les limita a solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo, según marca la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada  durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la visión del SRP es diferente. El primer argumento a favor es que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

El principal punto a favor está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. 

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, a diferencia de la Guardia Civil, que sigue bajo el régimen militar.

Por esta razón, el SRP tiene ahora mismo dos líneas abiertas para conseguir su objetivo. Dos demandas judiciales después de que dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la libre sindicación, mientras que la segunda está todavía pendiente de ser aceptada en el TSJ de Valencia. Por otra parte, se está impulsando una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados que se encuentra en tramitación.

De conseguirse, una de las mayores ventajas que plantean desde este sindicato, es que los representantes de los policías podrían sentarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y compartir las luchas por subidas salariales o más derechos junto al resto de funcionarios públicos.

Sin embargo, el hecho de que esta lucha se esté haciendo pública, ya está despertando los primeros rechazos dentro de los sindicatos que actualmente se encuentran en el Consejo de la Policía. JUPOL, uno de los mayoritarios, con actualmente cuatro representantes, denuncia que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”.

“Desde nuestra organización no podemos evitar pensar que detrás de este tipo de planteamientos existe también una clara intención política de ejercer un mayor control sobre las organizaciones sindicales policiales independientes, limitando la capacidad reivindicativa de los sindicatos profesionales que durante años han denunciado públicamente el abandono institucional que sufre la Policía Nacional”, describen desde el sindicato.

Por su parte el SUP, también con cuatro representantes en el Consejo, con una posición más moderada, muestra su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. 

“No obstante, creemos que el actual modelo de representación de la Policía Nacional responde a la singularidad de nuestra función y ha permitido que los policías estén representados por organizaciones especializadas que conocen de primera mano los problemas profesionales del colectivo”, explica su portavoz, Ana Alarcón, a infoLibre.

Añade que “el debate no debe centrarse únicamente en quién puede afiliarse a qué organización, sino en garantizar que la representación de los policías siga siendo eficaz, independiente y centrada en los intereses profesionales de los agentes”.

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que tiene dos representantes en el Consejo, consideran que este tema “abre muchos interrogantes”. “La ley orgánica de libertad sindical lo dice bien clarito: nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López. 

“¿Qué pasará con nuestro Consejo de Policía, ese mini parlamento que tenemos dentro del cuerpo donde los sindicatos ejercemos un papel importante? ¿Va a venir alguien de Comisiones o de UGT? ¿Esos consejeros tienen que ser policías o no?”, plantea. “Si se nos permite afiliarnos a sindicatos de clase, ¿tendrá la Policía Nacional derecho a huelga? Es decir, ¿habremos conseguido al final ese derecho que a día de hoy lo tenemos restringido?”, añade. En cuanto al CEP, con dos representantes en el Consejo, no quieren, por el momento, hacer comentarios sobre el tema.

“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

“Si llegas al 100% de cumplimiento de objetivos, en el año siguiente te piden el 120%, el 140%... y si no mantienes ese ritmo, te penalizan o te despiden por falta de productividad”. Así relata a infoLibre Victoriano Miravete, secretario general del sector financiero de UGT, la forma en la que funciona el trabajo por objetivos en el sector. "Es como empezar cada día de cero y eso genera un estrés constante", concluye. Es el resumen que el responsable sindical hace de la situación de los trabajadores del sector financiero, que están protagonizando varias jornadas de huelga y protestas ante un modelo laboral que ha cambiado hacia una política comercial más agresiva y un cumplimiento de objetivos que condiciona sus salarios y su salud.

La banca española superó los 10.000 millones de beneficio en el primer trimestre del año, con un incremento conjunto de las seis entidades más grandes del 27%. Sin embargo, el número de empleados se ha reducido en más de 8.100 trabajadores en el primer trimestre del año con respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos elaborados por la agencia Europa Press. Y este ha sido uno de los detonantes de las protestas que encadena el sector, a lo que se suma una crítica hacia un modelo de trabajo que califican de “insano”. Desde 2020, explica el responsable de UGT, sus exigencias de objetivos anuales se han incrementado a un ritmo anual de entre un 20% y un 30%. 

En lo que va de año ha habido varias protestas, como la que protagonizaron en abril los trabajadores de CaixaBank que denunciaban la "presión comercial desmesurada" y pedían mejoras salariales, o la que este martes organizaron los trabajadores afiliados a UGT frente al Banco de España (BdE). Incidían en una presión comercial “insostenible” que además condiciona sus sueldos y un clima laboral “deteriorado” que está haciendo mella en la salud laboral del sector. La concentración responde a unas reclamaciones que llevan tiempo enunciando y que continuarán durante el mes de junio, esta vez organizadas por Comisiones Obreras (CCOO). 

Recortes de empleo, un “clima laboral insano” y una forma de organizar la actividad de venta de productos financieros que, según los convocantes, va en detrimento de los propios clientes a los que se les acaba vendiendo servicios que no necesitan. “Igual que nos piden una determinada formación para vender productos, queremos que también se les exija a las entidades una formación y responsabilidad sobre la manera de comercializarlos de forma adecuada”, señala el responsable sindical. "Lo primero que te dicen por la mañana cuando entras a trabajar es lo que tienes que vender de un producto concreto que el banco está promocionando en ese momento. Si, por ejemplo, tienes un cliente al que le vas a vender un seguro determinado, al final puede darse el caso de que terminas ofreciéndole otro porque es el que toca ese día y, si no lo haces, puede afectar a tu puesto de trabajo", remarca Miravete.

Los trabajadores reclaman que el BdE siga de cerca estas estrategias comerciales y los productos que promocionan porque consideran que “entra de lleno en el terreno de la supervisión bancaria” y que podría afectar a la protección de los clientes. De hecho, desde diferentes sindicatos se habían elevado ya peticiones para que el BdE asumiese esa función. En marzo, el supervisor español elevó una de estas denuncias al Banco Central Europeo (BCE) para que la entidad valorase si estas políticas comerciales y las instrucciones de venta que se trasladaban a las oficinas podían estar incumpliendo en algún punto las directrices de regulación bancaria, aunque por el momento, no han obtenido una respuesta.

En la protesta del martes, que coincidió con la publicación del Informe de Inclusión Financiera que elabora el BdE, han insistido en este punto porque, en su opinión, esta institución supervisora debería intervenir. Desde CCOO, sindicato mayoritario del sector, ya han anunciado que van a seguir con las protestas y han convocado movilizaciones el próximo 3 de junio para insistir sobre estos mismos puntos. Protestarán ante las sedes de Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Abanca, Ibercaja y Cajamar en diferentes ciudades y han planeado la propuesta como un primer paso de una serie de protestas sucesivas.

Javier de Dios es el responsable del sector financiero en CCOO. Explica que el clima de protestas no se ha establecido porque esto sea nuevo, sino porque el descontento generalizado en el sector ya va más allá de una entidad concreta y atañe a la forma de trabajar. "A la sobrecarga de trabajo, a la poca planificación, al exceso de objetivos y a las retribuciones variables y no transparentes se suman las presiones de algunos estilos de liderazgo tóxicos en los cuales se invita a vulnerar en cierta forma la normativa vigente a la hora de vender productos. Todo esto hace que las plantillas del sector financiero estén sobrecargadas", remarca el responsable de CCOO. Además, el incumplimiento de estos objetivos comerciales, protestan, se cataloga como bajo rendimiento y pone en riesgo el empleo. 

La baja productividad por no cumplir con estas directrices también puede ser motivo de despido. “El creciente peso de la venta de productos en el salario variable y la aplicación de mecanismos de control con carácter sancionador están creando una situación insostenible en la red de oficinas”, señala UGT. Protestan también porque un porcentaje de sus remuneraciones está atado a la venta de determinados productos financieros que les llegan impuestos. 

En paralelo a esta cuestión corre también el problema relacionado con las absorciones y compensaciones salariales. Los sindicatos ya denunciaban el año pasado que las subidas que obtenían por convenio se terminaban detrayendo de estas remuneraciones variables y, por ello, pedían que el cálculo de este porcentaje variable se estimase de forma más clara para que no ocurrieran estas cosas.

"Todo esto hay que leerlo en un contexto de cierre de oficinas y pérdida de empleos", señala Miravete. De hecho, el informe de Inclusión Financiera conocido este martes apunta en esta línea y señala que entre 2021 y 2024 los puntos de atención presencial se han reducido en un 2,5% y cerraron 1.635 oficinas en ese periodo, lo que supone una reducción del 8,6%.

La salud mental es uno de los caballos de batalla de los sindicatos en el sector. Los riesgos psicosociales asociados al estrés o a la carga mental que supone el trabajo por objetivos son otro de los grandes problemas que llevan tiempo reiterando en sus protestas. Un estudio del sindicato sectorial FINE apuntaba, tras realizar una encuesta a 30.000 trabajadores, que un 92,6% de los empleados financieros afirmaba haber sufrido ansiedad, bloqueo emocional o síntomas físicos derivados del estrés laboral en algún momento de su vida profesional.

Cuando les preguntaban por el nivel de presión, más del 45% señalaba que era "alta y constante" y un 27% decía que era "excesiva y desbordante". El responsable de UGT señala además que el nivel de medicalización y de bajas por estrés del sector es alto, pero les resulta complicado que se reconozcan las causas, ya que entran dentro de los riesgos psicosociales que la ley de prevención de riesgos laborales actual no desarrolla de forma específica. Por el momento, la nueva ley, que sí pone el foco en este tipo de afecciones y cubriría parte de las demandas de los trabajadores, debe pasar aún por segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser convalidada en el Congreso y aún falta un tiempo hasta su puesta en marcha.

La vivienda empieza a ser el núcleo desde donde emana el grueso del descontento social. Está en el centro cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo, del endeudamiento, de las dificultades de emancipación, de la desigualdad… Hasta ha entrado de lleno en un debate más amplio como la lucha de clases o la forma en que debe operar un sistema económico. “Todo lo indispensable para la vida no deja de subir”, protestaba Elisa Molina, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en Madrid, durante la convocatoria de unas jornadas de protesta que arrancan este domingo 24 de mayo en Madrid. No se puede sostener, afirmó Molina, “que los alquileres estén por las nubes y los salarios por los suelos”. Y es que aquí ya no se habla solo de casas.

Las protestas comenzaron este viernes con una acción en la que una decena de miembros del sindicato atravesaban las puertas de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para encerrarse en el edificio. Querían forzar a la Administración a que unas 800 viviendas que tiene bajo su tutela pasen a ser públicas y se frenaran los procedimientos de desahucio que tienen abiertos algunos inquilinos. Se dirigían a los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social con un plan de acción y al grito de “nos quedamos”. Pocas horas después, el Ministerio de Vivienda accedía a su petición: “Ambos ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta de viviendas”, señalaban en un comunicado. Esta vez, el día terminaba entre aplausos. Un pequeño logro en un contexto que, por el momento, se presta poco al optimismo. De hecho, casi a renglón seguido, el sindicato madrileño republicaba en sus redes un vídeo para tratar de detener, por segunda vez, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el 3 de junio volverá a enfrentarse a un intento de desalojo de la casa donde lleva residiendo toda su vida. 

Con estos mimbres llega una ola de protestas que empieza este domingo 24, pero se extenderá hasta el día 25 por diferentes ciudades españolas. El lema es “La vivienda nos cuesta la vida”, pero entre las reclamaciones que se hacen está también subir el salario mínimo, que se intervengan los precios de bienes básicos o que se controle el mercado desde lo público garantizando costes de vivienda asequibles y contratos estables. Por otro lado, los convocantes también dan una pista de la transversalidad del problema. Entre ellos se encuentran los sindicatos de inquilinas, CGT, CNT y un conjunto de movimientos de la sociedad civil como grupos por la defensa de las pensiones, el colectivo de bomberos contra los desahucios o movimientos ecologistas, feministas y antirracistas.  

“El alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, remataban en otro comunicado. 

La transversalidad del problema también se percibe en la creación a principios del mes de mayo de la Confluencia de Luchas, una plataforma impulsada desde los sindicatos de inquilinas, pero que integra a buena parte de los colectivos que ahora se suman a estas movilizaciones. En la definición que se han dado a sí mismos recogen que son “un espacio abierto a la integración de otros colectivos y organizaciones que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición postcapitalista”. 

El alquiler y las condiciones que impone son el foco al que se dirigen las protestas. Los contratos por periodos breves de tiempo permiten escapar al control de precios, ya que al final de los mismos, los caseros pueden establecer la renta que consideren sin ningún tipo de tope. De ahí la insistencia de los sindicatos de inquilinas en lograr que los contratos sean indefinidos por defecto. La prórroga de los alquileres, que decayó en el Congreso en abril, dejó también un vacío en este sentido, ya que permitía extender los contratos y hacía posible que los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional pudiesen pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. 

Pero esta no ha sido la única derrota. Los pisos turísticos y el alquiler de temporada juegan un papel clave en el aumento de precios al avivar una demanda ya de por sí tensionada. El Gobierno impulsó una ventanilla y un registro único en el que se debían inscribir los pisos de alquiler vacacional para controlar su proliferación, pero el Tribunal Supremo ha tumbado parte de este mecanismo respondiendo a una denuncia presentada por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Este jueves, el Supremo señaló que la competencia para registrar estos inmuebles era de las comunidades. Ahora, explican a infoLibre desde Vivienda, el registro lo tendrá que implementar cada región de manera individual y el Gobierno supervisará que cumplan con él. El objetivo de esto es evitar que proliferen este tipo de negocios sin licencia y sin control, ya que tienen una incidencia significativa en la demanda y, por tanto, en el encarecimiento de la vivienda.

Lo que la vivienda se lleva de los salarios es una de las cuestiones que ha hecho de este problema un asunto que va más allá de lo inmobiliario y, por ello, en estas movilizaciones será central la reclamación de una subida del salario mínimo. A menor renta, mayor porcentaje de ingresos se comen los bienes básicos e irrenunciables como la vivienda. Según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo, la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Pero la vivienda, que no se suele considerar en estas estadísticas, había aumentado su precio en 2025 un 12,7%, según el INE. Y esto solo en lo referente a la propiedad, algo que, además, no está al alcance de todos. En los alquileres, el portal inmobiliario Idealista fija el incremento en torno al 8,5%.

Los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados por esta situación. Con salarios generalmente más bajos, porque están comenzando su carrera, el alquiler se lleva la mayor parte de su sueldo y no permite crear un colchón de ahorro para la entrada de una hipoteca. Los datos que ofrece el Consejo de la Juventud son demoledores: el alquiler medio en España supone el 98,7% del salario de una persona joven, lo que ha empujado la tasa de emancipación hasta los 30,2 años. Solo un 14,5% de los menores de 30 años logró emanciparse en la segunda mitad de 2025, la tasa más baja desde que existen registros. 

Otro punto polémico son los márgenes de beneficio del mercado inmobiliario, es decir, las ganancias de quienes invierten en casas. Ellos son el objetivo de la mayoría de los lemas que se corean en las manifestaciones de vivienda: "Fuera rentistas de nuestros barrios", coreaba la multitud en la manifestación de abril de 2025. Y aquí el debate vuelve a ser puramente económico. “Las actividades inmobiliarias alcanzan un máximo histórico de rentabilidad”, titula un informe realizado por Comisiones Obreras y publicado este viernes. El documento apunta que las empresas dedicadas al sector de la vivienda tuvieron un resultado bruto de explotación en los últimos cuatro trimestres que supera los 13.000 millones de euros “por primera vez” y su margen sobre ventas superó el 30%. 

De un lado hablan de “profesionalización del mercado”; del otro, de especulación pura y dura. Así, una de las peticiones en las que más se está insistiendo consiste en prohibir o limitar el acceso de fondos y socimis a la compra de viviendas. Es una medida que partía del grupo parlamentario Sumar, pero no salió adelante dentro de la coalición de Gobierno. El grupo plurinacional defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

"Sostenemos el sistema y no tenemos casa", coreaban los manifestantes en la última gran concentración que tuvo lugar en Madrid, dando pistas ya entonces de que el problema de las casas era también un problema del sistema. Una crisis de vivienda que va más allá de la vivienda.

La Asociación de Medios de Información (AMI), patronal de los editores de prensa diaria en España, ha presentado a los sindicatos una nueva propuesta para el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria que apenas modifica su oferta inicial: un incremento salarial del 0,5% –unos 7,8 euros brutos mensuales para el nivel 3, donde se concentra más del 80% de las plantillas– y una ampliación de jornada de 1.687,5 a 1.720 horas anuales. La reunión se celebró este martes, el mismo día en que varios de sus asociados participaban en el II Foro del Noroeste celebrado en Oviedo, donde la patronal presumía de avances en transformación digital, subidas en suscripciones y diversificación de ingresos.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta como “absolutamente ridícula y desesperante”. Los tres sindicatos negocian desde hace meses la renovación de un convenio que rige las condiciones de trabajo de las redacciones que no tienen acuerdo propio, en su mayoría cabeceras regionales integradas en grupos como Prensa Ibérica.

La ampliación de jornada que propone la patronal —32,5 horas más al año— tiene una lógica explícita: evitar la acumulación de horas extras. Lo que no incluye la propuesta es adecuar los salarios del sector a la media estatal, que asciende a 2.618 euros brutos mensuales (31.416 anuales). Un redactor recién incorporado que aplica este convenio cobra 20.455 euros brutos anuales. Después de tres años de carrera, llega a 23.464 euros.

La oferta incluye además una propuesta para penalizar a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal de forma recurrente. AMI quiere negociar fórmulas para que el complemento por esta causa se “minore” o “elimine” en caso de “reincidencia”. También se opone a que el plus dominical se perciba desde el primer domingo trabajado, en lugar del noveno, como establece el convenio actual.

Para justificar su posición, la patronal alega inestabilidad sectorial e incertidumbre ante el impacto de la inteligencia artificial. No menciona los 70 millones de euros que el Gobierno —con el aval de la Comisión Europea— destinará a financiar la digitalización de sus asociados, ni los más de 120 millones adicionales en ayudas y préstamos que, según UGT, suman un total superior a 190 millones de euros en distintas convocatorias.

Mientras la mesa negociadora se reunía en Madrid, representantes de los grupos integrados en AMI participaban en el II Foro del Noroeste en Oviedo, donde la prensa exhibía sus cifras de crecimiento digital. 

Los sindicatos han anunciado que trasladarán la propuesta a las plantillas para decidir los próximos pasos. El calendario de asambleas y movilizaciones que CCOO, UGT y FeSP tenían preparado sigue sobre la mesa.

UGT añade un dato que complica la posición de AMI en el contexto europeo: según una encuesta de UNI Europa, una federación sindical europea que agrupa a sindicatos del sector servicios, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas públicas estén condicionadas a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas. El sindicato exige que la inversión de dinero público "se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos".

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

Casi uno de cada dos trabajadores (el 43%) ha reducido la calidad o cantidad del consumo de alimentos por la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos cinco años, según se desprende de un informe elaborado por el sindicato USO, que recoge EFE.

Según La evolución de los salarios y el coste de la vida en España, que ha dado a conocer USO este miércoles en Badajoz con motivo de la presentación del XIII Congreso Confederal, "casi la mitad de las personas que trabajan se alimentan menos o peor por no poder asumir los costes de la comida pese a contar con un salario".

En los últimos cinco años los salarios han crecido un 17,3%, mientras que los precios de los alimentos lo han hecho un 45,3%, lo que ha dificultado enormemente el acceso a una alimentación adecuada a casi la mitad de la clase trabajadora.

Esta tasa se eleva en el caso de los jóvenes hasta el 48,9%, y principalmente entre aquellos que tienen bajos ingresos, hasta el 59,1%.

Además de la alimentación, el incremento de los precios energéticos han llevado a muchos trabajadores a ajustar su factura, recortando el consumo de calefacción o aire acondicionado, aunque también revisando tarifas o cambiando de compañía.

"Cada vez el trabajo tiene menos valor de cara a los productos de primera necesidad, los que no nos podemos quitar", dejaba claro el secretario general de USO, Joaquín Pérez, en declaraciones a EFE.

Para el líder de USO, "los datos de pobreza están ahí y el alquiler es uno de los factores principales", de forma que las personas que se ven obligadas a arrendar su vivienda "tienen muchas más dificultades para llegar a fin de mes". 

El régimen de tenencia de vivienda es un gran condicionante, siendo sólo los mayores de 55 años, en su mayoría con vivienda en propiedad y sin cargas, los que menores recortes de gasto han tenido que aplicar.

Frente a ellos se encuentran los jóvenes, más dependientes del alquiler, o los que tienen edades intermedias, con hipotecas activas, como aquellos colectivos que más han sufrido esa pérdida de poder adquisitivo. Además, el estudio revela que la mitad de las personas con salario han tenido que recurrir de forma puntual o habitual a ayuda cercana, créditos o aplazamientos para cubrir los gastos básicos o hacer frente a algún imprevisto.

Para hacer frente a esta situación, USO plantea la necesidad de blindar en todos los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo, así como un IPC específico y ponderado del gasto habitual real que refleje el comportamiento de la alimentación y la energía.

La urgencia de dar solución al problema de la vivienda exige de un pacto de Estado, considera USO, ya que quienes están sometidos al gasto mensual de una hipoteca o alquiler presentan mayores tasas de problemas para llegar a fin de mes o han tenido que recortar más sus gastos corrientes.

Asimismo, abogan por una nueva reforma laboral que ataje la parcialidad, temporalidad y elevada rotación, así como otra fiscal que recorte el IVA de los productos de necesidad básica, revise los impuestos energéticos y vuelque el peso del rendimiento del trabajo hacia el del capital.

En ese sentido, Pérez plantea recortar las bonificaciones a "empresas que están generando trabajo precario o están destruyendo empleo de una manera importante, cambiándolo, por tecnología o robotización".

El sindicato CNT Comarcal Sur ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, y cargos directivos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, por posibles delitos de "prevaricación administrativa y discriminación" en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Tal y como ha hecho público el sindicato este martes, la denuncia se presenta a raíz de "las instrucciones trasladadas a los servicios sociales municipales para la tramitación" del certificado de vulnerabilidad requerido para parte de las personas migrantes que entran en el proceso de regularización. La información recopilada por la Sección Sindical de CNT en Políticas Sociales ha servido para constatar la existencia de "directrices" encaminadas a generar "un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido".

CNT señala al regidor de la localidad por haber manifestado públicamente su intención de no colaborar con el proceso de regularización, una posición política que "se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos" de la concejalía, mediante la "imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes". Diversas entidades acreditadas para expedir los informes de vulnerabilidad han venido expresando en las últimas semanas sus sospechas ante la imposición de trabas administrativas y burocráticas en Madrid.

El protocolo que señala el sindicato y sus trabajadores en el área habría establecido que la solicitud para acceder al informe "solo podía realizarse mediante instancia general" presentada ante el Registro General, "obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite". Esta decisión, resaltan en el comunicado, "ha entorpecido además el trabajo que los servicios sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales" para asumir la carga de trabajo.

La instrucción también "obligaba inicialmente" al personal a "asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días". Los trabajadores y voluntarios que atienden a personas migrantes hablan precisamente de demoras en las citas, una situación especialmente traumática para los solicitantes dados los plazos existentes para el proceso de regularización, cuya fecha límite es el 30 de junio.

CNT da el paso, junto a Asamblea por la Regularización de Madrid, de llevar los hechos ante la justicia para exigir responsabilidades políticas y administrativas "a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directivas". "No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas", zanjan.

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Este Primero de Mayo la agenda más estrictamente sindical y la sociopolítica confluyen necesariamente. Porque pocas veces se percibe con tanta nitidez el vínculo entre las reivindicaciones ligadas a los salarios o el tiempo de trabajo y otras como la evolución de los precios de la vivienda, o las consecuencias del desorden que las extremas derechas traen al mundo en forma de guerras, inflación o inestabilidad.

Desde CCOO venimos advirtiendo del riesgo que supone que, en un país como España, en el que los datos macroeconómicos evolucionan mejor que en el resto de grandes economías europeas, tal situación no llegue al conjunto de los hogares. Y es que pese a tener el récord de personas trabajando, haber mejorado notablemente la estabilidad en la contratación, el desendeudamiento de las familias, o incluso los salarios nominales, la evolución de algunos precios estrangula las economías de millones de personas, cuyos sueldos son insuficientes para afrontar los costes de la vida. Si se presume de bonanza macroeconómica, pero esta no llega a los bolsillos de la gente, se produce descontento en crecientes segmentos de las clases populares, que perciben una desconexión entre su realidad cotidiana y los discursos oficiales. Y más si vivimos en medio de la constante tergiversación y confusión de datos, mensajes y marcos de referencia.

La negociación colectiva es una herramienta clave en la distribución económica, porque ahí se disputan los salarios de muchos millones de personas. CCOO no va a permanecer impasible ante la desidia patronal para abordar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. En él hemos situado, junto a la UGT, una propuesta de incremento salarial de entre el 4 y el 7%, pensando en los sectores cuyos salarios están muy por debajo de la media del país, y que continúan estancados y perdiendo poder adquisitivo en un contexto de incremento de márgenes empresariales. Si no hay distribución salarial, habrá conflicto. La primera huelga de Glovo en España, tras la laboralización e incipiente sindicalización del sector, la convocada en las gasolineras, o la de Educación Infantil pueden empezar a ser una tónica general que el sindicato impulsará con medidas audaces.

Pero este Primero de Mayo pretende señalar también cuáles son los precios que ahogan a la clase trabajadora y por qué se disparan. Y obviamente hay que hablar del de la vivienda. Hoy es el problema que más fractura a la sociedad española y que requiere de un compromiso interinstitucional mucho más ambicioso que los planes hasta ahora conocidos. Son necesarias dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década para que nadie tenga que emplear más del 30% de sus ingresos para acceder a una necesidad básica como es contar con un espacio en el que habitar. No hay soluciones únicas ni mágicas. Hay que hacer varias cosas, todas a la vez, durante un tiempo prolongado, y con una inversión del 1% del PIB. Construir sí, pero a precios asequibles con distintas fórmulas de promoción. Limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, pero también movilizar vivienda vacía combinando precios que puedan pagar los inquilinos e inquilinas y programas públicos que garanticen el estado del inmueble o favorezcan la rehabilitación de fincas con criterios de sostenibilidad energética. Y, por supuesto, enfrentar los nuevos usos de las viviendas como infraestructuras turísticas o como un mero instrumento de especulación de grandes tenedores o fondos de inversión.

De igual manera, el deterioro de la calidad percibida en los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, está incrementando los costes para las familias y es una inflación de la que nadie habla. Hoy la tardanza en muchas citas de atención primaria, especializada y pruebas diagnósticas, está fomentando la suscripción de seguros sanitarios privados. Las consecuencias de esta estrategia consciente de deterioro de los servicios esenciales son no solo una creciente desigualdad y segregación social, sino que una parte creciente de las nóminas de las clases trabajadoras terminan en las cuentas de resultados de entidades privadas que hacen negocio con la salud. Pero lógicas similares subyacen con la escasez de plazas en la Formación Profesional, o la proliferación de universidades privadas que se especializan –muchas veces sin la calidad necesaria– en títulos superiores y másteres, a los que acceder cuesta cada vez más. Es un proceso de ingeniería social, que legitima la trampa antiimpuestos, pues las familias agobiadas por el incremento de los costes de la vida, y por unos servicios públicos que no responden a sus necesidades, acaban avalando a quien les “regala” nimias reducciones fiscales en el IRPF, con las que hacer frente a los gastos derivados de la insuficiente inversión en esos servicios públicos. Se alimenta así el círculo vicioso vinculado al capitalismo de amiguetes, y el expolio de recursos públicos desde la gestión cautiva de servicios privatizados en sus partes lucrativas.

Todo este proceso, además, no se da en medio de una crisis de ingresos públicos, sino después de unos años en los que las transferencias de recursos desde la administración central a las comunidades autónomas han batido récords, y están sirviendo para financiar el deterioro gradual y parcial de nuestro Estado de bienestar. Mientras se renuncia a la condonación de la deuda autonómica y a renovar el modelo de financiación, se hace populismo fiscal desde numerosas CCAA, y se imputan responsabilidades al Gobierno central. La izquierda tiene que darle una pensada a este modelo, convertido en una trampa para osos…

Por todo ello, este Primero de Mayo la defensa de los servicios públicos y la financiación y fiscalidad justas continúa en primera línea. Junto con la subida de los salarios, son elementos centrales para hacer frente al incremento de los precios.

Y si de proteger rentas hablamos, las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la espiral inflacionaria tras la guerra abierta en Oriente Medio son parciales e insuficientes. Si las tensiones en torno al estrecho de Ormuz se mantienen o se agravan, no va a bastar con medidas fiscales para los sectores primeramente impactados por el incremento de precios de los carburantes o los fertilizantes. Serán necesarias medidas para apoyar a las familias cuya cesta de la compra básica supone un porcentaje enorme de sus ingresos. Una transferencia focalizada de 300 euros a 10 millones de rentas cuyos ingresos están por debajo de la media tendría un coste incluso inferior a lo que supusieron las subvenciones a los carburantes tras la invasión de Ucrania, que tuvo un efecto en la contención de precios, pero fue una medida regresiva y que benefició más a las rentas más altas.

Se suele hablar del riesgo de la extrema derecha para la garantía de la democracia o los derechos civiles y sociales. No hay tal riesgo. Es una realidad. Ya está aquí. Y su expresión es Trump gobernando la primera potencia militar del mundo. Las consecuencias empiezan a estar claras. Caos, desorden, incertidumbre, represión, jibarización del Estado de derecho, guerra y empobrecimiento.

Hoy la extrema derecha ya tiene apellidos. Son fertilizantes más caros, combustibles más caros, productos de alimentación básicos más caros. Estamos en medio de una guerra global, que a veces se convierte en convencional, con víctimas y muertos.

Los EEUU de Trump consideran que estaban perdiendo la posición como hegemón mundial respecto a China, en el contexto de la globalización de una economía-mundo que los propios EEUU impulsaron. Y han decidido romper el tablero. Hoy la globalización y el multilateralismo se repliegan. De las ventajas comparativas propias de aquella globalización neoliberal que suponía (o eso decían) el fin de la historia, a una fragmentación del mundo donde cada actor principal pretende mantener el control vertical sobre todos los puntos críticos de la nueva y vieja economía: energía, materias primas, minerales estratégicos, comercio, etc.

Y en esa fragmentación, crecientemente militarizada, la Administración Trump ha decidido que Europa sobra. Por tanto, hacer saltar por los aires la UE, con la colaboración de las quintas columnas serviles que hoy son las extremas derechas, es el objetivo para que cada país individualmente tomado se someta a un vasallaje del nuevo Nerón.

Hoy es fundamental repolitizar estratégicamente la cuestión europea, que no es una cuestión de burócratas. Es decidir si se apuesta por la subalternidad o por la autonomía estratégica. Si apostamos por modelos energéticos que reduzcan nuestra dependencia exterior o por modelos que fortalezcan nuestra soberanía industrial y permitan a España alcanzar el pleno empleo. Y ello conlleva debates incómodos pero necesarios sobre cómo fortalecer nuestra seguridad, en un contexto donde el eje atlántico se desvirtúa o incluso puede saltar por los aires.

No habrá una legitimidad social para la integración europea si no se consigue revitalizar una vieja correlación: Europa tiene que ser su modelo social. La democracia es tener una cita médica a tiempo, educación para todas en igualdad de condiciones, cubrir las contingencias de la vida de forma colectiva, y no desde la lógica de la ley de la selva o del bote salvavidas.

El sindicalismo europeo debe revitalizarse y España debe huir de actitudes pasivas de antaño y reforzar el protagonismo. La siguiente cita será en junio. De momento, este Primero de Mayo: Derechos, no trincheras.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Verano de 2020. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, muchas trabajadoras del hogar seguían cuidando, atravesadas por la incertidumbre, para velar por la salud de los más vulnerables. Lo hacían, muchas veces, sin contrato y sin la protección necesaria, en unas condiciones de precariedad que, en un contexto de crisis sanitaria, ponían en riesgo su vida. Algo así sucedía también con los repartidores que no dejaron de pedalear para llevar comida a domicilio. Y con las jornaleras que continuaron labrando la tierra en el peor de los escenarios. Fue también a partir de entonces cuando los trabajadores de los sectores más precarizados empezaron a ser escuchados. La organización colectiva comenzaba a dar sus frutos.

Los repartidores, las jornaleras, las camareras de piso, los manteros y las trabajadoras del hogar se han organizado utilizando sus propios medios, confrontando la atomización propia de sectores inestables y al margen de unos sindicatos que no habían sabido entender sus necesidades. 

Eulalia Corralero guarda un recuerdo nítido sobre todo el proceso de organización. La camarera de piso que empezó a trabajar a los 14 años habla ya desde su particular retiro, la consecuencia última de toda una carrera profesional marcada por condiciones extremas. "Tengo una incapacidad permanente por una artritis reumática, sobrevivo con 600 euros al mes", comparte en conversación con este diario. "Es la misma situación de muchas mujeres en trabajos feminizados", se apresura a señalar, habituada a conjugar la primera persona del plural para subrayar que sus circunstancias son en realidad estructurales e idénticas a las que soportan sus compañeras. 

Corralero prestó sus manos para poner las bases de las primeras organizaciones de camareras de piso. Fue una de las fundadoras de Las Kellys en una zona tan simbólica como Lloret de Mar, donde el turismo se inserta como parte de la identidad del litoral, una bandera que ha ondeado siempre ajena a las condiciones de quienes la sostienen. "Nos movió la necesidad de dar un paso al frente y decir que no podíamos seguir trabajando empastilladas y con dolores de por vida", rememora hoy.

Algo similar anida en la memoria de Ana Pinto, quien empezó a trabajar en el campo con 16 años. "Hace ya mucho tiempo", asiente al otro lado del teléfono. La organización, en su contexto, vino acelerada por una denuncia colectiva: la de un grupo de trabajadoras de origen marroquí que decidieron hace ahora ocho años poner el foco en los abusos sexuales y laborales a manos de sus empleadores. "Entonces veníamos sufriendo cada vez más normas abusivas, el señalamiento, los despidos y los castigos", rememora. "Estábamos muy cabreadas por cómo nos estaban tratando y entonces llegó la denuncia de las compañeras". 

Pinto pone el acento en el contexto: menciona el auge del movimiento feminista en aquel momento, con las huelgas y manifestaciones masivas, pero también los precedentes sembrados por las kellys y los riders. "Era un momento de mucha ebullición y sentimos que debíamos aprovechar esa oportunidad, ya que las compañeras habían sido valientes". Así se dio vida a Jornaleras en Lucha.

Para aquel entonces, el colectivo Territorio Doméstico ya contaba con un puñado de años de experiencia a sus espaldas. Nació hace ahora dos décadas, como suele nacer la rabia colectiva: fruto de la conversación cotidiana de quienes sufren la explotación en sus carnes. Las trabajadoras del hogar se encontraban en los parques y en las plazas, ponían nombre al agotamiento, a los malos tratos y a los despidos improcedentes. Lo hacían con infinita cautela, pero reconociéndose en sus compañeras y creando espacios seguros. 

Rafaela Pimentel fue una de sus impulsoras. "No teníamos redes ni gente conocida dentro de la privacidad del hogar", cuenta hoy. Tras unas jornadas sobre el empleo en el hogar, varias de las trabajadoras se juntaron en el centro social autogestionado Eskalera Karakola, en Madrid. "Comenzamos a escucharnos, a hablar de lo que nos pasaba y así surgió". Enseguida aquel fervor se tradujo en la constitución del colectivo, encaminado a pelear por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. "Queríamos encontrarnos, sostenernos, acuerparnos –como decimos nosotras– y acompañarnos en toda esta lucha". 

También Lamine Sarr habla de las redes, invisibles pero sólidas, que precedieron al Sindicato de Manteros. "Lo que hicimos nosotros fue formalizar una organización que ya existía de manera informal", asevera. Los trabajadores ya estaban presentes en las calles, continúa, ya hablaban entre ellos, ya se apoyaban y se ayudaban. Así que, en realidad, la organización "ya existía, porque existía la solidaridad".

Si en algo coinciden los trabajadores que han decidido organizarse de forma autónoma es en su crítica unánime a los sindicatos mayoritarios. El grueso de las voces consultadas introducen también un matiz: la valía de los militantes de base que sí han intentado cambiar las cosas, pero su incapacidad frente a una estructura que no tiene en cuenta a quienes se encuentran en los márgenes. 

"Les ha costado mucho entender que esta nueva forma de trabajar hay que abordarla con nuevas estrategias". Habla Felipe Díez, uno de los fundadores de Riders X Derechos. "Los sindicatos no han logrado ver que la manera de entrar y organizarse aquí es distinta", asiente a preguntas de este diario e incide en que se trata de un sector con "bajísima remuneración, con un porcentaje alto de personas migrantes y que no cuenta con una estructura sindical". 

En ese contexto, los sindicatos mayoritarios "han sido tristemente lentos" e incluso cuando lo han intentado, "siempre se han encontrado con un tope interno que tiene que ver con los altos mandos y con una estructura sindical que no pretende cambiar las cosas ni arriesgarse". A los riders, asiente el exrepartidor y hoy investigador, lo que les ha quedado es "la autoorganización y trabajar con sindicatos alternativos". 

Al mismo punto llega Pimentel. "La relación ha sido muy difícil", reconoce, porque "no han visto el trabajo del hogar y de los cuidados como tal". Y por eso, añade, las trabajadoras han buscado sus propias herramientas. "Nosotras creemos en la acción sindical, pero los sindicatos mayoritarios trabajan sin darnos la palabra ni escucharnos", lamenta. Ellas, denuncia la activista, sencillamente no caben ahí. Pero sí han encontrado cobijo en "los sindicatos pequeños", con quienes han podido encontrar espacios de escucha. Este Primero de Mayo, Territorio Doméstico saldrá a las calles en una convocatoria conjunta con  otros colectivos y organizaciones sindicales minoritarias.

Algunas de las experiencias narradas por las trabajadoras reflejan un desencanto latente con los sindicatos clásicos tras años militando. Es el caso de Corralero. "Los sindicatos no habían hecho nada por las camareras de piso. Todas habíamos ido a huelgas, a manifestaciones, estábamos sindicadas, pero no habíamos conseguido nada", relata, tras haber permanecido cerca de dos décadas afiliada a Comisiones Obreras. "Cuando se negociaban los convenios, las mejoras eran más sustanciosas para los hombres que para nosotras, siempre íbamos a la cola. Ahí nos dimos cuenta de que la manera de conseguir cosas era organizarnos nosotras mismas". 

Pinto lo dice claro: "La relación ha sido más nefasta que con los empresarios". Aunque la jornalera reconoce que a día de hoy han conseguido normalizar la interlocución con algunos de ellos, señala que en un primer momento estuvieron "totalmente abandonadas". Tanto es así que no era extraño encontrarse con situaciones rocambolescas, como la elección de un delegado sindical que era a su vez "el encargado que venía por la mañana y te decía que o apretabas o te ibas a la calle". 

Y así, con el viento en contra, los y las trabajadoras decidieron moverse. "Fue complejísimo", reconoce el que fuera repartidor, precisamente porque "sabías que dar la cara significaba quedarse sin tu trabajo". En un contexto de precarización e invisibilidad, trabajadores como él se preguntaban cómo decirle a un compañero que se sumara a una huelga "trabajando 16 horas al día, sin papeles y con hijos que mantener". Son, clama, las condiciones perfectas para que nadie se organice. Pero los riders lo hicieron. Y pronto llegarían las movilizaciones, el foco mediático y las reuniones con líderes políticos. 

Díez echa la vista atrás y reconoce sentir orgullo, pero no aparta la mirada de las muchas fallas que siguen asolando al sector. "Los problemas estructurales se mantienen. Ahora se contrata, pero sigue habiendo trabajo informal y la organización algorítmica sigue funcionando igual. Las condiciones no son buenas y el despido sale gratis".

Para Sarr, el mayor de los éxitos ha sido "cambiar la narrativa". "Cuando se hablaba del top manta, se pensaba en personas violentas que no querían trabajar. Ahora es distinto: se piensa en el colectivo y en la lucha antirracista que estamos haciendo". Todos los logros, asiente el trabajador, se han conseguido "gracias a la organización".

Todas las personas entrevistadas coinciden en algo: la satisfacción de haber alzado la voz y de que ahora sean más quienes no tienen miedo a organizarse. Corralero habla del "empoderamiento de las camareras de piso", mujeres que siempre habían estado "con la cabeza gacha, mirando el suelo para limpiar". Eso es, precisamente, lo que más orgullo le hace sentir. "Esto puede ser una profesión digna, pero tiene que ser valorada". 

Igual que ella, Pimentel mira a sus compañeras tras haber dado un paso al lado, dejándoles el testigo y con la certeza de haber hecho un buen trabajo. "Para muchas, el orgullo que tenemos es que cada vez hay más compañeras que se organizan".

Pinto lo tiene claro: "Vengo de familia jornalera. Hemos sufrido mucho en los tajos, no solo yo, sino también mis compañeras, mis vecinas, mi madre, mis amigas. Ahora podemos decir que no tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque estamos luchando por nuestros derechos. Nosotras mismas y teniéndolo todo en contra", sentencia.