La patronal de la prensa de papel quiere congelar salarios mientras recibe millones del Gobierno

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

70 millones del Gobierno con el sello de Bruselas

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

Una subvención que llega con las elecciones en el horizonte

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

España, entre los países europeos con condiciones más precarias para los periodistas

Ver más

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.