El acta de inspección de la Policía Científica realizada tras el suceso de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes al romperse una pasarela, recoge que los soportes de sujeción y la tornillería estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación por óxido" y corrosión, según informa EFE.

En el acta, que adelanta El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE, señala el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalización, a las 22:30 horas de ese día.

Recoge que la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada para alertar de que se había derrumbado un puente en las proximidades de la playa de El Bocal, y que había "varios cuerpos flotando en el agua".

A consecuencia de estos hechos fallecieron seis jóvenes entre 19 y 22 años: una de ellas de Igollo de Camargo (Cantabria), tres de Bizkaia, otra almeriense y otra de Guadalajara, y otra joven alavesa resultó herida.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera.

Igualmente la alcaldesa ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

Fue una operación polémica. La concesión de un rescate a la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros de 53 millones de euros con dos préstamos –de 19 y 34 millones– fue muy discutida por la oposición. En primer lugar por la procedencia del capital social de la compañía, en parte venezolano, pero también por el cuestionamiento de la necesidad real de ese apoyo estatal derivado de la crisis de la covid y por el reducido tamaño de la empresa. La compañía aérea ya arrastraba problemas económicos en 2019, antes de que se desatara a nivel mundial la pandemia del coronavirus, lo que en teoría la inhabilitaba para recibir los fondos. El Gobierno, por boca del exministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en prisión por el caso Koldo), justificó la ayuda como estratégica por la escasez de vuelos con América Latina.

El caso llegó a los tribunales pocos meses después, en junio de 2021, de manos de Vox. La formación ultra se querelló en el Supremo contra el consejo gestor de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que concedió la ayuda y contra el presidente del Gobierno y las ministras de Industria –por entonces Reyes Maroto– y Hacienda, María Jesús Montero. El tribunal rechazó de plano el caso y lo archivó por estar basado en recortes de periódicos, pero afirmó que los hechos que contenía –que la querella calificaba como prevaricación y malversación– y que se reducían básicamente a la concesión de la ayuda, eran "relevantes en el sentido penal del término" y aseguraba que podrían ser investigados por tribunales inferiores, aunque descartaba el más mínimo indicio contra los querellados y acusaba a la formación ultra de usar a los jueces para hacer política.

Tres años después, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. El objeto principal de investigación, según esa fiscalía especial, no era en sí la concesión del rescate, sino la actividad una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales instalada en Francia, Suiza y España y formada por ciudadanos peruanos y venezolanos que habían adquirido la nacionalidad española, un socio de los Países Bajos y un abogado español. Plus Ultra aparecía como una de las vías a través de las cuáles ese entramado internacional lavaba sus fondos ilícitos. El origen de estos últimos procedía "de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía", procedentes del programa de estatal de alimentos de ese país (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela.

El mecanismo de blanqueo denunciado por Anticorrupción fueron los pagos realizados por Plus Ultra, gracias a la inyección de 53 millones concedida por el Gobierno, a tres sociedades pertenecientes a la organización criminal. La aerolínea hispanovenezolana figuraba como receptora de unos préstamos de esas sociedades implicadas en las ventas de oro. Plus Ultra habría utilizado la ayuda del Ejecutivo de Sánchez para devolver el dinero de esos supuestos préstamos. La denuncia de Anticorrupción se generó tras la recepción de las fiscalías francesa y suiza de sendas solicitudes de cooperación internacional para registrar domicilios en Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Tenerife y Mallorca.

Los denunciados, por sí mismos o a través de sociedades, recibían dinero procedente del extranjero "con el objeto de adquirir bienes inmuebles". Además, esas personas eran las que estaban detrás de la suscripción de los préstamos que Plus Ultra devolvió tras recibir los fondos del rescate. Anticorrupción recogía en su escrito una "venta de oro por importe de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos" por parte de la misma sociedad que concedió los préstamos a la compañía aérea. La venta de relojes de lujo era otra de las herramientas para lavar dineros de procedencia ilícita.

Pese a la gravedad de los hechos el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rechazó la competencia para investigarlos. Su decisión fue respaldada, además, por la Sala de lo Penal de ese mismo tribunal, cuya sección tercera invitó a Anticorrupción a llevar el caso al Juzgado de Instrucción. El caso fue finalmente al Juzgado de Instrucción 15, que dirige la juez Esperanza Collazo. Bajo su dirección, la policía arrestó al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado, Roberto Roselli, y se registró la sede de la compañía, además de sus domicilios, el pasado diciembre. Fue en las pesquisas desarrolladas desde entonces por esta instructora, que aún permanecen secretas, en las que apareció Análisis Relevante, la consultora para la que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, elaboró informes de consultoría. Un amigo suyo, Julio Martínez Martínez, era su administrador único. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ahora sí, ha asumido este martes la causa tras la inhibición de su compañera.

El exlíder del Ejecutivo explicó este lunes en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado que efectivamente, como consultor, realizó informes para Análisis Relevante y cobró por ellos. En el trato con la sociedad de Martínez estaba que también recibieran fondos sus hijas, a través de su compañía, que realizó trabajos de comunicación y marketing. En los seis años que trabajó para la sociedad de su amigo ganó 463.000 euros, cantidad que fue declarada a Hacienda en cada uno de los ejercicios. Sobre los detalles de su relación con Análisis Relevante, explicó que los informes los hacía él junto a Sergio Sánchez, ex asesor de comunicación del CNI también ligado a la consultora y actual directivo de Movistar+. Después los mandaban a What the fav, la empresa de las hijas de Zapatero. El exdirigente socialista negó por activa y por pasiva haber recibido un solo euro de Plus Ultra en todos estos años. También rechazó las acusaciones de haber mediado con el Gobierno de Sánchez para que se aprobara el rescate de la aerolínea, incluso que hubiera hablado con el actual presidente sobre ello en esas fechas.

Sin embargo, ni el PP ni Vox fueron capaces este lunes de sustraerse al cóctel de Venezuela, Maduro, corrupción, Aldama, Ábalos, Plus Ultra, Air Europa... La portavoz de los ultras, Paloma Gómez Enríquez, ametralló al expresidente a preguntas, mezclándolo todo, sin dejarlo contestar y propagando bulos e informaciones sin comprobar e incluso acusándolo de delitos sin la más mínima evidencia y con un tono insultante. La senadora dio por sentada una relación estrecha de Zapatero con Aldama, el conseguidor del caso Koldo, una persona con la que, en las intervenciones inmediatamente anteriores, el exlíder del Ejecutivo había asegurado que había coincidido una vez en un avión durante una hora y media. También le interrogó sobre el encuentro del exministro Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, en el que Zapatero no tuvo ninguna responsabilidad, y dio por sentado que cobraba de Maduro, algo que él rechazó. Le acusó, sin ni siquiera escucharle, de estar en el centro de la trama intentando que solo se oyeran sus preguntas, no las respuestas. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez Lamata, pese a alguna llamada de atención, no interrumpió el lamentable espectáculo.

Un hombre ha fallecido este domingo tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca), según recoge EFE. 

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Huesca, ha sido personal de la propia estación de Cerler el que ha comunicado al 112 Aragón, sobre las 14:00 horas, que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de pistas, y que una persona había quedado semienterrada bajo la nieve.

Hasta el lugar se ha desplazado personal de la estación de esquí y efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque que han rescatado inconsciente a esta persona aunque finalmente ha fallecido.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este domingo la alerta amarilla por riesgo de aludes de nivel 4 en el Pirineo por encima de 1.800 metros en el Pirineo en los macizos del Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Esta es la quinta víctima mortal en menos de un mes en el Pirineo aragonés sepultadas por aludes después de que el pasado 29 de diciembre fallecieran tres personas cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa.

Dos días después, el 1 de enero, la Guardia Civil rescató el cadáver de un hombre sepultado por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa.

Especialistas de la Guardia Civil han rescatado los cadáveres de tres personas y a una tercera con hipotermia leve, tras verse arrastradas por un alud mientras practicaban esquí de montaña en la zona del pico Tablato, en el municipio pirenaico de Panticosa (Huesca).

Según han informado fuentes del Gobierno aragonés, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores del que formaban parte tanto las personas fallecidas, como la mujer herida, que sufre una hipotermia leve.

En la zona trabajan especialistas en montaña de la Guardia Civil con el apoyo del helicóptero del cuerpo y del enviado por el servicio de emergencias 112 para auxiliar a los afectados.

Fuentes del Ejecutivo aragonés han informado de que se han desplazado a Panticosa el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, para seguir la evolución de los hechos y ofrecer colaboración al Gobierno central.

También el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha informado a través de la red social X su decisión de cancelar su agenda para hoy, "conmocionado por las trágicas noticias que llegan del accidente de montaña".

Según fuentes de ámbitos montañeros de Aragón, la zona del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, dado que hay una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos sobre cinco. 

Las tres víctimas mortales del alud registrado en la cara oeste del pico Tablato, y las otras personas que formaban parte de su grupo de montaña procedían del País Vasco.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación el director general de Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, que no ha precisado, sin embargo, de que poblaciones de esta Comunidad eran las víctimas.

Ha comentado que la nieve no había sepultado a los montañeros, a excepción de uno que había sido localizado semienterrado, y que todos presentaban lesiones por los golpes sufridos durante el arrastre.

Clavero ha señalado que los cuerpos de las víctimas están todavía en la zona del accidente, a la espera de ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de Aragón, una vez se produzca la orden judicial de levantamiento de los cadáveres.

El pasado martes 14 de octubre, Estados Unidos aprobó un rescate de 20.000 millones de dólares en forma de swap de divisas para la Argentina de Javier Milei. Unos días después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una línea de crédito privada de hasta 20.000 millones, lo que sumaría en total un apoyo de 40.000 millones de dólares. 

El swap de divisas consiste, a grandes rasgos, en que Estados Unidos y Argentina intercambiarán el equivalente en pesos de 20.000 millones de dólares. Se espera que este movimiento provea de los muy apreciados dólares al banco central argentino y proporcione una cierta estabilidad financiera al país.

La línea de crédito sería proporcionada por bancos como JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, esta última, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, propiedad del fondo BlackRock, según informaciones publicadas por el Wall Street Journal. Estos bancos, buscan ahora garantías de que recuperarán su dinero, y una de las opciones planteadas sería que Washington respaldase el crédito. Entre las razones para esta búsqueda de garantías se encuentra el hecho de que Argentina ha incumplido el pago de su deuda en nueve ocasiones, tres de ellas desde el año 2000.

Trump trata de conservar a uno de sus escasos aliados en Latinoamérica y, al mismo tiempo, evitar que negocie con China, debilitando su posición en el mercado internacional. Estas ayudas al Gobierno de Milei no han sentado demasiado bien al trumpismo rural defensor del “America First” (América Primero). Los agricultores denuncian que el gobierno republicano rescate a Argentina, cuando este país le roba cuota de mercado en la venta de soja a China. Tampoco ha gustado a los ganaderos estadounidenses que Trump sugiriera comprar carne a Argentina, algo que justificó afirmando que “Argentina está luchando por su vida, no tienen dinero, no tienen nada”.

Sobre la influencia que este rescate pueda tener en las relaciones China-Argentina, Anna Ayuso Pozo, experta en relaciones internacionales e investigadora sénior para América Latina del CIDOB, explica a infoLibre que “es una forma de alejarlo de la influencia de China que, con los anteriores gobiernos peronistas había incrementado su presencia" y que "en realidad la operación de Trump permite a Milei no depender del swap que tenia con China"

La forma en que Estados Unidos gestiona sus relaciones con los países de Latinoamérica ha cambiado con Trump. Ayuso Pozo afirma que el interés de EEUU en Latinoamérica no siempre ha sido tan intenso: "En las últimas décadas hubo un alejamiento de EEUU hacia América Latina. Les preocupaban solo los temas que les afectaban directamente como migraciones, seguridad y narcotráfico".

Con la Administración Trump el interés ha aumentado, la relación ahora es confrontativa –"división entre amigos y enemigos"– y transaccional: "O aceptas mis condiciones o medidas económicas unilaterales". En este sentido, la experta en América Latina asegura que la aproximación de China ha sido diferente: "China, en cambio, ha apostado por la vía económica como principal factor de influencia en la región, pero también busca aliados políticos Road and Belt"

Según el premio Nobel de economía de 2008, Paul Krugman, esta ayuda económica esconde algo más. El economista explica en un artículo, publicado en su web personal, que este no es un rescate a los argentinos, sino a los inversores privados estadounidenses.

Krugman afirma que “los recortes presupuestarios de Milei están causando un sufrimiento generalizado entre los argentinos, y nunca ha conseguido un apoyo político interno sólido para sus políticas”. El artículo resume la situación económica del país sudamericano: “Argentina está atravesando una clásica crisis monetaria, con una fuga de capitales del país debido al temor de los inversores a un colapso del peso, y esta fuga de capitales empuja al peso cada vez más cerca del colapso”.

Respecto a la influencia de inversores privados que sugiere Krugman, Federico Steinberg, doctor en economía e investigador principal del Real Instituto Elcano, ha hablado con infoLibre y afirma que "hay un doble objetivo. Por un lado, a EEUU le interesaría que la economía argentina se estabilizase, pero también acceder a los minerales raros y proteger a sus inversores en el país". Y explica sobre la cuestión de los inversores que "esto ya ocurrió cuando Alemania rescató a Grecia"

La idea de la Administración Trump, según el premio Nobel, es inyectar dólares en la economía argentina para controlar el valor del peso, y que los inversores amigos del secretario del Tesoro de EEUU puedan sacar el dinero que tienen invertido en el país. Krugman se pregunta si, tras el rescate, cogerán su dinero y saldrán corriendo, ya que “eso es los que el dinero inteligente está haciendo” .

Entre los inversores “amigos” de Scott Bessent, uno de los más destacados es Robert Citrone, el propietario de Discovery Capital Management, uno de los fondos que más fuertemente ha apostado por invertir en la Argentina de Javier Milei. Citrone y Bessent compartieron trabajo hace años, cuando ambos trabajaban en la firma de inversión Soros Fund Management, de George Soros.   

Bob Citrone ha mostrado en numerosas ocasiones su respaldo a las políticas neoliberales de Milei, y ha defendido que Argentina debe ser quien lidere la próxima década en Latinoamérica. El presidente argentino y el inversor han mantenido varias reuniones, una de ellas en la Casa Rosada, la residencia oficial del mandatario. Además, las operaciones de su grupo inversor en Argentina significaron el 52% de los beneficios el pasado año, según informaciones publicadas por Bloomberg, por lo que podría verse beneficiado por el rescate promovido por Bessent.

Argentina se encuentra en una situación económica y política complicada, el Gobierno neoliberal de Milei está envuelto en diferentes polémicas. La sombra de la corrupción comenzó a sobrevolar su Ejecutivo cuando, hace unos meses, se destapó un caso de cobro de comisiones que afecta a la hermana del presidente, Karina Milei. Además, días antes de las elecciones, su principal candidato, José Luis Espert, se vio obligado a dimitir. Una investigación relaciona al economista con "Fred" Federico Machado, empresario preso por narcotráfico y pendiente de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, estas polémicas no han sido óbice para que La Libertad Avanza, el partido gobernante, obtenga un 40,7% de los votos en las recientes elecciones legislativas, y coloque al histriónico presidente del país en una posición de fuerza para llevar a cabo sus reformas. 

La Administración Trump, que se cubría las espaldas condicionando el rescate a la victoria electoral, está ahora de celebración. El pasado domingo 26 de octubre, Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas de medio término, algo que sirvió para legitimar el discurso neoliberal de su Gobierno. Estos comicios renuevan 127 de los 257 escaños de la Cámara de diputados y 24 de 72 asientos en el Senado. Trump felicitó al presidente argentino por su victoria y se atribuyó parte del mérito de la misma: "Tuvo mucha ayuda por nuestra parte, yo le di un gran apoyo y fue una gran victoria".

La importancia de los comicios no ha servido como incentivo para la participación, que ha registrado uno de los índices más bajos de la historia del país, a pesar de que en Argentina el voto es obligatorio. 11 millones de argentinos no acudieron a votar en unas elecciones legislativas, un dato que refleja el incremento en la desafección hacia los partidos políticos y las instituciones. En Argentina, el código electoral establece que quienes no voten no pueden ejercer empleos o funciones públicas durante los siguientes tres años. Además, impone sanciones de entre 50 y 500 pesos al infractor, cifra simbólica que equivale a menos de 30 céntimos de euro.

Las encuestas de intención de voto apuntaban a que la igualdad sería total, sin embargo, los oficialistas han consolidado una contundente victoria, obteniendo el 40,7% de los votos, frente al 31,6% de la coalición peronista.

“Si pierden no seremos generosos con Argentina”, afirmó el presidente estadounidense en la reunión en que se pactó el rescate. Tras esta victoria decisiva, todo apunta a que la inyección de dinero se llevará a cabo, aunque aún no se han desvelado detalles técnicos sobre el acuerdo.

El economista ultraderechista necesita el rescate de Trump para sostener su política económica, llegó al Gobierno con la promesa de bajar los impuestos, algo que hasta el momento no ha logrado. Con su nueva mayoría buscará continuar con su plan, una hoja de ruta que empresarios nacionales e inversores extranjeros le reclaman desde que llegó al poder.

El Gobierno neoliberal de Milei confiaba en que el anuncio del rescate devolviera estabilidad a los mercados. Sin embargo, depender del resultado electoral diluyó la euforia inicial. El peso argentino retornó a valores similares a los de antes del anuncio de Trump, lo que podía obligar al banco central a intervenir, vendiendo sus propias divisas. Esta venta de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría afectar a la inflación, que las políticas de ajuste de Milei estaban logrando controlar.

Ahora, los mercados parecen haber reaccionado de manera positiva a la victoria electoral, con subidas de los bonos argentinos en bolsa, bajada del riesgo país y un repunte del valor del peso argentino, aunque aún queda por ver cómo evolucionarán durante los próximos días.

Como Federico Steinberg ha explicado a este medio: “El éxito del rescate dependerá de que una mayoría de los inversores confíen en que el rescate funcione". El futuro económico de Argentina depende de un rescate que, como señala Steinberg: "A día de hoy, nadie puede saber si funcionará".

El rescate de la compañía aérea Air Europa lleva tiempo en el centro de la arena política. Primero, por el caso judicial abierto a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y después, por la publicación de unos mensajes que Pedro Sánchez y varios miembros del Gobierno se intercambiaron sobre el rescate de la compañía en 2020, en pleno estallido de la pandemia. En ellos, según publica El Mundo, el presidente del Gobierno instó al entonces ministro José Luis Ábalos a “meditar” y ver “cómo enfocar” el rescate de Air Europa, posicionándose en contra de que acabara en manos del grupo IAG, propietario inglés de Iberia.

Air Europa —al igual que Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra— recibió ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado en julio de 2020, con una dotación de 10.000 millones. Su objetivo era ayudar a empresas estratégicas a encajar el impacto económico de la pandemia.

En el caso de la aerolínea, las dudas sembradas pasan por si pudo haber alguna irregularidad o favoritismo en la concesión de los préstamos. Por el momento, en el terreno judicial, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado por tercera vez dejar el rescate financiero fuera del denominado caso Begoña Gómez. Esto llega después de que el instructor de la causa, el juez Juan Carlos Peinado, solicitase recabar información de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. A Gómez se la señalaba como presunta “facilitadora” en la gestión, pero la resolución de la Audiencia apunta que el caso de Air Europa queda “fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción”.

“El Tribunal Supremo planteó que no había ningún indicio de que se hubiera producido ninguna irregularidad respecto a Air Europa. Todos los informes técnicos abundan en la buena gestión que se hizo”, insistía la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta misma semana en el Congreso.

En lo económico, el rescate de la aerolínea fue aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros y se fijó en 475 millones que todavía no se han devuelto en su totalidad. Lo que sí pretenden liquidar esta misma semana es la deuda de 140 millones que avala el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Desde el Ministerio de Hacienda señalan que “hasta la fecha” la compañía “atiende a sus obligaciones de pago” y explican que en el calendario aprobado se estableció que la devolución tendría como fecha límite noviembre de 2026. La ayuda fue autorizada en una reunión del Consejo de Ministros del martes 3 de noviembre de 2020 y se llevó a cabo a cuenta del FASEE.

A las ayudas que ofrecía este instrumento accedieron empresas de múltiples sectores que buscaban un respiro financiero tras el frenazo económico de la covid. Los préstamos totales otorgados ascienden a 2.681 millones desde 2020 y hasta la fecha se han devuelto 745 millones (un 27,7%), de acuerdo con los datos proporcionados por Hacienda. En la actualidad son 24 las empresas que cuentan con este tipo de financiación pública, según los últimos datos ofrecidos por la SEPI en abril.

Air Europa Líneas Aéreas, con sede en Llucmajor (Baleares), fue fundada en 1986 y es la principal sociedad de la división aérea del grupo empresarial Globalia. En la página web del grupo señalan que la ayuda se estructuró en un préstamo participativo (un tipo de financiación en la que, además de los intereses, quien financia participa también de los beneficios) de 240 millones de euros y otro ordinario por valor de 235 millones. Además de estas dos partidas, la aerolínea recibió otro préstamo de 140 millones avalado por el ICO. 

La pasada semana, el consejero delegado de la compañía, Jesús Nuño de la Rosa, anunció en un encuentro con medios que liquidaría el préstamo ICO dos años antes de lo previsto (tenía como tope 2028) debido al alto coste de los intereses —en este caso el tipo era euríbor más 5%—. El aval del ICO estaba financiado, además, por Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja y Banco Sabadell de forma conjunta. 

En su último depósito de cuentas —relativo a 2023— Air Europa había mejorado sus números con respecto al frenazo de la pandemia. En 2020 tuvo unas pérdidas de 427 millones, en 2021 de 304 millones y no fue hasta 2022 cuando logró salir de pérdidas, con una tímida ganancia de 14 millones. En cambio, en 2023, la compañía tuvo un beneficio neto de 165 millones de euros y contaba con 3.500 empleados. Unos números que llevaban al presidente de la compañía a aventurar que intentarían pagar el total de la deuda antes de la fecha límite de 2026, “si no se puede, lo haremos cuando venza el plazo”, concluía. Según el Ministerio de Hacienda, la aerolínea “ha abonado en concepto de intereses 64,7 millones de euros al Fondo de respaldo público” y le restan por pagar los dos préstamos que suman 475 millones de euros. 

Los equipos de rescate hallaron este miércoles sin vida al turista español desaparecido a causa del alud de nieve que se produjo el martes en la montaña más alta de Armenia, el Aragats, que supera los 4.000 metros de altura, según informa EFE.

"Los equipos de búsqueda y rescate armenios encontraron el cuerpo del alpinista español desaparecido en el monte Aragats", informó en un comunicado el Servicio de Rescate de Armenia, que precisó que el hallazgo se produjo a las 10.15 hora local (06.15 GMT).

El fallecido formaba parte de un equipo de nueve personas, todas ellas ciudadanos españoles, que fue alcanzado por un alud en la cara norte del Aragats, un volcán inactivo situado en el oeste del país caucásico. Ocho miembros del grupo fueron rescatados este martes por los servicios de emergencia armenios, que movilizaron para ello dos helicópteros y medio centenar de socorristas, según informó a EFE el Ministerio del Interior.

"Según datos preliminares, ocho alpinistas fueron trasladados en helicóptero a la localidad de Aragats con ayuda de los servicios de rescate y después fueron ingresados con heridas de diversa consideración en un centro médico", informó el departamento de crisis de los servicios de salvamento, adscrito al Ministerio del Interior de Armenia, a la agencia Armenpress.

Los rescatistas intentaron este martes durante horas encontrar bajo la nieve al turista español, pero debido al tiempo tuvieron que suspender la búsqueda, que fue reanudada esta mañana. La prensa armenia informó de que este ha sido el primer accidente por aludes de toda la temporada en esa zona montañosa.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

Buzos de la Guardia Civil se han sumado este jueves al dispositivo de búsqueda del excursionista británico desaparecido en Mallorca para inspeccionar las pozas del Torrent de Pareis, donde resultó arrastrado tras las lluvias torrenciales del pasado martes. El Grupo de Actividades Subacuáticas (Geas) del instituto armado también se ha unido al operativo de rastreo integrado por especialistas en rescates de montaña de los Bomberos de Mallorca y la propia Guardia Civil, que peina la zona por tierra y aire desde el lugar donde el excursionista cayó al agua hasta la desembocadura en Sa Calobra.

El desaparecido, de 32 años, realizaba el descenso del torrente acompañado por su pareja, otra británica de 26 años cuyo cadáver fue localizado en la mañana del miércoles. Los equipos de rastreo han encontrado en la tarde de este jueves el pantalón que vestía el desaparecido. La Guardia Civil ha comunicado el hallazgo de la prenda entre ramas en una zona intermedia del torrente y la confirmación de que se trataba de la que vestía el hombre, de 32 años, cuando el martes se precipitó en el cauce junto con su pareja.

El sargento de los Bomberos de Mallorca que dirige la intervención de los especialistas de montaña de los parques de Inca y Sóller, Biel Barceló, ha admitido que es "difícil" que el excursionista arrastrado por la tromba de agua haya sobrevivido. "Ayer se hizo todo el recorrido por posibles huecos de escapatoria que tuviera el torrente y hoy ya nos centramos en las pozas", ha destacado. El Torrent de Pareis tiene un cauce muy estrecho y escarpado, con pocas vías de salida hasta su desembocadura, ha explicado el bombero, quien ha subrayado además que las pozas en que pueda haber quedado el desaparecido están llenas de lodo, lo que dificulta su localización.

El portavoz de la Guardia Civil en Baleares, Francisco Molina, ha recordado que el pasado martes, cuando se preveían lluvias torrenciales, se desplegó un dispositivo de prevención que permitió rescatar por la tarde a diez personas atrapadas por la crecida brusca del caudal. Los agentes llevaron a lugar seguro y evacuaron en helicóptero a estos diez excursionistas, que habían coincidido en la misma zona y formaban parte de dos grupos distintos. Dos de los integrantes de un grupo de cinco senderistas eran los británicos desaparecidos, ha apuntado Molina. Esa misma tarde se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que localizó el miércoles el cuerpo sin vida de la mujer y que se ha ampliado para tratar de encontrar al hombre.

El portavoz de la Guardia Civil ha lamentado que "mucha gente no consulta los partes meteorológicos antes de salir a la montaña" y ha recordado que quienes realizan este tipo de rutas deben ir bien equipados, conocer el terreno, llevar agua y teléfono móvil cargado y dar cuenta de sus planes a sus allegados por si tienen algún contratiempo. Ha remarcado que el Torrent de Pareis es "muy peligroso" cuando el cauce se llena por las lluvias, puesto que prácticamente solo permite salir por la desembocadura.

Al caer la noche se han suspendido hasta el viernes a primera hora los trabajos de búsqueda que durante toda la jornada han llevado a cabo agentes especializados de la Guardia Civil y de los Bomberos de Mallorca.

Abrazos de familiares y una alegría agridulce en el recibimiento de los cuatro supervivientes gallegos del naufragio, el pasado lunes, del pesquero 'Argos Georgia' en aguas de Malvinas a su llegada a Santiago de Compostela, según informa Europa Press.

A las 13.00 horas de este domingo, el avión medicalizado, fletado por el Ministerio de Defensa para repatriar a las víctimas, tomó tierra en la zona militar del aeropuerto de Lavacolla, en la capital gallega.

Según ha informado Defensa, durante el vuelo los supervivientes han estado acompañados por el personal de la Unidad Médica de Aeroevacuación.

Tras el vuelo, la espera en tierra se hizo más larga, si cabe, y es que el avión estuvo 40 minutos en la pista hasta que los supervivientes fueron trasladados en una furgoneta hasta el lugar donde estaban sus familiares.

A las 13.45 horas se producía el primer abrazo y el recibimiento por parte de los familiares y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del alcalde de Ribeira (A Coruña), Luis Pérez, entre otras autoridades.

Las primeras en abandonar la base militar han sido las dos ambulancias que permanecieron a la espera de la llegada del avión militar. Así, dos de los supervivientes, según ha informado el Delegado del Gobierno, fueron trasladados para recibir asistencia médica.

Poco a poco, la comitiva política y los familiares abandonaron el aeródromo militar, siendo el último en salir uno de los supervivientes que, previamente, ha estado hablando con Pedro Blanco y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.

La aeronave, que partió del aeropuerto de Stanley sobre las 21,00 horas (hora española), continuará su ruta hacia el aeródromo de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para llevar, según fuentes de la Delegación de Gobierno, al resto de los supervivientes, excepto al uruguayo.

Mientras tanto, los cadáveres de los marineros fallecidos serán trasladados a Oxfordshire, en Inglaterra, para que se les realicen las autopsias, en cumplimiento de los protocolos exigidos por las autoridades británicas.

De los cuatro supervivientes gallegos, tres de ellos son de Ribeira y uno de Pontevedra. De los fallecidos notificados, uno es de Vigo y otro de Baiona (Pontevedra). Además, los dos desparecidos gallegos son de Noia y de Ribeira.

Asimismo, al igual que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social 'X', Blanco ha ensalzado el trabajo del Gobierno y la coordinación de los Ministerios de Defensa, Exteriores, Pesca y Transportes para llevar a cabo el operativo.

También, ha agradecido el esfuerzo del Ejército del Aire y de Unidad Médica de Aeroevacuación, así como la colaboración mostrada "en todo momento" por la Xunta.

Seis tripulantes del buque 'Argos Georgia', palangrero naufragado en las proximidades de las islas Malvinas, han fallecido; mientras siete permanecen desaparecidos y un total de 14 han sido rescatados con vida, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia con base en las informaciones recibidas de las autoridades marítimas de Malvinas.

Según ha señalado la Delegación del Gobierno, por el momento no hay identificaciones y los supervivientes están llamando desde los barcos a sus familias. Además, la previsión es que se mantenga el operativo de búsqueda y rescate.

Actualmente, se están realizando operaciones para rescatar a los supervivientes de una balsa salvavidas. "Hasta el momento, las malas condiciones meteorológicas impiden el despegue de helicópteros para el rescate, decisión que se revisa cada hora por si hubiera una ventana", añaden estas mismas fuentes.

Igualmente, estas condiciones climatológicas dificultan las posibilidades de rescate por parte de los buques pesqueros en la zona. Los medios en la zona son una patrullera, dos pesqueros y un avión.

El pesquero, con bandera de Santa Elena y 27 tripulantes a bordo, entre ellos 10 españoles, lanzó un mensaje de auxilio cuando se encontraba a unas 170 millas al sureste del puerto de Stanley, en las islas Malvinas.

Al parecer, tal y como informa Salvamento Marítimo, tenía una vía de agua provocada por una tormenta. Finalmente, pasadas las 00.00 horas, la tripulación realizó el abandono en tres balsas salvavidas. Mientras, las condiciones en la zona eran de 35 nudos de viento y mar de fondo entre 5 y 6 metros.

Salvamento Marítimo también ha detallado que la última conversación que tuvieron con la tripulación fue a las 21.00 horas del pasado lunes (18.00 hora local). Explica que se está llevando a cabo una operación de rescate por aire (helicópteros y aviones militares) y por mar. Entre los buques que colaboran en el rescate se encuentra el pesquero Robin M. Lee, de bandera de Islas Malvinas, pero de una empresa de Vigo.

La compañía Argos Froyanes, armadora del buque palangrero Argos Georgia, ha emitido un comunicado en el que informa de que se mantiene en contacto "permanente" con el Gobierno de Malvinas mientras continúan las tareas de rescate. Asegura que hay apoyo militar aéreo, mientras que el hecho de que se haya hecho de día ayuda en las labores del operativo.

"Nuestros tripulantes son verdaderos profesionales y tienen entrenamiento regular para tal situación. Confiamos en su capacidad para utilizar lo mejor posible los equipos de seguridad. Rezamos por nuestros tripulantes y esperamos verlos sanos y salvos en tierra lo antes posible", indica Argos Froyanes.

Argos Froyanes es una compañía británico-noruega entre Argos y Ervik Havfiske, mayor empresa de palangre de Noruega. Argos tiene actualmente bases operativas en las Islas Malvinas, Nueva Zelanda, Uruguay, Noruega y Gibraltar.

Mientras, Salvamento Marítimo en Madrid añade que "se están siguiendo las labores de rescate de los 27 tripulantes del 'Argos Georgia', hundido a 170 millas del puerto de Stanley, en las islas Malvinas". Así, mantiene contacto con su homólogo de Malvinas.

El conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, señala que sigue "muy de cerca la evolución del rescate", al tiempo que manda su "cariño" a las familias de los afectados. "Todo nuestro apoyo y colaboración de la Consellería para las labores de salvamento. Esperamos que los tripulantes regresen en las mejores condiciones posibles a sus casas", agrega.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha asegurado que un barco miembro se encuentra haciendo labores de rescate en la zona, pero ha relatado las malas condiciones en las que se encuentra el mar.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este martes que hay 14 supervivientes tras el naufragio del 'Argos Georgia', el palangrero naufragado en las proximidades de las islas Malvinas, en el que han fallecido tres tripulantes. El operativo trabaja para rescatar al resto de una tripulación de 27 miembros, entre la que hay 10 españoles.

Según ha detallado el ministro en una entrevista en el Canal 24 horas, recogida por Europa Press, dos de los españoles que iban a bordo del 'Argos Georgia' son observadores científicos y por el momento se han podido rescatar a 14 supervivientes.

En cuanto a la nacionalidad de los fallecidos, Albares ha asegurado que todavía el Gobierno no dispone de esa información ya que están llegando "prácticamente en tiempo real" las noticias del suceso.

Eso sí, ha confirmado que su Ministerio está en contacto con los consulados tanto en Argentina como en Uruguay y en Reino Unido, así como con las autoridades que les puedan trasladar la información de las operaciones de rescate que están aconteciendo.

De igual forma, ha deslizado que no ha tenido oportunidad de comunicarse directamente con las familias de los 10 españoles aunque sí ha afirmado que les trasladarán toda la información que vaya llegando "lo antes posible" insistiendo en que no escatimarán "ni un esfuerzo" en las labores de salvamento que, "por el momento están dando resultados", ha dicho.

El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, ha confirmado que un helicóptero en el que viajaba el presidente del país, Ebrahim Raisi, se ha visto obligado a realizar un "aterrizaje forzoso" este domingo en una zona montañosa e inaccesible de la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el extremo norte de Irán, y se encuentra desaparecido.

El ministro ha explicado que el aparato, que llevaba al mandatario de regreso de un acto protocolario en Azerbaiyán, se ha visto obligado a descender por causa de una densa niebla y que ahora mismo una veintena de equipos de rescate se dirigen a la zona.

"Hay que tener en cuenta que la zona ahora mismo es complicada y es difícil establecer comunicación", ha añadido el ministro, sin dar por el momento más detalles, según recoge la agencia semioficial de noticias iraní Mehr.

Las autoridades iraníes creen que el helicóptero se encontraría aproximadamente en la zona de Kalibar, a unos 30 kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, donde el mandatario y su comitiva habían participado antes en la inauguración de una presa, acompañando al presidente azerí, Ilham Aliyev.

Los medios oficiales iraníes han confirmado que Raisi viajaba en un convoy de tres helicópteros, en los que se encontraban entre otros el ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian, del que tampoco hay noticias ahora mismo.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Bagheri, ha ordenado a "el empleo de todas las capacidades y equipos necesarios para buscar el helicóptero del presidente iraní".

El jefe de la Media Luna Roja Iraní, Pir Hosein Kolivand, ha confirmado el despliegue de un enorme dispositivo de rescate formado por 46 equipos de respuesta rápida con 230 profesionales que rastrearán la zona a pie ante la imposibilidad de acercarse en helicóptero.

Hay equipos procedentes de las provincias de Azerbaiyán Oriental, Teherán, Alborz, Ardabil, Zanyán y Azerbaiyán Occidental que están bajo el mando directo de Kolivand y avanzan ya hacia el lugar donde se cree que ocurrió el accidente.

Sin embargo, las labores se han visto dificultadas por la niebla y la lluvia, que según las previsiones seguirán durante las próximas horas y también el lunes.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, y hemos lanzado aviones no tripulados, pero ahora mismo una búsqueda por aire es imposible, y la zona es accidentada y montañosa", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia semioficial ISNA.

El vicepresidente iraní, Mohamad Mojber, está viajando ahora mismo a la capital de la provincia, la ciudad de Tabriz para encabezar una célula de crisis y coordinar las labores de rescate.

También el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha apelado a las oraciones para pedir que "el honorable presidente y sus acompañantes vuelvan a los brazos de la nación". "Todos el mundo debe rezar por la salud de este grupo de siervos", ha apelado.

Entre las primeras reacciones internacionales al suceso destacan las de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado está "observando todas las informaciones sobre el posible aterrizaje forzoso en Irán del helicóptero que transportaba al presidente de Irán y al ministro de Exteriores".

"No vamos a hacer más comentarios en este momento", ha añadido el comunicado recogido por la cadena ABC.

El movimiento islamista palestino Hamás ha declarado su apoyo al pueblo iraní a través de un comunicado de su portavoz, Ezzat al Rashq.

"Nuestro corazón está con la nación iraní, amiga y hermana, y pedimos a Dios que compadezca y cuide al presidente iraní, al ministro de Exteriores y a otros acompañantes", reza el comunicado recogido por la cadena libanesa Al Mayadin.

Mientras el Gobierno avanza para volver a Telefónica tras el desembarco del grupo saudí de telecomunicaciones STC y en el seno del Ejecutivo se debate sobre la participación pública que debería haber en empresas estratégicas, también se dan pasos para salir de Bankia, ahora Caixbank. La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha contratado un servicio de asesoramiento en la estrategia de desinversión de la participación que dicho ente ostenta en Caixabank. Se lo ha adjudicado por 80.000 euros a la empresa británica STJ Advisors Group Limited, aunque el valor estimado del contrato es de 540.000, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El FROB requiere de la asesoría financiera externa especializada “con el objetivo de maximizar el retorno de los fondos públicos inyectados” en el rescate a la banca que se produjo tras la crisis económica de 2008 y la orientación comprenderá tanto “la ejecución de la estrategia de desinversión adoptada, en el caso de que ésta se lleve a cabo", como "el análisis y seguimiento de las alternativas posibles y de aquellas decisiones que puedan influir significativamente" en el descuelgue, de acuerdo a lo reflejado en la memoria justificativa de la contratación. En la misma línea, el candidato a presidir el FROB, Álvaro López Barceló, ha aseverado durante su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso que el plan del Estado respecto a Caixabank aúna el mandato de desinversión y la maximización de la recuperación de los fondos públicos. "Cada decisión que se toma en este ámbito se opta por aquello que incremente el valor de la participación y así se deberá hacer cuando se escoja el momento, el instrumento y el tipo de operación para llevar a cabo esa desinversión y teniendo en cuenta no sólo el valor de la acción", sino además "sus perspectivas de evolución futura, su valor relativo y la capacidad de absorción de la demanda que haya en cada momento", ha resumido.

En concreto los fondos inoculados por el FROB en Bankia para evitar su hundimiento ascendieron a 22.424 millones de euros. Desde junio de 2012, como consecuencia de esas ayudas públicas que fueron necesarias para no dejar caer la entidad financiera, el FROB se convirtió en el accionista único de BFA, que, a su vez, era accionista mayoritario de Bankia, con el 68,69%. Tras la fusión por absorción con Caixabank en 2021, el FROB obtuvo una participación de 16,12% en el capital de la última, que se elevó al 17,3% tras un programa de compra de acciones y una reducción de capital aprobada por la entidad. Cuánto logre recuperar el Estado de aquella inversión es todavía una incógnita. La cifra dependerá del valor de las acciones de Caixabank cuando se lleve a cabo su venta. La mejor estimación de lo que el FROB considera "valor recuperable" de su participación en BFA parte del patrimonio neto de dicha entidad, que al terminar 2022, el último ejercicio cerrado, era de 4.959 millones de euros. Esa cifra incluye los 2.122 millones cosechados en las desinversiones realizadas por el FROB, la última en 2017, así como los dividendos cobrados por BFA hasta 2022, que sumaban otros 1.407 millones. A los mencionados 4.959 millones hay que agregar otros 1.385 en plusvalías de la participación no reconocidas en el patrimonio de BFA a esa fecha. En total, el "valor recuperable" sería de 6.344 millones, según se recoge en las cuentas del FROB a 31 de diciembre de 2022 -las de 2023 aún no están cerradas-.

Los 6.344 millones de euros que el FROB estimaba “recuperables" a finales de 2022 se sitúan en el entorno del 29% de los 22.424 millones insuflados por el Estado para esquivar la quiebra de Bankia. Con todo, dicha cuantía se actualizará previsiblemente al alza, cuando BFA y FROB sellen sus cuentas del ejercicio 2023. Pero ese valor no es el que el FROB recuperará. El montante final dependerá no del valor en libros de la participación en BFA, sino del del patrimonio que tenga BFA cuando se liquide y que se verá impactado por el precio al que se traspasen las acciones de CaixaBank. En principio, dicha operación ha de producirse antes de que se escurra 2025, según acordó el Consejo de Ministros en 2022, si bien esa fue la cuarta ampliación del plazo inicial de venta que se realizaba, tras una primera en diciembre de 2016, la segunda en 2018 y la última en febrero de 2021, con lo que un nuevo acuerdo podría prorrogar otra vez el tiempo restante. La decisión sobre el momento óptimo para la desinversión la adoptará la comisión rectora reducida del FROB, tratando de maximizar el dinero recuperado, como ha apuntado López Barceló.

En 2022 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria consiguió unos beneficios contables de 2.217 millones de euros, derivados principalmente de la positiva evolución del valor de mercado de la participación de BFA en Caixabank, que ocasionó un ingreso contable de 1.851 millones. La acción de dicha entidad financiera acumulaba una revalorización de un 142,8%, desde el anuncio de la operación de fusión con Bankia hasta el final de aquel ejercicio y un 146,6% hasta diciembre de 2023. Si bien, aunque 2024 se prevé que será positivo para la banca, el complejo contexto geopolítico internacional implica ciertas dosis de incertidumbre.  

Lo que ya es una realidad es que Caixabank consiguió en 2023 un beneficio neto atribuido de 4.816 millones, frente a los 3.129 que atesoró en 2022, lo que supuso un alza del 53,9% y posibilitará la distribución de un dividendo de 2.890 millones. El grupo, que presta servicio a 20,1 millones de clientes a través de una red de alrededor de 4.200 oficinas en España y Portugal, supera los 600.000 millones de euros en activos.

Sobre el desembolso de dinero público para sacar a flote a la banca tras la crisis financiera de 2008 sobrevuelan muchos números. Entre ellos varios sobre lo que será posible o no retornar a las arcas del Estado. El Banco de España cifró en 2019 en 5.225 millones lo recuperado de “las ayudas en forma de apoyo de capital” que alcanzaron los 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), esta última cuantía es capital privado, al salir de las facturas de los propios bancos. Una parte de esos recursos “ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades”, de los que el FROB ha recobrado 4.477 millones y el FGDEC unos 748, a la luz de lo reflejado por el ente regulador en aquella actualización de datos. En 2022, los cálculos se elevaron hasta el entorno de los 6.000 millones y Bankia, cuyo agujero, perforado a golpe de excesos, detonó el rescate, se ha convertido en una esperanza para mejorar el balance.

A la espera del resultado de la operación de desinversión, López Barceló ha querido dejar claro en el Congreso que el FROB no interviene en la gestión ordinaria del día a día de Caixabank, al entender que "corresponde a los gestores de la entidad, incluido cualquier asunto relativo a la sede", después de que el diputado de Vox Pablo Sáez Alonso-Muñumer, preguntara sobre la petición de Junts de que se incentive el traslado de sedes empresariales a Cataluña.

El segundo mayor fabricante de aerogeneradores del mundo y el principal actor del sector eólico en España será rescatado por el gobierno alemán. Siemens Energy confirmó este miércoles que recibirá avales del Estado alemán para tapar el agujero provocado por Siemens Gamesa, el fabricante de aspas ubicado en País Vasco, que en junio descubrió un fallo técnico en sus molinos con un coste mil millonario para la compañía matriz, ubicada en Alemania. La mayoría de la ingeniería de Siemens Gamesa se ubica en España, donde tiene nueve fábricas y donde 5.000 trabajadores están a merced de lo que decida la cúpula extranjera, reclaman los sindicatos.

Siemens Energy, dueña de Gamesa, recibirá un aval del gobierno alemán de 7.500 millones para acceder a una línea de crédito de 11.000 millones de un consorcio de bancos, y otros 1.000 millones en préstamos sin cobertura pública. Aunque no se trata de un rescate al uso –no es una inyección de dinero público–, sí que lo es de forma indirecta, ya que si la empresa falla en la devolución del crédito, el Estado tendrá que hacerse cargo de él con esos 7.500 millones.

España también ha anunciado que busca la fórmula para ampliar esos avales a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), puesto que Siemens alertó en octubre de que necesita crédito por valor de 15.000 millones y con la aportación de la banca alemana no es suficiente. Estos préstamos permitirán a la compañía acceder a crédito para seguir funcionando y atender a sus pedios pendientes, que tienen un valor de 110.000 millones.

Siemens Energy también presentó resultados este miércoles para el año fiscal que terminó en septiembre, donde registró pérdidas de 4.588 millones de euros, seis veces más que las pérdidas del año anterior. Gamesa aportó a esa cifra 4.347 millones de pérdidas, y se espera que el año que viene pierda otros 2.000 millones. 

El quebradero de cabeza comenzó cuando la firma reveló en junio una avería que afectaba a sus molinos 4.X y 5.X, de los que hay casi 3.000 instalados en el mundo, aunque afecta a los rodamientos y las aspas de solo algunos de ellos. La compañía ha reservado 1.600 millones para reparar estas averías, que se dan solo en sus molinos terrestres, cuya tecnología aportó en su día a Siemens Energy la antigua Gamesa tras su fusión de 2017. Además de las pérdidas directas en reparaciones, Siemens Gamesa ha paralizado la venta de nuevos aerogeneradores terrestres, ampliando las pérdidas.

En todo caso, los sindicatos achacan los fallos técnicos en la eólica a la dirección alemana de la compañía, que ha designado en apenas cuatro años a tres CEO diferentes para Siemens Gamesa, y ha acelerado la producción, poniendo en riesgo el diseño. "El problema es la gestión. No se han cumplido plazos que teníamos [en el pasado] para lanzar nuevos modelos", señala Clara Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras (CC.OO.) en esta empresa. 

Otro ingeniero del sector eólico incide en esta versión. "He leído muchas veces que de alguna manera se culpa a España por estos errores, pero los fallos son de la compañía. Se ha corrido en el diseño de nuevos modelos más grandes, más potentes y que pueden generar más energía a menor coste, pero por correr ha resentido la fiabilidad", afirma. 

La noticia del rescate no ha pasado desapercibida en España, donde Siemens Gamesa es un pilar del sector eólico: más de la mitad de los molinos que funcionan ahora en el país los ha fabricado esta compañía. Por el lado del empleo, CC.OO. y UGT temen que el agujero contable que ha dejado la filial, unido a que el sector eólico está de capa caída, de pie a la venta de algunas de sus fábricas españolas a otras compañías o incluso su traslado al extranjero. 

Gamesa tiene unos 5.000 empleados en el país y según afirma Clara Fernández, todavía no les han comunicado qué va a ocurrir con ellos: "La dirección no se ha puesto en contacto todavía y parece que nos enteraremos el 21 de noviembre". Ese día celebra el Capital Market Day, donde la empresa vende sus propuestas a los inversores.

Por ahora, dijo este miércoles Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy, "no hay ningún plan concreto" para deshacerse del negocio español, aunque en el sector sobrevuela desde hace meses la venta de Gamesa Gearbox (que fabrica la caja de cambios del molino) y Gamesa Electric (los generadores eléctricos), que juntas incluyen ocho plantas y unos 1.000 empleados. La novena fábrica de la compañía en España está en Ágreda (Soria) y allí se ensamblan las góndolas del aparato, aunque sobre esta no se ha barajado la opción de venta.

La situación de Siemens Gamesa también tendrá eco en la industria renovable en España. Gamesa empezó a construir molinos en los 80 en el País Vasco y a comercializarlos a gran escala en los 90, siendo uno de los pioneros del sector en Europa. Si finalmente la compañía reestructura su negocio, debilitaría mucho la posición de España en la carrera por la energía verde, según Pedro Fresco, director general de AVAESEN, la patronal renovable de la Comunidad Valenciana. "Sería un duro golpe para toda la cadena de valor de la eólica. Estamos hablando de que hoy se puede fabricar un aerogenerador al completo en España", destaca.  

Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, insiste en que una deslocalización de Gamesa sería un revés para la economía, pero que es consecuencia de la decisión que tomó la empresa de vender su marca a Siemens, porque si ahora la empresa matriz tiene que recortar, empezará por sus empleados españoles y no por los alemanes.  

El fiasco técnico de Siemens Gamesa ha llegado además en el peor momento, cuando el sector eólico sufre además una caída de la actividad muy fuerte por el incremento de los costes de producción, que ha provocado que se cancelen proyectos en todo el mundo y se recorten los márgenes de beneficio, especialmente en la eólica marina. La subida de los tipos de interés también ha ralentizado la economía, al tiempo que el despliegue de renovables está en duda en países como Reino Unido, al que podría seguir Estados Unidos si ganan los republicanos en las elecciones de 2024. 

A mitad de junio, veinte personas perdieron la vida en un cayuco que llevaba 13 días a la deriva cerca de Canarias y aún hay más de 200 desaparecidos de los que no se sabe nada. Con ellos, son más de 12.000 las personas que han intentado llegar a España a través de la ruta canaria desde enero, de ellas al menos 800 han muerto en el intento.

Los meses de verano no suelen caracterizarse por un aumento de la inmigración irregular en el archipiélago canario porque no es un periodo meteorológicamente favorable. Sin embargo, durante el mes de junio llegaron, de media, 90 personas al día desde diferentes puntos de África. 

Junio fue un mes especialmente trágico en las islas, en el que hay que lamentar la muerte de más de 300 personas.  El día 21 un niño de 4 años y otra treintena de hombres y mujeres fallecieron, después de pasar más de 12 horas esperando ayuda humanitaria. Salvamento Marítimo había localizado la embarcación, pero recibió la orden de esperar al rescate de las autoridades marroquíes. La Fiscalía ha presentado diligencias por un posible delito de omisión de socorro y el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio. 

El día 27 de junio una barcaza partió de Senegal con dos centenares de personas, entre las que se encontraban varios menores. La semana pasada se la confundió con otra embarcación procedente de Mauritania. Los días 3 y 10 de julio se localizaron otras dos embarcaciones, entre las que se encontraba un fallecido. 

Txema Santana, periodista experto en migraciones y asesor de la vicepresidencia del Gobierno de las Islas Canarias en esta materia, explica a infoLibre que el mayor pico de llegadas de embarcaciones al archipiélago suele darse entre septiembre y octubre, cuando la situación marítima es más favorable, pero que “una combinación de muchos factores que hay que tener en cuenta” han favorecido el incremento de las últimas semanas. 

Por un lado, destaca la utilización de cayucos, un tipo de embarcación que hasta ahora era menos frecuente que, por ejemplo, las neumáticas. “En total se han localizado 17 desde principios de junio y vemos que el aumento es exponencial”. Este tipo de barcazas, hechas con madera, proceden de Mauritania y, especialmente de Senegal, un país que atraviesa una situación sociopolítica complicada, desde que a finales de mayo estallaran protestas juveniles contra el gobierno. 

La llegada de estas embarcaciones se suma a las habituales neumáticas procedentes, principalmente, del territorio controlado por Marruecos. Este tipo de lanchas son menos resistentes y aguantan poco en el agua. Helena Maleno, coordinadora de la asociación Caminando Fronteras, en conversación con infoLibre asegura que el incremento de muertes en junio, al igual que el repunte que se vio en el mes de febrero, podría  deberse, en parte,  a “la llegada de estas grandes neumáticas, que son abandonadas en mitad del mar y no reciben ayuda humanitaria ni de España ni de Marruecos”. Al respecto de este naufragio, desde Salvamento Marítimo, en un comunicado del 23 de junio, aseguran que "fue Marruecos quien actuó al estar la patera más cerca de sus costas y no haberse encontrado personas en el agua".

Otro factor que ponen encima de la mesa Santana y Maleno es el contexto político español. “Rabat ha utilizado históricamente a los migrantes más vulnerables como moneda de cambio y podría estar haciendo lo mismo ahora que "acaba de expirar el acuerdo pesquero entre España y Marruecos".

El periodista también advierte de que todos estos factores van a seguir presentes los próximos meses y, “aunque es impredecible, si se continúa con la tendencia actual y se replica lo de este junio, lo que pase en otoño puede llegar a ser muy relevante”. 

La llegada de barcazas precarias desde el continente africano ha caído un 5% respecto al año anterior en toda España y casi dos décimas en las Islas Canarias. Sin embargo, este descenso de llegadas contrasta con las cifras de fallecidos y desaparecidos, que según recoge el último informe Monitoreo del Derecho a la Vida-Primer Semestre 2023, presentado por Caminando Fronteras del 6 de julio, se mantiene prácticamente sin ninguna variación. 

“A pesar de que han llegado menos barcos a tierra, las muertes son prácticamente las mismas: se han reducido de 978 a 951 respecto al mismo periodo de 2022”, explica Maleno. Del total de vidas perdidas, medio centenar eran niños y más de 700 se perdieron en la ruta atlántica, ya que más de la mitad de las tragedias registradas por la asociación humanitaria (28 de 49) se han producido en esta región. Además, Maleno advierte de que “la cifra real podría ser aún mayor porque no se conocen todos los naufragios”, a lo que se suma la dificultad para conocer el total de tripulantes de la veintena de embarcaciones que han desaparecido sin dejar rastro. 

La activista asegura que la situación se parece cada vez más a la de Libia y lamenta que no se esté aplicando “el principio de defensa de la vida”. Recuerda que el 21 de junio un niño y treinta personas perdieron la vida, a pesar de que se conocía su localización, “por problemas en la coordinación entre España y Marruecos”, que ahora están siendo investigados. Respecto a esta tragedia, el Gobierno defiende que la actuación de Salvamento Marítimo “fue la correcta” y que “el avión español confirmó que el barco se encontraba en buenas condiciones”. 

Santana pone también el foco en la necesidad de reforzar los recursos y el personal en la región. Asegura “que son los propios trabajadores los que les dicen que faltan manos”. 

"Hace ya muchos días que no tenemos noticias . Su familia en el país está muy angustiada. Yo hago todo lo que puedo para buscarla, pero no sabemos cómo ni dónde hacerlo… Ellos siguen teniendo esperanza, pero yo creo que ya no está entre nosotros. Sólo queremos saber" A.J (Testimonio publicado por Caminando Fronteras).

El cambio de estrategia en las relaciones bilaterales con Marruecos ha hecho que disminuya el número de migrantes que llegan de manera irregular a las costas españolas, especialmente en el área del atlántico sur. Sin embargo, según los testimonios y datos recabados en el Monitoreo de Caminando Fronteras, “el incremento en el control de las costas ha provocado más redadas en los territorios controlados por Marruecos, con detenciones ilegales, separación de familias y traslados forzosos hacia el desierto”. Actuaciones que también denuncian varias organizaciones pro derechos humanos en el terreno. 

La mayoría de víctimas mortales desaparecen para siempre. Más del 40% de las personas que se dan por muertas en este tipo de tragedias, están desaparecidas y, de ellas, un 91% nunca son encontradas.

Santana tiene ahora 41 años, pero recuerda que, cuando era pequeño iban refugiados saharauis a pasar el verano a su casa y que, ya entonces, moría gente en las playas canarias. Este mes se cumplen 24 años de la primera tragedia registrada. “Las personas que pierden la vida tienen padres y madres que vienen aquí a buscarles y nos piden ayuda, pero muchas veces no los encuentran” lamenta mientras recuerda que hace poco un chico le comentó que el cuerpo de su tía había aparecido al otro lado del océano, en el Caribe. 

Las ONGs humanitarias denuncian los obstáculos a los que se enfrentan los familiares a la hora de denunciar, incluso cuando se desplazan a España y piden más coordinación con los países de origen para poder realizar identificaciones. Caminando Fronteras es una de las organizaciones que trabajan impulsando la identificación de estas, realizando un listado de las personas que están siendo buscadas por sus familiares, junto con el de las víctimas confirmadas. 

Maleno y Santana creen que parte del problema tiene que ser “un racismo institucional sistémico”. La activista critica, además que España “haya decidido seguir el ejemplo de Meloni en el control migratorio, dejando de lado los derechos humanos” y lamenta que, en plena campaña electoral “nadie haya dedicado unos minutos a hablar del naufragio horrible del día 21 y de las 300 desapariciones del último mes". 

Santana, como canario, pide que se tengan en cuenta a las islas desde la Península y la Unión Europea y que “se tomen medidas con urgencia frente a un problema estructural, que podría complicarse en los próximos meses".

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

El Tribunal de Cuentas sostiene que el coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se elevó a los 71.833 millones de euros a fecha de 1 de enero de 2022, lo que supone un incremento de 5.256 millones de euros con respecto al último cálculo del organismo.

La nueva cifra se recoge en el informe de fiscalización de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y del Banco de España en la fusión entre CaixaBank y Bankia y la situación del proceso de reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021, que acaba de aprobarse en el Pleno de la institución.

El nuevo informe de fiscalización cuenta con la novedad de la fusión entre Bankia y CaixaBank, en noviembre de 2021. Y es que, en el análisis anterior Bankia era la única entidad de crédito reestructurada que se encontraba aún participada por el FROB.

Mediante la fusión entre las dos entidades, el FROB sustituyó en su balance el valor de su participación indirecta del 62% en Bankia por otra participación, también indirecta, en CaixaBank del 16,1%. Todo ello lo realizó el FROB mediante BFA, entidad que posee al 100% y que engloba siete cajas de ahorro españolas, entre ellas Caja Madrid y Bancaja.

El coste de 71.833 millones de euros se ha obtenido partiendo de los importes de los recursos comprometidos y descontando las partidas que representan ingresos, menores costes, recursos no dispuestos o cancelados y participaciones en capital o créditos que aún mantenía el FROB a 31 de diciembre de 2021.

El Tribunal de Cuentas avisa, eso sí, de que la estimación del coste del proceso de reestructuración "no puede considerarse definitiva" debido a que hay ciertas operaciones posteriores a 2021 que pueden provocar un incremento o una disminución de esos 71.833 millones de euros.

Así, del coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria hay 50.622 millones de euros que corresponden al FROB y otros 21.273 millones de aportaciones de entidades de crédito. En paralelo, hay un impacto negativo de 62 millones de euros atribuibles al Banco de España.

El principal componente del coste, explica el Tribunal de Cuentas, ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, con un total de 52.716 millones que representan un 73% del coste. De los procesos que han supuesto un mayor coste son los de BFA/Bankia, con 17.590 millones; las de las cajas de ahorro de Caixabank (CX), con 12.691 millones; Banco CAM, con 12.560 millones; y NCG, con 9.229 millones.

En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que tanto el FROB, como el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España cumplieron "adecuadamente" la normativa aplicable en las actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración bancaria. También considera el Tribunal que las actuaciones de seguimiento y control de los procesos de reestructuración realizadas por las entidades han sido, en general, "adecuadas".

A lo largo del periodo fiscalizado, el FROB y el Fondo de Garantía han emprendido o se han personado en una serie de actuaciones judiciales destinadas a la recuperación de los recursos que hayan podido sustraerse de las entidades de crédito de una forma no ajustada a derecho.

Al cierre de 2021, el FROB había recuperado un total de 40 millones de euros por ingresos derivados de sentencias y costas. Por su parte, el Fondo de Garantías ingresó 14 millones de euros (incluidas costas) por uno de los dos procedimientos iniciados en su día por el FROB contra directivos de entidades financieras.

También se apunta en el informe que el FROB ejerce un seguimiento adecuado de la gestión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el banco malo.

Añade el Tribunal que las actuaciones de seguimiento y control de la gestión de las entidades participadas han sido adecuadas, aunque avisa de que las actuaciones de seguimiento y control de la desinversión en BFA/CaixaBank presenta "una oportunidad de mejora".

Y es que, ninguno de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se amplió el plazo de desinversión, actualmente fijado en diciembre de 2025, ha tenido en consideración las actuaciones necesarias para la desinversión de la participación que el FROB mantiene en BFA, que habrá de producirse, apunta el Tribunal de Cuentas, mediante un proceso de liquidación de esta sociedad "muy probablemente".

El informe fiscalizador indica que en la actualidad el FROB no dispone de un documento estratégico que, de manera integral, incluya una planificación, una programación temporal y una metodología de todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la actividad de desinversión en BFA.

Por eso, el Tribunal de Cuentas cree que con el fin de "disminuir la incertidumbre y facilitar la planificación" el FROB podría incorporar a la estrategia de desinversión el análisis de distintos escenarios alternativos para la ejecución de la venta de la participación en CaixaBank, calculando el importe recuperable teniendo en cuenta como variables el precio de venta de la acción y el momento de ejecutar la desinversión.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas apunta que tanto el Banco de España como el FROB han cumplido "adecuadamente" la normativa en el ejercicio de sus respectivas competencias en relación con la fusión de Bankia con CaixaBank, perfeccionada en marzo de 2021, y la operación de fusión se ha desarrollado, en todas sus fases, con arreglo a la normativa aplicable.

Por último, el informe apunta que se puede considerar cumplida la recomendación que el Tribunal de Cuentas hizo en su informe anterior al FROB, consistente en que esta entidad establezca un sistema de gestión de BFA que le facilite la comprobación de las condiciones establecidas en los convenios formalizados entre BFA y Bankia para el reparto de los costes por las contingencias legales derivadas de la comercialización de híbridos y de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia.

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado al norte de Cabo Espartel a 35 migrantes, de los que siete son menores de edad, cuando intentaban cruzar el Estrecho para alcanzar las costas españolas repartidos en un total de ocho embarcaciones hinchables tipo toy.

Según han indicado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, cuatro de estos hinchables llevaban a tres migrantes, dos a cinco de ellos, y otras dos a seis y siete personas respectivamente.

La salvamar Arcturus de Salvamento fue movilizada tras recibir los primeros avisos de un barco mercante y de varias embarcaciones de recreo que había avistado a estas toys a unas 14 millas al suroeste de la playa de Zahara. Sobre las 10.45 horas efectivos de Salvamento han rescatado a 12 varones magrebíes que viajaban repartidos de tres en tres en cuatro embarcaciones.

Posteriormente, a las 11.00 horas, se rescató por la misma zona a otros cinco varones que viajaban a bordo de otra embarcación y a seis menores que lo hacían en otra sexta hinchable, todos de origen magrebí.

Finalmente, a las 11.15 horas los efectivos de Salvamento Marítimo lograron rescatar a otros 12 varones de origen magrebí que iban a bordo de la séptima y octava embarcación hinchable, intentando alcanzar costas españolas.

Las autoridades turcas han anunciado este domingo la suspensión de las operaciones de rescate por el terremoto del pasado 6 de febrero salvo en las provincias de Hatay y Kahramanmaras. Además ha informado de un nuevo balance oficial de víctimas mortales, que suma ya 40.689 fallecidos, según informa Europa Press.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), dependiente del Ministerio del Interior turco, ha dado cuenta de la nueva cifra de muertos y ha destacado que en las últimas horas han sido rescatadas de entre los escombros tres personas, incluido un niño, en un edificio derrumbado en Hatay y casi 300 horas después del terremoto.

El presidente de la AFAD, Yunus Sezer, ha explicado en rueda de prensa que hay 14.000 máquinas pesadas y más de 270.000 personas desplegadas en las labores de rescate, según recoge el diario turco Hürriyet.

Además, Sezer ha destacado que se sigue trabajando para lograr el objetivo de poner en funcionamiento 100.000 unidades de alojamiento en contenedores en un plazo de dos meses y continúa la distribución de ayuda humanitaria para el más de un millón de víctimas de los seísmos.

"La evaluación de daños se ha completado en más de 830.000 edificios. Nuestros vehículos aéreos siguen trabajando 24 horas al día. Se han distribuido más de doce millones de paquetes alimentarios", ha destacado Sezer.

Tres golpes fueron los que permitieron al sargento primero Mario Rivero y su equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) descubrir que al menos una persona seguía con vida bajo los escombros 72 horas después de que un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter sacudiera las provincias del sureste de Turquía y norte de Siria, según informa Europa Press.

Tres días antes de ese sonido "de esperanza", un total de 55 efectivos de la UME habían aterrizado en Turquía dispuestos a colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas del seísmo. Tras un complicado viaje como consecuencia del colapso del país, los militares españoles lograron llegar a la zona afectada cuando aún no habían pasado dos días del temblor.

"No habíamos superado las 48 horas y había posibilidad de encontrar a personas con vida", relata a Europa Press el sargento primero Rivero, que junto al resto de miembros de la UME se apresuró en el montaje de un pequeño campamento y la descarga del material para empezar cuanto antes a buscar entre los escombros.

La primera impresión reconoce que fue "desoladora", con decenas de hogueras encendidas por las calles de madrugada y cientos de edificios colapsados. "En cuanto pudimos acceder al material empezamos el trabajo para intentar localizar vivos", recuerda.

Esa misma tarde, los miembros de la UME pudieron colaborar con un equipo de rescate turco en el salvamento de una joven atrapada entre los escombros con una viga clavada en la pierna. La teniente médico Lara logró colocarle un torniquete que salvó su vida y el resto de miembros de la UME, junto a los turcos, consiguieron sacar a la chica con vida.

Sin embargo, el momento álgido de la misión llegó el jueves con una llamada. Les avisaron de que había posibilidad de encontrar a personas vivas bajo un edificio derruido en la localidad de Nurdagui. Medios turcos habían logrado contactar con el móvil de alguien que presuntamente resistía bajo los escombros.

Cuando el sargento primero Rivero y su equipo llegaron al lugar, lo primero que hicieron fue colocar los geófonos, un aparato de ultrasonidos capaz de detectar cualquier alteración traducida en una señal eléctrica. Tras conseguir silencio alrededor, los equipos turcos hicieron una llamada a la víctima y le pidieron que diera tres golpes para intentar localizarla. Tres golpes indetectables para el oído humano pero no para los geófonos. Tres golpes que salvaron la vida a una mujer y sus dos hijos, según recuerda el militar español.

Los aparatos lograron poco a poco precisar la ubicación y ahí comenzó una operación de rescate que se prolongó durante 27 horas. "A medida que nos acercábamos pudimos empezar a oír los golpes sin aparatos, después ya conseguimos comunicarnos y nos dijo que estaba con sus dos hijos", explica.

En este momento, pese a la concentración que domina su trabajo, el sargento primero de la UME reconoce que es difícil dominar la emoción. "La mayoría del equipo tenemos hijos. Cada vez que oíamos al niño llorar se nos rompía el alma", confiesa.

Las labores de rescate se prolongaron así durante horas hasta que consiguieron liberar a los tres con vida. Primero fue Muslim, de solo dos años, después su hermana Elif de seis años y poco después la madre, Leyla. Todos ellos fueron trasladados al hospital, donde los miembros de la UME pudieron visitarles al día siguiente.

A su regreso a España, el sargento primero Rivero reconoce que se mezcla la "alegría" por estos rescates con la frustración de no haber podido hacer más y recordar a toda la gente que haya quedado atrapada bajo los edificios derruidos.

Sin embargo, la UME no ha estado sola en esta tarea. Cuatro buques de la Armada —el Juan Carlos I, el Galicia, la Blas de Lezo y el Cantabria— se encontraban navegando por el Mediterráneo cuando se produjo el terremoto y desviaron su rumbo para sumarse a las tareas de búsqueda y rescate.

Infantes de Marina trabajaron sin descanso en cuatro localizaciones turcas para la búsqueda de supervivientes, el reparto de 3.600 toneladas de ayuda y la distribución de 40 toneladas de sus propias existencias de agua embotellada y alimentos a través de agencias del gobierno y ONGs, además del montaje de cinco campamentos para damnificados, según datos aportados por el Ministerio de Defensa.

Estos miembros de la unidad de élite de la Armada también pudieron participar en el rescate con vida de un niño de siete años y de un adulto de 70 en el quinto y sexto día del terremoto, cuando las esperanzas empezaban ya a desvanecerse.

A ellos se sumaron el centenar de militares españoles que forman parte del contingente Adana, un despliegue que permanece en Turquía desde el año 2014 con una batería antimisiles. Pese a la proximidad a la zona del terremoto, el seísmo no provocó daños al contingente español, que inmediatamente se sumó a las labores de ayuda.

En concreto, se encargaron de las tareas logísticas para el alojamiento de los miembros de la UME y otros equipos de emergencias españoles, el traslado por suelo turco, apoyo a la distribución de alimentos o descarga de material.