El PP registró este miércoles en el Congreso su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en lo que se refiere a la elección de alcaldes y planteó, en concreto, un sistema que contempla la denominada prima de mayorías y también la convocatoria, en su caso, de una segunda vuelta. Su propuesta es que esa segunda vuelta se celebre si no hay ninguna formación que rebase el 30% de los votos.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que el PP quiere que esta propuesta se analice en el seno de una subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso, un órgano al que los conservadores acudirán ya con una iniciativa concreta.

"Se trata de un sistema a dos vueltas con una prima de mayoría en para que gobierne quien gana y no quien pierde", resumió Hernando, quien también explicó que con esta reforma buscan "reforzar el principio de la gobernabilidad, la estabilidad y la representación", informa Europa Press.

Modificar el artículo 180 de la Ley Electoral

En concreto, en su propuesta [aquí en PDF] el PP defiende una nueva redacción del artículo 180 de la LOREG. Quiere que los partidos que ganen las elecciones municipales puedan lograr una prima de mayoría (es decir, una representación extra en el consistorio) si logran más del 35% de los votos y una diferencia de cinco puntos sobre la lista que queda en segunda posición.

Con esos resultados, esa candidatura "obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento". Esa misma asignación de ediles, añade el PP, se producirá "cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción", y se distancie, al menos en diez puntos porcentuales de la siguiente candidatura.

Si no se diera ninguna de estas condiciones se haría una segunda vuelta en la que concurrirían todas las candidaturas que hayan superado el 15% de los votos, una presentación que el PP considera "razonable". Eso sí, en este nuevo proceso electoral quedan "expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas".

En esa segunda votación se daría una prima de mayoría a la lista que se haga con la victoria con más de un 40% o siete puntos de diferencia sobre la segunda. También en este caso, a la lista mayoritaria se le adjudicaría "la mitad más uno de los puestos de concejal del ayuntamiento y los escaños restantes se distribuirán entre las demás candidaturas, en función de los resultados obtenidos por cada una de ellas en la primera vuelta".

El PP añade que cuando ninguna candidatura alcance en la segunda vuelta el 40% de los votos válidos ni logre siete o más puntos de distancia respecto de la siguiente, la atribución de los puestos de concejales se realizará siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 vigente de la Ley Electoral, "según el resultado obtenido en la primera vuelta". Además, deja claro que en ningún aso se tendrán en cuenta las candidaturas que no logren por lo menos el 5% de los votos.

Evita coaliciones "a espaldas de los vecinos"

Este sistema que plantea el PP garantiza la mayoría absoluta a la lista más votada, dificultando así los pactos que precisamente en las pasadas municipales les han desalojado de muchos consistorios. Se trata, dice el PP en el texto registrado, de garantizar que "quien gane con claridad las elecciones gobierne, evitando las negociaciones opacas al margen de la voluntad electoral y asegurando que los gobiernos municipales se sustenten en el respaldo mayoritario de los ciudadanos".

El propio Hernando afirmó que quieren evitar los pactos "en los despachos, ajenos a la voluntad popular" después de que en las pasadas municipales se haya visto que en algunos municipios como Pamplona gobierna un alcalde que solo ha logrado el 16% de los apoyos. "Este sistema permitirá que no haya coaliciones a espaldas de los vecinos", exclamó.

El PSOE y los "pactos de perdedores"

Hernando recordó que el PSOE ya incluyó en su programa electoral la doble vuelta y subrayó que si ahora ha "cambiado de opinión" tendrá que explicar por qué. A su entender, los socialistas no quieren este debate porque han "favorecido los pactos de perdedores" tras las municipales de mayo, "cambiando las ciudades como si de cromos se tratara".

El dirigente del PP dijo que el Grupo Socialista no puede "negarse" a este debate sobre la reforma electoral porque "tendrá muy difícil explicar que se niega". "Y los ciudadanos tomarán buena nota de cómo algunos engañan", aseveró, tras señalar que la doble vuelta está en su programa y que en su día Pedro Sánchez dijo que no pactaría con "populistas" y luego llegó a acuerdos con Podemos. "Madurez y sensatez", demandó.

Al ser preguntado si el Grupo Popular está dispuesto a aprobar esta reforma con sus 185 diputados en solitario, Hernando dijo que quieren hacerlo por "consenso" como se ha hecho en las 18 veces anteriores. "Pero no vamos a renunciar a iniciar el debate y los trabajos. Y es muy oportuno que se abra en estos momentos", enfatizó.

Calendario y fórmula de trabajo

El PP quiere que la creación de esta subcomisión [aquí la petición en PDF] se debata en alguno de los dos plenos previstos para el mes de agosto (sobre el tercer rescate a Grecia o el que se producirá a finales de mes con motivo del debate de totalidad de los Presupuestos). El objetivo es que a comienzos del mes de septiembre, este órgano ya puesta estar trabajando, según Rafael Hernando.

La subcomisión estará compuesta por dos representantes de PP y otros dos del PSOE mientras que los demás grupos tendrán uno cada uno. Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado y para la realización del informe de la subcomisión podrán comparecer autoridades, funcionarios públicos, interlocutores sociales y cuantas personas "resulten competentes en la materia".

El plazo para culminar sus trabajos que plantea el PP es de tres meses desde su constitución, pero todo estará al albur de cuándo se disuelvan las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales que se calculan para finales de noviembre o principios de diciembre.

El portavoz del Grupo Popular insistió en que se trata de una subcomisión "abierta", máxime cuando esta reforma para la elección de alcaldes puede conllevar la modificación de más de cuarenta artículos de la Ley Electoral. "Podemos hablar de todo", concluyó.

No es igual a gobernabilidad

El PSOE volvió a mostrar su rechazo a la iniciativa del PP, que vincula con "el miedo" que el partido del Gobierno tiene a perder las próximas elecciones generales. Su secretario de Política Federal, Antonio Pradas, recalcó en rueda de prensa en el Congreso que el PSOE no apoyará ninguna reforma de esa envergadura hasta que no pasen las legislativas y se constituya un nuevo Parlamento. 

Pradas juzgó que la presentación de esta reforma es algo propio de un Ejecutivo "atemorizado" y de un PP que ha visto que tras el 24-M "se le ha venido abajo todo el poder institucional". Tachó de "barbaridad" y de "poco talante democrático" plantear un cambio así ahora, porque la modificación de la LOREG debe ir acompañada de consenso, y ese nivel de acuerdo es muy difícil de lograr a pocos meses de unas elecciones. El dirigente dijo no entender la "prisa" de los conservadores, salvo que pretendan mantener vivo el debate de la reforma electoral y el gobierno de la lista más votada para las generales.

El secretario de Política Federal del PSOE reconoció que su partido sí incluyó en el pasado la segunda vuelta para garantizar la gobernabilidad, y en el próximo congreso ordinario, a principios de 2016, revisará su posición, pero remachó que una cosa es asegurar la estabilidad y otra el interés de un partido por intentar gobernar aunque no tenga mayoría suficiente para hacerlo. 

IU llama a la "rebelión" de los ayuntamientos

También rechazó la propuesta del PP el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso. José Luis Centella apeló a la "rebelión de los ayuntamientos" ante la "tropelía parlamentaria" y el "golpe institucional" del PP. Con esta iniciativa, denunció, "una persona no es igual a un voto" porque se prima al partido más votado, permitiendo que candidaturas con el 35% de los votos obtengan la mayoría absoluta en los ayuntamientos.

"El PP pretende conseguir con la ley lo que no consigue en las urnas, quiere dejar atado y bien atado algunas cosas antes de las elecciones generales que sabe que va a perder", denunció. Para Centella, el PP no ha sabido digerir la pérdida de feudos como los ayuntamientos de Madrid o Valencia, "cabeza visible" de la "unidad popular". 

Otro no llegó de Podemos: la iniciativa del partido de Rajoy "ataca la base de la democracia", el "pluralismo y la representación de todas las opciones políticas", dijo a través de su cuenta de Twitter:

Ahora han eviado la ley al Senado para que continúe allí su tramitación y pueda estar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura el próximo otoño.

Populares y socialistas, que caminaron de la mano en la tramitación de esta ley, negaron que este proyecto tenga el objetivo de quitar competencias a la Administración autonómica y defendieron que la seguridad nacional debe ser "competencia exclusiva" del Estado.

Además, el portavoz del Grupo Socialista, José Enrique Serrano, rechazó que este proyecto esté relacionado con la situación en Cataluña, como defendió ERC, y recordó que comenzó su andadura legislativa en el año 2009.

El diputado del partido republicano catalán Joan Tardà denunció que este proyecto pretende "aumentar el aparato legislativo del Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre".

A su juicio, el PP está "lubricando la maquinaria represiva" con esta iniciativa. "Muy mal les veo si sólo son capaces de ir afilando el armamento, el armamento jurídico", recalcó.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet afirmó que este proyecto de ley es "un aviso a navegantes" por parte del PP "con tintes autoritarios" como respuesta a la "crisis económica y política" que vive España.

Convergencia y el PNV no vincularon esta ley al proceso soberanista, pero sí denunciaron que pretende "expropiar" competencias a las comunidades autonómicas. "Es una nueva excusa para laminar y sustraer competencias", denunció el portavoz de Convergencia, Antonio Picó.

Si eres es mujer puedes optar a una baja por maternidad de 16 semanas, pagadas al 100% del salario, según el actual Estatuto de los Trabajadores. Pero, si eres hombre, únicamente dispones de una suspensión de contrato de trabajo de quince días, también remunerados al 100%.

“El padre tiene que tener el mismo tiempo de cuidado que tiene la madre. Sólo así se puede dar el principio de igualdad de derechos”, reivindican desde la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA). Esta asociación reclama que los permisos por nacimiento para cada progenitor sean “iguales, intransferibles y pagados al 100%”, para así lograr equiparar el permiso de paternidad al de maternidad.

María Pazos, activista de la PPiiNA, denuncia que la actual legislación provoca una desigualdad entre hombres y mujeres a tres niveles: en el mercado laboral, en el hogar y en el cuidado infantil. Así, Pazos se refiere a la “discriminación estadística” para ejemplificar la situación de las mujeres en el ámbito laboral, cuya premisa es que los empresarios tienen la experiencia y los datos de que en caso de maternidad, las mujeres se ausentan más tiempo en su puesto de trabajo que los hombres en caso de paternidad. “Los empresarios aplican ese conocimiento estadístico a la hora de promocionar a un hombre o una mujer y opera como un incentivo para que medre sol el hombre”, explica la activista, quien advierte de que “no se puede aspirar a la igualdad laboral mientras que hombres y mujeres adquieran diferentes obligaciones”.

“Una empresa que pone a mujeres en puestos de dirección tiene un problema. Pero con poner a hombres te quitas dificultades de encima. Esto conlleva a que las mujeres queden relegadas a puestos fáciles de sustituir”, critica Pazos, al mismo tiempo que lamenta que esto “afecta a todas las mujeres por el hecho de ser madres y de tener más probabilidades de ausentarse del trabajo que los hombres”.

Cabe señalar que la madre tiene la posibilidad de transferir sus semanas de descanso –siempre y cuando no sean las seis primeras posteriores al parto– al padre. En este punto, la plataforma señala que “prácticamente el 100% de las madres se quedan con sus 16 semanas de descanso”. “Los niños ven quién les cuida y quién se va a trabajar. La familia es la primera escuela”, señala Pazos, quien reivindica que los infantes “tienen que ver desde el principio que hay igualdad de roles en la familia”.

“Estamos escamoteando a los padres el derecho a cuidar a sus hijos al otorgárseles solo dos semanas. La madre es la que establece el vínculo con el bebé, además de establecerse los roles en la pareja. Así, la madre se queda como responsable del cuidado, algo que incide en gran medida en la división sexual del trabajo doméstico debido a esos roles y se consolida la desigualdad en el hogar”, lamenta la activista y experta en igualdad de género.

¿Qué proponen los partidos políticos?

El Plan Integral de Apoyo a la Familia aprobado el jueves por el Gobierno en Consejo de Ministros era muy esperado, no sólo porque se llevaba dos años para que viera la luz sino por la trascendencia de sus medidas. Asociaciones y expertos han celebrado el plan y destacan la relevancia de muchas de sus medidas –como el aumento de las pensiones en función de los hijos– pero reconocen que tiene "sombras", que es "insuficiente" y no aporta nada nuevo. Ni una palabra sobre una reforma de los permisos de paternidad y maternidad.

Algunos de los partidos políticos con los que se ha puesto en contacto infoLibre se refieren a la PPiiNA como una de las plataformas con las que han establecido relaciones para llevar a cabo la reforma de la ley en cuento a permisos de maternidad y paternidad. Es el caso de Izquierda Unida (IU). La diputada y portavoz de Igualdad de la formación, Ascensión de las Heras, recuerda en declaraciones a este periódico que ya en 2013 presentaron una propuesta de ley de reforma de los permisos junto con otras formaciones y elaborada con la PPiiNA. Dicha proposición establece que “los permisos por nacimiento y/o adopción deben concederse a cada progenitor de tal manera que sea intransferibles, de igual duración, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%”. Además de esto, pretende el establecimiento de “un calendario para aumentar progresivamente el permiso de los padres hasta llegar a la igualdad”. Sin embargo, a día de hoy, IU aún no ha llevado a pleno dicha proposición.

“Creemos que es económicamente viable. Además, estaría dando respuesta a muchos problemas latentes en la sociedad”, señala De las Heras, quien añade que ya incluyeron en su programa electoral de 2011 dicha iniciativa, la cual “acabaría con la discriminación laboral al tener los padres el mismo tiempo de permiso”, señala De las Heras.

En la misma línea se pronuncia la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón. “Hace tiempo que colaboramos con ellos [la PPiiNA]. Además, en el programa electoral que estamos realizando recogemos la iniciativa dentro de nuestra propuesta de Economía de la Igualdad”, explica Montón, quien no deja de añadir que el Grupo Socialista es de “los pocos” que habla de “permisos iguales e intransferibles en las mociones o en los debates sobre el estado de la nación” y que son los que “más constantes” están siendo con dicho asunto.

En esta línea, el PSOE ya ha señalado en otras ocasiones su objetivo de impulsar una ley de igualdad salarial y una ley de usos del tiempo “que garanticen la idea de 'cobrar lo mismo, cuidar lo mismo'”, en referencia al reparto de los cuidados del infante tras su nacimiento.

Por su parte, la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad de la formación en Galicia, Marta González, considera la iniciativa de la PPiiNA una propuesta “interesante y resolutiva”. La parlamentaria conservadora, sin embargo, señala que el “compromiso” del partido es el de “ampliar los permisos de los padres de dos a cuatro semanas”, aunque asegura que este “se ha retrasado por problemas económicos”.

“Creo que en un primer momento deberíamos ser capaces de afrontar la ampliación del permiso de paternidad y luego plantearnos la propuesta dela PPiiNA”, señala González, quien reitera el compromiso de la formación conservadora de “hacer lo que dice la Ley de Igualdad”, en referencia a la disposición incluida en dicha normativa y que rige que “el Gobierno ampliará de forma progresiva y gradual la duración de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad […] hasta alcanzar el objetivo de cuatro semanas de este permiso a los seis años de la entrada en vigor” de dicha ley, fechada en 2007.

Podemos reclama ayudas al Estado y Ciudadanos exige “medidas ya”

En la misma línea se pronuncia la responsable de igualdad de Podemos, Clara Serra, quien también atribuye el término “interesante” a la propuesta de la PPiiNA. “La iniciativa tiene unos efectos profundos no solo porque posibilita que los padres puedan cuidar en igualdad de condiciones a sus hijos, sino que tendría también efectos en que las mujeres estén en igualdad de condiciones que los hombres en el mercado laboral”, argumenta Serra, quien añade que es una medida que la formación que lidera Pablo Iglesias ha estado “poniendo encima de la mesa”.

“Es una medida fundamental de cara a las próximas elecciones generales y la hemos puesto encima de la mesa a raíz de un documento que encargamos a María Pazos”, señala Serra –en referencia al texto Reorganizar el sistema de cuidados–, y añade que el “problema” pasa tanto por la cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres como por el cuidado de los infantes, que “recae casi por completo en las mujeres”.

“Consideramos que medidas como esta tienen que ir acompañadas de refuerzos por parte de los servicios públicos. El tema del cuidado no solamente es que se reparta entre los progenitores, sino que el Estado tiene que hacerse cargo de parte de la responsabilidad, puesto que hablamos de una necesidad social y que ahora mismo se encuentra frente a una dejación por parte del Estado debido a los recortes en los servicios públicos”, indica Serra, quien, a diferencia del resto de formaciones, señala que el Estado debe proporcionar ciertas ayudas para afrontar este tipo de cuidados.

La otra formación que ha entrado con fuerza en el panorama político, Ciudadanos, señala su propósito de “tomar medidas ya” en la cuestión de los permisos por maternidad y paternidad. La diputada de la formación en el Parlament de Cataluña y portavoz del partido en la Comisión de Igualdad, Inés Arrimadas, asegura que son “plenamente conscientes” de que existe una “brutal desigualdad entre hombres y mujeres” en el ámbito laboral. “La actual legislación genera un precedente, que es que el cuidado de los hijos recaiga en las mujeres y trunque su carrera profesional”, critica Arrimadas.

“No somos partidarios de poner una medida estrella y cuando llegue otro la cambie. Debe ser una medida de Estado que se mantenga en el tiempo. Por eso, impulsaremos medidas para que la carga familiar se reparta”, asegura la diputada, quien reitera en que les “parece bien” que se modifique la actual ley.

Qué aprender de otros países

La investigadora especializada en políticas europeas de género y coportavoz de la PPiiNA, Carmen Castro, destaca que el modelo que plantea la PPiiNA “no existe en ningún otro país”. “Noruega fue el primer país que planteó un permiso intransferible para los padres. En Suecia, cada progenitor goza de dos meses de permiso individual, intransferible y remunerado. Además, las madres disponen de casi un año de permiso, aunque puede ceder parte del tiempo al padre”, explica Castro, quien añade que en el país nórdico dichos permisos se definen como permisos de nacimiento, “lo cual facilita la inclusión de todas las estructuras familiares”.

“En España contamos con las excedencias, que no suelen estar remuneradas y por lo tanto tienen un bajísimo uso por parte de los hombres”, señala Castro. Esas excedencias, según la experta, pueden ser solicitadas hasta que el hijo cumple los tres años y tienen la garantía de que se reserve el puesto de trabajo que el progenitor venía ocupando.

La coportavoz de la plataforma señala, asimismo, que en Islandia los progenitores disfrutan de tres meses de descanso intransferibles más otros tres meses para compartir entre ambos. “Es el más equitativo”, añade, puesto que es “el que menos asimetría provoca en el uso de la distribución de los tiempos para el cuidado. “Lo que ocurre en la práctica, sin embargo, es que las madres utilizan prácticamente los seis meses” apostilla Castro.

“Lo interesante –subraya– es que, en plena crisis económica, Islandia aprobó avanzar en la equiparación de permisos introduciendo una reforma para que los estos fuesen de cinco meses intransferibles y dejar ocho semanas como parte a compartir. Si esta reforma finalmente se pone en práctica, que debería ser a partir de este año, será el país que mayor amplitud contemple en el derecho intransferible para los padres y el que tenga mayor equiparación de tiempo entre ambos progenitores”, asegura Castro.

“Lo que plantea la PPiiNA no sólo acabaría con la discriminación por maternidad, sino con la penalización sobre el empleo de las mujeres y con la discriminación de los padres trabajadores”, reitera Castro, quien concluye con que la iniciativa de la plataforma “transformaría los roles de género”, que es la “clave para construir la igualdad entre ambos sexos”.

Mejoras en la pensión, pero no en la igualdad

Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó una nueva medida por la que las madres trabajadoras con más de dos hijos verán aumentada su pensión de jubilación hasta un 15% a partir de enero de 2016, una medida que recoge el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) 2015-2017. El plan, sin embargo, no contempla ninguna mejora para igualar los permisos de maternidad y de parternidad.

Según esta medida, que se aprueba en plena campaña electoral de elecciones autonómicas y municipales, para las mujeres con dos hijos, el aumento de la pensión será del 5%; para las de tres hijos, el 10%; y para las de cuatro o más, el 15%.

"Con esto, lo que se pretende es un apoyo a la maternidad y a la natalidad, no sólo como se hace con el IRPF, durante la crianza, en los primeros años de vida, sino una aportación al sistema de la Seguridad Social que queremos que se vea recompensado en el momento en que se accede a la jubilación", explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo. Por su parte,  para el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se trata de una iniciativa "a favor de la igualdad, del reconocimiento de la mujer, del reconocimiento de la mujer como madre y de un compromiso con la sostenibilidad del sistema a largo plazo".

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó este miércoles que se compare la amnistía fiscal que ha presentado el Gobierno de Grecia con la que implantó en España el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que, como apuntó, "beneficiaba a los amigos del Gobierno, como Rodrigo Rato".

En rueda de prensa, preguntada por la amnistía que ha anunciado el Ejecutivo griego, Rodríguez aseveró que su formación política "no está de acuerdo con ninguna amnistía", si bien afirma que es "un ejercicio de demagogia" comparar ambas regularizaciones fiscales.

Por todo, lamenta que se compare "una amnistía que plantea gravar al 20% –la de Grecia– con la de Montoro, que se quedó al 3%", y subrayó que la griega "sólo afecta a la fuga de capitales que ha habido, no con el Gobierno de Syriza, sino desde que empezó la crisis en 2008, con la de Montoro, que planteaba incluso que se pudiera incluir dinero en metálico, que puede venir de cualquier negocio ilegal, y que beneficiaba a los amigos del gobierno como Rato".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este miércoles la "regularización fiscal" aprobada por su Gabinete en 2012, frente a la que ha anunciado del ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, que equiparó con las que llevaron a cabo en España los Gobiernos de Felipe González en 1984 y 1991.

Así lo aseguró Rajoy en el pleno del Congreso, donde recalcó que, a diferencia de la amnistía griega, y de la que hizo en su momento el PSOE, la suya no ha servido para "limpiar ni borrar delitos".

Es más bien "recolecta"

Mientras, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, no quiso comentar el anuncio de una amnistía fiscal en Grecia hasta que se conozcan sus detalles, pero en todo caso cree que el Gobierno del PP está tratando de utilizar esa medida anunciada por Yanis Varufakis para justificar su propia "aberración" de 2012.

En declaraciones en el Congreso, Cayo Lara señaló que, antes de juzgar la medida griega y compararla con la regularización extraordinaria de 2012 hay que conocer los detalles de la propuesta de Syriza. Según sus datos, sólo se sabe que Grecia está dispuesto a recibir dinero en el extranjero sin recargos ni sanciones, pero no se conoce qué tipo fiscal se les aplicaría. Si finalmente tributan a los tipos que corresponde, más que una amnistía sería una "recolecta".

Y ahí recordó que la medida española consistió en sacar a la luz 40.000 millones de euros a cambio de que sólo tributasen al 3%, cuando igual debía han pagado hasta el 52%. "Lo del PP fue un premio a los defraudadores".

Es temerario comparar ambos procesos

En su opinión, comparar ahora ambos procedimientos de regularización sin conocer los tipos que se aplican en Grecia "es una temeridad" y responde a "una estrategia del Gobierno para intentar justificar la aberración de su amnistía fiscal, que, por cierto, es la que afecta directamente a España".

En todo caso, el presidente de Izquierda Plural subrayó que la situación económica de Grecia es "durísima" hasta el punto de que su problema es que no saben si van a poder pagar las nóminas del próximo mes, mientras que en España la situación está más "desahogada".

Eso sí, insistió en que en nuestro país el fraude ronda los 80.000 millones de euros y que, pese a la lucha que tanto "exhibe" el Gobierno, sólo se ha conseguido recaudar el 13% por falta de voluntad y de recursos. "Y ese fraude es lo que provoca el déficit de las cuentas públicas que luego genera los recortes", sentenció.

El PSOE se opuso este miércoles en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por la juez María Servini, junto con otras autoridades del régimen, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco.

El PSOE enmendó la moción consecuencia de la interpelación que el diputado de IU Joan Josep Nuet dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que se reclamaba al Gobierno que reconsiderara su negativa a esta entrega. Propuso que, a cambio, se inste a la Fiscalía que investigue si los hechos de los que se acusa a una veintena de reclamados son constitutivos de delito en España.

Según esgrimió el diputado socialista Nacho Sánchez Amor en el hemiciclo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya han defendido en pasadas ocasiones la prescripción de los delitos de los que se les acusa por lo que la interpretación de la legislación excluye la extradición.

Sánchez Amor reconoció que este hecho deja "una sensación amarga" pero recordó que actuar así es aplicar las leyes aprobadas en democracia y, por tanto, proceder de forma distinta a la de los verdugos. "En una democracia los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado", subrayó.

Que se cumpla la ley de 2007

El representante socialista reclamó la puesta en marcha de otra vía, distinta a la judicial, que pueda servir para la reparación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. "Hay que explorar otras vías, pongamos en marcha lo que establecía la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ha sufrido una derogación de facto por parte del grupo que ejerce la mayoría", dijo.

Así, su enmienda reclama que se dé "inmediato cumplimiento y desarrollo" a esta norma y se recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y la labor de localización de fosas y se proceda al entierro digno de los que yacen en montes y cunetas y a la retirada de todas las menciones conmemorativas de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. El PSOE también pide el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos y se prohíba que se celebren allí actos de naturaleza política.

Por su parte el PP, en boca del diputado Pedro Gómez de la Serna, recordó al resto de partidos de la izquierda presentes en el hemiciclo, y en particular al representante de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que el último gran genocidio sufrido en España es "el terrorismo de ETA" y otras organizaciones terroristas.

El parlamentario conservador cuestionó la entrega de los reclamados por la juez Servini. "Me niego a pensar que la justicia argentina sea de mayor calidad que la española", dijo, y remarcó que esta cuestión, está jurídicamente resuelta.

Revocar el acuerdo

Nuet reclamó que el Congreso inste al Gobierno a revocar el acuerdo del 13 de marzo de 2015 por el que denegó la extradición de esas 20 personas reclamas por la jueza María Servini, tres de las cuales ya han fallecido, y entre las que se encuentran los exministros Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Además, IU-ICV-CHA quiere que la Cámara emplace el Ejecutivo a "cumplir de inmediato la orden de detención preventiva cursada por Interpol" contra los 17 reclamados que continúan vivos, de manera que sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional en cumplimiento de las leyes españolas de Extradición Pasiva, de Cooperación Internacional en Materia Penal y del Tratado Bilateral de extradición vigente ente España y Argentina.

Su iniciativa contará con el apoyo del Grupo Mixto, PNV y CiU mientras que UPyD adelantó que se abstendrá en la votación, que se hará mañana jueves. Nuet se comprometió a dialogar con el PSOE para transaccionar la enmienda presentada.

Según explicó, no acceder a la entrega supone amparar la impunidad y proteger a personas sospechosas de haber cometido delitos internacionales. En su opinión, el acuerdo del Consejo de Ministros deja en "profundo desamparo" a los familiares de las víctimas. "Hagan un favor a nuestra historia, convivencia y reconciliación, pongamos a los verdugos ante los jueces y que sean ellos los que tengan la última palabra", dijo.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ordenó al general jurídico del Cuerpo que "inicie las acciones legales oportunas" y traslade a la Fiscalía las declaraciones del diputado de IU Alberto Garzón en las que acusaba al Gobierno de enviar a guardias civiles a "asesinar inmigrantes en la valla de Melilla" por si "pudieran ser constitutivas de delito".

Según informó el Instituto armado, Fernández de Mesa calificó las declaraciones de "inadmisibles" y cree que reflejan "el desconocimiento más absoluto de la labor que a diario realizan los guardias civiles que trabajan en las vallas de Ceuta y Melilla". Y destacó que los agentes trabajan con "respeto escrupuloso a la legalidad" y "al Estado de derecho y con total humanidad" defendiendo las fronteras de "la inmigración ilegal, violenta y masiva".

El director del Cuerpo instó a Garzón a "conocer la realidad" de cómo trabajan los guardias civiles y no dejarse llevar por "ciertas manipulaciones" antes de hacer declaraciones que ha calificado de "ofensivas desde todos los puntos de vista".

Reconocimiento a los que rescataron a espeleólogos

Fernández de Mesa se reunió este jueves con mandos de la Guardia Civil en la Zona de Andalucía en Sevilla y manifestó su apoyo "incondicional" a todos los guardias civiles, porque trabajan "en beneficio de la sociedad a la que sirven", y especialmente a los que trabajan en Ceuta y Melilla.

También dedicó un reconocimiento especial a los agentes que "durante 26 horas ininterrumpidas rescataron en el Atlas marroquí los cuerpos de dos espeleólogos españoles", a los integrantes del Servicio Aéreo y de Montaña que murieron en agosto pasado mientras rescataban a un senderista accidentado en los montes de León, y al agente de la Agrupación de Tráfico que falleció en un accidente mientras abría camino en una etapa de la vuelta ciclista a España en Asturias. 

"Enorme hipocresía"

Izquierda Unida considera un "sinsentido" y una "bravuconada" la decisión de Fernández de Mesa. Así lo aseguró en los pasillos del Congreso el portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el valenciano Ricardo Sixto, quien le acusó de querer "aprovechar" un comentario de su compañero y también diputado Garzón "para tratar de introducir un debate espurio".

Sixto subrayó que lo que hizo Garzón fue criticar al Gobierno porque, con sus políticas, está "literalmente condenando a muerte en los límites de la Unión Europea a millares de inmigrantes".

El pasado lunes, en un acto en Salamanca, el candidato de IU criticó la "enorme hipocresía" de la UE ante el "genocidio" en las costas del Mediterráneo y lamentó que para los organismos europeos haya "muertos de primera y muertos de segunda". Garzón puso como ejemplo que en España, mientras el Gobierno mandaba a la Guardia Civil "asesinar inmigrantes" en la frontera de Melilla, aprobaba una normativa para otorgar el permiso de residencia "inmediatamente" a extranjeros que comprasen una vivienda de más de medio millón de euros.

Este martes, en un comentario en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Garzón respondía a un usuario, a cuenta de la investigación judicial abierta por los sucesos de febrero de 2014 en la frontera de El Tarajal, que "dispara para provocar el ahogamiento de 15 personas", desde su punto de vista, es "asesinar". "Ya veremos qué dice el juez", añadía.

Que cumplan la ley

Para el portavoz de Interior de IU, lo que tiene que hacer la Guardia Civil es cumplir "estrictamente con la ley". Por eso, aseguró que si quiere dar "seguridad" a sus agentes, lo que tiene que hacer Fernández de Mesa es dar órdenes claras de cómo actuar en las fronteras de acuerdo con la ley y no seguir "dando pábulo a las devoluciones en caliente" que son un procedimiento, a su juicio, "absolutamente ilegal y que lleva a los guardias civiles a la paradoja de que acaban siendo procesado por la Justicia".

Así, Sixto se mostró convencido de que las acciones legales que ordenó emprender Fernández de Mesa contra su compañero "no llegarán a ningún lado". "Sólo busca titulares, ha tenido muchas salidas de tono y esta es sólo una más", sentenció.

El presidente de la Corporación RTVE, José Antonio Sánchez, defendió la contratación temporal de 11 redactores más por el año electoral, en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, en el Congreso de los Diputados, informa Europa Press.

Sixto preguntaba por las razones por la que TVE había contratado a 11 periodistas por "la vía de urgencia" para los Servicios Informativos ante "el denso año electoral", y "bajo la sospecha de querer crear una redacción paralela para reforzar un aparato de propaganda al servicio del poder político".

Sánchez subraya que "es una realidad" que 2015 es "un denso año electoral", con la convocatoria de varios comicios, los autonómicos y municipales, además de las elecciones generales. Así, subraya que estas contrataciones "no suponen un hecho excepcional" en la práctica de contratación, sino más bien, reflejan "lo que viene siendo lo habitual".

"Por eso ha sido necesario reforzar la redacción central de Torrespaña, compuesta por 330 trabajadores, que también tienen derecho a las libranzas que les puedan corresponder y al disfrute de vacaciones", indica.

Los redactores "no tienen ningún cargo"

En concreto, precisa que la plantilla total de informadores de RTVE está formada por 806 periodistas, y "en ningún caso" estos 11 redactores de base, "que no tienen ningún cargo", pueden ser considerados como "una redacción paralela".

Además, recuerda que en el último año del equipo directivo anterior (2011), fueron contratadas al menos 28 personas que no se encontraban en el banco de datos. Por otro lado, Sánchez explica que estas 11 contrataciones temporales se han producido de acuerdo con el plan plurianual de recursos humanos para el periodo 2013-2016, que contempla para el presente ejercicio hasta un máximo de 433 contrataciones temporales.

Asimismo, indica que en el pasado diciembre, las contrataciones temporales en esta dirección ascendían a 43, lo que supone un índice de temporalidad de tan sólo el 5,3%, valor "muy por debajo" de la media de temporalidad de la Corporación, que es de aproximadamente un 7%.

Por otra parte, de acuerdo con la legislación vigente, a lo largo del año 2014 se ha producido una media mensual de 14 altas y 16 bajas de contratos temporales.

"Finalmente, reiterar una vez más que la información emitida por los Servicios Informativos de TVE es elaborada por profesionales independientes. Se respeta la libertad editorial y se garantiza la neutralidad con unos editores que elaboran los telediarios siguiendo criterios exclusivamente periodísticos y de servicio público", sentencia el presidente de la Corporación.

Pedro Sánchez ganó el debate sobre el estado de la nación, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. En un estudio publicado este viernes, revelan que un 20,7 por ciento de los encuestados cree que el líder del PSOE fue el vencedor, frente a un 20 por ciento que cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salió victorioso. No obstante, el 37,2 por ciento de los encuestados cree que no ganó ninguno.

Por otro lado, el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, queda en tercer lugar, pero con un escueto apoyo del 3,2 por ciento. Tras él se encuentra la líder de UPyD, Rosa Díez (0,8 por ciento), seguida del portavoz de CIU, Josep Antoni Duran i Lleida (0,3).

Según la encuesta, la mayoría de la población considera poco (38,1 por ciento) o nada (21,3) interesantes este tipo de debates, frente a los que los consideran muy interesantes (10) o bastante interesantes (25,1). Asimismo, el 43,1 por ciento considera que los debates son interesantes pero no son de utilidad, mientras que el 40,5 por ciento piensa que "no sirven más que para aburrir a la gente". Solo un 13,5 por ciento cree que son útiles.

Un cuarto de la población (23,2 por ciento) no conocía en el momento de ser encuestada que este debate se había producido. El estudio también revela que el debate sobre el estado de la nación de este año no fue seguido por el 47,9 por ciento de los encuestados, aunque solo un 12 no recibió ningún tipo de información sobre el acontecimiento (el resto se informó a través de los distintos medios de comunicación). De ellos, prácticamente la mitad (49,6) señala que tenía otras prioridades u obligaciones, mientras que el 19 por ciento señala que no le interesaba y el 12,6 que le desagrada la confrontación política. Entre los que sí lo siguieron, el medio líder para hacerlo volvió a ser la televisión (43,2 por ciento), frente a un tímido resultado de internet (4,4).

El estudio también refleja que la inmensa mayoría de los encuestados cree que las intervenciones del debate se centraron en "las críticas, reproches y acusaciones de unos a otros (89,3 por ciento), mientras que un minoritario 4,2 piensa que hicieron hincapié en las propuestas "para solucionar los problemas del país". Así, la economía (22,3), el paro (14,3) y la corrupción (12,2) figuran como los tres temas con mayor protagonismo en las intervenciones, según el CIS. No obstante, tres cuartas partes de los encuestados creen que los temas que "realmente preocupan" a los ciudadanos fueron tratados poco (55,4 por ciento) o nada (19,6). Por otra parte, la conflictividad en el debate es uno de los puntos que resaltan en la encuesta: la mayoría lo vio muy (13,5) o bastante conflictivo (43,2).

La intervención de Garzón, la mejor valorada

Aunque solo un 3,2 por ciento de los encuestados cree que el candidato de IU a la Moncloa fue el vencedor, su intervención sí fue la mejor valorada. El 8,6 de los encuestados le da la máxima calificación –"muy bien"– a Alberto Garzón, seguido por Rosa Díez (6), Mariano Rajoy (5,6) y Pedro Sánchez (5). El dirigente de IU también es el que más conectó con los encuestados: un 10,5 por ciento asegura estar de acuerdo "con la mayoría de cosas que dijo", seguido del presidente del Gobierno (6).

Cabe destacar que las intervenciones de Garzón y Díez tuvieron menor seguimiento que las de Sánchez y Rajoy. Así, mientras un 32,9 y 24,1 declaran no conocer o recordar la participación de IU y UPyD –respectivamente–, en el caso de Gobierno y PSOE estas se reducen a 4,2 y 6.

En cuanto a la otra cara de la moneda, la peor calificación fue para el presidente del Gobierno: un 32,1 por cientro cree que lo hizo "muy mal". Le siguen Pedro Sánchez (13,2), Rosa Díez (9,7), Josep Antoni Duran i Lleida (9) y Alberto Garzón (7,3). Rajoy también fue el que menos conectó, ya que un 44,5 por ciento manifiesta no estar "nada o casi nada" de acuerdo con él. 

Mariano Rajoy, una mala trayectoria en debates

Rajoy no ha tenido demasiada suerte en los debates del estado de la nación. Y eso que lleva nueve a sus espaldas, seis como líder del principal partido de la oposición y tres en el Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero le batió en cinco (de 2005 a 2010). El líder del PP sólo se impuso en el último duelo de la pasada legislatura, en 2011, cuando aventajó en 8,5 puntos al entonces jefe del Ejecutivo socialista (27,2% por un 18,7%), si bien para un 33,5% no venció ninguno de los dos. 

En 2013 y 2014, Rajoy arrolló al que era secretario general del PSOE. En el primer debate de la legislatura, según el CIS, ganó el presidente del PP para un 34,6%, sobre el 7,7% de Alfredo Pérez Rubalcaba, y un 39,1% consideró que ninguno de los dos líderes había convencido. El año pasado, Rajoy quedó peor: 28,9% frente a un 14,2%, y un 36,2% señaló que ninguno había vencido. 

El diputado de IU equiparó a Rajoy y a la canciller alemana, Angela Merkel, y subrayó que ambos dirigentes "han confundido sus Gobiernos con una escuela de negocios". Frente a esas políticas, aseguró que existen alternativas desde la izquierda. El "nuevo país" que se ha convertido en santo y seña de su carrera hacia la Presidencia del Gobierno, el "nuevo país" que quiere construir IU. Otro país radicalmente distinto al que dibujó el presidente del Gobierno, a cuyo relato le falta "rigor y vergüenza", porque la mitad de lo dicho es "directamente falso" y la otra mitad una "apología descarada" de las mismas políticas que están empujando a España a la "miseria". Dos mundos diferentes, dos Españas opuestas. 

Garzón, que como el otro portavoz de su grupo en el debate, Joan Coscubiela (ICV), lucía en la solapa de la chaqueta un lazo naranja de apoyo a RTVE, nucleó su intervención en torno a varios ejes. Primero, el empleo. Como también hizo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le acusó de no "pisar la calle", de "no gastar la suela de sus zapatos". Le pintó como un presidente recluido en su "búnker de la Moncloa", sin darse cuenta de la situación agónica de ciudadanos, muchos de los cuales no pueden pagar la luz consecuencia de la actitud del Gobierno de "arrodillarse a los pies de las grandes empresas y los poderosos". A ese primer déficit del Ejecutivo, primer pilar del "nuevo país" de IU: prohibir la privatización y "saqueo" de empresas y atajar la emergencia social que han provocado las políticas de la troik, recuperando compañías estratégicas que garanticen a todos "los suministros básicos y los servicios públicos". 

"Rescatar aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches"

Segundo punto: empleo. Rajoy, a juicio de Garzón, quiere la "España del manijero", la del cacique que dice cada día si habrá o no trabajo. Hay brecha salarial, hay desahucios, hay un presidente que actúa como "correveidile de las grandes empresas y los mercaderes", verbalizó. "Usted es más de otras prioridades, como rescatar aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y bancos sin dinero". Su propuesta estrella: un plan de trabajo garantizado, que costaría en torno a 10.000 millones de euros, la mitad de lo que costó el rescate de Bankia. Con ello se podrían crear un millón de puestos de trabajo. 

Tercer eje: la emigración. Garzón se erigió en "voz" de los que se han tenido que llamar o los que están aún en el país pero no pueden vivir dignamente. Se van a Alemania muchos españoles, analizó, porque el Gobierno ha recortado en ciencia e innovación, porque Berlín exporta productos de valor añadido, mientras que España siguió la política contraria. 

El secretario de Proceso Constituyente y Convergencia acusó al presidente de "arrasar" las conquistas de la dictadura, de "saquear el país para regalárselo a sus amiguetes", como ha ocurrido con la creciente privatización de Aena ("una empresa que fue valorada hace cinco años en 30.000 millones y ahora han malvendido por 4.000 millones"), de no poner coto a las "puertas giratorias". Pero en el "nuevo país" de IU, apuntaló, no "cabrán parásitos" y él mismo, Rajoy, no podrá marchar a una empresa para actuar "como correa de transmisión de favores para ella desde el Estado". Aunque afortunadamente, ha señalado, las mareas en defensa de los servicios públicos han permitido luchar "contra usted y su banda de saqueadores" e incluso la justicia "le ha parado los pies".

Garzón siguió con las "leyes regresivas" del Gobierno –ley mordaza, endurecimiento del Código Penal– y con la corrupción. "El caso Bárcenas debería haber justificado la dimisión en bloque de todo el Gobierno", sentenció, ironizando con la "buena suerte" que tiene el PP con la Justicia "cuando investiga en su contra". "Les cambian jueces, desaparecen pruebas". IU, en cambio, promoverá que las empresas "corruptas" no puedan "volver a contratar nunca más con la Administración pública". "Cerraremos el grifo corrupto que lleva el dinero desde lo público a lo privado".

"Ni dignidad, ni derechos"

El último bloque se lo dedicó Garzón a Grecia, reprochando a Rajoy que se haya "puesto del lado de los bancos alemanes y franceses" y no del pueblo heleno. Como le recriminó el dar amparo a los gobiernos "ladrones" que precedieron a Syriza (de Nueva Democracia y del Pasok) y que hicieron "trampas contables". 

El diputado cerró su primera intervención recordando la necesidad de ese "nuevo país construido desde los valores y principios de izquierdas". Una "oportunidad histórica" que IU no va a desaprovechar. "Vamos a pedir los derechos que usted nos está robando. Nos roba los derechos de la mayoría social". Y remató haciendo un pronóstico: este era su primer debate del estado de la nación, pero "seguro" que es "el último" del presidente: "Porque vamos a echarle, señor Rajoy. Salud y república". El diputado se había ido soltando según avanzaba en su discurso, hasta percibírsele cómodo en su final. 

Tras la intervención de Garzón subió a la tribuna Joan Coscubiela, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) con quien se repartió el tiempo de intervención. Coscubiela definió al Gobierno como "ni-ni. Ni dignidad, ni derechos, ni democracia".

El diputado de ICV Joan Coscubiela, durante su intervención en el debate del estado de la nación, este 24 de febrero de 2015 | EFE

El diputado ecosocialista aseguró que el PP es "un partido carcomido por la corrupción", y añadió que Rajoy es "el capo de la familia". En ese momento le interrumpió la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que estaba presidiendo en ese momento el pleno, para recriminarle que utilizase ese lenguaje: "Capo tiene un significado que ni el presidente del Gobierno ni ningún miembro de esta Cámara se merece", dijo.

Coscubiela terminó señalando que ha llegado el momento de que "los ciudadanos con su voto terminen con la desigualdad y la podredumbre de la corrupción" que, en su opinión, representa el Gobierno del PP. De Cataluña, mínima intervención, apenas para comentar el no del Gobierno al reconocimiento del derecho a decidir. 

La respuesta del jefe del Ejecutivo

El presidente del Gobierno tiró de ironía para responder a los diputados de La Izquierda Plural. Primero, deteniéndose en su propia biografía, en sus inicios en política en Galicia. Todo para demostrar que sí pisaba la calle, que ha estado en contacto con los ciudadanos. Y también para reprochar a Garzón su corta trayectoria política. Pero a lo que no llegó fue a la parte "más interesante", como le dijo luego el diputado de IU, el momento en que conoció a Luis Bárcenas. Y es que el presidente no habló en ningún momento de corrupción durante su rifirrafe con IU-ICV-CHA. 

Garzón interviene en el debate del estado de la nación

El presidente recriminó a Garzón y Coscubiela que pensaran que quisieran hacer creer que ellos tienen el "patrimonio de los sentimientos" y de las políticas sociales. "Nadie somos perfectos, salvo ustedes. Pero ustedes son poquitos. Y por eso tranquiliza que el porcentaje de perfectos en España no sea demasiado elevado", respondió, socarrón. Rajoy les dijo que "no se puede andar así por la vida" y les animó a realizar "un juicio ponderado de lo que ocurre en el país". "No es serio venir aquí y decir que hay millones de españoles que no pueden ver la televisión porque no tienen luz. Eso es falso", indicó. El presidente del Gobierno aseguró que él no había bajado los salarios de los trabajadores en España. "Ese acuerdo lo firmaron Comisiones, no sé si los conocen, UGT y las organizaciones empresariales".

Garzón le contestó después que no es una cuestión de "sentimientos", sino de que el Gobierno materializa sus intenciones a través de "leyes", que acarrean "perjuicio" para los ciudadanos. "Somos muy diferentes a usted. Estamos en el mismo mundo, pero está dividido. ¿Ha probado a ver la realidad por encima o por debajo de la mesa? Es una cuestión de enfoque", le lanzó el diputado de IU. Luego le recordó algunos ejemplos más de su gestión: el recurso de la Ley Antidesahucios andaluza, la amnistía fiscal, "el escándalo de Endesa", la exclusión de la sanidad de los inmigrantes... "Su política es socializar las pérdidas, no los beneficios. Si fueran patriotas, beneficiarían al pueblo español, no a sus amiguetes". 

El pacto de PP y PSOE para luchar contra el terrorismo yihadista está acabándose de cocinar. De hecho, Pedro Sánchez espera poder cerrar los últimos flecos este jueves, tras una comunicación con el presidente del Gobierno. Ya se da por superado uno de los obstáculos que veían los socialistas: la prisión permanente revisable. Al final, lo que constará en la proposición de ley que ambos grupos firmarán será una remisión indirecta a la “máxima pena” de las previstas en el Código Penal, sin especificar. Pero esa “máxima pena”, según la reforma que aprobó el PP en el Congreso la semana pasada y ya está en el Senado es la cadena perpetua revisable.

Hace unas semanas, el Gobierno y los socialistas acordaron sacar de la modificación del Código Penal todo el arsenal de medidas antiterroristas, porque el principal partido de la oposición, al igual que otros grupos, se oponen a la nueva formulación del código planteada por el PP. Por múltiples razones, pero entre ellas por la introducción del mayor castigo: la prisión permanente revisable, una figura controvertida y sobre la que pesan dudas de constitucionalidad. La contestación ha llegado incluso a través de un manifiesto firmado por más de 60 catedráticos de 33 universidades públicas españoles.

Sin embargo, los culpables de terrorismo, según la nueva redacción que se incluirá en la proposición de ley promovida por los dos grandes partidos, se exponen, según los casos, al castigo más grave. Y ese es la prisión permanente revisable. Lo habitual, en la técnica jurídica, es que en el Código Penal se defina, para cada delito, la pena prevista de cárcel. Pero los socialistas rechazaban que apareciese en algún lado del texto pactado lo que en la práctica se considera como cadena perpetua. Tragar con la redacción del Ejecutivo habría sido entendido como un aval a una medida extrema y a la que se oponen. 

El Gobierno se comprometió a repensar la formulación si eso suponía un escollo. Así que en los supuestos agravados de terrorismo, simplemente se dirá que se castigará con la “máxima pena” prevista en el código. Esto es, la prisión permanente revisable. La mención específica no estará. La alusión será, pues, indirecta, porque los socialistas dan por descontado que, si vuelven al Gobierno, se reformará de nuevo el Código Penal ya que, como analizan en el partido, la actual legislación ya es de por sí “muy dura”.

Más fuerzas se “sumarán” en la votación

Sánchez había mostrado esta mañana, ante el Grupo Socialista Europeo en Bruselas, su “firme determinación” de llegar a un pacto con el Gobierno en este asunto. "Si algo hemos aprendido los españoles tras nuestra amarga experiencia en el combate contra el terrorismo es el valor de la unidad", ya que "defender la libertad de todos es tarea de todo", aseguró. Voluntad que reiteró posteriormente en un encuentro con periodistas desplazados a la capital belga.

El acuerdo, en realidad, ya está “bastante hecho”. El secretario general quiere “hablarlo” con Rajoy este jueves para rematar la negociación, según fuentes de la dirección. Los socialistas esperan que, aunque el texto lo firmen PP y PSOE, sí se “sumen otras fuerzas” a la hora de votar, caso de UPyD, CiU o PNV.

Sin embargo, los grupos en su momento ya objetaron, sobre todo, por las formas, al visualizar una entente tras una reunión de la delegación socialista, encabezada por el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, y los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá. El más distante es Izquierda PluralIzquierda Plural(IU-ICV-CHA), que cree que no hace falta introducir nuevas medidas.

Para el secretario general, era fundamental “preservar la unidad de los dos grandes partidos” en un tema tan sensible como el terrorismo, donde tradicionalmente han actuado juntos. Pero los socialistas consideran “fundamental” que se incorporen otras fuerzas, y por eso intentaron que el Gobierno cediera y sacara de la reforma del Código Penal las 12 enmiendas que el Grupo Popular había introducido para reforzar la lucha contra el terrorismo.

Tramitación rápida

El PSOE tenía, además, dudas respecto a la redacción de alguna de ellas, toda vez que podían suponer una cortapisa a la libertad. Acuerdo que consiguió arrancar del Ejecutivo a los pocos días de los atentados yihadistas en la capital francesa. En todo momento, la dirección de Sánchez ha subrayado que consideraba clave trasladar el “espíritu de París” –la unidad política que se vio en la manifestación multitudinaria que siguió a la tragedia– a España.

Una vez cerrado el acuerdo, se registrará la proposición de ley en el Congreso. No está claro si habrá foto conjunta de los dos líderes, Rajoy y Sánchez, o se visualizará el pacto en la Cámara baja. De cualquier modo, a partir de ahí arrancará la tramitación parlamentaria, que se prevé rápida. 

Pero no sólo los partidos políticos se mostraron contrarios a la reforma: más de 60 catedráticos en Derecho Penal de 33 universidades públicas firmaron un manifiesto en el que la tacharon de "reaccionaria". Denunciaron que sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, algo que consideran que "pisotea" la dignidad humana. Criticaron la "pobreza técnica" del proyecto, así como la ambigüedad en la redacción del texto, algo que temen que pueda servir de coartada a la hora de restringir libertades.

01. Prisión permanente revisable

La introducción de la prisión permanente revisable ha sido uno de los puntos más controvertidos, ya que la oposición considera que es un eufemismo para encubrir la cadena perpetua.

Se trata de una pena de prisión por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. El Código Penal actual establece límites en el cumplimiento sucesivo de penas. Según su gravedad, los máximos son de 25, 30 y 45 años de cárcel.

"Es un Código Penal vengativo con una cadena perpetua indeterminada pura y dura", apuntó el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares, que tildó la reforma de "populista, autoritaria, represiva", así como de un "monumento a la chapuza" del Gobierno.

02. Aumento "generalizado" de las penas

Otro de los aspectos que suscita un mayor rechazo es el aumento de las penas. El diputado del PSOE Julio Villarubia criticó este incremento "generalizado" de las penas por su "dureza desproporcionada".  En la misma dirección apuntaron los más de 60 catedráticos que se han opuesto a la reforma. Así, en el manifiesto apuntaron que se trata de un "indeseado incremento de la gravedad", subrayando que esto se debe, especialmente, a la "conversión de faltas en delitos". Los firmantes también denunciaron "el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas", recordando que pueden llegar hasta los 40 años, apuntando también aquí a la previsión de "una injustificable pena de cadena perpetua".

"La Justicia no es igual para todos y la prisión es para los pobres". Para Joan Tardà, de ERC, "ese es el resumen para todos" de la reforma del Código Penal. Como ejemplo, añadió que "[Luis] Bárcenas y [Jaume] Matas ya salen, [Emilio] Botín no entró, la infanta no entrará, [Iñaki] Urdangarin todavía no ha entrado y los terroristas [Rafael] Vera y [José Antonio] Barrionuevo estuvieron dos días en la cárcel".

03. Corrupción

La financiación ilegal de un partido conllevará penas de cárcel sólo en caso de que la donación supere los 500.000 euros, algo que fue criticado duramente por la oposición. Del mismo modo, también criticaron que se deje intacta la barrera establecida para que exista el fraude fiscal: 120.000 euros.

La líder de UPyD, Rosa Díez, puso de relieve que el proyecto "no castiga explícitamente" conductas de corrupción política. "Con este Código Penal Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP, no se regulan cuestiones capitales como cajas B o la tenencia de patrimonio no declarado", aseveró. Asimismo, reprochó a Rajoy se quiera hacer pasar ahora por el "Superman de la regeneración democrática".

En esa línea apuntó el portavoz de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que señaló que se trata de una reforma hecha "a golpe de telediario, desde el oportunismo y la hipocresía" para tratar de conseguir rédito electoral. "El PP ha decidido mantener la pseudoimpunidad de la corrupción política", denunció Baldoví, que acusó al Gobierno de "legislar para los suyos", algo que cree que "les pasará factura" porque es "un absoluto disparate".

04. Libertad de expresión y de manifestación

La oposición también criticó un endurecimiento de las multas contra las acciones de protesta o manifestación mediante la reforma del Código Penal o, en algunos casos, la Ley de Seguridad Ciudadana. Algo que también denunció Greenpeace, que considera que se han despenalizado algunas prácticas en el proyecto para incluirlas después en la mencionada ley.

"La protesta social incomoda al Gobierno", apuntó su portavoz Miguel Ángel Soto, que subrayó que "a partir de ahora el castigo dependerá exclusivamente del juicio de las Fuerzas de Seguridad, cuyo testimonio gozará de valor probatorio, y bajo supuestos muy subjetivos". 

Por su parte, el parlamentario de ERC Joan Tardà criticó que el Gobierno sólo propague el "Je suis Charlie" de "los Pirineos hacia el norte"Je suis Charlie, pero no en España, donde aseguró que "persigue la libertad de expresión". Asimismo, denunció que se castigue como "resistencia pasiva una sentada en una entidad bancaria y se tipifique la eutanasia o el aborto".

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, fue más allá y pidió la derogación del artículo 315. 3, contra los piquetes de las huelgas, así como restaurar la persecución de los crímenes de les humanidad y genocidio, haciendo hincapié en el franquismo.

"El Gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación", apuntaron los citados catedráticos de Derecho Penal, para lo que señalan que se vale del "orden público". "De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las Fuerzas de Seguridad, que podrán estar apoyadas, no se olvide, por miembros de las policías privadas".

El Gobierno aseguró este domingo estar aplicando "con normalidad" la conocida como Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y sostuvo que, por ejemplo, al seguir con la expedición de las declaraciones de reparación a las víctimas del franquismo, "demuestra de nuevo" su "compromiso" con el "desarrollo" de esta norma".

Así lo señaló el Ejecutivo en una respuesta remitida al diputado de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, recogida por Europa Press, en la que, no obstante, también admite que, como consecuencia de la crisis económica, en los últimos años no se han destinado fondos a las actividades relacionadas con la memoria histórica.

Tras destacar que el relator especial de Naciones Unidas que se encarga de estos temas en su última visita a España pudo conocer de "primera mano" las labores del Gobierno en esta materia, recuerda que entre 2006 y 2011 se destinaron a labores de exhumación más de 25 millones de euros, de los cuales 8,2 millones, el 39,65%, se han dedicado a la localización de fosas. En el Mapa de Fosas figuran ahora un total de 2.382 enterramientos, con la localización e identificación de 45.134 víctimas.

Se atienden las llamadas

En el escrito, el Gobierno apunta, además, que dentro de la aplicación normal de la "legalidad vigente en materia de memoria histórica", el Ministerio de Justicia atiende las consultas que le hacen ciudadanos y asociaciones y que éstas han disminuido considerablemente de las 10.000 anuales en los años inmediatamente posteriores a la aprobación de la ley a las 1.316 que se recibieron en 2013.

El Ejecutivo también sigue participando en la Comisión para el reconocimiento de ayudas a Ex Presos Sociales, residenciada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y, hasta la fecha, ya se han reconocido más de 100 pensiones de este tipo para personas que por su condición de homosexuales sufrieron prisión en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social.

Justicia también sigue "cursando, estudiando y expidiendo con total normalidad" declaraciones de reparación para víctimas de la guerra y la dictadura, que suman ya un total de 1.655, 301 de las cuales han sido entregadas bajo Gobierno del PP.

Acorde al "derecho a recordar" que proclama la ONU

"La expedición de estas declaraciones, de alto valor moral, reparador y sentimental, no hace sino mostrar de nuevo el compromiso del Gobierno y del Ministerio de Justicia con el desarrollo de la ley 52/2007, y con el derecho a recordar que asentó Naciones Unidas", recalcó el Ejecutivo en su escrito a Llamazares.

Asimismo, Justicia ha lanzado la base de datos de españoles fallecidos en los campos de concentración nazis, donde se recoge información sobre unos 4.400 compatriotas

Y, por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores aprobó hasta 2011, cuando finalizó el plazo previsto para solicitarlas, más del 90% del medio millón de solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen al amparo de esta ley.

"Con todas estas actividades, el Gobierno muestra su apoyo a todos cuantos han padecido las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura, así como a sus familiares. Un apoyo que es económico y moral, en línea con las previsiones legales de la Ley de Memoria y de los principios generales sobre Derechos Humanos y recuperación de la memoria histórica y democrática que asientan diversas declaraciones de organismos europeos e internacionales de los que España forma parte", recalca el Gobierno.

En esta línea, garantiza que "para el año 2015, se seguirán destinando las asignaciones necesarias para el desarrollo de todas estas actividades".

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso se declaró este viernes "indignado" ante el balance del año que realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que acusó de "sobreactuar" con los datos positivos en materia económica y al que recriminó que haya "tomado el pelo a los españoles" como si les estuviera gastando una "inocentada". También arremetió contra él por echar mano del recurso del "miedo" al identificar bipartidismo con estabilidad.

"El presidente se ha adelantado dos días, ha parecido una comparecencia más propia del día 28 de diciembre que del día 26", comentó en rueda de prensa en el Congreso el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural y coordinador de la Presidencia de IU, José Luis Centella, informa Europa Press

Desde su punto de vista, con las cifras en la mano "no hay margen para el optimismo" del que, a su juicio, hizo gala el jefe del Ejecutivo, al que retó a protagonizar un pleno monográfico sobre la situación económica en el Congreso que sirva para contrastar las buenas cifras a las que recurrió Rajoy en su intervención en Moncloa.

Tras señalar que ahora hay más parados que cuando Rajoy llegó al Gobierno, que aun así hay menos personas cobrando la prestación por desempleo y que, encima, ésta es menor, Centella enmarcó las afirmaciones de Rajoy en el inicio de la campaña electoral y criticó por escasa la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el incremento de las pensiones.

Un "sarcasmo" y un "insulto"

Para Centella, subir el SMI 3 euros al mes y las pensiones un 0,25%, "un sarcasmo" y una medida "patética y ofensiva" con la que se "insulta" y agrede a la "dignidad" de los españoles. "Uno de los logros de Rajoy es que ahora en España tener un sueldo no es garantía de poder vivir", añadió.

Según su análisis, el presidente está "alegre" porque está "cumpliendo con su papel y obteniendo objetivos": Instaurar un modelo de sociedad "neoliberal" sin servicios públicos y con la sociedad "amordazada". Por eso, Izquierda Plural exige que 2015 sea "el año de la gran rectificación" y garantiza que será el de "la gran confrontación electoral y social".

El "miedo" del bipartidismo

Centella también cargó contra el jefe del Gobierno por identificar bipartidismo con estabilidad, progreso y bienestar y atribuyó esta afirmación de Rajoy al "miedo". "A estas alturas ligar bipartidismo a estabilidad, cuando la sociedad española ha salido a la calle a denunciar que el bipartidismo lo único que ha conseguido es ir degradando la vida política y democrática, es un último recurso al miedo", advirtió. "Es el último recurso al miedo frente a quienes llevamos años diciendo que el bipartidismo es una losa y una mordaza para la democracia", replicó, incidiendo en que ya no es la hora de "la alternancia", sino de "la alternativa".

Por último, censuró a Rajoy por "alardear" de haber sido contundente contra la corrupción. "Nos indigna", confesó, recordando que el PP se ha negado a que el Congreso investigue la corrupción de todos los partidos durante la última década, como ha propuesto la Izquierda Plural. "Nos promete regenerar la vida política y nos da la ley mordaza, nos promete más transparencia y nos ofrece una ley de punto final", se lamentó Centella.

En la próxima legislatura, si no gobierna el PP de nuevo (y si se llega a tiempo), la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) no reabrirá. Porque a eso se va a comprometer la mayor parte de la oposición en un manifiesto que se presentará este jueves por la mañana en la Sala Martínez Noval del Congreso.

La declaración comenzó a gestarse el pasado octubre, a iniciativa del PSOE y de Equo. En un encuentro entre ambos partidos, se propusieron "aunar voluntades", redactar un texto para ratificar la promesa de no permitir que la planta burgalesa vuelva a operar y atraer al resto de grupos. Poco a poco se fue dando forma a un documento al que se han ido adhiriendo Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Coalición Canaria, Amaiur, ERC, BNG, y Geroa Bai. O sea, todos menos PP, UPyD, CiU y, dentro del Mixto, UPN y Foro Asturias. 

"Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha la central nuclear de Garoña. Por ello nos comprometemos a no reabrirla, si en el año 2015 llegamos a formar parte del Gobierno de la nación, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un período de transición hacia ese nuevo modelo energético", sanciona el texto. 

El documento comienza recordando que Garoña se inauguró en 1971 y es la central más antigua del parque nuclear español, que ya ha cumplido los 40 años de vida y que es "el momento" de desmantelarla. Por varias razones. Primero, porque es "innecesaria" desde el punto de vista energético ya que no ha habido "ningún problema de abastecimiento" desde que dejó de operar, en diciembre de 2012. Dos, porque presenta "graves déficits de seguridad" y es "gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima", la que sufrió la explosión en marzo de 2011 después de un terremoto y un tsunami. 

El Gobierno de Mariano Rajoy y la empresa propietaria, Nuclenor –participada al 50% por Endesa e Iberdrola–, "están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente". 

Permiso para operar 17 años más

El pasado 26 de noviembre, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el voto contrario de la consejera socialista Cristina Narbona, aprobó una serie de inspecciones en la vasija del reactor y de otros elementos de la central burgalesa. En la reunión se trató la retirada transitoria de las compuertas entre la piscina de almacenamiento de combustible gastado y la cavidad del reactor, y la revisión del estudio de seguridad en parada. Puntos necesarios para evaluar la seguridad de la planta y la solicitud de renovación del permiso de explotación de Garoña, que ha pedido operar 17 años más. 

"El Gobierno –dice el manifiesto– está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años. Por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña, hasta completar esos 60 años. Reclamamos que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP para reabrir Garoña no presuponga la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre".

Tras subrayar el compromiso de no reabrir la planta, los firmantes señalan que el cierre de la misma debe acompañarse de un "plan de reactivación económica de la zona" y de dinamización de la comarca "alrededor de alternativas productivas, sostenibles, limpias y seguras, incrementando la competitividad de la economía local y mejorando las condiciones sociolaborales de aquellos ciudadanos que se vean directa o indirectamente afectados por la decisión". 

Satisfacción de los impulsores

Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad de la ejecutiva socialista de Pedro Sánchez, y Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo, se mostraban ayer miércoles satisfechos con el acuerdo alcanzado y el nivel de apoyo logrado. UPyD se desmarcó porque "no está de acuerdo con que se hable de una central concreta", según Lucio, y CiU no rechaza la energía nuclear. El PNV propondrá "una pequeña modificación", pero lo suscribe, y como recordaban fuentes del partido, el grupo ha hecho "muchas iniciativas" en el Congreso (preguntas orales en pleno, por escrito, proposiciones no de ley...) pidiendo el cierre definitivo de Garoña desde hace mucho tiempo, incluida esta legislatura. 

Con la planta burgalesa "se juega el alargamiento de la vida de las nucleares", incidía López de Uralde, en conversación con este diario. "Quieren prolongar 17 años la vida de Garoña para llegar así a los 60 años, al máximo de vida útil, y hacerlo de golpe, cuando ni siquiera todos los consejeros del CSN están de acuerdo", completó Lucio. 

El Gobierno, en una respuesta al diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, señaló que la actual legislación –el real decreto 1836/1999– no limita a diez años la autorización de renovación a una nuclear. Nuclenor presentó a Industria su solicitud el 27 de mayo para poder operar hasta 2031, que fue trasladada al CSN para su evaluación y correspondiente informe "preceptivo y vinculante". Y agregó que la empresa justificó su solicitud de 17 años porque ese marco temporal "le proporcionaría la estabilidad y certidumbre necesarias para acometer las inversiones para la explotación segura y fiable de la instalación". 

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* Esta información fue modificada a las 12 horas del jueves 18 de diciembre de 2014 para incluir, dentro del pacto contra la reapertura de Garoña, a ERC, formación que por error no fue incorporada en una primera versión. Los firmantes, pues, son PSOE, Compromís-Equo, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Amaiur, ERC, Coalición Canaria, BNG y Geroa Bai. dentro del pacto contra la reapertura de GaroñaERCNueve en total. 

Frialdad. La propuesta del PSOE de crear una subcomisión en el Congreso para debatir sobre la reforma constitucional fue acogida con un rotundo rechazo por parte del Gobierno y del PP –y, por tanto, ya está abocada al fracaso– y con muchas reservas por la mayor parte del arco parlamentario, salvo Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo, que sí prestaron un apoyo entusiasta. No hubo sorpresa en las filas socialistas. Sí confianza en que, cuando llegue el momento de votar la iniciativa, algunos grupos más la apoyarán. Y tratarán incluso de convencer al presidente del Gobierno de que salga de su "inmovilismo perpetuo". 

Pedro Sánchez, acompañado de los miembros de su ejecutiva Antonio Pradas y Meritxell Batet, llevó ayer jueves al registro de la Cámara baja la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional con el objetivo de renovar el modelo de convivencia territorial (y recomponer así los "consensos rotos"), blindar los derechos sociales y ciudadanos e introducir medidas de regeneración democrática. Antes de hacerlo, el secretario general de los socialistas telefoneó a Mariano Rajoy para informarle de que iba a presentar la iniciativa, sin más demora. El jefe del Ejecutivo le respondió sin rodeos: no y no. No a poner en marcha un foro de estudio en el Congreso, no a las propuestas de carácter unilateral. No hay "demanda social", "no es oportuno ni necesario", no se puede "frivolizar" sobre un tema "serio" como es el marco de convivencia pactado en 1978, dijo textualmente José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular. Un "disparate" que Sánchez quiera abrir la Constitución sin "saber a dónde se va y con quién se va", censuró a su vez el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas. "Abramos el debate, sólo pedimos que se abra el debate", imploró el secretario general ante los medios.

Del PP depende, por descontado, el éxito de la iniciativa. Una vez registrada en la Cámara, debe calificarla la Mesa, y lo hará previsiblemente el próximo martes. El órgano de gobierno del Congreso, siguiendo una resolución de junio de 1996, enviará la propuesta a la Comisión Constitucional. Esta debe incluirla en el orden del día, y eso no ocurrirá, con toda seguridad, antes de febrero, ya que se ha cerrado la programación de la próxima sesión, el 10 de diciembre. Fijada la fecha, habrá debate. Cada grupo presente en la comisión –PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV y los representantes del Mixto (Amaiur y ERC)– deberá pronunciarse y emitir su voto. Sólo en caso de pasar este trámite, la iniciativa llegaría al pleno, donde se aprobaría sin discusión previa. Pero lo esperable, dada la salida en tromba del Gobierno y del PP, es que la petición se frene y muera en la comisión. 

IU: dudas sobre la "credibilidad" y paso "insuficiente"

No sólo el PP despreció el paso dado por Sánchez. También IU, UPyD y ERC cargaron contra los socialistas, mientras que CiU vio "positivo" que se pueda debatir sobre una reforma de la Carta Magna. "Las grandes contradicciones" del PSOE cuando estuvo en el Gobierno y en la oposición "le quitan mucha credibilidad", dijo Cayo Lara desde Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). El coordinador de IU y presidente de Izquierda Plural, como en otras ocasiones, dio no obstante la "bienvenida" a lo que sean "medidas positivas". También se preguntó "cuál es la reforma" de la Ley Fundamental que plantea el PSOE, y "qué Estado federal quiere".

"A nosotros nos parece insuficiente. Se queda corta la propuesta de subcomisión –añadió a este diario el portavoz del grupo, José Luis Centella–. Queremos ir a algo más profundo, a un proceso constituyente. No queremos partir del entramado constitucional existente para reformarlo, como quiere el PSOE, sino construir una nueva Carta Magna de forma abierta y participativa". ¿No es pertinente siquiera abrir el debate? "No estamos en el posibilismo. Todos juegan un poco de farol porque saben que no se va a hacer. No obstante, no tenemos decidido qué votaremos. Eso lo tenemos que analizar en el grupo". 

Rosa Díez, portavoz de UPyD, tachó la iniciativa socialista de "un pelín propagandística", porque cuando se pide crear una subcomisión se hace sobre la base de un acuerdo político previo. Así que si Sánchez lanza la idea, siguió, es para "aparentar públicamente" que está por cambiar la Carta Magna. ¿Y qué votará la formación magenta? "Todavía no está decidido, es muy prematuro", contestaron fuentes oficiales. 

CiU, Amaiur y ERC, en el proceso soberanista

El sentido del voto tampoco lo tiene claro CiU. No obstante, su portavoz en la Comisión Constitucional, Montse Surroca, aprobó el gesto del secretario general. "Podría significar un cierto diálogo y un debate sobre una cuestión importante", ya que la Ley Fundamental "es reformable y sería necesaria en diferentes aspectos". La federación nacionalista, sin embargo, se sitúa "en otro escenario", el proceso soberanista, que va "más allá" de una modificación en la Carta Magna. “Ante el inmovilismo del PP al que estamos acostumbrados, tampoco podemos ser excesivamente optimistas sobre esta posibilidad de diálogo", aseguró desde Barcelona Surroca, que pertenece a Unió. 

El PNV no ha fijado postura aún y quiere examinar con detenimiento el escrito del PSOE, según fuentes del grupo en el Congreso. Su portavoz, Aitor Esteban, eludió pronunciarse. 

Desde Amaiur, su diputado Xabier Mikel Errekondo encajó la propuesta en un "contexto de máxima rivalidad entre PSOE y PP". Los socialistas, aseguró, necesitan "visualizar como sea un mínimo de iniciativa política". "En lo que nos respecta a nosotros, ya hemos dicho que cualquier cambio que pueda ser avalado por nuestra coalición o por el movimiento soberanista vasco pasa por que se reconozca el derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Todo lo demás sería más de lo mismo. O sea, prolongar el déficit democrático del actual marco autonómico", remachó. ¿Y qué votará Amaiur? Igual respuesta: no hay nada decidido. "Se verá cuando llegue el momento. Ahora bien, no nos hemos opuesto a que se cree ningún foro que permita dialogar, aunque ello no quiere decir que votemos a favor. No es nuestra batalla".

Amaiur es la cabeza del Grupo Mixto, al disponer de siete diputados. Y con silla en la Comisión Constitucional, igual que ERC. "No nos toca impulsar ningún tipo de reforma de la Constitución española. Nuestro objetivo es tener una Constitución propia –señaló a este periódico su portavoz en la Cámara baja, Alfred Bosch–. A pesar de ello no nos parece mal que los españoles quieran mejorar sus normas pero nuestro objetivo es dotarnos, como catalanes, de propias. Si el objetivo de la reforma es buscar el encaje de Cataluña en España, le decimos al PSOE que llegan tarde". 

Oramas (CC): "Negarse me parece ilógico"

Aunque ninguna otra formación integrante del Mixto tiene asiento en la Comisión Constitucional, infoLibre preguntó a los representantes de BNG, Coalición Canaria, Compromís-Equo, Unión del Pueblo Navarro y Geroa Bai. Sólo en los tres primeros casos apoyan con entusiasmo la solicitud de Sánchez. "Aunque no compartimos la propuesta de reforma del PSOE, sí que estamos a favor de que se abra el debate y se cree una subcomisión, de que se parta del diálogo", señalaba la nacionalista gallega Olaia Fernández Davila. "¿Por qué no se va a poder discutir? –se preguntó Ana Oramas, portavoz de CC–. Hay una demanda de la ciudadanía, y hay muchísimas cosas para reformar. Podemos hacerlo sin prisas, sin calendario, justo lo contrario de lo que ocurrió con el artículo 135 [en 2011, pactado sólo por conservadores y socialistas]. Además, hay una nueva generación de políticos en casi todos los partidos. Debatamos. Negarse me parece ilógico, pero yo creo que unos se miran a otros, están en clave electoral, marcando territorio, y no oyen lo que dice la sociedad, ni los jueces". Joan Baldoví, de Compromís-Equo, cree asimismo que "hay que abrir la discusión".

Uxue Barkos, de Geroa Bai, cree que cualquier reforma ha de partir del cambio del 135 –cuya modificación Sánchez calificó de "error"– y no ve "rumbo" ni "definición" en la iniciativa socialista. Barkos es este mes portavoz rotatoria del Mixto, pero no adelanta qué votaría porque no le tocará pronunciarse en la comisión. Carlos Salvador, de UPN, duda "mucho" de que apoyara al PSOE, porque "no hay acuerdo previo" con el Gobierno y "no se sabe para qué se abre la caja de Pandora". "El PSOE es una caja de sorpresas. Abres la subcomisión hoy y ¿quién será su líder en junio, si hay una debacle en las autonómicas y municipales?". 

En la dirección del Grupo Socialista se percibió "normal" la reacción de los grupos. "Cada uno está a su rollo, y nunca aplauden al PSOE, pero veremos qué ocurre el día que haya que votar, porque todos están por reformar la Constitución, aunque cada uno defienda su modelo". "No entendemos que no se quiera debatir. A lo mejor les hemos pillado a contrapié –agregaban fuentes próximas a Sánchez–. Serán políticos de corta mirada, y puede haber electoralismo en ellos. Pero hay que tener altura de miras. Lo que queremos es que se debata, nada más, no que compartan nuestra propuesta". A Ferraz no le ha "sorprendido" tampoco la negativa tajante de Rajoy y del PP, dado el "inmovilismo perpetuo" del Ejecutivo. "Pero hay una necesidad urgente. Y vamos a trabajar para que cambie de postura". No parece factible, pero el PSOE no quiere tirar (aún) la toalla.

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 *Este texto se modificó a las 12 horas del 5 de diciembre de 2014 para incluir, entre los grupos que apoyan la propuesta socialista, al diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví.diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan BaldovíJoan Baldoví

Los portavoces parlamentarios de IU e ICV en el debate sobre corrupción de este jueves en el pleno del Congreso, Cayo Lara y Joan Coscubiela, exigieron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente su dimisión y convoque elecciones generales anticipadas porque no tiene "autoridad ni credibilidad" para liderar la regeneración democrática que requiere el país.

"Señor Rajoy, un poquito de por favor", comenzó el coordinador de IU su intervención, reprochando al presidente que no haya adoptado ninguna medida para combatir la corrupción durante sus tres primeros años de mandato, cuando "ya existía Gürtel, la caja B del PP y los sobres en la calle GénovaGürtel".

Y mientras, censuró que Rajoy se dedicaba a "hacer loas" a dirigentes como Francisco Camps, Carlos Fabra, Jaume Matas o Luis Bárcenas, hoy implicados o condenados por diversos casos de corrupción. "¿Quién va a asumir en el PP la responsabilidad política de haber sido partícipe a título lucrativo?, ¿la secretaria general?, ¿el presidente?", preguntó sobre el último auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la financiación B del PP y que además ha provocado la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Para el líder de IU y presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyos diputados habían despedido la primera intervención de Rajoy coreando la palabra "¡Dimisión!", la corrupción es "un arma de destrucción masiva para la democracia". Y mientras, el Gobierno hace "cantos" a la regeneración democrática, la transparencia y el buen gobierno, ha denunciado. "¿Han pensado que los ciudadanos de este país somos idiotas?, ¿nos quieren tomar el pelo?", denunció.

Medidas cosméticas

En este punto, reprochó al PP haber rechazado durante los últimos meses en el Congreso numerosas iniciativas que tenían el objetivo de combatir la corrupción y concluyó que, en realidad, los conservadores no tienen "ninguna voluntad" de hacerlo. "Pretenden no hacer nada y que la gente se tranquilice con alguna medida cosmética", recriminó, insistiendo en que ni el Gobierno no el PP tiene "autoridad moral ni credibilidad" para plantear este debate.

Lara criticó también que el Ejecutivo haya tratado de "treatralizar" un "supuesto consenso" sobre regeneración democrática y advirtió de que "el movimiento se demuestra andando". "La regeneración democrática necesita la transparencia como las plantas necesitan el agua", defendió, poniendo como ejemplo el acuerdo adoptado sobre los viajes de los diputados y senadores, que a su juicio no soluciona el debate abierto.

Según reconoció, existe "una especie de estado de sospecha" que lleva a preguntarse quién será el siguiente salpicado por un escándalo de corrupción y que tiene su origen, a su juicio, en que en España ha existido durante muchos años un sistema "complaciente" con los corruptos.

Para demostrar su voluntad de poner fin a este problema, Cayo Lara presentó de nuevo el paquete de 45 medidas contra la corrupción presentado por la Izquierda Plural en el Parlamento y que ha reproducido en forma de enmiendas a los dos proyectos de ley que se debaten este jueves: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos –que modifica la Ley de Partidos, la Ley de Financiación de Partidos y la del Tribunal de Cuentas–, y la ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado.

En sus propuestas, la Izquierda Plural critica que la reforma de la Ley de Partidos plasme una visión "negativa" en la gestión de los fondos públicos que perciben y poniendo "bajo sospecha" a los mismos "de forma generalizada", que no contemple la participación ciudadana en la vida pública de los partidos y que no se aborde en profundidad una reforma del Tribunal de Cuentas.

Sobre la norma que regula los Alto Cargos, IU-ICV-CHA censura, entre otros asuntos, que se excluya a los miembros de la Casa Real o del Banco de España, que no introduzca cambios significativos en el régimen retributivo, y que no regule las puertas giratorias ni el régimen de dedicación exclusiva. Sobre este asunto, Lara fue muy crítico con las actividades en empresas privadas de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, aunque ironizó sobre su situación: "Igual no llegan los pobres a final de mes".

Rajoy, "el míster X de la corrupción"

También el diputado de ICV pidió a Rajoy –"el míster X de la corrupción"– que dimita y convoque elecciones. "Por una vez, adelántese a los problemas y asuma que no es el adecuado para seguir en el cargo", espetó al presidente, avisándole de que, en caso contrario, los ciudadanos "se lo harán pagar tan pronto como puedan".

Coscubiela lamentó la "mala costumbre" del presidente de no afrontar los problemas "hasta que le explotan en la cara" y avisó de que la corrupción es "algo más importante" que para resolverse "simplemente" con "un acto de contrición", como cree que trató de zanjar el asunto el jefe del Ejecutivo en su comparecencia parlamentaria de agosto de 2013 en la que reconoció haberse equivocado al confiar en el extesorero del PP Luis Bárcenas. Y aunque reconoció que la corrupción no es sólo un problema del PP ni de la política, reprochó a Rajoy no haber hecho nada "para evitarlo". "Los cambios legales son necesarios, pero por favor no engañe a los ciudadanos, los problemas no son sólo más leyes ni tipos penales más duros", defendió, incidiendo en la necesidad de dotar de más medios a la justicia.

Para Coscubiela, Rajoy se ha convertido "en el principal factor de riesgo para la economía del país" porque la corrupción "afecta a las bases de la economía" y "no está en condiciones de encarar esta lacra social porque está atrapado en su propia tela de araña". "Lleva mucho tiempo en el epicentro de la corrupción de este país", reprochó.

A José Luis Rodríguez Zapatero (y a varios miembros de su Gobierno) no le ha sentado nada bien que Pedro Sánchez decidiese impugnar una de las medidas más controvertidas de su gestión, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Públicamente, el expresidente aseguró que pondría "una sonrisa" tras el anuncio del secretario general del PSOE de votar a favor de que el pleno del Congreso admitiese a trámite la propuesta de cambio de la Carta Magna, pero en privado, según su entorno más cercano, el malestar es muy patente. El exjefe del Ejecutivo no entiende que Sánchez haya determinado atacar la reforma del techo de gasto cuando él mismo participó en agosto de 2011 "en las reuniones donde se redactó la reforma del artículo 135". Fuentes próximas a Sánchez precisan, en declaraciones a infoLibre, que el hoy líder socialista estuvo "presente" en aquellas reuniones entre el Gobierno y el PSOE, aunque siempre "como testigo, como espectador", no como "redactor" del nuevo 135. 

Sánchez anunció el giro estratégico del PSOE en la noche del lunes, en la Escuela Julián Besteiro. Reconoció que él votó a favor del retoque de la Constitución, y que incluso lo defendió en público con vehemencia, pero con el tiempo se vio que ese pacto fue una equivocación. "El partido está dispuesto a reconocer y corregir ese error", dijo. Tanto porque se hizo "sin el refrendo de los españoles" –no se permitió un referéndum, pese a las peticiones de varios grupos de la Cámara– como porque el PP utilizó ese artículo, el 135, el que consagraba el equilibrio presupuestario e imponía un corsé al déficit y a la deuda, y la ley orgánica posterior para "justificar y amparar legalmente recortes en sanidad, en educación y en el sistema público de pensiones".

Ayer mismo, el secretario general insistía en su argumentación: asumió el error como "propio", porque entonces creyó que se estaba "evitando un rescate" y "defendiendo los intereses generales" de España. Pero de ese fallo el PSOE debe "aprender". "Rectificar es de sabios", señaló en rueda de prensa. Sánchez desveló que el lunes habló con Zapatero para "explicarle cuál era la posición" adoptada por la ejecutiva federal y él lo había "respetado". El líder replicó además a las abundantes críticas del PP, diciéndole que su partido pretende "completar" y no "derogar" el artículo 135 de la Constitución, porque esta reforma que impulsó el último Gobierno socialista sirvió para "amparar" los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata, dijo, de garantizar la estabilidad presupuestaria pero "blindando" la financiación de la educación y la sanidad públicas y las pensiones.

Pero, ¿cuál fue la participación de Sánchez en la reforma constitucional? ¿Cómo fue la gestación de ese nuevo artículo?

Zapatero anunció por sorpresa su voluntad de modificar la Constitución para introducir la regla de oro de estabilidad presupuestaria el 23 de agosto de 2011. Previamente había adelantado sus intenciones a Mariano Rajoy, y había palpado que había una posibilidad real de acuerdo. El expresidente quería enviar a los mercados, muy inestables en aquel mes, el mensaje de que España cumpliría con sus compromisos de solvencia financiera. La presión de la Unión Europea fue enorme. Lo que no se conoció en aquel momento fue que la amenaza le había llegado a través del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. El exmandatario, según contó él mismo al salir de la Moncloa y publicar sus memorias, pensó que fijar un techo de gasto podría "ayudar" a no aprobar más recortes y sí proyectar la imagen de "confianza" y de consenso entre los dos grandes partidos, aun a riesgo de que el PSOE pagase en las urnas la decisión.

Tensión entre Rubalcaba y Zapatero

El exjefe del Ejecutivo delegó en Alfredo Pérez Rubalcaba, ya investido como candidato electoral en los comicios del 20 de noviembre, la negociación del texto. Este mostró sus discrepancias por el contenido y por las formas, porque el PSOE se encontró con la reforma sin esperárselo. Consideró el anuncio de Zapatero como un torpedo en su campaña. "Yo no lo hubiera hecho así, habría consultado con el partido", le trasladó. Entre los adversarios a Rubalcaba dentro del PSOE está extendida la idea de que utilizó esa reforma de la Constitución "para justificar una derrota electoral que él sabía que se iba a producir de todas formas".

En las inmediatas horas siguientes se desplegó la negociación. En dos ámbitos, entre el Gobierno y el PSOE y entre el PSOE y el PP. El acuerdo final entre los dos partidos fue alcanzado a la una de la madrugada del 26 de agosto. En menos de 48 horas. 

Desde el entorno de Zapatero recordaban este martes a infoLibre que, en Ferraz, el equipo negociador estaba compuesto por varios dirigentes de la Moncloa y del partido, y que de él formaba parte Sánchez. En concreto, como emisarios del Ejecutivo se sentaron José Enrique Serrano y José Miguel Vidal Zapatero, director y director adjunto de Gabinete de Zapatero. Y, como delegación del PSOE, Rubalcaba y su directora de campaña, Elena Valenciano, y los tres economistas elegidos por el candidato: Pedro Sánchez, Juan Moscoso y Carlos Mulas-Granados. Los encuentros de este grupo fueron previos a la firma del pacto con los conservadores. De hecho, las conversaciones con el PP descansaron en otros interlocutores socialistas: los diputados José Antonio Alonso (el entonces portavoz del grupo), Francisco Fernández Marugán y José María Txiki Benegas. 

"Pánico a Podemos"

Fuentes próximas al actual líder del PSOE matizan esa versión. Sánchez, subrayan, era diputado en el Congreso y miembro del Comité Electoral de Rubalcaba. Y, como tal, estuvo "presente" en las reuniones, pero siempre como "espectador", como "testigo", "nunca como redactor". Su círculo más estrecho insistía este martes a este diario en que el enlace con el partido se hizo en aquellas críticas horas a través del candidato, Rubalcaba, y que por tanto Sánchez "no participó en la negociación ni con el PP ni con el Gobierno". 

Uno de los protagonistas de aquellos días, consultado por este periódico, validaba la versión del actual secretario general, y no recordaba que estuviera en los fogones de aquel pacto: "Él estaría porque formaba parte del equipo de Alfredo, y era uno de los hombres de José Blanco, Antonio Hernando, Óscar López... Pero si estuvo, desde luego no tuvo un papel relevante". El peso del diálogo, según esta fuente, recaía en Rubalcaba (con la Moncloa), Serrano, Mulas-Granados (exdirector de la fundación Ideas), y Moscoso, equipo que a su vez mantenía contactos constantes con el Ministerio de Economía y Hacienda. Tanto con su titular, Elena Salgado, como con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Estos, a su vez, eran los interlocutores de Bruselas. Una de las aportaciones que salieron de estas reuniones con el Gobierno fue la inclusión de una excepción a la regla: que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda sólo podrían ser superados en caso de catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinaria que "escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado", siempre que así lo certifique la mayoría absoluta del Congreso. 

Sánchez, no obstante, sí defendió la medida aquellos días, en su cuenta de Twitter, en artículos de opinión, en entrevistas en medios de comunicación y en las reuniones del Grupo Socialista, junto con compañeros como Jesús Caldera, Fernando Moraleda o Antonio Hurtado. Todos se posicionaron del lado de Rubalcaba, y frente a los críticos con el procedimiento exprés elegido por Zapatero, en el último suspiro de la legislatura y sin referéndum.

Zapatero, según sus colaboradores, no comprende por qué el secretario general ha decidido dar tal portazo al pasado. Lo atribuye al "pánico a Podemos", formación a la que algunas encuestas sitúan como vencedora en las generales, frente a un PSOE que no acaba de remontar pese al relevo en su liderazgo. Estas fuentes argumentaron que el 135 no ha dado vía libre a los ajustes, porque en Andalucía o en Asturias, comunidades gobernadas por los socialistas, "no se han aprobado los recortes brutales que el PP ha aplicado en el Estado o en otras autonomías". Antonio Pradas, el diputado socialista que este martes defendió la nueva posición del partido en el Congreso (y miembro de la ejecutiva federal, hombre de la confianza de Susana Díaz), insertó ese argumento: "En la Comunidad Valenciana, en Madrid… el PP ha llevado a cabo una política sistemática de recortes en derechos sociales y de privatizaciones mucho antes de agosto de 2011. Para ello no han necesitado el artículo 135 de la Constitución". 

Un tiempo de maduración

Fuentes de la actual dirección, no obstante, apuntan que el anuncio de Sánchez el lunes no fue una decisión de última hora, sino que llevaba madurándose semanas, y que era una pieza fundamental para reconciliarse con los votantes decepcionados con la gestión económica de los Gobiernos socialistas. Además, el giro no es estrictamente nuevo. Ya en julio de 2013, cuando Rubalcaba y los barones pactaron la Declaración de Granada, se incluyó la necesidad de incorporar a la Constitución lo que se llamó un artículo 135 bis, por el que se consagrase la "estabilidad social", el sostenimiento del Estado del bienestar.

Aquella idea, sin embargo, no se llegó a materializar en ninguna iniciativa parlamentaria. Ahora sí. Además de votar ayer a favor de la toma en consideración de la proposición de Izquierda Plural, el PSOE presentará su propio texto a principios del próximo periodo de sesiones, en febrero, en el que aparte de asumir el principio de "estabilidad presupuestaria", se blinden también los derechos básicos. La ejecutiva federal considera que no se responde a Podemos, sino a la coyuntura en sí, y a la necesidad de imprimir un nuevo rumbo al partido. Ya la semana pasada, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, número dos de Susana Díaz, aseguró que la reforma de la Carta Magna debería incluir la revisión del 135, porque fue "un gran error" que no se volvería a "cometer". 

"No sé cómo decirlo más veces –esgrimía Sánchez ante los periodistas este martes–. Parece que ustedes están más obsesionados que ningún otro con Podemos. El PSOE tiene su propio camino y tiene un espacio amplio que es el de la socialdemocracia en España. Para ocupar el espacio del PSOE hay que ser el PSOE". La dirección trabaja, sostuvo, para "recuperar la credibilidad perdida", apostando por "medidas audaces y con coraje", "reconociendo errores" y planteando alternativas. 

Sánchez, no obstante, cosechó abundantes críticas de dentro y fuera de sus filas. Exministros de Zapatero como Manuel Chaves o Valeriano Gómez cuestionaron el paso porque entendían que no se podía renegar del pasado. El PP achacó el vuelco al "síndrome de la coleta" (o sea, el ascenso de Podemos), y el Gobierno lo calificó de "populista". IU lo tachó de "oportunismo" y de viraje "sorprendente" y UPyD cuestionó la política de "alharacas" del secretario general. 

El PP rechazó en solitario este martes tramitar en el Congreso la propuesta de Izquierda Plural y del Grupo Mixto para replantearse la reforma constitucional que promovió el Gobierno socialista en sus últimas semanas del verano de 2011 con el fin de consagrar el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, y centró sus críticas en los socialistas por haber cambiado de opinión después de estos años, lo que atribuye a un "síndrome de la coleta" por el ascenso de Podemos.

En concreto, el texto da una nueva redacción del artículo 135 para autorizar al Gobierno "por ley para emitir deuda pública o contraer crédito" y dejar claro que "los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión".

En paralelo, la reforma que propugnan IU-ICV y el Mixto da "prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto" al pago "de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales" y obliga a derogar todas las leyes derivadas de ese artículo, y en particular la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó después el Gobierno de Mariano Rajoy.

La proposición de ley fue rechazada por 139 votos a favor (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Mixto), 173 en contra (PP y Unión del Pueblo Navarro) y 13 abstenciones, las de CiU. 

"De rodillas ante los mercados"

La iniciativa fue defendida por el portavoz económico de Izquierda Plural, Alberto Garzón, candidato a ser el cartel electoral de IU en las próximas generales, quien considera que España ha vivido en los últimos años un proceso "destituyente" del Estado social que culminó con ese artículo 135 que "da la vuelta" a la Constitución porque prioriza el pago de la deuda frente a las políticas sociales.

Garzón cree que el Gobierno del PSOE se puso entonces "de rodillas" ante los mercados y se alegra de que ahora la nueva dirección socialista acepte corregirlo, aunque haya sido después de tres años defendiendo el pacto de 2011. Eso sí, quiso dejar claro que, aunque la corrección de ese artículo es una condición necesaria, no es lo único que hay que hacer pues hay que rectificar también otras medidas adoptadas en nombre de ese artículo. "Estamos ante un puñal clavado después de muchas otras heridas", resumió.

También la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, justificó la iniciativa alegando que los años transcurridos han demostrado que no era verdad que se necesitaba esa reforma constitucional para salir de la crisis. "Los hechos nos han dado la razón", ha dicho. Más allá fue el diputado de Esquerra (ERC), Joan Tardà, quien dio al PSOE la bienvenida a la rectificación, pero instó a los socialistas a pedir perdón y a compensar los daños cauisados. "Centraron una pelota magnífica para que el PP rematara la faena", se lamentó.

La reforma fue avalada por el PNV, que en 2011 ya votó en contra del artículo 135. Su portavoz económico, Pedro Azpiazu, mostró reparos al contenido de la iniciativa de IU-ICV-CHA, pero acepta revisar las líneas rojas que introdujo el Gobierno de Zapatero. Eso sí, aprovechó para criticar la rectificación del PSOE, que en su opinión "sólo se entiende en clave electoral o porque miran por retrovisor a Podemos".

Irene Lozano, de UPyD, partido que también votó en contra de la reforma del 2011, sostiene que ese artículo 135 "dio cerrojazo al debate" porque impuso prioridades de gasto impidiendo hablar de los ingresos y de la conveniencia de una auténtica reforma fiscal.

CiU repite abstención

Desde CiU, Josep Sánchez Llibre criticó tanto la reforma constitucional que emprendieron en 2011 el PSOE y el PP, a quienes reprocha haber acabado con el consenso de 1978 e imponer unilateralmente cambios trascendentales "cuando les interesa", pero también cuestionó la redacción que ahora proponen Izquierda Plural y el Grupo Mixto, por lo que su grupo optó por la abstención.

El socialista andaluz Antonio Pradas quiso contextualizar los últimos meses de Gobierno del PSOE y justificó el intento de reafirmar la estabilidad presupuestaria a través de la Constitución, pues su partido no se opone a ese principio, ni cuestiona que la deuda pública haya que pagarla. Pero también admitió errores, como haber promovido la reforma de forma acelerada y sin referéndum, y aceptó cambiar la redacción del precepto constitucional porque, en su opinión, se ha convertido en un pretexto legal para los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. "El PP ha hecho el peor mal uso que se podía hacer de ese artículo", añadió.

Eso sí, repitió que la idea del PSOE es afrontar una reforma constitucional más amplia que no se limite a "maquillar" la Carta Magna sino resolver la cuestión territorial y consagrar los principios y pilares del Estado del bienestar.

"Donde dije digo, digo Diego"

El PP cerró el debate subrayando que todos los grupos han mantenido las posiciones de 2011 salvo el PSOE, que a su juicio "parece renegar" del presidente Zapatero y optó por "Donde dije digo, digo Diego".

Tras recordar lo que escribía el entonces diputado Pedro Sánchez en apoyo de la reforma constitucional de 2011, acusó a los socialistas de tratar de "romper con su pasado", y todo ello porque, en su opinión, "sufren el síndrome de la coleta", en alusión a Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Hernando aseguró que en estos años de Gobierno del PP se ha dado la vuelta a la situación económica y pidió a Izquierda Plural menos "eslóganes, pancartas y palabrerías", advirtiendo de que cambiar la estabilidad presupuestaria supondría romper con los socios de la UE, ser expulsados de la Eurocumbre y volver a ser "un problema para la UE".

Críticas por renegar del pasado

En la reunión celebrada este martes a puerta cerrada por el Grupo Socialista en el Congreso, por la mañana, antes del pleno, algunos diputados que formaron parte de los Gobiernos de Zapatero cuestionaron que ahora se reniegue del pasado e hicieron hincapié en que en aquellos momentos, de extrema dificultad económica, no había otra alternativa.

Según fuentes consultadas por Europa Press, entre estas voces está la del exministro y expresidente del PSOE Manuel Chaves, que criticó que ahora se venda que aquella reforma fue un error, cuando en realidad el Gobierno de Zapatero hizo lo que tenía que hacer para evitar un rescate financiero del país.

También respaldó esta tesis el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, quien lo ha explicado públicamente en declaraciones a los periodistas. A su juicio, el artículo 135 debe ser completado ampliando derechos, pero cree que el PSOE debería centrarse en reclamar la reforma de la posterior Ley de Estabilidad derivada de aquella reforma constitucional, que ya fue redactada por el Gobierno del PP.

Quienes pusieron reparos al reconocimiento de este "error" insistieron en que los recortes en sanidad y educación públicas no parten de ese articulado, sino de la Ley de Estabilidad y otras medidas que después desarrolló el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además de estas dudas, algunos diputados también cuestionaron la oportunidad de sumarse a la iniciativa de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto y lamentaron que los socialistas no hayan tomado la iniciativa en un asunto que ya venía debatiéndose desde hace meses en el seno del partido. De hecho, las críticas a esa reforma nacieron ya en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE.

El PSOE ha decidido votar a favor de que el pleno del Congreso de este martes tome en consideración una propuesta de Izquierda Pluraluna propuesta de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto para modificar el artículo 135 de la Constitución que PP y PSOE introdujeron en los últimos meses de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo anunció este lunes en la Escuela Julián Besteiro el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que en su momento apoyó esta reforma constitucionalreforma constitucional, pero que ahora asegura que debe ser matizada. "Mañana votaremos a favor de la toma en consideración", anunció Sánchez, que además aseguró que ya ha puesto a trabajar a un equipo de constitucionalistas para que el PSOE pueda estar "en condiciones de que la primera iniciativa parlamentaria" que presentará en el próximo periodo de sesiones sea una propuesta propia de modificación de este artículo para "blindar los derechos sociales", como la educación o la sanidad públicas.

Sánchez recalcó que el PSOE está "dispuesto a gobernar el cambio" y subrayó que esto exige "revisar y reconocer algunos de los errores" que ha podido cometer "en el pasado reciente". Y uno de estos "principales errores" que considera que los socialistas han cometido es la modificación del artículo 135 en el verano de 2011. "El PSOE está dispuesto a reconocer y corregir ese error", aseguró.

Brecha en el PSOE

La tramitación de aquella reforma urgente de la Constitución abrió la brecha en los socialistas, con algunos diputados votando en contra o ausentándose de la votación.

Uno de los críticos de entonces, Manuel de la Rocha, de Izquierda Socialista, se reincorporó hace unas semanas al Congreso. La polémica se revivió en las primarias de julio, cuando el candidato de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, añadió la derogación del artículo 135 en su programa, y después insistió reclamando a Pedro Sánchez que lo incluyera en su propuesta de reforma constitucional.

Además, el diputado guipuzcoano Odón Elorza presentó el pasado verano a la dirección del Grupo Socialista una propuesta para corregir aquella reforma constitucional, aunque todavía no ha recibido una respuesta concluyente.

Con esos antecedentes, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, aseguró hace una semana que la reforma de la Carta Magna que propugna el PSOE debe incluir, entre otras cuestiones, la revisión del citado precepto que, según ha dicho, fue "un gran error" que los socialistas no volverán "a cometer".

También el secretario de Organización del PSOE, César Luena, por su parte, comentó después que cuando se hizo aquella modificación exprés de la Carta Magna faltó "asegurar unos mínimos sociales". Según señaló, pese a ser "una decisión durísima", en aquellos momentos sólo había dos opciones, o que España fuera intervenida o hacer la reforma del artículo 135 y que el PSOE optó por la reforma de la Carta Magna. "Posiblemente eligieron mal", apostilló.

La propuesta de la Izquierda Plural

En este contexto, la Izquierda Plural, que votó en contra de aquella reforma y que siempre ha pedido derogarla, ha decidido incluir el debate de su iniciativa en el pleno del Congreso de este martes. El diputado Alberto Garzón será además quien la defienda, según indicaron a Europa Press fuentes de la federación.

La dirección del Grupo Socialista analizó este lunes por la tarde la posición de voto y finalmente se decantaron por apoyar la tramitación de la iniciativa liderada por IU porque, aunque no estén de acuerdo con todo su articulado, creen que ha llegado el momento de reabrir el debate del artículo 135. Sánchez hizo una crítica doble de la modificación de la Constitución promovida por el Gobierno de Zapatero, que salió adelante con el apoyo del PP. En primer lugar, porque la reforma se hizo sin el "refrendo de los españoles" y, en segundo, porque el PP "ha utilizado este artículo" después y la ley orgánica que desarrolló para "justificar y amparar legalmente recortes en sanidad, en educación y en el sistema público de pensiones".

El secretario general del PSOE subrayó que su partido no cuestiona el pago de la deuda pública, sino que quieren "blindar" la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones como "derechos fundamentales" en la Constitución.

Zapatero asegura que pondrá "una sonrisa"

El expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que pondrá "una sonrisa" al voto del PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución. Según Zapatero, "cada proyecto político tiene sus prioridades" por lo que asegura que apostó por reformar la constitución "convencido de que era conveniente para la estabilidad de España".

"Siempre pensé que era una reforma que podía suponer algún coste político e incomprensión política de algunos sectores", señaló Zapatero, que también apuntó que ahora quiere "ver un poco cómo es la reforma" propuesta.

La transparencia a medias sobre los viajes de diputados y senadores acordada por PP y PSOE parece satisfacer a los socialistas. Sólo un parlamentario, Manuel de la Rocha, protestó en voz alta en la reunión con su grupo, y dijo que el paso dado era "insuficiente", que se quedaba corto por no haberse pactado desglosar los desplazamientos individualizados de los políticos. Avisó incluso de que el gesto iba a ser interpretado como una forma de "opacidad". La dirección del grupo, que al principio no veía la necesidad de publicar la relación pormenorizada, reculó en el transcurso del día. Su portavoz, Antonio Hernando, anunció finalmente que los socialistas sí desgranarán los traslados de cada parlamentario fuera de su circunscripción. 

Este martes se hizo público el acuerdo definitivo al que habían llegado PP y PSOE para fiscalizar los viajes que pagan las Cámaras, tanto al lugar de residencia del diputado o senador, para acudir a los actos políticos de partido o en las delegaciones oficiales de las Cortes. En la resolución de la Presidencia del Congreso [consúltala aquí], que no ha sido apoyada por grupos como Izquierda Plural o UPyD por considerarla insuficiente, se distingue entre esos tres tipos de desplazamientos. El pacto se hará efectivo a partir de la próxima semana, cuando se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Primer caso: los traslados que haga el diputado "desde o hacia su lugar de residencia habitual u ocasional", y los que haga "desde o hacia su circunscripción de elección" deberá comunicarlos por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara, dentro de los 15 días siguientes a su realización. 

Los viajes a una circunscripción distinta para realizar actos de partido, o de naturaleza política o de representación institucional, el diputado o senador deberá contar "con la supervisión o el aval de la dirección" de su grupo. Una autorización que deberá constar en la notificación que se dirija a la Dirección de Recursos Humanos, o bien con carácter previo o después, siempre dentro de los 15 días siguientes a la fecha de realización del traslado. Si se supera ese plazo y no se ha comunicado el aval, el parlamentario deberá "reembolsar a la Cámara el importe" del billete. 

Los viajes en delegaciones oficiales del Congreso o del Senado, dentro o fuera de España, seguirán siendo autorizados y abonados por la Cámara, y publicados como hasta ahora. La resolución sí explicita que los viajes privados –o sea, los que no tengan ninguna relación con la labor política, como los imputados al presidente extremeño, José Antonio Monago, cuando era senador– no podrán ser cargados a las Cortes. Deberán ser abonados por el diputado o senador en cuestión. 

"Al que mienta se le va a pillar", dice el portavoz

Congreso y Senado, según la resolución, publicarán cada tres meses en sus respectivas webs "el gasto total de los desplazamientos" de los parlamentarios, diferenciados según estas tres categorías de viajes. Pero las dos instituciones, según ese acuerdo, no harán ningún informe individualizado. Delegan en los grupos la redacción de un informe de la actividad de sus miembros "que ha originado la necesidad" de esos viajes. Ese era el deseo del presidente de la Cámara baja, Jesús Posada.

Hernando, en rueda de prensa, aplaudió el pacto con el PP porque, después de 35 años de oscurantismo, se iba a arrojar "más control, más transparencia y más publicidad", y se felicitó de que este asunto se haya resuelto de forma "rápida, eficaz" y de modo inmediato, haciendo en la práctica imposibles "los viajes tipo Monago". "Al que mienta se le va a pillar y al que se le pille lo va a pagar", resumió el portavoz socialista. En esa comparecencia, por la mañana, adelantó que su grupo iría más allá de lo acordado con los conservadores, ya que se publicaría la agenda de todos los diputados. Pero no se haría lo mismo, afirmó, con la relación personalizada de viajes, porque en algunos casos conviene la discreción. Puso un ejemplo: igual que los periodistas tienen derecho a no revelar sus fuentes y están amparados por el secreto profesional, un parlamentario debe tener el derecho de no dar cuenta de una cita, por ejemplo, con un inspector de Trabajo que le quiera hacer llegar "irregularidades". 

Esa fue la información que trasladó Hernando en la reunión con su grupo en el Congreso. Le contestó media docena de diputados. La mayoría de las intervenciones reflejó un mismo "estado emocional", según relataron varios parlamentarios socialistas consultados por infoLibre: la sensación de que todos los políticos están siendo escrudiñados y tratados "como golfos" por la opinión pública cuando el que supuestamente hizo un uso indebido de la prerrogativa de las Cortes fue uno, Monago. El sentir, pues, era de apoyo a la dirección. 

Quien sí manifestó sus dudas fue el diputado madrileño Manuel de la Rocha, de la corriente Izquierda Socialista. "Yo dije que la propuesta acordada es un paso adelante, pero claramente insuficiente. Que se hablara de información global y de informes genéricos iba a ser interpretado como una forma de opacidad, porque la gente, fuera, tiene un deseo de una mayor transparencia", explicó De la Rocha a este diario. Sí sería lógica, agregó, "cierta discreción" en algunos casos, pero considera "imprescindible" apurar los márgenes de transparencia, para que los ciudadanos (y no sólo los grupos) fiscalicen a los políticos. 

"Estoy harta de que me tratan como una presunta ladrona"

El parlamentario socialista señaló que su posición era compartida "por varios compañeros" –como el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza–, pero sólo él la verbalizó. El resto tomó la palabra para lamentar el grado de cuestionamiento de los diputados. Fue el caso de la canaria Pilar Grande o la catalana Isabel Lòpez i Chamosa. "Hemos entrado en una pendiente deslizante que no tiene fin, en una espiral que pone en jaque la democracia. Hoy son los viajes y mañana será el uso del teléfono. No tenemos nada que ocultar en nuestro grupo, pero el trabajo de los diputados es muy honorable, y al que no lo sea y lo pillen, que le corten la cabeza", dijo Grande, quien insistió en la necesidad de "explicar a los ciudadanos qué hacen exactamente los parlamentarios", para que no tengan una idea equivocada de su labor.

"Estoy harta de que me traten como una presunta ladrona", apuntó Grande. Una expresión que da buena cuenta del estado de ánimo de los miembros socialistas. Algunos, como Lòpez i Chamosa, recordaron que en muchos casos los diputados se desplazan en su coche porque no hay tren o vuelo a su circunscripción, y ese kilometraje se lo pagan de su bolsillo, "y eso no es justo", lamentaron. Los intervienientes sí consideraban que conviene la reserva en ciertos casos, porque los parlamentarios, sobre todo los de la oposición, deben reunirse con aquellos que les suministren información, y a veces estos no quieren que trascienda ese encuentro. No hubo críticas, durante la reunión, al hecho de que se llegara a un acuerdo con el PP, sin contar con el resto de grupos. Ninguno de los parlamentarios consultados cree que la firma del pacto se deba a la voluntad de los dos grandes de taparse mutuamente sus posibles MonagosMonagos. Todos confían en la "honorabilidad" y el buen hacer de sus compañeros.

La dirección del Grupo Socialista cambió de opinión en el transcurso de la jornada, como reconocieron fuentes oficiales. Se analizó la posibilidad de aportar un informe personalizado de los viajes de cada diputado, y se vio que era posible. Luz verde. "Sí, se dará individualizadamente el número de viajes fuera de su circunscripción de los 110 diputados y que la dirección ha avalado, y se hará cada tres meses. Además, se publicarán las agendas de todos ellos", confirmó Hernando a este periódico. 

"Es el acuerdo al que se ha podido llegar con el PP"

En principio, no se detallará el destino de cada uno de esos viajes, ya que la información podrá recuperarse al cruzar esos datos con las agendas de actividades, que se divulgarán diariamente. La de Pedro Sánchez, el secretario general, por ejemplo, ya está colgada en su web personal, sanchezcastejon.es. El gasto de esos traslados, también en principio, "no se difundirá porque no sale del presupuesto del grupo, sino de las Cámaras".

Desde el PSOE se defendieron igualmente de las críticas de los partidos minoritarios, que reprobaron el acuerdo de los dos grandes partidos. El acuerdo se buscó con otras formaciones, alegaron, pero sobre todo con el PP, al ser la fuerza mayoritaria de la Cámara, y sin la cual no podrían aprobarse las medidas. "Además, el PP se puso en contacto con nosotros y eran ellos los que tenían que haber hablado antes con los demás. Este tenía que ser un acuerdo del Congreso, porque está pendiente un cambio del Reglamento", añadieron fuentes oficiales. ¿Y no se quedó corta la resolución? "Es el acuerdo al que se ha podido llegar con ellos", justificaron desde la dirección del grupo.