El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al extesorero del PP condenado por el caso Gürtel, Luis Bárcenas, una vez que ha cumplido las dos terceras partes de su condena, ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, ha mostrado su arrepentimiento y se ha sometido a programas para sentenciados por delitos económicos.

En un auto, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el juez José Luis Castro explica que la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional, a la que Fiscalía no se opuso, al haber cumplido, el 20 de septiembre pasado, las dos terceras partes de la pena y concurrir los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la obtención del último grado de cumplimento de la condena.

Por el caso Gürtel, Bárcenas fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a una pena que sumaba 29 años de cárcel, y que la Audiencia Nacional fijó en 12 años de cumplimiento por ser el triple de la pena más alta que le fue impuesta por este caso de corrupción, por el que también fue condenada su mujer, Rosalía Iglesias, entre otros.

El pasado mes de noviembre, el Supremo redujo su condena por el llamado caso Bárcenas, relativo al pago en B de la reforma de la sede del PP, de 2 años a 8 meses de cárcel, por el que en un principio se enfrentaba a una petición del fiscal de 5 años, pena que le fue rebajada al serle aplicada una atenuante por su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos.

Según el auto por el que se le concede a libertad condicional, la propuesta reúne los requisitos exigidos por la ley, como que ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le impuso, por un total 4.535.254,92 euros, así como que ha cumplido las dos terceras partes de la condena, que quedará extinguida previsiblemente en septiembre de 2028.

En cuanto a los aspectos psicológicos, el magistrado destaca el arrepentimiento del penado, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos, así como el abono de la responsabilidad civil derivada del delito junto con los intereses, el estilo de vida positivo, la ausencia de trastornos psicopatológicos y la elevada tolerancia a la frustración.

También valora que ha realizado el programa PIDECO para internos condenados por delitos económicos, que está motivado al cambio, al aprendizaje y al desarrollo personal, que no ha faltado a ninguna de las sesiones, que ha participado activamente en las reuniones, ha sido solidario con sus compañeros, se ha mostrado franco y ha realizado todas las tareas requeridas con actitud crítica y reflexiva.

Por el contrario, y como elementos negativos para la aprobación de la libertad condicional, el juez menciona la reiteración delictiva, la gravedad de los delitos, la alarma social y el tiempo de condena pendiente de cumplimiento. Pese a ello, considera que la gravedad delictiva ha sido tenida en cuenta por el tribunal sentenciador a la hora de imponer la pena, sin que esta circunstancia pueda constituir un elemento estático cuando, además, su evolución es favorable.

Respecto a la reiteración delictiva, señala que debe valorarse hacia un pronóstico de futuro y resulta prácticamente imposible que, a día de hoy, el interno reitere los delitos dados los años transcurridos. En cuanto a la alarma social, entiende que queda rebajada de forma notoria por la antigüedad de los hechos y el pronóstico favorable de reinserción.

Por último, sobre el tiempo pendiente de cumplimiento, explica que tanto la actitud de Bárcenas como el buen uso de los permisos de salida, así como su paso por el régimen 100.2 y el tercer grado, “permiten junto con el resto de variables considerar que es el momento adecuado para acceder a la libertad condicional que se propone”.

El auto destaca que no debe obviarse que al tratarse de un penado condenado por el Código Penal anterior a la reforma (LO 1/2015, de 30 de marzo) se aplica el régimen de libertad condicional vigente en dicho momento por resultarle más favorable.

Esto supone que la libertad condicional no es tiempo de suspensión de ejecución del resto de la pena, sino auténtico cumplimiento, por lo que se someterá a reglas de conducta que inciden en esa modalidad.

En atención a dichas reglas, el juez le impone la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, la presentación ante los servicios sociales del Centro de Inserción Social Victoria Kent, la obligación de comunicar si resulta detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente.

Para el juez, en conclusión, "se dan los siguientes factores de adaptación: antigüedad de los hechos delictivos, escaso riesgo de reincidencia, participación destacada en actividades, conducta normalizada durante toda la condena, buen uso del régimen abierto, desarrollando actividad laboral en el exterior, (...), apoyo familiar y autoaval, determinando todos ellos un proceso de reinserción favorable".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño tomará declaración testifical el próximo 28 de noviembre a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal después de que la Sala de lo Penal corrigiera su decisión previa de no interrogarla, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas. Además de a la exministra, el juez cita para ese mismo día también en calidad de testigo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la causa Tándem.

Estas citaciones se producen tras conocerse el auto, recogido por Europa Press, de la Sala de lo Penal que estimaba el recurso presentado por el abogado y exjuez Gómez de Liaño contra la decisión del magistrado del pasado mes de junio, cuando rechazó citar a Cospedal y Villarejo al considerarles únicamente como "testigos de referencia" y no apreciar la "necesidad y utilidad" de su interrogatorio.

La Sala corregía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y le emplazaba a escuchar a ambos en sede judicial señalando que el hecho de "que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca" en una posición de referencia si, "como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados".

En este punto, los magistrados se referían a la decisión del juez que, en la resolución por la que rechazó llamar a Cospedal y Villarejo, decidió citar al letrado Javier Iglesias. "Al igual que la persona que tampoco participó en las conversaciones y cuya declaración ha sido admitida podrían aportar información relevante acerca de los hechos, lo que convierte a las diligencias denegadas en útiles y necesarias", apostillaba la Sala.

Además de la citación de sendos testigos, los magistrados también emplazaban al instructor a que tomara declaración a los abogados José Aliste y a Óscar Jiménez de la Rubia. El juez les cita para el 27 de noviembre, al primero como investigado y al segundo como testigo.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'.

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

La secretaria general del Partido Popular entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, pidió en enero de 2013 ayuda al comisario José Manuel Villarejo, ahora jubilado, para frenar la publicación de los denominados papeles de Bárcenas, los documentos que evidenciaban la existencia de una caja b en el partido.

Así lo revelado este lunes el diario El País, que ha publicado un audio de una conversación entre Cospedal y Villarejo que se produjo el 20 de enero, después de que el 18 de enero El Mundo hiciese una publicación sobre que el pago de sobresueldos en negro a una parte de la cúpula del PP, ha informado Europa Press.

En la conversación, grabada por Villarejo —se requisó en su vivienda por orden judicial dentro de la Operación Tándem—, Cospedal expresa su preocupación porque los papeles, a los que denomina "libretita de Bárcenas", estuvieran en poder de periodistas, y cuestionaba si estos tenían una lista de los supuestos beneficiarios de los sobresueldos.

"La libretita... sería mejor poderlo parar", pide Cospedal a Villarejo, que intenta tranquilizarla y le dice que no se preocupe, que va a "estar al loro" del tema.

En el diálogo, Villarejo expresa también a Cospedal que tienen que "anticiparse a la jugada", en lo que ella está de acuerdo y dice: "Es lo más importante".

"(Hay que) ver por dónde van a respirar y qué van a hacer (los periodistas) y cuál es la evolución de todas estas cosas, y tratar de anticiparnos un poco a la jugada", subraya Villarejo.

Asimismo, señala que estuvo "comiendo el tarro" a los periodistas, y menciona a Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. "El día de ayer estuve comiéndole el tarro (...) a todos, de que no sacaran. Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi", advierte. "Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?", contesta Cospedal.

Finalmente, el 31 de enero de 2013 se publican en El País los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP, que registró una contabilidad paralela entre 1990 y 2019 con las cantidades periódicas que miembros de la cúpula del PP recibieron como sobresueldos.

Cospedal y Villarejo vuelven a hablar el 26 de abril de 2013 cuando la Policía empieza a elaborar informes sobre los documentos. Ambos debaten sobre las fuentes que habría informado al mundo sobre los sobresueldos. Ambos hablan sobre los informes que salen del Ministerio del Interior hacia la Audiencia Nacional que investiga el caso y de dificultades que existen para lograr cambiar los párrafos que más afectan al PP, según los audios.

En la conversación, Villarejo dice que él y su "amigo José Luis", en referencia a Olivera, que fue Comisario jefe de la UDEF, se fueron "a tomar una copa y cenar con Morocho", el inspector de Policía encargado de redactar los informes para el juez. "Luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente, no sé si lo sabes", añade.

Morocho señaló en junio de 2021 al juez de la Audiencia Nacional que instruye la Kitchen que en junio de 2013 en una reunión en una cafetería con el ex jefe de su unidad, el comisario José Luis Olivera, éste le ofreció un puesto en Lisboa e incluso en la ONU porque querían apartarle de sus pesquisas en las que indagaba en la caja b del PP.

El exdiputado catalán del PP en el Congreso (1996-2000) Jorge Trias Sagnier ha fallecido este miércoles a la edad de 73 años, según ha podido saber Europa Press. Abogado y escritor, fue secretario de Organización de la Lliga de Catalunya (1975-76), asesor del ministro de Justicia (1977), vicepresidente del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (1983-91) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El funeral tendrá lugar este viernes en el tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona, donde se habrá instalado la capilla ardiente.

En 2013 Sagnier declaró ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y ratificó la existencia de "una contabilidad B" en el PP y que los principales dirigentes cobraban sobresueldos que percibían en efectivo para complementar sus retribuciones como cargos públicos.

El 6 de febrero de 2013 aseguró a la Fiscalía Anticorrupción que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas le había enseñado hacía dos años unas fotocopias que recogían una "contabilidad paralela a la del partido" pero Bárcenas negó esta versión y aseguró que nunca le enseñó a Trias esa supuesta contabilidad B.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha descartado devolver al Partido Popular las fianzas por valor de 1,2 millones de euros que la formación depositó "para el aseguramiento de las eventuales responsabilidades civiles" que pudieran derivarse del juicio contra la "caja b".

En una diligencia del pasado 18 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda aseguran que "no ha lugar a modificar la fianza que le fue impuesta por estar pendiente" la tramitación de los recursos de casación presentados por algunas de las partes, que solicitan que se imponga al partido "la responsabilidad civil inicialmente reclamada".

En su escrito, la formación liderada por Pablo Casado solicitó que se autorizase "el desglose y devolución de los dos avales bancarios actualmente depositados, por importes de 1.024.987,14 y 220.167,04 euros, y su sustitución por otro comprensivo de la cantidad de 123.669 euros más intereses de demora".

Esa última cifra se corresponde con la fijada por la propia Sala de lo Penal en la sentencia por la que condenó al Partido Popular como responsable civil subsidiario de su extesorero Luis Bárcenas por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación de la emblemática sede del partido en Génova 13.

El PP sostenía que los "avales en su día depositados resultan excesivos para garantizar la responsabilidad civil que pudiera exigirse" al partido, "por lo que su mantenimiento" provoca "comisiones y gastos que carecen ya de justificación".

Por su parte, la Fiscalía no se opuso a la "reducción de la fianza solicitada por el Partido Popular siempre y cuando" no se discutiese "por alguna de las partes acusadoras". En concreto, la representación de Carmen Ninet y Cristina Moreno se mostró en contra de la petición de los "conservadores".

Y lo hizo, según se desprende de su escrito, recordando que las responsabilidades civiles exigibles al Partido Popular "quedarán fijadas en 123.669 euros sólo en caso de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia dictada por esta Sala".

"Por tanto, estando pendiente de resolverse (incluso de formalizarse) los recursos de casación contra la referida sentencia, no pueden modificarse las fianzas en su día prestadas pues, igual que cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, también es posible que no lo haga, y que estime parcial o íntegramente alguno de los recursos de casación", recuerda.

En la citada sentencia, de 454 páginas, la Audiencia Nacional también condenó al propio Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en "b" más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede "conservadora" de Génova.

En su providencia, los magistrados de la Sala también deniegan la petición del extesorero que había pedido que se declarase la firmeza de la sentencia. Y lo hacen, según explican, por el mismo motivo por el que descartan devolver la fianza al PP.

Esto es, por "encontrarse pendiente la tramitación de los recursos de casación anunciados". "Su conformidad y ausencia de recurso no impide que pueda afectarle la nueva sentencia en lo que le fuere favorable, siempre que se encuentre en la misma situación que los recurrentes y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia de conformidad", apuntan los magistrados.

Bárcenas fue condenado a dos años de cárcel por abonar a Unifica un total de 1.072.000 euros "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública". Y todo ello, en concreto, por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por el IS de 2007 de Unifica, en concurso a su vez con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Enrique Olivares García, el falso cura que fue condenado en 2014 por asaltar la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas y secuestrar a su familia, ha fallecido en Cuenca, según ha adelantado El Día digital y ha podido confirmar Europa Press.

Olivares falleció por causas naturales a las 8 horas del sábado, según han confirmado fuentes del Tanatorio Ronda Alameda de Cuenca, donde se ha instalado el velatorio. El funeral se ha celebrado este domingo a las 10 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Cuenca.

"Estoy bien jodido". Con estas tres palabras, el líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, expresaba perfectamente lo que iba a ser su futuro después de que fuera detenido en febrero de 2009 y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Lo que entonces no se podía prever eran las implicaciones que su arresto y la caída de todo su entramado de empresas traería para el PP, el partido gracias al cual pudo expandir toda su actividad corrupta. Según se fueron conociendo detalles de la investigación, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy se apresuró a repetir como un mantra que la Gürtel era una "trama contra el PP", pero los años y, sobre todo, las resoluciones judiciales –también del Tribunal Supremo– le han desmentido: los tribunales ya han dictado ocho sentencias condenatorias, dos de ellas en las que la formación conservadora es señalada directamente por beneficiarse de la corrupción. Y aún hay todavía cuatro juicios pendientes y una causa en instrucción.

La sentencia que condena al PP como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el extesorero Luis Bárcenas con la caja b del partido es la última de una larga lista de piezas que, tras su enjuiciamiento, han dado por probados casi todos los actos de corrupción en los que participaron alcaldes, concejales, diputados y otros altos cargos conservadores durante años. La larga investigación, que se extendió durante casi diez años, y los largos juicios han hecho que terminando 2021 siga habiendo líneas de investigación sin juzgar todavía y que continúen saliendo sentencias tan importantes como la mencionada de los papeles de Bárcenas, sobre las que el PP surgido de la moción de censura de 2018 tampoco quiere dar explicaciones.

La caja b: una sentencia y una pieza en instrucción

La trascendencia de esta sentencia sobre la contabilidad opaca que manejó Bárcenas durante al menos veinte años –el propio extesorero dice que en realidad la caja b se extendió treinta años–reside en que es la segunda condena a la que hace frente el partido conservador. No es una condena penal, porque hasta 2015 no se introdujo la modificación legal que permite la imputación de las personas jurídicas, si bien el tribunal le ha impuesto una multa como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que no pagó en 2007 al abonar en negro de las obras de reforma en la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. 

Aún queda en instrucción otra pieza derivada de los papeles de Bárcenas, que está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero por las donaciones en metálico al partido que no fueron fiscalizadas durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.

La primera época de GürtelGürtel

En esta última sentencia que se conoció este pasado jueves se da por probada una vez más la existencia de esa caja b y que ésta era del PP, no de Bárcenas, a diferencia de lo que se empeñan en decir los exdirigentes del partido. Se trata de una vez más porque fue en 2018 cuando un tribunal de la Audiencia Nacional, el que juzgaba la primera época de actividades de las empresas de Correa (1999-2005), acreditó la existencia de la contabilidad opaca y definió la trama como "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Esa sentencia fue la que propició la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. 

En la sentencia de la llamada Época I hubo 29 condenados, incluidos los líderes de la trama corrupta Francisco Correa y Pablo Crespo, además del propio Bárcenas y la esposa de éste, Rosalía Iglesias. El fallo fue confirmado en gran parte por el Tribunal Supremo en octubre de 2020, con pequeñas modificaciones en las penas de prisión, incluida la referencia a la contabilidad opaca del PP: "El tribunal –la Audiencia Nacional– contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable', del PP". El partido tuvo que abonarhace ahora un año los 245.000 euros a los que fue condenado como partícipe a título lucrativo.

La rama valenciana

No sólo en municipios de Madrid actuaba la trama Gürtel. En la Comunidad Valenciana, concretamente en administraciones controladas por el PP de Francisco Camps, también extendió sus tentáculos y por eso allí ha habido igualmente condenas. Justo un mes antes de que saliera la sentencia de la Época I, el Supremo confirmó las que fueron las condenas de Correa, Crespo y otros líderes de la red por el amaño de contratos de la Generalitat para montar sus expositores en Fitur. Aún está pendiente la derivada del expresidente valenciano, que va a ser juzgado en la Audiencia Nacional por un contrato relacionado también con la feria internacional de turismo.

Camps sí se libró de una condena por cohecho impropio en la llamada causa de los trajescausa de los trajes supuestamente regalados por la trama Gürtel. Sí fueron condenados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret. Y la Audiencia Nacional acreditó la financiación ilegal del PP de Camps después de la explosiva declaración del ex secretario general Ricardo Costa, en la que admitió las corruptelas del partido: "Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Jerez, Aena y visita del papa

La actividad de la red corrupta en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) y los contratos firmados con la empresa pública Aena y por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 también han obtenido reproche penal de la Audiencia Nacional. Los líderes de la Gürtel se van sentando en el banquillo de los acusados una y otra vez y ya acumulan altas condenas de cárcel que tienen su máxima expresión en Francisco Correa, que ya suma casi un centenar de años de prisión y aún tiene sentencias pendientes. Cumplirá previsiblemente un máximo de dieciocho, según el cálculo de cumplimiento efectivo (el triple de la mayor pena, esto es, seis años por cohecho).

Juicios pendientes

La Audiencia Nacional aún tiene pendiente juzgar la mencionada pieza sobre el contrato de Fitur en el que Camps está procesado; la referida a los contratos suscritos por la trama corrupta en el municipio madrileño de Arganda del Rey; la pieza principal por los delitos fiscales de los jefes de Gürtel y sus empresas –hay procesadas 26 personas físicas y otras 20 jurídicas–; así como la llamada Época II sobre las actividades de la trama en la localidad de Boadilla del Monte. Ante esta última, cuya vista oral está prevista para noviembre, algunos de los procesados, incluido Correa, ya han admitido todos los hechos de cara a posibles pactos con la Fiscalía. Esta es la segunda de las piezas de Gürtel por la que el PP podría ser condenado como partícipe a título lucrativo.

Púnica y KitchenPúnicaKitchen

Salvo la de Boadilla, el resto de piezas aún no tienen fecha de juicio. La pandemia de coronavirus, que suspendió los plazos procesales y administrativos y aplazó varios meses las vistas, ha contribuido al ya manifiesto retraso en la Audiencia Nacional por la alta carga de trabajo en todas las secciones a las que corresponde el enjuiciamiento. Gürtel no es la única macrocausa que ha investigado este tribunal: entre otras, todas las piezas del caso Púnica a excepción de una y el caso Villarejo, que acumula casi una treintena de líneas de investigación, están pendientes de vista oralcaso Púnicacaso Villarejo, muchas de ellas aún en instrucción. 

En esta última macrocausa, que indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario José Manuel Villarejo, se abrió en otoño de 2018 una pieza que afecta directamente al PP: la llamada operación Kitchen, el operativo ilegal financiado con fondos reservados puesto en marcha en 2013 para sustraer documentación sensible para el partido sobre la caja b. El juez ya la ha dado por concluida, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún tiene que resolver los recursos, incluido el de la Fiscalía Anticorrupción, que consideran que la investigacion se ha cerrado "en falso".

Y en Púnica, una de las macrocausas que más tiempo lleva abierta en la Audiencia Nacional (más de siete años), el instructor se ha dado tres meses más para indagar en la pieza número nueve, la que investiga otra supuesta caja b en el PP tras confirmarse la del partido nacional y la del partido en Valencia: la del PP de Madrid que dirigió durante más de una década Esperanza Aguirre, una de las principales imputadas.

Anticorrupción, en uno de sus últimos relatos de los hechos, determina que el PP de Aguirre se financió de forma irregular para así sufragar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008,siempre fiscalizando una parte en 'a' para no superar los límites legales y que la Cámara o el Tribunal de Cuentas no detectaran los sobrecostes, pero pagando en 'b' actos y publicidad por importes muy superiores.

El extesorero del PP Luis Bárcenas pactó con la empresa Unifica el pago en negro de parte de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. En total, fueron 1.072.000 euros los que se abonaron eludiendo el control de Hacienda, según ha podido probar el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado los hechos y que ha condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que se dejó de pagar en 2007. Una sentencia que, al final, le sale a devolver a los de Pablo Casado, pues hace cinco años abonaron una fianza de 1,2 millones de euros, por lo que ahora le queda un saldo positivo por valor de 1.076.000 euros, un poco más incluso de lo que se pagó en b por las obras.

A mediados de 2016, el juez que entonces instruía la causa de los llamados papeles de Bárcenas, José de la Mata, dio diez días al PP para depositar 1,2 millones  en concepto de fianza por las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivar de la investigación. La formación conservadora abonó dicha cantidad el 4 de junio de ese año a través de dos avales del Banco Popular no sin antes recurrir la petición al entender que los responsables directos de los delitos, que son los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta –fallecido en 2018–, el exgerente Cristóbal Páez y la empresa Unifica, eran solventes como para asumir el pago. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 lo desestimó y exigió el abono de la fianza bajo la amenaza de embargo.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre confirman que al ser la fianza superior a la condena a la que tendrá que hacer frente el PP, éste podrá recuperar la diferencia. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la infanta Cristina, quien tuvo que abonar 587.413 euros en concepto de fianza cuando fue imputada en el caso Nóos, pero tras la sentencia en firme del Tribunal Supremo, que le rebajó a 136.000 euros la condena como responsable a título lucrativo por los delitos de su marido Iñaki Urdangarin, pudo solicitar al Ministerio de Justicia la devolución del excedente.

Eso sí, no hay que olvidar que el PP ya tuvo que abonar hace ahora un año los 245.000 euros a los que también fue condenado como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama de corrupción GürtelGürtel, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, fueron 133.628,48 eurospor lucrarse de la adjudicación de contratos en el municipio de Majadahonda y otros 111.864,32 eurospor los gastos de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003 en Pozuelo de Alarcón. 

"Discordancias y errores" en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

Aunque la Audiencia Nacional ha condenado ahora al PP como responsable civil subsidiario por el delito cometido por su empleado Bárcenas y ratifica lo que ya han confirmado otros tribunales, que el partido se nutrió de una caja b que estuvo activa desde 1990 hasta 2008, la sentencia salva en ciertos aspectos a la formación que ahora lidera Pablo Casado. Para empezar, descarta una condena por el ejercicio fiscal de 2008 y sólo pide responsabilidades por el de 2007. En segundo lugar, da credibilidad a los papeles del extesorero, los apuntes publicados por el diario El País a principios de 2013 y que destaparon la existencia de la financiación ilegal, pero al mismo tiempo apunta a "discordancias y errores" de los documentos y expone que la "falta de explicación o poca lógica" del propio Bárcenas sobre alguno de los apuntes y saldos "impide dar una validez total al conjunto" de esos archivos "y al testimonio" del acusado a pesar de que este reconociera los hechos.

No es, por tanto, una sentencia tan contundente como pedían las acusaciones populares y como quizá temía el PP, que a principios de este año, recién comenzado el juicio del que ahora se acaba de conocer la resolución, anunció la venta de su histórica sede de la calle Génova. Venta que, dicho sea de paso, aún no se ha producido casi un año después de que empezara la vista oral y tras casi una década de sospechas de corrupción sobre su reforma que ya han sido confirmadas por la Audiencia Nacional.

Reproches a las acusaciones populares

Pero es que además, el tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez otorga al partido conservador una victoria moral sobre las acusaciones populares al imponer a éstas el pago "de forma proporcional" de las "costas causadas a la defensa" del PP por pedir en sus conclusiones definitivas del juicio la condena como responsable civil subsidiario por cuantías que, en opinión de los jueces, excedían este procedimiento o sobre las que no se podía ejercer acusación.

La intención de las acusaciones populares –IU, PSOE, Adade y Observatori Desc– ya se puso de manifiesto en el primer día del juicio: ahondar en cómo funcionaba la caja b, qué fondos manejaron Bárcenas y Lapuerta, para qué servían, si se pagaron sobresueldos en negro a dirigentes del partido o si se financiaron campañas electorales con ingresos no declarados a la Agencia Tributaria. El fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, trató de poner freno a esta estrategia y se centró siempre en las cuotas defraudadas en las obras de la sede del partido conservador. Es la tesis que, ahora se ha visto con la sentencia, comparte el tribunal, el cual sin embargo no puso reserva a las acusaciones para que defendieran su postura durante toda la vista oral a pesar de que ahora les recrimine por ello.

Por un lado, los magistrados reprochan a las acusaciones que pidan condena por la cuantía defraudada en el Impuesto de Sociedades de 2008. Consideran que las acusaciones populares "no estaban legitimadas ni para mantener esa acción penal en solitario", dado que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo solicitaron –aplicando así la doctrina Botín–, "ni para ejercitar la acción civil". Además, explican que "la prueba practicada en juicio oral puso de manifiesto la inexistencia de obligación de declarar las donaciones recibidas y, en todo caso, aun integrándolas en la base imponible del impuesto, la cuota resultante estaba muy por debajo del límite penal, por lo que no hay delito fiscal". También les afean que mantuvieran la acusación por delitos fiscales prescritos.

Los magistrados reprueban igualmente que las acusaciones pidieran responsabilidad por el montante de dinero supuestamente entregado por empresarios a la caja b del PP cuando estos hechos en concreto, dentro de lo que se conoce como pieza del cohecho en la causa de los papeles de Bárcenas, están aún en fase de investigación y, por lo tanto, no eran objeto del procedimiento que se acaba de juzgar, que se refería únicamente al pago en negro de las obras de la sede de Génova. Esta situación, dice la sentencia, llevó a los acusados, incluida la defensa del partido, a "realizar una defensa amplia en alegaciones y prueba innecesaria respecto a hechos que o no eran delito o estaban prescritos o no podían ser objeto de enjuiciamiento en este procedimiento".

Por todo ello, considera el tribunal que esta actuación de las acusaciones populares "entra dentro de los parámetros jurisprudenciales de temeridad y mala fe procesal", lo cual justifica la "imposición de las costas causadas a la defensa del Partido Popular".

Sobresueldos acreditados

A pesar de estos reproches y de lo preciso que ha sido el tribunal a la hora de valorar los hechos objeto de enjuiciamiento, no deja de ser esta sentencia la tercera que confirma la existencia de una caja b en el PP con donativos en metálico y que fue gestionada por Luis Bárcenas durante al menos veinte años. A pesar de los testimonios que prestaron numerosos exdirigentes del partido como José María Aznar, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos, que se empeñaron una y otra vez en negar la existencia de esta financiación en negro a pesar de que ya había un pronunciamiento nada menos que del Tribunal Supremo, los magistrados consideran que está demostrado que los papeles del extesorero "reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada".

Esos acontecimientos son, según la sentencia, "traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP –los sobresueldos a dirigentes del partido– o los pagos por las obras de reforma de la sede central".

La causa que investiga la caja b del PP aún ha terminado. Queda una pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero Bárcenas por las donaciones en metálico al partido durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. Son los hechos sobre los que las acusaciones populares intentaron que el tribunal se pronunciara en el juicio de las obras de Génova. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.

A la espera de saber qué ocurre, la posición de Bárcenas ha cambiado en los últimos meses y así lo reconoce la sentencia de este jueves: ha prestado "una colaboración activa y eficaz en la investigación y enjuiciamiento de los hechos". De ahí que le haya impuesto una condena mínima de dos años de cárcel a pesar de que Anticorrupción mantuvo su petición de cinco años. Habrá que ver si esa cooperación se mantiene en la investigación del posible cohecho, con la que se juega los permisos de salida recién conseguidos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha informado a la Fiscalía del fallecimiento de Rafael Palencia, empresario investigado en la pieza conocida como los papeles de Bárcenas, informa Europa Press.

En una providencia emitida este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha dado traslado al Ministerio Público "a los efectos legales oportunos" de los datos registrales del acta de defunción de Palencia. Pedraz ha comunicado que el pasado 14 de octubre falleció el empresario, según lo confirmado por el juzgado. 

Hace más de un año, el entonces titular del Juzgado -el juez José de la Mata- acordó la práctica de diligencias para indagar diferentes adjudicaciones concedidas a empresas -una de ellas relativa a Palencia- por parte de organismos dependientes de administraciones controladas por el PP. Según las pesquisas, esas sociedades habrían logrado los contratos a cambio de donativos al partido.

Contratos vinculados a Palencia 

En un auto de abril de 2020, el magistrado requirió en primer lugar a la secretaría general de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) -dependiente de Fomento- el expediente de redacción del proyecto para la construcción y puesta a punto de una planta de tratamiento de aguas residuales 'EDAR Monte Boyal' en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo).

Según explicó De la Mata, ese proyecto fue licitado mediante resolución en noviembre de 2002 y adjudicado a la sociedad Ondeo Degrémont, vinculada a Palencia, por un importe de 3,4 millones de euros. El juez reclamó conocer las otras ofertas presentadas, el informe que las valora, las actas de la mesa de contratación, la resolución de adjudicación y la ejecución del contrato.

Asimismo, también reclamó al Canal de Isabel II el expediente para la adjudicación de los servicios de explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Madrid, en concreto sobre la Depuradora Viveros de la Villa. Este contrato es de 2007 y fue adjudicado a la sociedad Degrémont SA por un importe de más de 7,5 millones de euros.

El tercer contrato que pidió investigar De la Mata fue el de mantenimiento y conservación de la estación regeneradora de aguas residuales 'EDAR La Gavia'. En este caso, según el auto, Bárcenas puso en contacto al propio Palencia, "donante de fondos a la formación política", con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007, Paz González, que era la entidad adjudicataria.

El empresario pretendía poder influir sobre esta adjudicación para su propio beneficio, en el sentido de que Degrémont fuera adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación en 2007 como lo había sido en 2006 formando una UTE con Dragados.

Un cierre en falso de la investigación. Es la conclusión que se extrae de los extensos recursos que han presentado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares ante el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como operación Kitchen. Uno por uno, los escritos enumeran todos los indicios que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado sin esclarecer, dejando así una buena cantidad de flecos que no han sido aclarados. Uno de ellos, de los más importantes: el material robado a Luis Bárcenas. La negativa del instructor a seguir indagando en su paradero sería, a juicio de los fiscales, como asegurar el éxito de la operación ilegal.

No es poco lo que creen las acusaciones que falta por investigar. Desde una mención a la vinculación directa de esta trama parapolicial con la investigación del caso Gürtel, pues eran pruebas de éste lo que se pretendía destruir; pasando por seguir indagando en las otras ramificaciones que tuvo la Kitchen más allá de los inmuebles de la familia Bárcenas y que se extendieron hasta la cárcel de Soto del Real, así como tratar de determinar el dinero público malversado durante los aproximadamente dos años en que estuvo en marcha la operación (2013-2015); hasta llegar a lo que las acusaciones ven como el centro de todo el entramado: el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy, donde sospechan que se gestó toda la trama –o al menos tuvo conocimiento– y sobre lo que el magistrado apenas ha indagado. Una imputación exprés de María Dolores de Cospedal, que apenas se prolongó dos meses, son todas las pesquisas que el instructor ha dedicado a esta pista.

Era previsible que las acusaciones recurrieran el cierre de la instrucción, visto que el juez había rechazado de plano sus peticiones de alargar las pesquisas y de practicar nuevas pruebas. Ante una actuación procesal que los fiscales llegan a calificar de "caótica", la prueba de fuego se presentará ahora en la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la causa y la envía a juicio. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción. De hecho, todas las partes personadas en este procedimiento, esto es, acusaciones y las defensas de los procesados, han recurrido y unos lo han hecho en reforma, ante el propio magistrado, subsidiario de apelación, ante la Sala, mientras que otros han ido directamente a la Sala. El tribunal resolverá este otoño.

¿Y dónde están los papeles?

No dejan escapar los fiscales y las acusaciones quizá el quid de la cuestión más importante de esta investigación: ¿qué quería robar a Bárcenas el operativo ilegal? Supuestamente se trata de documentación y grabaciones que implicarían directamente al PP en la financiación ilegal que en aquellos momentos se había comenzado a investigar en la Audiencia Nacional. El juez y las acusaciones coinciden en señalar que la operación Kitchen tuvo éxito, pero ¿dónde están los documentos? En lo que difieren es en la necesidad de seguir indagando para averiguar el paradero. Un fleco más que se ha quedado sin esclarecer y que los fiscales insisten en completar todas las pesquisas posibles, algo que García Castellón ya ve "innecesario".

Lo que Anticorrupción traslada a la Sala de lo Penal es que sería conveniente una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago basándose en uno de los apuntes que figuran en los diarios personales del comisario Villarejo: "Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO".

"Cómo no va a ser objeto de la presente investigación obtener las evidencias del acceso por parte del operativo policial al material que se encontraba en poder de Luis Bárcenas y, en consecuencia, la recuperación de esa información, cuando es el propio instructor el que afirma que se han efectuado varias diligencias, sin éxito, encaminadas a la búsqueda de este material. La ratificación de la inconcebible posición del instructor a este respecto traería como consecuencia, más allá del enjuiciamiento de los partícipes en este gravísimo hecho delictivo en atención a los numerosos indicios, que la ilícita operación policial (o, si se llega a acreditar, política) conocida como operación Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos", afirman los fiscales. En resumen, dejar de investigar hasta las últimas últimas consecuencias sería como contribuir a asegurar que el operativo ilegal consiguió su propósito haciendo desaparecer información comprometedora para el PP.

Rajoy y Cospedal, en la mira de Fiscalía

Es esa pata política de la operación Kitchen que Anticorrupción ve clara y que el juez García Castellón desdeña la principal que se ha quedado sin investigar por completo. Y es que el instructor tomó declaración a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y no hizo nada más por averiguar si éstos tuvieron alguna relación con la trama. Para la Fiscalía sí está claro, pues considera que era el PP era el principal interesado en robar documentación a su extesorero y, por tanto, la que era la número dos del partido protegía esos intereses. 

El escrito de la Fiscalía es muy contundente en sus más de 90 páginas y no deja lugar a dudas: la exoneración de Cospedal y su esposo es "precipitada" y "extemporánea", y hacía falta seguir indagando para "el total esclarecimiento de los hechos". ¿La razón? Sencillamente, que Anticorrupción cree que el matrimonio ha mentido en sede judicial o, al menos, ha caído en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando vistas las "contradicciones" en las que, en su opinión, cayeron ambos en sus declaraciones como imputados. 

Así, el Ministerio Público acusa directamente a García Castellón de imponer una especie de "cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación". Un cordón que se extiende hasta la negativa para investigar los posibles contactos que, según el comisario José Manuel Villarejo, éste mantuvo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Según el expolicía, le facilitaron durante varios meses varios teléfonos móviles y él iba enviando mensajes a un teléfono que ha facilitado al juzgado al que contaba las novedades de la operación. Al otro lado de ese teléfono, dice, estaba Rajoy.

Según la Cadena Ser, la Policía informó al juez de que uno de los números aportados por Villarejo pertenecía al PP, tal y como han podido corroborar con la compañía telefónica, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018, periodo que coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción apunta en su recurso a "una posible responsabilidad" del expresidente y afea al magistrado que "se quiere delimitar artificialmente" la operación Kitchen al ámbito del Ministerio de Interior. Que el operativo lo desarrollasen comisarios con "conocimiento y protección" del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento". Por tanto, cree que es "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior "actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".

Dado que el juez García Castellón dejó claro en su auto de fin de la instrucción que no daba credibilidad a las afirmaciones de Villarejo sobre Rajoy, Anticorrupción ha optado por acudir directamente a la Sala de lo Penal como último intento para obligar al magistrado a reabrir las pesquisas y poder indagar en la responsabilidad política de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas. Y es que no sólo las acusaciones ven al PP como posible centro neurálgico de la Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo sugiere de forma implícita en su recurso contra su procesamiento.

Ya lo venía a apuntar el exministro en el primer recurso que presentó en la Audiencia Nacional, cuando fue imputado hace ahora un año. Ahora, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Mariano Rajoy, insiste en que es “realmente preocupante” que el magistrado concluya la instrucción "limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho ministerio”. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interioroperación Kitchen. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, subraya.

Llamativa en toda la investigación de esta pieza 7 del caso Villarejo es la ausencia de Ignacio Cosidó. No ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer la operación. La Fiscalía tiene claro que debe ser citado como investigado.

Las otras Kitchenotras Kitchen

Pero no sólo queda el PP por investigar. La instrucción ha revelado que los tentáculos de la Kitchen se llegaron a extender al ámbito carcelario, concretamente al centro de Soto del Real en el que el extesorero del PP ingresó en julio de 2013. Y sigue planeando la sospecha sobre el falso cura, de nombre Enrique Olivares, que secuestró a la mujer y el hijo de Bárcenas en su domicilio, hechos por los que cumple condena. Las dudas sobre estos dos posibles operativos paralelos no han sido resueltas aún y su confirmación podría sumar nuevos investigados de las fuerzas de seguridad del Estado.

No es algo menor, pues cuantos más efectivos, más colaboradores y más medios se destinaran a esta operación ilegal, más dinero público proveniente de los fondos reservados implicó. Más si cabe cuando el propio García Castellón subrayaba en el auto de cierre de la pieza que de la investigación "se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial.

El juez no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen. Hasta el momento sólo ham quedado acreditados los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Por tanto, aún queda mucho por averiguar en este sentido, más aún cuando pudo haber más operativos ilegales en marcha para el "control" de Bárcenas. Los fiscales plantean profundizar en las pesquisas sobre un antiguo compañero de cárcel de Bárcenas, Isidro Sánchez, a quien el extesorero habría dado indicaciones para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente Rajoy y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca del PP. También quieren volver a investigar al falso cura (encargar un nuevo informe psicológico, rastrear sus cuentas bancarias, etc.).

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha insistido este viernes ante el juez que investiga la Operación Kitchen en que se mensajeó con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, implicando también a otros miembros de su Ejecutivo, como María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría, de la que ha dicho que tenía copia de la documentación intervenida a Bárcenas, ha informado Europa Press.

Villarejo ha ratificado de esta forma gran parte de lo ya declarado ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y en un escrito enviado al magistrado Manuel García-Castellón esta misma semana, donde avanzaba el relato que le haría sobre el operativo parapolicial que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su entorno con el objetivo de sustraer la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes.

El policía ha reiterado que comenzó a trabajar para la Kitchen porque así se lo pidieron desde el Ministerio de Interior, apuntando esta vez a toda al cadena de mando: Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; y la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Y con un encargo concreto, que hiciera labores de inteligencia sobre Bárcenas y su entorno, las cuales se llegaron a extender a una casa de la madre del ex tesorero, para localizar el material que guardaba y que podía comprometer al PP o al Estado. Para ello, ha indicado –confirmando sus manifestaciones anteriores– que convenció al chofer de la familia Bárcenas para que les espiara.

Ha incidido en que, en un momento dado, le facilitaron números de teléfono del propio Rajoy que usó para comunicarse con él mediante mensajes. Este contacto directo, ha explicado, se debe a que el presidente del Gobierno no se fiaría de la información que se le transmitía desde el Ministerio de Interior sobre la Kitchen y quería otro canal de comunicación.

Describe contactos habituales con el Gobierno

De acuerdo con su versión, Rajoy no era la única persona a la que reportaba. Ha dicho que hablaba también con algún enlace que le enviaba la entonces vicepresidenta del Gobierno. Le consta –ha aseverado– que Sáenz de Santamaría tenía copia de los papeles sustraídos del estudio de restauración de arte que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en la madrileña calle de General Díaz-Porlier, una operación cuya existencia ha respaldado.

Otro de sus principales contactos, ha añadido, era la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa. Al igual que hicieran ella y su marido, Ignacio López del Hierro, en sus comparecencias judiciales, Villarejo ha contado que el esposo les presentó y que se reunió con Cospedal en la sede de Génova, a donde accedía por el garaje tras ser recogido en coche oficial en las inmediaciones, así como en el Ministerio de Defensa y en restaurantes de Marbella.

Sobre Cospedal, ha especificado que le presentaron como un antiguo agente que conocía a todo el mundo, pero que nunca hubo un encargo concreto y nunca le pagaron nada. A veces Cospedal salía del despacho –no ha concretado cuál– y comentaba con Rajoy, ha ilutrado. Otras, transmitía a Villarejo que el presidente del Gobierno estaba muy preocupado. Cree que, cuando departía con ella, lo hacía más como Gobierno que como PP. Era información judicializada, ha afirmado.

Villarejo ha apostillado que también informaba de alguna cosa a la sede del PP, sin detallar a quién o quiénes, y que en todo caso transmitía a Fernández Díaz, a quien ha atribuido un papel esencial en el desarrollo de la Kitchen, si bien sospecha que la iniciativa de montar el operativo no fue suya, sino que lo habría consensuado con Rajoy o la vicepresidenta. Asimismo, ha sostenido que hablaba con el secretario de Estado y el DAO.

Una hora y media es lo que ha durado la declaración de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Ha negado cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta ha puesto en duda que llegara a existir, se ha dedicado a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, ha defendido a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo ha admitido lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La intención de Cospedal era ejercer de muro de contención entre la operación Kitchen y el PP. Entre un operativo ilegal financiado por fondos reservados y el partido, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ella misma. "No tiene nada que ver con el PP", ha dicho, según han informado a infoLibre distintas fuentes presentes en el interrogatorio. En todo caso, la exdirigente conservadora ha enmarcado la trama que se investiga en "labores policiales" y en ese ámbito cree que es donde hay que preguntar. Es más, ha llegado a afirmar que el PP no tenía ningún interés en lo que pudiera haberse llevado Bárcenas del partido tras ser despedido y cree que grabaciones que el extesorero dice haber tenido sobre Rajoy son "mentira".

Y cada vez que podía, sin ser interrumpida por el juez en ningún momento a pesar de que no tenía que ver con el procedimiento, Cospedal volvía a cuestionar la instrucción del caso Gürtel, la existencia de la caja b del PP a pesar de que ya hay dos sentencias judiciales que la dan por probada –incluido el Tribunal Supremo– caso Gürtely se apresuraba a repetir la estrategia que ya mantuvo el partido hace pocos meses en el juicio por la reforma de la sede de Génova: que en todo caso los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad opaca y los sobresueldos en negro son del tesorero, nunca del PP. No en vano, el abogado de Cospedal, Jesús Santos, es el mismo que defendió a la formación conservadora en esa vista oral, en la que está acusada como responsable civil subsidiario.

Cospedal se ha mostrado contundente, se notaba que se había preparado bien esta declaración, dicen distintas fuentes consultadas, y no ha titubeado en ningún momento. Pero de Kitchen, más bien poco, o nada. Según las fuentes consultadas, en las preguntas más concretas que le han dirigido el juez o los fiscales anticorrupción –no ha querido contestar a acusaciones y defensas de otros imputados– sobre la operación, la ex secretaria general las despachaba asegurando que nunca supo nada e incluso ha llegado a mencionar que esta trama es otra "mentira" de Bárcenas. El PP, ha remarcado, es un partido de gente "honrada".

Es la versión de Cospedal, pero esta semana siguen los interrogatorios en la línea de investigación que acaba de abrir el juez Manuel García Castellón: la posible implicación del PP en la trama de espionaje. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro desde septiembre del año pasado, cuando ya apuntó cuáles podían ser las dos patas de la operación Kitchen, el Ministerio del Interior y el partido conservador, pero entonces el magistrado decidió esperar y centrarse sólo en la primera. Ahora ha decidido apuntar al partido y la ronda de declaraciones continuará este miércoles con el marido de la ex secretaria general, el empresario Ignacio López del Hierro, y el exjefe de gabinete José Luis Ortiz, ambos supuestamente informados por Villarejo de los avances del operativo, según reflejan los cuadernos del comisario jubilado.

Rubalcaba, la excusa

Aunque los investigadores sitúan los inicios de la operación Kitchen en julio de 2013, el instructor se ha interesado por la relación Cospedal-Villarejo y qué alcance tenía, pues en el sumario consta la grabación de la conversación que ambos mantuvieron en 2009 en el despacho de la exdirigente del PP en la sede central del partido. Ella ha explicado que les presentó su marido y que vio motivos para reunirse con el expolicía por dos motivos fundamentalemente: porque López del Hierro le conocía hacía muchos años y le había contado que tenía mucha información y conocía a mucha gente, incluidos muchos periodistas y ella estaba preocupada por las filtracionesque estaban saliendo en prensa sobre el caso Gürtel; y porque temía que el partido estuviera siendo espiado después de oír al entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba decir en el Congreso a un diputado del PP que escuchaba y veía todo.

Sobre esto último, ha confirmado que se reunieron varias veces en su despacho de la sede central del PP –adonde entraba directamente desde el garaje–, en una ocasión en una cafetería y ha concedido que alguna charla pudo ser por teléfono. La primera vez, les acompañó López del Hierro; las siguientes estuvieron solos. Ha afirmado que nunca encomendó ningún trabajo a Villarejo y que nunca le pagó nada. En todo caso, algún "gasto" por una razón de "cortesía". No ha especificado más y los fiscales, que eran los que le estaban interrogando en ese momento, no han repreguntado para aclarar a qué se refería, tal y como remarcan las fuentes consultadas por este periódico.

¿Y de qué hablaba con Villarejo? Cospedal ha reiterado en diferentes ocasiones que solían comentar la actualidad, en esos momentos sacudida por el escándalo de Gürtel, de lo que se publicaba en prensa, de los "ataques" que, según ha dicho, sufrían ella y su marido en los medios. La ex secretaria general dice que el comisario jubilado no le dio nunca ninguna información privilegiada, ninguna noticia que ella no hubiese leído antes en la prensa. En su opinión, el expolicía presumía de saber muchas cosas, pero en general todo ya había sido publicado previamente. Todos los encuentros eran a iniciativa de Villarejo, de quien cree que tenía interés en conocerla por el cargo que ella ostentaba en el PP.

Del devenir del caso Gürtel, Cospedal ha explicado que tenía conocimiento por los abogados del PP, no por Villarejo, ya que el partido estaba personado en la causa. Y esto es lo que transmitía a su "superior", esto es, el expresidente Mariano Rajoy. Pero cuando le han preguntado por las anotaciones de los cuadernos del comisario que siembran la duda sobre supuestas maniobras para torpedear el caso –"Aviso de problemas con el último informe de Morocho"– ha dicho que no sabe nada. Según ella, se acaba de enterar de quién es Manuel Morocho, el inspector de la Policía al mando de Gürtely, al mismo tiempo, ha insistido varias veces en dejar claras sus sospechas sobre su investigacíón, censurando que a partir de 2013 se centrara más en el PP y la caja b que en identificar el origen de la fortuna de Bárcenas en Suiza.

No se le ha preguntado a Cospedal cómo conoció al que era su comisario de confianza, Andrés Gómez Gordo, también imputado en la operación Kitchen por ser uno de los policías que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ni por qué creó un puesto para él como jefe de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sobre él, la ex secretaria general del PP ha dicho que despachaban muy poco y que Gómez Gordo se relacionaba más con su jefe de gabinete a pesar de los puestos de responsabilidad que había ejercido para ella, según las fuentes presentes en el interrogatorio. Del chófer tampoco ha dado ningún dato, afirma que no le conoce de nada.

Villarejo amenaza a Rajoy

Con todas sus respuestas, Cospedal ha hecho una clara defensa de su actuación como número dos del PP y ha tratado de acabar con las sospechas sobre que el espionaje a Bárcenas y las maniobras para hacer fracasar la investigación de Gürtel empezaron en el partido. Pero justo esta semana, el comisario jubilado Villarejo ha presentado un escrito en el juzgado avanzando la que será su declaración del próximo viernes: según recalca, le dieron dos teléfonos de contacto con Mariano Rajoy para que pudiera tener una "interlocución directa" con él y así evitar posible discrepancias entre lo que le llegaba a través de la cadena de mando y lo que él como agente de inteligencia transmitía. El expolicía subraya que esa línea directa con Rajoy era para evitar lo que ocurrió en la operación Cataluña, cuando surgió "más de una discrepancia" entre lo que él aportaba y lo que realmente le llegaba al presidente.

Es la misma idea que ya adelantó Villarejo en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. Ahora dice que "una vez en libertad, ha podido localizar uno de los dos números de teléfono", que "es el 650XXX710 (se ha procedido a ocular esos tres dígitos), sin haber podido encontrar el segundo, que cree podría recordar si tuviera un total acceso y sin restricciones a sus diarios personales incautados".

Otros interlocutores que identifica son el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, además del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino –los tres imputados– y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Como "interlocutores paralelos" cita a la Presidencia, a María Dolores de Cospedal y "colateralmente" a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría "por otros contactos".

"En Kitchen había interés del PP por lo que le concernía como partido del Gobierno, pero también razones de Estado, en función de localizar y en la medida de lo posible neutralizar lo que afectaba a sus más altas Instituciones", subraya Villarejo. Según su versión, fue el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó quien le comunicó que dejara todos los temas que estuviera haciendo "por un asunto muy urgente" y que el propio Rajoy tenía interés personal.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ya sospechaba el año pasado que la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para hacerse con documentación que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía en su poder y que podía afectar a dirigentes del partido, se organizó desde la formación política. Así se lo preguntó directamente al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, imputado en esta causa: "¿No piensa que todo esto se monta desde el partido, no desde el ministerio?", preguntó al conductor en otoño de 2020, en la parte de la investigación que permanecía bajo secreto hasta ahora.

En la grabación íntegra de la comparecencia de Ríos, a la que ha tenido acceso infoLibre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 interrumpió en un momento dado el interrogatorio del abogado del exchófer para preguntarle si ahora, pasado el tiempo y analizando lo que se va conociendo de la operación Kitchen, "ve claro" que su contratación como conductor de Bárcenas y el operativo parapolicial "estaban conectados". "¿Que me buscaron a posta? Sí. Con el tiempo cada vez me doy más cuenta", respondió Ríos muy convencido.

El magistrado insistió, para dejar claro al imputado lo que quería saber: "¿No cree que se monta aquel asunto desde el partido, no desde el ministerio (del Interior)?". "Señoría, no tengo pruebas...", replicó el chófer. "¿Pero lo intuye?", repreguntó García Castellón, a lo que el compareciente contestó sin vacilar: "No creo en las casualidades".

El juez interrumpió al abogado de Ríos para hacer estas preguntas tras más de veinte minutos de comparecencia y sólo cuando el exconductor de Bárcenas ya había contado cómo entró a trabajar para el extesorero y su familia y cómo unos meses después le captaron los comisarios Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo para pedirle que colaborara en una operación que, según su versión, era totalmente legal para encontrar dinero que Bárcenas podía tener en el extranjero. También le dijeron que "tenía grabaciones y material que afectaba al Gobierno". En algún momento le llegaron a mencionar al juez Pablo Ruz, quien entonces era el instructor del caso Gürtel y del de la caja b del PP.

Ríos contó al magistrado el pasado otoño que un conductor que ya trabajaba para el partido le llamó de parte del "director de seguridad" de la formación para ofrecerle un puesto de trabajo, a lo que él accedió. A los pocos días recibió una llamada del extesorero del PP, quien le citó para una reunión, tras lo cual fue contratado. 

Arenas y Bárcenas hablaban "mucho"

Posteriormente fue cuando García Castaño le abordó, aunque este encuentro no fructificó y fue después Gómez Gordo quien le puso en contacto con Villarejo, según contó Ríos. "Me dijo que iba a ser el encargado de un operativo judicial que ya se estaba realizando, que él iba a ser el máximo responsable operativo". Y sobre la información que le fueron pidiendo a lo largo de los meses que duró esa operación, que él nunca supo que se llamaba Kitchen, señaló que era cualquier tipo de información que pudiera captar sobre el propio Bárcenas o lo que este hablaba o comentaba sobre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y otros dirigentes del PP. De Javier Arenas también, ya que, además, Ríos afirmó que hablaba "mucho" con el extesorero.

Según Ríos, Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo le hablaban "de continuo" acerca del "ministro", esto es, Jorge Fernández Díaz, asegurándole que "recibían órdenes directas de él y del ministerio" y que "en alguna ocasión despachaban con él".

El exchófer reconoció al juez que él sabía que cobró por estos servicios con cargo a los fondos reservados, "alrededor de 48.000 euros", y que Villarejo le garantizó que "estaba acordado por el Ministerio del Interior, en la partida de la Secretaría de Estado de Seguridad" que entonces dirigía Francisco Martínez. "Villarejo me explicó que esto demostraba lo importante de este operativo", apuntó.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado al exjefe de la UDEF José Luis Olivera para que declare como investigado el próximo 28 de junio en relación con el espionaje parapolicial que se habría organizado desde el Ministerio de Interior con fondos reservados contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle la información comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes, según informa Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha imputado a Olivera después de tomar declaración al inspector Manuel Morocho, que dirigió la investigación sobre Gürtel cuando aglutinaba todo lo relacionado con los famosos papeles de Bárcenas.

En su comparecencia de este martes, Morocho contó al magistrado que en junio de 2013, en una reunión en una cafetería, su entonces jefe, Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa e incluso en la ONU porque querían apartarle de sus pesquisas sobre la caja B del PP. "¿Qué embajada quieres?", le dijo el exjefe de la UDEF, según su relato, que Europa Press ha conocido por fuentes jurídicas.

Detalló que le llegaron a ofrecer cursos en el FBI, un puesto en Lisboa —destino amable por la cercanía geográfica, la facilidad del idioma y un contexto similar al de España— y hasta en Naciones Unidas.

De acuerdo con Morocho, durante esa reunión Olivera recibió una llamada telefónica de una persona a la que el exjefe de la UDEF identificó como el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y que quería saber si había aceptado alguno de los destinos ofrecidos.

Las presiones de los mandos policiales, explicó, pasaron de estos incentivos positivos a una sobrecarga de trabajo y a la censura de sus informes sobre Gürtel Gürtel. En uno, precisó, le impidieron incluir la lista completa de las personas que figuraban como receptoras del dinero de la caja b del PP en los papeles de Bárcenas. Era un informe que preparaba en 2013 para el Juzgado Central de Instrucción Número 5.

Esas supuestas zancadillas a su quehacer diario evolucionaron hasta el punto de que los investigadores de Gürtel tuvieron que adoptar medidas de seguridad tanto en el despacho como en el transporte. También debieron extremar la cautela para que las entradas y registros en la sede del PP y en Unifica —estudio de arquitectura que realizó las obras de la sede de los conservadores— no fuera en vano, expuso Morocho.

De esta forma, el inspector corroboró los apuntes realizados por el excomisario José Manuel Villarejo en sus agendas personales, las que fueron incautadas el pasado mes de octubre y que han permitido al juez situar el origen de la Operación Kitchen en el 11 de julio de 2013.

García-Castellón volvió a citar al investigador porque observó varias "entradas significativas" sobre él como "MOROCHO-LISBOA", "problemas" por un informe suyo y una "gran bronca" que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal habría dado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por su causa.

Un personaje recurrente

Las palabras de Morocho habrían sido el detonante para la imputación de Olivera, si bien su nombre ya ha aparecido varias veces en la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa Tándem sobre los negocios oscuros de Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción afirmó en un escrito del año pasado, en el que recoge audios grabados por Villarejo de dos conversaciones con Olivera, que el exjefe de la UDEF estaba al tanto de la Operación Kitchen y de "su carácter manifiestamente ilícito"Operación Kitchen.

En la primera, el excomisario le dijo a Olivera que contaban con el apoyo de Martínez para hacer policía al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que habría ejercido de espía en Kitchen. En un segundo audio, se habrían concertado para hacer una suerte de "control de daños" para el PP por la GürtelGürtel.

"La Gürtel les podía haber, vamos, podía haberles mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste, y eso no se puede olvidar", comenta Villarejo sobre Olivera.

Otras conversaciones que obran en la causa apuntan a que Olivera habría colaborado con Villarejo desde 2009 ofreciendo información a Cospedal sobre los casos Brugal y Gürtel. Al parecer, habría llegado a un "concierto económico permanente" con el excomisario y su grupo empresarial, CENYT. "Está chupando de cojones", se recoge en una de esas grabaciones de las reuniones del policía jubilado y sus socios.

A raíz de estas revelaciones, García-Castellón ordenó una serie de diligencias encaminadas a investigar el patrimonio y las cuentas bancarias de Olivera, pero hasta ahora se había mostrado reacio a imputarlo.

En uno de sus últimos autos, con el que imputó a Cospedal y su marido el pasado 2 de junio por la supuesta intervención "decisiva" de la pareja en la captación de Ríos, el juez ya mencionó a Olivera como uno de los policías a los que el entonces DAO, Eugenio Pino, encomendó, "con abuso de sus funciones", que desarrollaran "labores operativas" para obtener del chófer información que les guiara hasta la "documentación comprometedora" que atesoraría Bárcenas.

Por su parte, Olivera, quien actualmente es gestor de riesgos en la Federación Española de Fútbol, sostuvo el pasado mes de mayo ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que no tuvo ni conocimiento policial ni participación "ninguna, ninguna, ninguna en lo que se denomina Operación Kitchen"Operación Kitchen, aunque sí reconoció que Villarejo le habló de ella.

La investigación sobre la operación Kitchen está apuntalando los indicios contra el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entre 2006 y 2012, José Luis Olivera. Señalado ya desde hace casi un año en los informes de la Fiscalía Anticorrupción y en autos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, las agendas incautadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo en otoño pasado vienen a confirmar las sospechas sobre la relación entre ambos y el posible papel que habría jugado Olivera en la estrategia del PP para "salvar" al extesorero Luis Bárcenas en el caso Gürtelcaso Gürtel antes de que se decidiese poner en marcha la operación parapolicial de espionaje. Los indicios van creciendo y su imputación llegará "pronto", según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre.

En el auto en el que se cita como investigados a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica los inicios de la operación Kitchen y subraya que lo que ha puesto de manifiesto la investigación es que el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, "con abuso de sus funciones, habría encomendado" a los comisarios Marcelino Martín Blas, José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y José Luis Olivera, entre otros, "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo".

Así, el magistrado sitúa a Olivera en el grupo de expolicías a los que Pino habría encargado en 2013 las labores de seguimiento al extesorero y su familia para robarle documentacíon que se habría llevado del partido cuando fue despedido. Pero es más, de las agendas incautadas recientemente a Villarejo, el juez destaca también apuntes en los que, según el comisario jubilado, el exjefe de la UDEF –al que apoda "OLI"– le habría transmitido que "piden ayuda para salvar al tesorero". En ese momento, Olivera seguía a los mandos de la unidad policial que estaba investigando la trama Gürtel, la macrocausa de corrupción que afectaba directamente al PP y a dirigentes del partido como Bárcenas.

En la declaración que prestó en sede judicial el pasado diciembre el propio extesorero, que es el perjudicado en esta causa, éste explicó que en esas fechas, abril de 2012, estaba preocupado con que la UDEF hiciese un informe señalándole como el "Luis el cabrón" del que hablaban los imputados en Gürtel, pero que una persona a quien tenía como "interlocutor" le trasladó que Olivera había dicho: "Ellos tienen claro que tú no eres Luis el cabrón". Y meses después, en septiembre, figura otro apunte relevante de la agenda de Villarejo: junto a la entrada "OLI" se lee "PIN (Eugenio Pino) le pide (a Olivera) apoyar a tope a Bárcenas", y dos días más tarde, también con la entrada "OLI", la frase "PIN le encargó contactar con abogado Bárcenas", una reunión que fue "ok", según anotó Villarejo: "Buena predisposición. Escrito LB no es Luis el cabrón".

Manipular informes policiales

En ese año, aún no se habían publicado los papeles de Bárcenas que revelaron la financiación ilegal del PP y lo que se deduce de esas anotaciones es una posible estrategia para ayudar al extesorero en su estrategia de defensa en Gürtel, hasta el punto de manipular un informe policial, con la influencia de Olivera, las sospechas de que "Luis el cabrón" era Luis Bárcenas. Después, llegó 2013 y cambió todo: las informaciones sobre la caja b y los supuestos sobresueldos de dirigentes del PP, más la confesión del extesorero en la Audiencia Nacional coinciden con la puesta en marcha de la operación Kitchen.

No son sólo estas las anotaciones o referencias a Olivera que aparecen en el sumario de la pieza 7 del caso Villarejo sobre el espionaje a Bárcenas. Los investigadores cuentan con apuntes del comisario jubilado así como grabaciones en las que se da muestra de la amistad entre ambos. Una relación que se mantuvo con los años, porque, tal y como consta en el auto de imputación de Cospedal, a principios de 2017 Villarejo explicó a Olivera y al empresario Adrián de la Joya –imputado en otra pieza de esta macrocausa– en una conversación grabada "la implicación" de la ex secretaria general del PP y de su marido en la operación Kitchen.

Los indicios sobre Olivera ya estaban ahí. De hecho, el juez García Castellón ordenó el pasado mes de septiembre investigar cuentas bancarias y el patrimonio de este comisario ya retiradoordenó por los negocios en los que, según los investigadores, colaboró con Villarejo, presuntamente facilitándole información privilegiada para sus intereses privados a cambio de una comisión que podría haber sido del 5%. Olivera fue jefe de la UDEF entre 2006 y 2012, etapa durante la cual se destapó el caso Gürtel. Después, se puso al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) hasta 2018, cuando el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reordenó la estructura de mando. Hasta el año pasado había sido vocal del Consejo Asesor de la Policía, y en el otoño de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales como gestor de riesgos.

Según destacaba la Fiscalía Anticorrupción, había indicios de un “concierto económico permanente” entre Villarejo y Olivera, “a modo de iguala o comisión”. El primero llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives “su amistad” con el exjefe de la UDEF, al que definía como “tronquete”, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial. Pero no era la primera vez que Villarejo hacía esto. En 2009, advirtió en dos conversaciones telefónicas con Ignacio López del Hierro de dos investigaciones de corrupción que en aquel momento estaban secretas y que afectaban directamente al partido conservador: el caso Brugal en Alicante y la rama valenciana del caso Gürtel.

Conocimiento de las actividades ilegales de Villarejo

Pero no sólo son las reflexiones de Villarejo, ya que Anticorrupción destacaba otro archivo de audio en el que se demostraría que Olivera tenía “pleno conocimiento del modo en que el comisario obtiene información para sus clientes, especialmente los tráficos de llamadas de las personas que investiga” su empresa Cenyt y que le eran facilitados por otro de los investigados en la macrocausa, el también comisario jubilado Enrique García Castaño. En otra conversación, se planteaba que Olivera se llevaría un porcentaje del 5% por colaborar. Y todo esto, cuando Olivera era aún un alto mando policial en ejercicio.

Lo que concluían los fiscales es que en virtud de los acuerdos económicos entre Villarejo y Olivera, éste último “habría amparado las actuaciones ilícitas" del primero, en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas y en otros, como en el caso de la operación Kitchen, “permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”.

Según el sumario, hay un buen número de audios intervenidos a Villarejo en el que se escucha, aparte de a este comisario, a Olivera, al empresario Adrián de la Joya y el abogado Javier Iglesias, vinculado con dirigentes del PP. Conversaciones en las que Villarejo explica cómo captaron al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, gracias a la intermediación de Cospedal, su comisario de confianza Andrés Gómez Gordo y su marido. También detalla los pagos mensuales de 2.000 euros que le daban a cambio de su trabajo como confidente y cómo con la participación del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, consiguieron que ingresara en la Policía para que Ríos “no les pudiese delatar”.

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, ha admitido en el Congreso que no sabía de su imputación en la llamada operación Kitchen, que ha trascendido este miércoles por la mañanaoperaciónKitchen, pero en todo caso no le ha pillado por sorpresa, ya que llevaba tiempo viéndolo en la prensa.

La imputación de Cospedal y su marido se ha conocido cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la comisión de investigación sobre esa supuesta trama creada en Interior para sustraer a Luis Bárcenas documentos comprometedores para el PP, según recoge Europa Press.

De inicio, López del Hierro avanzó a los diputados que por "indicación jurídica" no iba a contestar a las preguntas de sus señorías, si bien en una declaración inicial se ha desvinculado del PP subrayando que "nunca" ha formado parte de sus filas.

Incluso cuando la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, le ha leído el auto de su imputación, el empresario no ha querido hacer comentarios.

Pero en el siguiente turno, al ser preguntado por el diputado de Podemos, Ismael Franco, si su imputación, que lleva fecha del día anterior a un comparecencia, le ha pillado por sorpresa, el empresario ha contestado: "Por sorpresa, por sorpresa, no. Venía en la prensa, llevaba tiempo".

Y cuando ha llegado el turno del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufian, ha añadido que no sabía de su imputación al llegar a la comisión, algo que el diputado independentista ha dicho no creerse.

Al margen de esos breves comentarios, López del Hierro ha vuelto a su silencio ante las preguntas de los diputados.

El fiscal del juicio por la presunta caja b del PP, Antonio Romeral, ha afirmado este jueves que los denominados papeles de Bárcenas "sí son reales", pese a carecer de valor contable, "porque recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz".

En este sentido, aunque ha indicado que el testimonio del ex tesorero del PP en este procedimiento genera dudas, ha subrayado que él fue uno de los responsables para que la reforma de la sede nacional de la formación política se pagara en parte con dinero negro.

Así se ha expresado el fiscal Anticorrupción durante su exposición de sus conclusiones finales en este juicio, en el que rechaza la aplicación a Luis Bárcenas de atenuantes y pide que sea condenado a cinco años de prisión.

Romeral ha iniciado su informe defendiendo su acusación, después de que algunas de las acusaciones populares le reprocharan que tuviera una actitud "timorata", poco "expansiva" y no atribuyera los mismos delitos a los acusados. Así, se ha dirigido directamente hacia la acusación ejercida por IU, que en la sesión de este miércoles anunció que retiraba los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y delito electoral.

Entrando ya en el análisis del objeto de enjuiciamiento, el fiscal ha señalado que "hay un hecho clave" por el que se está celebrando este juicio: la publicación de los denominados papeles de Bárcenas. papeles de Bárcenas"Y nos preguntamos lógicamente si esos documentos son reales, si su existencia temporal es compatible con la información que contienen y, de serlo, nos preguntamos, si esos datos son reflejo de hechos y acontecimientos reales y cual es su trascendencia penal", ha explicado.

"Vaya por delante que la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales", ha afirmado, porque en ellos se expresan "en letra y guarismo, las anotaciones de Luis Bárcenas", a lo que se suman los contenidos digitales que éste aportó a la causa, que reflejan "una serie de acontecimientos" que se han comprobado que "al menos una parte si son reales".

En cuanto al testimonio del extesorero del PP, sin embargo, al fiscal le genera dudas "porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de tramitación de la causa". La Fiscalía, por lo tanto, da valor a lo que ha podido corroborar a través de testigos, de los inspectores de la UDEF y los peritos de Hacienda, como que algunas "salidas" de dinero de la caja b anotados por Bárcenas se ingresaron posteriormente en cuentas bancarias del PP, es decir, en "la caja a".

Eso sí, cree que los papeles de Bárcenas no tienen ningún valor contable, y por ello acoge los argumentos expuestos por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que tildaron los documentos de "chapuceros".

Apuntes de Bárcenas

Durante su intervención, el fiscal también ha hecho referencia a las anotaciones de Bárcenas sobre el supuesto pago de sobresueldos a altos cargos del PP o presuntas donaciones al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

Sobre el primer extremo, Romeral ha apuntado que, aunque pueda existir "sospecha", no ha sido objeto de examen ya que el juez instructor delimitó los hechos de enjuiciamiento; mientras que sobre las donaciones finalistas, ha recordado que, no sólo siguen instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5, sino que algunos testigos han negado haber hecho tales aportaciones.

Asimismo, ha subrayado que los peritos de Hacienda ya expusieron sus dudas sobre si el PP debe tributar por la caja b, puesto que se desconoce el origen de los fondos y que algunas de las donaciones están no superaban el límite legal establecido.

En este sentido, el fiscal Anticorrupción ha destacado que por ello el tribunal va a tener que hacer un pronunciamiento limitado sobre algunos aspectos, a lo que se suma la dificultad de valorar la pena que podría imponerse a Bárcenas con respecto a la presunta apropiación indebida del dinero de la caja 'b' para que el también extesorero Álvaro Lapuerta adquiriera acciones de Libertad Digital.

"Se debía haber enjuiciado este hecho de manera conjunta en Gürtel –donde Bárcenas ya fue condenado por este delito– o aquí", ha lamentado el fiscal, al tiempo que ha apuntado que, debido a que el PP renunció a reclamar los 209.000 euros invertidos, solicita el decomiso del dinero "porque procede de un delito". Lapuerta no devolvió al partido dicha cantidad tras vender dichas participaciones.

Las mentiras de Bárcenas

Entre otros aspectos, el fiscal ha cuestionado que Bárcenas tratara de "disimular" su cuerpo de escritura la primera vez que fue a declarar a la sede de la Fiscalía, si bien "no sirvió el engaño" en la medida que los expertos se percataron de ello.

Se ha referido igualmente al testimonio del hoy director de El Español, Pedro J. Ramírez, que declaró como testigo en este juicio e incidió sobre la personalidad de Bárcenas al presumir éste de "lo bien que mentía" tras ver la declaración que prestó ante el entonces juez instructor del caso Pablo Ruz.

También ha aludido el fiscal al hecho de que Bárcenas afirmara que los documentos se entregaron a la prensa sin su consentimiento, atribuyendo a su defensa de entonces, el exjuez Javier Gómez de Liaño, la entrega, lo que para Romeral "es otra forma de "faltar a la razón". A ello se une que el extesorero no aclarara la existencia de dos versiones en 2008, la última etapa de los apuntes, en la que en una aparece el nombre del expresidente del gobierno Mariano Rajoy mientras que en la segunda no.

Reforma de la sede del PP

Sobre la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP entre 2005 y 2010, el fiscal ha recalcado que los acusados "negociaron" el pago en negro de parte de la reforma y que el partido es responsable civil subsidiario de ello porque "fue quien se benefició de estos hechos al pagarse en 'b'".

Así, ha señalado que los socios de Unifica –que desarrolló la remodelación–, Gonzalo Urquijo y Belén García, eran "conscientes, conocían y sabían que se manejaba dinero b", como "administradores mancomunados" que eran de la sociedad, y, por tanto, cometieron un delito fiscal por el Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2007 al ocultar estos ingresos. Y por otro lado, que el extesorero conservador "apoyó al ejecutor" del delito como cooperador necesario.

De hecho, sobre Bárcenas ha dicho que el delito no se habría cometido si él no hubiese permitido la elaboración de facturas "falsas, que no concuerdan con la realidad". En cuanto al exgerente del PP Cristóbal Paéz, quien controló las obras, le atribuye el papel de "cómplice" al entender que no tenía autoridad para impedir la comisión del delito.

Asimismo, ha incidido en que hay "prueba suficiente" para demostrar el fraude, como que Unifica emitía dos certificaciones finales de obra –documento que sirve para hacer la factura por los servicios prestados– y que declaraba a Hacienda la de "menor importe". La diferencia de cuantía, fue abonada por Bárcenas, previa aplicación de un descuento, con dinero procedente de la caja b, ha apostillado.

Unifica también tenía caja bcaja b

Con todo ello, el fiscal también ha abundado en que Unifica también tenía una contabilidad b. Por tanto, tras repasar todos los indicios sobre este hecho, no ha dado credibilidad a las explicaciones ofrecidas por los socios de la misma, ni de testigos, que afirmaron que eran una caja para hacer frente a pequeños gastos.

Una vez que ha apuntado que ha visto en decena de asuntos de delitos fiscales la operativa de repartir el IVA para generar dinero negro como en este caso, ha enfatizado "que cuando hablamos con la gente en la calle, todo el mundo entiende lo que es dinero b o dinero negro (...), es un concepto vulgar que todos entendemos".

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha descartado aplicar alguna atenuante al extesorero del PP Luis Bárcenas a la hora de hacer definitiva su solicitud de pena por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja b y ha confirmado este miércoles su petición de cinco años de cárcel para el exdirigente conservador, según informa Europa Press. El Ministerio Público no tiene en cuenta así la predisposición mostrada por Bárcenas en los últimos meses para colaborar con la Justicia, quien antes de iniciar la vista oral remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo los hechos de acusación y explicando el funcionamiento de la contabilidad paralela de la formación política. Unas confesiones que reiteró en su declaración como acusado.

El fiscal Romeral -este martes se conoció la propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ascenderle a número dos de Anticorrupción- ha explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su escrito de calificación se han introducido breves modificaciones. El "principal" cambio, ha apuntado, es la atenuante de la reparación del daño para la firma de arquitectura Unifica -responsable de las reformas-, ya que ha realizado el pago de la responsabilidad civil que preveía Fiscalía. "Apreciamos así atenuante con la repercusión que tiene en la penalidad", ha dicho.

Además, Romeral ha indicado que ha realizado otras modificaciones relativas a los hechos fruto de la prueba practicada a lo largo de las sesiones del juicio oral, pero ha añadido que no afecta a la responsabilidad penal de los procesados.

Así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de prisión para Bárcenas -quien ya ha sido condenado en firme a 29 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)- por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y un año y medio de cárcel para el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez por los mismos delitos salvo el de apropiación indebida.

No obstante, debido a la modificación planteada para los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, su petición de pena puede verse reducida, aunque no ha concretado el representante del Ministerio Público. En su escrito de acusación provisional solicitó para cada uno de ellos la pena de tres años y 10 meses de prisión.

Conclusiones del resto de acusaciones

Anticorrupción no ha sido la única en trasladar al tribunal sus conclusiones definitivas tras la práctica de todas las pruebas durante la vista oral, pues también lo han hecho el resto de acusaciones, como la Abogacía del Estado y las acusaciones populares. El turno de las defensas será este jueves, ya que algunas de ellas han solicitado tiempo para preparar sus conclusiones tras conocer los cambios introducidos por las acusaciones. Después de cumplimentar esta fase, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar con la exposición de los informes de las partes.

La acusación popular Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha sido la única que ha tenido en cuenta la actitud de colaboración del extesorero. El letrado ha anunciado que entre las modificaciones de su escrito de acusación provisional se incluye la aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para Bárcenas, "en virtud de su declaración en este juicio oral".

Se da la circunstancia de que las acusaciones populares de este procedimiento son las que provisionalmente solicitaron penas más elevadas para Bárcenas. En el caso de la ejercida por Izquierda Unida (IU), también se ve rebajada su acusación, puesto que ha anunciado que retira los delitos de organización criminal, que se sustituye por el de asociación ilícita, tráfico de influencias y delito electoral. En lo que sí han coincidido todas las acciones populares es en retirar la acusación contra la trabajadora de Unifica Laura Montero, para quien ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado dirigieron acusación.

Reducida la cuota defraudada

Por su parte, la Abogacía del Estado ha modificado también su escrito de calificación provisional con respecto a la cuota que entiende defraudada correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007. De tal modo, ha rebajado las cantidades que creen que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública.

En este sentido, ha apuntado que si se tiene en cuenta la diferencia de los importes de las certificaciones finales -documentos que sirven para facturar los trabajos- que Unifica emitió con respecto a las obras en la sede del PP, la cuantía impagada es de 931.240 euros; mientras que si se toma como referente los conocidos como papeles de Bárcenas, donde el extesorero apuntó las entradas y salidas de la caja b del partido, los acusados deberían abonar 920.501 euros.

Cabe recordar que el PP se encuentra presente en este procedimiento como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha calificado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja b que los conocidos como papeles de Bárcenas, donde el extesorero conservador Luis Bárcenas anotó los movimientos de la contabilidad paralela, eran "chapuceros" ya que "estaban llenos de errores", informa Europa Press.

Así lo ha dicho uno de los peritos, que ha comparecido junto a otros tres de la IGAE, a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. "Mi conclusión sería que estos papeles no están completos. No nos parece creíble que una contabilidad b se lleve en hojas sueltas. Se lleva en un libro", ha señalado.

La IGAE aportó varios informes periciales a la instrucción sobre la presunta contabilidad opaca de la formación política en la que ya concluyeron que las anotaciones contables de Bárcenas tenían "inconsistencias". Esta idea ha vuelto a ser manifestada por este perito, que ha precisado que "aunque algunos movimientos se han verificado que son reales, hay otros movimientos que no lo son y pueden estar ahí por alguna intención".

Según ha explicado el experto de la IGAE, analizaron tanto los denominados papeles de Bárcenas publicados en 2013 en El País como los archivos informáticos que el propio extesorero entregó al entonces juez instructor de la causa, Pablo Ruz, en julio de ese año.

Para el perito, "en general, es una contabilidad muy chapucera, está llena de errores" y por ello considera que los documentos "no son buenos porque parece increíble que no se controle, que se llevara tan mal". Ha añadido que el hecho de que Bárcenas entregara después archivos en un 'pendrive' con la supuesta caja 'b', "hace pensar que esos papeles están hechos ex profeso, que no es la contabilidad real, que no son los papeles concretos".

"Sobran o faltan movimientos" 

"No me puedo creer que se lleve de una forma tan chapucera el control de unos fondos de una caja b. Me inclinan a pensar que no son los verdaderos movimientos. Aunque haya movimientos que son los reales, no están todos, sobran algunos o faltan, pero hay tantos errores que no me puedo creer que se hicieran tan mal", ha insistido el perito de la IGAE.

Esta ha sido la conclusión que ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional después de explicar que él da más credibilidad a los documentos manuscritos sobre la contabilidad b del PP, al estar "más completos", que a las hojas de cálculo que entregó el extesorero posteriormente, ya que estos últimos son más "manipulables". Así, ha recalcado que al analizar toda la documentación se constató que "hay versiones contradictorias de los mismos movimientos".

Asimismo, ha apuntado que había "errores" en los saldos que "alguna vez" apuntó Bárcenas y que lo "lógico" sería que tras registrar entradas y salidas también se dejara constancia del saldo disponible en ese momento. "El que manejara la caja debería saber de qué saldo disponía, sin embargo no lo hacían", ha apostillado, al mismo tiempo que ha afirmado que "cuando se equivocan en el saldo suele faltar dinero".

Esta declaración del perito de la IGAE contrasta con lo que afirmaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El inspector jefe del grupo que investigó la caja b y la trama Gürtel, Manuel Morocho, aseguró que los papeles de Bárcenas eran creíbles papeles de Bárcenasy que todos los errores que contenían se debía a que era una contabilidad "rudimentaria", pero que al final los saldos siempre coincidían.

Preguntado por el abogado de una de las acusaciones populares por las incongruencias en los papeles de Bárcenas, el experto de la IGAE ha precisado que se pueden entender estos errores puesto que "parece" que el extesorero del PP "realizaba borradores, iba tomando notas y algunos de ellos los pasaba al pendrive o formato electrónico", pero insistiendo en que no sabía si era por falta de cuidado o porque no le interesaba reflejar algún dato.

Asimismo, ha destacado que no existían justificantes de algunas de las salidas de la caja 'b' anotadas ya que, según ha recordado, el propio extesorero –para quien Anticorrupción pide 5 años de prisión– explicó que "la mayor parte de las salidas son abonos de las retribuciones". "Si los que reciben el dinero son los jefes o son conscientes de dónde reciben el dinero pues es normal que no firmaran nada", ha señalado.

Doble certificación final de las obras 

Otro de los peritos de la IGAE que ha comparecido ha entrado más de lleno en las obras de la sede del PP y ha afirmado que "hay indicios de evidencia de que los apuntes señalados en los papeles de Bárcenas como hechos a Gonzalo Urquijo –socio de Unifica, empresa que realizó la remodelación– son ciertos".

En este sentido, ha explicado que no sólo analizaron la documentación entregada por el despacho de arquitectos y por el PP, sino también toda la incautada en los registros de ambas sedes. Con todo ello pudieron comprobar que tras finalizar la reforma de cada planta de la sede de los conservadores, Unifica emitió dos certificaciones finales de obra –documento que sirve para facturar los trabajos realizados–, una con un "importe real" y otra con un "importe más bajo", ha apuntado.

Así, ha continuando explicando que a la diferencia entre las cuantías de las dos certificaciones se le aplicó un descuento de un 8 por ciento, según indicó Bárcenas, y "ese es el importe que se aportaba desde la caja b" caja bdel PP. De este modo, la IGAE coincide con la UDEF y con otros peritos de Hacienda que han comparecido en la vista oral sobre que la formación política pagó parte de la reforma del edificio en la calle Génova de Madrid en negro.

La contabilidad de Unifica es coherente, según el perito de la defensa 

Sin embargo, uno de los peritos de parte ha reiterado en la sesión de este miércoles lo que ya venía afirmando en las jornadas previas en las que ha comparecido: que la contabilidad de Unifica es "coherente". "Hemos comprobado que los cobros son consistentes con la facturación, que las facturas son coherentes con las certificaciones y las certificaciones con los presupuestos de obra", ha asegurado, al tiempo que ha agregado que la diferencia de importes entra "dentro de la normalidad".

"Asumir de forma sistemática que esa diferencia entre certificaciones responde a algo torcido, oscuro, no lo veo. Yo creo que hay una serie de circunstancias que pueden explicar esas diferencias", ha defendido.

No obstante, uno de los peritos de la IGAE, a preguntas de la Abogacía del Estado, ha tratado de aclarar que es posible que él también viera "coherencia" en la contabilidad de Unifica si sólo hubiese examinado la información con la que contó el perito de la defensa, si bien éste no tuvo acceso a parte de la documentación que la Policía encontró en los registros y que sí fueron remitidos al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

El inspector jefe de la UDEF a cargo de la investigación de la presunta caja b del PP, Manuel Morocho, ha concluido este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la formación política pagó en negro parte de la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid, según informa Europa Press. 

Morocho, que comparece por segundo día consecutivo junto a otros agentes que elaboraron los informes que obran en la causa en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja b, ha desgranado cómo la formación política sufragó los costes de la remodelación de cada una de las plantas.

Según ha indicado, la reforma que se llevó a cabo entre 2005 y 2010, comenzó por la sexta planta, donde el inspector no ha destacado ninguna irregularidad. No ocurrió lo mismo con las obras correspondientes a las siguientes plantas donde hubo un cambio en la forma de facturar para permitir que el PP pudiera pagar los costes con dinero procedente de la caja bb, ha indicado el inspector de Policía.

"Punto de ruptura" en la facturación

La planta baja fue el segundo espacio a remodelar, que se inició en 2006, y supuso un "punto de ruptura" con respecto a la planta sexta, ya que se generó "una duplicidad" de documentación "con el fin de dar soporte a la operativa que se va a hacer", ha dicho Morocho.

Así, se emitieron dos certificaciones finales de obra –documento que cuantifica el coste final y que sirve de base para emitir factura– con distinto importe en la que, en la de mayor cuantía se incluían unos trabajos extras en los aseos de la planta séptima o en la sala de prensa del segundo piso, que no se incluía en el documento de menor cuantía.

Ha añadido que para pagar la diferencia entre estas dos certificaciones, y tras aplicarle un descuento de en torno al 8 % concertado previamente, la formación política abonó en negro 184.000 euros. Esta cantidad es la misma que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó en los documentos en los que llevaba el control de la contabilidad opaca del partido en noviembre de 2006 bajo el concepto "arquitecto Gonzalo Urquijo".

Asimismo, quedarían por abonar otros 480.000 euros que se aportaron, según Morocho, mediante un "pago en cuenta", que tampoco se encontraba reflejado en la contabilidad del PP –ni la oficial ni en la paralela– ni en la de Unifica. En total, 664.000 euros en negro.

La siguiente planta en reformar fue la segunda, que se inició en 2007 y que, tal y como consta en la causa, se inició antes de que fuera presupuestada. El inspector de Policía ha destacado que la facturación de estas obras tiene su "propia dinámica", pues existe una factura relativa a "trabajos suplementarios ejecutados", como la escalera principal de la sede por el importe de 195.000 euros, si bien fue posteriormente anulada.

En este sentido, ha relacionado esta cantidad con otra salida de la caja b apuntada en los papeles de Bárcenas el 28 de enero de 2008 con el nombre "Gonz. Urquijo". "Este importe coincide con la factura que tiene una serie de inconsistencias", como la forma de anulación de la factura o conceptos "divergentes" de ésta y su correspondiente recibí.

Doble certificación para "dar cobertura a una salida de fondos"

En cuanto a las obras de las plantas quinta, tercera y cuarta –en orden de su ejecución– siguen la misma metodología, similar a la de la planta baja, consistente en elaborar dos certificaciones finales con distintos importes, uno menor sobre el cual Unifica giraba la factura, y otra mayor que respondía al precio real del proyecto.

Morocho ha enmarcado esta operativa en la "construcción de un documento con el fin de dar cobertura a una salida de fondos en efectivo y enmarcar esa misma dentro de la operación de certificación de la obra".

En este sentido, ha apostillado que la diferencia entre ambas certificaciones, a la que hay que descontar el porcentaje pactado, "es la equivalente a la entregada en efectivo" por parte del área económica del PP que se contabilizó en los papeles de Bárcenas.

Morocho ha subrayado que en relación a esta parte de las obras de la sede del PP, Bárcenas apuntó el 13 de marzo de 2008, bajo el concepto "Gonzalo (Arquitecto)", el pago de 258.000 euros que se corresponderían a la quinta planta; el 31 de julio de ese año la entrega de 235.000 euros por el tercer piso a "G.U.", que se identifica con las iniciales del dueño de Unifica; y posteriormente en diciembre, a esa misma persona que responde a esas letras, otros 200.000 euros por la cuarta planta.

Por último, en lo que respecta a la séptima planta, cuya reforma se ejecutó en 2009, año en el que Bárcenas dejó ser tesorero del PP tras su imputación en el caso Gürtel, Gürtelse constata un nuevo "sistema", ha indicado el inspector de la UDEF. A partir de ese momento, Unifica "emite un conjunto de presupuestos por las obras ejecutados" en esa planta y varios "bloques" de facturas.

De este modo, en primer lugar se emitieron ocho facturas para cobrar el 30 % de todos los presupuestos; luego, otras siete facturas por el mismo porcentaje; y por último otras siete facturas correspondientes a un 20 % de los presupuestos restantes.

Para el jefe del grupo de la UDEF que analizó la presunta caja b del PP, esto es una "anomalía" ya que las facturas y su abono –los dos primeros conjuntos mediante cheque y el último por transferencia bancaria– se hacen en base a unos presupuestos y no sobre una certificación final.

Las cajas de seguridad de Unifica

Por otro lado, Morocho también ha sido preguntado por una presunta contabilidad b en Unifica, dirigida por los acusados Gonzalo Urquijo y Belén García. Así, el investigador ha afirmado que la empresa tenía cajas de seguridad en dos entidades bancarias, resaltando varias de las visitas que hicieron.

Una de ellas es la de Urquijo el mismo día que apuntó Bárcenas en su contabilidad la entrega de 258.000 euros por la quinta planta de la sede del PP. Otra visita que, según Morocho, es "significativa" es la que llevó a cabo García coincidiendo con la fecha del pago de 195.000 euros por la reforma de la segunda planta del mismo edificio.

Asimismo, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, otro de los agentes de la UDEF que ha comparecido junto a Morocho ha señalado que otra forma de nutrir la caja b de la empresa de arquitectos era la solicitud a proveedores de la emisión de facturas falsas. Con ello, Unifica lograba reducir el IVA a pagar.

A cambio de esta práctica, denominada por los trabajadores de Unifica como "piratas", según consta en un correo electrónico enviado por una empleada a Urquijo, la empresa de arquitectos pagaba a los proveedores un 9%; un 1 % al intermediario utilizado para su consecución, mientras que Unifica se quedaba con el 6% más el importe de la base imponible de las facturas generadas.

El agente de la UDEF que ha intervenido en este punto ha explicado esta dinámica al ser preguntado por un correo electrónico de Urquijo a una de sus trabajadoras y a su socia en el que se adjuntaba una hoja de cálculo y se comentaba: "Con esta tabla hacemos b unos 60.000 euros y nos quitamos unos 11.000 de IVA. Creo que tenemos que llegar a los 20.000 de IVA. Pero vamos tirando con esto y seguiremos".

Por último, los investigadores también han apuntado que Urquijo y García tenían cuentas de países como Canadá, Luxemburgo y Suiza. Según el informe que entregaron al juez en 2014, llegaron a tener hasta 9,4 millones de euros en el extranjero.

Cabe recordar, que ambos acusados se acogieron a la denominada amnistía fiscal en 2012 pagando 109.000 euros cada uno, si bien ninguno de los dos han aclarado el origen de este dinero en sus declaraciones ante el tribunal.