Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

“En este país se fusila poco”. “Te mereces acabar en una cuneta”. “Cementaremos sobre tu cadáver”. “Hace cien años estarías colgado cara al sol”. “Sé quién eres, nos vamos a encontrar”. “Menos cocheras y más cunetas”. “Te deberían prender fuego”. “Hasta que alguien te toque esa carita”. 

Los mensajes de odio y amenazas de muerte, a través de redes sociales, colapsan el teléfono de Antonio Giraldo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, autor de virales hilos en X sobre urbanismo, vivienda y arquitectura, está viviendo una brutal campaña de acoso, que ya ha denunciado ante la Policía Nacional y que le ha obligado a pedir protección a la Policía Municipal.

¿El motivo? Un simple mensaje en X donde exponía su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo que enterraba el segundo intento del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, para construir pisos en la parcela en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos que albergó las históricas cocheras de Antonio Palacios.

Su mensaje, publicado el pasado lunes, decía: “Demolición ilegal de las cocheras de Metro de Antonio Palacios y dos procesos urbanísticos negligentes por parte del Ayuntamiento enterrados ya por el Supremo. Llevaré esta vergüenza el lunes próximo a la comisión de urbanismo. ¿Qué pasa ahora?”.

“Se pone fin por segunda vez a todo el proceso. Y lo que es peor: si se pretende hacer un tercer intento, éste ya no podrá ser tal y como estaba previsto en el primero y el segundo, pues ahora la Ley de Vivienda estatal obliga a porcentajes de vivienda protegida más altos que los que había. Pero los cooperativistas, sin embargo, ya han pagado hace mucho por unas viviendas que ahora sí que ya nunca podrán materializarse. Además, el ayuntamiento podría verse obligado a asumir responsabilidades patrimoniales. O eso, o intentar una nueva chapuza que acabará igual”, señalaba en el texto, que concluía así: “Es desesperante, pero es lo que pasa cuando todo se hace mal. Lo peor, la pérdida de patrimonio industrial histórico de Madrid”.

En ese momento empezó a desatarse una ofensiva con mensajes agresivos y de intimidación. Giraldo, en una conversación con infoLibre, relata lo sucedido: “Llevo muchos años en redes. En cierta manera te acostumbras a un ambiente de odio. Pero jamás había recibido con esta intensidad y calado estas amenazas de muerte. Te provoca un sentimiento de susto y te planteas hacia dónde vamos”.

“Sencillamente he dicho que las cosas no se han hecho bien. Yo hablo con mucha claridad en las redes sociales. Y todo por culpa de la negligencia constante del Ayuntamiento en una situación en la que las familias van a seguir esperando sus viviendas. Y, además, comenté los daños patrimoniales respecto a las históricas cocheras de Antonio Palacios”, manifiesta el edil socialista.

Su mensaje se hizo viral el lunes. A partir de ahí, prosigue Giraldo, empezaron los comentarios con insultos. Él respondió contundentemente, mientras que desde diferentes perfiles, la mayoría anónimos, empezaron a señalar a los denunciantes como las asociaciones ecologistas. La espiral creció, añade el edil, al entrar en juego cuentas con muchísimos seguidores y vinculadas a la extrema derecha. A raíz de ahí se multiplicaron los tuits de carácter delictivo y con amenazas de muerte. Todo de manera orquestada, con una estrategia digital basada en retuits y en el señalamiento en redes.

Giraldo no se quedó parado: “Lo primero que hice fue denunciar en la red social X estas amenazas. Y me han respondido con un correo diciendo que estos mensajes no incumplen las normas. No he conseguido que borren ni un tuit”. Todo ello en un ambiente muy crispado con el tema encima de la mesa el próximo lunes con la convocatoria de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, en su sede de la plaza de la Villa, donde el concejal lleva esa sentencia como uno de los puntos del orden del día.

Ante la negativa de X y la oleada de amenazas de muerte, Giraldo decidió pedir protección a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y quiere agradecer el trabajo y el trato que está recibiendo. Asimismo, ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional con todos los tuits amenazantes que lleva recibiendo durante toda la semana. 

Giraldo no tiene el perfil típico de político. Se hizo muy conocido en redes durante la pandemia como divulgador de temas urbanísticos. Sus hilos en la red social X acumulaban miles de likes y planteaban dilemas arquitectónicos de manera muy sencilla y con otro punto de vista. La exministra de Industria Reyes Maroto se fijó en él y lo llamó para formar parte de la lista del PSOE para las elecciones municipales del 28-M hace casi tres años. Desde entonces se ha convertido en una figura ascendente en el mundo local y en uno de los azotes de las políticas de vivienda de Almeida.

El concejal hace esta reflexión global: “Son campañas contra la gente de izquierdas. Para que te alejes, para que te calles, para que no digas nada, para que te retires”. “Quieren presionarte para que pienses qué necesidad tienes de dedicarte a esto. Buscan hacerte pequeño cuando estás diciendo la realidad constatada por una sentencia. Estos mensajes son para que no ocupes espacios y para que no hagas política. Y, además, van in crescendo cuando muestras resistencia”.

“Como personaje público, hasta normalizas los mensajes con insultos. Pero hasta este lunes no había recibido estas amenazas de muerte. Se han cruzado todas las líneas, nunca me había pasado. Corremos el riesgo de asimilarlo como algo cotidiano. Esta vez he decidido decirlo de manera abierta”, apostilla el edil del PSOE.

A pesar de estos días duros, manda un aviso para navegantes: “No voy a dejar la política, voy a seguir diciendo las cosas claramente. Voy a denunciar todas las amenazas. Tendrán que pagar por esto. Esto no puede quedarse en la impunidad. Voy a seguir haciendo la política de siempre, pero quiero elevarlo al debate público”.

Pero esto no va solo de cuentas anónimas en redes: “Hay responsables políticos de algunos partidos que alientan estos discursos. Y se tienen que dar por aludidos porque están provocando estas situaciones. Cuando deshumanizan a otros dirigentes alimentan la capacidad de amenaza”.

Giraldo subraya también que este tipo de amenazas se han convertido en algo habitual, especialmente con las mujeres de izquierdas en el punto de mira. Ha hablado mucho estos días con su compañera Enma López, que recibe constantes intimidaciones por sus intervenciones en el Ayuntamiento, en las ruedas de prensa y en los debates televisivos. Y pone sobre la mesa también los casos de agresión que están sufriendo la analista Sarah Santaolalla y la portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital, Rita Maestre. Dice que ha recibido el apoyo de muchos políticos durante estos días, aunque no le ha llamado el alcalde. Este jueves sí se solidarizó con él durante el pleno de la Junta de Centro el concejal popular Carlos Segura. 

“Insisto en el mensaje de que no lo podemos normalizar, aunque te llamen llorica y te digan que dejes de victimizarte. Merece mucho la pena denunciar. No son simples cuentas anónimas, hay personas detrás que las dirigen y las financian. Hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera. Hay que señalar qué papel juegan las redes y sus dueños. Están operando en nuestro territorio y hay que ponerles coto sí o sí”.

Giraldo respira hondo. Y deja una última impresión de manera clara, como sus mensajes sobre urbanismo en redes: “No me van a echar de la política”.

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

Vox ha negado este lunes que se haya producido ninguna filtración de datos personales del diputado Javier Ortega-Smith y ha afirmado que su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos carece de base jurídica.

En un comunicado, el partido liderado por Santiago Abascal ha dicho que jamás se han revelado datos personales a terceros y que las acusaciones formuladas por el diputado no tienen base jurídica, ya que Vox se ha limitado a emitir un comunicado en el que "no hay contenido alguno del expediente abierto" y tan sólo aparece la decisión del Comité de Garantías del partido.

El exsecretario general de Vox ha asegurado este lunes en una entrevista en OndaMadrid que ha denunciado a la formación por "filtrar" la mencionada resolución de expulsarle definitivamente del partido sin que haya concluido el expediente sancionador abierto contra él por desobedecer la orden del Comité Ejecutivo Nacional de dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

Ha afirmado además que mantendrá su acta como diputado pese a la resolución del Comité, al que ha retado a echarle también del grupo parlamentario del Congreso, del que solo se irá si le expulsan sus compañeros, ha dicho.

Según ha precisado Vox en el comunicado, las actuaciones internas del partido se realizan conforme a la Ley de partidos, los Estatutos y al sistema de cumplimiento normativo, que obliga a tramitar y documentar las comunicaciones recibidas, documentos que son "plenamente conocidos" por Ortega-Smith. Por ello, señala la formación, "sorprende sobremanera" que se confunda el deber del partido de ser transparente con "una filtración de datos de carácter personal que en ningún caso se ha producido".

Vox ha expulsado cautelarmente este lunes a dos de sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Madrid, cercanos al portavoz municipal del partido, Javier Ortega Smith, cuyo futuro en el partido está pendiente de un expediente disciplinario, aunque ya ha avanzado que seguirá ejerciendo como tal en el pleno municipal del martes, informa EFE.

Una situación a la que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no ha querido dar mucha importancia al afirmar que la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España -en referencia al de Madrid- es "la última" de sus "preocupaciones".

Vox debe decidir si Ortega Smith, también diputado nacional y ex secretario general del partido, continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

El futuro de Ortega Smith depende así de la resolución que dicte el partido sobre el expediente disciplinario abierto contra él y la decisión de expulsarle cautelarmente de militancia por negarse a acatar la orden de dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y ceder el puesto a la concejala Arantxa Cabello.

Pero Ortega Smith ha anunciado que en el pleno municipal de mañana, martes, volverá a ejercer como portavoz al entender que cuenta "con el apoyo de la mayoría del grupo" y que seguirá hasta que el resto de concejales decida lo contrario.

Y ha lamentado que "un grupo de personas llevan tiempo intentando eliminar, expulsar a todos aquellos que han querido tener personalidad", además de criticar, aludiendo a la dirección nacional de Vox, las "amenazas que se vierten de expulsiones, expedientes, traiciones".

Mientras, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha informado este lunes al Ayuntamiento de Madrid de la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y ha dejado claro que cualquiera que no respete las órdenes del comité ejecutivo nacional será expulsado, como establecen los estatutos.

Una expulsión que Carla Toscano, a través de su cuenta personal en la red X, ha calificado de "situación absurda": "Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible: apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha advertido.

Preguntado al respecto en una visita a Arévalo (Ávila), Abascal ha comentado que "los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", que es lo que ha asegurado que va a hacer. 

El Ayuntamiento de Madrid ha cesado este jueves al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, cuya destitución solicitaba la oposición municipal desde el 28 de abril de 2025 cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, según informa EFE. 

Su cargo lo ocupará Antonio Domingo Ayuso, Subdirector General de Coordinación y Planificación en el Ayuntamiento de Madrid, una "persona de casa" que llega para dar un "nuevo impulso" según ha trasladado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno donde ha dicho que terminaba una etapa tras un "trabajo extraordinario" de Pablo Enrique Rodríguez. 

El nombre de Rodríguez saltó a la palestra cuando el 28 de abril de 2025, día del apagón, cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, que provocó el siniestro tras sufrir una caída, según los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo. El suceso provocó un enfrentamiento entre la oposición, que pedía el cese del director general, y el Ayuntamiento, que no lo ha hecho hasta ahora.

El hasta ahora director general de la Policía Municipal de Madrid también volvió a estar involucrado en la polémica después de que decenas de opositores al cuerpo hayan quedado fuera del proceso selectivo tras superar el examen teórico y enfrentarse a la prueba psicotécnica y de personalidad, en la que se ha fijado una nota de corte de 8,7, la más alta registrada en las últimas promociones.

Tras darse a conocer el cese de Enrique, desde el PSOE, su concejal Enrique Rico, portavoz del Área de Seguridad, ha sostenido que la "acumulación de escándalos denunciados desde hace tiempo ha provocado una situación insostenible". Afirma que la decisión de la vicealcaldesa de ejecutar el cese llega "tarde y no responde" a una iniciativa propia, sino a la presión política y al temor por su futuro.

Deporte, convivencia y protesta. Las familias del CEIP Amadeo Vives, en el barrio madrileño de Aluche, han convocado para los días 14 y 15 de febrero unas jornadas deportivas y reivindicativas bajo el lema “El patio no se toca”. El objetivo: frenar los planes del Ayuntamiento de Madrid para construir un Centro de Mayores en una de las pistas deportivas que el alumnado utiliza a diario. Un plan sobre el que ya informó infoLibre el pasado mes de noviembre y que el Ayuntamiento está decidido a llevar adelante.

La convocatoria coincide con el Carnaval y se plantea como un fin de semana de puertas abiertas, con actividades deportivas intergeneracionales, actos festivos y una manifestación. Profesorado, alumnado, personal laboral y familias participarán en una iniciativa que busca visibilizar el conflicto y sumar apoyos vecinales.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Amadeo Vives insisten en que no se oponen al Centro de Mayores y de Día, una reivindicación histórica del barrio. De hecho, recuerdan que su ubicación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del distrito de Latina —con gobiernos de distinto signo— en la parcela de la calle Camarena, 277.

En ese sentido, el AFA se alinea con la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA), que también defienden que el equipamiento se construya en el emplazamiento acordado. “Que nadie se lleve a engaños”, subrayan desde la comunidad educativa: el apoyo al centro para mayores es “sin ningún género de duda”, pero rechazan que se levante en el patio del colegio.

El actual proyecto municipal, impulsado por el Gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se apoya —según denuncian las familias— en informes técnicos de edificabilidad que no han sido facilitados ni a la dirección del centro ni al resto de la comunidad educativa o vecinal.

Las familias cuestionan además el argumento de que el patio estuviera en desuso y recuerdan que en una parcela colindante se han construido recientemente viviendas sin que la edificabilidad haya sido obstáculo.

La titularidad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento, algo que la comunidad educativa no discute. Sin embargo, sostienen que la pista polideportiva fue anexada al colegio a finales de los años 80.

Según la documentación que manejan, en octubre de 1988 el representante municipal informó en Consejo Escolar de que el plan de inversiones de 1989 contemplaba el cerramiento total del centro y el patio “con anexión de terrenos”. Esa inversión se materializó el 24 de agosto de 1989 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con una partida de más de 17 millones de pesetas para el acondicionamiento de patios en los colegios Amadeo Vives y Ermita del Santo.

Las familias reclaman ahora que el Consistorio facilite los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Educación y el Pleno municipal, convencidas de que avalan una anexión permanente y no una cesión temporal.

Más allá del debate jurídico, la comunidad educativa alerta de las consecuencias prácticas. Si se pierde la pista deportiva, el centro no alcanzaría los 900 m² mínimos exigidos por la normativa para los espacios destinados a Educación Física en Primaria, según el Decreto 132/2010 y las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Actualmente, el colegio dispone de 849 metros cuadrados distribuidos en dos espacios separados —612 m² de patios de juegos y pista de patinaje y 237 m² de pista de minibasket— que no pueden sumarse al estar físicamente divididos.

De ejecutarse el proyecto, advierten, la actividad deportiva, los recreos diferenciados por edades, las extraescolares y las ligas municipales quedarían seriamente afectadas. También lo harían actividades comunitarias como las fiestas organizadas por el AFA o iniciativas de asociaciones del barrio.

Las familias subrayan que el conflicto no es solo una cuestión de metros cuadrados. Hablan de conciliación, de convivencia y de salud emocional. “Sin espacios para correr, jugar y desahogarse, los conflictos proliferarán fruto del hacinamiento”, alertan.

En un contexto en el que la educación pública madrileña arrastra carencias estructurales y una creciente presión sobre sus infraestructuras, el caso del Amadeo Vives vuelve a situar el foco sobre las prioridades municipales. La comunidad educativa reclama diálogo y una solución que no enfrente derechos —los de la infancia y los de las personas mayores— sino que garantice ambos.

Este fin de semana, el patio del Amadeo Vives será algo más que un espacio deportivo: será el escenario de una reivindicación colectiva en defensa de la escuela pública. Porque, insisten, “el patio no se toca”.

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y a favor de PSOE y Más Madrid, revocar el título de hijo predilecto de la ciudad de Madrid al cantante Julio Iglesias, porque supondría "desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica".

Así lo ha afirmado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante su turno de palabra tras la defensa de la iniciativa por parte de Carolina Elías (Más Madrid), quien ha iniciado su intervención con una defensa a las "62.000 personas dadas de alta en el régimen especial de cuidadoras".

"Un sector racializado y feminizado -ha añadido- que las coloca en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por depredadores sexuales para satisfacer sus retorcidos deseos". Y así es el perfil, según Elías, de las personas que "buscaba Iglesias para que trabajaran en su casa": Una mujer joven, sin formación académica y que vivieran en una extrema pobreza para que fuera más fácil el silencio, ha subrayado.

Marta Rivera de la Cruz ha recordado a la concejala de Más Madrid que la justicia española se ha declarado incompetente para juzgar el caso de Iglesias y ha precisado que ninguna de las causas para revocar esta distinción concurren en el caso de la distinción otorgada al cantante español. 

Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de hijo predilecto de Madrid a Julio Iglesias, supondría, según la delegada de Cultura, desnaturalizar el "sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos tradicionales a valoraciones ajenas".

Para Jorge Donaire del PSOE, este "debate exige serenidad, rigor y coherencia institucional" y ha pedido "aclarar" que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por falta de competencia al haberse producido los hechos fuera de España, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución, ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

La izquierda había pedido retirar esta distinción después de que dos mujeres que trabajaban con el cantante denunciaran que habían sufrido agresiones sexuales y abuso durante su tiempo como empleadas de Iglesias. Según una investigación publicada por elDiario.es, las dos exempleadas trabajaron para él, en régimen interno, en sus dos mansiones de República Dominicana y Bahamas, donde se produjo el abuso de poder.

El caso Sinclair, en el que se investiga una segunda estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, entra en una fase inédita con la aparición del principal investigado, Philippe Solomon. Tras meses de infructuosa búsqueda por medio mundo, el misterioso empresario franco-israelí remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, encargado de las pesquisas, varios escritos de alegaciones. En uno de ellos, al que ha tenido acceso infoLibre, Solomon sostiene que él solo recibió por sus trabajos alrededor de 175.000 euros de los 2,5 millones que el consistorio abonó por las mascarillas. El resto del dinero, especifica, se destinó a la obtención del material sanitario, intermediarios y transporte.

La existencia de esta segunda estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ha sido condenado el empresario Alberto Luceño. Se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.

La investigación judicial arrancó en marzo de 2021, a raíz de un atestado policial que ponía de manifiesto el carácter inservible de las mascarillas entregadas –no cumplían con los estándares normativos– y planteaba un posible delito de estafa agravado. Una causa que, sin embargo, se cerró provisionalmente ante la imposibilidad de localizar al principal investigado. Y así, guardada en un cajón, estuvo durante casi un año. Un informe policial en el que se aportaban nuevos datos sobre el supuesto estafador, un empresario franco-israelí que opera con varias identidades, permitió la reapertura de un caso que avanza lentamente casi un lustro después.

La localización y toma de declaración del investigado, que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–, ha sido desde el principio el gran obstáculo en la investigación. Se libró comisión rogatoria a las autoridades del Reino Unido para dar con él. Y solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos. Al final, ante la imposibilidad de tomarle declaración, el instructor del caso, el magistrado Jorge Israel Bartolomé, acordó el pasado mes de abril prisión preventiva, comunicada y sin fianza para Solomon y la emisión de una orden europea de detención y entrega, búsqueda que, según especifican fuentes jurídicas, "aún está vigente".

En los últimos meses, sin embargo, varios escritos a nombre de Solomon han llegado al juzgado. En uno de ellos, fechado el pasado 30 de septiembre, el empresario alega que "no ha dispuesto ni ha incorporado" para "sí mismo" los 2,5 millones de euros que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que ejercía en pandemia como órgano de contratación del consistorio de la capital, abonó en dos pagos a Sinclair&Wilde LTD. De esa cantidad, expone, él "recibió" por su "intermediación y trabajo" dirigido a proveer las mascarillas 205.694,37 dólares, equivalentes a 175.462,23 euros en base al tipo de cambio diario del conversor de divisas del Banco de España a fecha 29 de septiembre.

El resto, asegura, se destinó "a proveedores, intermediarios, transporte y demás costes". Algo que intenta acreditar con los datos de la cuenta donde el Ayuntamiento de Madrid ingresó los 2,5 millones. Abierta en noviembre de 2017 a nombre de Sinclair&Wilde, la misma registró solo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 un total de 79 movimientos, según los documentos aportados a la causa a través de una comisión rogatoria. De ellos, 61 fueron salidas de fondos, por un total de 4,4 millones de dólares –unos 4 millones de euros al cambio de la época–. Y 18 fueron ingresos, por un montante de 4,24 millones de dólares –unos 3,9 millones de euros al cambio de la época–.

En su escrito, el empresario relaciona hasta once millones con la compraventa de las mascarillas. Así, por ejemplo, recoge una transferencia de 945.000 dólares a Victorian Linen & Craft como proveedor y otra de 540.000 dólares a un "proveedor turco". El cuadro aportado también incluye otras cuatro en concepto de transporte, dos por asesoramiento legal y tres más en concepto de "intermediación". Entre ellas se encuentra un pago de 33.549 dólares –30.000 euros al cambio– a una cuenta bancaria española, un movimiento sobre el que el magistrado ya puso en su día la lupa. El beneficiario, un tal Said A.

Los vecinos de Aluche llevan años reclamando un centro de día y un centro de mayores en el barrio. Después de multitud de quejas, escritos a la Junta de Distrito Municipal y manifestaciones, parece que han sido escuchados por parte del ayuntamiento pero con un gran pero, una gran jugada de trilerismo por parte del Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida, porque el terreno escogido es el patio de un colegio.

El centro de mayores se construirá, o eso parece, según el presupuesto de 2026 que en su área de Obras destina un millón de euros, en lo que es una primera partida para su ejecución. ¿Dónde reside el problema? En que la parcela que ha elegido el Consistorio para construir este equipamiento es la misma que utiliza como patio el CEIP Amadeo Vives.

En ese patio, conocido por muchos alumnos como 'los campos rojos' por el color de las vallas que cierran el perímetro de la instalación, se imparten las clases de Educación Física, las extraescolares, se juegan las ligas municipales de fútbol y baloncesto y se organizan campamentos de verano y se utiliza como una parte más del patio.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, reclama esos terrenos, que no pertenecen al colegio pero que el consistorio se los cedió hace casi 40 años cuando se inició la construcción del Centro Cultural Fernando de los Ríos y el CAD de Latina, colindantes al colegio.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Amadeo Vives no se explican cómo el Ayuntamiento ha elegido precisamente esta parcela, con el perjuicio que supone para el centro cuando unos cientos de metros más arriba, en la calle Camarena 277, hay otro terreno disponible y que desde 1979, esos terrenos siempre han estado reservados para equipamientos sociales y es el que las asociaciones han pedido que sea el elegido para albergar el centro de día y de mayores.

Las familias del colegio han iniciado una recogida de firmas bajo el lema "El Patio no se toca" para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas. Rubén González, portavoz de la AFA, asegura que las familias están muy preocupadas ante la posible desaparición de este espacio, ya que el resto de instalaciones del colegio no tienen capacidad suficiente para albergar todas las actividades que se están desarrollando en ese patio.

La Plataforma Vecinal por el Centro de Día y de Mayores en Camarena 277 también se suma a la AFA y denuncia que "el Ayuntamiento pretende eliminar un espacio deportivo del Colegio Público Amadeo Vives para construir un Centro de Mayores y seguimos exigiendo que se realicen ambos Centros en el espacio público de Camarena 277".

También los grupos de la oposición se han hecho eco de la obra que quiere realizar el Ayuntamiento de Madrid. Pedro Barrero, portavoz del PSOE en el distrito ha pedido "defender que el futuro Centro de Día y de Mayores de Aluche se construya en Camarena 277, tal y como se aprobó durante años, y no a costa de eliminar las pistas del patio", al igual que desde Más Madrid y Podemos animan a firmar la petición 'El Patio no se toca' y a "luchar por un centro adecuado para mayores sin sacrificar espacios infantiles".

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos aseguran que se está trabajando para que la obra afecte lo menos posible a esa pista, insistiendo en que no pertenece al colegio. Señalan también que el colegio cuenta con dos patios que acaban de ser reformados por el distrito.

Alfonso Serrano, el número dos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dentro del PP madrileño donde ocupa el puesto de secretario general, carga el sueldo de su jefe de gabinete al Ayuntamiento de Madrid. Según informa la Cadena Ser, el máximo responsable del gabinete de Serrano, con un salario de más de 63.000 euros anuales, lleva cobrando la nómina desde abril del consistorio de la capital española.

El periodista Víctor Ruiz de Almirón López, que figura en el Portal de Transparencia del Consistorio como personal eventual de nivel 28 desde el mes de abril. Ruiz de Almirón cobra del erario municipal porque, según el Grupo Municipal Popular, realiza tareas de “asesoría política” para ellos, aunque los periodistas que siguen habitualmente la información local no tenían constancia de esos trabajos.

Desde el PP de Madrid aseguran que el jefe de gabinete de Serrano compatibiliza la asesoría a su jefe con "otros cargos del partido", para los populares, "los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, justifican en declaraciones a la Ser.

El nombramiento y funciones del personal eventual municipal está regulado en un decreto de 2014 del Ayuntamiento de Madrid, que fija que “su nombramiento y cese son libres”, aunque la normativa no contempla que los partidos políticos puedan endosar los costes laborales de su plantilla a los grupos municipales. De hecho, la única salvedad que recoge el decreto es que “excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid”.

Pero el caso del jefe de gabinete de Serrano no es el único. Cristina Ramos García-Patrón, también periodista, cobra al menos desde agosto de 2023 también del consistorio local madrileño como personal eventual de nivel 24 y un salario de 51.429,36 euros anuales.

Ramos ejerce, habitualmente, como ‘número dos’ del PP en la Comunidad de Madrid. Sus tareas pasan por responder a cuestiones de los informadores, elaborar notas de prensa o acompañar a Serrano en sus actos públicos. La periodista también se encarga de anunciar a los oradores en los mítines del Partido Popular de Madrid.

El hombre de 30 años detenido este miércoles por asesinar de varias puñaladas a su exnovia de 21 años en un domicilio del distrito de Villaverde de Madrid delante de su bebé de 15 meses tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VióGen con riesgo "bajo", según informa EFE.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada en la calle de Los Astilleros junto a su bebé de 15 meses.

En torno a las 15.00 horas del lunes, el hombre irrumpió en el domicilio y asestó varias puñaladas a la joven hasta causarle la muerte.

Las fuentes consultadas apuntan que la víctima figuraba en el sistema de seguimiento de casos de violencia machista, VióGen, con riesgo "bajo".

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda asesinada por su pareja o expareja en la región madrileña en lo que va de año y la 31 en toda España. Desde 2003 en que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios este asesinato sería el 1.326.

En torno a las tres de la tarde los servicios de emergencia recibieron un aviso de la arrendataria de la vivienda después de que una niña de 12 años que reside en este domicilio y que no guarda vínculos familiares con la joven asesinada, encontrase su cuerpo con varias heridas de arma blanca y junto a su bebé de 15 meses.

Por el momento se desconoce si el menor es hijo del presunto agresor al que horas después agentes de la Unidad de Prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional detuvieron en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este nuevo crimen machista y ha apelado a la "unidad de acción" de todos los demócratas. "No hay lugar a más titubeos, a más relativismos, a más negacionismos", ha defendido.

Del error de aceptar que esos edificios, con un espacio reducido, tanto para las aulas de clase como para disponer de espacio para esparcimiento e infraestructura  para juego y deporte de los alumnos, se derivan todos los problemas subsiguientes. Quienes observan estas deficiencias diariamente y sufren sus consecuencias, no solo por el ruido continuo, pues el jardín convertido en patio, y señalizado como aparcamiento, es un lugar habilitado para clases, esparcimiento, juegos y recreos, son los vecinos, cuyas casas y ventanas dan al jardín posterior. Estos  vecinos observan a diario los cambios que se hacen en el jardín posterior con la intención de ofrecer espacio de uso del mismo a los profesores y a los alumnos, sin que puedan complacer a unos y a otros.

En ese espacio que estuvo muy bien ajardinado y en cuyo suelo jóvenes cultivaban la horticultura, con la habilitación del colegio, retiraron la tierra y esparcieron cemento. Cortaron arbolado y creyendo que habilitaban espacios para zonas deportivas: fútbol, baloncesto, destrozaron el jardín como espacio de descanso, tranquilidad y bienestar para las personas mayores y jóvenes que lo disfrutaban.  

Mientras los alumnos adolescentes pateaban los balones en un espacio de 40 mts2, para que los balones no entraran por las ventanas de los vecinos o cayeran a los bajos, colocaron unas mallas que les impedía la visión. Por la protesta vecinal ante el propio colegio y la Junta Municipal y otras organismos, han logrado por fin que retiraran las mallas. Parte del suelo del  espacio del  jardín lo han marcado varias veces para ofrecer espacios de aparcamientos a los profesores, aunque  otras tantas veces han desmarcado esos aparcamientos, no se sabe con qué intención. El suelo también ha sufrido modificaciones continuas. Ha pasado de tierra cultivable a cemento, sobre cemento, tierra y últimamente habían colocado césped artificial, retirado a su vez, recientemente.

Cualquiera que pase por la acera de la izquierda de Eloy Gonzalo, desde la Glorieta de Iglesia hasta la de Quevedo o desde ésta a Iglesia, observará a través de las ventanas, que están a ras de la acera, que hay alumnos, a determinadas horas, en el subsuelo del edificio, dando clases o realizando actividades escolares con luz eléctrica, porque las ventanas, pequeñas y enrejadas, están en la parte superior. En ciertos momentos se ha oído que el centro quería horadar la tierra para hacer un aparcamiento subterráneo o un polideportivo para los alumnos. Cualquier solución, muy costosa y complicada, no cambia el problema que tiene un colegio de esta categoría, si es que no lo agrava todavía más. 

La conclusión es muy clara: Los edificios no reúnen las condiciones materiales para ofrecer a las familias y a sus hijos un colegio de élite para el desarrollo pleno de su personalidad.  Este es un colegio muy alejado de los colegios norteamericanos que conocemos por las  series y las películas. La matriz del colegio Brewster se enorgullece de que varios de sus  alumnos han jugado en la NBA. Ninguna horizonte tiene este colegio madrileño para que algún alumno pueda llegar ni siquiera a la ACB o alguna de sus alumnas al baloncesto femenino. Las alumnas no muestran ningún interés deportivo, dicen los vecinos.

Los errores de la conversión del Instituto Homeopático y Hospital de San José en colegio norteamericano están concatenados. La señora marquesa, heredera de los inmuebles, quería recibir el pago de su herencia, a la que se cree con derecho entre los herederos; el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no optó a su compra, cuando tenía la obligación de mantener el edificio en el patrimonio de Madrid, como un edificio declarado BIC. Martínez-Almeida fue director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y durante su mandato (2007-2011) se gastó de las arcas públicas más de tres millones para la reparación del edificio, por lo que conoce perfectamente que su decisión no se corresponde con la historia sanitaria y patrimonial de Madrid. El centro educativo de la marca norteamericana Brewster pensaba que adquiría un edificio singular para un colegio singular, elitista y necesario en Madrid. Todos se han equivocado. Lo lógico sería que el edificio volviera al patrimonio municipal para el  servicio de los madrileños. Lo razonable sería que, comenzando por Brewster –que ocupa los edificios en alquiler con opción a compra– cayera en la cuenta de que es impensable un colegio de su categoría en un espacio reducido y sin posibilidad de ampliarse y ofreciera su reversión. Y, por último, que las familias de los alumnos también comprendieran que no les compensa el dinero que se gastan en la educación de sus hijos por los servicios que reciben.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Ayuso se va a tomar un tiempo para contestar al Gobierno. Como al resto de Comunidades Autónomas, a la de Madrid se le ha exigido la creación de una lista de objetores al aborto. Hay quienes piensan que la sola existencia de ese registro puede abrir la puerta a la discriminación. Los derechos de las mujeres se vuelven a plantear como un campo de batalla cultural e ideológica. Vuelve usarse la salud de las mujeres con fines estrictamente estratégicos.

“No se puede confiar en la frase: 'Esto aquí no puede pasar'. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Margaret Atwood escribió esta frase en el prólogo de su novela El cuento de la criada para que no diéramos por hecho que los derechos que conquistamos una vez van a estar ahí para siempre. “El orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los cambios son rápidos como el rayo”. En los últimos años, mujeres de todo el mundo han usado la túnica roja de las ‘criadas’ como símbolo contra la prohibición del aborto. El libro de Atwood (una distopía que transcurre en un régimen teocrático donde las mujeres fértiles son obligadas a tener hijos), es de 1985.

La concepción conservadora de la “cultura de la vida” constituye una grave violación de los derechos de las mujeres. Como señala la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU o el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la prohibición o la restricción del aborto convierte al Estado en un auténtico agresor institucional. Prohibir o restringir el aborto, aunque solo sea de facto, supone una violación del derecho a la vida; el derecho a la salud y a la atención médica; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la autonomía reproductiva; el derecho a la privacidad; el derecho a la información sobre su salud reproductiva, que incluye la educación sexual; el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Y en ciertos casos supone, además, una violación del derecho que tenemos las mujeres, como los demás seres humanos, a no ser sometidas a un trato cruel, inhumano y degradante. 

Por eso, el Comité de la ONU se ha pronunciado contra varios países, por vulnerar los derechos de mujeres a las que no se permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves, tal como proponía Alberto Ruiz-Gallardón, el ex ministro de Justicia del PP (2011-2014), en su proyecto de modificación de la actual Ley del aborto. Uno de los casos más emblemáticos, en este sentido, fue el de KL v. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) condenó al Estado de Perú por negarse a practicar un aborto a una adolescente embarazada de un feto anencefálico —sin cráneo ni cerebro—, que inevitablemente moriría en el parto o a los pocos días de nacer. En este caso, la adolescente se vio obligada a llevar a término el embarazo, y a amamantar al nacido durante los pocos días que permaneció con vida, de manera que en su dictamen el CDH consideró que el Estado de Perú le infringió tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El PP lideró el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vigente, a fin de liquidar la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre, la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva “desde una perspectiva ideológica de género”, y el régimen de regulación de la objeción de conciencia. Fue también el PP el que excluyó a las niñas de entre 16 y 18 años del acceso al aborto sin consentimiento de sus padres y/o tutores, aunque la Ley del paciente fija en los 16 años la mayoría de edad. Hace unos días, Almeida se descolgó defendiendo un supuesto síndrome post-aborto para reconocer después que se trataba de un trastorno sobre el que no existía ninguna evidencia científica. "Acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre". Esas consecuencias no eran más que una fabulación. El supuesto trastorno no aparece en ningún manual de referencia internacional, ni en el CIE-11 de la OMS ni en el DSM-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. De hecho, la realidad de las madres que quisieron abortar y no pudieron, se analiza muy bien en el Turnaway Study (2015) de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Se trata de un “estudio del rechazo” que muestra cómo estas mujeres han acabado siendo más pobres, sufren más enfermedades y más trastornos mentales y son más vulnerables frente a la violencia machista. La rectificación tardía de Almeida no podrá subsanar el daño institucional de haber aprobado una medida que obliga a ofrecer una desinformación deliberadamente, contraviene la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y vulnera derechos fundamentales.

La última aventura del PP ha sido la del rechazo de la Comunidad de Madrid al registro de objetores. La ley española regula la objeción de conciencia para todos los profesionales sanitarios “que participen o colaboren” en un aborto, incluyendo a médicos, anestesistas, personal administrativo o celadores. Siempre ha estado claro que el ejercicio de ese derecho, que deriva del derecho a la libertad ideológica, es una posibilidad individual a la que no pueden acogerse las instituciones. Los centros sanitarios no pueden invocar un ideario propio como derecho a ponderar frente a derechos constitucionalmente tutelados. Han de contar con financiación pública para ofrecer la atención ginecológica a la que están obligados por el sistema de salud. El derecho a la objeción de conciencia tiene límites como los tiene, en nuestro país, el derecho al aborto.

Cuando se regula el aborto con una ley de plazos, como la que rige en España, se ponen límites a la libertad de decisión de las mujeres, por mucho que se les conceda especial protagonismo en la primera fase del embarazo. Se reconoce que en un aborto –aunque sea consentido– convergen intereses distintos que deben ser ponderados por el Derecho para alcanzar un equilibrio aceptable desde el punto de vista de las valoraciones imperantes en la sociedad. Estas son las reglas del juego que estableció el Tribunal Constitucional en 1985, por ejemplo, cuando se pronunció sobre la legitimidad de la primera reforma del aborto. En nuestra legislación, la vida del embrión tiene valor en sí misma y aumenta a medida que éste se desarrolla. Esto explica que el aborto sólo se considere después de pasados 14 días desde la fecundación –implantación en el útero– y que no se considere aborto el uso de la píldora del día después o de dispositivos intrauterinos. De hecho, en esta etapa, se permite también la experimentación con embriones. Nuestra regulación es equilibrada y ponderada. La resistencia a su implementación por parte de las derechas no tiene nada que ver con la defensa de una supuesta “cultura de la vida” y carece por completo de fundamento moral y jurídico. 

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Dice el Partido Popular que la información no es un problema, olvidando que mentir en temas relacionados con la salud es una de las mayores irresponsabilidades que cualquier político pueda cometer… y que decir mentiras no es informar, es lanzar un bulo. Que el PP nacional avale una iniciativa que carece de todo fundamento científico, que hace una utilización sesgada de los datos y cuya redacción es una burda copia de las falsedades propagadas por grupos integristas y la extrema derecha mundial, pone de manifiesto su seguidismo respecto a VOX. 

Ingenuamente, creíamos que quienes toman decisiones políticas en el Ayuntamiento de Madrid se documentan antes de votar. El texto de la Proposición sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) amenaza a las mujeres con un “síndrome de estrés postraumático post-IVE” que incluye depresión, consumo de alcohol y drogas, intentos de suicidio, hemorragias internas, infecciones, esterilidad, muertes posteriores y aumento de cánceres del aparato reproductivo… y compararlo con lo que sufrieron los combatientes en la guerra de Vietnam hace más de 50 años es un insulto a la inteligencia… y una falta total de humanidad.  

Citan algunos datos, pero hay otros. Las tasas de IVE en nuestro país son similares, o incluso inferiores, a la de los países de nuestro entorno, y no han subido de forma significativa pese a los augurios de la derecha española. En los 14 años transcurridos desde 2010 (primera legalización de la IVE en España) y la actualidad, esa tasa se ha incrementado en 0,6 puntos. O lo que es lo mismo, cada año abortan legalmente en nuestro país aproximadamente una de cada 100 mujeres entre 15 y 45 años (99 de cada 100 no abortan). Si hablamos de jóvenes de 19 años o menos la tasa ha descendido en 4 puntos (de 13,05 en 2010 a 9,15 en 2024). 

Las interrupciones se producen en estadios muy tempranos. El 70% dentro de las primeras 8 semanas y el 94% añadiendo hasta las 14 semanas de gestación. Eso habla de la responsabilidad de las mujeres, de la calidad del trabajo que realizan las y los profesionales que las atienden y del buen funcionamiento de la ley. Pero eso no importa; si no hay problema, se crea…

Hablemos de Madrid: cada año, aproximadamente 1.000 mujeres se ven obligadas a abortar por grave riesgo para su salud o por malformación o lesiones graves o incompatibles con la vida fetal, con gran sufrimiento. Precisamente la Comunidad de Madrid (incumpliendo el mandato legal) es una de las que más expulsa a estas mujeres de sus consultas y hospitales habituales, derivándolas y dejándolas solas frente a sus necesidades de atención. Ese dolor sobreañadido podría evitarse si los responsables locales y autonómicos se preocuparan, de verdad, por las mujeres. Y hay más. Sus tasas de IVE suelen ser superiores a la media nacional lo que no cuadra con su supuesta preocupación por prevenirlas. Ni educación sexual ni fácil acceso a anticonceptivos.

No, no existe evidencia científica que avale lo que denominan “trastornos de estrés postraumático” ligados a la práctica de la IVE.  El citado síndrome se refiere a trastornos del ámbito de la salud mental padecidos por un importante porcentaje de personas que han pasado por un evento dramático/traumático, con síntomas graves, significativos y persistentes, que no pueden razonablemente asociarse a otros factores. La IVE es un acontecimiento vital que puede suceder a cualquier mujer y en cualquier lugar, afortunadamente con efectos secundarios indeseables anecdóticos. La inmensa mayoría se sienten aliviadas después de pasar por ese trance, porque realmente lo que hubieran preferido es no haber quedado embarazadas. También prefieren que sus responsables políticos garanticen que se las va a atender de la misma forma en que les atienden otros “problemas” de salud, que los profesionales sanitarios las acompañen respetuosamente en todo el proceso y que nadie las adoctrine. 

¿Se puede hacer más daño a la salud de una mujer que conforme a la ley acude a un centro sanitario y se encuentra en la puerta con personas que las insultan y las acosan para alterar su decisión de abortar?  Son grupos con consignas similares a las contenidas en la proposición aprobada, sin que el PP (de VOX ya lo sabíamos) muestre la mínima empatía con el sufrimiento de esas mujeres, ni haga nada por evitarlo.  

La propuesta no se sustenta con bibliografía. Hablar de lo que se decía en una “clasificación de enfermedades” (el DSMIII) modificada en 1994 ¡Hace 31 años!, obviando los avances y cambios propuestos por personas expertas de las distintas disciplinas, muestra su falta de rigor. Existen múltiples documentos e investigaciones internacionales y nacionales que la contradicen. Por poner un ejemplo (no dudoso para el mundo civilizado) como es la Organización Mundial de la Salud, en sus guías de Cuidados sobre Aborto (2022 y actualizaciones de 2023) no se hace referencia alguna al citado “síndrome”, aunque sí habla de la necesidad de ofrecer una información rigurosa, veraz, adaptada a las necesidades de cada mujer y a lo largo de todo el proceso, desde la primera información hasta los cuidados post-aborto.

También afecta a las y los profesionales. ¿Alguien cree que un profesional que, aceptando el contenido de esta iniciativa, informe negativamente, provocando miedo injustificado a la mujer, va a respetar su decisión y apoyarla en los otros pasos del proceso? Quien informa a las mujeres tiene la obligación ética y legal de respetar su autonomía y exponer los procedimientos y los efectos que pueden derivar de esta práctica. ¡Sin inventarlos! También están obligados a ofrecer apoyo psicosocial al número reducido de mujeres que pueden presentar algún malestar emocional tras haber vivido una IVE. 

Estos partidos siempre buscan subterfugios para situar a profesionales contrarios al aborto en primera línea (desde la información), desobedeciendo el mandato constitucional que obliga a todos los hospitales públicos a disponer de un registro de objetores de conciencia y a contar con equipos humanos y materiales con capacidad para atender bien a las mujeres. La Proposición pasa por alto que a las mujeres le asiste el derecho humano fundamental a una información veraz, especialmente en materia de salud, como garantía para elegir la opción más adecuada a su caso particular. 

La práctica del aborto legal es en nuestro país es de bajísimo riesgo. El problema surge precisamente por el “estigma” en torno al aborto que de tanto en tanto pretenden reavivar.  La IVE es aceptada y respetada por la inmensa mayoría de la población española y no ocasiona ningún problema a quién tiene que abortar ni a quién no quiere o no tiene que hacerlo. Aun así, los sectores más reaccionarios se empeñan en culpabilizar y criminalizar a las mujeres, sin tener en cuenta (o sí) que esa presión es, precisamente, la que las ocasiona problemas psicológicos, más cuanto más vulnerables son. No es fácil entender que el aborto sea legal cuando sus representantes de Madrid provocan miedo y culpa. Muchas de ellas pueden buscar otras vías arriesgadas, que son las que verdaderamente ponen en peligro su salud y su vida.   

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Dra. Isabel Serrano Fuster, ginecóloga; Dra. Carmen Martínez Ten, ginecóloga; Dra. Concepción Martín Perpiñán, ginecóloga; Dra. Cristina Cámara González, médica de familia. Las cuatro firmantes son expertas en salud sexual y reproductiva.

El grupo mediático Libertad Digital celebra este año su 25º aniversario. El conglomerado, que agrupa a la emisora esRadio, dos periódicos digitales —Libertad Digital y LibreMercado— y una productora audiovisual —Cronos Multimedia—, festejó la ocasión con una gala por todo lo alto el pasado junio. 

El fundador, presidente y cara visible del grupo, Federico Jiménez Losantos, sentado junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, recibió el premio especial Libertad 2025, otorgado por el grupo que lidera, en un movimiento que recuerda al de Carmen Calvo recibiendo el premio Carmen Calvo, ampliamente criticado por Jiménez Losantos en su momento.

El premio que también se lleva año tras año es el del reparto publicitario madrileño. Las Administraciones que lideran los propios Ayuso y Almeida inflan de anuncios esRadio y Libertad Digital, los medios del grupo que lidera Losantos. Entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid destinaron al grupo 1,02 millones de euros en 2024.

El gasto del Ejecutivo de Ayuso es mayor, con 743.528 euros. Los restantes 274.136 fueron el desembolso del Ayuntamiento que lidera Martínez-Almeida. Estas grandes sumas se dan al mismo tiempo que, tanto el Gobierno autonómico como el municipal, apartan del reparto a los medios progresistas que no consideran afines, tal y como muestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre.

A pesar de la línea editorial del Grupo Libertad Digital, radicalmente liberal en lo económico, la publicidad institucional, que es dinero público entregado directamente por Administraciones y Gobiernos, es fundamental para la supervivencia del mismo. 

El conglomerado tuvo en 2024 unos ingresos de 13,83 millones de euros, según las cuentas que presentó ante el Registro Mercantil. El resultado de las cuentas anuales fue positivo, pero solo por 477.777 euros. Sin el millón de Ayuso y Almeida, el saldo hubiera sido negativo.

Aun así, ese millón no va íntegramente a las arcas del grupo, ya que el gasto de las Administraciones incluye el IVA que estas tienen que pagar. Al tratarse de un impuesto, no lo ingresan los medios. Por tanto, tras descontar el tributo, Grupo Libertad Digital percibió 841.045 euros netos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Únicamente sin la parte de la Comunidad —614.486 euros sin IVA—, los medios de Losantos ya habrían terminado 2024 con un resultado negativo.

Lo cierto es que el Grupo Libertad Digital vive fundamentalmente de la publicidad. Según sus cuentas, esta supuso, entre la institucional y el resto, el 90,21% de sus ingresos en 2024. 

La publicidad y los acuerdos con Administraciones públicas también son fundamentales. Supusieron, según las propias cuentas del grupo, 2,84 millones de ingresos el año pasado: uno de cada cinco euros que entraron a sus arcas. Y cerca de un tercio de esos ingresos institucionales vinieron directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida.

Ni en el caso de la radio ni en el del digital las audiencias justifican los emolumentos recibidos de ambas Administraciones madrileñas. Por poner un ejemplo: en enero de 2024 Libertad Digital contaba con una tercera parte de la audiencia que tenía elDiario.es. Aun así, ese año el digital de Jiménez Losantos recibió cuatro veces más dinero que el de Ignacio Escolar de la publicidad de la Comunidad de Madrid y nueve veces más del reparto del Ayuntamiento.

Esa inyección  sitúa al Grupo Libertad Digital como el séptimo que más se lleva de la tarta publicitaria de la Comunidad, por delante de grupos destacados como Vocento o Prensa Ibérica. En 2024 el gasto fue de 398.446 euros para esRadio y de 345.083 para Libertad Digital.

Tal y como ya ha explicado esta investigación de infoLibre, el gasto en la emisora de Losantos se traduce en 26.563 euros por cada décima de audiencia, lo que convierte a esRadio en la segunda más beneficiada en el reparto de Ayuso. Por ejemplo, la Cadena SER, aunque recibe más dinero en total, se tiene que conformar con 8.973 euros por cada décima de audiencia. Cuando se tiene en cuenta el número de oyentes, solo Radio Intereconomía sale mejor parada que esRadio.

A pesar de ello, a Jiménez Losantos parece no gustarle que se hable de sus ingresos por publicidad institucional. Cuando elDiario.es, allá por 2016, informó del trato preferencial que recibía Libertad Digital en materia de publicidad institucional del Gobierno central, entonces en manos del PP, el locutor cargó duramente contra el periódico, contra su director y contra la información publicada, que tachó de falsa a pesar de provenir de un informe del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy. El presentador dejó caer que emprendería acciones legales, pero nunca lo hizo. 

En su propia web, la cabecera principal del grupo, Libertad Digital, se presenta como "el diario nativo en internet más longevo de la prensa española". Lo cierto es que varios digitales nacieron antes y siguen en activo, como recoge un estudio del catedrático de Periodismo Ramón Salaverría. En lo que sí parecen ser los primeros es en la buena relación con Ayuso. La presidenta madrileña ha concedido al menos tres entrevistas en el último año a esRadio; la última, este mismo 15 de septiembre.

Lo que también ha hecho Ayuso es ampliar su inversión publicitaria en el Grupo Libertad Digital, donde gastó un 7,02% más en 2024 que en 2023. La cifra asignada a EsRadio, 398.446 euros, se ha mantenido estable, siendo este año inferior al anterior en un 0,05%. El incremento en términos de grupo se explica porque el gasto en la web Libertad Digital subió un 16,55%, de 296.084 a 345.082 euros. 

Aun así, el grupo también se puede dar por satisfecho por la parte de esRadio. La Comunidad ha reducido en 2024 la publicidad en todas las radios generalistas: en la SER, 95.849 euros menos que en 2023; en la COPE, 112.555 euros menos, y en Onda Cero, 29.223. Al lado de esos descensos, los 207 euros que se recortan a esRadio son una nimiedad. 

La única excepción a esas caídas en las radios generalistas es Onda Madrid, que al igual que el resto de medios públicos autonómicos, ha visto aumentar los ingresos en publicidad institucional procedente del Gobierno madrileño en lo que parece una maniobra financiera para sanear sus cuentas.

En cualquier caso, el aumento de la publicidad al Grupo Libertad Digital no se ha dado solo en la Comunidad de Madrid. De hecho, en el caso de Almeida es aún mayor. El Ayuntamiento de Madrid gastó un 71,55% más en publicitarse en el grupo el año pasado, pasando de 159.798 a 274.136 euros.

El consistorio de la capital destinó 166.745 euros a publicidad institucional en esRadio, un 54,21% más que en 2023, y 107.391 euros en publicidad para la web Libertad Digital. En el caso del digital, el aumento fue de un 107,44% respecto a 2023, más del doble. Así, entre ambas Administraciones han alcanzado este 2024 la cifra de un millón de euros para anunciarse en los medios del grupo, lejos ya de los 854.535 euros que desembolsaron en 2023.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que se pagarán los 350.000 euros que el consistorio había comprometido con la Vuelta Ciclista a España para la promoción de la ciudad, según informa EFE.

"Nosotros no vamos a hacer que quien ha sido víctima de un boicot y quién ha sido víctima además de Pedro Sánchez y sus declaraciones que encima tenga que correr con el riesgo económico que supone haber cancelado la Vuelta ciclista a España", ha subrayado el edil durante la presentación este miércoles de un sistema de balizas en la M-30. 

Almeida ha incidido en que pondrá todos los medios para que la Vuelta a España "no sufra ningún perjuicio económico del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de lo que pasó el domingo". 

En el mismo acto, el alcalde madrileño ha mostrado su "preocupación" por saber si el Gobierno español "va a trabajar" para que Madrid sea en 2030 sede de la final del Mundial de fútbol, algo que no tiene "claro".

"No tengo claro que no vayan a seguir utilizando el tema de Gaza para sus intereses particulares y propios. No tengo claro que quiera tener la fuerza suficiente frente a Marruecos para que Madrid sea sede de la final. A partir de ahí estoy deseando ver qué es lo que hace el Gobierno", ha aseverado Almeida.

La Fiscalía de Madrid pide dos años de cárcel, 10.000 de euros de multa e inhabilitar también por dos años al organizador del festival Mad Cool por el exceso de decibelios en la edición de 2023, que supondría la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal pide además una multa de 73.000 euros a la mercantil Mad Cool Festival SL -dos años de multa a razón de cien euros al día- así como inhabilitar a esta empresa para que durante dos años no pueda obtener subvenciones y contratos públicos ni disfrutar de incentivos fiscales o de la seguridad social.

La Fiscalía ha presentado escrito de acusación después de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid haya acordado la apertura de juicio oral contra el administrador único del Mad Cool, J.J.A.L y contra la propia mercantil.

Según la Fiscalía, el acusado "por razones puramente comerciales" desechó las prescripciones impuestos por el Ayuntamiento de Madrid para la celebración de este festival los días 6, 7 y 8 de julio de 2023 en un solar ubicado entre el distrito madrileño de Villaverde y la localidad colindante de Getafe.

Se saltó los límites "con conciencia de la posibilidad de que las actuaciones programadas transmitieran unos resultados sonoros que sistemáticamente excedieran los límites permitidos, ya de por sí extraordinarios, con las graves molestias a los vecinos residentes afectados de Madrid y Getafe", sostiene el fiscal.

El festival tenía autorización municipal para superar los límites fijados en la ordenanza pero con condiciones, como no superar en el horario programado, de 17.00 a 2.00, los 100 decibelios a metro y medio de los altavoces de cada escenario y no exceder los 65 a metro y medio de la fachada de las viviendas.

Sin embargo, el volumen superó el límite en ambos puntos, según varias mediciones de la Policía Municipal de Madrid y las de la policía local de Getafe, que por ejemplo detectó 81 decibelios minutos antes de la 1 de la madrugada en un edificio de viviendas de la localidad, según se recoge en el escrito.

Tras estas mediciones, el Ayuntamiento de Madrid impuso una sanción a la promotora de 22.001 euros, que por el pago voluntario se quedó en 13.200 euros, que la Fiscalía pide descontar de la multa de 73.000 que pide a la mercantil del Mad Cool.

El exceso de ruido llevó a reclamar a cuatro vecinos, a los que la Fiscalía pide indemnizar con seis mil euros para cada uno por daños morales. En este procedimiento también se personó la plataforma de afectados Stop MadCool, que denunciaba que el exceso de volumen se dio en casi todos los eventos del recinto Iberdrola Music de Villaverde, ubicado a trescientos metros de edificios de viviendas.

La contratación de la cantante Gloria Estefan para el Festival de la Hispanidad, que ha supuesto 484.000 euros a la Comunidad de Madrid, es algo más que una tardía serpiente de verano: la cultura en Madrid se concibe como una política de imagen para atraer inversores; también para captar determinados electorados en expansión; y para mantener una red clientelar que conforma una ‘ceja’ mucho más poblada que la que en su día denunciara el Partido Popular contra el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

El Festival de la Hispanidad, que desde 2021 trata de hacer de Madrid un centro multicultural en el que “caben todos los acentos” y en el que no sobra ningún flujo financiero, no ha escatimado nunca en gastos. La oposición ya criticó, como lo ha hecho en esta ocasión, la asignación de 847.000 euros destinada en 2023 a la actuación del colombiano Carlos Vives. Estos eventos han sido justificados como generadores de ingresos turísticos y financieros a corto y largo plazo.  

Una inversión que pretende pagarse sola, al menos en su vertiente electoral. En 2022, el congreso que dio a Isabel Díaz Ayuso el control del PP regional creó la Secretaría de Nuevos Madrileños, asignada al venezolano Gustavo Eustache. El compromiso de la Comunidad de Madrid con determinadas ramas de la oposición venezolana se ha materializado durante estos años en distintos actos, y la promoción de una visión aún más castiza de la hispanidad se ha visto reflejada en fiestas como ‘Europa es Hispana’, celebrada en marzo de 2023 con la presencia de Alberto Núñez Feijoo, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas. 

La importación del voto conservador convive con la reinterpretación del pasado colonial. En este mestizaje de discursos emergen figuras como el actor Toni Cantó, encargado durante un año de la Oficina del Español, buque insignia de “la capital del español en Europa” y, desde 2021, impulsor del Festival de la Hispanidad.  

Dentro de esta doctrina del hermanamiento revisado ha destacado también el músico Nacho Cano, promotor del musical Malinche en Madrid, para el que el Ayuntamiento cedió una parcela de 19.000 metros cuadrados en el barrio de Hortaleza. La relación de este icono de la Movida madrileña con la presidenta ha tenido más de un hito. 

El fundador de Mecano, que cantó de manera gratuita y para una vacía Puerta del Sol Un año más en el cierre del fatídico 2020, recibió el día 2 de mayo de 2021 la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Durante el acto, celebrado dos días antes de las elecciones autonómicas en las que Ayuso obtuvo la mayoría absoluta, el músico homenajeó a la presidenta y reconoció su valentía durante la pandemia. Unos días después, Yogi Songs, una empresa vinculada al músico, ultimó los trámites para obtener una subvención que le fue concedida por considerarse negocio afectado por la pandemia. Ese mismo verano Ayuso se fotografió con Nacho Cano en Villatranquila, una residencia que el músico tiene en Ibiza.  

El papel de Nacho Cano, al que Ayuso considera perseguido por una justicia represora en un caso de irregularidad laboral que ha sido ya archivado, representa un esquema claro de la política cultural madrileña: la promoción y ayuda a determinadas figuras de la cultura popular que actúen voluntaria o involuntariamente como embajadores dentro y fuera de España. 

Uno de ellos es Alfonso Ussía, veterano columnista, ahora en el periódico digital El Debate, propiedad de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, y galardonado con el Premio de Cultura de Madrid en 2025; otro es David Bisbal, premiado en 2024 por su aportación a la música popular y protagonista en la Casa de Correos por su versión de la canción navideña El burrito sabanero.

También destacan otros ganadores de la Gran Cruz del 2 de mayo como el tenista Rafael Nadal; la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias –preceptora del rey y expresidenta de Unidad Editorial, editora del diario El Mundo–, el cantante Dani Martín, el boxeador Ilia Topuria, el campeón de Moto GP Jorge Martín, o el economista Pedro Schwartz, uno de los principales inspiradores políticos de Esperanza Aguirre. Dioni Martín, integrante del grupo musical Camela, también galardonado por la Cruz, afirmó “adorar” a la presidenta.  

A estos premios se añaden otros gestos de carácter más simbólico que construyen firmes puentes con determinados sectores del mundo cultural. Isabel Díaz Ayuso fue nombrada en 2022 presidenta en Madrid de Tabarnia, el ente político ficticio creado por el dramaturgo Albert Boadella –director de los Teatros del Canal con Esperanza Aguirre– para combatir el proceso independentista catalán. Ayuso nombró entonces como embajadores de su delegación a la televisiva Carmen Lomana, al locutor Javier Cárdenas, al torero José Ortega Cano y a los músicos Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, componentes del Dúo Dinámico. La Comunidad de Madrid prepara un homenaje a De la Calva, fallecido esta semana, pero no ha dedicado espacio alguno a otros artistas que, como Verónica Echegui y Eusebio Poncela, se han marchado también estos días.  

Otros lazos simbólicos son los establecidos con otro cantante, Bertín Osborne, que invitó a Ayuso a su rancho en Sevilla para el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, en 2021, y que la apoyó en su pelea política con Pablo Casado; con el cuestionado animalista Frank Cuesta en su santuario tailandés; o con Miguel Bosé, con el que la presidenta se fotografió este verano en el estadio Movistar Arena –que recibe subvenciones autonómicas– en un concierto al que asistieron también Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Alaska y Mario Vaquerizo, entre otros rostros conocidos. 

Este último es probablemente uno de los embajadores más recurrentes. El cantante de Nancys Rubias ha sido propuesto por la Junta Municipal de Chamberí para nombrar una de las salas del Teatro Galileo, un gesto que el gobierno autonómico y el consistorio han rechazado para artistas fallecidas como la actriz Marisa Paredes o la novelista Almudena Grandes. Vaquerizo, además, aparece como actor central de un vídeo promocional que la Comunidad de Madrid produjo por más de 50.000 euros para la edición de FITUR de 2023.  

Esta red de figuras populares y eventos de gran cuantía económica choca contra un desierto cultural denunciado repetidamente por la oposición en la Asamblea de Madrid. Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, ha subrayado el contraste entre un dispendio que se produce a dedo y la precariedad que existe, por ejemplo, en un mundo del teatro en el que la alta demanda de espectáculos de calidad se enfrenta a la carencia de ayudas, convenios o condiciones suficientes para unos profesionales que trabajan muchas veces sin apenas descanso. 

En contraposición con esta selva laboral, Escalante denuncia que el sector taurino haya recibido millones de euros en ayudas extraordinarias, que el Centro de Asuntos Taurinos cuente con una asignación anual de 4,5 millones, o la Fundación Toro de Lidia con 1,7 millones. Y que, en paralelo, se hayan eliminado las subvenciones a museos como El Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. La 'ceja' de la presidenta no deja de crecer: su proyecto político y económico para Madrid depende, en buena parte, de los embajadores.

*Pachanguero/ra (según la RAE):

De pachanga y -ero.

"Lo tenemos ya todo solucionado. Ven una tarde y lo compruebas. Te presento a nuestras chicas". Así pretendía convencerme la jefa de un supuesto spa en Madrid del buen estado higiénico-sanitario del lugar. Todo empezó con una obsesión periodística que tuve hace unos años: las inspecciones a los establecimientos públicos.

Llevo años trabajando dentro del periodismo en una cara poco conocida de la profesión: la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Básicamente, me dedico a realizar solicitudes a gobiernos y administraciones para conseguir información que tienen guardada y poder hacerla pública.

¿Qué tiene que ver esto con las inspecciones? Bastante. En ciudades como Nueva York, Oslo o Londres cuando se acude a un establecimiento público —como bares o restaurantes— en la puerta se puede consultar el resultado de la última inspección que le han realizado las autoridades sanitarias, pero ninguna ciudad española hace lo mismo.

Ante esa falta de transparencia en nuestro país —que, por desgracia, está a mucha distancia en esta materia de los anglosajones o los nórdicos—, allá por 2018 me puse a solicitar información y datos sobre las inspecciones. Comencé por la ciudad más poblada: Madrid. 

Estos controles en la capital los realiza el organismo municipal Madrid Salud y los califica como inspecciones higiénico-sanitarias. Se realizan periódicamente para vigilar la salubridad de establecimientos como bares y restaurantes o piscinas y gimnasios, pero los ciudadanos de la capital —entre los que me incluyo— no pueden conocer los resultados.

Basándome en la ley de transparencia, realicé solicitudes de información dirigidas a Madrid Salud pidiendo, por ejemplo, los datos y resultados de las inspecciones en los bares y restaurantes de la ciudad y los de las piscinas. No fue fácil conseguir que el organismo accediera a dar la información. Se negó a ello, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en aquel momento tenía las competencias sobre Madrid —ahora la comunidad tiene un Consejo de Transparencia propio que apenas nunca da la razón a los ciudadanos— estimó mis reclamaciones. Tras mucho tiempo de espera, nuevas solicitudes, e incluso reuniones con Madrid Salud, finalmente se me entregó la información.

Ahí empieza el análisis de los datos: quién suspende y quién aprueba las inspecciones, quién saca peores resultados, qué tipos de establecimientos son, en qué zonas de la ciudad se encuentran… Y tras ello, la investigación tradicional. Así que procedo junto a algunos compañeros a indagar y a contactar con los lugares que peores notas sacaban. 

En el caso de las inspecciones a las piscinas nos dimos cuenta de que había una serie de locales en los que se practica sexo —como los clubs de swingers o las saunas, tan nombradas últimamente— que disponían de espacios de baño y también eran objeto de las inspecciones. El resultado nos sorprendió poco: las piscinas de estos locales eran las que peores resultados sacaban.

Es ahí cuando desde uno de ellos, que operaba con una licencia de spa urbano, parece que me invitan a consumir prostitución. Llamo para preguntar por el suspenso de la piscina del local en la inspección y la jefa me asegura que está todo perfecto y solucionado y me anima a ir a conocer su local y a que me presente a 'sus chicas'. "Te pueden hacer un masaje para que te relajes", me decía.

No acudí. Tampoco a un céntrico hotel madrileño, desde el que justificaban su suspenso en que el día de la inspección había llovido en Madrid y eso había desestabilizado los valores de cloro y pH de su piscina. Los datos que habíamos conseguido de Madrid Salud incluían la fecha en la que se había realizado la inspección y actualmente existen multitud de registros meteorológicos históricos online. Ese día no cayó ni una gota de lluvia en la capital. Las excusas de unos y otros para justificar los suspensos eran realmente imaginativas.

Mejor aún fue la que le dio un club de swingers, que también había suspendido la inspección, a mi compañero José Molina. Según la inspección, se había revisado la salubridad de "un vaso de hidromasaje con agua recirculada". Lo que se conoce como un jacuzzi. Pero el dueño del local replicaba que él no había suspendido ninguna inspección porque ni siquiera tenía un jacuzzi en el local, sino que contaba con un "estanque decorativo" en el que los clientes no se podían bañar. Las imágenes del local hablan por sí solas.

El local del supuesto estanque sigue abierto y se ha reformado. Según indican en su sitio web, ahora cuentan con una piscina. ¿Cómo le va con las inspecciones? No lo sabemos. 

Todo aquel trabajo acabó publicado en una investigación en Maldita.es, medio en el que trabajaba por ese entonces. También la que hicimos sobre los bares y restaurantes. Sobre los locales de restauración también publicaron una los compañeros de la Fundación Civio. Las tres datan del periodo entre finales de 2019 y principios de 2020. Desde entonces no se han vuelto a publicar resultados de las inspecciones en Madrid.

Cuando me reuní con Madrid Salud en 2019, antes de conseguir que facilitaran los datos, aseguraban que se estaban preparando para en un futuro no muy lejano poder publicar los resultados de las inspecciones directamente en su página web, al igual que pasa en otras ciudades del mundo. Pero más de seis años después no hay ni rastro de esa iniciativa.

De hecho, parece que, en lugar de avanzar, en algunos aspectos vamos atrás en cuanto a transparencia. Madrid Salud no solo no publica los datos por su propia cuenta sino que el organismo y el propio Ayuntamiento de la capital se niegan a volver a facilitar ese tipo de datos ante solicitudes de información similares. 

Aunque por aquel entonces tampoco fue una tarea sencilla, se consiguieron revelar los resultados de las inspecciones. Pero ya había algunos problemas con la transparencia. 

A raíz de la publicación de la investigación sobre las inspecciones de los bares y restaurantes madrileños, intentamos conocer la misma información para otras zonas del Estado. Las competencias en esta materia acostumbran a ser municipales en las ciudades más grandes y autonómicas en el resto de municipios. 

Realicé una solicitud a la Generalitat de Cataluña para conocer los resultados de las inspecciones en aquella comunidad. La Generalitat, en lugar de facilitarme los datos de los locales de los municipios en los que dispone de competencias, decidió derivarla a los 947 pueblos y ciudades catalanes. 

La locura fue absoluta. No había día en el que no me llegaran múltiples mails, SMS y notificaciones de Ayuntamientos de toda Cataluña. El alcalde de un pequeño pueblo me llamó un día para preguntarme qué información quería. "Aquí solo teníamos un bar y cerró hace unos años, no hacemos ninguna inspección porque no hay nada que inspeccionar".

El nivel de comunicaciones era prácticamente inabarcable. La treta de la Generalitat les podía funcionar. Como es lógico, era imposible reclamar después más de 900 posibles resoluciones si los Ayuntamientos catalanes optaban por no entregar la información.

No es más que una de las trabas que en muchas ocasiones nos ponen a los periodistas y ciudadanos que acostumbramos a utilizar el recurso, por desgracia aún poco extendido, de solicitar información a través de la ley de transparencia. 

Uno de los motivos que esgrimen en muchas ocasiones las Administraciones para no entregar información es la protección de datos personales. Pero, en cambio, no les preocupan igual los datos de las personas que han realizado las solicitudes.

Desde Cataluña no solo me llamó aquel alcalde. Algunos Ayuntamientos pensaron que antes de decidir si entregarme o no la información debían recabar la posición de los dueños de bares y restaurantes. Una decisión acertada, pero mal ejecutada. Les facilitaron directamente una copia de mi solicitud, donde se recogían todos mis datos personales: DNI, nombre completo, correo electrónico, teléfono móvil... 

Es entonces cuando empezaron a llamarme de varios bares de algunas ciudades catalanes. "¿Por qué has solicitado información sobre las inspecciones de mi restaurante", me preguntó un día un propietario. En otra ocasión me llamó un ciudadano de origen chino, con el que no conseguí entenderme por las barreras idiomáticas. Al día siguiente quien me contactó fue su abogado preguntando por mi solicitud de información. Tuve que aclararle que no era una investigación sobre el caso concreto del bar de su representado. 

Finalmente aquella información nunca vio la luz. Todas esas llamadas se hicieron a principios de 2020. También se produjeron en ese entonces las resoluciones de los Ayuntamientos catalanes a la solicitud que había realizado y les había derivado la Generalitat.

Poco tiempo después, ese mes de marzo, llegó una pandemia, que mantuvo los bares y restaurantes cerrados durante meses porque lo primordial era reducir los contagios. La pandemia también acabó posponiendo o incluso acabando con muchas investigaciones periodísticas porque lo primordial en los medios era informar sobre la misma. Aún así, a día de hoy muchos seguimos haciendo solicitudes de información a Gobiernos y Administraciones públicas. Porque, aunque a algunas les cueste entenderlo, la información de las Administraciones nos pertenece a todos.