La jefa de compras de Almeida declaró que el otro contrato investigado por estafa llegó por una intermediaria: "Araceli"

Elena Collado en una imagen de archivo en el Congreso.

La jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, confirmó en marzo de 2021 a la Fiscalía Anticorrupción que el contrato de 2,5 millones para adquirir mascarillas a la empresa Sinclair&Wilde Ltd., sospechosa de haber estafado al consistorio al igual que Luis Medina y Alberto Luceño, se hizo "a través de una consultora que se llama Araceli".

Collado respondió así una vez el fiscal le recordó que en la misma fecha del contrato con la empresa malaya ligada al aristócrata Luis Medina y Alberto Luceño –23 de marzo de 2020– se aprobó también un contrato "con una empresa que se llamaba Sinclair". En aquel momento, Sinclair&Wilde llevaba casi un año investigada: primero por el ayuntamiento y luego por el Juzgado de Instrucción 30 de la capital tras el atestado elevado en marzo de 2021 por la propia Policía Municipal madrileña. Aquel atestado policial tenía su origen en la alerta del director general de emergencias sobre la mala calidad de las mascarillas. El hecho de que el propietario de Sinclair, Philippe Solomon, a quien buscó incluso la Policía neoyorquina, esté en paradero desconocido condujo en julio de 2021 al archivo provisional del caso. Pero a raíz de un escrito de la Policía judicial, el juez se plantea ahora su reapertura.

Ni rastro del contrato que incluye el listado para Anticorrupción

El nombre de Araceli coincide con el de la administradora única de Aifos Consultores: Araceli Vida. Este periódico contactó con Aifos Consultores (Aifos Servicios Legales y Consultoría SL) porque en el segundo listado remitido a Anticorrupción por la funeraria municipal –el 25 de enero de 2021–, esta empresa madrileña figura como proveedora de un millón de mascarillas por medio millón de euros. De esa adjudicación no se ha logrado localizar rastro oficial en ninguna de las sesiones del gobierno municipal consultadas por infoLibre y que entre 2020 y 2021 fueron refrendando los contratos de emergencia de la empresa municipal funeraria (EMSF). De los otros 59 contratos de emergencia otorgados por la EMSF en 2020, incluidos los tres que reportaron al aristócrata Luis Medina y Alberto Luceño una comisión de seis millones, sí consta en qué momento quedó "enterada" la junta de gobierno.

Aunque la administradora de Aifos Consultores, a quien este periódico comunicó la presencia de su empresa en la citada lista se ha negado a responder, fuentes que dicen ser conocedoras de lo sucedido aseguraron el martes que la mercantil había facilitado la compra de mascarillas quirúrgicas a una empresa turca, Serdal, pero de forma por completo altruista. Las mismas fuentes remarcaron que Aifos no le había vendido nada al consistorio y que el listado de proveedores contenía por tanto un dato erróneo.

Cuando infoLibre tuvo acceso a la declaración ante la Fiscalía de Elena Collado, cuya imputación pide el PSOE por malversación de caudales, detectó el posible nexo entre Aifos y Sinclair. Y contactó de nuevo con la propietaria de Aifos, que este viernes se negó a decir nada relativo a Sinclair o a su relación con el consistorio madrileño. De Serdal tampoco este periódico ha encontrado rastro contractual con la funeraria madrileña.

El email donde ofrecía sus servicios de mediación

Pero de lo que no hay duda es de que Aifos ofreció sus servicios al Ayuntamiento para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". El entrecomillado pertenece a un correo electrónico incorporado al sumario del caso sobre Medina y Luceño. Tras presentarse como economista y abogada, la dueña de Aifos exponía en ese email que deseaba que ese material pudiera ser "usado en España".

Araceli Vida lo decía en relación a las fábricas extranjeras que estaban "dando prioridad" a Aifos "por la relación que nos une". Al email adjuntaba un pdf sobre la "relación de productos". En su declaración ante el fiscal, la jefa de compras municipal aseguró que la tal Araceli cuyo apellido se reservó había enviado un correo. "La primera compra fue con ella, unos poquitos de geles [hidroalcohólicos] y luego ya fue encontrando mascarillas y guantes y desinfectante para la calle y para los coches de bomberos".

El correo fue enviado el 21 de marzo de 2020 por el abogado Carlos Fernández-Pita González al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y teniente de alcalde. Fanjul reenvió ese mismo día el email a la presidenta de la empresa funeraria, Inmaculada Sanz Otero. En el listado de proveedores enviado en enero de 2021 a la Fiscalía aparece junto a Aifos que las mascarillas quirúrgicas procedían de Turquía. En la casilla de precio figura 0,50 euros por unidad. Como fecha aparece el 24 de marzo de 2020.

Las mascarillas de Sinclair, a cinco euros

Es un día antes, el 23 de marzo, cuando ese mismo listado fecha la adjudicación a Sinclair&Wilde Ltd. para la compra de 500.000 mascarillas FFP2 por 2,5 millones. Cada unidad, y así consta en el documento, salía a cinco euros.

Fue aquel 23 de marzo cuando la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, remitió una carta al director general de la consultora Sinclair & Wilde, Philipp Solomon, en la que le comunicaba que el consistorio aceptaba el "precio y las condiciones". "Como agencia gubernamental, necesitamos la aprobación del ministerio para transferir cualquier cantidad por encima de la marca de 1 millón. Nos reuniremos en las próximas horas con el comité de crisis para las firmas. Ya tenemos luz verde para el precio y la cantidad", aseguraba la alto cargo de la corporación local, quien esperaba que a partir de ese momento comenzara una "larga y fructífera colaboración" entre ambas partes. Se compraron, tal y como consta en las facturas incluidas en el sumario del caso mascarillas, 500.000 cubrebocas, a 5 euros la unidad. En total, una operación de 2,5 millones de euros.

Pocas horas después, el consistorio, que por entonces contrataba a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, había abonado la mitad, 1,25 millones, a una cuenta en el Bank of America. Los problemas, sin embargo, no tardaron en aparecer. El 7 de abril, se detectaron "determinadas irregularidades". Y el ayuntamiento se apresuró a ponerse en contacto con la entidad bancaria desde la que pagaron parte del pedido para intentar abortar la operación. "Por medio de la presente solicitamos la retrocesión de la transferencia realizada (...). El motivo de dicha solicitud es el incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario de dicha orden de transferencia", consta en un email remitido a Bankinter por parte del entonces director comercial y financiero de la funeraria municipal.

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