El juez de la segunda estafa a Almeida dicta una orden de detención contra el empresario desaparecido
El instructor del conocido como caso Sinclair, en el que se investiga la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas a la consultora Sinclair&Wilde en lo peor de la pandemia, ha cursado una orden europea de detención y entrega contra el principal investigado, el desaparecido empresario franco-israelí Philippe Solomon, y ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el mismo.
“Con objeto de que la orden europea de detención y entrega pueda actuar como orden internacional de detención comuníquese la presente resolución a la Oficina Central Nacional de Interpol en España para su introducción en el sistema de comunicaciones Interpol”, apunta en su resolución, fechada a finales de febrero y a la que ha tenido acceso infoLibre. Una orden a la que el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, da una vigencia de diez años.
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La existencia de este engaño al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ha sido condenado el empresario Alberto Luceño. Se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.
La investigación judicial arrancó en marzo de 2021, a raíz de un atestado policial que ponía de manifiesto el carácter inservible de los cubrebocas entregados –no cumplían con los estándares normativos– y planteaba un posible delito de estafa agravado. Una causa que, sin embargo, se cerró provisionalmente ante la imposibilidad de localizar al principal investigado. Y así, guardada en un cajón, estuvo durante casi un año. Un informe policial en el que se aportaban nuevos datos sobre el supuesto estafador, un empresario franco-israelí que opera con varias identidades, permitió la reapertura del caso, que casi tres años después avanza lentamente.
La localización y toma de declaración del principal investigado ha sido desde el principio el gran obstáculo en un caso en el que el juez indaga ahora si hubo pago de comisiones, como publicó este diario. En su último auto de prórroga de la instrucción, el magistrado reconoce las "muchas dificultades" para dar con un investigado que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–. "Han resultado negativas todas las gestiones practicadas para su localización tanto por las autoridades de EEUU como las llevadas a efecto por OCN Interpol Madrid respecto de su paradero en Turquía", expone en su resolución.
