La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la concesión de un indulto parcial al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en concreto respecto a la pena de dos años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba, que le impuso el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha emitido un informe después de que dos ciudadanos pidieran en diciembre al Gobierno el indulto total de García Ortiz, condenado el pasado mes de noviembre por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La teniente fiscal apoya que se perdone la pena de inhabilitación especial que quede por cumplir cuando se conceda el indulto, una medida de gracia que tendría, según señala, "efectivos limitados" pues solo se minoraría la duración y se acortarían los plazos para cancelar los antecedentes penales.

El informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal o que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

El empresario Víctor de Aldama presentó el pasado miércoles a Koldo García Izaguirre como el gran muñidor de la trama de corrupción que supuestamente urdieron entre los dos junto al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero este jueves, durante su declaración como acusado, la mano derecha de Ábalos ha rechazado tajantemente haber recibido un solo euro del confidente que destapó la supuesta organización corrupta a la Fiscalía Anticorrupción. Solo ha reconocido el adelanto de un tratamiento de fertilidad para su pareja que luego le devolvió en tres plazos. Koldo ha admitido que recibió miles de euros del PSOE en anticipos para gastos al ser el asistente del número tres de la formación y que parte de ese dinero le llegaba en "chistorras", es decir, en billetes de 500 euros, algo que el partido niega.

Koldo se ha mostrado ante el juez como un abnegado asistente que trataba de anticiparse a las gestiones –no solo profesionales, también personales– de un ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE desbordado y agotado por el trabajo. Alguien que organizaba reuniones cuando se lo pedían, facilitaba salvoconductos durante la pandemia y solucionaba problemas, pero también que se encargaba de abonar la pensión del hijo del ministro después de su separación; de encontrar un chalé en Cádiz para las vacaciones del mandatario; de buscar una casa de alquiler para su nueva pareja, Jésica Rodríguez; o de ayudarla (a ella y a otra mujer relacionada con Ábalos) a encontrar trabajo en las empresas del grupo haciendo llegar sus currículos a cargos del ministerio o acompañándolas a las entrevistas, pero sin hacerse valer como alguien muy cercano al ministro.

El que fuera chófer de Ábalos antes de que el PSOE llegara al Gobierno y después su asesor principal ha reconocido que llegó a mantener una relación de "amistad" con Aldama, pero ha negado los pagos que este había relatado la víspera y las diferentes formas en que se produjeron. Ha rechazado con un parco "no", por ejemplo, que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama, y ha asegurado que las anotaciones con esa cifra que aparecieron en el registro de su domicilio en 2024 podrían corresponder a negocios que estaba tratando de poner en marcha en Latinoamérica. También negó que Aldama le comprara una moto o un coche, como había dicho el conseguidor de la trama la víspera. Solo admitió que este le pagara un tratamiento de inseminación artificial para su pareja, Patricia Uriz, de unos 6.000 euros, que Aldama abonó con su tarjeta de crédito. Pero Koldo ha asegurado que se lo devolvió en tres pagos posteriores.

Aldama aseguró el miércoles que uno de los desembolsos que hizo a favor de Koldo y Ábalos consistió en el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España para la nueva pareja del ministro, Jésica Rodríguez, que abonó uno de sus socios. Koldo, sin embargo, se ha desentendido totalmente de esa versión y ha asegurado que el ministro y su compañera tenían previsto alquilar un inmueble –propiedad de Aldama– en el paseo de la Castellana. Como estaba ocupado por otros inquilinos y hasta que se desocupara, el socio de Aldama se ofreció a facilitarles de manera provisional y por poco tiempo el piso de la Torre, que, según dijo Koldo que le contaron, lo había alquilado para celebrar encuentros de empresarios. El asesor del ministro no consiguió explicar por qué Jésica exigía que el arrendamiento durara al menos "doce meses". Tampoco por qué, tras una queja de la pareja de Ábalos, compró una nevera para la casa cuya factura pasó después al socio de Aldama.

Según las acusaciones, Jésica, además del piso, obtuvo un contrato en Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al ministerio, un trabajo al que, sin embargo, jamás asistió. Koldo ha admitido este jueves que la única gestión que hizo por ella fue enviar su currículum a Isabel Pardo de Vera y que luego la acompañó a la entrevista que tuvo que hacer. Pero ha asegurado que la dejó en la puerta el edificio donde tuvo lugar el encuentro y que no intercedió por ella. Koldo y su hermano Joseba, ha declarado el primero, ayudaban a Jésica a redactar los partes que justificaban su jornada laboral, pero no para falsificarlos, ha declarado. La mano derecha de Ábalos ha dicho que él creía que la pareja de su jefe "teletrabajaba". Lo mismo con otra de las mujeres a las que colocaron, Claudia Montes. Ábalos le pidió que la ayudara y él encargó a los servicios del ministerio que recortaran la foto que acompañaba a su currículum al considerarla demasiado provocativa. Después se lo mandó a Isaías Taboada, el presidente de Renfe.

Otro de los supuestos pagos del entorno de Aldama al ministro fue una casa en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Anticorrupción y Aldama sostienen que socios de este último la adquirieron para regalársela a Ábalos tras las gestiones de Koldo para conseguir que se le concediera a su empresa –Villafuel– la licencia de operador de hidrocarburos. Koldo ha admitido que fue él quien buscó la casa para Ábalos, pero que lo hizo para ayudarle a preparar sus vacaciones. Donde no ha parecido muy creíble es al explicar por qué eligieron entre los dos finalmente una casa en venta y no en alquiler. "¿Es que alguien la debía comprar para luego alquilársela?", le ha preguntado el fiscal, que no ha obtenido una respuesta concreta. Koldo ha asegurado, además, que desconocía que los que adquirieron el inmueble fueran los propietarios de Villafuel. Tras su salida del ministerio, los propietarios mandaron un burofax a Ábalos reclamando por el impago de dos meses y Koldo se queja a Aldama diciéndole que "esto es la hostia". El asesor ha asegurado ante el tribunal que lo dijo porque le molestó que enviaran un burofax en lugar de arreglarlo con una conversación informal.

Gran parte de la declaración de Koldo ha versado sobre las grandes cantidades de dinero que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, manejaba, y que las acusaciones atribuyen a los pagos de Aldama. El antiguo asesor ha decidido –en ejercicio de su derecho como acusado– no responder sobre esto al fiscal y hacerlo únicamente a preguntas de su abogada. Al contrario que en su declaración durante la instrucción del caso, esta vez Koldo sí ha concedido lo que afirmaba la UCO, que cuando en sus conversaciones hablaba de "chistorras", se refería a billetes de 500 euros. Pero ha rechazado tajantemente que procedieran de Aldama y ha asegurado que ese término lo pudo utilizar para los adelantos para gastos que recibió del PSOE como asistente del secretario de Organización –el partido niega que en sus pagos en efectivo a empleados y militantes utilice esos billetes–, las rentas recibidas de los inquilinos de sus pisos de alquiler turístico en Benidorm o los favores que le pedían agentes de la Guardia Civil años atrás para que les cambiara los billetes con los que el cuerpo sufragaba los gastos de sus operaciones.

Koldo ha afirmado que el PSOE le llegó a facilitar anticipos de hasta 12.000 euros en efectivo –parte de ellos en "chistorras"– que él guardaba en su casa y que servían para abonar actos y campañas. "En una campaña hay que pagar las dietas de desayuno, comida y cena, el alojamiento de todo el personal, la furgoneta... Todo en efectivo", ha dicho. Luego todo eso se justificaba con tiques y recibos ante la organización. Koldo ha desmentido que tuviera ningún tipo de relación con Pedro Sánchez y que todas las vías de comunicación con él se cortaron tras su designación como presidente del Gobierno. También ha rechazado que el partido cobrara de los contratistas de Transportes: "El PSOE no coge dinero de nadie", ha dicho.

Encontramos en Víctor de Aldama todo un rosario de paradojas y contradicciones. Por ejemplo, en ese apellido suyo de aparente abolengo que contrasta con su deje macarra. Aldama se expresa sustituyendo las eses por ges (egque) o terminando las frases con un castizo “¿vale?”, o incurriendo en frecuentes síncopas (dao, quitao, llamao). Al traje, el pañuelo, los gemelos y la eventual corbata, el convicto añade unas pulseritas variadas de esas que nos dan a los cincuentones un aire canallita. Nos cuenta que su oficina está en la calle más pija de Madrid, Alfonso XII, frente al Retiro, más propia de un notario o un noble que de un mísero comisionista que llevaba el dinero a sus amigos en humildes bolsas de Carrefour, pero, eso sí, en rimbombante mochila Montblanc.

Aldama desea destruir a sus recientes compañeros de (presuntas) fechorías porque ha negociado su propia libertad a cambio de delatarlos y tirar de la manta. Sin embargo les trata sistemáticamente con respeto de mafioso. “El señor Ábalos” o “el señor ministro”, dice. Aunque sea para contar luego que había que contar con “algunas señoritas” para presentárselas al “Sr. Abalos”. “Lag pago yo a esas señoritas”, dice. Su relato suena sistemáticamente obsequioso y victimista: “a mí se me pide”, “se me dice”, “se me ordena”.

No es cierto que al escucharle uno se quede con la idea de que no tiene pruebas. Eso depende de cuál sea el objeto de la pesquisa. Tras ocho horas de declaración (esa sí es una paradoja grave, que el mismísimo Tribunal Supremo admita ocho horas de interrogatorio en su inmensa mayor parte irrelevante), queda bastante claro que el delincuente conoce las direcciones de los puticlubs y los restaurantes, los ascensores del ministerio, los caprichos del “señor Ábalos” y las costumbres de Koldo (a este le priva del “don” o del “señor”).

Sin embargo, tras el largo interrogatorio, en el que Aldama se va y vuelve y vuelve y se va sin que nadie le llame a la cuestión, también queda claro que no puede demostrar la connivencia del presidente del Gobierno. Más bien, precisamente por no aportar prueba alguna, constata que “el Uno” no sabía nada (nos revela, eso sí, gran descubrimiento, que Sánchez era el Uno y Ábalos el Dos).

Todo esto sería el enésimo sainete castizo, objeto de un esperpento valleinclanesco, si no fuera asqueroso. Ahí tenemos esa solemne sala de juicios, con esos entelados rojos viejunos; a esos magistrados y letrados y policías y testigos y acusados escuchando las acusaciones de Aldama durante toda una jornada laboral, para permitir que los medios y pseudomedios de siempre sigan esparciendo bulos y suposiciones sobre el presidente y alguno de sus ministros. Vuelve uno a preguntarse por qué la paradoja de que estemos asistiendo a este espectáculo de telebasura casi inmediatamente después de cometidos los supuestos delitos, mientras otros casos más truculentos tardan en juzgarse más de una década o se aplazan sin aparente motivo.  

En fin, que el PP y Vox y sus corifeos y cómplices, desde los alvises y los quiles a los desokupas, los abogados cristianos, los fachas con toga y toda la carcundia que les acompaña, creyeron encontrar en Aldama a su garganta profunda. Cada una de esas ocho horas de testimonio, sin embargo, iba confirmando que (presuntamente) Ábalos y Koldo eran dos pillos muy pillos, o dos corruptos de tomo y lomo, quizá. Pero con todo lo doloroso que resulte que el ministro de Transportes y secretario de Organización del partido socialista se haya corrompido, el comisionista no aportaba la más mínima prueba de responsabilidad del presidente del Gobierno ni del Partido Socialista. Resultaba paradójica también la generosidad del Tribunal permitiendo que Aldama acusara sin prueba alguna a Sánchez, teniendo en cuenta lo exigente que se puso el que instruyó el caso Kitchen, por ejemplo, dejando a M. Rajoy fuera de su interrogatorio.

El resultado es positivo para el Gobierno y es trágico para el PP, aunque crea lo contrario. Si un delincuente llega a un acuerdo con la Fiscalía para descubrir un caso de corrupción mucho mayor del que ya conocemos y que implicaría al presidente del Gobierno y a otras autoridades, y tras su declaración no puede aportar ni una sola prueba, quien sale indemne y victorioso (y una vez más víctima de los desafueros de las derechas vociferantes) se llama Pedro Sánchez. Y así pasan los días, con un Feijóo y un PP cada vez más desnortados.

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama está protagonizando una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un momento de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos.

Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, ha querido dejar "una cosa clara".

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Aldama, que busca apuntalar su colaboración para rebajar la petición de 7 años de cárcel del fiscal y no entrar en prisión, también ha hablado de los pagos que se le atribuyen al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional-.

Eran pagos de 2.000 euros mensuales, pero ha precisado que eran para paliar la deficiencias que tenía la unidad en la que el agente trabajaba, la UCE 2 dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista.

A cambio, la UCE 2 les facilitó teléfonos desechables -que no encriptados, ha dicho- tanto para él como para Koldo García y otras personas y a los que aludían en clave en términos de "café". De todo ello tenían conocimiento tanto el teniente coronel de esa unidad y el general, que también sabían que Aldama les regaló un dron.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 o 350.000 llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo "tenía claro y lo sabía".

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión sin previa audiencia de las partes, porque no concurren circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de diez días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Se trata del primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso este miércoles un recurso contra el real decreto con "expresa referencia a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España" y pidió su suspensión inmediata "por concurrir circunstancias de especial urgencia".

Pero el alto tribunal entiende en su auto que "no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia".

Explica que "bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia", por eso "es evidente que la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición, sino de que exista una situación que aconseje la adopción de la medida a la mayor brevedad".

Igualmente, deja claro que "la urgencia debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de carácter objetivo, sin que la mera opinión de la parte sobre la forma en que va a desarrollarse un procedimiento sea un criterio a considerar para valorar la urgencia".

Y añade que "precisamente por establecer el real decreto unos procedimientos —entre ellos, autorizaciones de residencia temporal a personas extranjeras por circunstancias excepcionales— con sus plazos y trámites, no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles por tramitar la medida cautelar en la forma ordinaria".

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles, 15 de abril, el real decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en unos pocos meses, un texto que ha entrado en vigor hoy, fecha desde la que se pueden tramitar las solicitudes.

A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el encaje de la ley de amnistía en los tratados antes de dirimir los amparos de Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas a los que el Supremo se negó a aplicar esa norma, el próximo choque entre el Constitucional y el Alto Tribunal ya está servido. Tanto la Fiscalía como su anterior máximo responsable, Álvaro García Ortiz, han presentado sus recursos contra la polémica sentencia de la Sala Penal que lo inhabilitó como fiscal general. Antes de que el tribunal de garantías se pronuncie sobre su admisión, las quinielas sobre abstenciones y recusaciones ya se han disparado. Y el presidente, Cándido Conde-Pumpido, la ponente, la progresista María Luisa Segoviano, y el conservador José María Macías están en algunas de ellas.

El primero de los recursos en llegar al Constitucional fue el presentado por la Fiscalía, elaborado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde –la número dos del cuerpo solo por detrás de la fiscala general, Teresa Peramato–. La magistrada a la que correspondió la ponencia del caso fue la progresista María Luisa Segoviano. El pasado lunes se presentó también el escrito del propio García Ortiz, elaborado por la Abogacía del Estado, que se ha encargado de su defensa durante todo el caso. Fuentes de la máxima instancia española en protección de los derechos fundamentales aseguran que, antes de que comiencen las deliberaciones, ambos recursos de amparo se acumularán y que será Segoviano la ponente de ambos.

Antes de que se decida sobre la admisión a trámite de ambos recursos ya hay apuestas sobre las abstenciones y recusaciones que se puedan producir. Algunas fuentes en el Constitucional dan por hecha la de su presidente, Conde-Pumpido. Esa hipotética decisión de apartarse se basaría, como en el caso de recursos anteriores planteados por los fiscales Eduardo Esteban y Dolores Delgado, por la relación jerárquica que tuvo con ellos mientras el presidente del TC fue fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, parte del sector progresista considera que no existe causa de abstención y recusación porque, mientras Conde-Pumpido dirigió la Fiscalía (entre el 23 de abril de 2004 y el 19 de diciembre de 2011), García Ortiz fue fiscal delegado de Medio Ambiente en A Coruña y Galicia, sin contar con ningún cargo en la Fiscalía General del Estado.

Esas mismas fuentes recuerdan que durante el proceso seguido en el Supremo contra el exjefe de la Fiscalía, otro ex fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, no tuvo el menor reparo en participar en el caso como magistrado de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, pese a que García Ortiz había formado parte como miembro electivo del Consejo Fiscal durante su mandato. También participó en en la causa el expresidente de la Sala, Manuel Marchena, fiscal de carrera que formó parte y llegó a dirigir la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado –el principal órgano asesor del fiscal general– con Conde-Pumpido y previamente con Jesús Cardenal, Juan Ortiz Úrculo y Eligio Hernández.

Otra de las señaladas tras la llegada de los recursos de amparo es la propia ponente. Segoviano acudió a la toma de posesión de la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, y allí saludó al fiscal general saliente dándole dos besos y deseándole mucho ánimo. En medios de derechas, ese episodio ha sido presentado como una supuesta muestra de falta de apariencia de imparcialidad. Segoviano, por el momento, no se ha apartado del caso. Sus compañeros, sin embargo, dan por hecho que alguna de las acusaciones contra García Ortiz –el novio de Ayuso, Alberto González Amador; el colegio de abogados de Madrid; la asociación de fiscales conservadora APIF y Manos Limpias– la recusarán. Fuentes del tribunal vaticinan que la petición no tendría ningún recorrido.

Otro de los magistrados del Constitucional que ha tenido que pronunciarse previamente sobre García Ortiz es el halcón conservador José María Macías. En su anterior cargo, el de vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, Macías se pronunció en dos ocasiones sobre la idoneidad de García Ortiz para ocupar la plaza de fiscal general. En la primera, el órgano de gobierno de los jueces se pronunció a favor, mientras que en la segunda, los conservadores (entre ellos Macías) provocaron un voto en contra que no impidió que el ex fiscal general accediera de nuevo al cargo.

Fuentes del tribunal de garantías vaticinan que, en caso de que sea recusado, la moción tampoco prosperará, ya que el Consejo solo analiza si el candidato cumple los requisitos legales para acceder al cargo. Otras fuentes consultadas consideran que el hecho de que, pese a que los méritos de García Ortiz permanecieron inalterados, el Consejo aprobara sobre ellos dos informes contrarios, podría demostrar cierta animadversión de Macías hacia él.

Otro de los magistrados cuestionados para formar parte del tribunal en este caso es Juan Carlos Campo, por su pasado como ministro de Justicia. Sin embargo, durante su paso por el Ministerio, la fiscala general del Estado propuesta por el Gobierno fue Dolores Delgado. Fue Delgado, ya como fiscal general, la que ascendió a García Ortiz en 2021 al cargo de fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Así pues, en caso de que fuera recusado, las fuentes consultadas consideran que la petición tendría pocas posibilidades de prosperar.

El calendario que se maneja en el Constitucional para el caso prevé que la decisión sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo –algo que se da por hecho– se producirá en mayo. Será en ese momento cuando se presenten las eventuales abstenciones y recusaciones, que tendrán que ser instruidas y votadas después del verano. La deliberación de la sentencia y el fallo tendría lugar, previsiblemente, al final de este año o principios del siguiente. La mayoría progresista en el Pleno está garantizada, porque incluso en el caso de que el presidente y la ponente –ambos progresistas– no formaran parte de él, la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, tendría voto de calidad para resolver un hipotético empate entre sensibilidades.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador, según informa EFE. 

En concreto, la corte de Luxemburgo señala que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".

Además, los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales. 

Se da el caso de que España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después precisamente de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. 

En esta ocasión, el Supremo recurrió a la Justicia europea antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta trabajadora denunció su situación y reclamó que su relación laboral fuese declarada fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales, pero el juzgado de primera instancia optó por declararla como indefinida no fija, calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Tribunal Supremo, instancia que elevó la cuestión al TJUE para que la Justicia europea "disipe las dudas" que existen al respecto "a la vista de la interpretación y aplicación divergente" que están haciendo los tribunales españoles al valorar casos similares.

En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a convertir a los interinos en fijos, pero explica que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos" puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado".

Al mismo tiempo, expone que "no parece" que la indemnización con "doble límite" que se aplica en el caso de trabajadores indefinidos no fijos "puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".

Con respecto al régimen de responsabilidad de la Administración, la sentencia apunta que tampoco constituye una medida adecuada debido a su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible" y al hecho de que "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".

Por último, el Tribunal de Justicia evalúa los procesos selectivos para cubrir plazas en la Administración y concluye que, si bien valoran la experiencia previa del trabajador y el tiempo de servicio, no se limitan a "aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos", por lo que "tampoco constituyen una medida adecuada".

Sobre este punto, señala que es posible que las víctimas de los abusos "no participen en el proceso selectivo o que no lo supere", así como que la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio "parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios. "La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Como también hizo la Fiscalía, este lunes la representación legal de García Ortiz, que ostenta la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, el ex fiscal general denuncia la vulneración de una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, así como la "desproporción de las medidas y falta de motivación" del registro que se hizo por orden del juez Ángel Hurtado a su despacho en la Fiscalía General del Estado. 

García Ortiz subraya que el recurso plantea "una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales".

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.

La Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente, y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.

El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso —paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio—, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.

En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".

Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".

Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".

El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".

En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.

El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.

La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.

Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.

Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.

Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.

Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.

Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que dar un beso en la mano a una mujer sin su consentimiento cuando se la formula una proposición de carácter sexual es agresión sexual, aunque no haya violencia ni intimidación, informa EFE.

El caso ocurrió la mañana del 10 de enero de 2023. Aquel día un hombre se acercó a una mujer que se encontraba esperando el autobús en la avenida de España 52 de Alcobendas (Madrid).

Sin su consentimiento, la cogió la mano y se la besó, al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara ofreciéndole dinero, conducta que repitió en dos ocasiones, según el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes.

El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid le condenó a 1.620 euros de multa por un delito de agresión sexual, con la aplicación del subtipo atenuado por la menor entidad del hecho, un fallo que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid.

El condenado recurrió al alto tribunal alegando que los hechos, como mucho, serían merecedores de un delito de acoso callejero de carácter sexual, como recoge el articulo 173.4 del Código Penal.

Sostiene que no se puede hablar de agresión sexual, porque "no hay violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad de la víctima", es decir, "el riesgo para la integridad física de la víctima fue mínimo, la víctima nunca describió que sintiera su integridad sexual vulnerada, se pudo sentir molesta, agraviada, víctima de una intromisión en su "zona de confort", pero nunca se produjo un claro riesgo para su integridad sexual".

Ademas, "los hechos habrían ocurrido a plena luz del día, al lado de una comisaría, en una parada de autobús de una vía pública con tres carriles por casa sentido, es decir, en un lugar por el que transita mucha gente y no hay ningún testigo que acredite que hay una conducta violenta o intimidatoria" por parte del acusado.

Pero el Supremo no le da la razón, porque "hay un acto de tocamiento del agresor a la víctima, y ello excluye el acoso callejero", y "en cuanto existe ya un tocamiento a la víctima en cualquier parte del cuerpo de la misma no cabe aplicar el art. 173.4, porque se comete un exceso del autor al realizar ese tocamiento que la víctima no tiene obligación de soportar".

Y deja claro la distinción entre acoso callejero y agresión sexual: "Cuando estamos en acciones de expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexuales, estamos en actos ad extra al cuerpo de la víctima, y cuando existen actos de tocamientos, estamos en actos ad intra, que suponen delito contra la libertad sexual".

Dicho de otro modo, señala que "no se trató de un acto de cogerle de la mano, sino que llevaba consigo un componente claro sexual, ya que incluso se la besó", por lo que "una mujer no puede soportar la servidumbre de que un hombre le coja de la mano y le bese sin consentimiento en actos claros y evidentes de connotación sexual".

Así, el consentimiento de la mujer "también concurre y es exigente para la realización por parte del sujeto varón de cualquier acto de tocamiento, que no debe soportar la mujer, sino es consentido".

La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Leopoldo Puente y Antonio del Moral, quienes reconocen que no hubo consentimiento, pero que entienden que los hechos descritos "carecen de naturaleza sexual" y se enmarcan más en el acoso callejero.

"Un beso (o dos) en la mano de otra persona resulta, en nuestra cultura, una forma de saludo, hoy en desuso (con frecuencia sustituida por el estrechamiento de manos o por dos besos en las mejillas)", explican los magistrados, que añaden que "tan frecuente llegó a ser como fórmula de cortesía" que dio nombre al besamanos.

Y añaden: A nuestro parecer, es notorio que las conductas referidas (el beso en la mano, el estrechamiento, los besos en las mejillas no son actos de naturaleza sexual). Ningún tercer observador consideraría en presencia de estas conductas, cuando consentidas por todos sus protagonistas, que se encuentra ante actos de naturaleza sexual. Tampoco pueden serlo entonces, cuando no se consienten".

El Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y un mes de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en el caso de la denominada "mafia policial", en el que conseguía datos reservados de agentes, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno, informa EFE.

El Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el conocido como Pequeño Nicolás y rebaja la condena inicial, de 4 años y tres meses de cárcel, como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo, al aplicarle una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.

Además, el Supremo absuelve a Gómez Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, puesto que también ha absuelto al que fue condenado como autor de dicho ilícito, el que entonces era coordinador de seguridad municipal, Emilio García Grande.

En este caso, el de la causa principal abierta a Gómez Iglesias tras ser detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), también fueron condenados los dos policías municipales que le facilitaron los datos, a quienes también se les rebaja a la mitad, a dos años, un mes y 15 días, la pena como autores de delitos de revelación de secretos y cohecho activo.

Noticia en ampliación

El Tribunal Supremo ha rechazado poner en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril, precisamente porque el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral.

Las defensas de Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio, por la dificultad que supone prepararlo junto a sus letrados si siguen en prisión.

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su excarcelación al subrayar que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga".

Y ahora el alto tribunal señala que "procede denegar la pretensión deducida" alegando que "la proximidad del señalamiento del juicio" hace que persista "el riesgo de fuga".

Asimismo y en cuanto a la necesidad que alegan las defensas de preparar el juicio, el tribunal recuerda que ya "expresó su acuerdo con las alegaciones de los acusados, en orden a la necesidad de espacios y tiempo para la preparación del juicio y la realización de la prueba que va a desarrollarse, testifical, pericial y documental"

Por tanto, "como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa".

Anticorrupción pide 24 años para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.

A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

La sentencia, fechada el 11 de marzo y adoptada por unanimidad, hace hincapié en que, durante la dictadura, resultaba complicado distinguir entre los bienes personales de Franco y del Estado, al tratarse de una "autocracia personalista".

Realiza un relato extenso de lo ocurrido desde el inicio de la guerra civil y la adquisición del inmueble a la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, por parte de una junta de notables de la zona, para después regalárselo a Franco y posteriormente simular la venta directa desde la propietaria al dictador -este acto es nulo, pues realmente ya lo había vendido-, así como la falta de entrega del dinero fijado en la escritura.

El Supremo da la razón a los fallos previos al anular todo aquel proceso de regalo y venta, así como a descartar la posible propiedad de los Franco por usucapión o prescripción adquisitiva, pues considera que el pazo nunca dejó de ser un bien de dominio público y, sobre los plazos, defiende que como mínimo hasta la década de 1990 no poseyeron la finca como dueños, por lo que no transcurrió el plazo legal de treinta años.

De forma paralela, en otro proceso judicial el Estado logró la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio, pues la demanda sobre la propiedad del inmueble no incluía su contenido.

Las administraciones públicas recurrieron el hecho de que la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que los Franco debían ser indemnizados por los gastos que tuvieron en la propiedad, al considerarlos poseedores de "buena fe". Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que en la demanda original no se discutía esta cuestión y no es posible añadirla en un momento procesal posterior.

"La demanda no contenía pretensión alguna sobre la liquidación del estado posesorio", resume el fallo, sobre el escrito presentado en su momento para abordar el proceso. Entiende que las administraciones "alteraron sustancialmente la demanda" al añadir ahora que los herederos de Franco deben ser considerados poseedores de "mala fe".

Menciona también el hecho de que las primeras propietarias del Pazo de Meirás, tras la muerte de Franco, fueron su viuda, Carmen Polo, y luego la hija de ambos, Carmen Franco, ambas ya fallecidas. "La buena o mala fe debe ser la de ellos, y no la de la viuda e hija de Franco, cuya posesión no fue discutida, ni por tanto, hubo de ser liquidada", continúa.

El Tribunal Supremo concluye, por tanto, que debe abordarse esta liquidación del estado posesorio y los Martínez-Bordiú Franco deben ser indemnizados.