Las cosas no pintan bien. O como ustedes prefieran: las cosas pintan mal. Hace medio siglo que este país dejó demasiados deberes sin cumplir. No progresó adecuadamente, como suele decirse —si no estoy equivocado— en el lenguaje de las aulas. A partir de la muerte de Franco íbamos a atar los perros con longanizas. La República estaba a la vuelta de la esquina. Los golpistas que se habían tirado 40 años haciendo de Drácula con la gente de la derrota iban a saber lo que valía el peine de la represión. No en plan venganza, claro que no: la Justicia de la democracia recién estrenada ya se ocuparía de hacer bien su trabajo. Nada de juicios ilegales como los de la dictadura, que condenaron a cárcel y muerte a tantísima inocencia. Se celebrarían juicios con todas las garantías para los jerifaltes del franquismo. La historia sin embustes sería contada en las escuelas, en las casas que habían vivido tantos años con el miedo en las tripas, en las mesas de los bares, porque la conversación pública ocuparía el lugar del monólogo o el silencio impuesto por los vencedores. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso se pensaba. Pero resulta que, antes de que se enfriara el fiambre de la tromboflebitis, llegó la Transición y a la lechera se le hizo añicos el cántaro antes de llegar a la plaza para vender la leche.

Poner en entredicho la Transición estuvo proscrito la tira de años. Era como mentar a la bicha franquista si la criticabas. Ojo con despertar a la bestia. El acuerdo de las élites estaba claro: que no vuelva el desorden, que nadie quiere otra guerra, que la reconciliación no sería posible si cada cual no cedía al otro su parte de razón. Mucha gente nos preguntábamos qué parte de razón les tocaba a los franquistas. A los franquistas les tocaba la razón de la Justicia. Eso creíamos. Y punto. ¿O es que la democracia iba a ser un poco más de lo mismo que lo que hubo antes? Porque si el perro ha muerto, pero sigue la rabia, qué hemos adelantado con la muerte del perro. Y así durante muchos años. Criticar la Transición, su demasiada complacencia con los verdugos y una incomprensible vocación imperativa de olvidar a las víctimas, se convirtió casi en un delito. Así que nos dedicamos a exportar nuestro modelo de Transición a medio mundo. Éramos la hostia, el no va más de los ejemplos transicionales de las dictaduras a las democracias. De repente, todos íbamos a ser amigos de todos, a olvidar viejas rencillas de hermanos agrietados por una herencia maldita, a celebrar la gran fiesta de la reconciliación —como en aquella aventura de Corto Maltés— en los pedruscos mágicos de Stonehenge. Muchos años después leí lo que escribió Avishai Margalit en Ética del recuerdo: antes de la palabra reconciliación hay que colocar la palabra verdad. Y aquí hicimos lo contrario. Todos amigos de todos, aunque el nexo de unión siguieran siendo las mentiras del franquismo.

Las raíces de la Transición fueron saliendo a la superficie y levantando espacios de sombra que impidieron cada vez más dar algo de luz a la historia. Las leyes de memoria —o mejor: de olvido— llegaron muy pronto: la de la Reforma Política, la de Amnistía, la Constitución… El 23F sellaría el triunfo del miedo a la democracia de verdad. Luego llegaría Felipe González para que la chaqueta de pana se convirtiera en traje principesco, como en los cuentos de hadas, y después Aznar le haría la ola al franquismo ya sin complejos de ninguna clase. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, como algunos exigíamos y seguimos exigiendo desde que empezamos a pensar que los tiempos podrían ser otros y tan distintos. Y ahora resulta que esos tiempos vuelven a ser los de cuando el perro no se había muerto y se pasaba el rato torturando a quienes defendían la libertad por las calles de un país sombrío hasta las cachas.

La famosa reconciliación que propugnaban los consensos de la Transición está hecha unos zorros. Que se lo pregunten a Aznar, a Feijóo, a Abascal, a Díaz Ayuso, a los militares fascistas a los que les gustaría fusilar "a 26 millones de hijos de puta", a los "imparciales" miembros del Tribunal Supremo. O a ese juez, carne de patología clínica obsesiva, Juan Carlos Peinado... Sí, que se lo pregunten a ese franquismo togado que está dinamitando la confianza en las instituciones y, en una despiadada connivencia con el PP y Vox, la misma democracia. No olvido, faltaría más, a esa gentuza que, desde su criminal manera de entender la política, orilla el bien común en beneficio de sus bolsillos.

La Justicia se está convirtiendo en un pozo ciego lleno de mierda. Muchos miembros de la judicatura aplican las leyes desde una parcialidad que da miedo. Sus instrucciones y sentencias se parecen cada vez más a lo que fueron los juicios ilegales de la dictadura. Hay muchos jueces y juezas que destrozan las garantías de defensa, que filtran detalles de la instrucción para que sus medios afines sentencien antes de tiempo lo que ni siquiera sabemos si es delito, que convierten un oficio noble, como lo es el de la tercera pata de un Estado de derecho, en un estercolero.

No sé qué esperamos para salir a las calles exigiendo que las togas no sean las que gobiernen un país demasiado anclado en los miedos del pasado. Que los jueces no se critiquen entre ellos es una cosa: ya se sabe que existe eso que se suele llamar cultura de la tribu. Además, también sabemos que no todos los jueces son lo mismo y que, dentro de sus posibilidades, algunos aportan una miaja de luz entre tanta oscuridad. Eso es cierto, pero que permanezcamos impasibles ante la impunidad de quienes se aprovechan de su poder casi intocable para convertir la Justicia en el cervantino patio de Monipodio es otra cosa bien distinta.

Las cosas no pintan bien. O, si ustedes lo prefieren: pintan mal. Pero precisamente por eso hemos de plantarle cara al infortunio. No vale quejarnos y dejar que ese infortunio siga como si nada. Podemos ganarle la batalla a esa tropa que desde la política, la judicatura y los medios instalados sin tregua en la mentira no va a parar de boicotear como sea los avances democráticos. El 23 de julio de 2023 le salió a esa Brunete acorazada el tiro por la culata. Y eso lo vamos a repetir sean cuando sean las próximas elecciones. Digo sean cuando sean. Pero antes y hasta entonces seguiremos dando caña al fascismo de las togas. Y al otro. Yo propongo que en las calles. Aunque cada cual puede plantarle cara —desde donde y cuando le sea posible— a ese franquismo que, con toga o sin toga, se ha puesto como nunca a cumplir los deberes puestos por el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pues yo me apunto a esa sugerencia desde mi humilde trinchera en esta columna de infoLibre: quienes podamos hacer algo para pararles los pies a los fascistas, que lo hagamos. Ahí nos vemos, pues, ¿vale? Ahí nos vemos.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

Españoles y españolas, presidenta, personal del Congreso, invitados e invitadas, medios de comunicación y mayoría de señorías, buenos días.

Al resto de señorías, gracias por cumplir con la obligación de asistir a esta comparecencia. Sé que no van a escucharme, yo a ustedes sí. Es una de las virtudes que hacen a la izquierda superior a la derecha.

Ahora pataleen y golpeen sus escaños y después suban esas imágenes a las redes sociales o dénselas a National Geographic. No desentonarán con las del comportamiento de ciertos antepasados nuestros cuando alguien invade su territorio.

He venido a hablar y a escuchar, pero, diga lo que diga, ustedes se van a limitar a leer una réplica escrita con la ayuda de una IA llena de descalificaciones recicladas y mentiras repetidas. Lo único que tienen que hacer es no improvisar no vaya a ser que se escape un “anotop”, ¿verdad, señor Feijóo? O un “escribido”, ¿verdad, señor Abascal? O confundir “un control de la Guardia Civil con el secuestro de un soldado”, ¿verdad, señora Muñoz?

Ustedes no han venido hoy aquí para convencer a nadie, solo a tratar de que todo suene a delito y a catástrofe a pesar de que los datos de la economía española nunca han sido mejores.

Ustedes han venido hoy aquí a hacer lo que llevan haciendo desde junio de 2018, que es nada por la patria y todo por ustedes y sus amigos. Nada por los españoles y españolas y todo por apartarme del cargo que ostento porque así lo quiso la mayoría de los españoles y españolas: mentiras, pruebas falsas y la infame acción de magistrados y magistradas afines a su fascismo que hacen –o tratan de hacer– por la vía jurídica, lo que ustedes son incapaces de hacer por la vía política.

Porque que el talento no brilla en la derecha cuando está en la oposición, es innegable e irrebatible. El problema es que tampoco brilla cuando gobierna. Pero al menos los próximos tres años les podrán echar la culpa a los eclipses que habrá en nuestro país.

Comparezco hoy ante ustedes no para defenderme. Tampoco para justificar ciertos comportamientos que me dan asco. Todo lo contrario que a algunas de las señorías hoy aquí presentes que disfrutan chapoteando en el fango más que un mimo en el coche del silencio del AVE.

Y lo hago dos días después de que el Tribunal Supremo haya condenado a quien fue mi ministro y secretario de organización y a uno de sus asesores y premiado a un corruptor buscando sin duda –les sonará la expresión– un “efecto llamada”.

Confié en quien no merecía mi confianza. Y de esa confianza respondí yo como marcan los estatutos del partido. Ahora la Justicia ha hecho su trabajo condenando a esas personas.

Esa es la diferencia entre unos partidos y otros. Entre los que expulsan a quienes cometen irregularidades y los que premian a quienes tienen ese deleznable comportamiento. O tienen sus sedes en edificios pagados de forma ilegal. O cobran sobresueldos en sobres. O destruyen pruebas. O crean policías paralelas que secuestran. O buscan togas que en lugar de instrucciones de lavado lleven instrucciones partidistas.

El pasado lunes, el Supremo dictó una condena dura. Bienvenida sea. Porque la prueba de una democracia no es no tener corruptos —los tienen todas— sino tener tribunales que los condenen. Pero, sobre todo, gobiernos y partidos que no los protejan.

Algo que sucede en mis gobiernos y en mi partido y que ni ha estado, ni está ni se espera en gobiernos del Partido Popular. Y mucho menos en el partido. Y ahora sus diputados y diputadas pueden volver a golpear los escaños y a patalear porque las verdades duelen.

Mírense luego, señorías de la oposición. Son como los perros de Pavlov. Dentro de poco bastará con que suba aquí y diga buenos días para que actúen como primates.

Les anticipo que no va a ser un discurso largo pero sí honesto. Brutalmente honesto diría. Y en el que pediré perdón a los españoles y españolas. A todos y a todas. Nos votasen o no.

Un discurso en el que hablaré de dos cuestiones que algunos tienen interés en confundir y que yo tengo el deber de diferenciar. Una es la corrupción: hechos, pruebas y una sentencia. Ante eso, contundencia y cero excusas. La otra es el uso de los tribunales y la mentira para tumbar el veredicto de las urnas.

Pero antes de entrar a fondo en estos asuntos, quiero decir algo de manera clara. Despacio y con el debido respeto a esta cámara y a la Justicia y ninguno a la interpretación que ustedes hagan de mis palabras.

Vayan contra mí, no les tengo miedo y tengo al tiempo y a la Justicia que me darán la razón. Pero cuidado con atacar a mi familia con mentiras o violando su intimidad. Ahí igualmente se van a encontrar con los tribunales. Pero también conmigo.

Así habría empezado yo el discurso de la comparecencia de este miércoles si yo fuera presidente.

Pero no lo soy. Afortunadamente.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El PSOE llevaba días esperando la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. En mitad de una vorágine judicial que hace tambalear el tablero político. Y finalmente llegó. Con una dura condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos de más de 24 años de cárcel. Un hombre que lo fue todo en el partido, pero al que los socialistas habían dado la espalda hace ya mucho tiempo.

Nadie defiende a Ábalos hoy en día en el socialismo. Todos le reprochan no haber actuado conforme a los principios del partido. Y, además, hay una profunda indignación por el daño que ha hecho a la formación que él dirigió durante años a través de la Secretaría de Organización. Un sentimiento de decepción, rabia e indignación recorre a cargos y militantes del partido por lo que hizo el exdirigente valenciano.

El PSOE ya había hecho desde hace meses la digestión de una posible condena. Por eso, encaja durante estas horas este golpe judicial con la idea de que el partido actuó “desde el primer minuto”, como defienden en el cuartel general de los socialistas. Y se reafirman en la dirección del partido en que Pedro Sánchez hizo lo correcto al apartarlo al conocerse los primeros informes e indicios, algo que no fue bien visto incluso entre sectores del partido en ese momento.

En el PSOE dan por amortizado el daño electoral por el caso Ábalos, pero uno de sus objetivos en estos momentos es defender su actuación y remarcar que es un partido “limpio”, como indican varios dirigentes, después de los cambios orgánicos llevados a cabo a raíz de los escándalos del exministro de Transportes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

“Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, defendieron fuentes del Palacio de la Moncloa tras hacerse pública la sentencia.

Con este mensaje principal: “Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.

Pero también hay miembros del Gobierno que apuntan a que es “desproporcionada” esa sentencia porque conlleva penas de cárcel de más de 24 años para Ábalos y de más de 19 para el exasesor Koldo García, mientras que exime de ingresar en prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años, y de devolver los 3,7 millones de euros de comisiones.

Este sentimiento se repite entre miembros del Gobierno y del PSOE en privado, aunque algunos dirigentes también lo sacaron a relucir en público, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, que escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Aldama llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer la trama, aunque sin aportar ninguna prueba. No hay ninguna referencia al jefe del Ejecutivo en la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario se ha convertido durante estos meses en un icono para parte de la derecha, que lo defiende al entender que puede hacer caer al Gobierno.

Diferentes voces del PSOE comentan también en privado que, tras la sentencia, el empresario condenado se hizo una fotografía con el agitador Vito Quiles, quien en redes dijo: “Lo que estamos preparando va a ser un golpe histórico contra Sánchez. Aldama ya es libre y está dispuesto a seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia. Atentos a las próximas horas”.

Asimismo, el apoyo al empresario llegó en redes a través de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que colgó una foto con él y el siguiente mensaje: “Enhorabuena, hermano. Y los putos rojos ya podéis ir pasando a comernos los huevos por detrás. Aldama no entrará en prisión”.

Nadie en el partido sale a defender a Ábalos, pero sí muchos cargos ponen el énfasis en la idea que envía la parte de la sentencia relacionada con Aldama. Como indica un dirigente territorial: “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”.

Para muchos socialistas, se manda el mensaje de que un corrupto se puede salvar de la cárcel si ayuda a tratar de tumbar a un Gobierno progresista. Y también varios cargos del partido dicen que esto puede servir de cara a futuros procesos en casos como los de Leire Díez y Julio Martínez.

Esta condena a Ábalos y García llega en una semana clave también para el Ejecutivo por la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el paso de la UCO por segunda vez por la sede socialista para requerir información sobre el caso Leire, que investiga una supuesta trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con el partido y con el Ejecutivo.

El Gobierno, además, da este martes el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado a través de la presentación en el Consejo de Ministros, por parte de Carlos Cuerpo, de la actualización del cuadro macroeconómico. Las cuentas públicas serán la clave de hasta dónde puede llegar la legislatura después de que Sánchez haya abierto la puerta a ir a elecciones anticipadas si no salen adelante. La votación de infarto podría ser a finales de octubre o principios de noviembre con las enmiendas a la totalidad. Ya nadie en el partido descarta que la cita pueda ser en el primer trimestre de 2027.

Tras conocerse la sentencia del caso Mascarillas, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) exigió la dimisión del presidente y la convocatoria urgente de elecciones, aunque evitó presentar una moción de censura en el Congreso. Desde el PSOE insisten en su hoja de ruta, mientras critican la hipocresía del líder del PP: “Antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE también criticó este lunes duramente la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha exigido a Begoña Gómez que entregue su pasaporte el próximo miércoles, el día en que el presidente ofrece explicaciones ante el Congreso. El Consejo General del Poder Judicial inició el proceso para decidir si abre expediente al magistrado. Desde el Ejecutivo insisten en lamentar la instrucción “anómala” y con carácter político que está sufriendo la esposa del presidente.

El Supremo pone punto final al llamado caso Mascarillas. El Alto Tribunal da por acreditadas las prácticas corruptas del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, así como el papel de Víctor de Aldama como corruptor. La sentencia, adoptada por unanimidad, es severa para los dos primeros, a los que castiga con penas de 24 y 19 años de prisión, respectivamente. Y especialmente benévola para el empresario, que se libra de la cárcel y esquiva la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción. "Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve", ha lanzado el comisionista tras conocer la resolución, aunque aún tiene cuentas pendientes con la Justicia.

El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera probado que los tres constituyeron una organización criminal en la que cada uno de los condenados asumía un papel "diverso y complementario". Los magistrados evitan colocar la etiqueta de "jefe" de la trama. Simplemente, describen el papel que jugaba cada uno. Ábalos "aportaba la autoridad" que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su "directa influencia" cuando era precisa. García, su "hombre de confianza", "ejecutaba" la "voluntad" del exdirigente socialista. Y Aldama era quien, "en beneficio propio y de terceros", aprovechaba su "influencia" sobre ambos para garantizar, con los correspondientes pagos, la adjudicación de contratos o la agilización de gestiones.

Que Aldama gozaba de una "interlocución privilegiada" en la Administración es algo que ponen de relieve distintos elementos incorporados a la sentencia. "Aldama era parte del ministerio", llegó a decir durante el juicio Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. Él era plenamente consciente de la capacidad que tenía de llegar a las más altas esferas. Y prueba de ello es una conversación mantenida con Leonor González Pano en relación al negocio de los hidrocarburos. "Es para las licencias de los gasocentros. Agilizar los trámites con Industria. Si tú puedes hacerlo, se comentó que te pagarían por ello y en efectivo", escribió la primera. "Okkkk lo tengo muy fácil jajajajaja tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa", respondió el empresario.

Fue en el marco de aquel "plan criminal", y en los momentos más duros de la pandemia, cuando Aldama dio un buen pelotazo con la compraventa de material sanitario. Soluciones de Gestión, mercantil vinculada al empresario, se hizo con dos contratos de suministro de mascarillas licitados por Puertos del Estado y Adif, entes dependientes del Ministerio de Transportes. En su escrito de conclusiones, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, situaba en 3,7 millones de euros la "comisión" que se llevó Aldama por ambos contratos, una cifra que el Alto Tribunal eleva hasta los 6,67 millones si se le suman otras licitaciones que no son objeto de acusación o están siendo investigadas en pieza aparte –como las adjudicaciones del servicio canario y balear de salud–.

En el marco de esos negocios, Aldama sostuvo que Ábalos le pidió dos millones de euros y García la compra de la casa en la que vivía y que valoró en medio millón. Ya en el juicio, el empresario sostuvo que "pagó parte de esas previsiones". En su sentencia, sin embargo, el Supremo reconoce que "de la entrega de esas cantidades no existe corroboración alguna". "Ni siquiera sirve de indicio para esa cifra el informe patrimonial aportado", añaden los magistrados. Ahora bien, sí existe una hoja de Excel incautada en el ordenador del comisionista que probaría, a ojos del tribunal, la "solicitud" de esos pagos por parte de Ábalos y García. En el archivo, creado el 26 de marzo de 2020, figura "El Gran" –que sería el exministro– junto a "2.000.000" y "Goblins" –que sería el exasesor– junto a "500.000" y "casa".

Los magistrados dan credibilidad a esas notas por "la fecha de su creación", por las "previsiones de los gastos de logística" que contienen o por "la identificación de todos los demás consignados". No son los únicos pagos y dádivas a los que hacen referencia los magistrados. La sentencia recoge una "remuneración mensual" de unos 10.000 euros entre octubre y junio de 2022 para gastos fijos de Ábalos. Y también el pago del alquiler de un lujoso piso a Jessica Rodríguez, entonces pareja del exministro, por parte de la trama, que también se hizo cargo del arrendamiento de viviendas de las que disfrutó el exdirigente socialista en Marbella y La Línea de la Concepción por gestiones relacionadas con la emisión de una nota sobre el rescate de Air Europa o con una licencia de hidrocarburos.

Anticorrupción, en su escrito de conclusiones, reclamó para Aldama una multa de 3,71 millones de euros –que se corresponde con el beneficio obtenido por los dos contratos de suministro de mascarillas– por el delito de aprovechamiento de información privilegiada. El Tribunal Supremo, sin embargo, le absuelve –al igual que a Ábalos y a García– de este delito. Lo hace al considerar que "la información que se afirma privilegiada", la de "menor publicidad o posibilidad de conocer" hasta la publicación de la orden –esto es "el número de mascarillas que se licitan"–, no se obtiene de ningún "funcionario público o autoridad", sino que es el propio Aldama quien "indica a los acusados funcionarios ese dato".

La absolución por ese delito ha provocado también la caída de la multa millonaria exigida para el empresario. La sentencia del Supremo, de hecho, solo acuerda respecto de los tres condenados "el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho" por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los pagos mensuales –10.000 euros durante 34 meses–, 82.295 euros por la renta del alquiler de la vivienda disfrutada por la expareja de Ábalos y 8.000 euros por el pago del alquiler del chalé en Marbella. Ábalos y García, además, deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a Ineco y a Tragsatec, las dos empresas públicas en las que se colocó a la expareja y una amiga del exministro.

El Alto Tribunal ha condenado a Aldama a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho, un castigo cuya ejecución ha suspendido con la condición de que no delinca, de que presente un informe semestral de actividades y de que haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y el continuado de cohecho, así como un grado respecto a los restantes delitos de cohecho por los que ha sido condenado. "En el caso, no cabe duda de la importancia de la colaboración prestada", resalta la sentencia, que en sus primeras páginas hace un alegato sobre la trascendencia de luchar contra una corrupción pública que pudre las instituciones.

El Supremo sostiene que los delitos de corrupción derivados de la criminalidad organizada solo pueden ser "eficazmente investigados, y reprimidos" a través de un "control interno independiente y fuerte" o con un "delator interno que sea capaz de, asumiendo su responsabilidad, incriminar a otros autores". Dada la implicación del propio ministro, los magistrados sostienen que el "primer instrumento" era de "todo punto ineficaz". Y, por tanto, "sólo la declaración incriminatoria" de Aldama "ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena".

En este sentido, la sentencia valora la renuncia a la defensa que Aldama hizo "desde un estado incipiente de la investigación judicial", admitiendo "plenamente" su "participación" en "hechos de absoluta gravedad". "Este acusado ha reconocido y aportado datos e información relevante sobre la constitución, dimensión y el desarrollo de las actividades de la organización criminal; confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores, reforzando así el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria y agilizando el ius puniendi", resalta el tribunal.

Los magistrados destacan que haya acreditado documentalmente el inicio de unas relaciones con Ábalos que fueron "negadas por éste" y "desconocidas por la unidad investigadora". También, que aportase un contrato de alquiler con opción a compra que en su día celebró con el exministro y que el tribunal considera una suerte de seguro para asegurarse el cobro de las comisiones. O que facilitara "información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas" que están siendo en estos momentos investigadas. Un fallo, en definitiva, que marca el camino a otros posibles delatores: "El Estado de derecho debe premiar [...] comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio".

La sentencia del 'caso mascarillas' ha provocado una comparecencia extraordinaria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova este lunes. Inicialmente estaba previsto que diera explicaciones el portavoz nacional, Borja Sémper, pero tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a su asesor, Koldo García, fue Feijóo el que tomó la palabra. Sin embargo, no hubo ningún anuncio destacado y únicamente reclamó la convocatoria de elecciones, como ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la legislatura

Feijóo aseguró en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia". Con todo, volvió a supeditar cualquier movimiento en el Congreso a la erosión interna del bloque de la investidura, al tiempo que cerraba filas con la decisión del Alto Tribunal de exonerar a Víctor de Aldama de la cárcel. Se trata del corruptor, el “jefe real”, en palabras de la UCO, que no solo se librará de pisar la cárcel pese a la condena de cuatro años y medio, sino que también podrá conservar los 3,7 millones de euros que recibió por las comisiones de las mascarillas.

El líder del PP, al ser preguntado explícitamente sobre si descarta presentar la moción de censura sin contar de antemano con el visto bueno de los socios del Gobierno, defendió la "sensatez" de su prudencia actual para justificar por qué no ha dado el paso todavía. “Si la hubiésemos presentado en las últimas semanas, Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error”, aseguró.

Para el líder del PP, la estrategia pasa por la espera y el desgaste. Confía en que los "detalles" que se conozcan próximamente obliguen a los aliados de Sánchez a mover ficha y a las votaciones que se producirán en el Senado y el Congreso esta misma semana. "Ahí los socios podrán retratarse y verán si son cómplices y si esta situación no tiene vuelta atrás", advirtió, insistiendo en que es a ellos a quienes hay que preguntar si el clima político actual los hace "más receptivos" a tumbar al Ejecutivo. 

El conservador aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la legitimidad del socialista, al señalar que es "el presidente con menos votos y escaños que ha obtenido como candidato a la presidencia del Gobierno” y que “ha perdido las elecciones". Una pirueta retórica con la que intenta mantener movilizado a su electorado mientras decide si se arriesga a dar ese paso: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, de que se saquen la careta y digan si van a seguir apoyando al Gobierno".

En clave judicial, el líder del PP se ha congratulado de la estrategia de sus equipos legales al validar los beneficios penales para quienes decidan colaborar con la justicia, como ha sido el caso de Aldama según ha reconocido el Alto Tribunal. “Tiene toda la coherencia con nuestra actuación, la doctrina del Tribunal Supremo y la que emana del Código Penal", planteó.

Es más, considero un “acierto” que la acusación particular del PP redujera incluso la petición de cárcel para el empresario. "Me alegro de que nuestros abogados hayan acertado y planteado esta cuestión. Toda la gente sabe que si colabora, tiene posibilidad de una rebaja efectiva; si lo van a llevar a cabo, lo veremos". No se pronunció, sin embargo, sobre el hecho de que Aldama pueda conservar los 3,7 millones de euros de las comisiones que recibió.

Asimismo, Feijóo ha criticar los excesos del juez instructor del ‘caso Begoña’, Juan Carlos Peinado, tras decidir retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y lo encuadró en el “párrafo de un auto”."Se puede discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos, [pero] ni el Consejo ni el auto ponen en cuestión los presuntos delitos de la investigada”, se limitó a decir. En cambio, sí arremetió contra el Ejecutivo por sus críticas a la judicatura: "El CGPJ lleva diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno a los jueces”

Para concluir, el presidente del PP ha lanzado un aviso a navegantes para evitar que el debate se centre en las formas del juez y no en el fondo de la causa: "Lo que está claro es que la referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas".

El Gobierno ha reaccionado a la dura sentencia del caso Ábalos dictada por el Tribunal Supremo con la idea de que "condena y lamenta" sin matices unos comportamientos que "claramente" han atentado contra sus principios de "transparencia, mérito e integridad".

Fuentes del Palacio de la Moncloa se ha expresado en estos términos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres medes de cárcel por el caso mascarillas. También se impone una pena de prisión de 19 años y ocho meses al exasesor Koldo García.

El Ejecutivo indica a raíz de esa decisión judicial: "Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público".

"A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello", añaden las fuentes.

Las fuentes subrayan: "Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

Moncloa no entra a valorar el hecho de que el empresario Víctor de Aldama sea eximido de ingresar en prisión a pesar de haber sido condenado a más de cuatro años. No obstante, ese hecho sí ha sido criticado, por ejemplo, por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, donde ha escrito: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos. pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora".

El PSOE indicó, tras conocerse la sentencia, que la "Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse": "La posición del partido ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular. El PSOE actuó desde el primer minuto".

Para el PSOE: "La corrupción no solo define a quienes la cometen. También retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado. Y esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP. Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas. El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral".

"Antes de lanzar su propia moralina barata, Feijóo debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso", apuntaron desde Ferraz.

El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión en el llamado caso Mascarillas por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. La sentencia, además, impone una pena de 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a Koldo García, quien fuera, en su condición de asesor, sombra del exministro durante mucho tiempo. En cuanto a Aldama, cuyo testimonio ha sido fundamental para atar las acusaciones, el castigo se sitúa en los 4 años y medio de cárcel.

El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha establecido que el cumplimiento máximo de la condena del primero será de 15 años y 18 meses, mientras que para su asesor serán 15 años. En el caso del empresario, para quien se aplica la atenuante "muy cualificada" de colaboración, el Supremo ha suspendido la ejecución de la pena con la condición de "no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un años de trabajos en beneficio de la comunidad".

El fallo considera probados los delitos en la adjudicación de los contratos de mascarillas, "en la remuneración mensual" de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, en la contratación de dos mujeres ligadas al exministro en empresas públicas o en el arrendamiento de viviendas por parte de la trama para el ex número tres de los socialistas, entre otras cosas, "por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos".

La sentencia, adoptada por unanimidad, comienza con un relato sobre cómo se conocieron los condenados. Y a partir de ahí, se mete de lleno en los hechos delictivos. "En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico", se lanza el tribunal. Con ese "ánimo de enriquecimiento", los tres "convinieron" que "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "este podría favorecer" la "contratación" pública de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" Aldama, así como "facilitar" al empresario "el acceso preferente" a la Administración "para la realización de las gestiones" para sí mismo o para todas esas compañías.

Con esto en mente, constituyeron "una organización" criminal "en la que cada uno" asumió "un papel diverso y complementario, con un reparto preciso de funciones". Ábalos, resalta el tribunal, aportaba "la autoridad" y su "directa influencia" cuando era precisa. Aldama, por su parte, era "el encargado" de "localizar empresas o particulares" interesados en cualquier "clase de gestión" con la Administración para, "articulando sus intereses", hacerlos "valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella". "Siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García", remata la sentencia.

En el marco de ese "plan criminal", los acusados "convinieron una remuneración mensual" de unos 10.000 euros, cantidad que "se entregó" desde octubre de 2019 a junio de 2022. Además de eso, el tribunal también considera acreditado que la trama también abonó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 el pago del alquiler de un lujoso piso en el centro de Madrid a Jessica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. Y destaca que para "garantizar" a Ábalos la "percepción de las comisiones ilícitas" por la adjudicación de contratos, el exministro y el empresario "celebraron un contrato de arrendamiento con opción a compra" de un piso propiedad de Aldama, fijando un "precio" de adquisición "muy inferior al real del mercado". El Supremo considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de cohecho.

El tribunal también ve probado que los tres acusados maniobraron para que Soluciones de Gestión se hiciera con dos contratos millonarios de mascarillas en plena pandemia. Por esas dos operaciones y otras adjudicaciones a la misma firma que no han sido objeto de acusación o que la misma se sigue en pieza separada Aldama canalizó "comisiones" por un total de 6,67 millones de euros, mientras que Ábalos y García "le solicitaron" dos y medio millón de euros, respectivamente. En todo esto, los magistrados ven un delito de tráfico de influencias en concurso real con un delito de cohecho para exministro y exasesor, mientras que Aldama sólo incurriría en cohecho pasivo.

En el caso de la contratación de Claudia Montes, amiga de Ábalos, en Logirail –filial de Renfe– los magistrados ven tráfico de influencias. Y en la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, otras dos compañías públicas, el Supremo sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de malversación en concurso real con un delito de tráfico de influencias. Los magistrados, del mismo modo, ven cohecho en el hecho de que el exministro y su familia disfrutasen de forma gratuita de una vivienda en Marbella en las vacaciones de 2020 "en pago de las gestiones" realizadas en relación con el rescate de Air Europa. Un delito que también aprecian en la cesión gratuita durante varios meses de un chalé en la urbanización La Alcaidesa, ubicada en la Línea de la Concepción.

La sentencia dedica varias páginas a justificar la pena impuesta a Aldama. El tribunal aprecia la atenuante analógica de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebaja la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y el continuado de cohecho, así como un grado respecto al resto de delitos de cohecho. "No cabe duda de la importancia de la colaboración prestada. [...] Sólo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena", recoge la sentencia.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se ha topado con el Tribunal Supremo en su intento de paralizar el proceso de selección del nuevo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sustituirá el próximo marzo a la conservadora María Elósegui, propuesta en su día junto a otros tres candidatos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras comprobar que no tenía opciones de ser seleccionado en la terna de candidatos, Preciado denunció el proceso por la supuesta influencia del Gobierno, o de cargos y juristas afines a él, en la Audiencia Nacional. Después de que el Consejo de Ministros aprobara la terna de candidatos, recurrió al Alto Tribunal reclamando otra vez que paralizara el proceso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo ha rechazado.

Preciado denunció el pasado abril que el Gobierno –formado por los partidos que lo eligieron como miembro del Consejo– pretendería controlar la elección del próximo juez español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales. Lo hizo tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado impugnó el proceso ante la Audiencia Nacional y solicitó, sin éxito, su paralización. Sin embargo, su recurso extendió una sombra de sospecha sobre todo el proceso que afectará, posiblemente, al debate que el Consejo de Europa mantenga sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

El vocal progresista –considerado díscolo entre sus compañeros de esa sensibilidad– aseguró, tras saber que no estaba entre los elegidos, que la comisión que debía seleccionar a los tres candidatos que el Consejo de Ministros tenía que mandar a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el nuevo miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia, a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso era la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso que acaba de terminar lo fue la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Pese al recurso de Preciado, el proceso de selección siguió adelante y, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la terna propuesta por esa comisión de selección. Los elegidos fueron el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Luis Jimena Quesada; la catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga Ana Salinas de Frías, y el profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Europeo de la Complutense Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Sus currículos pasarán ahora al panel consultivo de expertos del Consejo de Europa que evaluará sus méritos y capacidades antes de que la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional decida.

Tras conocerse la terna de candidatos, Preciado volvió a recurrir el proceso. Esta vez llevó al Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que la designó para que se anulara. Y solicitó otra vez que se paralizara el proceso, esta vez al Supremo. Los magistrados de lo Contencioso, sin embargo también lo han rechazado. En primer lugar, porque lo que exige el interés general es, precisamente, que no se suspenda la decisión del Consejo de Ministros "porque forma parte del procedimiento establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos" para la formación del TEDH. Ese interés general, sostiene la Sala, es "que el Convenio se cumpla y que el tribunal esté constituido por todos sus miembros, en pleno ejercicio de sus funciones". "La relevancia de su función y la posición institucional que de ella deriva requiere el máximo respeto a los procedimientos y a los plazos", añade la resolución.

Preciado justificaba su petición porque, de no paralizarse el proceso, como reclamaba, el Consejo de Europa podría elegir a uno de los candidatos de la terna, lo que provocaría que una eventual sentencia del Supremo que le diera la razón no pudiera ejecutarse, dejando sin contenido su recurso. El Supremo, sin embargo, recuerda que aún queda "un largo procedimiento" en el Consejo de Europa "hasta el nombramiento final". Y que durante ese proceso, el organismo europeo analizará "las condiciones de idoneidad de los candidatos" y "los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionados". La Sala recuerda que esa organización internacional ya ha rechazado a algunos candidatos –y cita su procedencia, Polonia y Albania– por no reunir esos estándares.

La resolución recuerda, además, que el mandato de la actual juez española del Tribunal de Estrasburgo no termina hasta el próximo 14 de marzo de 2027, por lo que el tribunal "dispone de un margen de tiempo suficiente para abordar el enjuiciamiento de fondo de este recurso antes de que se haga efectiva aquella renovación". Es decir, que los magistrados tienen todavía ocho meses para dictar sentencia sobre el caso. El auto, sin embargo, sí accede a otra petición de Preciado y ordena al Ministerio de Presidencia y Justicia "que ponga en conocimiento del Consejo de Europa la existencia del presente recurso contencioso-administrativo" y que envíe al organismo europeo el auto que rechaza parar el proceso indicando que está "pendiente de sentencia".

El auto cuenta con un voto particular de tres magistrados que consideran que el acuerdo del Ejecutivo que seleccionó la terna de candidatos sí debía suspenderse. Además de Preciado, también ha recurrido el proceso el actual secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, que también optaba al puesto pero tampoco superó la primera criba de la selección. Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en los procedimientos de selección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, al elevar esa sospecha hasta el proceso de elección del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a que el Gobierno conceda el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados que juzgaron a García Ortiz consideran "por mayoría" que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que se le otorgue esta medida de gracia, y destacan la gravedad de unos hechos que tuvieron una "afectación importante de la institucionalidad" de la Fiscalía.

En su informe, preceptivo pero no vinculante, resaltan además que no han visto en el condenado una actuación posterior que "suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

"Se indultan las penas; no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas sino sólo las que están en ejecución (...). En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado", precisa la Sala.

Contravenir "la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad" de las actuaciones de la Fiscalía es para los magistrados "un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

El informe desfavorable subraya además la "sustancial falta de contenido del indulto" y apunta a que los ciudadanos que pidieron al Ejecutivo esta medida de gracia -entre ellos un fiscal y una magistrada ya jubilados- "no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública".

Tras dos semanas de juicio, Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, así como al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya abonó.

El tribunal, con dos magistradas de siete en contra, le consideró responsable de un delito de revelación de secretos por filtrar información reservada del procedimiento por presunto fraude a Hacienda abierto contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras la sentencia -que García Ortiz y el Ministerio Público recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional, tres ciudadanos solicitaron al Gobierno el indulto para el ex fiscal general del Estado, ahora destinado en Fiscalía de lo Social en el Supremo.

El informe del tribunal sentenciador llega después de que hace unos meses la Fiscalía sí apoyase un indulto parcial a García Ortiz, en concreto respecto a la pena de inhabilitación.

Tras estos informes, la pelota llega al tejado del Ejecutivo, que, según la ley que regula el indulto, de 1870, tiene facultad discrecional y no está obligado a explicar o justificar los motivos por los que otorga esta medida de gracia.

El último juez en sufrir un veto de la derecha judicial para acceder a la élite de la judicatura española ha sido José Ricardo de Prada. Y no es la primera vez. El magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del tribunal internacional de la ONU para los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, uno de los mejores penalistas de España y para muchos el máximo experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, optaba a una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Pero los conservadores del CGPJ lo vetaron –con la aquiescencia de los progresistas– y, finalmente, un magistrado con menos currículo que él se quedó con el puesto. ¿La razón? Fue uno de los autores de la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo en 2018, resolución cuya resaca terminó generando la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.

Haber condenado al PP es algo que la derecha judicial no ha perdonado a De Prada. Pese a que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó íntegramente esa condena con ligeros ajustes. Esa resolución generó otro veto previamente, en 2024, cuando el PP, en la última renovación del Consejo, exigió que PSOE y Sumar lo retiraran de la lista de vocales progresistas. La primera sentencia de Gürtel contó con un voto particular discrepante que rechazaba la condena al PP, el firmado por el conservador Ángel Hurtado. Hurtado también se negó a que Mariano Rajoy declarara como testigo en el juicio que dio lugar a la condena. Dos años después, en 2020, ascendió al Supremo, donde ha protagonizado la que, probablemente, ha sido la más polémica y cuestionada instrucción de los últimos años, la del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, contra el que no consiguió una sola prueba en toda su investigación. Pese a ello, cinco de sus compañeros de sala, no dudaron en condenarlo. Dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, negaron la existencia de una sola evidencia en un voto particular discrepante.

Ana Ferrer fue propuesta en junio de 2024 por los 10 vocales progresistas del recién renovado órgano de gobierno de los jueces para presidirlo. Sin embargo, los otros 10 conservadores la vetaron, de la misma forma que hicieron con Pilar Testo, también propuesta por la izquierda judicial para el puesto. Los consejeros propuestos por el PP denostaron en los debates a Ferrer (también a Teso) por considerarla "la candidata del Gobierno". Ferrer, junto a una compañera de sala, la también progresista Susana Polo, había firmado un voto particular discrepante contra la sentencia en la que sus compañeros de la Sala Segunda confirmaron las condenas del caso ERE, entre ellas las de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su criterio fue el que luego siguió el Tribunal Constitucional, que terminó rebajando considerablemente las condenas de los cargos políticos condenados. Mientras los vocales debatían si aceptaban a Ferrer como presidenta (al final no fue así), la magistrada firmó otro voto particular discrepante contra la no aplicación de la amnistía a los líderes independentistas condenados y procesados del procés.

El veto de los conservadores a Ferrer volvió a producirse cuando presentó su candidatura a presidir la Sala de lo Penal. Lo tenía todo a su favor para conseguirlo. Al ser mujer, la ley de paridad la colocaba como idónea para el nombramiento y el programa de actuación con el que concurrió a la convocatoria (que pedía máxima transparencia en la sala que antes presidía Manuel Marchena), era mucho mejor que el de su contrincante, el magistrado que resultó finalmente elegido, Andrés Martínez Arrieta, que, a diferencia de Ferrer, está a punto de llegar a la edad de jubilación. Pese a que la presidencia tenía que ser para una magistrada, los conservadores no dejaron de oponerse a la aspirante hasta provocar que retirase su candidatura. Ferrer fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 2014. Previamente presidió la Audiencia Provincial de Madrid, así que sus méritos para administrar un tribunal son más que sobrados. Su prestigio entre sus compañeros es indudable, pero la derecha judicial le impide cualquier tipo de progreso.

Pero la carrera más meteórica hacia el Supremo ha sido, quizás, la de la conservadora Carmen Lamela. De llegar en 2014 a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional desde la Audiencia Provincial de Madrid, solo cuatro años después, en julio de 2018, desembarcó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo gracias a un Consejo –el presidido por Carlos Lesmes– escorado a la derecha. En medio de esas dos fechas Lamela fue la primera instructora de la causa del procés, que después asumió el Supremo, y encarceló a sus principales líderes (fue autora de la primera orden internacional de detención contra Carles Puigdemont tras su huída). También abrió una causa por sedición contra el jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que terminó archivada.

Pero fue cuando ya ejercía en el Alto Tribunal cuando se conoció un error que quizá nunca le habría permitido llegar a ese destino. La Audiencia Nacional absolvió al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en una causa que había investigado ella. Lamela mantuvo al exdirectivo blaugrana 21 meses en prisión incondicional en Soto del Real (entre mayo de 2017 y febrero de 2019). Rosell le pidió su excarcelación en 12 ocasiones, pero ella hizo caso omiso. La magistrada de los ascensos meteóricos había cometido el peor fallo que se puede achacar a un juez de instrucción: mantener injustificadamente en la cárcel a un inocente cuya acusación, según afirmaron sus compañeros de la Sala Penal del Supremo cuando les llegó el recurso de casación, era inconsistente. Lo primero que hicieron los tres magistrados de la Audiencia que lo juzgaron y absolvieron previamente fue ponerlo en libertad al inicio de la vista en la que quedó exonerado.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes —el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia— y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

De esta forma, la Sala responde solo a la petición de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid y de Vox, ya que rechaza la legitimación de las asociaciones para recurrir el real decreto.

Fuentes de Hazte Oír han informado que la entidad recurrirá tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar "por el grave riesgo que entraña el que no se admita esta medida con urgencia".

Durante la vista, la Abogacía del Estado ya había cuestionado la legitimación de las entidades, al considerar que la mera atribución en sus estatutos de principios como la defensa del orden jurídico o los valores constitucionales no era suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.

Entre otros argumentos en contra de la medida extraordinaria, los recurrentes han asegurado hoy ante el Supremo que es contraria al derecho nacional y europeo y puede suponer un colapso de los servicios públicos como la sanidad, alegatos todos ellos rebatidos por el Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha incidido en los efectos que este proceso tendrá en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que solo en esta comunidad se beneficiarán 255.00 personas, y Vox ha advertido de un conflicto "brutal" con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo mes de junio.

Y para justificar la adopción de medidas cautelares que ellos habían pedido, han asegurado que la concesión de autorizaciones provisionales mientras se resuelven las peticiones iba a crear unos "derechos consolidados" que luego no iba a ser posible revertir.

El abogado del Estado, por su parte, ha defendido la medida para lograr la integración de las personas que ya están en España a través de un proceso "especialmente limitado" que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, para lo que se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso Pasapalabra, al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

La resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y ha confirmado en todos sus extremos la sentencia recurrida.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV.

Ahora, cuando 'El Rosco' se emite en Antena 3 y el contencioso se centra en la cadena de Atresmedia, el Supremo resuelve que el titular de este formato es MC&F y condena a Atresmedia a dejar de reproducir "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego" basado en ese formato.

Le obliga además a retirar del comercio y a destruir todas las grabaciones de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluyan un juego de esas mismas características.

También establece que debe eliminar de los circuitos comerciales, inutilizar y, en caso necesario, destruir "todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en dicho formato, a expensas de la demandada".

El tribunal le condena, asimismo, a indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios materiales causados por la infracción desde la fecha de la notificación de esta sentencia, en la cantidad que se fije en su ejecución.

Sí que fija en 50.000 euros la indemnización por daños y perjuicios morales si continúa la emisión del programa desde la notificación de la sentencia.

Así lo determina el Supremo tras establecer que 'El Rosco' es una obra protegida por la propiedad intelectual "al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general".

Antena 3 seguirá emitiendo el concurso y estudia qué hacer con la prueba final. Así lo han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.

El alto tribunal ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2022, que obligó a Antena 3 a dejar de emitir la prueba de 'El Rosco', al considerar que se habían infringido los derechos de propiedad intelectual de la sociedad holandesa MC&F, a la que reconocía como titular de dichos derechos y no a ITV.

La sentencia de la Audiencia revocó la decisión previa de un juzgado mercantil que había permitido continuar a Antena 3 con la emisión al no acreditarse que el formato fuera protegible como obra original autónoma.

El primer gran litigio por 'El Rosco' enfrentó a Telecinco con la productora británica ITV, y en octubre de 2019 el Supremo confirmó que Mediaset había vulnerado los derechos de ITV sobre el formato y el título del programa y le obligó a cesar de inmediato su emisión, además de indemnizar a la productora.

Posteriormente, un juzgado cuantificó en más de 45 millones de euros la cantidad que Mediaset debía abonar a ITV por las ganancias obtenidas por el uso del formato, incluyendo ingresos publicitarios, merchandising e intereses.

En 2024, el Supremo anuló una segunda indemnización al considerar que el daño ya había quedado resarcido en el primer pleito.

Tras esa resolución, ITV cedió los derechos a Atresmedia y el programa pasó a emitirse en Antena 3, pero de nuevo se abrió un nuevo frente judicial por la titularidad de 'El Rosco', reclamado por MC&F.

Esta empresa presentó demandas para que se reconociera su propiedad intelectual sobre la prueba y se prohibiera su emisión. En 2022, un juzgado mercantil de Barcelona desestimó esa demanda y permitió a Antena 3 seguir emitiendo El Rosco, al no acreditarse que el formato fuera protegible como obra original autónoma.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración que quieran publicitarse en plataformas digitales al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación "exhaustiva".

En concreto, el Supremo subraya que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos.

La Generalitat Valenciana había recurrido la norma estatal que regulaba este procedimiento de Registro Único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) y se creaba la ventanilla única digital para la recogida y el intercambio de datos en los alquileres de corta duración.

La sentencia del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea el llamado registro único de arrendamientos.

Sin embargo, desestima el recurso en lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

El Supremo entiende que, si bien la norma europea obliga a acomodar los sistemas de registro e información existentes de los arrendamientos de corta duración, lo que no determina es que el procedimiento de registro establecido por un país deba ser nacional.

La sentencia considera que no estamos ante una regulación sustantiva de los arrendamientos de corta duración, sino que se trata de un procedimiento de registro único de los inmuebles que permite obtener un numero como requisito necesario para poder ofertar estos alquileres de corta duración en plataformas digitales como Airbnb o Booking.

También considera que la regulación excede de lo que constituyen unas "bases" o "medidas de coordinación" concretas y establece una regulación de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes.

El Supremo sí admite la competencia del Estado para regular la ventanilla única digital.

El tribunal reconoce que existe una creciente preocupación por el alquiler de alojamientos de corta duración que utilizan los servicios de las plataformas en línea y que se intenta poner freno a los abusos que se vienen produciendo en esta modalidad.

También subraya que se ha producido un aumento constante de estos alquileres y que ello incide en la disminución del número de viviendas destinadas a alquileres de larga duración, con el consiguiente aumento del precio de la vivienda en las ciudades o generando problemas de acceso y desplazamiento de residentes habituales a otras zonas.

El registro único de alquileres de corta duración empezó a ser efectivo en España el 1 de julio de 2025.

España se convirtió en el primer país de la Unión Europea que lo puso en marcha.

Todas las viviendas destinadas a uso turístico o de temporada debían contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente. Los alojamientos que no tuvieran este código de registro no podrían ofertarse en las plataformas.

Además, las plataformas estaban obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identificaran con este número sus viviendas o a realizar comprobaciones periódicas e informar cuando fueran negativas.

El Ministerio de Vivienda tenía como objetivo luchar contra el fraude que se está produciendo con este tipo de alquileres.

El pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reabierto de nuevo el debate sobre la muerte digna tras acordar con los votos de 23 magistrados que sea posible recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia si la persona que ejerce este derecho cuenta con una “vinculación particularmente estrecha” con el solicitante.

Aunque el fallo se ha dado a conocer este martes, 19 de mayo, la sentencia que fijará el alcance de estos recursos se conocerá en unos días.

Con esta decisión, a la que se han opuesto nueve magistrados, se da pie a que un padre, madre o alguien muy allegado de una persona solicitante de eutanasia puedan frenar su derecho a morir de una forma digna alegando ese vínculo especialmente estrecho..

El tribunal ha llegado a esta conclusión tras desestimar el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) que reconocía al padre de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia, legitimidad para paralizarla a través de un recurso judicial.

En el primer recurso que presentó el padre de Francesc, alegó que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla. Asimismo, defendió que su hijo se encontraba en situación de vulnerabilidad y padecía problemas de salud mental.

El recurso fue inadmitido por un juzgado de Barcelona, dejando constancia en el auto que Francesc era “capaz de ejercer de forma libre todos los derechos” y sin “ningún diagnóstico” de enfermedad mental. Destacó también que vivía solo, no tenía buena relación con su padre y solicitó que no se comunicase a ningún familiar su petición.

El Supremo ha debatido este caso, en el que Francesc alegó en su petición de eutanasia el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla tras sufrir tres ictus y dos infartos. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña le concedió la muerte asistida en septiembre de 2024, pero Francesc sigue esperando. Ahora, el alto tribunal podría dar la razón a su padre.

El TSJC acordó llevar a juicio este caso concluyendo que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo, aunque no tengan buena relación como se daba –al igual que con Francesc– en el caso de Noelia Castillo, la cual sí pudo recibir la eutanasia a pesar de pedir su padre, representado por Abogados Cristianos, que ésta fuese paralizada.

Ya el pasado 7 de abril, la Fiscalía defendía ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir siempre que exista un “intenso vínculo afectivo presente” con el paciente, con un matiz: negó que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Queda esperar a que el Supremo, cuando dicte sentencia, determine tanto los requisitos como las circunstancias que permitan que cualquier persona cercana a un solicitante de eutanasia recurra esta petición cuando éste es mayor de edad y esté en plenas capacidades para tomar esta decisión. Asimismo, se espera que se cierre por completo la puerta a que entidades como Abogados Cristianos puedan frenar este derecho.

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la concesión de un indulto parcial al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en concreto respecto a la pena de dos años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba, que le impuso el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha emitido un informe después de que dos ciudadanos pidieran en diciembre al Gobierno el indulto total de García Ortiz, condenado el pasado mes de noviembre por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La teniente fiscal apoya que se perdone la pena de inhabilitación especial que quede por cumplir cuando se conceda el indulto, una medida de gracia que tendría, según señala, "efectivos limitados" pues solo se minoraría la duración y se acortarían los plazos para cancelar los antecedentes penales.

El informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal o que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

El empresario Víctor de Aldama presentó el pasado miércoles a Koldo García Izaguirre como el gran muñidor de la trama de corrupción que supuestamente urdieron entre los dos junto al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero este jueves, durante su declaración como acusado, la mano derecha de Ábalos ha rechazado tajantemente haber recibido un solo euro del confidente que destapó la supuesta organización corrupta a la Fiscalía Anticorrupción. Solo ha reconocido el adelanto de un tratamiento de fertilidad para su pareja que luego le devolvió en tres plazos. Koldo ha admitido que recibió miles de euros del PSOE en anticipos para gastos al ser el asistente del número tres de la formación y que parte de ese dinero le llegaba en "chistorras", es decir, en billetes de 500 euros, algo que el partido niega.

Koldo se ha mostrado ante el juez como un abnegado asistente que trataba de anticiparse a las gestiones –no solo profesionales, también personales– de un ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE desbordado y agotado por el trabajo. Alguien que organizaba reuniones cuando se lo pedían, facilitaba salvoconductos durante la pandemia y solucionaba problemas, pero también que se encargaba de abonar la pensión del hijo del ministro después de su separación; de encontrar un chalé en Cádiz para las vacaciones del mandatario; de buscar una casa de alquiler para su nueva pareja, Jésica Rodríguez; o de ayudarla (a ella y a otra mujer relacionada con Ábalos) a encontrar trabajo en las empresas del grupo haciendo llegar sus currículos a cargos del ministerio o acompañándolas a las entrevistas, pero sin hacerse valer como alguien muy cercano al ministro.

El que fuera chófer de Ábalos antes de que el PSOE llegara al Gobierno y después su asesor principal ha reconocido que llegó a mantener una relación de "amistad" con Aldama, pero ha negado los pagos que este había relatado la víspera y las diferentes formas en que se produjeron. Ha rechazado con un parco "no", por ejemplo, que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama, y ha asegurado que las anotaciones con esa cifra que aparecieron en el registro de su domicilio en 2024 podrían corresponder a negocios que estaba tratando de poner en marcha en Latinoamérica. También negó que Aldama le comprara una moto o un coche, como había dicho el conseguidor de la trama la víspera. Solo admitió que este le pagara un tratamiento de inseminación artificial para su pareja, Patricia Uriz, de unos 6.000 euros, que Aldama abonó con su tarjeta de crédito. Pero Koldo ha asegurado que se lo devolvió en tres pagos posteriores.

Aldama aseguró el miércoles que uno de los desembolsos que hizo a favor de Koldo y Ábalos consistió en el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España para la nueva pareja del ministro, Jésica Rodríguez, que abonó uno de sus socios. Koldo, sin embargo, se ha desentendido totalmente de esa versión y ha asegurado que el ministro y su compañera tenían previsto alquilar un inmueble –propiedad de Aldama– en el paseo de la Castellana. Como estaba ocupado por otros inquilinos y hasta que se desocupara, el socio de Aldama se ofreció a facilitarles de manera provisional y por poco tiempo el piso de la Torre, que, según dijo Koldo que le contaron, lo había alquilado para celebrar encuentros de empresarios. El asesor del ministro no consiguió explicar por qué Jésica exigía que el arrendamiento durara al menos "doce meses". Tampoco por qué, tras una queja de la pareja de Ábalos, compró una nevera para la casa cuya factura pasó después al socio de Aldama.

Según las acusaciones, Jésica, además del piso, obtuvo un contrato en Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al ministerio, un trabajo al que, sin embargo, jamás asistió. Koldo ha admitido este jueves que la única gestión que hizo por ella fue enviar su currículum a Isabel Pardo de Vera y que luego la acompañó a la entrevista que tuvo que hacer. Pero ha asegurado que la dejó en la puerta el edificio donde tuvo lugar el encuentro y que no intercedió por ella. Koldo y su hermano Joseba, ha declarado el primero, ayudaban a Jésica a redactar los partes que justificaban su jornada laboral, pero no para falsificarlos, ha declarado. La mano derecha de Ábalos ha dicho que él creía que la pareja de su jefe "teletrabajaba". Lo mismo con otra de las mujeres a las que colocaron, Claudia Montes. Ábalos le pidió que la ayudara y él encargó a los servicios del ministerio que recortaran la foto que acompañaba a su currículum al considerarla demasiado provocativa. Después se lo mandó a Isaías Taboada, el presidente de Renfe.

Otro de los supuestos pagos del entorno de Aldama al ministro fue una casa en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Anticorrupción y Aldama sostienen que socios de este último la adquirieron para regalársela a Ábalos tras las gestiones de Koldo para conseguir que se le concediera a su empresa –Villafuel– la licencia de operador de hidrocarburos. Koldo ha admitido que fue él quien buscó la casa para Ábalos, pero que lo hizo para ayudarle a preparar sus vacaciones. Donde no ha parecido muy creíble es al explicar por qué eligieron entre los dos finalmente una casa en venta y no en alquiler. "¿Es que alguien la debía comprar para luego alquilársela?", le ha preguntado el fiscal, que no ha obtenido una respuesta concreta. Koldo ha asegurado, además, que desconocía que los que adquirieron el inmueble fueran los propietarios de Villafuel. Tras su salida del ministerio, los propietarios mandaron un burofax a Ábalos reclamando por el impago de dos meses y Koldo se queja a Aldama diciéndole que "esto es la hostia". El asesor ha asegurado ante el tribunal que lo dijo porque le molestó que enviaran un burofax en lugar de arreglarlo con una conversación informal.

Gran parte de la declaración de Koldo ha versado sobre las grandes cantidades de dinero que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, manejaba, y que las acusaciones atribuyen a los pagos de Aldama. El antiguo asesor ha decidido –en ejercicio de su derecho como acusado– no responder sobre esto al fiscal y hacerlo únicamente a preguntas de su abogada. Al contrario que en su declaración durante la instrucción del caso, esta vez Koldo sí ha concedido lo que afirmaba la UCO, que cuando en sus conversaciones hablaba de "chistorras", se refería a billetes de 500 euros. Pero ha rechazado tajantemente que procedieran de Aldama y ha asegurado que ese término lo pudo utilizar para los adelantos para gastos que recibió del PSOE como asistente del secretario de Organización –el partido niega que en sus pagos en efectivo a empleados y militantes utilice esos billetes–, las rentas recibidas de los inquilinos de sus pisos de alquiler turístico en Benidorm o los favores que le pedían agentes de la Guardia Civil años atrás para que les cambiara los billetes con los que el cuerpo sufragaba los gastos de sus operaciones.

Koldo ha afirmado que el PSOE le llegó a facilitar anticipos de hasta 12.000 euros en efectivo –parte de ellos en "chistorras"– que él guardaba en su casa y que servían para abonar actos y campañas. "En una campaña hay que pagar las dietas de desayuno, comida y cena, el alojamiento de todo el personal, la furgoneta... Todo en efectivo", ha dicho. Luego todo eso se justificaba con tiques y recibos ante la organización. Koldo ha desmentido que tuviera ningún tipo de relación con Pedro Sánchez y que todas las vías de comunicación con él se cortaron tras su designación como presidente del Gobierno. También ha rechazado que el partido cobrara de los contratistas de Transportes: "El PSOE no coge dinero de nadie", ha dicho.

Encontramos en Víctor de Aldama todo un rosario de paradojas y contradicciones. Por ejemplo, en ese apellido suyo de aparente abolengo que contrasta con su deje macarra. Aldama se expresa sustituyendo las eses por ges (egque) o terminando las frases con un castizo “¿vale?”, o incurriendo en frecuentes síncopas (dao, quitao, llamao). Al traje, el pañuelo, los gemelos y la eventual corbata, el convicto añade unas pulseritas variadas de esas que nos dan a los cincuentones un aire canallita. Nos cuenta que su oficina está en la calle más pija de Madrid, Alfonso XII, frente al Retiro, más propia de un notario o un noble que de un mísero comisionista que llevaba el dinero a sus amigos en humildes bolsas de Carrefour, pero, eso sí, en rimbombante mochila Montblanc.

Aldama desea destruir a sus recientes compañeros de (presuntas) fechorías porque ha negociado su propia libertad a cambio de delatarlos y tirar de la manta. Sin embargo les trata sistemáticamente con respeto de mafioso. “El señor Ábalos” o “el señor ministro”, dice. Aunque sea para contar luego que había que contar con “algunas señoritas” para presentárselas al “Sr. Abalos”. “Lag pago yo a esas señoritas”, dice. Su relato suena sistemáticamente obsequioso y victimista: “a mí se me pide”, “se me dice”, “se me ordena”.

No es cierto que al escucharle uno se quede con la idea de que no tiene pruebas. Eso depende de cuál sea el objeto de la pesquisa. Tras ocho horas de declaración (esa sí es una paradoja grave, que el mismísimo Tribunal Supremo admita ocho horas de interrogatorio en su inmensa mayor parte irrelevante), queda bastante claro que el delincuente conoce las direcciones de los puticlubs y los restaurantes, los ascensores del ministerio, los caprichos del “señor Ábalos” y las costumbres de Koldo (a este le priva del “don” o del “señor”).

Sin embargo, tras el largo interrogatorio, en el que Aldama se va y vuelve y vuelve y se va sin que nadie le llame a la cuestión, también queda claro que no puede demostrar la connivencia del presidente del Gobierno. Más bien, precisamente por no aportar prueba alguna, constata que “el Uno” no sabía nada (nos revela, eso sí, gran descubrimiento, que Sánchez era el Uno y Ábalos el Dos).

Todo esto sería el enésimo sainete castizo, objeto de un esperpento valleinclanesco, si no fuera asqueroso. Ahí tenemos esa solemne sala de juicios, con esos entelados rojos viejunos; a esos magistrados y letrados y policías y testigos y acusados escuchando las acusaciones de Aldama durante toda una jornada laboral, para permitir que los medios y pseudomedios de siempre sigan esparciendo bulos y suposiciones sobre el presidente y alguno de sus ministros. Vuelve uno a preguntarse por qué la paradoja de que estemos asistiendo a este espectáculo de telebasura casi inmediatamente después de cometidos los supuestos delitos, mientras otros casos más truculentos tardan en juzgarse más de una década o se aplazan sin aparente motivo.  

En fin, que el PP y Vox y sus corifeos y cómplices, desde los alvises y los quiles a los desokupas, los abogados cristianos, los fachas con toga y toda la carcundia que les acompaña, creyeron encontrar en Aldama a su garganta profunda. Cada una de esas ocho horas de testimonio, sin embargo, iba confirmando que (presuntamente) Ábalos y Koldo eran dos pillos muy pillos, o dos corruptos de tomo y lomo, quizá. Pero con todo lo doloroso que resulte que el ministro de Transportes y secretario de Organización del partido socialista se haya corrompido, el comisionista no aportaba la más mínima prueba de responsabilidad del presidente del Gobierno ni del Partido Socialista. Resultaba paradójica también la generosidad del Tribunal permitiendo que Aldama acusara sin prueba alguna a Sánchez, teniendo en cuenta lo exigente que se puso el que instruyó el caso Kitchen, por ejemplo, dejando a M. Rajoy fuera de su interrogatorio.

El resultado es positivo para el Gobierno y es trágico para el PP, aunque crea lo contrario. Si un delincuente llega a un acuerdo con la Fiscalía para descubrir un caso de corrupción mucho mayor del que ya conocemos y que implicaría al presidente del Gobierno y a otras autoridades, y tras su declaración no puede aportar ni una sola prueba, quien sale indemne y victorioso (y una vez más víctima de los desafueros de las derechas vociferantes) se llama Pedro Sánchez. Y así pasan los días, con un Feijóo y un PP cada vez más desnortados.

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".