Los presidentes de Francia y Corea del Sur han acordado trabajar juntos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz con ocasión de la primera visita de Estado de Emmanuel Macron a ese país, el pasado 3 de abril. Al igual que para muchos otros países, este paso estratégico es esencial para Seúl: más del 70% del petróleo y el 20% del gas importados por el país proceden de Oriente Medio, y la mayor parte transita por este estrecho.

En el corazón del barrio de Cheongnyangni, en Seúl, Park Young-mi está ocupada ordenando paquetes de cigarrillos, agachada detrás de la caja registradora de su tienda K-Mart. Al lado, un joven anda por la sección de fruta fresca. Debajo de las fresas, manzanas y naranjas hay cajas de bolsas de plástico, verdes y transparentes. “La semana pasada se agotó todo nuestro stock de golpe. Los clientes venían a comprar a la vez, por miedo a que los precios se dispararan o a que se agotaran y ya no pudieran tirar la basura”, cuenta la gerente. Solo pudo conseguir una caja para reponer sus existencias, ya que su proveedor también racionaba a los supermercados. Desde entonces, solo permite una compra por persona, salvo en casos de extrema urgencia.

Esas bolsas, fabricadas a partir de nafta, un derivado del petróleo, son un elemento indispensable para las familias surcoreanas. Y con razón: para clasificar eficazmente los residuos domésticos, cada hogar debe comprar esas bolsas de un color concreto, que varía según el municipio, y que se suministran en las tiendas de barrio. Los impuestos recaudados por esas ventas constituyen una de las principales fuentes de financiación del sistema de reciclaje y recogida. El precio de las bolsas de basura se fija por ordenanza municipal en cada municipio del país. Por lo tanto, ni las empresas que las fabrican ni los comerciantes pueden subir los precios a su antojo. “No hay que dejarse engañar por esa información falsa que circula por YouTube o por otros sitios, según la cual van a subir los precios. Me gustaría que la gente dejara de preocuparse por eso”, concluye Park Young-mi con una sonrisa tranquilizadora.

Varias grandes cadenas han visto dispararse sus ventas de bolsas de basura, entre un 140% y un 325% en una semana, según la agencia Yonhap. Pero el Gobierno ha asegurado que la capacidad de suministro se mantiene estable, aunque ha señalado que se había visto afectada por las compras al por mayor.

Las bolsas de basura no son lo único que preocupa a la población. Los restauradores, en su mayoría muy dependientes de la comida para llevar, se enfrentan a un aumento de los precios de los envases de plástico.

Kim Young-min, director de la empresa PowerWrap, dedicada a los envases de plástico, tendrá que subir sus precios a mediados de abril. “Nuestros clientes necesitan cajas y film transparente para envasar sus alimentos, como carne o pescado, pero no conseguimos abastecernos a tiempo. Por supuesto, debido a esto, nuestra facturación va a disminuir. Hoy en día, ni siquiera utilizamos todas nuestras máquinas, producimos poco a poco, con las existencias de las que ya disponemos.”

El coste de las materias primas utilizadas para la fabricación de sus productos, entre ellas la nafta, ya ha aumentado casi un 40%, y espera que la subida continúe. Según Kim Young-min, aunque la guerra terminara hoy, el suministro podría seguir siendo irregular durante los próximos tres meses.

En Gyeonggi-do, no lejos de un afluente del río Han y sus alamedas de cerezos en flor, se amontonan en el restaurante de pollo frito de Ahn Jung-oh (nombre ficticio) montones y montones de bebidas, entregadas envueltas en vinilo (uno de los plásticos más extendidos del mundo, producido a partir del petróleo). “He comprado el doble de mis existencias habituales, por miedo a que los costes aumenten a causa de la guerra”, dice el restaurador. Este pedido, realizado a finales de marzo al precio habitual, incluye también los envases alimentarios que utiliza.

La industria médica de Corea del Sur también depende en gran medida de esos materiales derivados del petróleo para la fabricación de agujas, guantes esterilizados, frascos de jarabe, envases de desinfectantes o bolsas de solución intravenosa. Korea Vaccine, un proveedor de productos médicos, ya ha anunciado que aumentará entre un 15% y un 20% los precios de las jeringas desechables durante los dos próximos meses.

Pero las consecuencias de la guerra en Irán y en los países vecinos para Corea del Sur no se detienen ahí. Según los expertos, se espera una crisis energética ya para finales de abril. Para frenar la subida de los precios, ya se han puesto en marcha algunas medidas, como mayores reducciones de los impuestos sobre los combustibles o incluso un límite máximo para los precios de la gasolina, el primero en casi treinta años, que, desde su implantación a mediados de marzo, ya se ha revisado al alza.

Dada su dependencia del petróleo, el país también está reactivando otras fuentes de energía. Se preveía que dos centrales térmicas de carbón que producen electricidad cerraran en junio de 2026, pero su cierre podría posponerse. Algunos reactores nucleares en mantenimiento volverán a entrar en servicio antes de lo previsto, con el fin de cubrir posibles déficits en el suministro energético.

El Gobierno demócrata de Lee Jae-myung ha instado a la población a esforzarse por ahorrar energía al máximo: se invita a los surcoreanos a duchas rápidas, a cargar el teléfono durante el día y no dejarlo enchufado toda la noche, o a utilizar la aspiradora y la lavadora solo los fines de semana.

En cuanto a los conductores de vehículos de gasolina que trabajan en el sector público, deben abstenerse de conducir un día a la semana, según el último dígito de su matrícula. Se han adaptado los horarios de trabajo de las instituciones públicas para reducir la demanda de transporte y, a largo plazo, disminuir el consumo de petróleo.

Con el fin de alinearse con la política del Gobierno, las mayores empresas privadas, como el fabricante de automóviles Hyundai o el grupo siderúrgico Posco, están aplicando ya ciertas medidas de austeridad. Animan a sus empleados a subir por las escaleras en lugar de usar el ascensor, a utilizar el transporte público o a compartir coche.

Si las reservas de petróleo del sector privado caen por debajo de un determinado porcentaje, el Gobierno ya se ha mostrado dispuesto a intervenir, gracias a las reservas almacenadas en el territorio. Pero ante las dificultades de abastecimiento, Seúl está considerando actualmente la posibilidad de adquirir los preciados recursos a Moscú.

Traducción de Miguel López

Desde el inicio de la guerra contra Irán, todas las miradas se han centrado en los precios del petróleo. Pero los verdaderos peligros energéticos y económicos parecen estar en otra parte: en el mercado mundial del gas.

Pocos responsables políticos, especialmente en Europa, le han prestado atención. A principios de semana, Catar, que ha visto cómo Irán destruía parte de sus infraestructuras de gas, invocó la cláusula de “fuerza mayor” para suspender parte de sus contratos de suministro de gas a largo plazo, en particular con China, Japón, Corea del Sur, Bélgica e Italia. Por su parte, el régimen iraní, cuyas infraestructuras gasísticas también han sido destruidas en parte por los ataques israelíes, ha suspendido sus exportaciones a Turquía.

La retirada parcial de la producción de gas natural licuado (GNL) procedente de Catar ha provocado nuevas tensiones en un mercado ya sobrecalentado. Desde el inicio del conflicto, los precios del gas han subido más rápido y más alto que los del petróleo. En menos de cuatro semanas, los precios del gas en Asia se han disparado casi un 150 %, y más de un 70 % en Europa. En Róterdam, mercado de referencia para el gas en Europa, el precio de los contratos de gas ha pasado de 31 a 55 euros por megavatio-hora (MWh).

Los analistas temen que esta subida vertiginosa de los precios se prolongue e incluso se intensifique: “Podría producirse una escasez de gas a partir de mediados de abril”, advierten algunos analistas de los mercados energéticos. Y es que la demanda de gas está en constante crecimiento: se ha más que duplicado en las dos últimas décadas. Muchos países han sustituido sus centrales de carbón por centrales de gas, mucho menos contaminantes, para producir su electricidad. Y, a diferencia del petróleo, no existen reservas estratégicas de gas que permitan aliviar las tensiones en los mercados.

En este contexto, la interrupción de parte de la producción de gas de Catar, que suministra el 17 % del gas natural licuado del mundo, supone un trastorno de gran envergadura. Sobre todo porque se prevé que sea duradero. Aunque el conflicto con Irán terminara mañana mismo, aunque se restableciera por completo el tráfico en el estrecho de Ormuz, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de GNL podría prolongarse durante años.

Qatar Energy, la empresa nacional de gas, ha anunciado que serán necesarios entre “tres y cinco años” para reparar y modernizar las complejas instalaciones de producción que han sido destruidas por Irán. El grupo también ha pospuesto todos sus proyectos de expansión de la producción que debían entrar en servicio de aquí a finales de año.

Pero, a diferencia del petróleo, las posibilidades de sustitución son escasas: las infraestructuras de GNL requieren enormes recursos técnicos, logísticos y financieros. Hay pocos países productores de gas para abastecer el mercado mundial. Entre ellos destacan Estados Unidos, Rusia, Australia, Canadá, Noruega o Argelia.

Asia, que compra alrededor del 80 % de su GNL a los países del Golfo, es la más afectada. Solo China representaba una cuarta parte de las exportaciones de gas de Catar. Algunos países, como la India o Indonesia, ya han decidido racionar el consumo de las empresas para garantizar el suministro a los hogares. Pakistán ha advertido de que podría sufrir una interrupción del suministro a partir de mediados de abril.

Aunque Europa solo importa una cuarta parte de su gas de los países del Golfo, está igual de expuesta, si no más. Apostando por la estacionalidad de los precios del gas, los principales importadores europeos de GNL habían decidido reabastecerse en verano, cuando los precios son más bajos, como suele suceder. El conflicto con Irán ha frustrado todos sus cálculos. Al final del invierno, sus reservas están en mínimos. De media, se sitúan en torno al 28 % de su capacidad. En los Países Bajos, solo alcanzan el 6 %.

Presas del pánico, todos se apresuran a reponerlas. Algunos recurren a Noruega, otros, como Italia, especialmente expuesta a los riesgos del gas, apuestan por las buenas relaciones establecidas con Argelia.

Pero los operadores esperan pujas exorbitantes, luchas encarnizadas entre Asia y Europa, e incluso entre los distintos países de cada continente, para hacerse con los cargamentos de GNL, cada vez más escasos en un futuro próximo. Sobre todo porque, por una desafortunada coincidencia, el productor australiano Santos ha suspendido la producción de gas en una de sus instalaciones durante “varias semanas” debido a dificultades técnicas. Han desaparecido del mercado unas 3,7 millones de toneladas de gas.

Según la empresa Kpler, que realiza un seguimiento del tráfico marítimo, desde principios de marzo han sido desviados once buques metaneros que partieron para abastecerse en Estados Unidos. Debían venir a entregar su cargamento a Europa, pero cambiaron de rumbo en alta mar y pusieron rumbo a Asia: los compradores asiáticos estaban dispuestos a pagar más.

Donald Trump lo ha entendido bien: las exportaciones estadounidenses de petróleo y gas de esquisto le dan una baza clave en esta crisis energética, especialmente con respecto a Europa. La Unión Europea, presionada para encontrar un sustituto del gas ruso, tras las sanciones impuestas al inicio de la invasión de Ucrania, firmó a mansalva, sin tomar la más mínima precaución, contratos de gas con productores estadounidenses. Eso fue en la época de Joe Biden.

Con Donald Trump, Europa se da cuenta de que ha cambiado una dependencia —la de Rusia— por otra. Casi el 60 % de sus importaciones de gas proceden de Estados Unidos. Desde 2022 no se ha llevado a cabo realmente ninguna búsqueda seria de diversificación de suministros. La Unión Europea ha concluido estos últimos días, precipitadamente, un acuerdo de suministro de gas con Azerbaiyán. Pero este país solo puede suministrar cantidades limitadas.

Aprovechando esta posición dominante, Donald Trump ejerce un chantaje continuo sobre Europa. Durante las negociaciones sobre los acuerdos aduaneros, exigió que la Unión Europea se comprometiera a comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos en los próximos años. Una exigencia que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptó.

En los últimos días, Donald Trump, al considerar que la conclusión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos tardaba en concretarse, acaba de renovar sus amenazas: el Gobierno estadounidense aumentará el precio de sus exportaciones de gas si la Unión Europea no firma rápidamente el acuerdo comercial, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya declarado que los aranceles eran ilegales.

El jueves 26 de marzo, el Parlamento Europeo aceptó ratificar el acuerdo comercial, pero incluyendo varias cláusulas de suspensión y condicionalidad, entre ellas el pleno cumplimiento de los compromisos adquiridos por Estados Unidos de reducir sus aranceles al 15 % sobre todas las exportaciones europeas.

La administración Trump no parece decidida a renunciar a su chantaje. A principios de mes, el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Andrew Puzder, recordó que Donald Trump se siente muy en posición de fuerza en cuestiones energéticas: “Creo que Estados Unidos seguirá queriendo hacer negocios con Europa, pero las condiciones no serán tan favorables. Hay otros compradores por ahí.”

Las condiciones son claras: la administración Trump está dispuesta a extorsionar a Europa. Se encuentra en una posición de fuerza: la demanda de gas proviene de todo el mundo, e incluso del interior de Estados Unidos: los gigantes digitales y las empresas de alta tecnología tienen proyectos de infraestructura cada vez más consumidores de energía para sustentar su expansión a marchas forzadas en el ámbito de la IA.

Ante la amenaza de la crisis del gas y sus repercusiones en toda la economía del continente, la Unión Europea parece avanzar como un sonámbulo. Desde el inicio del conflicto con Irán, la Comisión Europea no ha presentado ni una sola propuesta, salvo para instar a los países miembros que pudieran hacerlo a adoptar “medidas específicas” para aliviar las facturas de carburantes —no de gas— de las empresas y los hogares.

El viernes 27 de marzo se han reunido los ministros de Finanzas europeos para hacer balance. Pero más allá de las consideraciones generales, no parece perfilarse nada decisivo: la Unión Europea está tan poco preparada, tan desamparada, como cuando estalló la crisis energética de 2022, provocada por la guerra en Ucrania.

Y es que no se ha aprendido ninguna lección de este choque económico desde hace cuatro años. La Comisión Europea, convencida de haber superado “brillantemente” ese periodo que provocó una recesión, un repunte inflacionista y una pérdida de competitividad estructural con unos costes energéticos entre cinco y seis veces superiores a los de Estados Unidos, consideró innecesario revisar sus preceptos y dogmas: todo había funcionado a la perfección.

No hay necesidad, por tanto, de dotarse de una estrategia energética que garantice la seguridad, la independencia y la estabilidad. La Comisión Europea ha decidido incluso, bajo la presión de los movimientos de extrema derecha, dar marcha atrás y revisar el Pacto Verde, considerado demasiado restrictivo. El conflicto con Irán viene a recordar la importancia de una energía independiente y descarbonizada que puede garantizarse gracias a las energías renovables.

Tampoco siente necesidad de revisar las normas del mercado europeo de la energía y, en particular, de la electricidad: había respondido perfectamente a las expectativas, según una auditoría encargada por la Comisión Europea en 2023. Por lo tanto, los precios de la electricidad en Europa siguen fijándose a partir de los precios del mercado spot de la electricidad, uno de los mercados más volátiles y especulativos del mundo, indexado al precio del gas. La exposición a los precios de mercado se ha extendido incluso a los hogares, ya que la Comisión Europea considera perjudicial cualquier mecanismo que permita una tarificación regulada.

Como resultado, aunque el mercado a veces se encuentra en situación de sobreproducción a determinadas horas del día debido a las energías renovables, los precios del MWh en el mercado europeo no han dejado de aumentar desde principios de marzo. Hoy se sitúan de media en más de 110-120 euros por MWh, es decir, más del doble que a principios de enero, en plena ola de frío. Solo España y Portugal se libran de esta subida vertiginosa, con precios inferiores a 40 euros por MWh en los periodos de mayor demanda: ambos países se retiraron del mercado europeo de la electricidad en 2022 y no tienen ningún deseo de volver a él.

Las consecuencias no tardarán en materializarse. Y mucho más allá del precio de la gasolina, que ya afecta al transporte y a los pescadores. A la vista de las dependencias energéticas aceptadas voluntariamente, de las decisiones tomadas en los mecanismos de mercado, es el conjunto de las economías europeas el que se ve amenazado. Poco a poco, independientemente de la energía de la que dependan —gasóleo, gas, electricidad—, todos los sectores industriales, las profesiones comerciales y artesanales y todos los hogares se encuentran a merced de las fluctuaciones energéticas mundiales.

Todas las esperanzas puestas en los avances tecnológicos y científicos —especialmente en la IA, con la que se han encaprichado los responsables políticos— se están desvaneciendo igualmente: sin garantías de seguridad energética y con perspectivas de costes estables, ningún proyecto puede ir adelante.

A mediados de marzo, varios organismos comenzaron a revisar sus previsiones de crecimiento en este nuevo contexto. Mientras que antes contaban con un aumento medio del 1,6 % en 2026 en la zona del euro, ahora solo hablan de un crecimiento del 0,6 % en el mejor de los casos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que publicó sus previsiones el jueves 26 de marzo, se muestra algo más optimista: la institución prevé un crecimiento del 0,8 %, frente al 1,2 % anterior.

Escalada de precios de la energía, aumento de costes de producción, repunte de la inflación…: Europa ya vivió este círculo vicioso hace cuatro años. Todavía no se ha recuperado. ¿Seguirá la Unión Europea, por ceguera o por dogmatismo, por este camino que conduce a un empobrecimiento generalizado del continente?

Traducción de Miguel López

El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio han entrado este domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación.

El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21% de IVA al 10%); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

En el apartado fiscal destacan, especialmente, la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores (del 5,11% actual al 0,5%); y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Este último es muy probable que no salga adelante en la Cámara Baja, por el rechazo ya anunciado de formaciones como Junts, PP y Vox.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros destaca, igualmente, la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto.

También ha entrado en vigor un plan de movilidad sostenible, que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo; así como una suspensión de la causa de disolución por pérdidas, ya acordada previamente respecto del COVID-19.

Sectores de la economía relacionados con el transporte, la agricultura o la ganadería han mostrado su disconformidad parcial con el paquete de medidas del plan anticrisis, en especial en el colectivo de la movilidad por carretera (logística, mercancías y autobús).

Patronales como CETM, Fenadismer, UNO (logística) y Confebus califican como "claramente insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno. Incluso, las dos primeras organizaciones no descartan movilizaciones en el transporte de mercancías por carretera si no se atienden sus peticiones.

Desde la organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideran que estas medidas son "necesarias", pero avisan de que serán "insuficientes" si la situación se prorroga "más allá de 15-30 días", mientras que Asaja cree que el plan “queda abierto, sin concreción, es pobre y lejos” de la situación.

El sindicato CCOO se ha sumado a los sindicatos agrarios y ha reclamado al Gobierno más medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Desde otro ángulo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado la reducción del IVA a los combustibles como "una mejor alternativa a la nefasta experiencia" del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio.

En cuanto a las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme no han valorado aún el plan presentado por el Gobierno. Se espera que lo hagan en los primeros días de la semana entrante.

Sí han mostrado, en cambio, su "firme rechazo" a la aprobación de una congelación temporal de los precios del alquiler, al ser una medida “ajena” al conflicto en Oriente Medio y una “injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con un retraso de más de dos horas debido a que los ministros de Sumar se negaban a entrar a la reunión si no se incluían medidas de vivienda.

Finalmente, el Gobierno ha optado por aprobar dos reales decretos leyes, uno para temas de vivienda y otro general, que pasa por una "reducción drástica de la fiscalidad energética".

El plan incluye una bajada del IVA de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", el 10%, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos por litro en función del combustible utilizado, unos 20 euros por depósito por coche medio, ha subrayado el presidente.

El plan también baja en un 60% los impuestos de la electricidad, ha detallado Sánchez, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7% y que pagan las eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5%.

Asimismo, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general (21%) al reducido (10%) y limita el precio del butano y del propano.

Al mismo tiempo, se van a extender hasta diciembre de 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Este plan de 80 medidas que entrará en vigor "mañana mismo" va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de nuestro país, ha detallado el presidente, que ha insistido en que ello "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos".

España va a ser el país "con el mayor escudo social y político de toda la UE" y sus medidas "estarán vigentes el tiempo necesario", además de que se ampliarán "si la gravedad de la crisis se acentúa".

"El Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria", ha subrayado el presidente.

El conflicto en Oriente Medio "está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, y aunque "nadie sabe" cómo va a evolucionar, si se alarga podría derivar en una "grave crisis", de la que los españoles, ha asegurado, "vamos a salir más fuertes".

En España, la vivienda se ha convertido en el germen de las desigualdades sociales. El coste del alquiler y la compraventa se ha disparado en el último lustro. Ya hoy, una de cada tres personas dedica más de la mitad de sus ingresos al pago de la renta y una de cada cinco, invierte también más del 50% al pago de su hipoteca. Así lo reflejan los datos del nuevo informe de la ONG Oxfam Intermón que ahonda en la crisis de la vivienda como un problema coyuntural que está agravando la desigualdad económica en España. 

Los datos, extraídos de la encuesta realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas, reflejan una crisis palpable que se ha convertido, según la última encuesta del CIS, en el principal problema de los españoles. De hecho, el pasado 2025 finalizó con un incremento interanual del 13% y el nuevo récord histórico: 2.230 euros por metro cuadrado.

Pese a que la compra de vivienda es ya algo de por sí visto como un ‘imposible’ por muchos españoles, sobre todo los más jóvenes y precarizados, esta situación se amplifica para aquellos que pagan un alquiler. Según el informe, el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

Para las personas que ya poseen una vivienda en propiedad la situación es bien distinta. El 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses. Lo que prueba que la vivienda se ha consolidado como el mayor obstáculo que se interpone entre el bienestar socioeconómico de más de la mayoría de la población. 

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

Tener una vivienda o vivir de alquiler puede ser el factor más determinante de una persona para lograr ahorrar a fin de mes. Mientras que para los propietarios es la norma, para los inquilinos la palabra ahorro se ha convertido casi en un espejismo. El informe lo deja claro: una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%). 

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Otro de los grandes riesgos de esta dinámica es el conocido como el de los ‘desahucios invisibles’, un problema que sufren una de cada tres personas que pagan renta. Esto se define en el informe como “finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas”. 

Esto afecta, sobre todo, a los sectores de población más vulnerables. Las personas extracomunitarias lo sufren en un 37% de los casos y los menores de 35 años en un 32%. Esto se tradujo para estos últimos en que la mitad tuvo que volver al hogar familiar. Además, esta situación va ligada con el fenómeno de la gentrificación. El 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Las condiciones de vida son las primeras afectadas por la crisis y muchos se han visto abocados a tener que realizar grandes renuncias en elementos básicos para la vida como los suministros esenciales, algo cuyo pago no pudo enfrentar el 19,2% de la población en el último año. El informe sitúa a los alquilados, de nuevo, en el centro de esta problemática: el 13% comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Una realidad, además, que parece no entender de edad ya que afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años. 

“Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad”, explica García-Gil. “La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

El informe de Oxfam Intermón propone “una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. Tras la negativa del Congreso a la aprobación del escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts, los más perjudicados vuelven a ser los hogares vulnerables: más de 70.000 desahucios podrían volver a reactivarse, se anula la prórroga del bono social eléctrico y se acaba con la prohibición de cortar suministros básicos, entre otras medidas. 

Es por esto que la organización también pide garantizar “la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del Escudo Social”.

Esta situación de crisis genera una incertidumbre que también tensiona los mercados. Las opciones son cada vez más escasas y el optimismo por poder poseer una vivienda mengua. Por eso la herencia se erige ahora como un mecanismo más relevante para el acceso, algo que sigue perpetuando las desigualdades sociales. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. 

El informe centra el foco en los problemas de los inquilinos, los más vulnerables. De ahí surgen tres medidas que consideran elementales para ponerle freno a la brecha de la desigualdad que genera el acceso a la vivienda: reforzar la protección a las personas inquilinas mediante la regulación de precios y ampliar la duración de sus contratos, frenar todo tipo de prácticas especulativas y ampliar el parque de vivienda pública impulsando modelos alternativos. 

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.

Los conflictos geopolíticos han llevado a la economía de un estado de incertidumbre a uno de alerta permanente. Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán hace dos semanas, las expectativas de crisis se acentúan día a día. Sin apenas tregua tras la ofensiva arancelaria, el epicentro es ahora el estrecho de Ormuz y la interrupción del 20% del flujo de petróleo mundial que atravesaba ese paso a diario y ha dejado de hacerlo.

Tras una semana de contactos entre el Gobierno y los diferentes ministerios con los sectores potencialmente afectados, el ministro de Consumo ha señalado que las primeras medidas del escudo social se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Por su parte, el Ministerio de Economía tiene puesto el foco en los sectores más expuestos a las subidas de los combustibles y que mayor peso pueden tener en la cesta de la compra: los transportes y el agro (agricultura y pesca). Carlos Cuerpo, titular de Economía, insistió a lo largo de la semana pasada en “medidas específicas” y "esencialmente fiscales" para el sector agrario y el transporte por carretera. Por otro lado, su homólogo del Ministerio de Consumo quiso poner el acento en la necesidad de vigilar que esas ayudas no se transformen en beneficios empresariales: “Cualquier medida fiscal debe ir acompañada de una intervención del mercado para impedir que se produzcan márgenes excesivos”, señaló Pablo Bustinduy. 

"Los agricultores no pueden repercutir directamente el incremento de costes porque los precios suelen variar por la abundancia o escasez de las cosechas, pero el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes puede afectar tanto al sector como a la producción", explica Javier San Martín, especialista en mercados y profesor de OBS Business School. En cuanto a los transportes, el economista explica que sí podrían repercutir los precios con más facilidad, ya que muchos cuentan con cláusulas para hacerlo en caso de aumento de costes.

"Aquí además hay que sumar el efecto inflacionario de la inflación. Es decir, si piensas que las cosas van a subir de forma sostenida, reflejas esa subida de forma anticipada", explica. Es lo que ha ocurrido, apunta, con las empresas de distribución de combustibles: "A los tres días de empezar la guerra ya habían empezado a subir los precios, cuando se supone que tienen muchas existencias almacenadas y, además, cada gasolinera ofertaba un precio distinto", remarca.

Con estos mimbres se está diseñando un paquete de medidas del que aún se desconocen los detalles. Aunque el titular de Consumo dio algunas pistas: "En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró.  Sobre esta segunda pata, cabe recordar que las medidas antidesahucios decayeron el pasado mes de febrero, después de que no se ampliase el escudo social por la negativa de PP, Vox y Junts.

Hasta el momento, el mayor choque para los bolsillos por el conflicto en Irán proviene de la energía y los combustibles, pero otros indicadores como el euríbor –índice de referencia para las hipotecas– dieron señales de alerta al sufrir el martes pasado su mayor repunte diario en 18 años. Además, el comportamiento de los precios, la inflación y las decisiones que los bancos centrales tomen sobre los tipos de interés son variables que los analistas siguen de cerca y que aún no arrojan demasiadas certezas.

“Un encarecimiento sostenido de la energía puede empujar al alza la inflación en el corto plazo. Pero, al mismo tiempo, también reduce la renta disponible de los consumidores y puede frenar la demanda. Dicho de otra forma, puede presionar los precios, pero también enfriar la economía”, recoge Javier Molina, analista de mercados de la plataforma de inversión eToro. “La sensación es de un mercado que se mueve entre fuerzas contrapuestas”, concluía el experto. 

Por otro lado, este lunes, BBVA Research congelaba las previsiones de crecimiento para la economía española en el 2,4%. Un pronóstico que habría crecido en dos décimas de no ser por el encarecimiento de la energía y las turbulencias que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. "Habrá que vigilar muy de cerca las disrupciones en las cadenas mundiales de producción y el canal financiero global", advierte el documento.

En las estaciones de servicio, el precio de la gasolina ha pasado de 1,493 euros por litro el 27 de febrero, hasta los 1,739 euros que marcaba este lunes: un 16% más. En cuanto al gasóleo, pasa de los 1,447 euros, hasta los 1,866 euros, un 29% más. Es aquí donde comienza un ciclo que puede extenderse al resto de la economía con consecuencias para los bolsillos de los consumidores. Para los analistas, el tiempo que dure el conflicto será clave en la profundidad y el alcance, y han pasado de escenarios optimistas a previsiones más cautas. “Si bien una pronta resolución del conflicto es ciertamente posible, consideramos que su extensión hasta el segundo trimestre es igualmente probable, y no se puede descartar una guerra más prolongada”, recoge un informe del Bank of América que advierte sobre los posibles efectos negativos que se “podrían estar infravalorando” en esta crisis. 

Los representantes de las asociaciones agrarias señalan que solo el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes “supone más de 41 millones de euros adicionales cada semana para el sector, lo que equivale a casi 6 millones de euros diarios que salen del bolsillo de los productores”, explican desde la asociación agraria ASAJA. Para ellos, además del precio de los combustibles, los fertilizantes también se han convertido en un gasto adicional, ya que alrededor de un tercio de ellos pasan por el estrecho de Ormuz. También lo hacen componentes de estos como la urea, el azufre o el fosfato diamónico.

Javier San Martín explica que en el caso de la agricultura no es tanto el golpe en los costes como el hecho de que "llueve sobre mojado" porque ya trabaja con márgenes ajustados. "En la guerra de Ucrania, los fertilizantes llegaron a triplicar su precio, los presupuestos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) han cambiado y también están las protestas por el tratado Mercosur, enumera. Además, los países árabes eran grandes clientes para las exportaciones en el sector del cereal, que se verá afectado por las interrupciones en la cadena de suministros. "Casi toda la alfalfa que se produce en España es para venderla en países árabes, pero ahora es muy difícil que llegue a su destino", apunta el economista de OBS. Lo que sí puede llegar con facilidad al consumidor final serían las consecuencias de una menor producción, derivada del encarecimiento de los fertilizantes o de los eventuales ceses de actividad que restringirían más la oferta.

En cuanto al transporte, el repunte de los costes que se deriva ya del aumento de precio de los combustibles, llegaría mucho más rápido al consumidor final, aunque está por ver cómo se aplican esta vez las medidas para contener los efectos de una crisis en la que, por ahora, la incertidumbre sigue gobernando el ánimo de los mercados.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán, afirmó este lunes su director, Fatih Birol.

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", aseguró Birol en una declaración emitida en vídeo en la página web de la agencia sobre la liberación de crudo coordinada por la treintena de sus países miembros.

En ese sentido, el director de la AIE declaró que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias. "Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", mantuvo.

Añadió que, además de los países miembros de la AIE, varios socios han expresado su apoyo a la operación, entre ellos India, Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Explicó que la guerra en la región está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973, y que el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, está afectando también al gas natural.

Recordó que en respuesta a la crisis, los países miembros de la AIE decidieron el pasado día 11 la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, con unos 400 millones de barriles de petróleo puestos en el mercado para compensar la pérdida de suministro.

"Esta rápida acción ha tenido un efecto calmante en los mercados", señaló el economista turco, tras indicar que los precios del petróleo están actualmente más bajos que hace una semana, aunque advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal. "No es una solución duradera", recalcó.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, insistió el director de la AIE.

Señaló también que el impacto de la crisis ya se está dejando sentir en diversas economías, especialmente en Asia, donde muchos países dependen de las importaciones energéticas.

"Los consumidores más afectados por las interrupciones y la subida de precios están en las economías emergentes y en desarrollo del sur y sudeste asiático", precisó Birol, quien indicó que en algunos de estos países ya se están aplicando medidas de emergencia.

Y añadió que la liberación de reservas está siendo coordinada entre los países miembros de la AIE, con más de 100 millones de barriles procedentes de Asia-Pacífico, una cantidad similar desde Europa y más de 170 millones desde el continente americano, además de unos 30 millones adicionales derivados de incrementos de producción.

Birol apuntó además que, incluso si el tránsito por el estrecho de Ormuz se reanudara de inmediato, el comercio energético mundial tardará tiempo en normalizarse.

"Con la situación de seguridad en Oriente Medio aún muy incierta, la AIE continuará trabajando estrechamente con los gobiernos de todo el mundo para discutir opciones de respuesta a las interrupciones que estamos viendo", concluyó.

Los economistas llevan una semana discutiendo sobre si el mundo está ya sumido en una nueva crisis energética, la cuarta de los últimos cincuenta años. Hasta este fin de semana pesaba más la idea de que este desastre era temporal porque los precios de la energía estaban lejos de los peores días de 2022, pero los acontecimientos del fin de semana llevaron el lunes a un subidón del petróleo y el gas. Sin embargo, tan rápido como se disparó, su precio volvió a desplomarse después de que Donald Trump anunciase en televisión que la guerra "está prácticamente terminada".

El barril de petróleo superó este lunes el umbral psicológico de los 100 dólares por barril y rozó por momentos los 120 dólares, casi el doble de su coste antes de la guerra. Para después caer incluso por debajo del precio del viernes, hasta alrededor de los 90 dólares. Está por ver si la bajada continúa en los próximos días y si se traslada al precio del combustible. Las gasolineras de España marcaban este lunes una subida del diésel de más del 21% y de la gasolina de alrededor de un 10%.

El gas natural también comenzó la jornada descontrolado en los mercados y en Europa superó el lunes los 60 dólares, el doble que hace dos semanas, aunque cerró el día en 55 dólares. Su precio habitual suele estar entre 30 y 35 euros. Trasladar ese pico al recibo del gas es más complicado, pero en la factura eléctrica el golpe se nota entre los hogares con una tarifa regulada (conocida como PVPC). La subasta eléctrica de este martes se ha disparado un 380% respecto a la semana pasada hasta su nivel más alto en un año, aunque el precio que captura el consumidor no ha subido tanto, un 40%.

Gonzalo Escribano, experto en energía y geopolítica del Real Instituto Elcano, participó este lunes en un encuentro de la patronal gasista española y dibujó un futuro enormemente pesimista. "Cuando valoramos los diferentes escenarios posibles, estamos en el peor de los peores. Estamos en una escalada descontrolada, con ataques a infraestructuras energéticas y un recién nombrado líder cercano a la Guardia Revolucionaria que complicará la desescalada", valoró Escribano.

En ese momento ningún analista valoraba lo que el presidente de Estados Unidos anunciaría horas después, que al III Guerra del Golfo está cerca de terminar, o al menos eso es lo que dijo Donald Trump. Según explicó a una periodista del canal CBS por teléfono, Irán "no tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". Y añadió que Estados Unidos está "muy por delante" de su planificación original, que estimaba una campaña de cuatro o cinco semanas.

Hasta ese momento, los expertos valoraban un escenario realmente negro. Irán anunció que Mojtaba Jamenei, hijo del recientemente asesinado Alí Jamenei, será el nuevo líder del país, una decisión que se había interpretado como un desafío a Estados Unidos. Coincidiendo con este nombramiento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo este domingo que el conflicto entra "en una nueva y peligrosa fase". El sábado, Estados Unidos bombardeó por primera vez una planta desaladora iraní, según denunció este país, y el domingo Irán hizo lo mismo con una desaladora en Bahréin. Esta era otra línea roja que preocupaba a los expertos porque abre la puerta a migraciones masivas en la región si se pone en riesgo el acceso al agua.

Aunque el gas y el petróleo alcanzaron precios extremadamente preocupantes el lunes, a lo largo del día esos números se suavizaron de forma parcial después de que las grandes potencias emitieran un comunicado para calmar la situación. Los ministros de economía del G-7 publicaron, tras una reunión, que están preparados para liberar petróleo de los almacenes de emergencia si la situación empeora. "Estamos preparados para tomar las medidas necesarias, incluyendo el apoyo al suministro mundial de energía con la liberación de reservas", aseguraron. Esas reservas equivalen al menos a 90 días de importaciones.

El optimismo de Trump y la decisión del G-7 fueron indispensables para calmar a los mercados, pero está por ver que eso se traslade a la realidad porque la situación es extremadamente volátil. Por ejemplo, este lunes la OTAN interceptó un misil balístico procedente de Irán que tenía como objetivo a Turquía, un país miembro de la Alianza Atlántica. Baréin también declaró este lunes el cese de sus exportaciones de energía después de sufrir un ataque en una de sus refinerías, mientras que Arabia Saudí logró interceptar un ataque de drones sobre su campo petrolífero de Shaybah.

A medida que pasan los días también se ven afectadas otras ramas de la economía global, no solo la energía. El famoso Estrecho de Ormuz, que lleva una semana prácticamente cerrado, también sirve para que los países del Golfo exporten diferentes materias primas, como fertilizantes, al resto del planeta, y la interrupción de este transporte aumenta todavía más la probabilidad de una recesión económica global por la inflación. 

En una llamada con periodistas este lunes en la que participó infoLibre, Gerard Reid, experto en finanzas y energía, alertó de este problema: "Hablamos del petróleo y del gas, pero también es el el sulfuro de las baterías, el sulfuro de los fertilizantes, el aluminio… Esto es muy serio y cada día que pasa va a peor".

En esa conversación también intervino Janek Steitz, director de Clima y Energía de Dezernat Zukunft, una consultora económica alemana. Según un análisis que acaban de elaborar, si el conflicto se alarga y Ormuz permanece cerrado dos meses, la zona euro sufriría una inflación durante el próximo semestre de entre el 1% y el 2%. En el peor escenario, en el que Ormuz permanece asediado durante seis meses, la inflación superaría el 3%.

No es la primera crisis importante a la que se enfrenta Cuba desde la caída del dictador Fulgencio Batista hace sesenta y seis años y la llegada al poder del régimen castrista. Pero no por ello es menos grave para los casi diez millones de habitantes de la isla, que sufren, una vez más en su vida cotidiana, el deterioro de la situación económica debido a las presiones impuestas por Donald Trump.

A finales de la década de 1980, el régimen castrista tuvo que hacer frente a los desastrosos efectos de la caída de la Unión Soviética. Los cubanos llamaron a esos años el “período especial”. En aquella época, recuerda el diario español El País, Fidel Castro había considerado recurrir a lo que él denominó la "opción cero": un racionamiento estricto, la suspensión del transporte público y también el cierre de escuelas y universidades... Finalmente, el país no llegó a esa situación extrema y pudo hacer frente a la crisis, a costa de grandes sacrificios.

Una vez más, el corte del suministro de petróleo venezolano tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro a principios de año hace plausible ese escenario catastrófico, cuando el país está sometido desde 1960 a un embargo de Estados Unidos, que nunca ha aceptado la llegada al poder, a 150 kilómetros de sus costas, de un régimen revolucionario inspirado en el marxismo-leninismo.

El lunes 9 de febrero, las autoridades cubanas han informado a las compañías aéreas internacionales de que ya no podrán abastecerse de queroseno cuando sus aviones hagan escala en Cuba. El día anterior cerraron algunos hoteles. Un duro golpe para el turismo, uno de los sectores que más ingresos genera. Entre enero y septiembre de 2025, según las cifras oficiales, las llegadas de turistas extranjeros cayeron un 20,5 % en comparación con el mismo período de 2024.

El jueves 5 de febrero, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció “tiempos difíciles”, en referencia a las medidas que Fidel Castro tomó durante el “período especial”. Hizo un gesto hacia Washington, diciendo que estaba dispuesto a dialogar “sobre cualquier tema que merezca ser abordado”.

“El diálogo es imposible bajo presión”, añadió en un discurso televisado. “Debe desarrollarse sin condiciones previas, en pie de igualdad, respetando nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro derecho a la autodeterminación, y sin abordar cuestiones que puedan interpretarse como una injerencia en nuestros asuntos internos.”

“La voluntad de Trump es asfixiar aún más a Cuba, con la esperanza de que esta vez funcione”, indica a Mediapart Thomas Posado, profesor de civilización latinoamericana en la Universidad de Ruán y coautor de Révolutions à Cuba. De 1868 à nos jours (Revoluciones en Cuba. Desde 1868 a nuestros días, edit. Syllepse, 2020). “Estados Unidos ya lo ha intentado muchas veces, es su objetivo histórico desde la década de 1960 y nunca ha funcionado. ¿Lo conseguirán esta vez? Esa es la cuestión.”

Justo después de la operación militar en Venezuela, Donald Trump dijo que el régimen cubano estaba “a punto de derrumbarse”, ya que “obtenía todos sus ingresos del petróleo venezolano” y eso ya no era posible.

El 29 de enero, el inquilino de la Casa Blanca reforzó la presión sobre la isla. Firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a los productos de los países que, “directa o indirectamente, vendan o suministren petróleo a Cuba”. Para el presidente estadounidense, “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria”.

En un primer momento, el Gobierno mexicano suspendió sus envíos de petróleo. Desde 2023, los petroleros mexicanos zarpan desde la terminal de Coatzacoalcos, en el sureste de México, con destino a Cuba. Debido a la caída de las exportaciones venezolanas, México había decidido proporcionar una valiosa ayuda al régimen comunista para hacer frente a las numerosas escaseces y cortes de electricidad.

En 2025, el país vecino se convirtió incluso en el principal proveedor de petróleo de Cuba, por delante de Venezuela. Pero, desde el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tiene que hacer frente a las amenazas de la Administración estadounidense.

El lunes 9 de febrero, durante su rueda de prensa diaria, denunció la actitud de Estados Unidos y calificó de “injustas” las sanciones impuestas por Washington “a los países que venden petróleo a Cuba”. Anunció que México enviará ayuda alimentaria al pueblo cubano.

“Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano”, declaró, “pero nunca se debe perjudicar al pueblo. Por eso seguiremos apoyando a Cuba y emprendiendo todas las acciones diplomáticas necesarias para reanudar los suministros de petróleo, porque no se puede asfixiar a un pueblo de esta manera. Es muy injusto.” Claudia Sheinbaum aseguró que México también tomará “todas las medidas diplomáticas necesarias para impedir la imposición de aranceles a México por sus exportaciones de petróleo a Cuba”.

El Gobierno cubano ha anunciado toda una serie de medidas para hacer frente a la crisis. En una intervención en la televisión pública, el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, rodeado de varios ministros, las detalló el pasado viernes.

“El combustible se destinará a la protección de los servicios esenciales para la población y a las actividades económicas indispensables”, anunció. Las administraciones y las empresas estatales se ven obligadas a adoptar la semana laboral de cuatro días y se reducirán los servicios de autobús y tren. Se generalizará el teletrabajo, en particular para las clases universitarias. Se ha cancelado la Feria Internacional del Libro de La Habana. Al mismo tiempo, el Gobierno desea desarrollar las energías renovables.

Rusia, aliada de Cuba, ha anunciado que buscará soluciones para ayudar a la isla a superar esta mala racha. El lunes, el Kremlin denunció los “métodos asfixiantes” de Estados Unidos. “Estamos en contacto intenso con nuestros amigos cubanos a través de canales diplomáticos [...] y estamos tratando de posibles soluciones a estos problemas, al menos una posible ayuda” por parte de Moscú, indicó el portavoz, Dmitri Peskov.

El 28 de enero, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, reiteró su deseo de ver “un cambio de régimen” en la isla comunista, aunque precisó que no abogaba por una solución militar. “Esto no significa que vayamos a hacer un cambio, pero nos gustaría ver un cambio. No hay duda de que sería muy valioso, una gran ventaja para Estados Unidos, que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, declaró.

Para el especialista Thomas Posado, Marco Rubio “hoy, como secretario de Estado, quiere que su sueño político se haga realidad. Un sueño que lleva años y años capitalizando electoralmente”.

En 1961, Estados Unidos sufrió una terrible humillación en Bahía Cochinos, cuando fracasó estrepitosamente el intento de invasión militar de Cuba por parte de exiliados cubanos apoyados por Washington. Casi sesenta y cinco años después, Washington parece que quiere vengarse por fin. El imperio tiene buena memoria y un rencor tenaz.

Traducción de Miguel López

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos", mientras el país sigue sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron también durante la pasada noche. Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), el número de muertos por la represión gubernamental aumentaría a 192. La organización, con sede en Oslo (Noruega), dijo haber confirmado los fallecimientos a través de «fuentes directas» y de «otros dos medios independientes».

La República Islámica enfrenta desde el pasado 28 de diciembre una oleada de protestas originada en la crisis económica (la caída de precio de la moneda (rial) y la elevada inflación), que ha terminado con un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

Según un testimonio de familiares de víctimas, también recogido por IHRNGO, los cuerpos en las morgues llegarían a "cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó este sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet.

HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional que se extiende todavía hasta hoy.

Algunos videos que está difundiendo por redes la organización Hengaw Organization for Human Rights, basada en Europa, muestra marchas nocturnas multitudinarias en varios puntos de Irán, una de ellas verificada en Teherán ayer por la noche.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, informó este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos.

Según el medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

También publicaron parte de la intervención del presidente iraní, Masud Pezeshkian, este domingo durante su reunión con el ministro de Exteriores de Omán, en la que acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la unidad entre países islámicos y crear división en el exterior "para cumplir sus siniestros objetivos".

A raíz de esta situación y del recrudecimiento de las protestas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir en el país en favor de los manifestantes si proseguía la represión.

Por su parte, el Ejército iraní aseguró este sábado estar preparado para enfrentarse a cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos, al que acusó de incitar a la inestabilidad.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2%, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

También tiró al alza el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024, y a la mayor subida de los precios de la leche, el queso y los huevos.

La tasa general ha cambiado la tendencia y deja atrás cinco meses consecutivos de subidas (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2%), mientras que la subyacente lleva cinco meses consecutivos al alza (a excepción de septiembre que no varió).

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30%, seguidos de la carne de vacuno (18%), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17%), del chocolate (14,5%) y del cacao y chocolate en polvo (12,4%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3%; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.

En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6 %.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7%) y Comunidad Valenciana (3,4%), y las más bajas, en Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%).

En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.

Quienes viváis en Madrid quizá hayáis advertido en estos días la curiosa campaña publicitaria que inunda la ciudad. Carteles con imágenes de bebés (monísimos, eso sí) con un mensaje que reza: “La bonita movida de tener un hijo. Madrid, una ciudad para crecer”. 

La campaña, que tiene como intención fomentar la natalidad en la capital, viene acompañada de una medida concreta para esta misión: una ayuda de 500 euros a las familias que tengan un hijo (nacido o adoptado) entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Además, se añaden otras ayudas, de 750 euros por un segundo hijo y 1000 por un tercero. 

La medida, que recuerda al conocido como “cheque bebé” que ofreció Zapatero entre 2007 y 2010, podría no ser una terrible idea per se. Hombre, quizá se nos quede un poco escasa la cosa teniendo en cuenta que en España el coste medio que tiene criar a un hijo llegó a los 758 euros al mes en 2022, según Save the Children. En 2022, que probablemente a estas alturas haya subido lo suyo. Vamos, que con los 500 euros del cheque madrileño puedes criar a tu hijo durante la friolera de 20 días. 

Ahora vamos a calcular otros detalles importantes. 

Se intenta animar a la población más joven (en este caso a la residente en Madrid) a tener hijos. Yo creo que jóvenes que quieren tener hijos, como haberlos, hay. Pero claro, vamos a echar cuentas. 

En Madrid la media del precio en cuanto a alquiler es de 22,7€ por metro cuadrado. Eso significa que la media para alquilar un piso de 60 metros (digo yo que si vas a montar una familia, qué menos, ¿no?) es de 1362 euros. Todo mientras, por cierto, en Madrid sigue habiendo aproximadamente unos 13.000 pisos turísticos ilegales, según los registros. 

Hace unos días se publicó que el salario medio de los jóvenes de entre 25 y 29 años en España era de 21.039 euros brutos anuales. Ponte que alrededor de 1400 euros netos al mes. 

Ahora vamos a hacer las cuentas: 1362 euros de piso al que hay que sumar los 758 euros al mes de los gastos del crío son 2120 euros mensuales. Teniendo en cuenta que para una pareja joven el sueldo medio está (entre los dos) en unos 2800 euros netos, eso significa que a la pareja le quedarían cada mes 680 euros. El gasto medio de la cesta de la compra del hogar español se sitúa ahora mismo en unos 516 euros al mes según la OCU. De repente nos plantamos en que nos quedan 164 euros para el agua, luz, Internet, transporte, etc. Como te quieras tomar una cerveza o hacerte una cuenta de Netflix para tener algo con lo que apagar el cerebro después de la jornada, lo tienes crudo. 

Pero es que ya no solo es que no lleguemos económicamente al mínimo que se necesita para poder tener un hijo. Es que no existe la posibilidad de criarlo. No en un momento en el que se dispara la cantidad de personas pluriempleadas (especialmente entre los más jóvenes) y tenemos unos horarios de trabajo en los que salimos de casa por la mañana y no volvemos hasta que hace horas que se hizo de noche. España suspende en conciliación, hasta el punto de que fuimos multados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la Directiva de conciliación familiar y laboral.

Y si España suspende, Madrid es que directamente no se llegó a presentar al examen. 

A mediados de este año, varios medios denunciaban que más de 8000 niños se habrían quedado sin plaza para las escuelas infantiles públicas de la ciudad. 

La pregunta que queda por hacerse es evidente. ¿Cómo pretenden fomentar la natalidad sin atajar el problema de la vivienda? ¿O sin resolver nuestra eterna cuenta pendiente con la conciliación? ¿Sin plazas de escuelas infantiles? ¿Sin facilidades para quienes requieren de una sanidad pública que no tenga, como es el caso de la madrileña, casi un millón de pacientes en listas de espera? 

Las excusas son muchas. “Es que los jóvenes son egoístas, solo piensan en sí mismos”. O: “Es que no ahorran y solo gastan en tonterías, en viajes, en conciertos, en salir de fiesta”. O mi favorita: “Es que las mujeres de ahora no quieren tener hijos porque las ha convencido el feminismo de que es malo”. Igual las mujeres de antes tampoco querían tener hijos, José Luis. Sencillamente antes no tenían opción a decir que no. 

Tener hijos ha dejado de ser, por suerte, una obligación social. Los niños (y niñas, y niñes. Un beso a la RAE) merecen venir al mundo y criarse en familias que verdaderamente les hayan traído al mundo con el amor como motivo, y no por aumentar una estadística o porque alguien quiera asegurarse de tener a quien le cuide en su vejez. 

En cuanto a quienes sí quieren tener, quizá la respuesta sea bastante sencilla: pelea un poco para que de verdad puedan hacerlo. Lo contrario, me temo, será puro “postureo” orientado a seguir fingiendo que eres quien más se preocupa por “las familias”. Un mantra igual de vacío que el de quienes también se pronuncian “pro-vida” pero solo les importa la vida de ese crío cuando todavía no ha nacido. 

Después, buena suerte buscando plaza para la escuela infantil. 

En Madrid, al menos, la vas a necesitar. 

Significativas grietas aparecen en el Gobierno de Bélgica. Las negociaciones presupuestarias en el seno de la coalición liderada por los nacionalistas flamencos de derechas, la NVA, ya muestran la disparidad e incompatibilidad de las propuestas ideológicas y programáticas de los partidos integrantes, donde también hay liberales de derechas, de centro, conservadores tradicionales y hasta socialdemócratas flamencos.

El primer ministro, Bart de Wever, antiguo alcalde de Amberes, popular por sus antaño posiciones casi independentistas y por convertir el centro de la segunda ciudad del país en un Gran Hermano de cámaras de seguridad, es incapaz de poner de acuerdo a sus socios. Acaba de incumplir su promesa de presentar este mes unas cuentas públicas y se ha dado cincuenta días extra, hasta Navidad, para cerrar unos presupuestos. Si no lo consigue, deja la puerta abierta a su salida.

La turbulencia política no es nueva en Bélgica, el país europeo que más tiempo ha estado sin gobierno de plenos poderes y donde se suceden inestables coaliciones desde la crisis económica de la pasada década. Entre 2010 y 2011 hubo 589 días con un ejecutivo interino, un récord sólo superado casi una década después. Desde 2014, cuando hubo siete meses sin Gobierno, ha habido seis Ejecutivos multipartido diferentes, liderados por Charles Michel, al frente de dos, Sophie Wilmes, en funciones en otros dos y con elecciones y pandemia de por medio, o Alexander De Croo, en 2020 y cuya investidura generó el nuevo récord de cerca de 650 días sin Gobierno pleno.

La llegada al poder de Bart de Wever el pasado mes de febrero tampoco fue sencilla, hubo ocho meses de infinitas negociaciones hasta parir su coalición Arizona, llamada así por los colores de sus partidos, semejantes a la bandera de ese estado norteamericano. Un mosaico de formaciones de exigua mayoría parlamentaria e ideologías contrapuestas.

A la inestabilidad de la coalición gubernamental se suma el enésimo escándalo de su clase política. Didier Reynders, el ex comisario europeo de Justicia que medió entre PSOE y PP para pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, varias veces ministro y antiguo mandamás de los liberales belgas, acaba de ser oficialmente acusado de blanqueo de dinero tras la investigación abierta por usar 200.000 euros en efectivo durante años para comprar décimos de la lotería nacional, cuyos beneficios luego transfería a su cuenta electrónica en el sistema de juego. El partido de Reynders es uno de los integrantes del actual Ejecutivo.

Después de semanas de trabajo y luego de un último intento con sus viceprimeros ministros para acercar las diferentes posiciones, Bart de Wever ha fracasado en su promesa de presentar un proyecto de presupuestos ante el Parlamento belga como muy tarde el 6 de noviembre. Las negociaciones son arduas y complicadas porque se trabaja en las cuentas públicas del próximo ejercicio y en un horizonte plurianual de recortes por valor de “al menos 9.200 millones de euros como esfuerzo de aquí a 2029, 10.000 millones de euros para 2030”, en palabras del propio primer ministro. La cifra es, sin embargo, la mitad de los ajustes prometidos cuando llegaron al poder, de 23.000 millones de euros menos en gastos hasta 2029.

“Sire, deme cincuenta días”, adelantó De Wever en el Parlamento sobre la audiencia que mantendría con el rey Felipe y, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo dentro de su coalición, advirtió que “ese será el plazo máximo”, insinuando su posible futura renuncia. Después del encuentro, el Palacio Real belga comunicó que “el primer ministro ha informado al rey de los desacuerdos persistentes en el seno de su Gobierno sobre las cuestiones presupuestarias, indicando que los socios de la coalición desean seguir el trabajo”.

Tras conocerse el nuevo plazo negociador, De Weber guarda silencio mientras las especulaciones en Bruselas señalan principalmente como culpables al MR, el liberal Movimiento Reformador, por negarse a aumentar el IVA de ciertos productos. Los cuchillos vuelan entre los socios de la coalición. Maxime Prevot, líder de Les Engagés, la otra formación liberal del Ejecutivo, también acusa al MR por no querer eliminar la exoneración del 10% al impuesto sobre los bienes de lujo y les exige “hablar con franqueza porque nadie desea aumentar los impuestos pero es necesario ser lúcido”.

Los dos partidos liberales compiten por el mismo escenario político, de ahí que Prevot lamente “profundamente” la falta de acuerdo del MR sobre las medidas del presupuesto, “especialmente las que incluyen un componente fiscal”, y advierta que sin esa tasa a los bienes de lujo “los ingresos que se esperaban en 2026 no se materializarán, por lo que tendremos que compensarlo con otros ingresos”, aludiendo a compensar la falta de nuevos ingresos con ajustes por el lado del Estado de bienestar.

Tampoco hay avances ni en la anunciada reforma de las pensiones [penalizaciones al retiro anticipado, aumento a los 67 años en la edad de jubilación, asimilación a esa edad para el personal militar] ni en la del mercado de trabajo [menor revalorización anual de las prestaciones por desempleo, dos años de duración máxima, reducción del horario considerado nocturno]. En Le Soir, principal periódico francófono de Bélgica, escriben que “el catálogo de reformas pactadas el 21 de julio y bautizadas como el acuerdo del verano queda guardado en el frigorífico”.

En el Parlamento belga, la oposición socialdemócrata francófona, que no participa en la coalición como sí hacen sus colegas flamencos, denunció tras el fracaso presupuestario: “Arizona: ocho meses para instalarse, diez meses para tumbar el país, el déficit se duplica, las bancarrotas se disparan, las pensiones disminuyen, el poder adquisitivo por los suelos... De Wever soñó ser Churchill, nos hemos despertado con Boris Johnson”.

La coalición Arizona está bloqueada mientras sus anunciados ajustes encienden la calle y provocan las mayores protestas sociales y sindicales en años. El 14 de octubre, una huelga general paralizó parcialmente el país con casi 100.000 personas manifestándose en Bruselas, convocadas por los principales sindicatos en contra de los recortes del gasto público. Los dos principales aeropuertos, el de Bruselas y el de Charleroi, tuvieron que suspender todos sus vuelos. Para el 24, 25 y 26 de este mes hay convocada una huelga de tres días en todos los servicios públicos, del transporte a la enseñanza. Con presupuesto o sin él, la lucha contra el Gobierno del nacionalista de derechas Bart de Wever va a continuar en Bélgica mientras él intenta no naufragar en el intento.

La desigualdad es un problema cada día mayor en una España que atraviesa un proceso de disonancia entre los buenos datos macroeconómicos y un pesimismo creciente por parte de la ciudadanía. Tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente europeo con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, de acuerdo con Cáritas. Los factores más claros: la vivienda y el empleo precario. Para los analistas, el precio de los alquileres es "la trampa de la pobreza" en España, ya que su progresión no se detiene y cada vez se lleva un trozo más amplio de los ingresos de las familias.

Al menos así lo afirma el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Este informe ha sido elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio refleja un problema estructural en España y, como afirma Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, “España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”. 

La cuenta es sencilla y sale de carrerilla. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado, le sumas una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5%), el resultado es una población abocada a la marginalidad, con una tasa pobreza consistente de un 8% aproximadamente.

España, con su modelo de vivienda, promueve la adquisición en propiedad (sobre todo libre) como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que ha supuesto apenas el 10% del construido en las últimas décadas, se ha provocado una gran dependencia del modelo de propiedad (75,5% de hogares en propiedad en 2021) lo que ha hecho que, a su vez, los precios de los alquileres también aumenten haciendo aún más inaccesible la vivienda, sobre todo para las clases más bajas. “La vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia y al final esto la convierte en un producto de inversión”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto.

Los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población bajo este régimen se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la UE. Este problema se une al de un parque urbano infrautilizado, cuya cifra, según el informe, alcanza los 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que supone un 14,4% del total. Para Jacinto la única manera de abordar el problema es conseguir que se blinde como un derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente de si es en propiedad o de alquiler. “Creo que la clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, que es lo que no hacen desde las instituciones españolas”, concluye.

El primer grupo que sufre de esta desigualdad estructural son las mujeres. El secretario general de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que las mujeres “asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro” y que “la falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”. 

Según estos datos, los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. Un factor que se agrava más en las familias monoparentales, donde ha pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

Los inmigrantes, por su parte, sufren este problema de manera mucho más radical que las personas autóctonas y la situación administrativa se ha convertido un determinante potenciador de esta situación. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión (47,4%). Además, según el informe, el 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. 

Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA admiten que “no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”. 

Más allá del cliché de que las generaciones venideras serán las primeras en vivir peor que sus padres, lo cierto es que los grandes perdedores de esta fractura social son los jóvenes.  2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. 

El informe refleja que este grupo accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Los menores de edad también son unos de los más damnificados ya que un tercio se encuentra en exclusión severa en España. 

Todo esto se traduce no solo en desigualdad material, sino en problemas anímicos y de salud mental que además van de la mano con el auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. Problemas, que según Cáritas, “paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso”. 

El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Pero desde Cáritas junto con la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación cambie: “Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, concluyó el coordinador del informe.

La Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles que recorta los tipos de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos en una horquilla entre el 4% y el 3,75%, ante el incremento de "los riesgos a la baja para el empleo en meses recientes". En un comunicado emitido por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed al término de su reunión de política monetaria de dos días, el organismo aseguró que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada", asegura EFE.

La Fed, que ya realizó un recorte similar de las tasas en su reunión de septiembre, también anunció que pondrá fin a la reducción de su balance de activos, el proceso conocido como ajuste cuantitativo, este próximo 1 de diciembre, con lo que intensificará aún más la flexibilización monetaria. El FOMC indicó que permanece atento a los riesgos que afectan a ambos lados de su doble mandato -el pleno empleo y una inflación de en torno al 2%- y que considera "que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

Al actual enfriamiento del empleo en EE.UU. se une una inflación que en septiembre alcanzó el 3% interanual, un nivel lejos de los picos pospandemia pero que, en parte por los efectos de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, se mantiene por encima del nivel deseado por la Fed.

El recorte está en línea con lo pronosticado por la mayoría de analistas, que esperaban un recorte del 0,25 % en el referencial incluso ante la actual falta de datos macroeconómicos publicados en EE.UU. debido al cierre del Gobierno Federal en el que la primera economía mundial lleva sumida desde el 1 de octubre.

Como ya sucediera en la reunión de septiembre, Stephen Miran, gobernador de la Fed recién nombrado por Trump con el objetivo de impulsar una mayor flexibilización monetaria, volvió a votar en contra de la decisión que aprobaron diez de los doce miembros con derecho a voto del FOMC, y afirmó que prefería un recorte de tipos de medio punto.

El otro voto en contra fue el del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Jeffrey Schmid, que indicó que prefería mantener congelado por ahora el precio del dinero.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que en el seno del organismo existen "opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre" y que por ello "está lejos de estar garantizado" un nuevo recorte de tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria de la entidad.

Las palabras de Powell fueron un jarro de agua fría para Wall Street, donde los tres principales indicadores, tras sumar a lo largo de las operaciones de este miércoles subidas medias de en torno a un 0,5%, entraron de golpe en terreno negativo, con el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq cediendo temporalmente alrededor de 200 puntos cada uno. "En las deliberaciones del comité durante esta reunión hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", indicó en rueda de prensa el presidente de la Fed al término de la reunión.

Muchos economistas, así como la mayoría de miembros del FOMC, según el último resumen de proyecciones de la Fed, anticipaban ya otra rebaja similar del precio del dinero en la última reunión del organismo prevista para diciembre.

Sin embargo, Powell ha afirmado que "una nueva reducción de los tipos de interés oficiales en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos". Añadió que en la Fed se están acercando al "punto neutro, sea cual sea. Hay un creciente coro que piensa que tal vez tenemos que esperar un ciclo".

Powell aseguró que en este momento "existe tensión entre nuestros dos objetivos (inflación del 2% y pleno empleo)" e insistió en que "hubo opiniones muy divergentes" en la reunión recién concluida del FOMC, por lo que la conclusión es que no se ha "tomado ninguna decisión sobre diciembre".

Planteadas como un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei, las elecciones legislativas de medio término celebradas este domingo en Argentina han arrojado un veredicto rotundo: el mandatario ultraderechista ha salido fortalecido de forma inesperada (40% de los votos) pese a la grave crisis económica que sufre el país y los casos de corrupción que salpican a su Gobierno. El triunfo de su partido, La Libertad Avanza, se explica, principalmente, por dos factores: el intervencionismo de Donald Trump con un rescate financiero en plena campaña electoral y la pujanza del sentimiento antiperonista que anida en amplios sectores de la sociedad argentina y que hoy abandera Milei.

La estrategia del mandatario ultraliberal de polarizar con el peronismo (y específicamente con su versión kirchnerista) le ha dado buenos resultados (se impuso en 16 de las 24 provincias argentinas). La Libertad Avanza, un partido surgido hace apenas unos años, ha fagocitado a la derecha tradicional del expresidente Mauricio Macri (su partido, el PRO, se presentaba en coalición con el de Milei en algunas provincias o simplemente como muleta de apoyo a la ultraderecha en el resto). Cuando el antiperonismo logra esa unidad de acción suele ser imbatible. Es un voto, ante todo, emocional que otorga una victoria casi automática incluso a personajes tan atrabiliarios e histriónicos como Javier Milei. De otro modo, no se entiende que su partido le haya ganado al peronismo por unas décimas incluso en el bastión kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país (37% del padrón electoral) y donde perdió por goleada hace apenas un mes y medio en las elecciones locales. La ultraderecha había presentado como candidato en esa decisiva provincia al economista José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a última hora por sus vínculos con el narcotráfico. Su imagen figuraba todavía en las papeletas pero eso no impidió que una mayoría apostara por La Libertad Avanza.

El peronismo esperaba que el creciente malestar social se trasladara a las urnas como un castigo al Gobierno. Con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria por una condena de corrupción, la principal figura del movimiento es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y cuyo liderazgo queda ahora cuestionado por haber desdoblado las elecciones nacionales y las provinciales (en las que vapuleó a la ultraderecha por casi 14 puntos de diferencia en septiembre). Cristina Kirchner no se lo perdonará. Su olfato político le decía que ese desdoblamiento, y la eventual derrota del oficialismo en primera instancia, despertaría la pulsión antiperonista, como así ha sucedido.

La elevada abstención (votó sólo el 68% del padrón) también ha influido en el resultado, así como el hecho de que el peronismo no haya sido capaz de articular listas de unidad en todas las provincias. La suma de las diferentes corrientes peronistas no alcanza siquiera el 35% de los votos. Las elecciones renovaban la mitad de los diputados del Congreso y un tercio del Senado. La nueva composición le otorga al oficialismo y sus aliados del PRO una mayoría suficiente para vetar las leyes impulsadas por la oposición. 

El mandatario argentino llegaba a estos comicios con la lengua fuera, asfixiado por una crisis cambiaria que sólo se ha logrado contener tras el rescate in extremis ofrecido por Donald Trump. Una ayuda que el presidente estadounidense condicionó a que Milei ganara las elecciones pero que, en la práctica, ya había desplegado. En un hecho inédito, el Tesoro estadounidense intervino durante varios días en el mercado financiero argentino con varios cientos de millones de dólares para que no se desplomara el peso.

Antes de las elecciones se daba casi por descontado que Milei se vería obligado a cambiar el rumbo de su política económica y guardar su motosierra en un cajón de su despacho. Una política que ha logrado reducir sensiblemente la inflación (de más del 200% a un 30%, aproximadamente) a costa de grandes sacrificios sociales. En menos de dos años se han perdido más de 250.000 empleos y han echado el cierre cerca de 20.000 empresas, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ahora, el rugido del león probablemente acallará a sus detractores. Cuenta Milei con el respaldo de las urnas y con la tutela de Washington, que seguirá abriendo la chequera para apuntalar a su principal aliado en América Latina. Le quedan dos años de mandato en los que se sentirá con las manos libres para dar continuidad a su agenda “libertaria”.

Trump salió al rescate de Argentina en plena campaña electoral con un anuncio de salvamento financiero que ronda los 40.000 millones de dólares (20.000 millones en un intercambio de monedas y otro tanto en préstamos gestionados por la banca privada). El peronismo ha denunciado que el apoyo de Trump implica una intervención del país en toda regla. No se conocen los detalles del acuerdo entre el mandatario estadounidense y Milei pero sí una condición sine qua non que ha puesto Washington encima de la mesa: la salida de China de Argentina. Pekín, con creciente presencia en América Latina, tiene inversiones millonarias en sectores estratégicos (minería, energía, tierras raras...), en los que Estados Unidos quiere ser ahora socio prioritario.

Otra de las condiciones impuestas por Washington para apoyar a Milei pasa por la gobernabilidad del país. El mandatario no ha sabido hilvanar alianzas políticas con los sectores más dialoguistas de la oposición. La Casa Blanca quiere que esa situación cambie para dotar de estabilidad política al Gobierno argentino. En los dos años de mandato que tiene Milei por delante pretende aprobar al menos tres grandes reformas -tributaria, laboral y jubilatoria- que abundarán en su esquema de recortes sociales y beneficios para las clases privilegiadas. Para ello, tendrá que contar con el concurso de los diputados de Macri y otras fuerzas que no respondan al peronismo.

Milei tenía previsto antes de las elecciones remodelar su gabinete esta misma semana. Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron y dos pesos pesados de su Gobierno —el canciller, Guillermo Werthein, y el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona— renunciaron la semana pasada por motivos diversos. Además, varios ministros integrados en las listas electorales de las legislativas también abandonarán el Ejecutivo. De las urnas sale también fortalecida Karina Milei, la todopoderosa hermana del mandatario, apodada El Jefe. Su activa participación en los entresijos de la campaña electoral refuerza su posición en la Casa Rosada. Ya nadie parece acordarse de que hace tan sólo un par de meses fue acusada por un estrecho colaborador de Milei de estar implicada en un red de corrupción en la compra de medicamentos.

El principal desafío de Milei pasa por atajar la crisis económica estructural de Argentina, agravada durante sus dos años de mandato. La reducción de la inflación -su gran logro- se ha visto opacada por los ajustes draconianos en el gasto público (con especial incidencia en la sanidad, la educación y las pensiones), la masiva ola de despidos y un continuo endeudamiento. El 60% de los argentinos declara que tiene problemas para llegar a fin de mes, según las encuestas.

Argentina entra a partir de ahora en una etapa política incierta. Nada le asegura a Milei que los dólares de Trump vayan a resolver la crisis cambiaria que ya se ha tragado varios miles de millones de dólares y que no pudo frenar ni siquiera un préstamo previo del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones. El líder ultraderechista se jacta de que, con el respaldo de Estados Unidos, Argentina “será como España dentro de diez años y como Alemania dentro de veinte”. No hay argentino que no piense que su país debería estar más cerca de Canadá que de Paraguay en términos de prosperidad pero la Historia se empeña en negarles esa posibilidad una y otra vez. La corrupción y el nepotismo se han convertido, para su desgracia, en señas de identidad de su clase política. Javier Milei arrasó en los comicios presidenciales de hace dos años con el engañoso argumentario del populismo reaccionario. Un mesías irreverente prometía el fin de la vieja política y una revolución liberal en la economía para cuya ejecución tan sólo precisaba de una motosierra. Esa ilusión sigue viva en Argentina. Y el antiperonismo también.

La ciudadanía argentina renovará el domingo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas de medio término que han adoptado una trascendencia inusitada para convertirse en una suerte de referéndum sobre la gestión de Javier Milei, exponer la intervención de Estados Unidos y medir la fuerza del peronismo a 80 años de su nacimiento, informa EFE.

Estas son las claves para entender la importancia de los comicios de medio término que celebra Argentina el 26 de octubre:

Cuando Milei está apunto de cumplir dos años en el Gobierno, las urnas medirán si los argentinos siguen apoyando a un presidente que como mayor logro tiene haber reducido la inflación mediante un severo plan de ajuste que, sin embargo, ha acabado con 18.000 empresas y 253.000 puestos de trabajo solo en el sector privado, ha elevado la deuda externa al récord de 305.043 millones de dólares y ha desatado un terremoto en los mercados financieros y cambiarios.

El líder ultraderechista, que llegó al poder con el objetivo de "acabar con la casta", se ha visto envuelto junto a sus más cercanos colaboradores, entre ellos su hermana Karina, en escándalos y denuncias de corrupción.

Primero fue el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente poco antes de derrumbarse y dejar miles de damnificados; luego las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y, recientemente, la revelación de vínculos entre uno de sus principales candidatos y un empresario acusado de narcotráfico. Al candidato, Milei lo sacó de las listas pero no tuvo tiempo a retirar su fotografía de las papeletas.

La campaña electoral se ha visto envuelta en una intervención inédita de los Estados Unidos. Al apoyo explícito de Donald Trump a Milei y las ayudas comprometidas por el Tesoro estadounidense, se sumó el chantaje de que dicho auxilio financiero se haría efectivo solo si el partido de Milei, La Libertad Avanza, gana las elecciones del domingo.

Trump llegó a decir que Argentina "se está muriendo” y que apoyaba a Milei porque le gusta como presidente, mientras que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más allá, al indicar que EEUU no quiere más "naciones fallidas" ni el regreso del peronismo.

Desde que Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina ha firmado un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI y un ‘swap’ -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por otros 20.000 millones con EEUU. Además, el Tesoro estadounidense ha realizado compras millonarias de pesos argentinos para evitar su desplome y Bessent ha gestionado personalmente más auxilios financieros con instituciones privadas.

En consecuencia, Argentina es una de las naciones más endeudadas del mundo y la que más debe al FMI, más de 56.820 millones de dólares a día de hoy. Los intereses estadounidenses en Argentina responden, según expertos consultados por EFE, a evitar la expansión de China en Latinoamérica, con la vista puesta en los recursos de este gran país sudamericano.

La Presidencia de Milei siguió a un gobierno peronista considerado desastroso por propios y extraños, el de Alberto Fernández. Tuvo que llegar al poder un ultraliberal en lo económico y un ultraderechista en lo político para que el peronismo, con 80 años de historia, se revitalizara, pese a tener a su principal líder, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), en prisión domiciliaria tras ser condenada por irregularidades en la adjudicación de obras.

La precariedad, con salarios que no alcanzan, y el recorte en políticas sociales han resucitado un peronismo que ha sacado la bandera de la independencia, la soberanía y la justicia social.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante por tener el mayor número de votantes del país, se ha erigido como un exponente relevante del peronismo tras haber arrasado en las elecciones legislativas de septiembre pasado en ese distrito electoral frente al partido de Milei.

Pase lo que pase el domingo, Argentina caminará hacia un nuevo rumbo político, pues, una vez atravesado el ecuador de su mandato, Milei podrá culminarlo con tranquilidad solo si tiene un Congreso a su favor. Si no lo consigue, le va a ser difícil sacar adelante su agresivo plan de ajuste, mundialmente conocido como la 'motosierra'.

Y el movimiento peronista ha puesto toda la fuerza para ganar con un único objetivo: "frenar a Milei". Si gana el domingo, se consolidará como la mayor fuerza de la oposición y se tendrá que poner de acuerdo sobre quien será la figura que les guíe hacia las presidenciales de 2027.

Los mercados financieros están impacientes por conocer los resultados, pues de ello dependerá si los inversores depositan su confianza en Argentina. Está descontado que si gana el peronismo el peso argentino se depreciará frente al dólar. Algunos analistas hablan incluso de una severa devaluación.

Pero si gana Milei, los inversores tampoco las tienen todas consigo pues ven fisuras en el plan económico del Gobierno. Algunos expertos afirman que habrá devaluación de todas las maneras, puesto que no se darían las condiciones para seguir sosteniendo un peso sobrevalorado a costa de compras masivas de la divisa local en detrimento de las reservas de la nación, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas.

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

Cuando se lleva tiempo en una situación crítica que se prolonga, al final el grado de acostumbramiento al problema hace que este no se perciba como tal, y que sólo los agravamientos parezcan agitar la situación.

Desde la pandemia andamos en una de esas situaciones críticas que el tiempo ha amortiguado para que no lo parezca tanto. Pandemia, guerra de Rusia contra Ucrania, guerra de Israel contra Palestina, crisis de abastecimiento de elementos esenciales para la industria y la economía occidental, aranceles y políticas de Trump, amenaza global de la ultraderecha… todo ha sido un in crescendo que de manera diferente y en distinto grado ha minado la economía, la convivencia y la democracia allí donde existe.

La situación es grave y crítica, tanto que cuando conseguimos que sea un poco menos mala, como cuando se consiguen rebajar los aranceles impuestos por DJ Trump a la Unión Europea y se presenta como un éxito, pero en verdad se trata de un “mal menor” que siempre forma parte del “mal”, no del bien, y que contribuirá a que el siguiente paso se vea como otro “mal menor”, aunque será más grave que el primero. Es lo que hemos visto con Rusia en Ucrania cuando se anexionó la península de Crimea sin usar la fuerza militar, y ahora con la guerra se anexará una buena parte del territorio ucraniano, que todos lo verán como un éxito porque conllevará el final del enfrentamiento bélico, pero será una gran injusticia. Y es lo que veremos también con Israel en Palestina, que al final el genocidio que está cometiendo quedará oculto como un “mal menor” ante la “alegría” de unos acuerdos de paz que se adoptarán en contra de Palestina.

Todo forma parte de una situación de poder en la que quienes lo ostentan prefieren traicionar sus valores e ideas antes que poner en riesgo su estatus y dinero. Por eso, a pesar de las sanciones adoptadas sobre Rusia se sigue comerciando con ella por diferentes vías, y por esa razón, a pesar de toda la violencia de Israel sobre Palestina y todo lo que se dice públicamente, se mantienen las relaciones como si no estuviera pasando nada.

Y es cierto que todo ello permite que la adaptación a la situación crítica sea paulatina y el impacto se pueda compensar y paliar en parte con diferentes medidas. Sin embargo, la clave de la cuestión no está en la economía, sino en el juego de poder que hay detrás, y en la redistribución del mismo que suponen todas estas situaciones. Y si había dudas sobre el tema, estas ya se han disipado tras la escenificación de China en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi han escenificado lo que presentan como el “nuevo orden mundial”, es decir, la nueva jerarquía de poder internacional, como explicamos en el artículo El nuevo orden mundial.

Y cuando esta nueva jerarquía de poder esté definida y controlando los dos instrumentos esenciales que tiene a su disposición, la economía y la fuerza militar, impondrán su sistema sobre un occidente que representa justo lo contrario, tanto como modelo cultural como por el papel de “señorito” que ha jugado durante siglos abusando de su superioridad.

El objetivo es alcanzar ese “nuevo orden mundial”, por eso Putin se ha movido desde el principio para acercarse a China, y ahora que el resultado está más claro India se acerca también. Si la UE y EE.UU. no se ponen de acuerdo y no dan pasos con China e India para contrarrestar esta estrategia, y no rompen con Rusia por completo, el resultado será una crisis profunda, no sólo un agravamiento paulatino del estado crítico actual.

Y esos pasos suponen renunciar a algunos elementos que hoy forman parte de nuestra economía, lo cual conducirá a una crisis económica, pero será una crisis económica que podremos controlar, y que al no depender de las economías de los países del bloque asiático limitará también su posibilidad de agravamiento, al tiempo que contribuirá a no enriquecer a las economías de Asia.

La esencia de la convivencia no es defender el modelo económico y adaptar la sociedad a su desarrollo, sino lo contrario, decidir el tipo de sociedad y convivencia que queremos y utilizar la economía necesaria para lograrlo.

Dependiendo de si defendemos el modelo económico o el tipo de sociedad tendremos una crisis u otra, y puestos a elegir, mejor defender la convivencia democrática en igualdad, y si hay una crisis que sea por la paz. Defender la economía actual renunciando al Estado de bienestar alcanzado y a muchos de los valores democráticos presentes sólo nos llevará a una grave crisis en un contexto de enfrentamiento y ataque.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años -desde el primer trimestre de 2007-, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1 %. Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10 %.

Todo ello, en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Además, la subida del segundo trimestre se produce después de que los precios de la vivienda creciesen un 12,2% interanual en el primero y de que cerrasen el pasado año con un alza media del 8,4%, la tasa más alta desde 2007, cuando comenzó la serie de esta estadística.

Con respecto al trimestre anterior, el primero de 2025, los precios de la vivienda subieron un 4%. Encadenan así seis trimestres al alza de incrementos trimestrales y el dato conocido este viernes es el más elevado de ellos.

Entre abril y junio de este año, los precios de la vivienda de segunda mano fueron los que más se encarecieron, un 4,2 % respecto a los tres primeros meses de 2025.

Por su parte, los precios de la vivienda nueva subieron un 2,6% frente a los tres meses previos.

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre y en su totalidad fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia (14,6%), La Rioja (13,7%) y Aragón (13,7%). Por encima de la media también se encontraron las alzas de Castilla y León y Andalucía (13,6% en ambas), Asturias (13,5%), Melilla (13,4%), Madrid (13,3%) y Ceuta y Galicia (12,7%, respectivamente).

Entre los mercados más dinámicos, además de Madrid, el precio de la vivienda se incrementó en Cataluña un 11,6% y en la Comunidad Valenciana un 12,6%. Las menores revalorizaciones se registraron en Cantabria (10,8%) y Castilla-La Mancha (11,3%).

Junto a los datos difundidos por el INE, la tasadora Tinsa ha subrayado esta semana que la vivienda se encareció en agosto casi un 12 % con respecto al mismo mes del pasado año y las islas siguieron a la cabeza de las subidas con un incremento del 16,5 % hasta valores que superaron los máximos de la burbuja, según sus cálculos.

El Banco de España (BdE) ha cifrado entre 400.000 y 450.000 viviendas el déficit acumulado en España entre 2022 y 2024, de las que más de la mitad corresponde a tan sólo cinco provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga).

A ello se suma el cálculo provisional para este año que apunta a un déficit adicional de 150.000 viviendas. De esta forma, España acumularía ya una necesidad de unas 600.000 nuevas viviendas.

Este desajuste entre oferta y demanda, que también se observa en el mercado del alquiler, está agravando los problemas de acceso a una vivienda, principalmente entre los más jóvenes y los colectivos más vulnerables.