La Audiencia Nacional sienta desde el lunes en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 con su arresto y el de medio centenar de personas por presunta corrupción, entre ellas varios alcaldes de la región, según informa EFE.

Granados, que pasó dos años y medio en prisión preventiva, solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel. 

El juicio que arranca este lunes, y que se prolongará hasta el próximo mes de marzo, se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.

Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38.

Además de él, están acusadas otras trece personas, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes de municipios madrileños. 

Es el caso de los exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza (recientemente absuelto en otra pieza de la Púnica); Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro, también exsenador, y Daniel Ortiz, y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien pide inhabilitación de ocho años.

La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.

La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.

Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".

Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music. 

En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), y en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.

Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.

Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar a 7 años y 10 meses años de cárcel al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a 3 años y 6 meses de prisión al que fuera gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez al considerar que son máximos responsables de la presunta 'caja b' del partido a nivel regional, solicitando igualmente la declaración como testigo de la expresidenta Esperanza Aguirre durante el juicio.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público no solo pide la testifical de Aguirre en la vista oral, sino que además solicita que tanto ella como el también expresidente madrileño Ignacio González sean llamados como partícipes a título lucrativo: Aguirre en la cuantía de 26.000 euros y González de 28.293,22 euros.

La Fiscalía pide condenar a la que fuera jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, al exjefe de gabinete de la presidenta, Borja Sarasola, al exdirectivo de la Comunidad José Martínez Nicolás, al presunto 'conseguidor' de Púnica, Alejandro de Pedro, y a Diego Mora.

Según Anticorrupción, Granados y Gutiérrez aprovecharon sus cargos orgánicos dentro del PP de Madrid --siendo el primero secretario general y gerente regional el segundo-- "sabedores de que en mayo del año 2011 correspondía la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y que iban a ser designados como director de la campaña y administrador electoral de la misma respectivamente".

De esta forma, "se concertaron para, de forma similar a campañas anteriores, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad 'afines' a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad con la normativa del proceso electoral, así como posteriormente, ocultados a la cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid".

"Así las cosas, Granados comenzó a programar los actos desde, al menos, inicios del mes de septiembre de 2010 de tal manera que, con fecha 8 de noviembre de 2010 el mismo ya había adjudicado la principal ejecución material de la campaña a la mercantil El Laboratorio de Almagro 36, S.L., así como consensuado con su responsable, María Luisa de Madariaga, realizar la misma y cómo se debería de facturar por parte de su empresa, así como a qué persona jurídica", relata la Fiscalía.

Finalmente, recuerda el escrito, las elecciones fueron convocadas por Aguirre, abriéndose "el denominado periodo electoral que, a efectos económicos, supone la aplicación de los límites de gasto electoral previstos, tanto en la Ley Orgánica Electoral General como en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid".

Tal y como ya se preveía, apunta Anticorrupción, el principal responsable de la campaña electoral fue Granados, al tiempo que el encargado de los fondos a título de gerente de la campaña, como en las anteriores, fue Beltrán que, igualmente, fue designado ante la Junta Electoral Provincial como administrador electoral.

El organigrama principal de la campaña se desglosaba a su vez en múltiples responsables de cuestiones sectoriales, entre los que la Fiscalía destaca al responsable de campañas locales y actos públicos, Borja Sarasola y, como en las elecciones autonómicas del 2007, a la responsable de los medios de comunicación, Isabel Gallego.

En su escrito, la Fiscalía detalla una serie de ingresos y gastos y relata que, "a efectos de dar cumplimiento a la normativa electoral, Beltrán Gutiérrez, en su condición de administrador electoral y con conocimiento del también acusado, director de la campaña, presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, por el que presentaba la documentación comprensiva de la contabilidad de la campaña electoral del citado partido, aún a sabiendas de que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes".

Y esto era así, apunta Anticorrupción, en tanto que "el total del coste declarado fue de 2.986.624*89 euros, remitiéndose como adjunto al escrito la información contable oficial del Partido Popular de Madrid en que se basaba y justificaba tal cifra".

"Conforme a la misma, se declararon un total de 35 proveedores, al tiempo que se remitieron las facturas presentadas por estos, la contabilidad analítica y por cuentas de estas, el libro diario de operaciones y los medios de pago, así como el extracto de movimientos de la cuenta de campaña", añade el escrito.

Sin embargo, explica la Fiscalía, "tal cuantía era muy inferior a la realmente incurrida, pues por parte de los acusados se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido".

"Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas", aduce.

La Fiscalía argumenta que "la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados". "Una vez entregadas, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas", explica.

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez de 'Púnica' de procesar al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados en la pieza en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño al entender que hay indicios suficientes contra él de los que se infiere que "manipuló y falseó (...) las cuentas electorales presentadas al organismo autonómico de fiscalización" en 2011.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal desestima así el recurso presentado por la defensa del expolítico conservador que buscaba ser exonerado al igual que ocurrió en octubre de 2022 con la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por esa presunta existencia de una 'caja b' para los diferentes comicios y por los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.

La Sala entiende que en el caso de Granados no existe prescripción para el delito electoral, como alegaba en su recurso, y eso "a pesar de los esfuerzos dialécticos realizados por la parte recurrente". "No se ha acreditado de forma indubitada que haya operado esta causa de archivo —la prescripción— de las actuaciones", indica.

Añade que la imputación de Granados en la pieza tampoco puede ser impugnada por sorpresiva "y mucho menos como extemporánea", y apuntala que no hay elementos suficientes para acordar "tan drástica solución procesal, teniendo en cuenta que, al parecer, ni al iniciarse este procedimiento, ni al tomarse declaración como investigado al aquí apelante, no había transcurrido el plazo de prescripción aplicable al nombrado tipo penal especial".

Por otro lado, la Sala indica que no comparte con el recurrente que las conductas atribuidas a Granados en esta pieza 9 de 'Púnica' sean susceptibles de ser archivadas por ausencia de indicios racionales de criminalidad.

"Contrariamente a la tesis de la parte apelante, en autos consta claramente los indicios que llevan al magistrado instructor a considerar presuntamente punibles determinados actos del apelante; en concreto, las observaciones telefónicas, las declaraciones de determinados investigados y testigos, así como la pericial y la documental recabada", subraya.

Al hilo, añade que de esos indicios se infiere provisionalmente que Granados en calidad de director de campaña en los comicios autonómicos celebrados en Madrid durante 2011, "manipuló y falseó, o coadyuvó a dichos fines, las cuentas electorales presentadas al organismo autonómico de fiscalización".

Suma a esto que en su condición de consejero de Presidencia del Gobierno de Madrid "atrajo la actuación del también investigado Alejandro de Pedro para que éste, a través de empresas por él controladas, hiciese trabajos de reputación online y de posicionamiento en Internet al recurrente y a otros miembros relevantes del Ejecutivo madrileño, con cargo a los fondos públicos".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la investigación en la pieza 5 del denominado caso Púnica y ha propuesto juzgar al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y a otras 20 personas por contratos en los ayuntamientos de cuatro localidades madrileñas: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez encuentra indicios para juzgar a Granados; al empresario David Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas; así como a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos del Consistorio de dicho municipio. También incluye a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza, ha informado Europa Press.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, por contra, acuerda el archivo y sobreseimiento completo de la pieza 5 para dos personas. Para otras siete, el juez archiva parcialmente la causa solo en lo referente a dos de los expedientes vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis SL.

Los hechos, según el instructor, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de Información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.

Según explica el auto, la pieza separada cinco se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que "ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa".

En todos los contratos, indica, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. "Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso", apunta.

En este caso, prosigue el juez, se pueden distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación. En uno de ellos, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control.

En otros, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios.

Por último, se constata la existencia de contratos en los que el empresario concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado al Consistorio.

En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parquin, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

Según el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades de la localidad con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones.

El magistrado relata cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación. Explica que su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante en orden, bien a la obtención privilegiada de información respecto a los procesos de licitación, bien en su capacidad de influir en la toma de decisiones durante el proceso de litación.

Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, "prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación".

El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como "una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas".

El magistrado da un plazo de diez días a las acusaciones para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El PSOE ha pedido a la Audiencia Nacional que condene al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al exgerente del PP en la región Beltrán Gutiérrez a 26 y 17 años de cárcel respectivamente por la presunta existencia de una 'caja b' en el partido regional, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, según informa Europa Press.

En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, la formación solicita la apertura de juicio oral contra Granados, Gutiérrez y contra otros seis acusados, además de las personas jurídicas EICO Reputación y MADIVA Editorial.

Los socialistas piden condenar a Granados y Gutiérrez por delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y falsificación. A Granados, además, también le acusan de un delito de cohecho y de otro de tráfico de influencias relacionados con los trabajos de reputación.

Asimismo, el PSOE insta a que se declare "partícipe a título lucrativo y por los importes que se señale en sentencia a los 72 diputados autonómicos del Partido Popular que resultaron electos (y/o sus sustitutos) tras la celebración de las elecciones" de los citados años, pues a juicio del PSOE "sus candidaturas se vieron igualmente beneficiadas del exceso de gasto electoral y su ocultación".

Este escrito de la formación liderada por Pedro Sánchez llega después de que el instructor dictase el auto de procesamiento de esta pieza separada número 9 de la macrocausa Púnica. Entonces, el magistrado acordó levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González, procesando a Granados como el presunto cabecilla de la trama.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), bajo cuya coordinación actúa el PSOE, en la trama Púnica solicita para el cerebro de la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, 38 años de cárcel y una multa que asciende a los 15,5 millones de euros por los contratos con la empresa Waiter Music.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Adade propone que el exdirigente del PP sea juzgado por un delito continuado de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas y falsedad en documento mercantil. Adicionalmente, Adade cifra en 15.214.833,49 euros su responsabilidad civil en los hechos. Todo ello por la adjudicación presuntamente irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Valdemoro -donde Granados fue alcalde- Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.

Para el exsenador de los conservadores David Erguido, Adade pide 13 años y seis meses de prisión por los mismos delitos que se le imputan a Granados, además de una multa de 1.945.946,14 euros por su etapa como concejal de Algete. El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dio por concluida la instrucción de la pieza número 7 de Púnica procesando a quince personas y archivando la investigación para más de treinta personas que estaban imputadas en el procedimiento.

Entre los procesados se encuentran los ex alcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los ex ediles de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; los ex regidores María Ángeles Herrera (Ciempozuelos); Inmaculada Juárez (Algete); y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio). Completan la lista de procesados la ex directora general de la empresa pública Arpegio Carmen Plata; los ex jefes de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero; y los ex concejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).

31 millones en concepto de responsabilidad civil 

Las peticiones van desde los cuatro años de prisión que se solicitan para Plata por malversación de caudales públicos hasta los 13 y medio que proponen para Del Triunfo. Adade cifra en cerca de 16 millones de euros la responsabilidad civil total para todos ellos, que asciende a los 31 millones con la parte de Granados.

Adade ve acreditado que Granados se sirvió de su previa amistad y confianza con Huerta para establecer el plan de contratación fraudulenta. "Sin la presencia, influencia, conocimiento y consentimiento de Francisco Granados estas adjudicaciones no hubieran tenido lugar", apuntan.

Por otro lado, la acusación popular cree que la formación que lidera Pablo Casado debería responder como responsable a título lucrativo. "Los acontecimientos aquí relatados, celebrados por y para el Partido Popular, y que esta formación política no pagó, ya que el coste fue asumido por José Luis Huerta Valbuena, suman 241.851,28 euros", explican. En esta línea, Adade señala que el Partido Popular se "benefició" de ese importe, "obteniendo así un enriquecimiento injusto, y por el que deberá responder" ante la Justicia.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado por concluida la instrucción de una de las piezas de la denominada 'trama Púnica', la número 7, que investiga el pago de comisiones ilegales a cambio a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music, informa Europa Press.

Procesa por delitos de tráfico de influencias y prevaricación a quince personas, entre otros al 'cerebro' de la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid Francisco Granados y a los responsables de los municipios afectados, entre los que se encuentra el ex senador del PP David Erguido. Se archiva la investigación para más de treinta personas que estaban imputadas en este procedimiento.

La investigación se ha centrado en la adjudicación presuntamente irregular de contratos públicos a la empresa Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son verbenas y festejos populares en cinco Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, más concretamente en Valdemoro (donde Granados fue alcalde), Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.

En octubre de 2020, en un último impulso a las investigaciones de esta pieza octubre, Erguido declaró ante el juez que en su etapa como concejal de Algete no se dedicó a la contratación ni a pagos para los festejos municipales y ha descargado esa responsabilidad en los técnicos del ayuntamiento, asegurando que él se dedicaba solo a temas políticos.

No obstante, el magistrado ya contaba con el testimonio del exgerente de la compañía investigada, ya fallecido, quien en 2018 admitió ante el juez que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba, al mismo tiempo que resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades de la comunidad.

El empresario también declaró que el PP le llamaba para organizar este tipo de actos porque le debían mucho dinero y porque además consideraba que lo hacía muy bien, y que cuando había algún cambio de color político en los municipios madrileños y pasaba a gobernar el PP, aprovechaba para visitar al nuevo equipo para ofrecer sus servicios de organización de eventos.

Los imputados 

Además de contra Granados y Erguido, el auto al que ha tenido acceso Europa Press ordena llevar a la fase intermedia de la causa a los ex alcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los ex ediles de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; los ex regidores María Ángeles Herrera (Ciempozuelos); Inmaculada Juárez (Algete); y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio).

Completan la lista de procesados Carmen Plata, la ex directora general de la empresa pública Arpegio; los ex jefes de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero; y los ex concejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).

Según los indicios recogidos, el empresario Huerta, dada su experiencia previa, y el trato que ya había mantenido con diferentes municipios, sobre todo con Valdemoro, en la época de alcaldía de Granados, logró en 2003 la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor importancia, los de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros respectivamente). Logró seguir contratando con ellos de forma ininterrumpida y con cantidades similares en algún caso hasta 2013.

Fuera de dichos clientes, también logró facturación de las empresas constructoras FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por cuantía total conjunta de 571.311,61 euros. De la cantidad total anterior, 198.940,00 euros eran de Metro de Madrid, S.A.

La operativa

En muchos casos, según el juez, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.

Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados".

Huerta realizaba dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos.

Durante su declaración ante el juez, Huertas de refirió también fiestas del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que engloba a los 42 municipios que componen la sierra norte, unas actividades de las que también habla el auto del juez.

Otro epígrafe apunta al concierto 'Night of the proms', un evento que se viene organizando en distintos países europeos y del que se encaprichó el exdirigente madrileño.

Para la organización del concierto se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros que provenían de la empresa pública de gestión del suelo Arpegio. El empresario aseguró al juez que perdió 75.000 euros en esta operación. También aseguró haber pagado los gastos de la comunión de la hija de la exalcaldesa de Algete Inmaculada Juárez.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) de imputar en el caso Púnica a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedalcaso Púnica por su etapa al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, según informa Europa Press.

En un auto con fecha 1 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha desestimado las diligencias interesadas por Adade, que señalaba a Cospedal como la titular de la Consejería en el momento de la "consumación del plan puesto en marcha" por su antecesor en el cargo, Francisco Granados.

En concreto, Adade señalaba en su escrito de diligencias del 25 de mayo que bajo el "mandato" de Cospedal "se aprueban y firman todos los modificados y complementarios" de la empresa pública Mintra salvo el último de Metro norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez. De hecho, la asociación apunta a "más adelante, en el caso de resultar necesario, la citación" de la propia Rodríguez.

Así, y "puesto que en su condición de consejera" Cospedal ejercía "la Presidencia de Mintra, dependiendo "de ella la alta inspección de esta empresa pública", Adade consideraba "imprescindible" la declaración de la ex dirigente en esta macrocausa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En concreto en la pieza octava, la referida a la etapa de Granados en la Comunidad.

Para el magistrado que instruye la causa, la petición de Adade es "una solicitud genérica, vacía de todo presupuesto fáctico que la pueda sustentar" y, añade, "sin el más mínimo atisbo de calificación que permita hacer un estudio serio sobre cuál es el delito que se pretende investigar, y en su caso, si estaría afecto por la prescripción".

Reprocha que articulen su petición con ehchos conocidos desde 2017

En esta línea, García-Castellón sostiene que "los términos en que se plantea la solicitud, junto con la referencia a una ulterior citación, en su caso, de" Elvira Rodríguez, "sin ni siquiera explicar por qué motivo, permiten inferir una notoria falta de elementos indiciarios que sustentan la solicitud".

En el auto, el juez califica las diligencias interesadas por la acusación popular de "vagas, imprecisas y genéricas, en términos tales que avocan a concluir su falta de necesidad, utilidad y pertinencia". Además, de forma adicional, García-Castellón reprocha a Adade que articulen esta petición "sobre unos argumentos conocidos desde el año 2017, sin que se aporte ningún tipo de justificación sobre el motivo por que no solo se soliciten en este momento, sino la razón por la que no se hayan interesado con anterioridad".

Adade, por su parte, remitió el pasado 7 de julio un recurso de reforma contra el auto de García-Castellón insistiendo en que la declaración de Cospedal era indispensable en tanto que como consejera formaba parte del Consejo de Gobierno que aprobó "la adjudicación ilegal de la gestión de los fondos del Plan Prisma a la empresa DUSA".

En el documento enviado a García-Castellón, la asociación muestra su perplejidad ante la argumentación del magistrado y sostiene que su solicitud, lejos de ser "genérica, vacía, vaga e imprecisa", es, "al contrario, una solicitud muy clara, concreta y detallada". En el escrito, Adade reenvía de forma simplificada y esquematizada la supuesta relación de Cospedal en la pieza número 8.

La que fuera número dos de los conservadores se libra así de su imputación en Púnica dos semanas después de su comparecencia en calidad de imputada ante el propio García-Castellón, que investiga la Operación Kitchen.PúnicaOperación Kitchen En concreto, para esclarecer si –como sospecha–ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, tuvieron una participación "decisiva" a la hora de captar al chofer de Luis Bárcenas para que espiara al extesorero del Partido Popular.

La Fiscalía Anticorrupción está empezando a poner negro sobre blanco en la investigación por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre. En un nuevo escrito, hace un balance de todo lo que ha conseguido acreditar a lo largo de estos últimos años de pesquisas y que arroja un relato que determina que el partido se financió de forma irregular y así sufragó las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, siempre fiscalizando una parte en a para no superar los límites legales y que la Cámara o el Tribunal de Cuentas no detectaran los sobrecostes, pero pagando bajo cuerda actos y publicidad por importes muy superioresa. La financiación, según el Ministerio Público, llegaba a través de "donaciones" de empresarios afines que aportaban dinero en efectivo o a través de Fundescam, desviando dinero público de contratos de publicidad.

Así lo refleja el escrito aportado a la pieza 9 del caso Púnica, de fecha 26 de mayo y al que ha tenido acceso infoLibre, en lo que parece un preludio de un próximo cierre de la instrucción. En él se avala el archivo de las actuaciones para Cristina Cifuentes y el principal señalado es el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, al que se considera principal ejecutor de la trama de financiación ilegal. También se destaca al ex secretario general Francisco Granados, uno de los principales investigados en esta macrocausa de corrupción, pero queda diluido, de momento, el papel que se había otorgado en un principio a la expresidenta Esperanza Aguirre, pues no aparece como responsable, colaboradora o ni siquiera conocedora de las actividades ilícitas. Anticorrupción se limita a recordar que Aguirre era la presidenta del partido y de la Comunidad de Madrid en aquellos años.

"Puede concluirse que las cuestiones de índole económico financiera derivadas de la gestión ordinaria del partido y las extraordinarias derivadas de los procedimientos electores autonómicos y locales recaen de forma directa en las figuras del secretario general autonómico y el gerente. Siendo esta última una figura clave en el funcionamiento del PP, al centralizarse en su persona todos los gastos que acometía el partido, especialmente en la campaña electoral, teniendo el mismo fluidas relaciones con los prestadores de servicios", explican los fiscales.

El escrito analiza los gastos electorales del PP de Madrid en las tres convocatorias electorales citadas y de lo indagado hasta la fecha se concluye que en todos los casos hubo una "ocultación del gasto real". Ante el órgano fiscalizador correspondiente, la Cámara de Cuentas madrileña en caso de las elecciones autonómicas y el Tribunal de Cuentas en comicios generales, el entonces gerente declaró unos gastos ajustados al límite impuesto por la ley, entre algo más de dos millones y medio y 3,2 millones de euros –según el año–, cuando en realidad se habían utilizado millones más. En 2007, dice el informe, desde el Comité de Campaña del partido "se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido".

Para poder ejecutar tal plan, explica la Fiscalía, "era necesario contar, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".

Anticorrupción detalla un sistema de especial "complejidad" que se materializó, por una parte, a través de la contratación de empresarios afines a los que tiene indentificados y que prestaron servicios que no habrían sido facturados oficialmente al partido. La captación de recursos se produjo mediante diferentes vías: en primer lugar, "aportaciones que, bajo el concepto de partícipes y colaboradores, diferentes empresarios donaron a la fundación Fundescam, cuyos ingresos usuales, a salvo de estas donaciones en el momento de las elecciones, únicamente provenían de las subvenciones a fundaciones afines a partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid que, de forma anual concedía la Comunidad de Madrid y de un convenio de colaboración con la Fundación Caja Madrid"; en segundo lugar, "mediante ingresos en metálico que eran entregados por distintos empresarios a miembros del Partido Popular de Madrid y que luego estos entregaban a Beltrán Gutiérrez para su custodia y aplicación". Los recursos captados a través de Fundescam mediante dinero en efectivo ascendieron a 1.044.800 euros.

El patronato de la fundación estaba compuesto por altos cargos del PP de Madrid, entre ellos Aguirre y Granados así como otros consejeros de la Comunidad. Y el que se encargaba de solicitar a la Vicepresidencia del Gobierno regional, la que ocupaba Ignacio González, la subvención anual era Beltrán Gutiérrez, que presentaba el correspondiente escrito al que adjuntaba las facturas que debían de justificar la subvención. No obstante, "aún a sabiendas de ello, entre tales facturas aportó varias que no respondían a servicios prestados a la fundación, sino que se trataba de facturas derivadas de trabajos electorales", dice la Fiscalía, que apunta que no sólo lo hizo así en el año electoral de 2007, sino en ejercicios posteriores.

De la contabilidad intervenida en los registros al despacho profesional y domicilio de Beltrán Gutiérrez, Anticorrupción sostiene que gastos realizados desde el PP de Madrid para la campaña de las elecciones generales de 2008 "fueron abonados desde la cuenta de Fundescam así como que se presentaron facturas para justificar la subvención concedida por la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid que faltaban a la verdad en cuanto al objeto de las mismas, pues recogían objetos que quedaban dentro del ámbito subvencionable cuando, realmente, el gasto había sido otro".

La libreta de Granados y el archivo "Día a Día"

En los comicios autonómicos de 2011, los investigadores han acreditado la misma "ocultación de gasto real" a la hora de fiscalizar los recursos para la campaña. Además de identificar a los "empresarios afines", los fiscales consideran que "la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo" que eran entregadas, "directa o indirectamente", al entonces secretario regional del PP madrileño, Francisco Granados. "Una vez entregadas, él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual descontaba cantidades de las que se apropiaba y el resto lo hacía llegar al gerente, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas". Fue el hallazgo de esa libreta negra entre los efectos incautados a Granados tras la apertura de la causa lo que desembocó en la investigación de la presunta financiación ilegal del PP presidido por Esperanza Aguirre. "A la anterior fuente de financiación se sumó la derivada de la cuenta de la Fundescam y, ya de forma trasparente, la derivada de la propia cuenta electoral" del partido.

En la entrada y registro en el despacho profesional y del domicilio particular de Beltrán Gutiérrez se halló un archivo electrónico llamado "Día a Día" en el que se reflejaban apuntes que "permiten explicar parcialmente los gastos y pagos reales", no lo que se declaró a la Cámara de Cuentas. Lo que se constata es que en 2011 fueron pagados más de 6,6 millones de euros, de los que 2,38 millones se pagaron desde la cuenta de funcionamiento del PP de Madrid; 114.405 euros lo fueron desde la cuenta de Fundescam; 1,6 millones fueron pagos en efectivos consecuencia de la existencia de la caja b; y casi 3 millones lo fueron desde la cuenta electoral.

Desde la cuenta de funcionamiento del partido se utilizaba una "facturación interpuesta" para ocultar gastos electorales y así hacerlos pasar por otros servicios. Desde Fundescam, se abonaron servicios que poco tenían que ver con los fines de la fundación, como sondeos de intención de voto para el PP así como otros que incluso no estaban relacionados con el propio concepto de las facturas que se presentaron.

La nueva pieza

La pieza 9 de Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid se abrió en 2016 y desde entonces la lista de imputados no ha parado de engordar. En septiembre de 2019 fue cuando se incluyó a Esperanza Aguirre y recientemente se abrió una nueva línea de investigación, con un escrito presentado por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena por la primera época de actividades de la trama Gürtel, sobreposibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre "un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que el juez instructor, Manuel García Castellón, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine y compare con la documentación que a su vez ha remitido a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de esa sociedad.

Pero lejos de continuar con las actuaciones en la misma pieza 9, el magistrado ha desgajado esta investigación de la referida a la caja b del PP madrileño, llevándose las actuaciones a una nueva pieza separada de la macrocausa, la número 13. Este movimiento ha sido recurrido por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al considerar que ambas piezas tienen "el mismo objeto de investigación". "Carece de lógica la formación de una pieza separada, pues no es que no sea conexo, es que forma parte del mismo objeto de investigación", dice el escrito consultado por este periódico. "Todo parte de lo mismo", añade, pues "la investigación aporta indicios de la existencia de un plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos".

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la macrocausa de corrupción Púnica ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitando la citación como imputada de la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal por los sobrecostes detectados en las obras de varios tramos del Metro de Madrid cuando ella ejercía como consejera de Transportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre finales de 2004 y mediados de 2006.

En el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, Adade plantea esta diligencia después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 planteara a las partes personadas hace unos días que le trasladasen las últimas pesquisas que, a su juicio, quedarían pendientes de realizar en la macrocausa, de cara a "culminar" la investigación, que ya dura más de siete años.

Según explica la acusación, en la pieza 8 de Púnica "se investigan varias adjudicaciones" de la entidad pública Madrid Infraestructuras del Tranportes (Mintra) a distintas empresas y que todas ellas "tienen como característica común que las diferencias entre el precio de adjudicación y el precio final pagado por la empresa pública se incrementa en porcentajes que van desde el 32% en el caso de Metro Norte hasta el 118% del Metro Sur". Tal y como indicaba el auto por el que se formó esta pieza, las adjudicaciones se produjeron cuando todavía era consejero de Transportes Francisco Granados, pero fue tras sustituirle Cospedal cuando "se aprueban y firman todos los modificados y complementarios, salvo el último de Metro Norte". Así lo dijo el ex consejero delegado de Mintra Jesús Trabada cuando declaró ante el juez en febrero de 2018.

"Las adjudicaciones parecen realizadas tomando en consideración el precio de licitación, pero esto no deja de ser una estratagema, pues posteriormente mediante el recurso a modificados y complementarios, a todas luces excesivos, el precio real de ejecución se dispara". Y así lo corroboran, recuerda Adade, los informes incorporados a la causa, según los cuales en Metro Sur "habría un modificado en fecha de julio de 2005" por importe de más de 2,4 millones de euros, "modificado en fecha de junio de 2006 por importe" de algo más de 12 millones. En Metro Norte, el modificado fue en agosto de 2006 en otros 8,4 millones de euros y nuevamente modificado por incremento obra en otros 5,1 millones. Y en el Metro Ligero a Boadilla del Monte, el modificado se hizo en febrero 2006 con la cantidad de 17,3 millones de euros, modificado de nuevo en marzo de 2006 a la cantidad de más de 31,1 millones. 

"A la vista de lo expuesto, aunque el plan presuntamente ilícito se diseña e inicia en 2004 y hasta enero de 2005 con las adjudicaciones iniciales, resulta evidente que la ejecución del plan se consuma con los sucesivos modificados y complementarios que se aprueban de julio de 2005 a agosto del 2006", dice la acusación popular, que entiende que puesto que Cospedal, "en su condición de consejera ejerce la Presidencia de Mintra y de ella depende la alta inspección de esta empresa pública, y a fin de esclarecer los hechos consideramos imprescindibles, por ello solicitamos se llame a declarar como investigada". Además, anuncia que deja "para más adelante", en caso de resultar necesaria, la citación de la sustituta de Cospedal en la Consejería, Elvira Rodríguez, "al inicio de cuyo mandato se aprueba el último modificado".

Siete años después de comenzar la instrucción del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está empeñado en ir cerrando la investigación. Todo muy a pesar de las fiscales anticorrupción encargadas de la macrocausa, que insisten en que todavía quedan pesquisas necesarias para el esclarecimiento de algunos hechos. En los últimos meses se ha visto una disparidad de criterio entre el instructor y las representantes del Ministerio Público, patente en las decisiones que ha tomado el magistrado por su cuenta sin contar con el criterio de ellas. Y así se pone una vez más de manifiesto: una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 urge a las partes, acusaciones y defensas de investigados, a que propongan las últimas diligencias para poder "culminar" la investigación.

El escrito, del 17 de mayo y al que ha tenido acceso infoLibre, empieza recordando que el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos han de practicarse sin demora” y que en agosto de 2020 el juez dictó un auto en el que "instaba, a fin de evitar dilaciones indebidas, proceder a un estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento adoptando, precisamente, en cada caso, la resolución que corresponda respecto de cada una de ellas". La macrocausa de corrupción Púnica se ha dividido, desde que se abrió en 2014, en trece piezas separadasPúnica.

"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado, visto el estado de las actuaciones y atendiendo al mandato de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes referido, se acuerda dar traslado a las partes personadas para que informen sin demora y en el plazo de cinco días aquellas diligencias que valoren pertinentes para culminar la fase preparatoria en cada una de las piezas", explica. Con fase preparatoria, García Castellón se refiere a la instrucción que sirve para la posible celebración del acto del juicio.

Las intenciones del magistrado de la Audiencia Nacional se han venido confirmando en los últimos meses, y sobre todo después de que la Sala de lo Penal urgierael pasado marzo a ir concluyendo la instrucción de una macrocausa que ha llegado a tener más de 200 imputados. El juez estuvo de acuerdo y así lo hizo constar poco después en una resolución, remarcando que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirmó.

Precisamente, la semana pasada desgajó la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, que se sigue en la pieza 9, abriendo una nueva, la número 13, con el objetivo de no retrasar el avance de otras pesquisas y así acelerar el cierre de la primera, en la que están imputados la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre y otros ex altos cargos de la Comunidad de Madrid como los ex secretarios generales de la formación Ignacio González y Francisco Granados así com el exgerente Beltrán Gutiérrez.

El instructor tomó esta decisión, sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, después de recibir un escrito del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena de 40 años de cárcel por la primera época de actividades de la trama Gürtel y el año pasado ya relató en el juzgado posibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Ortega asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre"un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que García Castellón ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las examine y las compare con la documentación que a su vez ha remitido a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía sobre la contabilidad de Mercado Puerta de Toledo.

Sin embargo, por lo que se infiere al leer el auto de conformación de la pieza 13, el magistrado tiene dudas acerca de lo que afirma el exalcalde y critica que éste haya esperado meses –después de denunciar los hechos en sede judicial– para entregar esta documentación, de ahí que considere necesario cotejar los documentos con las cuentas de la empresa pública. Según fuentes jurídicas, el juez no quiere retrasar el curso de la investigación de la supuesta caja b del PP de Madrid y así se confirma una semana después con el envío a las partes personadas en la macrocausa para que hagan sus propuestas para encargar las últimas diligencias.

Recurso de la acusación popular

La decisión de García Castellón de desgajar la investigación de la presunta financiación ilegal del PP madrileño en los años en que estuvo controlado por Esperanza Aguirre ha sido ya recurrida por la acusación popular Adade. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que los hechos denunciados por Ortega coinciden "plenamente" con los que se tratan de dirimir en la pieza 9 y de hecho corresponden a cuando la expresidenta tomó el "control" de la entidad pública Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) "mediante el nombramiento de nuevos gerente y gerente adjunto, el primero no sólo de su entera confianza, sino además familiar de su marido, lo que con errores también se pone de manifiesto en la denuncia". IMADE, recuerda la acusación, era el accionista único de Mercado Puerta de Toledo S.A.

Y así, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción remarcó que esta sociedad, adscrita a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y "destinataria de importantes ayudas comunitarias, sería usada, por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al PP de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010".

Adade reprocha al magistrado que otorgue "mayor credibilidad a los investigados que niegan los hechos de los que se les acusa, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, que a los testigos que pretenden colaborar en la averiguación de los hechos objeto de investigación", en referencia al exalcalde de Majadahonda.

Abierto en 2014, el caso Púnica se ha convertido en una de las causas más longevas de la Audiencia Nacional. La instrucción tenía hasta el verano de 2020 como fecha de caducidad, pero una reforma legislativa de última hora amplió los plazos y García Castellón se vio obligado a prorrogar las pesquisas, que vuelven a tener como horizonte finales de julio de este año. Según la ley, todas las diligencias que se ordenen antes del cierre de una investigación se tienen que acometer aunque el instructor la dé después por finalizada. De ahí que la última providencia parezca más bien un aviso de las intenciones del magistrado.

Un nuevo informe de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asevera que el que fuera secretario general del PP madrileño Francisco Granados impulsó modificaciones urbanísticas a cambio de comisiones y que habría disfrutado de un patrimonio que no está a su nombre sino oculto en sociedades del constructor Ramiro Cid Sicluna, según informa Europa Press. 

En las 173 páginas del informe policial, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace un recorrido por la relación del que fuera consejero de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre con ese constructor. Los agentes recuerdan que durante el mandato de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro (1999-2003) el expolítico habría titulado diferentes vehículos corporativos en Suiza, donde fueron depositados alrededor de 1,5 millones de euros entre 2000 y 2004.

Apunta que en esa etapa de Valdemoro Granados desarrolló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y benefició en él con promociones a los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna a cambio de comisiones, tal y como ya reconoció en sede judicial el primero de ellos, que desde hace tiempo mantiene una actitud de colaboración con la justicia.

Granados –principal investigado de la operación Púnica, que lleva de hecho ese nombre por él– y personas afines a él "disfrutaron de diversos bienes que eran propiedad de las mercantiles vinculadas a Cid Sicluna. En concreto, el informe recuerda investigaciones previas en las que ya se habla por ejemplo de un vehículo de la marca Mini modelo Cooper, de un Mercedes SLK, de una finca en Higuera de las Dueñas (Ávila) o de una vivienda en Valdemoro.

Pero dado que esos bienes ya aparecían en informes previos, ahora la UCO quiere ampliar la investigación sobre el posible patrimonio oculto que disfrutaría Granados y que "formalmente estaría titulado bajo el entramado societario del constructor Ramiro Cid Sicluna".

Pinchazos telefónicos y registros

Gracias a la intervención de las comunicaciones del expolítico y de los registros realizados en el marco de la instrucción, los agentes indican que se ha hecho patente la relación entre ambos y que parte del patrimonio de Granados "podría encontrarse integrado en aquel perteneciente a las sociedades del constructor". También indican que en algunos pinchazos telefónicos el propio político se habría interesado por sus bienes "llegando incluso a manifestar su deseo de recibir su parte".

Indican también que siendo alcalde y posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid, el político popular "adquirió diversos inmuebles a la sociedad Nuevo Parque Valdemoro SL, empresa administrada por Cid Sicluna, y les llama la atención que en relación al pago de alguno de ellos "no se observa ninguna salida de fondos" de cuentas de Granados. También apuntan que pudo haber hecho uso de un local que era propiedad de otra sociedad de Cid Sicluna.

A Granados también se le relaciona con otras dos sociedades vinculadas al constructor: Etera Desunt SL e Inducon SA. La UCO indica que de las escuchas telefónicas se entiende que Granados tendría "poder de decisión" sobre un inmueble comprado por una tercera persona, Critiane Juca Guimaraes, la brasileña que supuestamente era amante de Granados, a la empresa Etera Desunt SL.

Cabe recordar que ya en 2016 el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospechaba que el ex dirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica efectuó determinados gastos para amueblar el apartamento que una amiga brasileña –Cristiane Juca– tenía en el madrileño barrio de Salamanca con dinero de origen desconocido.

La policía refleja en su informe una conversación entre Granados y su amante en la que ésta le dice que no sabe qué hacer con la casa comprada a Etera. "Dime que hago, que planes tenéis de hacer con el piso", dice ella, a lo que le responde Granados que esto prefiere "no hablarlo por teléfono".

Inversiones en viviendas y garajes

También se apunta que el que fuera número dos de Aguirre número dos  "participó de algún modo en una inversión inmobiliaria" propiedad de la mercantil Obras y Vías SA de Cid Sicluna consistente en 97 viviendas y 97 plazas de garaje localizadas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

La UCO también ata en este nuevo informe algo que ya conocía desde 2015, y es que Granados era la persona que iba a disfrutar una vivienda localizada en el sector R-6 de Valdemoro El CaracolEl Caracol que estaba a su vez relacionada con Inducon SA, vinculada a Ramiro Cid Sicluna.

Los agentes analizan además la figura de Alfonso Pogonoski, quien ostentó el cargo de administrador único de varias de las mercantiles del entramado societario de Cid Sicluna. Pero matizan que si bien aparece como administrador en Etera e Inducon, el resultado del análisis de los correos electrónicos intervenidos puso de manifiesto cómo la dirección y administración de estas empresas habría sido realmente ejercida por Gustavo García-Aranda Peces, persona de confianza del constructor.

También indican que Granados usó como testaferro a Ignacio Palacios Arazuri, algo que le permitió inversiones en viviendas de Valdemoro y disfrutar de la finca de Ávila a través de una sociedad denominada Ayjopen Consulting.

El Majuelo

La UCO también pone el foco en el interés de Granados en el sector urbanístico R-10 Norte de Valdemoro El Majuelo. "Podría deducirse que el interés mostrado por el expolítico tras su renuncia a la Alcaldía de Valdemoro pudiera estar relacionado con el posible beneficio a obtener por parte de la sociedad Tuvalu Gestión SL" (empresa gestionada por su testaferro), indican.

En un cuarto apartado, la Guardia Civil analiza también una operación de compra-venta de inmuebles en la que Granados, Cid Sicluna, Ignacio Palacios y su cuñado Pedro Luis Marijuan Alonso participaron. Si bien no se llegó a materializar, consistió en una subasta de naves industriales localizadas en Ciempozuelos (Madrid), todas ellas propiedad de la sociedad concursada Core Investment en la que Deloitte ejerció como administradora concursal. Los agentes indican que se emplearon fondos para una aportación inicial que tenían origen en una mercantil administrada por Marijuan.

Tras esta síntesis, los agentes de la UCO señalan que se puede concluir que Granados "impulsó modificaciones urbanísticas que redundaron en un beneficio económico del entramado empresarial de Ramiro Cid Sicluna por su actividad cómo constructor/promotor urbanístico".

"Asimismo, se han identificado elementos probatorios que indican que el expolítico habría disfrutado de un patrimonio que no titula formalmente, sino que se encuentra oculto en la estructura societaria de Ramiro Cid Sicluna, permitiendo además el beneficio económico de terceros como fueron Ignacio Palacios y Cristiane Juca.

Casi siete años de instrucción, dos centenares de imputados y una docena de piezas separadas es el balance del caso Púnica, una de las macrocausas de corrupción más longevas de la Audiencia Nacional. Este año, distintas resoluciones judiciales de las últimas semanas avanzan el final de la investigación en los próximos meses, en los que se dilucidará qué personas de todos los implicados que han pasado por el tribunal son enviados a juicio y quiénes terminan en sobreseimiento. En todo caso, todo eso se verá después de las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo, ya que los tribunales no suelen llevar a cabo actuaciones que puedan influir en la intención de voto.

La instrucción del caso Púnica estaba destinada a terminar el verano de 2020 en función de los plazos marcados por la ley. Una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a finales de julio permitió extender los plazos sine die, lo cual fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, frente a las protestas de investigados en la causa como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya representación letrada solicitó el cierre de las actuaciones. Desde entonces se han acordado numerosas comparecencias de nuevos imputados y de testigos, incluida la del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que se comprometiera a colaborar con la justicia.

No obstante, el pasado otoño y los primeros meses de 2021 también han sido escenario de archivos con respecto a ciertos imputados y la denegación de diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya han ido orientando lo que debe ser el futuro más inmediato de la macrocausa: el fin de la investigación tras siete años abierta.

La Sala ordena cerrar y el juez avisa de que no aceptará más diligencias

Una de las resoluciones más recientes ha sido la de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la encargada de resolver los recursos durante la instrucción, que rechazaba las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urgía a concluir la instrucción "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014". "Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9", dijo la Sala en un auto del 17 de febrero.

Esta advertencia interesaba no sólo a la Fiscalía, que era la que había pedido a la Sala que ordenara al juez que acordara las diligencias solicitadas, sino al propio García-Castellón, porque aparte de confirmar su decisión de no seguir con las diligencias que le solicitaban desde Anticorrupción, ponía ya sobre la mesa lo que opina el tribunal sobre el caso Púnica: la instrucción empieza a estar, si no lo está ya, agotada. Y así lo ha expuesto el magistrado en un reciente auto de esta semana, aparte de archivar las pesquisas con respecto a Indra como persona jurídica en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Aguirre.

El Ministerio Público alegaba que las nuevas diligencias que proponía eran pertinentes y entendía que la investigación sigue abierta "hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusión". El juez discrepa y remarca que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirma, insistiendo en que la Sala ya expuso la "necesidad de finalizar la instrucción de esta pieza".

Fuentes de Anticorrupción consultadas por infoLibre son conscientes de que las últimas decisiones de la Sala y el magistrado abocan a un cierre próximo de la instrucción de la macrocausa. Unas piezas lo harán antes que otras, pero están de acuerdo en que la investigación de los casos no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Ahora, lo que tiene que abordar el Ministerio Público es la ordenación de los hechos en cada una de las piezas y pronunciarse sobre qué investigados deben ser procesados y sobre quiénes se solicita el sobreseimiento para poner sobre la mesa del juez sus conclusiones provisionales. Fuentes jurídicas confirman que García Castellón está esperando a recibir los escritos de la Fiscalía.

Según las fuentes consultadas, el cierre de la investigación no llegará hasta que pasen los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pues hay una regla no escrita en los tribunales según la cual éstos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos políticos como puede ser una campaña electoral. En todo caso, prevén que tras el 4M se aceleren los acontecimientos con respecto a esta macrocausa de corrupción.

¿Qué pasará con Aguirre?

De todo el caso Púnica, la pieza 9 ha sido la más mediática en los últimos años. Las comparaciones con la existencia de una caja b en el PP nacional, ya confirmada por el Tribunal Supremo, son inevitables: dos gerentes, Luis Bárcenas en el nacional y Beltrán Gutiérrez en el regional, que iban anotando entradas de dinero en efectivo que escapaban al control fiscal y engrosaban una contabilidad opaca para financiar campañas electorales. Lo que está por ver es si Esperanza Aguirre es finalmente procesada por haber sido supuestamente la supervisora de esa financiación ilegal que le habría servido para financiar campañas en 2007, 2008 y 2011, tal y como concluían tanto el juez como Anticorrupción cuando fue imputada en septiembre de 2019. Aparte de ella, están también investigados otros dos expresidentes madrileños, Ignacio González y Cristina Cifuentes, además del ex secretario general y exconsejero Francisco Granados, entre otros.

La tesis de los investigadores es que Aguirre "ideó la búsqueda de recursosque financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" y que era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba el auto de imputación. La "estrategia" –añadía– era "obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Aguirre siempre ha negado la mayor y en este tiempo sólo la han señalado tres personas condenadas o investigadas en el caso Gürtel: la administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán; y los exalcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. Casualmente, los tres tienen como abogado al mismo letrado que acaba de contratar Bárcenas, quien también ha acusado a la expresidenta de, entre otras cosas, aceptar un sobre con 60.000 euros de un empresario. Tanto ella como el constructor lo niegan y él ya ha sido exculpado. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha mostrado partidaria de seguir buscando más indicios contra la expresidenta.

La declaración del empresario señalado por Bárcenas, que tuvo lugar el pasado jueves, puede ser de las últimas que tome el juez en la pieza 9 de PúnicaPúnica. La macrocausa tiene otras diez líneas de investigación que comenzaron a abrirse en 2014, tras la detención de Francisco Granados, que es precisamente el que da nombre al caso –punica granatum es el nombre científico del árbol de la granada–, y del constructor David Marjaliza por los negocios que habrían hecho juntos cuando el primero era alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, antes de entrar en el Gobierno de Aguirre en 2003. 

Pieza 1. El chivatazo de un guardia civil a Granados avisándole de que estaba siendo investigado. Es la única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del exconsejero a dos años de prisión y de dos agentes. Granados ya había cumplido con creces la condena debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Pieza 2. La rama leonesa de la trama. Trata de adjudicaciones irregulares a las empresas de reputación online vinculadas al llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

Pieza 3.  Hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en Murcia. Están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz. Esta línea de indagación salpicó al expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, que acabó dimitiendo. Sin embargo, el juez García Castellón acabó archivando las diligencias contra él, contra el criterio de Anticorrupción y las acusaciones populares.

Pieza 4. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades urbanísticas en Valdemoro, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados como alcalde. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama. 

Pieza 5. Hechos concernientes a contratos menores en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama corrupta. 

Pieza 6. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos como Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Están imputados exalcaldes y otros cargos de los municipios afectados, así como directivos de la empresa.

Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de 47 ayuntamientos madrileños entre 2004 y 2014 con la empresa de eventos musicales Waiter Music. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y a varios contratos adjudicados a FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO, Urbaser, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes así como mítines y actos del PP. José Luis López Huerta Balbuena, propietario de esta empresa recientemente fallecido, reconoció en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios. El pasado septiembre, el juez citó a declarar como imputados a exalcaldes y otros cargos, entre ellos David Erguido, ex teniente de alcalde de Algete en el momento de los hechos, motivo por el cual dejó su escaño de senador.

Pieza 8. Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre: consejerías de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior.

Pieza 9. Posible financiación ilegal del PP de Madrid tras la llegada de Aguirre a la Presidencia a través de varias vías: contratación a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y del Canal de Isabel II, adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a Indra a cambio de comisiones, desvío de dinero procedente de la cláusula del 1% –fundamentalmente desde las consejerías de Sanidad y Transportes–, y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), entidad ligada al partido.

Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero público por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas administraciones públicas y empresas.

Pieza 11. La última línea de investigación versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid. 

Tres investigaciones actualmente abiertas en la Audiencia Nacional y que afectan directamente al PP tienen un nexo en común, un nombre que viene saliendo a colación en las tres causas: Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero Luis Bárcenas y antes del ex secretario general del partido en Madrid Francisco Granados. Las tres investigaciones son la supuesta caja B del PP, que se abrió a raíz de la instrucción del caso Gürtel, la trama de corrupción Púnica y la pieza 7 del caso Villarejo en la que se indaga sobre la operación Kitchen.

En todas estas causas, el nombre de Sergio Ríos ha salido a relucir en algún momento. La que investiga el operativo parapolicial sin control judicial para espiar al extesorero y averiguar si se había llevado información sensible que podía afectar al PP cuando fue despedido del partido fue la primera en la que salió a relucir al ser un personaje crucial en la trama, pues habría sido el confidente captado por los comisarios implicados debido a su condición de conductor en aquellos momentos y a su estrecha relación con Bárcenas y su familia.

De lo investigado en los dos años que lleva abierta la pieza 7 del caso Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la operación Kitchen costó a las arcas públicas al menos 53.000 euros procedentes de los fondos reservados, lo que le habrían pagado al entonces chófer y ahora policía nacional: 2.000 euros al mes durante dos años por facilitar toda la información que pudiera sobre los movimientos de Bárcenas, lo que sirvió para robarle dispositivos electrónicos como teléfonos móviles.

La sospecha de los investigadores es que esa información sensible que querían sustraer a Bárcenas hacía referencia a la presunta contabilidad opaca del PP que el extesorero habría controlado durante años. De ahí que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya requerido todas las pruebas recabadas por la investigación de la operación Kitchen que pudieran ser de interés para la causa que todavía instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre esa caja B del PPoperación Kitchen. 

En su último informe, la Policía destaca, entre otras cosas, la importancia de los soportes digitales que le fueron intervenidos recientemente a Sergio Ríos, en una parte de la investigación de la Kitchen que continúa secreta y por la que el chófer estuvo declarando en la Audiencia Nacional la semana pasada. También solicita la recopilación de información del disco duro en el que Ríos y uno de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo –hombre de confianza de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal–, descargaron información conseguida con el espionaje al extesorero del PP.

David Marjaliza facilitó el nexo con la PúnicaPúnica

La conexión entre ambas investigaciones está, pues, clara. Pero no son las únicas causas en las que ha aparecido el nombre de Sergio Ríos: poco después de la apertura de la pieza 7 del caso Villarejo, el constructor David Marjaliza, uno de los principales investigados en la trama Púnica, otra de las macrocausas de corrupción de la Audiencia Nacional, declaró en sede judicial que su exsocio Francisco Granados le pidió dar con Sergio Ríos porque el comisario José Manuel Villarejo quería interceptar una documentación. 

De ahí que el PSOE, personado como acusación popular en las tres mencionadas causas de corrupción, haya solicitado al juez de la Púnica, Manuel García Castellón –el mismo a cargo del caso Villarejo–, que cite a declarar como testigo a Marjaliza para que explique esas afirmaciones, en las que también aseguró que consiguió un piso con rebaja en la localidad madrileña de Valdemoro para el que fuera chófer de Bárcenas.

Fue a preguntas del abogado de Granados cuando el empresario afirmó que Granados le comentó que necesitaba localizar a su anterior conductor, Sergio Ríos, porque así se lo había pedido a su vez el comisario Villarejo, ya que le necesitaba para interceptar una documentación. Los conductores de Granados y Marjaliza, según apuntó éste, eran amigos íntimos porque habían pasado largas horas esperando por ellos. Según explica el PSOE en su escrito, Marjaliza indicó al juez que el exdirigente del PP madrileño también le dijo que debía vender a Ríos un piso en el mismo bloque en el que se lo había vendido a su conductor. Marjaliza así lo hizo y además le hizo una rebaja de 3.000 euros que no procedía legalmente porque era de una subvención municipal.

"De ser cierta la información, es absolutamente relevante, pues da indicios de cómo se contrata a Sergio Ríos y que no sólo se le recompensa con pagos mensuales y una plaza en la Policía, sino también con el acceso a la propiedad de un piso, ya de por sí complicado, pero además, con rebaja", señala el PSOE en el escrito remitido a García Castellón.

La representación legal de los socialistas solicita, por tanto, la testifical de Marjaliza y que se le requiera toda la documentación que tenga sobre el asunto. En concreto, hace referencia a los correos electrónicos en los que se facilitaba los DNI de Sergio Ríos y su esposa para los trámites de adjudicación de la vivienda, así como los datos de la notaría en la que se firmó la escritura pública a los efectos de requerir la misma. También pide al juez que el constructor aporte los datos necesarios para poder citar a declarar como testigo al que había sido su chófer y supuestamente amigo y vecino de Ríos.

El Campus de la Justicia, el "reto más ambicioso" de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sus propias palabras, está bajo el foco de los tribunales por posibles irregularidades en su gestión. Quince años después de lanzar este macroproyecto urbanístico dirigido a centralizar las sedes judiciales de la región en un mismo espacio, la Audiencia Nacional ha investigado la gestión de la empresa pública creada a tal efecto y ya ha propuesto juzgar al exvicepresidente Alfredo Prada y ahora dirige sus indagaciones sobre la actuación de Francisco Granados, que tomó las riendas del plan cuando fue nombrado consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el año 2008.

Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, en un auto del pasado 11 de noviembre, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que forma pieza separada de la fase correspondiente a la gestión de Prada para dictar la transformación de la causa en procedimiento abreviado, mientras que continuará investigando en la pieza principal la parte correspondiente a la gestión de la empresa pública denominada Campus de la Justicia S.A. (CJM) por parte de Granados que debía poner en marcha el complejo urbanístico.

Según explica el magistrado en su auto, la sociedad se constituyó en 2005 con el objetivo de construir en el barrio residencial de Valdebebas, en el norte de Madrid, "un complejo de edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid" y que estaría compuesto por "14 edificaciones interconectadas por una red de túneles". La historia es de sobra conocida: el proyecto resultó fallido y de ese ambicioso plan sólo queda un edificio, el conocido como dónut por su forma circular que ni siquiera está terminado y que hasta ahora se erigía en mitad de la nada. Son los mismos terrenos sobre los que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, levanta su propio proyecto estrella, el hospital de pandemias. Además, ha anunciado que el edificio el fallido Campus de la Justicia se acabará de construir para instalar allí el Instituto Anatómico Forense de la Comunidad.

La historia del Campus de la Justicia comenzó en 2005 con las promesas de Aguirre del macroproyecto urbanístico y terminan en 2014, cuando se inició la fase de liquidación de la sociedad pública cuya gestión investiga el juez De la Mata desde hace más de dos años. Fue precisamente otro Gobierno del PP en Madrid, el presidido por Cristina Cifuentes, el que trasladó a la Fiscalía las conclusiones de la Cámara de Cuentas de la región, en las que se hablaba de incumplimientos sistemáticos de las "normas esenciales" de contratación y contabilidad de la administración de CJM. La Comunidad de Madrid, además, es parte acusadora en este procedimiento.

El magistrado de la Audiencia Nacional diferencia en su auto dos etapas para dividir y hacer más eficaz su investigación: la de Prada al frente del Campus de la Justicia y la de Granados. De la primera, De la Mata considera que existen indicios para enviar a juicio al exvicepresidente y otros cinco exdirectivos de la empresa pública por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por las irregularidades detectadas en los contratos para la construcción del complejo. Estas adjudicaciones, dice el auto, abarcaron todo tipo de ámbitos, desde la propia redacción del proyecto y la construcción de la urbanización y edificios hasta servicios de vigilancia, consultoría, cobertura fotográfica, comunicación y publicidad, entre otros.

No hubo control en la contratación

De lo instruido en estos más de dos años de investigación, el juez –que no continuará al frente de esta investigación, ya que acaba de ser nombrado representante de España en Eurojust– concluye que la empresa CJM "no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".

La pieza separada correspondiente a la "CJM FASE 1", tal y como la denomina el juez en su auto, tiene por objeto los hechos acontecidos durante la presidencia de Prada en la sociedad pública, mientras que la segunda, que se seguirá instruyendo en la Audiencia Nacional, corresponde a los hechos ocurridos a partir de mediados de 2008, cuando Prada fue sustituido por Granados al frente de la Consejería de Justicia e Interior y, por lo tanto, al frente de la dirección de la sociedad del Campus de la Justicia. El también ex secretario general del PP de Madrid ostentó este cargo hasta 2011, cuando fue destituido por Aguirre, pero la investigación del juez se extiende hasta 2014, fecha de liquidación de la entidad pública.

Destaca De la Mata el organigrama de la empresa de la que Granados era el presidente. Entre agosto de 2008 y julio de 2010 el consejero delegado y director general fue Miguel Giménez de Córdoba, quien había sido previamente director general de Modernización de las Infraestructuras de Justicia de la Comunidad de Madrid y quien años después fue nombrado presidente de la entidad pública estatal Tragsa. Le sustituyó en el puesto Gonzalo Quiroga, quien había ejercido director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad. En el auto también se menciona al exresponsable del Departamento Financiero de CJM Sergio Adán, a la exdirectora del Departamento Jurídico Carmen Morenés y al exdirector de Comunicación Pablo Martínez.

Francisco Granados no es un desconocido en la Audiencia Nacional. Desde 2014, es el principal investigado en el caso Púnicacaso Púnica, una de las macrocausas de corrupción que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 6. Estuvo en prisión preventiva más de dos años y medio por sus actividades presuntamente irregulares durante su mandato como alcalde de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid. Fruto de la investigación de esta causa ha sido la apertura de una pieza separada sobre una posible financiación ilegal del PP regional en la que están imputadas las expresidentas Aguirre y Cifuentes.

Plan criminal para adjudicar a dedo

En la pieza "CJM FASE 1", el juez De la Mata concluye que todos los contratos investigados fueron "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios que ampararon una situación en la que se prescindió del procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los objetivos de los actores". Contratos a empresas amigas o ampliaciones irregulares para contentar a ciertas compañías a pesar de no ser los más ventajosos son algunos de los indicios que el instructor expone y por los que ha propuesto juzgar a Prada y otros cinco imputados.

Un ejemplo son los contratos de publicidad y comunicación investigados, por valor de más de cinco millones de euros, los cuales, dice el juez, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM", pues no se decidían en la empresa, "donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban" desde la Vicepresidencia que dirigía Prada. "En estos contratos, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por Prada personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos", explica.

Según el instructor, los investigados en este procedimiento, liderados por el exconsejero, que era quien "tomaba todas las decisiones", se pusieron de acuerdo "con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlo a cabo”. Corrompieron, al fin y al cabo, el procedimiento de adjudicación de contratos de la empresa pública, lo que dejó afectada "sustancialmente" su operativa y los resultados económicos, "menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”. El perjuicio al erario público podría ascender a cientos de millones de euros.

El exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y el empresario, Javier López Madrid, han negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo que comieran junto al empresario David Marjaliza y que hablaran del pago de una comisión de en torno a un millón de euros por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero.

Tras una breve declaración ante el juez, López Madrid ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que "jamás se produjo la comida ni la conversación" a la que aludió en febrero Marjaliza. Entonces, sostuvo que en una cena que compartió Granados y el empresario, el primero le pidió al segundo el pago de una comisión de "en torno a un millón de euros".

López Madrid, que ha comparecido a petición propia ante el juez "para desmontar las falsas acusaciones de Marjaliza", explica en su nota que su interés es aclarar el asunto. Tanto es así, que, tras ser la solicitud de comparecencia inicialmente rechazada por el juez, López Madrid recurrió la decisión ante la Sala, que estimó la petición, y por eso ha sido citado este jueves "con la confianza de que su testimonio servirá para dejar probada la falsedad de las declaraciones que le involucran".

Por su parte, Granados, que en esta ocasión declaraba como testigo ha señalado a la prensa a la salida de su comparecencia que venía para colaborar con la justicia "y seguir desmontando las mentiras continuadas que este sujeto absolutamente abyecto lleva contando desde el primer día", por Marjaliza.

"Es una pena que al final este sujeto, que baila al son que le van tocando, tenga mareada a la Administración de Justicia en un asunto en el que no hay absolutamente nada, es una invención más de este señor", ha apuntado.

Así, al igual que López Madrid, ha negado que se diera esa cena y lo achaca a la "vida de fábula" de Marjaliza que busca "algún tipo de beneficio judicial". "Me parece triste que la Administración de Justicia de alguna forma se vea influenciada por un sujeto de estas características", ha añadido.

Por último, antes de abandonar la Audiencia Nacional, Granados ha indicado a la prensa que mientras "a los que hasta hace poco se les llamaba la casta" estaban dando la cara ante la Audiencia Nacional, "los parias de la tierra se esconden debajo del escaño para no asumir su responsabilidades judiciales". Hacía referencia así al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que está pendiente de que el Supremo decida si abre causa tal y como solicita la exposición razonada del juez que instruye Dina.

El caso Lezo

Con las declaraciones de este jueves, García-Castellón retoma esta causa de la que ya ha enviado a juicio dos de las piezas y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II, en concreto por la compra de las empresas Emissao e Inassa con fondos públicos procedentes de la empresa de aguas y los presuntos repartos de comisiones derivados de estas operaciones.

Hoy, además de López Madrid y Granados, ha habido declaración de otros testigos en relación a la pieza que investiga los presuntos sobornos al embajador de España en Haití entre 2011 y 2014, según han informado fuentes jurídicas.

Las testificales de este jueves realcionadas con la adjudicación del tren del Navalcarnero llegan después de que en febrero Marjaliza asegurara que ambos "se reclamaban dinero uno a otro por una adjudicación de una obra", aludiendo así a una comisión que pedía el exdirigente madrileño por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero al grupo OHL.

"Yo escuché esa conversación entre Paco -Granados- y Javier -López Madrid-. Paco le reclamaba el pago del millón de euros a Javier, y Javier le dijo que él no había intervenido, que había intervenido Nacho", aseguró ante los medios de comunicación tras comparecer ante el juez, apuntando así al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Una semana después de que el juez del caso Púnica confirmase que la instrucción dispondrá de otro año de plazo tras la reforma que pulveriza el límite impuesto por el Gobierno del PP, la primera consecuencia práctica ha hecho ya acto de presencia. Inicialmente reacio a mantener la investigación abierta más allá del 27 de agosto, el magistrado Manuel García Castellón acaba de dictar un auto por el que ordena abrir una nueva pieza exclusivamente centrada en las operaciones de blanqueo. Y en recuperar los activos que la trama corrupta fue amasando gracias a pelotazos urbanísticos, contratos amañados o cualquier otro delito de los investigados en la causa. 

Fechada el lunes 31 de agosto, la resolución judicial desvela que el origen de esta nueva pieza tiene su origen en la orden europea dirigida hace un año a Francia para rastrear una cuenta de la sociedad panameña Manila Investment, disuelta en 2011. Hasta ahora, esa línea de investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción había permanecido secreta. El relato de García Castellón ofrece un resumen de cuál fue su origen: el 13 de mayo de 2019, la Fiscalía solicitó "la emisión de una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades francesas". ¿Su objetivo?  Recabar "información sobre movimientos, titulares, beneficiarios, banco online y otros datos vinculados a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Manila Investment en la entidad Credite Industriel Et Commercial, en París". 

Una vez cursada la solicitud de ayuda a Francia –prosigue el auto– "se declaró el secreto con la finalidad de asegurar la efectividad de la instrucción, apreciada la posibilidad de que el conocimiento de la práctica de esta diligencia por las partes (...) pudiera comprometer de forma grave el resultado de esta, frustrando la efectividad de la actuación solicitada". Qué ocurrió con la orden europea enviada a París no se conoce todavía. Pero otro auto dictado por el mismo García Castellón en septiembre de 2019 destapó datos sobre Manila Investment que abren interrogantes sobre el alcance de la nueva pieza recién abierta. 

En aquel auto se afirmaba que una de las empresas más involucradas en la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, Over Marketing, había abonado 142.000 euros a una firma argentina, MCW, a través de la cuenta francesa de Manila Investment Inc.  Ya extinguida y mascarón de proa de un grupo de publicidad que facturó 32 millones de euros a distintas administraciones regidas por el PP, Over Marketing estaba dirigida por el empresario argentino Daniel Mercado. Y Mercado ya confesó hace dos años y medio ante el juez que el PP le pagó parte de la campaña electoral de 2007 con dinero negro y con facturas falsas cobradas a constructoras. 

Fuentes jurídicas consultadas este martes por infoLibre aseguraron que la pieza sobre blanqueo y recuperación de activos no está limitada de antemano a recuperar las ganancias obtenidas por personajes clave en la trama como Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, luego consejero de Presidencia en Madrid y número dos del PP regional, o como su antiguo socio oculto David Marjaliza, con quien ahora mantiene un enfrentamiento feroz. Básicamente, porque Marjaliza ha aportado documentación que perjudica a Granados. Ahora, el empresario ha introducido nuevos elementos al entregar una supuesta contabilidad que descubre pagos al PP pero también a miembros del PSOE y de IU. Granados, que siempre ha negado la veracidad de cada palabra y cada papel facilitado por Marjaliza, sostiene ahora que su nueva acusación sí es cierta. Y le pide al juez que expulse de la causa al PSOE y a la asociación de abogados Adade, que ejercen de manera conjunta la acusación popular.

En lo que concierne al blanqueo, Granados y Marjaliza son por el momento los grandes protagonistas. En 2015, Vozpopuli publicó cómo se habían localizado 4,2 millones camuflados en una operación de compra venta de obras de arte y objetos de coleccionista en la que participaron tres de las empresas controladas por Marjaliza. Según un informe de la Agencia Tributaria, los presuntos cabecillas de la trama exportaron en julio de 2013, sólo unos meses antes de que se pusiera en marcha la investigación, un total de 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 plumas estilográficas para justificar la transferencia desde Singapur de tan elevada cifra de dinero.

La investigación también destapó que Francisco Granados supuestamente blanqueó 360.000 euros a través de la compra de un piso para su hermano.

Un correo electrónico, una factura y un cheque que habían pasado inadvertidos y han sido localizados por las acusaciones populares del caso Púnica –Adade y el PSOE– acaban de convertirse en una nueva amenaza para Ignacio González, expresidente de Madrid. Los documentos destapan que a través de la empresa Tecnoconcret SL, de la que eran socios el hermano y el cuñado de González, el clan familiar del político hizo negocio como proveedor de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Prisma, el mayor plan de inversiones (1.000 millones entre 2006 y 2011) de la Comunidad de Madrid.

El hallazgo de esos documentos, incautados en un registro policial y alojados en el sumario de otro notable caso de corrupción –la Operación Lezo–, ha llevado a Adade y al PSOEa dar un paso que nadie esperaba:en un escrito presentado hace una semana,  ambas acusaciones piden al juez instructor de Púnica que llame a declarar de nuevo como imputado a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado Juan José Caballero. 

Tecnoconcret no figuraba como adjudicatario de ningún contrato para aquellas nuevas instalaciones deportivas. Pero el correo electrónico descubierto ahora y fechado el 10 de enero de 2007 demuestra que, para cobrar, la empresa de los González se valió de una treta mercantil: llegó a un acuerdo con otra compañía que, al menos y según las adjudicaciones que han encontrado las acusaciones, se hizo con cinco contratos para levantar campos de fútbol. Ese acuerdo –se lee en el email– le garantizaba a Tecnoconcret "una comisión del 5% de toda obra en futuros proyectos". Los cinco contratos sumaban 2,3 millones de euros.

El escrito de Adade y el PSOE remarca que Ignacio González hizo "el seguimiento" del proyecto de campos de fútbol a lo largo de los años. Hasta que en 2012 tomó el relevo de Esperanza Aguirre tras su sorpresiva dimisión como jefa del Ejecutivo autonómico, González era vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte. Una nota oficial de julio de 2009 destacaba cómo el vicepresidente había inaugurado un nuevo campo de fútbol en Becerril de la Sierra. Y cifraba en 86 los de césped artificial construidos "en 65 diferentes municipios de la región en esta Legislatura". Es decir, desde el 20 de junio de 2007. infoLibre intentó sin éxito este lunes contactar con el entorno de Ignacio González, al que transmitió mediante un mensaje los datos básicos del escrito presentado por las acusaciones.

Extinguida desde 2019, la compañía que actuó de vehículo para trasvasar a Tecnoconcret fondos públicos del bautizado como programa de "Campos Verdes" se llamaba Elitesport SA. Y según ha verificado infoLibre, a su consejo de administración perteneció hasta octubre de 2005 Carles Sumarroca Coixet, uno de los empresarios que por corrupción política se sentarán en el banquillo junto a los miembros de otro importante clan, el de Jordi Pujol.

Arpegio y las sospechas de financiación ilegal

¿Alcanzó Tecnoconcret pactos con otras adjudicatarias de contratos para la construcción de campos de fútbol? No se sabe. Y por esa razón las acusaciones piden al juez que reclame, entre otros, el llamado modelo 347 de Tecnoconcret. Se trata del formulario que cada año permite a Hacienda saber quiénes han percibido de un mismo pagador más de 3.000 euros. Si el juez accede y en el listado del modelo 347 apareciesen otros contratistas de campos de fútbol con césped artificial, el panorama empeoraría para los González.

La factura mencionada en su escrito por Adade y el PSOE y a la que ha logrado acceder infoLibre apenas sobrepasa los 20.000 euros. Pero, emitida el 28 de febrero de 2007 contra Elitesport, su contenido corrobora que la relación comercial con Tecnoconcret existió. Y que su objeto eran los campos de fútbol. En el caso de la factura, solo dos: el de Manzanares del Real y el de Pedrezuela. La alusión que el correo electrónico hace a "futuros proyectos", concepto del que quedaban excluidas las dos adjudicaciones citadas, se explica por un factor: a ese concurso, Elitesport acudió en unión temporal de empresas (UTE) con otra firma. ¿Explica ese hecho por qué la factura se limita a 20.000 euros en lugar de cifrarse en el 5% del contrato, cuyo importe total fue aquí de 807.195 euros? De momento, no se sabe. Las acusaciones han requerido al juez para que llame en calidad de testigos a los responsables de la empresa que en esta licitación fue en UTE con Tecnoconcret. 

Financiados por el Prisma, cuya multimillonaria gestión estaba en manos de Arpegio, uno de los grandes entes públicos ya desaparecidos y sobre los que recae la sospecha de haber financiado al PP de Madrid, los campos de fútbol no fueron el primer negocio que reportó a Tecnoconcret dinero del Gobierno madrileño. Ocho años antes de que González fuese detenido en abril de 2017, una investigación periodística del diario Público ya reveló cómo Tecnoconcret se había hecho en diciembre de 2006 con la adjudicación de un campo de golf promovido en el centro de la capital por el Canal de Isabel II. Es decir, por el gigante a cuyo frente se situaba el político que primero fue delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre.

La proximidad de las fechas entre la concesión del campo de golf del distrito capitalino de Chamberí y el acuerdo con Elitesport para quedarse con parte de los fondos destinados a nuevos campos de fútbol afianza una idea lesiva para los González y ya sostenida por un testigo de relevancia: que Tecnoconcret estaba en el proyecto del Canal de Isabel II para "robar y malversar". Lo declaró ante el juez uno de los socios de otra empresa a la que Tecnoconcret subcontrataba para instalar la hierba sintética, Onlygolf. Hasta hoy, nadie ha desvelado nada durante la instrucción de Púnica sobre los pagos por el césped artificial tendido entre portería y portería de cada "campo verde". El asunto no existía a efectos procesales. Y, por tanto, nadie ha preguntado por él en ningún interrogatorio. 

Pero la cosa no termina ahí. Porque además de las referidas al clan familiar de Ignacio González, las acusaciones formulan otra petición de calado: que el magistrado llame a declarar, también como investigado, al exconsejero madrileño Jaime González Taboada, cuya imputación ha aparecido cercana en distintas ocasiones pero nunca ha llegado a materializarse. Taboada, que había sido director general de Cooperación con la Administración Local y figura clave así en la ejecución del Plan Prisma, sostiene que nunca participó en las adjudicaciones de Arpegio. Pero Adade y el PSOE sustentan su solicitud basándose en lo que hace justamente un año adujo en un auto el juez instructor del caso, Manuel García Castellón: que los informes policiales permiten "acreditar indiciariamente la posible participación de Jaime González Taboada (...) en un reparto de obras convenido con el consejero de Presidencia, el investigado Francisco Granados". Enemigo interno y acérrimo de Ignacio González, Granados fue hasta 2011 el número dos del PP de Madrid. Su detención, en octubre de 2014, fue la que sacó a la luz la Operación Púnica.

La asociación de abogados progresistas Adade y el PSOE, que ejercen la acusación popular en Púnica, acaban de pedir al juez Manuel García Castellón que se aparte de la pieza del caso donde se investiga el urbanismo en Valdemoro, donde está recién imputado un exdirectivo El Corte Inglés por una recalificación bajo sospecha. 

Adade y los socialistas reclaman al magistrado que se abstenga porque "es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente del Corte Inglés". infoLibre comprobó a última hora de este miércoles que la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que el magistrado, titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, tiene concedida la compatibilidad como tutor online del Ramón Areces desde septiembre de 2017. La web no ofrece información sobre las remuneraciones que la docencia reporta a los jueces que la ejercen bajo autorización del órgano de gobierno.

El exdirectivo de El Corte Inglés Faustino José Soriano, que rompió amarras con la cadena hace ya años, la representó en los convenios y contratos que entre 2001 y 2006, con 2004 como punto álgido, sirvieron para cerrar en Valdemoro (Madrid) una operación urbanística de la que se benefició la trama investigada. Soriano está citado a declarar para este viernes 24 de julio. Este periódico no ha logrado conocer a través de su entorno qué decisión adoptará García Castellón tras el escrito presentado por Adade y el PSOE. El plazo de instrucción de la causa expira en principio el 27 de agosto. No se sabe aún si alguna de las partes pedirá una nueva prórroga en cumplimiento de la recién aprobada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que así lo autoriza.

El escrito de las acusaciones argumenta así la petición para que el juez se abstenga en la denominada Pieza Separada 4 de Púnica. "En el caso que nos ocupa, y sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004 consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Inglés, a sus directivos y empleados. Hasta donde sabemos, todo ello afecta a la PS 4 de las DP 85/14 conocidas como causa Púnica, cuya instrucción asumió su señoría desde su regreso a España, al tiempo que solicitaba autorización para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente de El Corte Inglés"

Faustino José Soriano es el antiguo jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés. Comparecerá este viernes, 24 de julio, como investigado por una operación urbanística bajo sospecha e investigada en la causa. Solicitada por las acusaciones populares –Adade y PSOE– y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la cadena de distribución poseía en el municipio madrileño de Valdemoro. Iniciada en 2001 durante el mandato como alcalde de Valdemoro de Francisco Granados, aquella operación benefició sobre todo a uno de los socios ocultos de quien pronto se convertiría en el número dos del PP madrileño: el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de PúnicaPúnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre de Granados y cuya existencia destapó en 2009 el diario Público. 

Una negativa a la imputación que fue revocada

El juez había denegado la imputación de Soriano, con quien no ha logrado contactar este periódico pero que a comienzos de junio y en declaraciones a El Paísnegó toda ilegalidad al tiempo que minimizaba su participación en aquellos hechos. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional terminó dándole la razón a la Fiscalía y a las acusaciones populares, lo que obligaba al juez Manuel García Castellón a citar al exdirectivo como imputado. El instructor de Púnica sostenía que "la afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés" se basa "en el más absoluto vacío indiciario". 

Junto con otro directivo ya fallecido, Soriano participó en convenios públicos y privados –estos últimos, con Obras y Vías, de Cid Sicluna– que en 2004 condujeron a la recalificación de los terrenos que El Corte Inglés poseía en la zona de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a convertir aquel suelo en urbanizable. Y todo indica que lo consiguió. 

La operación incluía también la permuta de parcelas propiedad de la cadena por otras del Ayuntamiento en un área industrial donde El Corte Inglés preveía levantar una plataforma logística que no llegó a existir. Al igual que en ocasiones anteriores, la cadena negó este martes cualquier irregularidad en ningún eslabón de la cadena. Sus portavoces aseguran que lejos de obtener un trato privilegiado salió perdiendo en Valdemoro. Las fuentes recalcaron de nuevo hace una semana que la vinculación profesional con Soriano dejó de existir hace años. 

Sobre el papel de Soriano, la Fiscalía había destacado en su escrito que colaboró "en un plan que desviaría de las arcas públicas más de siete millones de euros y sustraería al Ayuntamiento unas plusvalías que pudieron superar los 60  millones de euros". 

En el auto por el que le cita a declarar el juez considera clave "esclarecer" si realmente hubo una actuación concertada a tres bandas: el Ayuntamiento de Valdemoro, los socios ocultos de Granados –Ramiro Cid y el arrepentido David Marjaliza– y El Corte Inglés. Ni del escrito de la Fiscalía, escribe García Castellón, ni de la documentación que lo acompaña se desprende "en este momento la existencia de indicios que permitan sostener la actuación concertada de la mercantil El Corte Inglés" para que Ramiro Cid se hiciera con toda la finca registral que centró la operación.