Unai Sordo apeló este sábado a la cohesión interna en dos ocasiones, al principio y al final de su primer discurso como secretario general de CCOO. Cuando alabó la “auctoritas” con que su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández Toxo, ha “cosido” y “mantenido cohesionada la organización” y, antes de animar a sus compañeros del sindicato a “mirar fuera”, a salir del congreso “con las pilas puestas y a la ofensiva”, cuando les pidió que sometan las “dinámicas internas a las exigencias de la sociedad”, colaborando y “trabajando en común”. “Somos lo que hacemos y lo que decimos”, concluyó.

Sordo fue elegido secretario general de CCOO poco después de la medianoche anterior, con un 88,8% de los votos. Pero la ejecutiva que le acompaña tuvo menos respaldo: cosechó 210 votos en blanco y 80 nulos de un total de 742. La inclusión del secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, quien había sido imputado el pasado jueves en una pieza separada del caso de los ERE, abrió la espita de la discordia en un congreso de sucesión que se adivinaba tranquilo. Pese a las voces internas que pedían a Carbonero que se apartase, el apoyo explícito de Fernández Toxo lo ha mantenido en la ejecutiva. Ese casi 30% de votos en blanco –40% si se suman los 80 votos nulos– ha hecho un primer borrón en la hoja en blanco que aún es el liderazgo de Unai Sordo al frente de CCOO. “No se puede empezar así con un imputado”, advierten quienes se opusieron a la presencia de líder andaluz en la ejecutiva.

Sin embargo, tras el discurso, las declaraciones de los dirigentes del sindicato, tanto de las nuevas caras como de los que han acompañado a Fernández Toxo en sus ocho años al frente de CCOO, eran de satisfacción y apoyo a la “regeneración” que promete Sordo, con 44 años el segundo líder más joven que ha tenido la organización después de Antonio Gutiérrez –1987-2000–.

Porque fue en la exigencia de adaptación continua de la actividad sindical a un “mundo dinámico” en el que “la empresa ha cambiado radicalmente” y la realidad del mundo laboral ya no es la que “forjó al sindicato o la que existía al inicio de la crisis”, donde Unai Sordo centró su propuesta de trabajo para los próximos cuatro años. Advirtió frente a la tentación de que el proceso para “repensar” el sindicato se quede “embalsamado”, también alertó del riesgo de permanecer “anclado en los viejos esquemas”. “Los cambios”, alentó, “no son un tsunami que te pasa por encima, sino que se gobiernan si hay una visión progresista”.

Y esos cambios tienen múltiples frentes. Ante la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que le escuchaba en primera fila, Sordo no sólo exigió la derogación de las dos últimas reformas laboralesreformas laborales –la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012–, sino que también reclamó “un nuevo marco de relaciones laborales”, que acabe con el abuso de la temporalidad y la precarización del empleo. “Porque la segregación laboral que producen no sólo es injusta sino además ineficiente económicamente”, apuntó.

“La clase trabajadora sigue existiendo”“”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también presente en el auditorio del hotel madrileño donde se celebró el congreso, ha propuesto que las empresas paguen impuestos por sus robots, Sordo mostró sus dudas al respecto. Pero sí puso el foco en la importancia de los cambios tecnológicos “insoslayables” que pueden excluir y dejar en situación de “vulnerabilidad a mucha gente”. La digitalización, la nueva economía, las empresas en red, las subcontratas, enumeró, constituyen “nuevas realidades productivas sin relaciones laborales” al uso que generan “precariedad y exclusión”. Lo que no significa que haya desaparecido la clase trabajadora: “Sigue existiendo, pero es distinta”. Y ahí es donde Unai Sordo quiere al sindicato. “Lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato, representemos a la clase trabajadora, especialmente a los más precarizados”, alentó.

Por eso cree que hay que “fortalecer la sindicalización”, frente a la “repolitización difusa” que, a su juicio, ha experimentado la sociedad española en los últimos tiempos. El flamante secretario general se refirió a los jóvenes que han visto frustradas sus expectativas vitales al incorporarse al mundo del trabajo y “se han integrado en otra cosa”, no en un sindicato. “No se puede ser ajeno a esa realidad, que debemos interpretar correctamente”, dijo, antes de convertir de nuevo al sindicato en “referencia ineludible para los trabajadores”.

Sordo hizo un repaso de las reivindicaciones maestras de CCOO. Apremió a la patronal para que firme el pacto salarial que no acaba de concretarse pese a las declaraciones de la CEOE sobre la inminencia del acuerdo. Reclamó una reforma del impuesto de sociedades que permita gravar adecuadamente los cada vez mejores resultados de las empresas. “Una dieta fiscal equilibrada”, resumió, “que haga más corresponsables a las compañías de las necesidades de la sociedad”. Defendió la renta mínima garantizada, “que sólo desincentiva los salarios de miseria”, así como el sistema público de pensiones. Y llamó la atención sobre la “patología” del paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin encontrar un puesto de trabajo–.

Gritos a Báñez, las cuentas del sindicato

Antes, la ministra de Empleo había subido al escenario para dar las gracias a Fernández Toxo por hacer “su trabajo con responsabilidad”, felicitar a Unai Sordo por su elección y ofrecer el compromiso del Gobierno para seguir potenciando el Diálogo Social. Fue recibida con gritos de “huelga no es delito” por buena parte de los asistentes, en referencia a los sindicalistas que han sido juzgados y condenados en los últimos años por participar en paros y protestas. También hubo algún signo de desaprobación y conatos de abucheo que fueron silenciados por el resto.

En la nueva ejecutiva, de 15 miembros, nueve son mujeres y ocho hombres, como se ocupó Sordo de destacar. Nueve son nuevas incorporaciones. Permanecen Fernando Lezcano, Carlos Bravo, María Cardeñosa, Cristina Faciaben, Pedro Linares y Empar Pablo.

Además de votar al nuevo secretario general, el congreso aprobó como propuesta de resolución que los miembros de los órganos de dirección del sindicato hagan públicas sus retribuciones. También se elaborará un plan anual de afiliación y otro de gestión de cuotas. Además, el informe general del congreso ha publicado las cuentas y balance de situación de CCOO.

Según esos datos, el sindicato cuenta con 909.711 afiliados, por lo que ha perdido 229.880 desde 2011, un 20%. Los ingresos por las cuotas que pagan esos afiliados sumaron en 2016 un total de 12,53 millones de euros, un 16,7% menos respecto a 2012. Pero la partida de financiación que se ha desplomado para el sindicato en estos años es la de “programas subvencionados”, que ha pasado de 10,89 millones en 2012 a sólo 165.700 euros el año pasado. Es decir, en 2012 los ingresos por cuotas representaban el 37,6% de los ingresos de CCOO y las subvenciones, el 27,1%. Ahora, éstas no equivalen más que el 0,7%, mientras que los pagos de los afiliados ascienden al 53,4% de los ingresos.

A pesar de ello, CCOO terminó 2016 con beneficios, 1,75 millones de euros, un 66,5% por encima de los conseguidos cuatro años antes. 2013 fue el único año en que incurrió en pérdidas, 488.219 euros de números rojosnúmeros rojos. Mientras, ha recortado sus gastos de personal en un 18,7%. Su plantilla la integran ahora 3.259 personas. El informe no incluye datos sobre la evolución de la plantilla en estos años, pese a que los problemas de financiación de estos años se tradujeron en recortes de personal, con despidos colectivos.

Entre los invitados al congreso se encontraban la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; el diputado socialista Rafael Simancas; el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón; el diputado asturiano de IU Gaspar Llamazares; los diputados de ICV Joan Coscubiela y Joan Herrera. Les acompañaban también Cándido Méndez y Pepe Álvarez, de UGT, así como el ex número dos del sindicato Toni Ferrer, ahora secretario de Empleo del PSOE, y dos históricos del PCE y de CCOO: Nicolás Sartorius y Julián Ariza.

Almudena Grandes y Luis García Montero, que habían glosado la figura de Fernández Toxo desde sus tiempos en la lucha sindical de Bazán, fueron los encargados de pasarle el testigo simbólicamente a su sucesor: “Unai, ahora es tu turno”.

Contra la parálisis negociadora de la patronal y el Gobierno, movilizaciones; contra la pobreza y la precariedad en el trabajo, derogación de las reformas laborales de 2010 y 2013; contra el “insoportable tufo” de la corrupción, “cambios en profundidad” y “desalojo de los políticos” implicados de sus lugares de gobierno. CCOO y UGT presumieron este Primero de Mayo de haber sacado a la calle a medio millón de personas en toda España para exigir los derechos laborales perdidos durante la crisis, pero también para reclamar que se depuren responsabilidades por la corrupción. “Mientras nos estaban robando”, acusó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “nos pedían que nos apretáramos el cinturón e implantaban políticas de austeridad”.

“Hemos dejado atrás la recesión, pero los ciudadanos no hemos salido de la crisis”, advirtió desde el escenario instalado en la Puerta del Sol el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Y lo recalcó Pepe Álvarez cuando proclamó que el “compromiso con los salarios” de ambos sindicatos se mantiene “intacto”. “La CEOE debe ser consciente de que si no se consigue un acuerdo que mejore la capacidad adquisitiva de los sueldos y reparta los beneficios de las empresas, el conflicto estará servido”. Antes de comenzar la manifestación, en el Paseo del Prado de Madrid, y ante los periodistas, el líder de UGT había avisado a la patronal del “calvario” que pueden sufrir las empresas si no suben los salarios: “Luego que no se quejen de que aumenta la conflictividad”.

En su último discurso en el Día del Trabajo, Fernández Toxo, que no repetirá en la dirección de CCOO tras el congreso de junio, apuntó en la misma dirección cuando alertó a los empresarios de que si la mesa de negociación “no da resultados”, serán la “movilización, la manifestación y la huelga” las que impulsarán “el cambio que necesita este país”. Los sindicatos reclaman una subida salarial entre el 1,8% y el 3% para este año, mientras que la CEOE no ofrece más que un 2% con un 0,5% adicional pero variable.

También fueron tajantes ambos responsables sindicales a la hora de exigir la desaparición de la reforma laboral, no sólo la de 2012, elaborada por el Gobierno del PP, sino también la de 2010, que firmó el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. “No hay que negociarlas, hay que derogarlas”, sentenció Pepe Álvarez, porque “matan trabajadores, desregulan las relaciones laborales e impiden las subidas salariales en los convenios”.

Gritos a favor de la moción de censura

“No sé si tienen razón o no quienes piden una moción de censura [contra el Gobierno], pero sí sé que hay que acabar con estas políticas”moción de censura, apuntó Fernández Toxo, quien fue interrumpido por gritos de “sí, sí” y “moción de censura”. Ya antes Pepe Álvarez había tachado de “insoportable” la corrupción. “Ni un día más esta pornografía de mensajes entre unos y otros”, zanjó. A su juicio, España debería reflexionar sobre “por qué es un Estado tan corrupto”. Y ante la proliferación de casos, recetó “cambios en profundidad”.

Después el dirigente de CCOO relacionó la corrupción y las políticas del Gobierno con la “desafección” de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones. “¿Cómo puede conformarse [el Ejecutivo] con un unos Presupuestos no expansivos si el paro es del 18%?”, se preguntó. “Se ha resignado a los mandatos de la troika y de una Unión Europea insensible al dolor de los ciudadanos”, contestó inmediatamente. “Luego se escandalizarán con el aumento de los partidos fascistas, que aprovechan el caldo de cultivo de la gestión neoliberal de la crisis para amenazar la democracia”, razonó Fernández Toxo, “ése es el riesgo asociado al paro, la pobreza y la desigualdad generadas por las políticas de los gobiernos”.

Aunque el respaldo a la moción de censura no fue expreso, Álvarez y Toxo sí que tiraron de las orejas a los partidos de izquierda. El segundo recordó la existencia de una mayoría en el Parlamento que apoya políticas de ese signo. El primero alabó el “acuerdo de las fuerzas de izquierda” en Portugal, del que dijo sentir una “envidia sana”. Un acuerdo así, dijo, haría falta en España para “acabar la Transición mal acabada”.

Podemos, tras la pancarta de Coca-Cola

A la manifestación del Primero de Mayo acudió la primera plana de Podemos, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la cabeza, acompañados de Irene Montero, Rafael Mayoral, el diputado canario Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero y Ramón Espinar. Todos ellos se situaron tras la pancarta de los trabajadores de la fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada. Con su propia pancarta desfiló Izquierda Unida, encabezada por Alberto Garzón y Mauricio Valiente. Por el PSOE acudieron el exministro de Educación Ángel Gabilondo, el diputado Rafael Simancas y el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona. También hicieron el recorrido hasta la Puerta del Sol el ex secretario general de UGT Cándido Méndez y quien fue su número dos, Toni Ferrer.

Según los sindicatos, la convocatoria reunió a 50.000 personas. Entre ellas se encontraban no sólo los trabajadores de Coca Cola, sino también los de las empresas multiserviciosempresas multiservicios, que pedían “la aplicación del convenio”. Estas empresas se han convertido en uno de los frentes de lucha de los sindicatos durante los últimos años, también en los tribunales. Ofrecen sus plantillas a otras empresas –desde seguridad hasta jardinería o servicios de camareros de piso en los hoteles, por ejemplo– pero a precio inferior al marcado por el convenio del sector, al que no pertenecen. También los trabajadores despedidos de Telemadrid o los de la empresa municipal de limpieza de Getafe marcharon hasta Sol.

 La criminalización de los piquetes

CCOO y UGT dieron protagonismo a dos de sus referentes: los sindicalistas amenazados con penas de cárcel por hacer piquetes y el presidente del comité de empresa de Coca Cola en Fuenlabrada. Rubén Ranz, para quien el fiscal pide siete años de prisión por atentar contra la autoridad y contra los derechos de los trabajadores el 29 de marzo de 2012, clamó contra quienes “han podrido las instituciones” y ahora van a permitir que la fiscalía les meta en la cárcel. “No somos como ellos, no somos delincuentes, no pueden ponernos al mismo nivel que Ignacio González”, reclamó el sindicalista de UGT, que fue detenido por un piquete ante un bar en Madrid durante la primera huelga general contra el Gobierno del PP.

Juan Carlos Asenjo, representante de CCOO en Coca Cola, aseguró que los trabajadores habían “vencido a la mayor multinacional del mundo” gracias a la movilización. Y lamentó que se estén “perdiendo los derechos conquistados” por falta de ella. Aunque la plantilla de Fuenlabrada no renuncia a la acción legal y recurrirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estraburgo para continuar su batalla –quieren que las instalaciones vuelvan a ser productivas y no un mero almacén logístico–, Asenjo prometió “hacer lo que haga falta” para “tumbar” a Coca Cola.

Como recalcó luego Pepe Álvarez en una nueva llamada a la movilización: “El movimiento obrero no ha hecho ninguna conquista sin mojarse”.

A caballo entre la movilización y la negociación, alternando entre la presión en la calle y las mesas con el Gobierno y la patronal, UGT y CCOO intentan este lunes sacar músculo un Primero de Mayo más. Las conversaciones con el Ejecutivo sobre empleo, pensiones y formación apenas han entrado en materia o, como ocurre con las que deberían pactar con la CEOE la subida salarial para los próximos años, ni siquiera atisban el acuerdo. Las manifestaciones del Día del Trabajo volverán a testar la fuerza de los sindicatos tras una larga crisis que amenaza con dejarlos extenuados.

No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, protección social. #alacalle es el largo eslogan escogido por UGT y CCOO para las 73 convocatorias de este año. “Antes había quizá demasiadas excusas para no salir a la calle”, protesta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “que si el paro crecía y la economía no, que si no se conseguía nada… ahora la macroeconomía crece y hace a unos pocos mucho más ricos mientras el paro baja menos de lo que necesita el país y el empleo que se crea es de muy baja calidad”. Por tanto, es el momento de empezar a recuperar derechos laborales y sociales, concluye.

El secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, apunta que, para lo que ya no hay excusas es para no subir los salarios, crear empleo estable, garantizar las pensiones y la red de protección social. Después de “un tránsito por la crisis profundamente injusto”, añade, la tarea de los sindicatos debe ser conseguir una salida justa de esa crisis: que los beneficios de la recuperación lleguen a todos.

Por eso reclaman a la CEOE un aumento salarial de hasta el 3% para este año, que la patronal sólo se muestra dispuesta a acercar hasta el 2%, con un 0,5% adicional variable. No obstante, el sector de los grandes almacenes ha firmado ya una subida del 2,5% para sus 230.000 trabajadores. Lezcano se muestra convencido de que la CEOE terminará pactando un alza de sueldos en línea con la propuesta sindical. “Hay una conciencia generalizada de que la depresión de los salarios es una medida antieconómicala depresión de los salarios es una medida antieconómica e impide animar el consumo”, asegura el dirigente de CCOO. Aunque también advierte de las “resistencias” internas de algunas patronales sectoriales. “Esa prevención de la CEOE de fijar los salarios ‘en función de la realidad de las empresas y los sectores’ los primeros que la tienen clara son los sindicalistas de esas empresas y sectores”, apunta. El caso es que, de momento, y pese a que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, tenía “el boli preparado”boli para firmar y los sindicatos confiaban en sellar el pacto antes del Primero de Mayo, las empresas y los sectores siguen sin “paraguas” para negociar sus propios acuerdos.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), además, ha enfriado la euforia del empleo: el paro volvió a crecer entre enero y marzo después de cuatro trimestres seguidos cayendo. Y el número de activos, de personas en edad y disposición de trabajar, no deja de encoger. “Lamentablemente [la EPA] nos da la razón a quienes denunciamos que las medidas contra la crisis no han resuelto los problemas de la economía y sí han producido más injusticia”, explica Fernando Lezcano, “además de haber animado un modelo de crecimiento que se parece como una gota de agua a otra al que había antes de la crisis: salarios bajos, trabajo temporal, apuesta por el sector servicios frente a políticas industriales que se apoyen en el I+D+i…”.

Pepe Álvarez pide al Gobierno políticas que generen otro tipo de empleo. Las que se han ejecutado hasta ahora han permitido a las empresas obtener “grandes dividendos”, asegura, “pero para otros muchos han sido un desastre: con 700 euros al mes no se puede vivir”. “Además de esperar el viento de cola, que vengan muchos turistas a España y que los precios del petróleo y los tipos de interés sigan siendo bajos, hay que hacer algo más”, recrimina al Ejecutivo el líder de UGT.

Mesas atascadas

El problema es que las mesas de negociación abiertas con el Gobierno avanzan con una lentitud exasperante para los sindicatos. Álvarez culpa a la “coyuntura política”, al “tránsito” que debe hacer el Ejecutivo “de la mayoría absoluta a un parlamento plural”. Lezcano cree que la demora se debe a una actitud ya antigua del Gobierno del PP. Un interés sólo aparente en el Diálogo Social, que en realidad se reduce a “gestos más diseñados a la galería mediática que a la realidad”.

De ahí que, para meterles prisa a los ministros, Pepe Álvarez defienda la eficacia de la movilización. “Es la que abre la caja de la negociación”, sentencia, ese “aliento en el cogote” que espera poder hacer sentir a los responsables políticos con un Primero de Mayo recuperando fuerza: “Soy optimista por lo que he visto en las asambleas, en las empresas y en el sentir de la gente de la calle”.

Sin embargo, los sindicatos no pasan precisamente por sus mejores momentos. UGT y CCOO perdieron más de medio millón de afiliados entre 2008 y 2015. Mientras, el Gobierno no ha dejado de recortar año tras año las subvenciones que reciben. También los ha expulsado de la gestión de los cursos de formación para el empleo. De forma que la falta de ingresos les ha abocado estos años a sufrir su propia crisis, que se ha saldado con una drástica reducción de su estructura e incluso despidos colectivos en las plantillas. Y no se han librado de la pérdida de credibilidad que han sufrido las instituciones y menguado los apoyos sociales con los que contaban. Éste será el segundo Primero de Mayo de Pepe Álvarez, elegido para suceder a Cándido Méndez hace un año, y el último para Ignacio Fernández Toxo, quien no se presentará a la reelección como secretario general en el congreso de junio. Un Primero de Mayo a caballo, también, entre la necesidad de renovarse y de sacar pecho en las mesas de negociación.

Los sindicatos midieron su fuerza de movilización este domingo en Madrid con motivo del Primero de Mayo, el Día de los Trabajadores desde que se implantó hace más de cien años. Y sus llamadas a acudir a la manifestación que se sucedieron durante toda la semana desde UGT y CCOO fueron fructíferas. Así, miles de personas recorrieron a mediodía algunas calles del centro de la capital para exigir, tal y como reza el manifiesto de convocatoria, "un cambio urgente de la política económica" que se centre "en la creación de empleo estable y con derechos" y pedir un incremento de "la inversión pública" y la puesta en marcha de un cambio "en el modelo productivo".

Los líderes de UGT y CCOO plantearon la movilización de los trabajadores como un "punto de inflexión" para las reivindicaciones sociales y han llamado a la participación en las elecciones generales del 26 de junio para conseguir el "cambio con retraso". Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han llamado a "llenar las urnas" con votos de trabajadores en las próximas elecciones para conseguir un cambio de Gobierno, que debe venir de la "obligación" de las fuerzas de izquierdas para alcanzar un pacto.

La marcha, convocada por los dos sindicatos mayoritarios bajo el lema Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos, arrancó a las 12.00 horas de la plaza de Cibeles. La afluencia de participantes hizo imposible dar el pistoletazo de salida desde el lugar previsto: Neptuno. Así, minutos después del mediodía, la cabecera de la manifestación, en la que se encontraban los secretarios generales de UGT y CCOO a nivel nacional, José María Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, comenzó a avanzar a través de la calle Alcalá en dirección a la Puerta del Sol, el emplazamiento elegido para el mitin de cierre.

Es la primera vez que Álvarez acude a los actos del Primero de Mayo como máximo dirigente del sindicato, después de que el pasado mes de marzo sustituyera a Cándido Méndez en el puesto con el apoyo del 51,1% de los emitidos en el 42º Congreso Confederal de la organización sindical. Y se notaba. El nuevo líder de la Unión General de Trabajadores hizo el trayecto sonriente y conversando en todo momento con sus compañeros de lucha. Sin embargo, la salida de Méndez no impidió que el exsecretario general asistiese a la marcha en la capital a título personal.

Durante la escasa hora que duró el recorrido entre Cibeles y Sol, los manifestantes no dejaron de alzar sus carteles al ritmo de batucada. "No al TTIP", "Nadie es ilegal", "PSOE+C's es un PP parcheado" o "Día de la madre sin trabajo", entre otros, avanzaban entre diferentes consignas, pronunciadas a viva voz o con pequeños megáfonos: "¡Arriba todos a luchar. Que se metan por el culo la reforma laboral!", "¡Aquí hace falta ya una huelga general!" o "¡Hemos decidido, hemos acordado, que obrero despedido patrón colgado!", fueron algunas de ellas. Un escenario que terminaban de decorar decenas de banderas rojas y moradas con las siglas de CCOO y UGT.

Además, por detrás de la loneta de apertura, se desplegaron pancartas pidiendo "la derogación de las reformas laborales"o la "defensa del empleo", entre otras, y cargando contra "la estafa hipotecada". Ambiente que completaron diferentes colectivos en lucha: los despedidos de Coca-Cola, Bimbo, Nokia o Telemadrid. También hubo alguna mención al ERE en Unidad Editorial: "Unidad Editorial abortó mi plan de ser madre", rezaba uno de los carteles.

La obligación de la izquierda de cara al 26-J

A la marcha acudieron dirigentes políticos por parte del PSOE –Pedro Sánchez, Ángel Gabilondo o la secretaria de Empleo, Luz Rodríguez–, IU –Cayo Lara o Alberto Garzón–, Podemos y Ciudadanos. Algo que agradecieron los sindicatos. Refiriéndose a ellos, el secretario general de CCOO les dijo que "hay alternativas" y que lo peor "no es repetir las elecciones, sino que se repita una forma de Gobierno como el que ha gestionado este país durante los últimos cuatro años". Así, en un discurso en clave electoral centrado en el 26-J, en el que también se pusieron de relieve los problemas laborales que afronta España, Fernández Toxo recordó "especialmente a las fuerzas de izquierda" que hay "mucha expectativa y que había mucha ilusión". 

"No se puede seguir defraudando el ansia de cambio de la inmensa mayoría de la ciudadanía en este país", prosiguió el máximo dirigente de Comisiones Obreras, que continuó su alocución asegurando que es obligación de estas formaciones políticas "convertir" el voto de los españoles "en una opción de gobierno" y "de cambio" para el "progreso". "No tiene sentido el crecimiento económico si no va acompañado del reparto de la riqueza", afirmó Fernández Toxo, que reiteró: "La izquierda tiene la obligación de ponerse de acuerdo para alcanzar un acuerdo por un cambio".

Álvarez, por su parte, alertó en este sentido de que "hay quien quiere que la convocatoria de nuevas elecciones se convierta en una nueva frustración, de manera interesada, y que los trabajadores no participemos en las elecciones". Por ello, el secretario general de UGT ha hecho un llamamiento a la participacón el próximo mes de junio: "Llenar las urnas de votos para conseguir cambiar las cosas", pidió entre aplausos de los asistentes. Finalmente, y tras los discursos de los líderes sindicales madrileños, Jaime Cedrún y Carmelo Ruiz-De la Hermosa, y con La Internacional de fondo, la manifestación, una más de las casi 80 celebradas en todo el país, ha quedado desconvocada.

Dos miembros de la anterior comisión ejecutiva federal de UGT, Antonio Retamino y Manuel Bonmati, llevan años viviendo en sendos pisos que el sindicato ha puesto a su disposición. El primero era el tesorero de UGT desde 1998 y el segundo,  responsable de Política Internacional. Retamino y Bonmati ingresaron en la ejecutiva del sindicato en 1994, cuando Cándido Méndez se hizo cargo de la secretaría general. Retamino acaba de dejarla, tras vencer Josep María Álvarez el pasado sábado en el 42º congreso de UGT. Bonmati lo hizo en 2013, tras jubilarse, pero continuó al frente de Política

Internacional hasta ahora.

Según explica un portavoz del sindicato, se trata de una “política habitual” del sindicato con los cargos que deben desplazarse hasta Madrid desde otras comunidades autónomas. No sólo con los de la ejecutiva confederal, también la siguen las distintas federaciones con sus propios dirigentes. Primero se les paga un hotel hasta que encuentran un piso, cuyo alquiler también se les abona. Así se ha hecho hasta ahora con Frederic Monell, por ejemplo, secretario de Política Institucional, quien entró en la ejecutiva en 2009 procedente de la UGT catalana.

Pero, para ahorrarse los alquileres, el sindicato prefiere “poner a disposición” de los miembros de la ejecutiva desplazados algunos de los pisos que posee, añade el portavoz. “No son mansiones”, precisa. Las de Bonmati y Retamino se encuentran en el barrio madrileño de Ventas. Los dirigentes sindicales pagan los gastos de comunidad, luz y agua, apunta el sindicato. Y al dejar sus cargos, también abandonarán los pisos.

Tanto Bonmati como Retamino proceden de Sevilla, de la UGT andaluza. Al primero, el sindicato le pagó un alquiler hasta que se le facilitó el piso. Según la misma fuente, el tesorero confederal estuvo “un tiempo” residiendo en la Escuela Julián BesteiroEscuela Julián Besteiro, una instalación situada también cerca de Ventas, en el barrio de la Guindalera, donde UGT imparte cursos de formación para trabajadores y celebra eventos y jornadas.

El caso es que ni Bonmati ni Retamino ni sus familias cambiaron de residencia durante estos 22 años de trabajo en Madrid. “Es una opción vital”, justifica el portavoz sindical. A diferencia de Cándido Méndez, que sí cambió Andalucía por Madrid, junto con su familia, debido a su cargo. “Además”, continúa, “ser miembro de la ejecutiva es algo coyuntural, no sabes qué va a pasar dentro de cuatro años”.

El sindicato compara este caso con la política que sigue “cualquier otra organización, institución o empresa” con sus trabajadores desplazados: o les ayudan a pagar el alquiler o ponen a su disposición un piso.

Nueva ejecutiva, 10 miembros desplazados

De los 13 miembros de la nueva ejecutiva, sólo tres residen en Madrid. El resto procede de Barcelona, La Rioja, Cáceres, Valencia, Sevilla y Córdoba. Y el sindicato continuará con la misma política, indica el portavoz, aunque aún no hay ninguna decisión tomada. “No es razonable que realizar una labor sindical les cueste dinero a los miembros de la ejecutiva”, añade. Si son liberados, los altos cargos sindicales cobran el sueldo que les pagan sus respectivas empresas. Si son asalariados del sindicato, reciben el sueldo marcado en el convenio colectivo. En ambos casos, la organización paga dietas y gastos de representación.

El salario base de un trabajador de UGT con la máxima categoría –técnico superior A+– es de 2.017 euros al mes, de acuerdo con el convenio para este año. Aunque son las propias comisiones ejecutivas de cada federación las que aprueban las retribuciones de sus miembros. En 2009 Cándido Méndez hizo público su sueldo, en un programa de TVE: 2.574 euros al mes netos. El nuevo secretario general, Josep María Álvarez, ha prometido hacer públicos los sueldos de la ejecutiva, como parte de su “compromiso” por hacer de UGT una “organización transparente que explique en qué utiliza los recursos públicos”.

Josep María Álvarez se ha alzado con el liderazgo en UGT por sólo 17 votos tras una votación que se prolongó hasta las cinco de la mañana y puso punto final a un congreso que se tensó a última hora por culpa del derecho a decidir de los catalanes. Finalmente, sin embargo, el debate en torno a Cataluña ni enturbió la salida de Cándido Méndez  –la amenaza de reprobar su informe de gestión no se materializó– ni ha impedido al hasta ahora secretario general de la UGT catalana ponerse al frente del sindicato.

Álvarez repite ahora en UGT el camino que ya recorrió otro catalán, Juan Rosell, desde la patronal Fomento del Treball hasta la presidencia de la CEOE. Si a Josep María Álvarez se le ha reprochado su apoyo al derecho a decidir de Cataluña, a Rosell se le acusaba de excesiva “tibieza” en la polémica sobre una posible secesión. Pese a los recelos, el empresario catalán va ya por su segundo mandato al frente de la patronal española, tras vencer en diciembre de 2014 al presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.

Álvarez ni siquiera mencionó el asunto catalán en su primer discurso como secretario general de UGT. Pero, nada más conocerse su victoria, de madrugada, se congratuló de que el sindicato se haya convertido en “la primera organización estatal donde la catalanofobia no funciona”. “El sindicato ha dado un paso muy positivo para que este país se entienda”, declaró a los medios de comunicación, “y aprovecharé mi cargo para que España y Cataluña tiendan puentes”.

En el cierre del 42º Congreso, mientras Cándido Méndez se despedía entre fotos con los delegados, Josep María Álvarez recibía las felicitaciones de unos y Miguel Ángel Cilleros, el candidato derrotado, los abrazos de otros, los dirigentes consultados por este periódico coincidían en que la polémica por el derecho a decidir “no tiene recorrido” en el sindicato. “No está en la agenda ni en el debate”, aseguran. “Es un tema político, no sindical”. Un responsable de la ejecutiva saliente cree que la controversia precongrensual incluso puede servir de “vacuna”: “Ahora se podrá debatir sin acaloramiento”. Para subrayar el carácter plural del sindicato, el dirigente de una confederación que ha apoyado a Álvarez recuerda que en la UGT catalana militan tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como Neus Munté, miembro de Junts Pel Sí, actual consellera de Presidencia de la Generalitat y vicepresidenta con Artur Mas.

El propio Méndez quiso restañar la herida que él mismo había abierto para recalcar su convencimiento de que Álvarez “hará lo correcto y defenderá el valor de la igualdad, la solidaridad y la cohesión social”.

No hay fractura

También han sido unánimes, tras la dura batalla voto a voto, las apelaciones a la unidad. No hay fractura, repiten los sindicalistas. Las caras de decepción y el enojo por la derrota de algunos no durarán más que unos días, subrayan. Ahora toca cambio. Al menos eso es lo que vende el equipo ganador y por lo que han votado quienes le apoyaron. “Cándido prometía renovación, pero cómo podía ser tal si las caras eran las mismas que los últimos 22 años”Cándido prometía renovación, explicaba un dirigente. “Vamos a transformar este sindicato”, prometió Álvarez en su discurso al congreso, “pero partiendo de lo que tenemos: no hay ruptura, sino continuidad”, atemperó enseguida.

El flamante secretario general anuncia mayor participación de los afiliados en la toma de decisiones, además de comprometerse a someter a referéndum “cualquier acuerdo confederal importante” y a explicar en los centros de trabajo qué negocia el sindicato y en qué condiciones. UGT será “una organización transparente” también a la hora de dar explicaciones a la sociedad sobre el uso que hace de los recursos públicos, apuntó Álvarez. “Cuántas personas contratamos, cuántos locales, cuánto nos cuestan y a quiénes los pagamos”.

El reto de las tres federaciones

Así pretende el secretario general dejar atrás el caso de los ERE y de los cursos de formación que han ensombrecido la imagen de UGT. “Nos sentimos maltratados”, destacó en su discurso Josep María Álvarez, quien culpó del daño a una “campaña” para “criminalizar el sindicalismo” no sólo en España sino también en el resto de Europa: “El capital, los poderosos, saben que para arrebatarnos los derechos primero tienen que acabar con el instrumento que los ha conseguido: los sindicatos”. No obstante, confesó “con humildad ante la sociedad” que UGT no estaba “preparada para convivir” con los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada.

Como medicina preventiva, Álvarez ofrece un plan de viabilidad que “reduzca la cabeza” de la organización y libere recursos para dar servicios a los afiliados. Por delante, el nuevo secretario general tiene la reducción de seis a tres de las federaciones, un proceso ya aprobado pero de ejecución complicada. “No son fusiones”, advirtió en su discurso, ni una “centralización”. Los dirigentes consultados destacan lo delicado que será modificar equilibrios de poder asentados durante décadas.

“Tiene otro perfil distinto a Méndez, y se ha visto en su discurso”, sostiene un delegado sobre el nuevo líder, pese a que Álvarez lleva más años al frente de la UGT catalana que el secretario general saliente al frente del sindicato nacional. El catalán pidió un plan estratégico para la industria, que contrapuso a la “economía del viento”, la que se beneficia de factores externos y coyunturales como la caída del precio del crudo, el cambio favorable entre el dólar y el euro o los bajos tipos de interés. Él, que viene de la Federación del Metal, habló de los trabajadores de las cadenas de montaje; de Seat, que tiene su principal factoría en Martorell, y de Bacardi, que cierra la suya en Mollet, ambas en Barcelona. E introdujo en el campo de actuación del sindicato a “los trabajadores precarios, los jóvenes que emigran y los que no llegan a fin de mes o ganan menos de 1.000 euros”. A ésos cuyo abandono muchos han reprochado a los sindicatos y que ahora Álvarez pretende recuperar.

En el discurso que inauguró el congreso, el propio Méndez reconoció que UGT ha perdido un 3% de delegados sindicales en las últimas elecciones. En su día también cifró en 3.000 diarios la hemorragia de afiliados, por culpa de la destrucción de empleo y de la crisis de crédito que sufren los sindicatos.

Una mujer será la 'número dos' de UGT

Álvarez ha prometido “muchos cambios” en una UGT que todos ven “superunida”, en palabras del candidato perdedor, Miguel Ángel Cilleros. Para empezar, la número dos será por primera vez en su historia una mujer, Cristina Antoñanzas, hasta ahora secretaria general del sindicato en La Rioja, de 40 años, que ocupará un nuevo cargo, vicesecretaria general. Más ajustados al perfil tradicional parecen el nuevo secretario de Organización, Rafael Espartero, procedente de la poderosa Federación de Servicios Públicos, uno de los apoyos de Álvarez en el congreso, y el secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, responsable durante 24 años de la sección sindical de UGT en la factoría de Ford en Almussafes (Valencia).

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no asistió a la clausura del 42º Congreso de la UGT, pese a haber sido invitado, así que no pudo escuchar cómo Josep María Álvarez dejaba caer que los pactos de gobierno le importan “sólo relativamente”. Y cómo pedía a la “mayoría de izquierdas” conformada en el Congreso que “se deje de tonterías y se ponga a trabajar” para dar “respuesta a los problemas de los ciudadanos”. También arrancó aplausos de los delegados cuando reclamó la derogación de la reforma laboral, el asunto más caliente del programa electoral socialista, también el más incierto tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos.

El nuevo secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, elegido con el 51,1% de los votos en el 42º Congreso Confederal del sindicato, ha señalado que su victoria demuestra que "la catalanofobia no funciona".

En declaraciones a los medios, se refería a las críticas vertidas por su predecesor en el cargo, Cándido Méndez, sobre la defensa del derecho a decidir de Álvarez, unas críticas que ha interpretado como un intento de echar abajo su candidatura.

"Estoy orgulloso de que UGT sea la primera organización del Estado en la que la catalanofobia no funciona", ha dicho, para añadir que "es bueno para Cataluña y para España".

"Estoy seguro de que con menos catalanofobia es posible alcanzar más acuerdos y más entendimiento, que es lo que quieren los ciudadanos de Cataluña y de España", ha añadido.

Por otro lado, Álvarez ha señalado que es "un día importante para pedir a las Cortes que se pongan a trabajar" porque "los trabajadores necesitan que la mayoría de izquierdas se visualice en proposiciones y políticas". "Necesitamos respuestas hoy, no hoy; no podemos esperar", ha añadido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no acudirá a la clausura del 42º Congreso Confederal de UGT, según ha informado la formación política en un comunicado.

Finalmente, se ha mostrado "muy satisfecho" porque, a su juicio, el resultado del 42º Congreso Confederal "ha reflejado una mayoría que quería cambio y que el sindicato se levante y se ponga en pie" para que "finalmente pueda ser la voz de tantas personas que no la tienen, que pierden el trabajo y su casa y que no llegan a fin de mes".

Josep María Álvarez ha sido elegido como nuevo secretario general de UGT, tras recibir 306 votos a favor, lo que supone el respaldo del 51,1% de los emitidos en el 42º Congreso Confederal durante un maratoniano proceso de votación que se inició poco después de las 00.30 horas y que acabó alrededor de las 5.00 de la madrugada.

La Candidatura de Miguel Ángel Cilleros ha recibido 289 votos y se han registrado cuatro papeletas en blanco. Al término del recuento, Álvarez y Cilleros se han fundido en un abrazo entre aplausos y gritos de "UGT, UGT".

Álvarez sustituye a Cándido Méndez, que ha ostentado el cargo durante los últimos 22 años, en el marco de un 42º Congreso Confederal histórico, no sólo por el relevo de la cúpula, sino también porque está llamado a marcar el inicio de una renovación en profundidad del sindicato.

No obstante, esta nueva andadura arranca con una organización aparentemente más fragmentada, puesto que en su última reelección en 2013, Méndez obtuvo el 86,3% de los votos. En todo caso, desde ambas candidaturas se ha asegurado que una vez superada la votación, no existirá tal fragmentación.

Estas diferencias se han puesto de manifiesto en un proceso en el que las candidaturas han luchado cada uno de los votos de los delegados, que han sido depositados en urna de forma individual y secreta. El sindicato tenía disponible un sistema de votación telemática, pero se ha impuesto la urna para ganar transparencia en un proceso tan reñido.

Así, fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que se ha producido un intenso debate durante la sesión plenaria antes de la votación. En esta fase se han debatido enmiendas en las que no se habían logrado acuerdos previamente en las comisiones y que, en parte, se referían a la forma de llevar a cabo la reducción de seis a tres federaciones.

En esta letra pequeña de la reducción de estructuras estaban en juego posiciones particulares. Y es que fuentes del entorno de Álvarez ha acusado a Cilleros de tratar de atraer a sus filas a miembros de las federaciones de la enseñanza (FETE) y la química (Fitag) usando estas enmiendas como canje para recabar sus votos.

Este es el reflejo de la concurrencia de tres candidaturas de partida (Josep Maria Álvarez, Miguel Ángel Cilleros y Gustavo Santana), algo que no había ocurrido antes en el sindicato, aunque finalmente Santana no ha podido oficializar la suya por falta de avales.

La ejecutiva de Álvarez está formada por 13 personas --7 hombres, incluido Álvarez, y 6 mujeres--, con una renovación completa de caras respecto a la de Méndez, que además contaba con cuatro miembros menos.

Esta ejecutiva contará con la actual secretaria general de UGT-La Rioja, Cristina Antoñanzas Peñalva, como vicepresidenta general. Como secretario de Organización estará quien ostenta actualmente este cargo en UGT-FSP, Rafael Espartero García; y como secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social a la actual secretaria de Acción Sindical de FSP-UGT, María del Carmen Barrera Chamarro.

El secretario de Política Sindical será el actual secretario general de UGT-País Valenciano, Gonzalo Pino Bustos; la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente recaerá en Ana García de la Torre, que ocupa actualmente el cargo de responsable de Construcción y Salud Laboral en MCA-UGT; y el nuevo tesorero será Salvador Duarte Soto.

Para la secretaría de Formación, Álvarez ha pensado en el actual secretario de Formación de UGT-FSP, Sebastián Pacheco Cortés; y como secretario de Internacional, en Jesús Gallego García.

Por último, en la Comisión Ejecutiva de Álvarez habrá cuatro secretarios confederales: Amparo Burgueño Luengo, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT); Diego Martínez Isern, de UGT-Cataluña; Adela Carrió Ibáñez, actual secretaria de Formación de UGT-Cataluña; e Isabel Araque Ureña, secretaria general de Córdoba.

El nuevo secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez i Suárez, nació en la localidad asturiana de Belmonte el 20 de marzo de 1956.

Cursó estudios de Formación Profesional en Noreña (Asturias) y con 19 años se trasladó a Barcelona, donde comenzó a trabajar en la empresa de construcción de maquinaria pesada La Maquinista Terrestre y Marítima, que años más tarde fue comprada por la francesa Alstom. Con esa misma edad se afilia a la Unión General de Trabajadores (UGT) y empieza a interesarse por aprender la lengua catalana.

Sólo un año más tarde, en 1976, es elegido secretario de Acción Sindical de la sección sindical de La Maquinista y miembro del comité de empresa desde las primeras elecciones sindicales.

En 1980 Álvarez es nombrado secretario de Organización de la Federación del Metal de UGT-Cataluña y desde aquel año asume diferentes cargos en el sindicato. Ocho años más tarde vuelve a ser elegido secretario de Organización del Metal y miembro del Comité Confederal de UGT.

Tras hacerse cargo de la Comisión Gestora de UGT-Cataluña, en mayo de 1990 es elegido secretario general de UGT en esta comunidad, cargo en el que ha permanecido 26 años (su última reelección tuvo lugar en 2013).

Cándido Méndez se va de UGT con un respaldo del 97,5% a su gestión. El informe sobre los últimos cuatro años del sindicato, una etapa que él mismo describió este miércoles como “complicada”, se aprobó con 552 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones. Méndez sortea así las amenazas lanzadas por las federaciones del Metal y de Servicios Públicos, que la víspera quisieron mostrar su enojo con las declaraciones del aún secretario general sobre el derecho a decidir de Cataluñel derecho a decidir de Cataluña. Ambas organizaciones apoyan a uno de los candidatos a suceder a Méndez, el responsable de la UGT catalana, Josep María Álvarez.

La sucesión de Cándido Méndez, tras 22 años al frente del sindicato, sigue muy abierta, en cualquier caso. El ganador no se conocerá hasta el sábado. Álvarez dice contar con más del 50% de los 601 delegados al 42º Congreso, que se inauguró este miércoles. Las federaciones del Metal y de Servicios Públicos, de hecho, son las más potentes del sindicato. El dirigente catalán se enfrenta al responsable de la Federación de Servicios para la Movilidad, Miguel Ángel Cilleros, que pasa por ser el candidato oficialista, y al secretario general de la UGT Canaria, Gustavo Santana, que reclama un “cambio integral” y la celebración de primarias.

También recibieron el respaldo mayoritario la gestión del comité confederal (98,78%), de la comisión de garantías (97,89%) y de la comisión de control económico (98,93%).

Fuentes próximas a Cándido Méndez intentaban ayer desactivar el amago de rebelión de las dos federaciones citadas remarcando que lo que se iba a votar era la gestión de la comisión ejecutiva, no las declaraciones del secretario general sobre el derecho a decidir.

En su discurso tras abrir el Congreso, Méndez no dejó de mencionar la polémica, aunque se limitó a apuntar que el derecho a decidir debe ser de “todos juntos, del conjunto del pueblo trabajador español”. Y a hacer una encendida defensa de la “magnífica” Constitución con que cuenta España.

Por su parte, el dirigente de la UGT catalana ha dejado claro que defiende la caja única de las pensiones y el derecho a decidir, no el derecho de autodeterminación. “Históricamente en España el tema territorial no se ha resuelto, ahora deberíamos hacerlo con diálogo y mirándonos a la cara, reconociéndonos como somos”, explicó a infoLibre Álvarez, que es asturiano. “Si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”.

Un congreso que se adivinaba animado –tras 22 años de liderazgo indiscutido de Cándido Méndez–, pero pacífico, amenaza ahora con tornarse bronco. La disputa entre tres candidatos a la sucesión garantizaba un cierto dinamismo. Hasta ahora, la búsqueda de avales y la campaña para convencer a los delegados había discurrido por los cauces de rutina. Pero las declaraciones del aún secretario general del sindicato sobre el derecho a decidir de los catalanes, que defiende uno de los candidatos a sucederle, Josep María Álvarez, enojaron a los dirigentes de las dos principales federaciones de UGT, la de Servicios Públicos y la del Metal. Julio Lacuerda y Carlos Romero amenazaban con votar no al informe de gestión que presentó este miércoles Cándido Méndez.

Ambos fueron los primeros en dar un paso al frente en apoyo de Álvarez, secretario general de la UGT catalana desde 1990. O más bien de empujar a la pugna por el liderazgo a un Josep María Álvarez que no presentó formalmente su candidatura hasta casi la víspera del congreso. Fuentes próximas a Méndez aseguran que éste se siente “traicionado” por el dirigente catalán. El secretario general saliente dejó claro el perfil que consideraba idóneo para sucederle: de entre 45 y 55 años, con experiencia en la organización y procedente de un sector industrial. El dirigente catalán tiene 59 años y lleva al frente del sindicato en Cataluña más tiempo que Méndez como responsable nacional de UGT.

Con esos dos –grandes– soportes y los de otras organizaciones territoriales, Álvarez adquiriría un músculo considerable para ganar el 42º Congreso, que se abrió este miércoles y concluirá el sábado con la proclamación del nuevo secretario general. “Tengo el aval de más del 50% de los delegados”, ha reconocido nada más llegar.

Compiten con él Miguel Ángel Cilleros, responsable de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo, y Gustavo Santana, secretario general de la UGT canaria. El primero parte como el candidato oficialista, el segundo reclama un cambio integral que incluya primarias. Aunque pudieron ser más en la pugna. Una cuarta opción que llegó a estudiarse en su día fue la secretaria de Igualdad, Almudena Fontecha, pero finalmente no cuajó, según las fuentes del sindicato consultadas por este periódico.

En una elección más abierta de lo esperado, el soberanismo y Cataluña se ha situado en el centro de un debate hasta ahora dominado por las cuestiones internas de organización. “La reducción de seis a tres federaciones fuertemente sectorializadas es un cambio estratégico de primera magnitud”, ensalzó Cándido Méndez en su discurso ante los delegados. Un trabajo que el secretario general deja hecho a su sucesor. Y que deberá ir acompañado de un “vuelco” de UGT hacia el trabajador y el afiliado.

En esa estrategia todos los candidatos se muestran de acuerdo. También en que el nuevo Gobierno debe derogar la reforma laboral. De hecho, aseguran fuentes del sindicato, de las 4.500 enmiendas presentas al Congreso, sólo 29 siguen “vivas”, el resto han sido ya transaccionadas y consensuadas.

“Hizo alarde del derecho a decidir”

Y en esto apareció la cuestión catalana para desenfundar las espadas. “Cándido se ha visto obligado a contestar después de que Álvarez hiciera alarde del derecho a decidir y de que dijera que una Seguridad Social catalana era viable”, defienden otras fuentes próximas a Méndez, que también reprochan a Álvarez su cercanía a miembros de CiU y ERC. “Tanto UGT como CCOO”, recuerdan, “son herramientas para imprimir cohesión social en el país; no se puede jugar con esos temas”.

Por su parte, el dirigente de la UGT catalana ha dejado claro que defiende la caja única de las pensiones y el derecho a decidir, no el derecho de autodeterminación. “Históricamente en España el tema territorial no se ha resuelto, ahora deberíamos hacerlo con diálogo y mirándonos a la cara, reconociéndonos como somos”, explicó a infoLibre Álvarez, que es asturiano. “Si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”.

En su discurso tras abrir el Congreso, Méndez no dejó de mencionar la polémica, aunque se limitó a apuntar que el derecho a decidir debe ser de “todos juntos, del conjunto del pueblo trabajador español”. Y a hacer una encendida defensa de la “magnífica” Constitución con que cuenta España.

Para las fuentes consultadas, la amenaza de rechazar el informe de gestión no es más que “una pataleta” de los dirigentes que apoyan a Josep María Álvarez. “¿Qué se somete a examen, las declaraciones del secretario general o su gestión?”, se preguntan. En cualquier caso, la sangre no llegará al río. Nada más entrar en el Congreso, Álvarez anunció que sería “generoso” a la hora de votar el informe de Méndez, pese reconocer que sus declaraciones no han “sentado bien” a la UGT catalana. El debate sobre el informe de gestión comenzó en la tarde del miércoles, tras el discurso del secretario general, y continúa este jueves.

“Actitudes reprobables”

Ante los delegados, Cándido Méndez reconoció la pérdida de afiliación sufrida por el sindicato en los últimos años, de la que culpó tanto a la crisis, por la “brutal destrucción de empleo”, como a los “errores” cometidos por la UGT. “Ha habido actitudes reprobables [en el sindicato]”, admitió también Méndez, pero enseguida apuntó que no queda “ni un solo imputado en su cargo”. “O dimitió o fue expulsado fulminantemente, tuviera el carisma que tuviera”, resaltó en referencia a José Ángel Fernández Villa, líder histórico del sindicato en Asturias.

El dirigente ugetista advirtió también a sus compañeros de que el sindicato “no puede fallar en la gestión y control de los fondos públicos y las cuotas de sus afiliados”. Se refería al caso de los ERE en Andalucía –el expresidente de la Junta Manuel Chaves se encontraba entre los que le escuchaban desde las primeras filas– y al de las facturas falsas. Antes había mencionado la “etapa muy complicada” que cerraba su mandato y reivindicado la actividad sindical: “Es como el aire que respiramos: nadie lo nota salvo cuando le falta”. Los sindicatos, remarcó luego, son “insustituibles en la negociación colectiva y muy necesarios para los cambios que se están produciendo en España”.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha abogado este viernes por una "gran coalición de cambio" formada por los "partidos del cambio", entre los que incluye a Ciudadanos, y que sería "muy distinta a la que preconiza el PP".Ciudadanosla que preconiza el PP".

Así lo ha señalado Méndez durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha subrayado que "hay 15 millones de ciudadanos que han pedido cambio", lo que supone "más del doble que el partido más votado".

Méndez considera que esa "política de cambio" demandada por los ciudadanos debería interpretarse por los partidos que la abanderan, incluido Ciudadanos, al ser "un partido que está dentro del cambio", a pesar de que, como ha reconocido el líder sindical, en su orientación de políticas "unas me gustan menos, otras menos todavía y otras más".

En este sentido, Méndez ha señalado que ante la falta de un partido político con mayoría suficiente para gobernar "hay que aprender de una dinámica donde no es posible mantener las líneas rojas".

El líder sindical, que abandonará la Secretaría General de UGT la próxima semana tras 22 años al frente de la misma, ha explicado que tras la suscripción del pacto entre PSOE y Ciudadanos pensaba que había una situación de estar "cerca" de formar un Gobierno, si bien ahora ve más próxima la celebración de elecciones.más próxima la celebración de elecciones.

En cualquier caso, ha incidido en que "hace falta un cambio en España" y la gran coalición propuesta por el PP, que estaría formada por el partido de Mariano Rajoy, PSOE y Ciudadanos, "no lo asegura en ningún caso". "Me apuntaría a una gran coalición por el cambio muy distinta a la que se preconiza el PP", ha agregado.a la que se preconiza el PP",

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, creen que el aumento de las horas extraordinarias impagadas que se está registrando en España confirma la "degradación" del empleo que han provocado las reformas laborales, sobre todo la aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que conllevó la "desregulación casi absoluta" de la contratación a tiempo parcial.

En rueda de prensa tras reunirse este lunes con el presidente del Congreso, Patxi López, ambos dirigentes sindicales fueron preguntados por la información del periódico El País que apunta a que en 2015 se alcanzó el máximo de horas extra impagadas desde 2008, más de 3,5 millones según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Para Fernández Toxo, esta situación obedece "sin duda" a la "degradación" que el trabajo ha sufrido con la gestión de la crisis económica y al "efecto de las reformas laborales", que han dejado en manos de las empresas la capacidad "unilateral" de decidir sobre las condiciones laborales que deben aceptar los trabajadores.

Y es que con casi 5 millones de parados, contratos "precarios" y despido "libre", los ciudadanos se ven abocados a "aceptar condiciones que, de otra manera, no aceptarían", lo que ha "generalizado" el abuso de las horas extraordinarias impagadas, que antes se circunscribía sobre todo a ciertos segmentos, añadió Toxo según informa Europa Press.

Sobre todo en contratos a tiempo parcial

De hecho, el líder de CCOO subrayó que este tipo de prácticas son "bien conocidas", sobre todo en los contratos a tiempo parcial, en los que "se pacta una jornada que luego, al no haber control, se amplía a conveniencia del empresario", con los efectos que esto tiene tanto para las arcas de Hacienda y la Seguridad Social como para el reparto insolidario de los puestos de trabajo.

En la misma línea, Cándido Méndez explicó que esta situación "en apariencia paradójica" se explica tanto por la falta de responsabilidad de los empresarios, que "explotan" a los trabajadores y "defraudan" a las arcas públicas, aprovechando para ello "la última reforma laboral" del PP, que desreguló de forma "casi absoluta" el contrato a tiempo parcial.

De este modo, este tipo de contratos se convirtieron en una "invitación" al aumento de "este tipo de prácticas indeseables" en el mercado. "Todo esto pone de manifiesto hasta qué punto hay que derogar la reforma laboral y reponer los derechos expoliados por ésta y por la anterior reforma laboral (aprobada por el PSOE en 2010)", zanjó el líder de UGT.

Tres son los candidatos a suceder a Cándido Méndez al frente de UGT después de 22 años de liderazgo indiscutido que terminan con el lastre del descrédito por los casos de corrupción en Andalucía y la pérdida de influencia. Todos ellos venden regeneración, quieren recuperar al trabajador y al afiliado, buscan cómo gestionar un sindicato anémico de subvenciones y hambriento de cuotas.

Josep María Álvarez aún no ha presentado oficialmente su candidatura. Lo hará a finales de este mes, a punto del 42º Congreso Confederal que UGT celebrará entre el 9 y el 12 de marzo. Dice que está formando “un equipo de trabajo”, que el suyo es “un proyecto muy colectivo” que tendrá “más caras” además de la “persona con experiencia” que lo encabezará. A punto de cumplir 60 años, Álvarez es el mayor de los tres candidatos. Secretario general de la UGT catalana desde 1990  –más tiempo del que lleva Méndez dirigiendo la confederación–, prepara un grupo de personas que puedan “continuar más allá del tiempo de ejercicio del secretario general”. Y que incluya a mujeres “en el núcleo central de las responsabilidades ejecutivas” y a jóvenes “no sólo por ser jóvenes sino porque respondan a un perfil sindical”.

En el otro extremo, el más joven de los posibles sustitutos de Cándido Méndez es Gustavo Santana, secretario general de la UGT canaria. Tiene 40 años y se presenta como el candidato del “cambio integral”. “Tenemos que ser valientes y muy revolucionarios”, invita quien también fue elegido diputado del PSOE en el Congreso. Así que rechaza periodos de transición: “Necesitamos un cambio ya, no estamos para tiempos muertos”.

Lo mismo dice Miguel Ángel Cilleros, secretario general de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo, de 53 años. “No cabe un modelo de transición que genere incertidumbres, ya bastantes tenemos con el Gobierno”, zanja quien pasa por ser el candidato del aparato. Cuando Méndez describió a su sucesor ideal como alguien de entre 45 y 55 años, con experiencia en la organización y procedente de un sector industrial, las miradas se posaron en Cilleros. Él rechaza la etiqueta: “Ni me considero el favorito del aparato ni quiero serlo”.

La palabra renovación surge en el discurso de los tres, aunque con matices. Para el congreso de marzo Josep María Álvarez plantea “un punto y aparte”. “Hacen falta cambios en profundidad”, advierte, “con gente que nos ayude a salir de donde nos hemos metido y que genere nuevas perspectivas en un mundo que ya no es el de hace ocho años”. Por eso propone un cambio organizativo, la “sectorialización” del sindicato y un plan de ajuste económico “por arriba”, que “adelgace estructuras y genere recursos que lleguen a los extremos” de UGT. Las subvenciones públicas de las que han vivido los sindicatos no volverán. Los tres candidatos ponen las cuotas en el centro de la financiación, precisamente en momentos en que el número de afiliados flaquea –“Tenemos que sobrevivir con nuestros recursos”– . Aunque tampoco quieren renunciar a las compensaciones que reciben del Estado por representar a todos los trabajadores, no sólo a sus afiliados, en las instituciones y en la negociación colectiva.

Bajar de la cúpula y acercarse al afiliado

Esa austeridad ya ha obligado a UGT a reducir a tres –servicios públicos, servicios privados e industria– sus seis federaciones, un proceso que será largo y no exento de resistencias. Además, Álvarez quiere que los trabajadores “se organicen por sectores”, de forma que las grandes empresas y centros de trabajo “sirvan para proteger también a los trabajadores de las empresas más pequeñas”. Y permitan al sindicato acercarse a los más jóvenes, que “muchas veces trabajan en condiciones deplorables junto a otros asalariados con mejores condiciones tras años de alto nivel de sindicalización y reivindicaciones”.

Santana es el único que plantea aumentar la estructura creando tres nuevas secretarías generales: de Comunicación e Imagen, “para estar presente en todos los foros donde se hable de empleo y Estado del Bienestar”; de Juventud, para “dar peso político” a los jóvenes, y de Política Internacional, que desapareció en el anterior congreso.

Cilleros reitera el modelo sectorial “más próximo a la actividad de las empresas y el afiliado”. También más “participativo, adelgazando la estructura por arriba y desarrollándola por abajo”. “Los compañeros se quejan de que las decisiones se toman muy en la cúpula”, reconoce el responsable de la Federación de Servicios. Lo que no significa que apoye la necesidad de convocar primarias, la propuesta más innovadora de Gustavo Santana.

El canario plantea elegir al secretario general del sindicato mediante el voto directo de los afiliados. Y que se reduzca el número de avales necesarios para presentar una candidatura del actual 25% a entre el 5% y el 10%, pero no de delegados, sino de afiliados. Así, apunta, UGT avanzará “de la democracia representativa a la democracia participativa”.

Tampoco Josep María Álvarez ve con buenos ojos las primarias. “No es igual un partido que un sindicato”, explica, “nosotros no presentamos un candidato un día en todo el país, sino que las primarias las hacemos en los centros de trabajo”. A su juicio, las primarias “generan cierta devoción al líder que no sería saludable para un sindicato”.

Cómo salir del “fangal” de la corrupción

El sindicalista catalán reconoce que la sucesión no se lleva a cabo precisamente “en el mejor momento de la historia de UGT”. El fraude de los cursos de formación y el escándalo de los ERE en Andalucía, así como la implicación de miembros UGT y de CCOO en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid han dañado algo más que la credibilidad de los sindicatos. La intensidad de la crisis económica, con miles de despidos y cifras récord de paro, se ha sumado al declive de los sectores productivos, más sindicalizados, en favor de los servicios, más difíciles de movilizar con las armas sindicales tradicionales. Al tiempo, la reforma laboral ha reducido el poder de los comités y los sindicatos en la negociación colectiva y en la vida diaria de las empresas. Primero el 15-M y después Podemos han atraído a capas de la población que dan la espalda a unos sindicatos que sienten lejos y extraños. Jóvenes y parados quedaron fuera de su radar.

Ninguno de los tres candidatos hace sangre con las acusaciones al sindicato. “Hemos sido maltratados, se nos ha metido en un fangal de corrupción sin excesiva razón”, se queja Josep María Álvarez, quien no obstante admite que en las acusaciones “hay un fondo que el sindicato debe abordar, no sería justo decir que todo es inventado”. Miguel Ángel Cilleros comienza pidiendo autocrítica, para después matizar que en UGT “no se ha equivocado la organización, sino algunas personas de la organización; no puedo decir que UGT no es honrada, pero ha habido compañeros que no han acertado”. En todo caso, critica que muchos dirigentes no hayan “asumido sus responsabilidades y se hayan puesto de perfil, lo que ha repercutido en la organización y en Cándido Méndez”.

Contra la corrupción Gustavo Santana pide una “respuesta inmediata”. “Habría que sancionar o expulsar al implicado no en un plazo de 15 días sino en 48 horas”, propone. También que se dé a los afiliados sometidos a juicio el derecho a solicitar voluntariamente su suspensión de militancia. “Y no pasa nada porque los cargos orgánicos del sindicato publiquen sus salarios brutos”, destaca Santana, que además de trabajador social es empleado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tarajana, en Gran Canaria. Álvarez y Cilleros prometen transparencia total en las relaciones del sindicato con la Administración y mejores controles. Y confían en que el Código Ético aprobado en 2012, que incluye una comisión de seguimiento integrada por personas ajenas al sindicato, sea un mecanismo de vigilancia suficiente. “Tenemos que renovar el sindicato, tampoco podemos refundarlo”, templa Miguel Ángel Cilleros, mecánico de Renfe y secretario general de la Federación de Transportes desde 2002.

¿Confluencia de candidaturas?

Álvarez cuenta ya con los apoyos de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) –procede de La Maquinista, antecesora de Alsthom– y puede que de la Federación de Servicios Públicos (FSP), que representa a los funcionarios. También con los de las uniones territoriales de Aragón, Asturias y Comunidad Valenciana. Cilleros confía en que las federaciones no sean “monolíticas” y el debate interno suscitado por el 42º Congreso le ayude a convencer al mayor número de delegados. Santana, quien en principio parte con menos respaldos y que admite un problema de “visibilidad”, advierte de que no va abandonar ni a integrarse en otra candidatura.

Álvarez, en cambio, se ofrece a negociar con el resto de los candidatos “y no sólo con ellos”, y saludaría que hubiera una “voluntad de confluencia”. Tampoco elude la cuestión catalana. El sindicato en Cataluña se ha pronunciado a favor del derecho a decidir. “Históricamente en España el tema territorial no se ha resuelto, ahora deberíamos hacerlo con diálogo y mirándonos a la cara, reconociéndonos como somos”, explica Álvarez, que es asturiano, “si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”.

El programa político de los tres no es motivo de disensión. Hay que derogar las reformas laborales la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012, detalla Álvarez. “No nos podemos resignar a llamar empleo a lo que se está creando: 500 euros por media jornada”. “Ahora toca hablar más de sindicato y menos de otras cosas”, apunta Cilleros, “en este momento debemos tener un perfil menos político, que la principal preocupación sea el empleo”.

CCOO y UGT emprenden este martes una semana de movilizaciones ante los juzgados de Getafe (Madrid) en defensa de los Ocho de Airbus y del derecho de huelga. Tras cinco años de instrucción, comparecerán ante el juez los ocho sindicalistas acusados de coacciones y amenazas contra los derechos de los trabajadores, atentado contra la autoridad y lesiones por los altercados ocurridos durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Se enfrentan a una petición de cárcel conjunta de 66 años. Los ocho forman parte de los casi 300 representantes sindicales y trabajadores encausados en España en los últimos años por motivos similares. CCOO y UGT no tienen dudas sobre el origen de lo que consideran “una ofensiva contra el derecho de huelga y un ataque a derechos fundamentales como el de manifestación”, en palabras de Ignacio Fernández Toxo: “En paralelo a las políticas de austeridad, y a impulsos del Gobierno, se ha activado un artículo preconstitucional del Código Penal”, explica Cándido Méndez.

El apartado 3 del artículo 315 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta tres años a quienes coaccionen a otros para que comiencen o continúen una huelga. Para cada uno de los Ocho de Airbus, el fiscal pide ocho años y tres meses de cárcel al sumar al anterior los delitos de atentado y lesiones.

Hay que recordar que aquel día hubo una carga de la Policía Nacional e incluso uno de los agentes hizo siete disparos al aire. Pero no hubo ni una sola detención. Sólo después fueron denunciados por la Policía hasta 14 trabajadores, todos los que habían pasado por el botiquín de la empresa para les curaran las heridas sufridas en la carga de los antidisturbios. De los 14, sólo ocho fueron finalmente imputados, todos ellos candidatos en las elecciones sindicales. Curiosamente, la empresa, la multinacional europea Airbus, no presentó cargos ni tomó medidas disciplinarias contra sus trabajadores.

Pese a las voces que intermitentemente –cada vez que se convoca una huelga general, y entre 2010 y 2012 hubo tres– piden que se regule el derecho de huelga, la reforma laboral pasó de largo sobre el particularla reforma laboral pasó de largo sobre el particular. El Gobierno del PP tampoco llegó a poner negro sobre blanco una ley sobre servicios mínimos que el presidente Rajoy anunció con motivo de la huelga de la limpieza de 2013 en Madrid. En España el derecho de huelga es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 28 de la Constitución. No existe una ley que la regule, aunque sí abundante doctrina del Tribunal Constitucional, que ha fijado tanto el concepto como su aplicación enmendando y ampliando el decreto-ley de 1977 que lo regula.

“Sangrante” en plena recesión económica

Méndez cree que el Gobierno está aprovechando el “hueco” que le permite el Código Penal para presionar e “intimidar a los trabajadores” y que ésos renuncien a su “derecho de autodefensa”. Y le parece “particularmente sangrante” que ese movimiento se produzca en plena recesión económica. “Con cinco millones de parados, las movilizaciones son más de carácter defensivo, y la huelga, el último recurso al que se acude cuando la situación es insostenible, como ha ocurrido en Coca-Cola u otras empresas”, explica Fernández Toxo. Precisamente cuando más difícil resulta movilizar a los trabajadores –“cuando la prioridad es mantener el empleo”, destaca Méndez–, el Gobierno ha “aprovechado para poner barreras infranqueables a la movilización ciudadana”.

A lo largo de la crisis el número de huelgas, de trabajadores participantes y de horas perdidas no ha dejado de caerno ha dejado de caer. Sin embargo, Méndez y Fernández Toxo coinciden en que la “ofensiva” contra el derecho de huelga no es más que una “labor preventiva de los poderes públicos para salir de la crisis con un cuadro de libertades más reducido”. Las revoluciones, apunta el líder de UGT, “empiezan en la cola del pan”, cuando hay “expectativas de crecimiento”. Y si entonces los trabajadores ven que “la salida de la crisis no les alcanza”, habrá una respuesta que se intenta cercenar, concluye el dirigente de CCOO.

Fernández Toxo, además, destaca que la ofensiva no se limita a España, es internacional. “El año pasado”, precisa, “Reino Unido aprobó una ley muy dura contra los piquetes y desde 2012 hay una ofensiva empresarial también durísima en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no se reconozca su capacidad de intervención frente las vulneraciones del derecho de huelga”.

¿Indulto, amnistía, derogación?

Los Ocho de Airbus no quieren ni oír hablar de indulto. Porque sería reconocer un delito para ellos inexistente. Hablan de amnistía. Toxo y Méndez, en cambio, no descartan el perdón legal, “sobre todo si hay cambio de Gobierno”, añade el responsable de UGT. En realidad, dice, no hace falta siquiera esperar al nuevo Ejecutivo, porque en el Congreso hay “mayoría suficiente para derogar el artículo 315 del Código Penal rápidamente y evitar este rosario de juicios que dejan en tan mala posición a la democracia española”, urge Fernández Toxo. Cándido Méndez señala, además, que la derogación puede tener carácter retroactivo.

En cualquier caso, el responsable de CCOO ve algunos “indicios positivos”, como la absolución el pasado 27 de enero de dos miembros de su sindicato en Málaga que fueron imputados por un piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Por el contrario, otras dos representantes de CCOO fueron condenadas a tres años de cárcel por tirar pintura en una piscina durante una huelga sectorial en Pontevedra en 2010. Están a la espera de un indulto desde 2014.

Desequilibrio en el mercado de trabajo

La supresión de la huelga como derecho fundamental supone una “dinámica muy peligrosa” para los sindicatos, que han activado todas las alarmas, pero también para la sociedad española, advierte Méndez: “Erosiona a los sindicatos tanto como al funcionamiento del mismo sistema democrático”.

“Sin derecho de huelga”, aclara Toxo, “no hay equilibro en las relaciones laborales, que se pueden convertir en una auténtica selva”. A su juicio, con la huelga está ocurriendo lo mismo que ya se ha materializado con tantos otros aspectos del mundo del trabajo por culpa de la reforma laboral: “Se ha reforzado la capacidad de actuación unilateral del empresario a la hora de modificar las condiciones de los trabajadores o la inaplicación de los convenios colectivos, por ejemplo, y los poderes económicos no se han dado cuenta de las consecuencias económicas y sociales de ese desequilibrio”, concluye el líder de CCOO.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras celebrarán este martes en Madrid un acto público "en defensa del derecho a huelga", y cuya presentación correrá a cargo de la escritora Almudena Grandes, según han hecho saber ambas organizaciones a través de un comunicado.

El evento, que tendrá lugar en el auditorio Marcelino Camacho (calle Lope de Vega, 40) se celebra, a modo de protesta, unas semanas antes de que comience el juicio a ocho sindicalistas y trabajadores de Airbus para quienes el fiscal pide ocho años y tres meses de cárcel por su participación en la huelga general del año 2010.

Según han hecho saber ambos sindicatos, el acto contará con la intervención inicial de los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez  e Ignacio Fernández Toxo, a quien seguirá la citada Almudena Grandes, para posteriormente dar paso a José Alcázar, representante de los ocho trabajadores de Airbus que se enfrentarán a juicio entre el 9 y el 12 de febrero "acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y por el ejercicio del derecho a huelga".

Junto a estos, también tomarán la palabra expertos como la catedrática de derecho del trabajo Yolanda Valdeolivas, el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Joaquín Nieto y el dirigente de la Confederación Sindical Internacional Jeffrey Vogt. Tras este bloque de intervenciones será el poeta Luis García Montero quien suba a la tribuna para presentar el manifiesto de representantes de la cultura en apoyo del movimiento sindical.

Por último, serán Cándido Méndez, Fernández Toxo y Almudena Grandes, en una segunda intervención, junto al presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Rudy de Leeuw, quienes se encarguen de clausurar el evento de este martes en el barrio de Las Letras.

Los empresarios dan la bienvenida a un posible Gobierno de coalición en España. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, cree que no será “tan complejo” para los partidos llegar a un acuerdo. “Lo que han dicho las urnas es que se debe gobernar en coalición”, subrayó Rosell en una reunión informal con la prensa. Ni inestabilidad ni nerviosismo entre los empresarios o los inversores, repitió a preguntas de los periodistas. “Tenemos que cambiar el chip”chip, abundó porque lo normal en Europa son los gobiernos de coalición –“hay 22 de 28”, indicó–, y lo inusual, los monolíticos.

¿Mejor si ese acuerdo da a luz la Gran Coalición PP-PSOE? “Todo es posible”, respondió Rosell, dependiendo del programa que presenten los coligados. “Debe ser un programa de gobierno, no propuestas electorales y de partido como hasta ahora”, detalló el presidente de la patronal. A su juicio, no será difícil un pacto si los partidos “son flexibles y cooperativos”, además de “inteligentes” y renuncian a presentar un programa de “máximos” por otro de “mínimos” en los que todos estén de acuerdo: “Que la corrupción debe desaparecer, que debe aflorar la economía sumergida para aumentar los ingresos del sistema…”, enumeró. A España, dijo, le conviene ahora que haya “tranquilidad y reformas” para seguir creciendo por encima del 3% y se creen 2,5 millones de empleos en los próximos años.

Rosell también quitó hierro a la bajada de la Bolsa de este lunes. “Los mercados tienen reacciones muy rápidas ante fenómenos no conocidos como lo que ha ocurrido este domingo”, explicó, “pero los inversores sólo se pronunciarán “más adelante”. “La clave será el programa de gobierno, si paraliza y pone dificultades a todo, los inversores de lo pensarán de cara al futuro”, advirtió en cualquier caso.

Un cambio de timón

No creen que la tarea de los partidos sea tan sencilla, por el contrario, CCOO y UGT. Ambos sindicatos han destacado la complejidad de las negociaciones que se avecinan para formar gobierno tras los resultados electorales del domingo. Sí han coincidido con el presidente de la CEOE en señalar las bondades de un posible Ejecutivo de coalición o, en su caso, privado de la mayoría absoluta.

“La gobernabilidad adquiere ahora un carácter radicalmente distinto a la de la anterior legislatura, donde se impuso el ordeno y mando, con un gobierno vía real decreto-ley y con ausencia absoluta de diálogo”, aseguró el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Las formas de gobernar ya han cambiado, destacó; ahora falta por saber si también cambiarán “los contenidos”. Es ahí donde sindicatos y patronal divergen. Tanto Méndez como el secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, creen que debe producirse un “cambio de timón” en las políticas económicas –en palabras del primero– y un restablecimiento de los derechos confiscados y la reversión de la reforma laboral –ha dicho el segundo–.

“El electorado ha castigado las políticas de ajuste y recorte del PP”, resalta Lezcano, por lo que el próximo Gobierno debería hacer otra política económica que supere “los efectos de la gestión neoliberal” del anterior Ejecutivo.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, volvió a pedir este viernes al Gobierno que "tome la iniciativa" para solucionar la crítica situación de Abengoa.

Méndez, que habló este jueves del asunto con el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que tiene la "impresión" de que el Consejo de Ministros de este viernes abordará la crisis de Abengoa y"tomará probablemente alguna determinación".

"En un país como el nuestro, donde el sector industrial es débil, dejar que la empresa pudiera despedazarse y que los trozos más jugosos caigan en manos de fondos buitre sería una tragedia", opinó el dirigente sindical.

Méndez, en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, propuso que, en una primera fase, el Gobierno busque un socio industrial para la empresa sevillana mientras, en paralelo, dialoga con las entidades financieras para refinanciar la deuda de la compañía.

En caso de que estas negociaciones no fueran posibles, el líder de UGT piensa que el Ejecutivo debería intervenir en el asunto a través de una entidad nacionalizada como Bankia.

"No hablo de una nacionalización", precisó Méndez, que en cualquier caso instó al Gobierno a utilizar "todos los instrumentos en su mano" para evitar la quiebra de Abengoa.

En este punto, el dirigente sindical subrayó que, aunque la responsabilidad de lo ocurrido es de la empresa, también las administraciones públicas "tienen cierta responsabilidad" en la situación de Abengoa porque modificaron el marco de las ayudas a las renovables, un sector con el que la empresa estaba "fuertemente comprometida".

Méndez pidió además a la empresa sevillana que "clarifique" su situación financiera" e informe de ella a los trabajadores.

Toxo y la nacionalización

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó este viernes que "hoy por hoy" no cree que la solución a la crisis de Abengoa sea su nacionalización, aunque tampoco la descartó.

Toxo, en declaraciones a TVE, ha resaltado la importancia de "salvar" esta empresa por el impacto económico directo que tendría, el empleo directo e indirecto que genera y porque el negocio al que se dedica la compañía –energías renovables– es fundamental para el desarrollo económico futuro de España.

En este sentido, la ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó este viernes que el Gobierno desea que se pueda preservar la sostenibilidad de Abengoa y el empleo de sus miles de trabajadores y subrayó que el Ejecutivo "siempre está para apoyar a las empresas españolas", más aún en un sector "tan importante" para el país como el de la innovación.

El anuncio del PSOE de que, si llega a gobernar, sólo derogará algunos artículos de la última reforma laboralreforma laboral y remitirá a la negociación entre patronal y sindicatos los aspectos más polémicos, como el despido, ha dejado a CCOO y UGT del todo menos satisfechos. Es más, le exigen que ataque desde el primer momento el que consideran principal perjuicio de la reforma del PP y legisle para endurecer los requisitos del despido. El Gobierno de Rajoy lo ha descausalizado y facilitado, aseguran; el resultado han sido los cinco millones de despidos que ha sufrido España desde el comienzo de la crisis.

La portavoz de Empleo del PSOE, María Luz Rodríguez, se compromete a derogar “con carácter inmediato”, mediante un real decreto-ley, “en el segundo consejo de ministros” que celebre un hipotético Gobierno socialista, los “aspectos” de la reforma laboral que han precarizado el empleo y recortado los salarios. Es decir, suprimirá el contrato de apoyo a los emprendedores, polémico porque incluye un periodo de prueba de un año; reducirá a tres el catálogo actual de contratos –indefinido, temporal y de formación–  ; prohibirá el encadenamiento de contratos temporales más de un año, y anulará la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.

Pero nada dice el programa sobre el abaratamiento del despido que propició la reforma del PP. “Quien diga en este país, en la UE y en la globalización en la que estamos, que quiere subir la indemnización por despido a 45 días está mintiendo”, admitió el secretario general socialista, Pedro Sánchez, en una entrevista a eldiario.es.

El PSOE propone ahora a empresarios y sindicatos que se sienten a negociar para redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que debería estar listo en un año. Los agentes sociales, explica María Luz Rodríguez, serán quienes cambien, por ejemplo, la regulación del despido o la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación, que la reforma redujo a un año–. Precisamente dos de las cuestiones nucleares de la reforma de 2012.

“Ocurrencias” sin rigor

El paso del “derogaremos la reforma laboral” sin matices al actual enunciado, que excluye el despido de la acción legislativa directa, ha sido recibida con “preocupación y perplejidad” en CCOO. “[Los socialistas] Deberían ser más rigurosos y valientes y dejarse de ocurrencias”, les reprocha su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, quien ha tachado de “sugerencia retórica” la propuesta electoral del PSOE. A su juicio, la bajada de tono socialista “intenta justificar su negativa a derogar en la reforma laboral capítulos tan sensibles como el despido”. Para el número dos de CCOO, es “urgente” legislar la “protección real y efectiva” de los trabajadores ante el despido.

“Nunca fue tan fácil justificar un despido objetivo con 20 días de indemnización como ahora”, explica por su parte Manuel Lago, economista de CCOO. Basta con que sufra tres trimestres de caída de ingresos o con que prevea pérdidas en el futuro para que una empresa pueda ejecutar un despido colectivo, lo que antes se llamaban Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y precisaban de autorización administrativa. “El debate real no son los 20, 33 o 45 días de indemnización del despido”, apunta, “sino volver a una regulación rigurosa de las causas”.

Ahí coincide con María Luz Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Empleo con Valeriano Gómez al frente del Ministerio de Trabajo. “En España, el debate se acaba en cuanto llega al despido, ya no se debate nada más”, protesta cuando se le menciona la polémica que ha acompañado a la exclusión de las indemnizaciones del ataque frontal a la reforma. Dice que la “figura mediática” del despido ha dejado fuera del debate la jornada, las horas extraordinarias, la conciliación o los conflictos laborales.

El PSOE hizo dos reformas laborales

UGT no ha sido tan dura en su reacción. De hecho, Cándido Méndez calificó en su momento de “prudente” el planteamiento socialista. Pero su responsable de Acción Sindical, Toni Ferrer, reclama a un futuro Gobierno del PSOE que rectifique la desregulación del despido propiciada por la reforma laboral, en lugar de dejar la tarea en manos de sindicatos y empresarios. “Nunca podremos llegar a un pacto sobre el despido con la patronal”, advierte el número dos de UGT, “por lo que debería ser el Gobierno quien entrara, más allá de los días de indemnización, en las causas y los procedimientos”. Toni Ferrer cree que también deberían quedar abolidas desde el primer momento las cláusulas de descuelgue y la ultraactividad.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CGT, José Aranda, resume con el adjetivo “patético” la opinión que le merece el plan del PSOE. Aranda exige que se derogue la reforma laboral de 2012, sin tibiezas, para recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y la negociación colectiva, desaparecida, según dice, en estos últimos cuatro años.

A Toni Ferrer, en cualquier caso, le satisface la “secuencia temporal” planteada por los socialistas, siempre que “se recupere el equilibrio” perdido en la negociación con los empresarios, se apueste por el Diálogo Social y “que el PSOE se lo crea”. Porque el responsable de UGT recuerda que el Gobierno socialista hizo “dos reformas laborales impuestas, unilaterales, en 2010 y 2011, y ésa es una asignatura que tienen que superar”.

ERE en la administración pública, agencias de colocación

El caso es que, al menos en la intención mostrada en su programa, el PSOE no incluirá ni los descuelgues ni la ultraactividad entre los artículos derogables por decreto. Estos dos aspectos nucleares de la reforma de 2012 deberán pactarlos sindicatos y patronal en esa hipotética negociación. “Los empresarios también están deseando recuperar el consenso básico de nuestro modelo de relaciones laborales”, asegura María Luz Rodríguez. Para fortalecer la negociación colectiva, además, quiere que se ocupen de ella las secciones sindicales, en lugar de los comités de empresa, “a imagen de lo que ocurre en el resto de Europa”.

También quedarán fuera de la derogación exprés prometida por el PSOE los despidos colectivos en las administraciones públicas, que no sólo autorizó la reforma de 2012 sino que, además, son la única fórmula que ésta les permite para reducir sus gastos de personal en caso de insuficiencia presupuestaria.

Para las agencias privadas de colocación, que rechazan los sindicatos, la responsable socialista promete “normalizar su situación”. El primer decreto para regularlas fue, de hecho, iniciativa suya. Pero critica la gestión de sus sucesores en el ministerio, que “no han conseguido ponerlas en marcha en cuatro años”. Por el contrario, “han dinamitado el sector, porque cualquiera puede funcionar como agencia de colocación, y enfadado tanto a las grandes agencias como a las pequeñas”. Al tiempo, el programa socialista propone crear una Agencia Pública de Empleo que sustituya al actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se encargue de la intermediación laboral.

CC.OO. de Cataluña ha reiterado este lunes su "total compromiso" con el derecho a decidir de los catalanes y el respeto a todas las opciones políticas que se presentan a las elecciones del domingo.

El sindicato ha respondido así en un comunicado a las declaraciones de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que han manifestado este lunes su rechazo ante una posible independencia de Cataluña.

El sindicato catalán ha recordado que es una confederación con estatutos propios y con voz propia, y ha manifestado su "rechazo a las ingerencias que en forma de miedo y amenazas quieren condicionar el libre debate y decisión del pueblo de Cataluña".