En un momento en el que el uso del espacio público se ha convertido también en un terreno de disputa, resulta especialmente pertinente la mirada de M.ª Mercedes Pereira Rubio (La Guaira, Venezuela, 1996), investigadora predoctoral en la Universidad de Almería especializada en convivencia multicultural y cohesión social. Como ella misma señala, “cada decisión sobre cómo utilizar una plaza, una calle o una acera implica elegir qué actividades se favorecen o no, quién o quiénes pueden permanecer en esos espacios y quién acaba siendo desplazado de ellos”

Plazas y bares han funcionado históricamente como espacios de encuentro informal. ¿Qué papel juegan hoy como lugares de socialización en las ciudades? ¿Y en los pueblos?

Las plazas y los bares han sido históricamente los espacios por excelencia de socialización informal en nuestras ciudades y pueblos. Son lugares en los que se construyen relaciones de confianza, se generan sentimientos de pertenencia y se tejen redes comunitarias fundamentales para prevenir el aislamiento y la soledad. Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a transformaciones muy profundas que están afectando a esta función social. Por un lado, el espacio público se ha ido regulando y mercantilizando cada vez más. Muchas plazas han dejado de concebirse como lugares de ocio, encuentro y convivencia espontánea para convertirse en espacios más controlados, donde encontramos prohibiciones constantes y una reducción progresiva de las actividades cotidianas que tradicionalmente les daban vida como las prohibiciones de jugar con la pelota, de pasear el perro o peticiones de silencio. Cuando los niños tienen cada vez menos posibilidades de jugar en la calle o cuando algunos usos vecinales se perciben como problemas, estamos limitando una parte fundamental de la vida urbana: la cotidianeidad del habitar. A esta situación se suma el impacto de procesos como la gentrificación y la turistificación. Muchos barrios han perdido a vecinos y vecinas con más de treinta años de antigüedad y han visto desaparecer parte de su comercio tradicional y de sus espacios de encuentro. Cuando los vecinos que han construido la memoria colectiva de un lugar son desplazados, no solo se pierde la población, también desaparecen los vínculos afectivos, las relaciones de ayuda mutua y formas de convivencia y vecindad que tardaron décadas en consolidarse. Creo que también es importante diferenciar entre pueblos y ciudades. No necesariamente porque en los pueblos exista hoy una vida social más intensa, ya que, al fin y al cabo, el uso constante de los móviles y la realidad paralela en redes sociales han transformado las formas de relacionarnos en todos los territorios. Sin embargo, sí es cierto que muchos pueblos conservan una estructura urbana que puede favorecer un poco más el encuentro cotidiano y a la proximidad vecinal.

Se habla del bar como “tercer lugar” y de la plaza como espacio público por excelencia. Si estos espacios se transforman o pierden accesibilidad, ¿qué tipo de ciudad tendremos? 

Si estos lugares pierden su accesibilidad o desaparecen, pienso que avanzaremos hacia ciudades cada vez más fragmentadas social y espacialmente. Tendremos barrios donde las personas comparten espacio físico, pero apenas mantienen relaciones entre sí; ciudades donde el encuentro espontáneo será sustituido por experiencias planificadas y medidas por su capacidad de consumo. Pienso que esta es la dirección hacia la que nos empuja la lógica urbana neoliberal. Una ciudad orientada a la rentabilidad económica del suelo y del espacio público, donde los lugares de convivencia se transforman en espacios de consumo y donde el derecho a estar acaba subordinado a la capacidad de gasto o compra. El riesgo es construir ciudades de élites, accesible para unos pocos, mientras que las rentas más bajas son progresivamente desplazadas e invisibilizadas. Cuando esto ocurre aparecen los “barrios vacíos”, espacios que pueden estar físicamente llenos de edificios, turistas o actividad económica, pero carecen de vida comunitaria. Se debilitan las relaciones vecinales, desaparecen los comercios de proximidad, los restaurantes y bares tradicionales, se pierde la memoria colectiva y la ciudad deja de funcionar como un lugar de encuentro para convertirse en un escenario de tránsito para el consumo, en la acepción más amplia del término.

Cuando desaparecen estos espacios comunes o se vuelven excluyentes, ¿dónde se reconfiguran hoy las relaciones sociales? ¿Hay alternativas reales o se empobrece el tejido comunitario?

Cuando esto ocurre, pienso que las relaciones sociales no desaparecen, sino que se transforman: se privatizan, se digitalizan y, en cierta medida, se empobrecen. Por un lado, una parte importante de ellas se ha desplazado a los entornos digitales: las redes sociales como Instagram, Facebook, X o Tiktok; plataformas de streaming, comunidades virtuales en YouTube o espacios vinculados al metaverso. Aunque estas herramientas facilitan la comunicación y permiten mantener contacto y vínculos a distancia, difícilmente pueden sustituir la riqueza de los encuentros presenciales y de esas pequeñas acciones cotidianas que favorecen la construcción de vínculos sólidos y comunes hacia un mismo espacio compartido. Por otro lado, muchas interacciones sociales se han trasladado a espacios privados ligados al consumo como las grandes franquicias o los centros comerciales, como he mencionado. Para mí, el problema es que estos espacios funcionan bajo una lógica distinta a la del espacio público, puesto que el acceso, la permanencia e incluso la experiencia que ofrecen están condicionados en mayor o en menor medida por la capacidad de consumir. 

Cuando las relaciones sociales dejan de construirse en espacios abiertos, accesibles y diversos asistimos al empobrecimiento progresivo del tejido comunitario. Se debilitan las relaciones de proximidad, la “familiaridad pública”, es decir el reconocimiento mutuo cotidiano que se concreta en saludos puntuales “Hola/Buenos días o Adiós vecino/vecina”, que por más superfluo que pueda parecer, contribuyen a mantener y a generar sentimientos de pertenencia y confianza entre quienes comparten mismo espacio. 

Creo que las alternativas más reales pasan por mantenernos vinculados a nuestros barrios, desarrollar mayor conciencia espacial y reapropiarnos colectivamente de los lugares que habitamos. No me refiero únicamente a los espacios diseñados per se para ello, sino también a otros lugares que pueden convertirse en un punto de encuentro: cualquier acera, los portales, intersecciones, callejones sin salida, calles poco transitadas...

¿Hay nuevos “terceros lugares”? Al hilo de esto, ¿Internet o las redes sociales son ese nuevo tercer lugar? 

Sí, aunque me parece importante hacer una pequeña diferenciación conceptual. Cuando hablamos de "tercer lugar" aludimos al término que propuso el sociólogo urbano Ray Oldenburg. Para él, los terceros lugares son aquellos espacios, donde las personas se encuentran de manera informal y construyen vínculos sociales. Tradicionalmente, los bares, cafeterías, plazas, bibliotecas o centros comunitarios han desempeñado esa función. No obstante, desde la geografía encontramos una visión diferente en la obra de Edward Soja, quien desarrolla el concepto de Thirdspace o "tercer espacio". Soja no se refiere únicamente a un lugar físico de encuentro, sino al espacio vivido, aquel que combina lo material y lo simbólico, las experiencias cotidianas, las emociones, las identidades y las relaciones de poder que atraviesan un territorio. En este sentido, el tercer espacio va mucho más allá de un bar o una plaza, porque incluye la manera en que las personas experimentan y dotan de significado a los lugares.

Respecto a internet y las redes sociales, creo que pueden entenderse parcialmente como nuevos terceros lugares en el sentido planteado por Oldenburg. Son espacios donde las personas socializan, crean comunidades, comparten intereses y establecen relaciones que, en algunos casos, llegan a ser muy significativas. Sin embargo, también presentan características que los diferencian profundamente de los espacios presenciales. En las redes sociales las formas de interacción, de reconocimiento, de conflicto e incluso de ejercicio del poder funcionan de manera distinta a las relaciones cara a cara. El anonimato, la viralidad, la sobreexposición o el poder de los algoritmos condicionan la manera en que nos relacionamos. Por eso, más que considerarlas una sustitución de los terceros lugares tradicionales, yo me inclinaría por pensar que estamos ante una nueva categoría de espacios de socialización, una especie de "cuarto lugar" híbrido entre lo físico y lo digital. No obstante, pienso que las redes sociales pueden ampliar nuestras posibilidades de relación, pero difícilmente pueden reemplazar aquello que ocurre cuando compartimos una plaza, una calle o un bar. La ciudad sigue necesitando de espacios donde los cuerpos, y no solo las pantallas, puedan encontrarse.

¿Hasta qué punto procesos como la gentrificación o el turismo están homogeneizando estos espacios y cambiando quién los habita y cómo se usan? ¿Qué papel juega la aparición de ‘gastrotabernas’ o ‘gastrobares’ frente al bar tradicional?

Ya no es un secreto que la gentrificación y la turistificación están transformando profundamente los espacios de encuentro tradicionales. Como he mencionado anteriormente, muchos centros urbanos están experimentando lo que algunos expertos denominan barrios vacíos: espacios que mantienen una intensa actividad económica y una gran afluencia de visitantes, pero donde cada vez viven menos residentes permanentes. En estos procesos, el aumento del precio de la vivienda y de los alquileres comerciales provoca la desaparición progresiva de negocios históricos, comercios de proximidad y espacios de sociabilidad vinculados a la vida cotidiana del barrio. En su lugar aparecen establecimientos orientados a nuevos perfiles de consumidores, turistas o residentes con mayor capacidad adquisitiva. El resultado es una progresiva homogeneización del paisaje urbano: da igual que estemos en Málaga, Sevilla o Lisboa, porque comenzamos a encontrar las mismas franquicias, los mismos conceptos gastronómicos y una oferta cada vez más estandarizada. Hace unos meses escuché el pódcast "No es turismofobia, es urbanofilia" del periódico El País, y me pareció una expresión muy acertada. Creo que resume bien lo que está ocurriendo en muchas ciudades. No se trata de rechazar el turismo en sí, sino de defender el derecho de los vecinos a seguir habitando y construyendo comunidad en sus barrios

En esta línea, la aparición de estas nuevas experiencias gastronómicas puede interpretarse como un síntoma de transformación urbana. No creo que el problema sea la innovación gastronómica en sí, más bien es el hecho de que, en muchos casos, estos modelos sustituyen a establecimientos que cumplían una función social además de comercial. El bar tradicional no era únicamente un negocio; era un lugar de encuentro intergeneracional donde se construían relaciones vecinales, se intercambiaba información y se fortalecían los vínculos comunitarios. Cuando estos espacios tradicionales desaparecen, cambia tanto la oferta de restauración como quienes pueden acceder a ellos. Los precios suelen aumentar, el público se vuelve más homogéneo y la actividad cotidiana del barrio tiende a orientarse más hacia el visitante que hacia el residente. La ciudad deja de ser un espacio para vivir y convivir y se convierte en un producto para consumir. Y cuando esto ocurre, perdemos parte de la identidad colectiva, de la memoria del lugar y de las relaciones sociales que dan vida a nuestros barrios.

La expansión de terrazas y la ocupación del espacio público, ¿responde más a decisiones políticas, a presión económica o a una falta de modelo de ciudad? ¿Dónde debería estar el límite?

Pienso que es una mezcla. El espacio público nunca es neutral. Como decía Max Weber que “si nada es política, entonces todo es política”. Cada decisión sobre cómo utilizar una plaza, una calle o una acera implica elegir qué actividades se favorecen o no, quién o quiénes pueden permanecer en esos espacios y quién acaba siendo desplazado de ellos. Las terrazas forman parte de nuestra cultura urbana y pueden contribuir a dinamizar el espacio público y favorecer la vida en la calle, además obviamente de generar actividad económica. El problema aparece, para mí, cuando esta lógica económica se convierte en el único criterio para gestionar la ciudad y el espacio común se privatiza. Cuando caminar por una acera o por una plaza se vuelve misión imposible 2.0 debido a la expansión de las terrazas, estamos ante un conflicto de usos que debe ser abordado desde una perspectiva integral. El espacio público debe ser un lugar de encuentro accesible para todas las personas, con independencia de lo que consuman o no. Para mí, el límite debe estar en el bienestar colectivo, en la calidad urbana y en la garantía de derechos. Así como defendemos el derecho a una vivienda digna, debemos defender igualmente el derecho a habitar barrios dignos, a disfrutar del espacio público y a desarrollar nuestra vida cotidiana en condiciones de igualdad. Las ciudades no pueden diseñarse únicamente para quienes invierten o consumen en ellas, deben pensarse, ante todo, para quienes las habitamos.

¿Qué papel juegan factores como la precariedad, los horarios laborales o el precio del ocio en esta transformación de los espacios comunes?

Un papel fundamental, como he ido señalando. La precariedad laboral, la incertidumbre económica o la dificultad de llegar a una conciliación real reducen significativamente el tiempo disponible para invertir en la vida social. Las personas que trabajan jornadas de 8 y hasta 10 horas llegan a casas agotadas, después de una jornada de productividad... ¿Qué tiempo les queda para disfrutar del espacio público? Muy poco. 

Por otro lado, junto a esto, otro gran condicionante es el encarecimiento del ocio. Actividades que forman parte de nuestra cotidianeidad, como salir a tomar algo, ir al cine o tapear, suponen hoy un gasto considerable para muchas familias. Como consecuencia, la socialización comienza a estar cada vez más condicionada por la capacidad económica de cada persona. Desde mi punto de vista, este es uno de los grandes riesgos de las ciudades contemporáneas: que el encuentro social se convierta en un privilegio en lugar de ser una práctica cotidiana accesible para todos. Cuando el ocio se mercantiliza y el tiempo libre escasea, los espacios de convivencia pierden protagonismo y se debilitan los vínculos comunitarios. Por eso creo que la defensa del espacio público es también una cuestión de justicia social, ya que hablar de convivencia urbana requiere hablar de derecho al tiempo. De nada nos sirve tener espacios de encuentro si las personas no tienen tiempo, estabilidad y recursos para poder habitarlos. 

¿Se está perdiendo la mezcla social (de edades, clases o perfiles) que tradicionalmente se daba en plazas y bares? ¿Qué consecuencias tiene eso para la vida urbana?

Por supuesto. Se está produciendo una homogenización del territorio. Históricamente, las plazas, mercados de abastos o los bares han sido algunos de los pocos espacios donde personas de diferentes edades, clases sociales y trayectorias vitales podían coincidir de manera relativamente espontánea. Aunque la mezcla social no garantiza por si sola la convivencia multicultural, eran lugares donde la diversidad se experimentaba cotidianamente. Sin embargo, vemos que hay una tendencia a la fragmentación social de los espacios. Los procesos de gentrificación, el encarecimiento de la viviendas y la privatización de áreas urbana hacen que haya espacios orientados a públicos muy concretos. Barrios para clases sociales con rentas altas, zonas de ocio para determinados perfiles de edad, locales pensados para turistas específicamente… son espacios de exclusión. El resultado es la pérdida del encuentro entre personas diferentes, no solo entre transeúntes, sino entre residentes. Cuando dejamos de convivir con personas de distintas edades, orígenes, experiencias o posiciones socioeconómicas, se debilita nuestra capacidad de comprensión mutua. Y cuando lo diverso deja de formar parte de nuestra experiencia cotidiana, aumenta el riesgo de que prosperen prejuicios, estereotipos y discursos excluyentes, y, por tanto, un debilitamiento (cuando no pérdida) de la cohesión social. 

¿Es un fenómeno homogéneo o hay diferencias claras entre ciudades o países? ¿España mantiene rasgos propios en el uso del espacio público? 

Aunque se trata de una tendencia impulsada por la globalización, sus efectos no son homogéneos en todos los países. En el caso de España, creo que seguimos conservando algunos rasgos distintivos muy vinculados a la tradición mediterránea. Nuestra cultura urbana ha estado históricamente ligada a la calle, a la plaza y a un uso significativo del espacio público para socializar. A diferencia de otros contextos donde gran parte de la vida social transcurre en espacios privados, aquí todavía existe una fuerte tendencia a vivir la ciudad hacia afuera. Las condiciones climáticas que tenemos explicarían parte de esta realidad, ya que también influyen factores culturales relacionados con la importancia de las relaciones vecinales, familiares, la sociabilidad cotidiana y determinadas prácticas de convivencia que durante generaciones han tenido lugar en calles, plazas, mercados o bares. Sin embargo, sería un error pensar que estas características están garantizadas. Precisamente porque forman parte de nuestra identidad urbana, son también especialmente vulnerables a procesos de turistificación, gentrificación y mercantilización del espacio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aún no ha cerrado una polémica inmobiliaria cuando ya le ha surgido otra. A la crisis desatada por la compra del ático en Chamberí, cuyo destino aún está por aclarar, se suma ahora la información revelada por El País en la que se recoge que Ayuso ha decidido instalarse en una urbanización situada en Puerta de Hierro (Madrid) cuya mensualidad oscilaría entre los 2.500 y los 3.000 euros. Pero, ¿cómo de exclusiva es esta zona de la capital y en qué rango de precios se puede encontrar una vivienda?

Puerta de Hierro se sitúa en el noroeste de Madrid, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca, a unos 20 minutos del centro de la capital. Los portales inmobiliarios la describen como una zona “exclusiva” que permite a los residentes vivir “rodeados de naturaleza, gracias a sus muchas zonas verdes y parques, a solo minutos del corazón de la ciudad”. En cuanto a los precios del alquiler, el portal inmobiliario Idealista dibuja un rango amplio que va desde exclusivos chalets por 14.000 euros al mes, hasta pisos en urbanizaciones con piscina que van de los 2.000 a los 3.500 euros, hasta algunos estudios más asequibles, aunque de escasas dimensiones, que rondan los 1.300 euros al mes.

De acuerdo con la información publicada, el inmueble al que se habría mudado la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría entre 130 y 150 metros cuadrados dentro de una urbanización con piscina (algo habitual en esa zona) y garaje. Algunos inmuebles similares en ese perímetro están en torno a los 2.500 euros mensuales.

En cuanto a la tendencia de los precios en la zona de Puerta de Hierro, la inmobiliaria Engel & Völkers apunta que el alquiler medio de los pisos ronda los 16 euros por metro cuadrado, con un aumento del 7,17% con respecto al año pasado. Si lo comparamos con la media de Madrid, el precio en esta zona ha subido por encima de ese umbral. De hecho, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) estimó este mes de agosto que el incremento interanual de precios en la capital sería del 5%.

Con esta mudanza, Ayuso cambia un piso de 183 metros cuadrados en Chamberí, donde residía con su pareja Alberto González Amador, y donde también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior, por otro de dimensiones similares en una de las zonas más caras de Madrid. Aunque no ha trascendido si compartirá residencia con su pareja, el importe anual de un piso en esta zona rondaría los 30.000 euros anuales, un precio que podría llegar hasta 40.000 si nos colocamos en los rangos superiores de pisos anunciados. Este importe, si fuera ella sola la que hiciera frente al pago, superaría el 30% de sus ingresos, el límite recomendado por encima del cual la vivienda supone un sobreesfuerzo económico. El sueldo actual de la presidenta es de 103.090,32 euros brutos al año, unos 7.360 euros brutos mensuales. No obstante, tampoco ha trascendido quién hará frente al pago del alquiler. 

El traslado a Puerta de Hierro coincide con el proceso de venta del ático en el que Ayuso residía hasta ahora en Chamberí. El piso se ha puesto a la venta junto con otro inmueble propiedad de su pareja, situado en la misma dirección, por 3,4 millones de euros. Esta operación se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros otro ático, también en Chamberí, que se encuentra justo enfrente a un piso que posee Ayuso en régimen de nuda propiedad gracias a una donación que le hicieron sus padres en 2011. Este último ático adquirido por el Ejecutivo madrileño no sería, según la información oficial difundida por Sol, para disfrute personal de Ayuso, sino, en teoría, para utilizarlo como oficina.

En un primer momento, el Gobierno de Ayuso dijo que este inmueble en Chamberí sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Aunque la normativa municipal impedía utilizar áticos como oficinas, lo que despertó sospechas sobre la operación y una polémica inmobiliaria más en la cuenta de la presidenta. Todo ello llevó a que este ático terminase de nuevo a la venta por un importe de 6,69 millones.

Este mismo lunes, la presidenta madrileña volvió a ser interpelada sobre la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, aunque no ha dado explicaciones detalladas. Señaló que estaba "todo dicho" y que "la oposición vuelve a estrellarse en un nuevo intento" de "azuzar" y "enredar". Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había transmitido en una entrevista con Europa Press que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" que, "al parecer", no se podía destinar a oficina. Cuando se le ha preguntado a la presidenta madrileña por la respuesta del líder de su partido ha zanjado la conversación con una expresión que ha llamado mucho la atención: “Está en venta. Chao, pescao”. 

La mudanza de Ayuso se produce mientras se dirimen estas cuestiones políticas y las cinco denuncias —tres de particulares y una del PSOE, más una quinta interpuesta directamente por el partido Iustitia Europa— que se han presentado por la compra del polémico ático que hizo la Comunidad de Madrid.

Natalia Sáez (27 años) vive en Santander, es dependienta en una cadena de perfumería y su sueldo ronda los 1.400 euros. Vive desde hace tiempo fuera de su hogar familiar, pero siempre ha compartido piso y aún lo sigue haciendo. "Vivir sola sería inviable. Cuando cambié de piso la última vez, me planteé buscar un estudio para mí sola, pero nada bajaba de 700 euros y no me lo podía permitir ni aun yéndome a las afueras", relata. Esa renta, sin contar los gastos, se llevaría la mitad de su sueldo. Cuenta que, como ocurre con muchos de sus amigos, sus padres le echan una mano de vez en cuando con los gastos, algo cada vez más habitual en España. "Mis padres nunca me han pagado el alquiler propiamente, pero me ayudan con los gastos, por ejemplo con la compra del mes, que se nota muchísimo", concluye.

La proporción de jóvenes de entre 18 y 34 años que viven de forma independiente sin apoyo económico de su familia ha bajado del 41% al 31% en 2025, según el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, realizado por Comisiones Obreras. Y lo preocupante es que la tendencia no hace más que empeorar. Natalia, Lidia, Yasmín y Sergio, cuatro jóvenes entre los 22 y los 27 años, cuentan a infoLibre hasta qué punto se ven reflejados en este dato y qué expectativas tienen en torno a la vivienda y el futuro.

El informe de Comisiones Obreras pone cifras a esta tendencia: “Mientras la tasa europea de jóvenes entre 18 y 34 años emancipados y sin necesidad de apoyo económico se mantiene estable (en torno al 50%), España experimenta una caída tendencial de su tasa de emancipación que se traduce en una brecha creciente con Europa”, advierte el análisis.

Lo mismo que le ocurre a Sáez en Santander, le sucede a Lidia Cascón (27 años) en Salamanca. Trabaja como dependienta en una tienda y su salario, de entre 800 y 1.000 euros "dependiendo del mes", no le permite independizarse del todo. Vive sola y paga 500 euros de alquiler, pero sus padres la ayudan con los gastos: luz, agua, teléfono... "Mi alquiler no es muy caro porque he tenido la suerte de que no me lo han subido en varios años, pero si tuviese que vivir en otro sitio sin ayuda, no podría sostenerme. No es solo el alquiler, sino la comida, los gastos y todo lo demás", relata. La renta que paga por el piso no deja margen para mucho más y comprar es una quimera: "Ni yo ni la mayoría de personas de mi edad que conozco se pueden plantear comprar una casa porque ni tienen el dinero, ni la posibilidad de que el banco se lo dé", concluye.

En una frase resume el círculo que tiene atrapados a muchos jóvenes en España: "No tengo una nómina que me permita vivir bien o ahorrar y tampoco puedo parar de trabajar para formarme porque no podría hacer frente al alquiler". Esto ha provocado que, para buena parte de la población, el momento de comprar una vivienda llegue una vez rebasados los 40 años. De hecho, solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%.

Sergio Maqueda (25 años) gana un poco más como empleado en una empresa de transportes: 1.800 euros al mes. Él ha decidido vivir con sus padres para tratar de saltarse el alquiler y ahorrar para comprar una casa, pero tampoco se muestra optimista. "Tal y como está el tema de la vivienda ahora mismo, me es imposible adquirir una porque no dispongo del capital para dar una entrada", relata. Cuenta que se ve unos cuantos años más viviendo con sus padres para poder asegurarse una casa, aunque sea a largo plazo.

Las previsiones de Maqueda pueden sonar pesimistas, pero los datos tampoco son muy esperanzadores. Según un informe de Infojobs basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 en el conjunto de España, deja un exiguo colchón para planificar el futuro. Además, en general, la media salarial de los jóvenes se queda muy por debajo de lo que cobra Maqueda: en concreto, el Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano —es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo— es de 1.191 euros mensuales.

Basta señalar que el precio de los alquileres se sitúa de media en España en 15,3 euros por metro cuadrado. Es decir, que un piso de 60 metros cuadrados costaría unos 918 euros al mes, lo que supondría el 77% del sueldo mediano de los jóvenes. Si hablamos de grandes zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, las cuentas son aún más difíciles de cuadrar.

Yasmín García (22 años) también vive en Salamanca y su sueldo, ligeramente superior a esta mediana, ronda los 1.400 euros. "Puedo llegar a los 1.500 si trabajo sábados o festivos", comenta. Trabaja en una fábrica de productos de pastelería donde "las condiciones no son malas", pero no ve claro el camino para proyectar un futuro por sí sola. "Independizarse está jodido porque da la sensación de que te vas a tirar toda la vida para poder tener una vivienda", cuenta. Por el momento, ella aún vive con sus padres, pero lamenta que, si "ya hay gente pagando mil euros por una habitación", no parece que las cosas vayan camino de arreglarse.

Si algo dejan claro estos testimonios es que entre la juventud no reina el optimismo. Los jóvenes tienen que echar mano de las familias cada vez con más frecuencia y hasta edades más tardías, a pesar de que, sobre el papel, los datos de empleo han mejorado. Por un lado, la tasa de paro juvenil ha descendido desde el 40% en 2013 hasta el 16% actual, por otro, la temporalidad ha descendido desde el 56% en 2018, hasta el 32% en 2026. Sin embargo, los salarios de los jóvenes siguen avanzando a golpe de subidas de SMI y los alquileres avanzan a precios desbocados. El Consejo de la Juventud estima que los menores de 30 años que se deciden a emanciparse destinan al alquiler el 98,7% de sus ingresos.

"Los datos nos dicen que trabajar ya no es suficiente para emanciparse", señala a infoLibre Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud. A pesar de la mejora en la temporalidad y los salarios, Muñoz señala que el precio de la vivienda y el coste de la vida están absorbiendo cualquier mejora. "Entre quienes se están emancipando, la capacidad de ahorro es muy limitada, en muchos casos por debajo de 100 euros al mes", un margen demasiado estrecho si lo que se busca es reunir la entrada para un piso.

Natalia Sáez, que coincide con las estimaciones de Muñoz, lo resume así: "Si un mes quiero ahorrar 200 euros, tengo que ir del trabajo a casa y no hacer nada más. Por ejemplo, si quieres ir a un gimnasio, que tampoco es un lujo, ya no lo consigues porque te dejas 40 euros al mes". Las cuentas cada vez salen más ajustadas mientras el precio de la vivienda sigue creciendo a doble dígito y los salarios se quedan cada vez más atrás. "Parece que te puedes tirar la vida trabajando y no vas a conseguir nada", concluye Yasmín García.

No es nada habitual ver un eclipse de Sol de esta magnitud en pleno mes de agosto. No me extraña el revuelo que se está formando en toda España.

Ver como la presidenta de Sol, la sede de la Comunidad de Madrid, va desapareciendo a plena luz del día hasta su ocaso es un espectáculo que sin duda recordaremos todas nuestras vidas.

Entre ganar el Mundial de fútbol y esto, ya tenemos dos hitos históricos en un solo verano. Ya son dos los acontecimientos históricos que rememoraremos en reuniones y charlas mucho tiempo después.

¿Dónde estabas tú cuando pasó?

Ya tenemos dos estrellas en la camiseta de España y ya son dos las presidentas de la Comunidad de Madrid estrelladas.

Hay algo primitivo en ver cómo astros de esa magnitud de repente son opacados; algo ancestral, atávico que nos hace mirar al cielo con temor, concretamente a los áticos de Madrid, para comprobar con nuestros propios ojos que es verdad, que está pasando algo tan inverosímil por mucho que nos hayan advertido. Una estrella desapareciendo en nuestros cielos.

Ver en directo a una estrella brillante que se transforma en un círculo muy negro. Normal, la expectación desmedida.

Cuando nos decían que la especulación salvaje iba a acabar con la carrera de muchos políticos, yo la verdad que no pensé que sería así, literalmente.

No pensaba que intentar conseguir tener un piso propio, aunque pagado por todos los contribuyentes madrileños -la famosa “colaboración público privada”, supongo- sería el fin de su meteórica carrera.

Y la caída desde un ático no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor, como diría M. Rajoy.

‘De Madrid al cielo’ a ‘De Madrid al cieno’.

Mucho tiempo llevábamos esperando este momento casi único en la vida y que debemos disfrutar adecuadamente porque no sabemos cuando volverá a pasar o si estaremos vivos cuando vuelva a ocurrir.

La verdad es que yo pensé que lo viviría antes, con los 7.291 ancianos dejados morir como perros sufriendo en sus residencias por la firma de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, pero parece ser que no se dieron las condiciones necesarias.

Son muchos los requisitos, políticos, mediáticos, judiciales… para poder ver un eclipse total de la inquilina de Sol en directo.

Este eclipse, y el anterior de Sol, que pudimos disfrutar en nuestro país, el de Cristina Cifuentes con la filtración de su ya famoso vídeo robando cremas y aquella mítica frase a cámara: “No me voy, me quedo” aún siguen clavados en nuestras retinas. Unas retinas que tenemos que proteger adecuadamente para este nuevo evento astronómico tan peculiar.

Yo para este eclipse ya hace mucho que tengo mis gafas polarizadas para disfrutarlo en condiciones.

No hay nada que me polarice más que ver cómo destruyen la Sanidad y la Educación pública para hacer negocios privados, ver cómo se miente, se manipula, se riega de dinero público a panfletos para lanzar bulos contra los adversarios políticos o alabar los looks de la presidenta al estilo de la revista adolescente 'Súper Pop’ o ver cómo una televisión que debería ser pública se convierte en ‘Aló Presidenta’.

Tengo las gafas ya polarizadísimas.

Y recordad que si, por lo que sea, no podéis disfrutar de este eclipse total de Sol siempre podéis acercaros a ver la sede del PP en la calle Génova de Madrid, siempre está en negro y a plena luz del día.

Feliz verano.

En España, uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años está en riesgo de pobreza. Son algo más de dos millones de jóvenes expuestos a algún tipo de carencia material o precariedad laboral, según concluye un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Detrás de este dato hay un cóctel económico que no se lo pone nada fácil a quienes están empezando un proyecto vital. La pinza que forman la crisis de vivienda, que impide tener un lugar estable en el que vivir; los salarios bajos, sobre todo cuando se accede al mercado; la precariedad; y la incertidumbre económica que provoca el aumento del coste de la vida, mantiene bajo presión a unas generaciones que están, o bien formándose, o bien aterrizando en el mercado laboral. Quienes estudian, enfrentan mayores dificultades para moverse de ciudad, con un precio disparado en los alquileres; quienes arrancan su carrera profesional, cobran menos, tienen contratos poco estables y el alquiler (más caro que nunca) condiciona su capacidad de ahorro.

Este jueves el INE confirmaba que el IPC de julio se situó en el 3,6%, el dato más alto desde mayo de 2024. “Por quinto mes consecutivo, los salarios pactados por convenio han subido menos que la inflación, un 3,02%. Esto significa que las personas trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo”, señaló Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT. En el caso de los jóvenes, la situación es aún más complicada, ya que ganan menos que la media. El Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano, es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo, es de 1.191 euros mensuales frente a los 1.450 euros del conjunto de los trabajadores. Y, aunque es cierto que los jóvenes son el grupo que más ha mejorado salarios en los últimos años, lo han hecho en gran medida a golpe de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional que han acordado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

El problema detrás de todas las cifras y los porcentajes es una emancipación cada vez más tardía —30 años, uno de los datos más altos de toda la Unión Europea— y unas dificultades crecientes “para llevar a cabo un proyecto vital autónomo”, advierten desde la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras.

Otro elemento que se debe considerar, además de la complicada situación de los jóvenes, es el efecto arrastre que tiene en las familias que deben apoyar económicamente a sus descendientes durante más tiempo. Quienes pagan los estudios o prestan dinero para la entrada de una primera hipoteca no son familias necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobreesfuerzo económico para tratar de compensar la situación económica en la que se ven atrapados muchos jóvenes. De hecho, las donaciones de padres a hijos se han disparado un 13% en 2025, una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Que la ayuda familiar gane peso en el bienestar de los jóvenes es un factor de desigualdad que deja peor posicionados a quienes menos tienen. Es algo de lo que advierten desde el ámbito universitario, donde han constatado que quienes proceden de un entorno socioeconómico superior son quienes más cambian de provincia a la hora de elegir carrera y también quienes mejor rendimiento académico tienen, según el informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil, que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “Los datos demuestran que para acceder a la oferta formativa más amplia que suele concentrarse en las comunidades más ricas como Cataluña y Madrid se necesita un nivel socioeconómico más alto”, recoge el documento. Y aquí el precio de los alquileres está jugando en la actualidad un papel muy relevante, ya que multiplica el gasto que deben asumir las familias para sufragar una habitación en un piso compartido o una plaza en una residencia de estudiantes.

De esta forma, advierten los expertos de CREUP, los estudiantes con menos recursos no logran “acceder en igualdad de oportunidades y de condiciones a la educación universitaria” y más si se tiene en cuenta que la vivienda se encarece especialmente en las comunidades con mayor oferta educativa, como Madrid o Barcelona.

Para aquellos jóvenes que ya han superado la etapa formativa, la vivienda sigue siendo un factor importante de desequilibrio. Solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%. Para la mayoría de los ciudadanos, el momento de comprar llega más allá de los cuarenta.

Cada vez hacen falta más años para poder reunir el dinero que exige la entrada de una casa propia. Según un informe de Infojobs que parte de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 a nivel nacional, deja un exiguo colchón para planificar el futuro.

Son estos los mimbres que han dejado a dos millones de jóvenes en una situación delicada, con la vivienda —uno de los principales problemas de los españoles, según el CIS— como el trasfondo más preocupante en el corto plazo. También como el factor que más condiciona los presupuestos familiares cuando hablamos de estudiantes, y los ahorros cuando hablamos de jóvenes en su primera etapa profesional.

La búsqueda de un piso se ha convertido en un rompecabezas para la mayoría de la población, pero para los estudiantes que se mudan desde su ciudad hacia otras localizaciones (y para las familias que lo tienen que sufragar) es un tema especialmente complicado y un factor de desigualdad que se empieza a manifestar. Si tradicionalmente la opción económica para quienes se iban de casa para estudiar era compartir piso, esa realidad está cambiando con la crisis de la vivienda. En una época en la que empieza a dispararse la búsqueda de alojamiento para el curso que viene, los colegios mayores ganan demandantes porque la diferencia de precio con los pisos compartidos ya no es tan grande; los inversores apuestan por el negocio de las residencias privadas de estudiantes para compensar la escasez de plazas; y la edad de emancipación se sigue estirando de forma que solo el 31% de los jóvenes menores de 34 años vive sin ayuda familiar en España, según un informe de Comisiones Obreras.

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España señalaba recientemente a EFE que la permanencia en este tipo de alojamientos se está alargando hasta una media de tres años, frente a los dos años y medio de la etapa anterior al covid, e insistía en que la diferencia de precio respecto a una habitación en un piso era “cada vez más pequeña”. En cifras, el Consejo estima que un estudiante que comparte piso paga al mes alrededor de 1.000 euros frente a los 1.088 que cuesta, de media, un colegio mayor a nivel nacional con pensión completa, aunque en determinadas regiones es más barato.

Esta dinámica es uno de los factores que han disparado la inversión privada en residencias de estudiantes. Según los datos recopilados por la consultora JLL, el 64% de las residencias de estudiantes registran una ocupación superior al 90% y la inversión en este negocio se disparó un 150% en 2025, con operaciones por valor de 1.700 millones de euros. Las ciudades que más interés han despertado entre los inversores son, además, zonas con mercados tensionados, donde adquirir una vivienda o alquilar una habitación no resulta sencillo. “Los inversores más significativos señalan Valencia como uno de los destinos predilectos. El podio de ciudades en el radar de los inversores se completa con Madrid, donde también un 79% de los inversores quiere invertir, y Barcelona, con un 63%. Otras ciudades españolas en el radar de estos inversores son Málaga (63%) y Bilbao (42%)”, recoge el análisis de la consultora.

En paralelo, las ciudades con los alquileres más caros coinciden con las regiones donde más interés suscita la inversión en alojamientos para estudiantes. Barcelona es, según el portal inmobiliario Idealista, la ciudad con los alquileres más caros (23,4 euros por metro cuadrado). La segunda es Madrid (20,7 euros), con un encarecimiento en 2025 del 15,3%. Málaga ocupa el quinto lugar (15,1 euros), con un aumento de precios del 11,4%. Finalmente, Bilbao es la sexta ciudad más cara (14,9 euros), seguida de Valencia (14,9 euros), que ocupa el séptimo lugar.

La altísima demanda de casas en estas ciudades, unida a la presión turística que eleva la presencia de alojamientos vacacionales y a la concentración de estudiantes, son el cóctel perfecto que complica y condiciona la posibilidad de muchos jóvenes de elegir una universidad lejos del hogar familiar. “El mercado de la vivienda está imposible para el estudiantado”, explicaba recientemente a infolibre Ángeles Guzmán, miembro de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “La vivienda pone una primera criba económica que los estudiantes no pueden pasar, pero además, está llegando el momento en que el piso compartido se está equiparando con las residencias (tradicionalmente más caras)”, concluía.

En España hay 1,8 millones de estudiantes dentro del sistema universitario, de los cuales 417.000 cambiaron de provincia para cursar su formación, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De estos casi dos millones, la mayoría de los matriculados optan por Madrid (264.733), seguida de Cataluña (240.076), Andalucía (209.733) y Valencia (143.110).

El hecho de que la vivienda alcance precios desorbitados no solo empuja las inversiones en residencias de estudiantes, como apuntan los datos, sino que ahonda en las brechas de desigualdad. El informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) indica que los hijos de las familias con menos renta tienen menos posibilidades de elegir una universidad o una carrera que esté lejos de su hogar familiar. “En las zonas geográficas con menor oferta universitaria, los perfiles económicos familiares medios o bajos tienen muchas más limitaciones a la hora de elegir ámbito de estudio”, apunta el documento. Y constata también que entre los estudiantes con perfil económico familiar más alto existe una mayor proporción de desplazamiento a otras provincias, “sobre todo entre los que tienen progenitores con ocupaciones altas (65,3%) o con estudios superiores (61,9%)”, recogen.

En definitiva, la crisis habitacional ha hecho que, para algunos estudiantes, moverse lejos de casa haya empezado a dejar de ser una opción. A la vez, la oferta en residencias públicas o colegios mayores está lejos de cubrir la demanda, ya que solo existe una plaza pública por cada cuatro estudiantes universitarios. En este sentido, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas y el pasado mes de julio aprobó un paquete económico de 45 millones para que una decena de universidades públicas construyan, con financiación del Estado, alojamientos para estudiantes e investigadores. Aunque, como casi todo lo que tiene que ver con la vivienda, los resultados no llegarán en el corto plazo.

 Si algo ha demostrado el problema de la vivienda es que, además de ser el principal quebradero de cabeza de los españoles, es un campo abonado para la lucha política. Y, si bien todos los partidos coinciden en el diagnóstico, pocos se avienen a pactar soluciones conjuntas. Entre los socios de investidura, Sumar y Podemos tratan de intervenir el mercado, Junts se escora hacia las posiciones del PP y lo rechaza, incidiendo en crear beneficios fiscales a los caseros, y el PSOE trata de cuadrar el círculo sin demasiado éxito hasta el momento.

Intervenir el mercado de vivienda es un peaje por el que Junts no quiere pasar. Lo ha mostrado con su voto en contra de la polémica prórroga de los alquileres, que decayó en abril después de que PP y Vox hiciesen lo propio en la votación del Congreso. También se ha opuesto en Cataluña a la reciente propuesta que trata de sacar adelante el Ejecutivo socialista de Salvador Illa para frenar la compra especulativa de casas, así como a otras iniciativas como la idea del Govern y los Comuns para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial convirtiendo oficinas y locales en casas. La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, calificaba esta última medida de "ataque a la propiedad privada", un argumento que han utilizado en otras ocasiones para oponerse a las medidas que implican una regulación del mercado.

El caso más reciente es la queja que Junts elevó junto al PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña para frenar una regulación destinada a prohibir la compra especulativa de vivienda en áreas tensionadas dentro de la comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por el Govern y los Comuns pretendía incluir esta cuestión modificando la ley de urbanismo, pero el órgano consultivo emitió un dictamen desfavorable este martes, dando así la razón a Junts y al PP. “Era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión", declaró Lorena Roldán, portavoz del PP en el Parlament tras conocerse las conclusiones del Consell. Toronjo también recordó que ellos habían lanzado una propuesta similar, aunque con incentivos fiscales, y atacó la del Ejecutivo de Illa alegando que no sabían si implicaba expropiaciones.

Al ser un órgano meramente consultivo, tanto los Comuns como el Ejecutivo socialista anunciaron que buscarían el encaje legal para su implementación. Esta es la primera tentativa que se hace para cumplir con una de las reivindicaciones que con más insistencia piden los colectivos sociales de vivienda: evitar que la vivienda sea un vehículo de inversión.

Otra cuestión que está en el aire y con la que Junts también aprieta al Gobierno central es el decreto de vivienda. La propuesta no llegó al último Consejo de Ministros a finales de julio, como estaba previsto, por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El “difícil encaje parlamentario”, como lo describió el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha impedido en varias ocasiones que la medida avance y una de las cosas que tratan de hacer los socios de Gobierno es convencer a la formación independentista. Junts rechaza intervenciones en el mercado para regular precios, prioriza aumentar la oferta, exige blindar a los pequeños arrendadores y apuesta por rebajas fiscales a los caseros.

En abril, cuando decayó la prórroga de los alquileres por primera vez, el Ejecutivo trató de salvarla hasta el último momento, pero se encontró con un Junts poco dado a negociar. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado de su negativa inicial.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas y Junts a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones para tratar de sacar adelante el decreto de vivienda después del verano. 

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda. Por su parte, Junts se acerca al PP en lo que tiene que ver con el control de la crisis inmobiliaria, generando una pinza parlamentaria que al Gobierno no le será fácil sortear.

Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

Apenas 24 horas antes de que se declarase el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el controvertido Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región –conocido como Líder–, que aspira a ser la mayor reforma de la legislación urbanística de la región de las últimas tres décadas. La terrible experiencia de los fuegos demostró que miles de viviendas y decenas de urbanizaciones están peligrosamente ubicados en el interior de bosques. Esta nueva ley acelerará aún más la construcción en zonas rurales.

Si la ley se aprueba en los términos actuales, el suelo de la Comunidad de Madrid pasará a estar clasificado de tres nuevas formas (ahora son cinco): suelo urbano, suelo rural no protegido y suelo rural protegido. Los dos primeros, que abarcarán alrededor del 40% de la región, estarán siempre disponibles para construir nueva vivienda de manera relativamente sencilla, ya que también se va a introducir la figura del Plan Ejecutivo Municipal para facilitar la concesión de proyectos urbanísticos.

En concreto, la nueva normativa permitirá que el suelo rural no protegido – por ejemplo, una parcela de cultivo– pueda convertirse en una urbanización de chalés, pasando a catalogarse como suelo urbano, si un promotor privado presenta un plan ejecutivo a un ayuntamiento y este lo aprueba. 

De esta manera, se abre la puerta, según los críticos, a abandonar el crecimiento organizado de los municipios basado en el tradicional Plan General de Ordenación Urbana. Al mismo tiempo, esta ley promueve la proliferación de pequeñas urbanizaciones y de casas aisladas en terreno rústico, dificultando que los servicios públicos sean eficientes, y multiplicando el riesgo de incendios urbano-forestales porque la población se adentrará en suelo forestal. Se espera que la ley Líder sea aprobada en la Asamblea de Madrid antes de 2027 con pocas modificaciones, ya que el PP gobierna con mayoría absoluta.

"Lo que pretende esta supuesta flexibilidad es que haya los mínimos obstáculos para los promotores con la excusa de que hace falta construir nueva vivienda", opina María Ángeles Nieto, una de las portavoces de la Plataforma Ecologista Madrileña. "La Comunidad ya ha manifestado su intención de alcanzar los 10 millones de habitantes, pero se han dado cuenta de que ya no hay un palmo libre de terreno en la capital y en la periferia, por eso tienen que expandirse de manera radial", añade.

El enfado y la preocupación son de tal calibre que 44 asociaciones vecinales han creado la Asociación Madrid Contra la Líder, a la que están adscritos los sindicatos UGT y CCOO, y seis partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y Más Madrid. El Ministerio de Vivienda también presentó alegaciones en abril contra este proyecto con el argumento de que se basa en "la privatización del suelo" y los "pelotazos urbanísticos", según publicó El País.

Los críticos con la reforma de Ayuso subrayan que esta propuesta supondrá un punto de inflexión porque desregula todas las ramas del urbanismo madrileño. Desde abrir la puerta a edificar en suelo que hasta ahora era rústico, a privatizar la tramitación de permisos de construcción, pasando por permitir subsanar irregularidades urbanísticas con multas para evitar que el inmueble sea derribado. 

La portavoz del grupo ecologista también destaca que el proyecto de ley facilitará que algunos enclaves hasta ahora protegidos por su valor natural, dejen de estarlo. Por ejemplo, uno de los puntos recoge que todo el suelo que en este momento se clasifica como "no urbanizable de protección por valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros análogos", y que no tenga una evaluación ambiental estratégica aprobada, podrá ser recalificado como suelo rural no protegido o suelo urbano (ambos urbanizables) si así lo quiere el alcalde de turno, mediante la aprobación de un simple Plan Ejecutivo Municipal. 

El Plan Ejecutivo Municipal, según los críticos, es una de las grandes figuras controvertidas del Líder, ya que abre la puerta a permitir casi todo en ese 40% del futuro suelo potencialmente urbanizable. Todo Plan General Urbano, los planes fijos que ahora son la base de la organización del suelo de todos los municipios, será sustituido por un Plan Estratégico Municipal, mucho más laxo, que dará manga ancha para que las ciudades se expandan a base de planes ejecutivos, que serán proyectos de todo tipo –vivienda, zonas verdes, industria, ocio– propuestos por el propio ayuntamiento o por empresas privadas.

"Ahora todos los ayuntamientos tienen un Plan General, que es una foto fija del suelo del municipio, con sus usos regulados. Y será sustituido por un Plan Estratégico Municipal dinámico que, nosotros entendemos, porque no está claro todavía, será una imagen dinámica sobre hacia dónde quiere ir la ciudad", aclara Nieto. "Esa supuesta flexibilidad permitirá que el promotor de turno presente proyectos a la carta donde decida todo: el tamaño, el diseño y los usos del suelo de la parcela. Y solo necesitarán el visto bueno del ayuntamiento para ejecutarlo", añade.

Por si fuera poco, la ley Líder permitirá también, si se aprueba en los términos actuales, la construcción de grandes proyectos privados en suelo protegido, incluso, a priori dentro de los parques regionales de la Comunidad. Dentro de los "usos excepcionales en suelo rural [protegido y no protegido]", el más sonado es el de los centros de datos, macroinstalaciones conocidas por superar el tamaño de estadios de fútbol y por su enorme consumo de agua.

"La ley pone una alfombra roja a los centros de datos, que se podrían construir en casi cualquier sitio, pese a que consumen una gran cantidad de recursos naturales. Y encima se los cataloga como una infraestructura de interés general", critica María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid, uno de los grupos que presentó numerosas alegaciones al plan Líder durante su etapa de participación pública, ya finalizada.

El mismo punto incluye como excepción “la construcción de infraestructuras de generación, distribución, transporte y almacenamiento de energía", donde en teoría estarían incluidas las centrales de generación eléctricas, tuberías de gas o líneas de alta tensión, si reciben el visto bueno de la administración. Entre los usos excepcionales del suelo rústico también destacan la posibilidad de levantar en terreno protegido un vertedero o una planta de biogás, instalaciones de altísimo impacto ambiental, si se justifica que no son factibles de construir en suelo urbano.

Nuevo capítulo en polémica por el ático adquirido por la Comunidad de Madrid. Después de que el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, anunciara este viernes la venta del inmueble que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal para destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste, El Plural ha adelantado un dato que añade un nuevo elemento a la controversia.

Según publicó El País este miércoles, la Administración regional adquirió un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que Díaz Ayuso lo utilizara como oficina temporal durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, previstas para comenzar en agosto.

La polémica generada por la adquisición de este inmueble —cuyas características corresponden a un uso residencial— llevó al Ejecutivo regional a ponerlo en venta, junto a otros cuatro inmuebles, por un valor estimado de 20 millones de euros. Según el Gobierno regional, ese dinero se destinará a los afectados por los incendios forestales que han asolado la región durante la última semana.

Sin embargo, la controversia no termina ahí. El Plural ha desvelado que, poco antes de que la Comunidad adquiriera este ático de más de 480 metros —200 de ellos de terraza,—Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, han puesto a la venta el piso en el que conviven, un inmueble que ha sido objeto de la batalla política en Madrid.

González Amador compró esa vivienda en 2022, después de que, presuntamente, cometiera dos delitos fiscales a través de su empresa de compraventa de material sanitario. Posteriormente, una inspección municipal confirmó que las obras realizadas en la vivienda finalizaron sin la correspondiente licencia.

Situado en el barrio de Vallehermoso, también en el distrito de Chamberí, el piso en venta cuenta con 211 metros construidos, cuatro habitaciones, tres baños y terraza. Según la información adelantada por El Plural, se encuentra a la venta por 1.790.000 euros, más del doble de los 850.000 euros que González Amador pagó por él en 2022. Un año después adquirió, al contado y por 950.000 euros, el ático situado justo encima de esta vivienda.

Rimbaud sentenció que "la verdadera vida está ausente e hizo bandera de la urgencia de cambiar la vida". Con ello expresaba la necesidad de reinventar la existencia y de romper con la pasividad de una vida rutinaria y sin horizonte. Sería André Breton quien, décadas después, trazaría el puente definitivo entre esa rebelión íntima y la acción política al proclamar: "Transformar el mundo", dijo Marx; "cambiar la vida", dijo Rimbaud: para nosotros estas dos consignas son una sola. 

Así, un siglo más tarde de los versos del poeta, en 1971, ese anhelo emancipador dejó de ser un poema para transformarse en un proyecto político de mayorías. Las fuerzas progresistas francesas asumieron el desafío de unirse bajo el histórico Programme commun. El programa con el que sellaron aquella alianza y alcanzaron el poder en 1981 se tituló, precisamente, Changer la vie (Cambiar la vida, aquí y ahora). 

Esa es la ambición que nos falta hoy. ¿Somos capaces de imaginar un mañana que nos empuje a cambiar el presente? El peligro de perder la imaginación política es que nos deja paralizados, esperando pacientemente el colapso del orden neoliberal, que no tiene ninguna intención de suicidarse. Llevamos años diagnosticando la muerte del neoliberalismo, pero nos equivocamos de verbo: el orden neoliberal no está muriendo, está mutando. 

Los grandes tratados de libre comercio están cediendo el paso a las guerras comerciales, los aranceles y un proteccionismo feroz. La vieja retórica de la cooperación internacional y los derechos humanos ha sido barrida por el auge de nacionalismos excluyentes y un giro autoritario a nivel global. El neoliberalismo está dejando atrás su fachada alegre y consumista para mostrar su rostro más crudo: un modelo de exclusión, represión y violencia. Los valores democráticos que antes simulaba defender se están derribando por completo (si es que alguna vez existieron realmente). Sin embargo, mientras algunos cimientos de este orden se transforman, otros permanecen intactos: la defensa de la acumulación de riqueza, la desigualdad estructural como único motor de crecimiento para unos pocos a costa de las mayorías y, en definitiva, el culto al capital y el trabajo concebido como mera explotación. 

El proyecto neoliberal forjado en los años setenta muestra síntomas de fatiga y agotamiento. Se está replegando hacia un conservadurismo oscuro, proteccionista y aferrado a los valores tradicionales. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Toda intervención hasta ahora se ha limitado a intentar ponerle parches al sistema. A intentar volver a esa fase alegre del capitalismo, a enmendarlo un poco en lugar de socavarlo desde la raíz. 

Y es aquí donde la izquierda tiene que mirarse al espejo. Hay muchísima gente ahí fuera que necesita que le digan las cosas de verdad, sin eufemismos. A pesar de los esfuerzos reales que hemos hecho para mejorar las cosas, la realidad demuestra que no son suficientes y la frustración crece. Hay una mayoría social profundamente descontenta, que no llega a fin de mes ni ve futuro, y nosotros no estamos interpelando a ese malestar. Nadie está a gusto en nuestro espacio, y es lógico: este agotamiento es el resultado directo de dedicarnos a gestionar el mundo diseñado por la derecha en lugar de cambiarlo. Y lo gestionamos, además, en unas condiciones materiales cada vez peores para la mayoría. 

Construir el camino exige pisarlo, pero también saber hacia dónde se camina y cómo. Por eso, quizás, ha llegado el momento de preguntarnos qué somos realmente: ¿somos una excavadora dispuesta a remover los cimientos o una simple pala de playa que solo sirve para mover un poco de arena en la orilla? 

La pala de playa es celebrar un indicador macroeconómico o una pequeña bonificación fiscal a las clases medias mientras la vivienda se traga más de la mitad del sueldo de una familia. Mover la arena del sitio para que, con la siguiente marea, todo vuelva a estar igual. La excavadora, en cambio, entra en el terreno de la propiedad y del poder. No maquilla la realidad: la remueve. Una izquierda con vocación de excavadora no se limita a pedir "responsabilidad social" a los fondos buitre; recupera para lo público las viviendas con las que especulan. No pide por favor. 

Cuando se renuncia a encender la excavadora, lo único que queda es la gesticulación. Que la política del zasca parlamentario, la ocurrencia rápida o la idea de contraponer las bibliotecas a los vídeos de TikTok nos parezcan lo más combativo que tenemos es solo un síntoma de nuestra propia desorientación. Nos hemos creído que el ruido y la ocurrencia son por sí solos, un proyecto político.

A nuestro alrededor ya están pasando cosas: en California, la cuna de Silicon Valley y de los nuevos tecnoligarcas, se empujan referéndums para gravar a los multimillonarios. En Dinamarca, la presión social obligó a poner los impuestos a las grandes fortunas en el centro del debate electoral. En Berlín, la ciudadanía demostró que se puede ganar un referéndum para expropiar miles de viviendas a los grandes fondos buitre. En España, se debate cómo limitar el rentismo y empujan reformas de universalidad —desde ayudas a la crianza y comedores gratuitos hasta la regularización extraordinaria de las personas migrantes—. En Brasil, el Gobierno de Lula logró aprobar una reforma fiscal para aliviar la carga sobre la clase trabajadora. Todas estas victorias ayudan a dibujar ese horizonte deseable. Demuestran que la resignación no es un estado de ánimo inevitable, sino una victoria cultural de los de siempre que se puede revertir cuando se apela a la universalidad y a lo común. 

Ir a por todas no es solo una declaración de principios estéticos; es, de partida, el único enfoque ganador para la izquierda. Si cuando planteamos reducir la jornada laboral aceptamos discutir bajo los marcos de la derecha —si el eje de la conversación pasa a ser la "productividad", el "absentismo" o la "competitividad empresarial"— habremos perdido antes de empezar. Esos conceptos no nos pertenecen. No podemos defender el derecho al descanso justificándolo en que así el trabajador rendirá mejor para su jefe. Hay que hablar, sin complejos, desde la calidad, el disfrute de la vida y el derecho al tiempo libre. 

La urgencia es total porque la alternativa es la barbarie literal. Mientras el progresismo titubea intentando convencer a la patronal de que sea un poco más amable, la extrema derecha no tiene miedo de mostrar sus cartas. En Chile, el mismo país en el que el gobierno de Boric y Jara conquistó las 40 horas, la ultraderecha de Kast propone ahora desregular el mercado para elevar la jornada semanal a 52 horas. En Argentina, Milei ha llegado al extremo patológico de habilitar la privatización de ríos y recursos naturales comunes. 

Si estas disputas se pelean como batallas aisladas y bajo la jerga neoliberal, la derrota cultural está asegurada. Cuando ellos proponen robarte 12 horas más de vida a la semana o ponerle precio al agua que bebes, no están haciendo ajustes técnicos de eficiencia; están colonizando lo que queda de nuestra existencia. 

En este marco, el nuevo programa de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en lugar de abrumarte con un listado eterno de propuestas, te invita a hacer un ejercicio casi olvidado: imaginar un día de tu vida sin capitalismo. Imagina despertarte sin la angustia de que el casero te eche de casa porque la vivienda es un derecho garantizado y fuera del mercado. Imagina desayunar sabiendo que tu salud, tu educación y la de tus hijos no dependen del saldo de tu cuenta bancaria. Imagina un trayecto al trabajo en un transporte público rápido, gratuito y limpio. Imagina trabajar menos horas porque la tecnología y la automatización se han puesto al servicio de tu descanso. Imagina volver a casa con energía y tiempo para leer, pasear, cuidar a los tuyos o, sencillamente, no hacer nada. 

Por eso, frente a la distopía del odio que promueve la derecha, nuestra respuesta tiene que ser la promesa tangible de una vida mejor, más fácil y más bonita. 

No podemos resignarnos a este grisáceo conformismo de administrar lo que hay. Frente a un capitalismo que nos roba las horas y nos vende la ansiedad como estado natural, la alternativa no puede ser una izquierda de la regañina, el sacrificio o la mera contención de daños. La política tiene que volver a hablar de cambiar la vida, de construir un socialismo alegre que reclame el derecho al tiempo, al descanso, al disfrute y a la belleza. Un proyecto que entienda que el verdadero lujo es la soberanía sobre el propio tiempo. 

La vida exige que la cambiemos, no que nos acostumbremos a ella. Esa debe ser la idea central que marque cada uno de nuestros pasos: nuestro programa nunca puede reducirse a ocupar un ministerio. La derrota de la izquierda no sería perder el Gobierno; la derrota de verdad sería perder la ambición.

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Ángel Muñoz Muelas es codirector del think tank Ideas en Guerra.

Los socios del Gobierno de coalición —PSOE y Sumar— han llegado a un acuerdo para incluir en el decreto de vivienda que aprobará el próximo 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada", que deberán solicitar los inquilinos, amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias.

El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con su uso fraudulento, un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el fin de desincentivar el alquiler turístico.

Tras el acuerdo dentro del Gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene ahora que negociar con los grupos parlamentarios, con el fin de asegurarse su apoyo para la convalidación del decreto en el Congreso.

Para ello necesita los votos imprescindibles de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación de la anterior prórroga.

Aquel decreto, que había entrado en vigor el 22 de marzo, fue derogado el 28 de abril con los votos en contra del PP, Vox, Junts, la abstención del PNV y el resto de la cámara a favor.

Según Sumar, a propuesta suya, el nuevo decreto ley incluye un borrador de texto a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.

La inclusión en el decreto de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es una exigencia de Podemos, pero a ello se oponen con matices Junts y el PNV.

Sumar asegura que este decreto "permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda", actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española.

En total, con las dos últimas prórrogas aprobadas por el Ejecutivo (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

Junts per Catalunya ha asegurado este miércoles que no apoyará el nuevo decreto de vivienda si el Gobierno mantiene las medidas "que perpetúan las ocupaciones" y no protege ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios.

En un comunicado, Junts ha exigido este miércoles incentivos fiscales para los inquilinos, protección al pequeño propietario y una mayor inversión pública en oferta de alquiler.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee la ley contra la ocupación ilegal que presentó hace dos años y que aún sigue pendiente.

Junts considera que las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han solucionado el problema del acceso a la vivienda, sino que lo han agravado, trasladando la subida de precios a municipios donde la situación no era tan crítica.

Por ello, la formación catalana reclama que el estado, al igual que hacen la mayoría de los gobiernos europeos, asuma el coste de las políticas de vivienda social para las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios, además de pedir que se restablezcan las cuentas de ahorro para la vivienda, con el fin de ayudar a los jóvenes a ahorrar para la compra de su primera vivienda.

Francisca López Ruiz, “Paquita”, tiene 82 años y ha vivido los últimos 28 en la calle Santa Ana de Madrid. Lleva más de medio siglo en el barrio de La Latina, a donde llegó desde su Huelva natal. Hasta este miércoles, que es cuando estaba prevista la ejecución del desahucio sobre la vivienda que comparte con su hijo Carlos, de 47 años. "He cumplido siempre con el pago de mi alquiler y esta es mi casa. A mis 82 años, lo único que quiero es poder seguir viviendo aquí, en el barrio donde he hecho mi vida", declara a través de la asociación de vecinos La Chispera, que la ayuda en este trance.

Paquita y su hijo conviven con el pesar de saber que van a tener que irse de su casa, pero también con la extrema incertidumbre que generan los procesos judiciales de desahucio. En la mañana del martes, esperaban a una comitiva judicial que aparecería hoy miércoles en su casa, pero poco después de las ocho de la tarde, coincidiendo también con una presión social y mediática en aumento, su abogado informaba de que el lanzamiento se posponía. "Lo tomamos como gran noticia", señalan sus vecinos, quienes a su vez pedían mantener el pulso: "Seguimos necesitando que Paquita no esté sola, porque un aplazamiento sin alternativa habitacional deja intacto el problema".

El edificio era propiedad de una única persona, pero pasó a sus herederos tras el fallecimiento de la dueña y ahora va camino de convertirse en un bloque destinado a la vivienda turística, según afirman desde la asociación. La sociedad propietaria del edificio, Tolesanta SL, tiene "docenas de viviendas en la zona", detallan, y por eso su intención es que les den "un tiempo razonable antes de echarla" para poder buscarle una alternativa en el barrio a la mujer. “No pedimos ganarles, porque judicialmente se han agotado las vías, pedimos un poco de tiempo para poder encontrar otra casa en el barrio”, señala Daniel Piedrabuena, portavoz de la agrupación vecinal.

Tras fracasar en sus intentos ante los tribunales, Paquita y su hijo saben que tendrán que abandonar el piso, pero piden tiempo para poder encontrar una casa en su vecindario de toda la vida. “Es una persona de 82 años para la que son importantes los vínculos con el barrio: salir a merendar con su amiga, darse su paseo por el barrio, ir a las tiendas de siempre que quedan…”, señala el portavoz. “A su edad, esas pequeñas relaciones de proximidad no son un detalle menor, sino un elemento fundamental para mantener la autonomía”.

Pero salir al mercado del alquiler en un barrio como La Latina, y más siendo una persona mayor que podría ser considerada vulnerable —está diagnosticada de parkinson—, es casi una garantía de no poder encontrar nada. “No son insolventes económicamente; entre los dos tienen ingresos suficientes y han pagado religiosamente el alquiler siempre”, detalla Piedrabuena, pero por el momento no tiene un sitio al que ir y tampoco los resortes sociales han sabido darle una solución.

Paquita pagaba "religiosamente" 1.150 euros de alquiler, pero si algo ha demostrado el mercado es que el arrendamiento se ha hecho inaccesible también para las personas que pueden pagar. Entre quienes abonan una renta, cuatro de cada diez hogares ya destinan más del 40% de sus ingresos solo al pago de la mensualidad, según el Consejo General de Economistas. Si se observan los cuartiles de población con menos renta, la cosa se complica más y el bocado a los presupuestos alcanza el 70% de los ingresos medios. Es decir, de todo el dinero que ganan, solo un 30% queda libre para comer, vestirse, desplazarse o afrontar gastos corrientes.

La historia de Paquita tiene paralelismos con otras en las que un cambio de manos en la propiedad y la espectacular rentabilidad del mercado inmobiliario han hecho que la balanza se decante hacia el negocio turístico. Porque mantener los alquileres de larga duración no resulta una opción tan lucrativa. En Madrid la ley dicta que para poder tener una licencia de vivienda turística, todo el edificio debe estar dedicado a ese fin, de forma que estos pisos no convivan con otros de uso residencial. La normativa del Ayuntamiento estipula que no se den licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico “para garantizar una oferta turística ordenada y legal”, recoge una nota del consistorio madrileño. Algo que, lejos de hacer retroceder a los inversores, ha provocado que se fuerce la salida de muchos vecinos que llevan tiempo en los inmuebles.

Pese al aplazamiento del desahucio de Paquita, la asociación vecinal ha mantenido una convocatoria de protesta este miércoles a las 10:30 h ante su vivienda, a la vez que hace un llamamiento a los vecinos del barrio con viviendas en alquiler para que le ofrezcan una alternativa a la familia. “En un barrio gentrificado como este, donde compites con cientos de personas por un piso, conseguir una casa requiere tiempo”, señala Piedrabuena. Pero tiempo es justo lo que no tienen, porque el plazo para abandonar la vivienda expira ya y el aplazamiento no establece ningún margen específico de tiempo.

“Mientras el Plan Reside —la norma del consistorio madrileño que regula el uso de las viviendas— siga facilitando la especulación en los barrios en vez de defender los hogares de la vecindad, este tipo de prácticas seguirán campando a sus anchas”, protestan desde la agrupación. “Las empresas seguirán desarrollando estrategias de expulsión de las vecinas para poder hacer negocio con sus hogares”, concluyen. De hecho, hartos de que estas situaciones se repitan, han decidido unirse para denunciar las viviendas turísticas ilegales que detectan en el barrio.

Sobre la empresa propietaria, La Chispera señala que se dedica de manera profesional a explotar viviendas turísticas: "Se dedica a la reforma de inmuebles para su explotación turística, en muchos casos, como el que nos ocupa, mediante la expulsión de los antiguos inquilinos", apuntan en una nota de prensa. Por otro lado, mencionan también que la empresa ha tenido una sanción reciente tras un pleito con vecinos que se dirimió en la Audiencia Provincial de Madrid. Tal como relata elDiario.es, la sentencia llevó a clausurar cinco pisos de Tolesanta por molestias y ruidos que afectaban a los inquilinos habituales.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Tolesanta para recoger su versión, aunque a fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) lleva tiempo protestando por el fenómeno de las viviendas de uso vacacional y denunciando que hay una alta cantidad de pisos que operan sin las licencias oportunas. Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

Desde la Chispera también han decidido tomar la iniciativa contra este fenómeno. "Estamos organizando diferentes actividades para hacer barrio, pero una parte de nuestra actividad va por la lucha contra los pisos turísticos, a los que además estamos empezando a denunciar ya", explica Piedrabuena. Lo que han hecho es mapear el barrio e ir presentando denuncias ante el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda. "Hemos detectado más de 800 pisos turísticos ilegales solo en nuestro barrio", señala el portavoz.

Por ahora, solo notifican su presencia a las Administraciones para que hagan algo, pero no siempre reciben respuesta. La Comunidad ha sido la única en contestar, señalan, aunque solo para pedirles más documentación y, pese a que llevan poco tiempo con esta iniciativa de denuncias, esperan que sirva para mostrar la magnitud del problema. "Es lo único que podemos hacer por ahora sin tener que meternos en juicios", apunta el portavoz de La Chispera. "Cuando en un bloque hay pisos turísticos y aún quedan vecinos viviendo tratamos de pelear —porque eso es ilegal—, pero si ya solo quedan viviendas vacacionales damos el edificio por perdido", concluye.

Los recientes terremotos acaecidos en Venezuela han generado muy diversos debates y reflexiones sobre la seguridad y el nivel de riesgos de los edificios. Cada edificio constituye un pequeño ecosistema en el que convergen numerosos factores que pueden afectar a la seguridad de las personas, a su salud, al medioambiente y al propio patrimonio construido. Sin embargo, la información sobre esos riesgos suele encontrarse dispersa entre distintas administraciones, organismos públicos, registros sectoriales y estudios técnicos, lo que dificulta disponer de una visión completa de la realidad de cada inmueble.

En las últimas décadas se han producido importantes avances en materia de cartografía digital, administración electrónica, información geográfica y transparencia pública. Al mismo tiempo, han aumentado los riesgos asociados al envejecimiento del parque edificatorio, al cambio climático, a la contaminación ambiental y a la complejidad tecnológica de nuestras ciudades. En este contexto, parece razonable plantear la elaboración de un Mapa Integral de Riesgos de los Edificios, que pasamos a describir.

Un Mapa Integral de Riesgos sería una herramienta pública que reuniría, para cada edificio, la información disponible sobre los distintos riesgos que puedan afectarle, ya sean derivados de sus propias características constructivas o del entorno donde se ubica.

La finalidad de este mapa no sería identificar edificios inseguros, sino ofrecer una visión integral que facilitara la prevención, la planificación de actuaciones, la rehabilitación del parque edificatorio, la protección de la salud pública y una mayor transparencia para propietarios, compradores, arrendatarios y administraciones.

Uno de los aspectos básicos de esta propuesta es que no sería necesario comenzar desde cero. España dispone ya de una enorme cantidad de información pública relacionada con los edificios, aunque se encuentra repartida entre múltiples organismos y bases de datos. Su desarrollo podría realizarse así de una manera gradual, a dos niveles:

a) Incorporando inicialmente aquellos datos que ya existen en registros públicos y ampliando posteriormente el contenido conforme se disponga de nuevas fuentes de información.

b) Comenzando por las aproximadamente cien mayores ciudades españolas, que concentran una parte muy significativa de la población y del parque inmobiliario nacional.

El Catastro, las Inspecciones Técnicas de Edificios —ITE—, los Informes de Evaluación del Edificio —IEE—, los certificados de eficiencia energética, los registros urbanísticos municipales, la cartografía geológica, los mapas de zonas inundables, los mapas estratégicos de ruido, las redes de calidad del aire o diversos inventarios ambientales constituyen solo algunos ejemplos de información que podría incorporarse desde el inicio.

La filosofía del proyecto consistiría en integrar progresivamente estos datos en una plataforma común, pública y permanentemente actualizada, capaz de ir incorporando nuevas fuentes de información conforme se encuentren disponibles.

La primera gran categoría estaría formada por los riesgos derivados del propio estado de conservación del inmueble. Aquí se incluirían aspectos como la estabilidad estructural, el estado de las cimentaciones, la aparición de grietas, deformaciones, humedades, corrosión de armaduras, patologías constructivas y deterioro de fachadas, cubiertas o instalaciones esenciales.

En numerosos municipios españoles ya existen inspecciones periódicas obligatorias para edificios de determinada antigüedad, además de expedientes municipales relacionados con obras, rehabilitación o conservación. Toda esta información constituye una excelente base para valorar la denominada «salud del edificio» y establecer prioridades de actuación.

No se trataría de sustituir las inspecciones técnicas existentes, sino de aprovechar sus resultados para ofrecer una visión integrada del estado general del parque edificatorio.

Los edificios no solo presentan riesgos derivados de su propia construcción, sino también del lugar donde se encuentran. Las inundaciones, la erosión, los deslizamientos del terreno, la subsidencia, la sismicidad, los incendios forestales próximos a zonas urbanas o determinados fenómenos meteorológicos extremos pueden condicionar significativamente la seguridad y el valor de un inmueble.

Gran parte de estos riesgos ya están perfectamente cartografiados por distintos organismos públicos mediante sistemas de información geográfica. La integración de esta información permitiría conocer, de forma sencilla, qué edificios se encuentran en zonas potencialmente inundables, en áreas con riesgo sísmico relevante o sobre terrenos con determinadas características geológicas.

Además, el progresivo impacto del cambio climático hace prever que este tipo de información adquirirá cada vez mayor importancia en la planificación urbana y en la adaptación de las ciudades.

Otro bloque fundamental hace referencia a aquellos elementos presentes en algunos edificios que pueden afectar directamente a la salud de sus ocupantes. El ejemplo más conocido es el amianto, ampliamente utilizado durante décadas en cubiertas, depósitos, conducciones y materiales aislantes, cuya retirada constituye actualmente una prioridad en numerosos países.

También pueden existir pinturas con plomo, antiguos depósitos de combustibles, suelos potencialmente contaminados por actividades industriales previas o materiales que requieren una gestión específica durante las obras de rehabilitación.

En algunos casos ya existen inventarios públicos, registros ambientales o censos específicos que podrían incorporarse progresivamente al mapa, permitiendo planificar actuaciones preventivas y facilitar la toma de decisiones por parte de propietarios y administraciones.

Una cuarta categoría comprendería aquellos factores físicos que pueden influir sobre la calidad ambiental y la seguridad de los edificios. Entre ellos pueden incluirse la contaminación acústica, la calidad del aire, las vibraciones provocadas por infraestructuras de transporte, la contaminación lumínica, la proximidad a instalaciones industriales, líneas eléctricas de alta tensión, estaciones transformadoras o infraestructuras potencialmente peligrosas.

Asimismo, podrían incorporarse riesgos tecnológicos derivados de instalaciones industriales sujetas a normativa de accidentes graves, depósitos de productos peligrosos o infraestructuras críticas cuya existencia pueda resultar relevante desde el punto de vista de la protección civil.

En muchos casos ya existen mapas públicos elaborados por ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos estatales que podrían integrarse de manera relativamente sencilla.

La principal virtud de este proyecto sería precisamente su carácter evolutivo. No sería necesario esperar a disponer de toda la información imaginable para poner en marcha el sistema. Por el contrario, podría comenzarse con aquellos riesgos respecto de los cuales ya existe información pública suficientemente homogénea en la mayoría de los grandes municipios españoles.

Posteriormente podrían incorporarse nuevas capas de información conforme fueran digitalizándose registros adicionales o desarrollándose nuevas metodologías de evaluación. Este enfoque permitiría disponer desde el primer momento de una herramienta útil para ciudadanos, administraciones, investigadores, aseguradoras, comunidades de propietarios y profesionales del sector inmobiliario.

La utilización de sistemas de información geográfica, tecnologías de interoperabilidad entre administraciones e inteligencia artificial facilitaría, además, la actualización continua del mapa y la detección de patrones territoriales de riesgo.

La implantación de un Mapa Integral de Riesgos de los Edificios podría desarrollarse mediante un proceso gradual y realista en las siguientes cinco fases:

Primera fase: elaboración de un inventario nacional de todas las fuentes de información pública ya existentes relacionadas con edificios y riesgos, definiendo un modelo común de clasificación e interoperabilidad.

Segunda fase: creación de un primer mapa piloto que abarque las cien mayores ciudades españolas, integrando exclusivamente la información pública ya disponible de forma homogénea, lo que permitiría cubrir una parte muy importante de la población y del parque edificatorio nacional.

Tercera fase: incorporación progresiva de nuevas capas de información procedentes de comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos estatales y otras entidades públicas, ampliando tanto el número de riesgos considerados como el detalle de los datos disponibles.

Cuarta fase: extensión gradual del sistema al resto de municipios españoles, adaptándolo a las características específicas de cada territorio y garantizando criterios homogéneos de calidad y actualización.

Quinta fase: consolidación del mapa como una infraestructura pública permanente, integrada en las políticas nacionales de vivienda, urbanismo, protección civil, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

España dispone actualmente de una importante oportunidad para avanzar hacia una gestión mucho más inteligente, preventiva y transparente de su patrimonio edificado. Nunca antes había existido tal cantidad de información pública sobre edificios, territorio y medioambiente, ni tecnologías tan potentes para integrarla y ponerla al servicio de la sociedad.

La creación de un Mapa Integral de Riesgos de los Edificios, comenzando por las cien mayores ciudades españolas, permitiría aprovechar ese conocimiento ya existente y convertirlo en una herramienta de utilidad pública para ciudadanos, administraciones y profesionales.

Lejos de pretender elaborar un sistema perfecto desde el primer momento, la propuesta consiste en iniciar un mapa abierto, dinámico y evolutivo, construido sobre la información ya disponible y enriquecido de forma continua mediante la incorporación de nuevas fuentes y registros.

En definitiva, su valor residiría tanto en la mejora de la seguridad y de la prevención como en el impulso a la transparencia administrativa, la planificación urbana, la rehabilitación del parque inmobiliario, la protección de la salud pública y la adaptación de las ciudades a los desafíos ambientales y tecnológicos del siglo XXI.

Todo ello permitiría proporcionar una visión integral del estado de nuestros edificios y favorecer una toma de decisiones más informada, eficiente y orientada al interés general.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, ha empezado a moverse en el mercado de compra de inmuebles. Tras anunciar en abril un primer paquete de financiación de 100 millones de euros con el que pretendía adquirir unas 600 viviendas, la pasada semana explicaba que habían recibido un total de 131 propuestas, de las cuales la gran mayoría procedía de empresas (115 casas) y el resto, de particulares. Con ello, la entidad pública entra a un mercado de vivienda que vive un momento de cambio. Por un lado, la desinversión de algunos gigantes del sector ha sumido a muchos inquilinos en la incertidumbre y, por otro, la entrada de otros actores que buscan hacer caja apostando por el alquiler temporal como forma de esquivar las restricciones de precios que permite la Ley de Vivienda, ha aumentado la preocupación de los movimientos sociales de vivienda.

Entre los gigantes que se repliegan están grandes fondos de inversión como Blackstone, Cerberus, Ares o Azora, que anunciaron a finales del año pasado la venta de unas 25.000 viviendas en alquiler. Más recientemente, en junio, se conocía que el gigante estadounidense Blackstone estaba en negociaciones para deshacerse de los cerca de 8.300 pisos que tiene en España dentro de la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Testa Residencial. A la vez, el Gobierno intenta hacer crecer el parque público, aunque por el momento la negociación de estas primeras compras aún está en marcha, ya que el plazo para recibir propuestas se cerró el pasado jueves. Ahora las viviendas ofertadas deberán tasarse y ver si están en condiciones de ser habitadas antes de que se concrete la compra por parte de Casa 47.

Los sindicatos de inquilinas critican que, en su opinión, la empresa pública debería “salvar” algunos de estos pisos que empiezan a cambiar de manos en el mercado, antes de que otro inversor se haga con sus casas para especular con ellas. Por el momento no ha trascendido qué empresas habrían hecho ofertas de venta a Casa 47, pero desde el ámbito sindical llevan tiempo dándole pistas a la entidad pública sobre hacia dónde podrían dirigir sus inversiones.

Dos de esos nombres propios sobre los que el Sindicato de Inquilinas de Madrid tiene puesto el foco son Fidere y Nestar, que adquirieron en 2010 y en 2013 unas 2.400 viviendas que en su día se habían construido con respaldo público. Ahora, estos fondos ponen estos inmuebles en el mercado de nuevo y algunos de ellos incluso han aparecido en portales inmobiliarios. En este contexto, el sindicato ha pedido que Casa 47 recupere las viviendas, aunque hasta el momento, el procedimiento de adquisición de vivienda por parte de la entidad pública se ciñe a un concurso en el que los interesados en vender deben estar inscritos para luego negociar con ellos. Es decir, si los propietarios no los ofertan, la entidad pública no puede lanzarles ninguna oferta.

En la primera oferta de compra que acaba de cerrarse, Casa 47 señaló que han recibido 14 ofertas que agrupan 131 inmuebles, de los cuales el 88% corresponde a empresas que se han puesto en contacto con ellos para vender sus viviendas. El siguiente paso será que el organismo público revise y tase los pisos para llegar a un acuerdo económico. Sobre la partida presupuestaria, de 100 millones de euros, señalan que "una vez valorados todos los inmuebles", el remanente seguirá disponible para la compra de nuevas viviendas.

Sobre la distribución geográfica, la empresa pública señala que los inmuebles se encuentran principalmente en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Otro caso mediático es el de los vecinos del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Carabanchel. En un video difundido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, algunos vecinos del inmueble piden ayuda públicamente para que la administración adquiera las viviendas. "Los bloques en lucha de Carabanchel llevamos meses exigiendo a Casa 47 que recupere nuestras viviendas", lanzaban en un video en la red social Instagram.

La historia de estos inquilinos comienza cuando en 2013, bajo el mandato de Ana Botella, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió al fondo de inversión Blackstone (Testa) miles de viviendas. Ahora, esta empresa, que ha hecho ya varias operaciones de desinversión, estaría negociando revender esos inmuebles a otro fondo extranjero, según explica el sindicato madrileño. La agrupación sindical habla de 1.860 casas en las que viven personas de alquiler que no podrían permitirse comprarla y terminarían expulsadas a un mercado cada vez más caro e inaccesible. "Luchamos para que nuestras casas pasen a formar parte del parque público de vivienda de Casa 47, con alquileres estables y asequibles y garantías reales del derecho a la vivienda frente a los intereses de quienes solo buscan hacer negocio", señalan en una nota de prensa.

Los vecinos lo han intentado llamando a todas las puertas. En marzo, las tensiones llegaron incluso a un pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando miembros del sindicato y vecinos afectados entraron a la sesión y lanzaron panfletos para protestar por la venta de sus casas, que pasan "de fondo en fondo como si fueran cromos", denunciaban. 

Emilio Delgado ha pasado de sonar como posible alternativa interna a la ministra Mónica García para disputar la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso a querer dar el salto a la política nacional. El todavía portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea defiende llevar a la Cámara Baja la voz del “Madrid de los barrios” frente al modelo de Ayuso, al que acusa de haber construido una sociedad “culturalmente conservadora” y de practicar un “feudalismo” que deja fuera a quienes no pueden pagar la entrada al “parque temático” madrileño. 

Tras compartir un acto con Gabriel Rufián y defender que Más Madrid debe tener un papel protagonista en la recomposición de la izquierda, Delgado le pide al portavoz de ERC que “aterrice” su propuesta. Y, aunque él personalmente amagó con competir en primarias contra García por el liderazgo del partido en Madrid —una posibilidad que finalmente descartó para evitar "un psicodrama de la izquierda"—, defiende ahora abrir una nueva etapa centrada en ampliar el espacio progresista y dejar atrás los debates internos. Sin embargo, sí admite que hay “mucha gente” que le decía “que le habría hecho ilusión” que él fuera quien se presentase contra Ayuso.

¿Por qué ha decidido dar el paso de ir al Congreso? ¿Qué cree que puede aportar?

Estamos viviendo tiempos de enorme incertidumbre y de mucha inseguridad vital. Hay una batalla explícita entre dos opciones: o se sigue concentrando poder, riqueza, tiempo y recursos en muy pocas manos, o se democratizan. Quiero contribuir humildemente a preservar lo mejor que hemos sido capaces de construir en los últimos 50 años con el Estado del bienestar, los servicios públicos y la democracia. Es fundamental que los madrileños tengan una voz en el Congreso, igual que otros territorios tienen representación territorial.

¿Qué ha entendido mejor Isabel Díaz Ayuso de la sociedad madrileña que la izquierda sigue sin comprender?

Ayuso y el PP han hecho un experimento consistente en generar su propio electorado. Han generado una sociedad culturalmente conservadora y juegan con eso. La izquierda tenemos que tomar nota de cómo es la sociedad madrileña y ajustar nuestros mensajes para que puedan ser comprendidos por una parte amplia de la población, porque tienen que ver con mejorar sus condiciones de vida.

Cuando el PP dice que es mejor tener el dinero en el bolsillo, nosotros debemos recordar que ese dinero se lo están sacando a la gente cuando tiene que contratar servicios privatizados o cuando necesita una residencia para sus mayores y descubre que el 98% de la gestión es privada. Cuando hablan de libertad de elección, hay que recordar que mucha gente no puede elegir: o te quedas en casa de tus padres hasta los 40 años porque no hay parque público de vivienda, o acudir a un mercado absolutamente prohibitivo.

¿La fragmentación de la izquierda responde más a diferencias políticas, de liderazgo o estratégicas?

La unidad permite maximizar el resultado dentro de un espacio determinado de juego. Podemos conformarnos con eso o intentar ampliar para que entre más gente y ahí lo importante es reconectar con sectores populares que se han distanciado de la izquierda, aportar certidumbre a los indecisos y no renunciar a entrar en el terreno político del adversario. Hay muchas personas que han podido prestar atención a lo que decía la derecha y la extrema derecha, porque a partir de unos dolores reales en los que se ven nombrados, lo que están haciendo las derechas es introducir cambios todavía más reaccionario.

¿Cómo se reconecta con esos sectores populares?

Creo que lo hemos conseguido en muchas ocasiones dejando de hablar de nosotros mismos y hablando más de lo que la gente necesita. Una persona que llega a casa a las ocho o las nueve de la tarde no quiere escuchar el psicodrama de la izquierda. Pero sí puede prestar más atención si le hablamos de conciliación de su vida familiar y familiar, de oportunidades para sus hijos, de escuelas infantiles, de universidad o de empleo de calidad.

Y, en segundo lugar, no pidiendo el carné a nadie. Tuvimos un enorme acierto cuando planteamos hace unos años que había mucha gente distinta que puede estar de acuerdo en lo fundamental: justicia, democracia, libertad y prosperidad. En eso hay una inmensa mayoría de españoles. No se trata de llenar el país de banderas, ni de echar a los inmigrantes, ni de volver a un giro autoritario que nos devuelva a antes de la ilustración y que pasa por modernizar el tejido productivo, la administración pública y garantizar derechos laborales y sociales. 

¿Se refiere a la época posterior al 15M con la aparición de Podemos? ¿Cómo se articula esto tras años distanciados y de gobierno de Pedro Sánchez?

En los gobiernos de la izquierda hay muchas cosas reivindicables, se han actualizado pensiones y hay datos de empleo muy exitosos, se ha aumentado el presupuesto para la dependencia… pero nos hemos olvidado de generar un discurso que vaya más allá de la mera gestión de los servicios públicos, que dibuje un horizonte deseable. Cuando el adversario te está poniendo delante una distopía absoluta, pero organizada y con sentido, nosotros estamos en la obligación de plantear una utopía realizable y explicando a la gente en qué consiste y cómo lo vamos a hacer. 

Gabriel Rufián, con quien compartió un acto en febrero, ha planteado la necesidad de crear un espacio votable para evitar que la izquierda “se vaya al carajo durante años”. ¿Coincide?

No voy a entrar en cuestiones internas de otros partidos. Valoro positivamente la voluntad de Rufián de contribuir a encontrar una solución. Me parece loable todo esfuerzo por evitar una involución en este país. Ahora bien, no acabo de entender cómo se aterriza esa propuesta si las fuerzas soberanistas, que él plantea como eje, ya se han desmarcado.

En ese acto con Rufián también abrió varios debates. ¿Comparte la tesis de que la izquierda se ha centrado demasiado en las cuestiones identitarias y ha dejado de lado las materiales?

No, las cuestiones identitarias son materiales. Cuando alguien es agredido en la calle por su orientación sexual o identidad de género, no hay nada más material que eso. No hay que dar ni un paso atrás en la protección de los derechos LGTBI con 65 países en los que ser homosexual está penado y siguen produciéndose agresiones, discriminaciones y delitos de odio. Lo que he planteado es que, simultáneamente, tenemos que ocuparnos de apoyar a todos esos hombres que viven una crisis de masculinidad brutal, que ven truncadas sus expectativas y que pueden ser presa de la extrema derecha si no tenemos nada que decirles, también tenemos que dirigirnos a ellos.

¿Por qué cree que esos hombres se sienten más interpelados por la extrema derecha? ¿Se ha ridiculizado desde la izquierda a los gymbros?

A veces se han planteado como antagónicas cuestiones que no tienen por qué serlo. Que te guste el deporte o ir al gimnasio no significa que la izquierda no pueda ser tu lugar y a veces se generan polémicas estériles. Creo que son perfectamente compatibles los libros y los burpees. La izquierda también tiene que entrar en esos sectores populares y no podemos huir de las contradicciones. Todos en nuestra familia tenemos gente que aboga por los servicios públicos, está a favor de la justicia social y tiene un alma progresista, pero a su vez reproduce elementos del patriarcado y del capitalismo.

No nos podemos desmarcar de esas personas porque es nuestro pueblo y nuestra gente. No necesito estar de acuerdo en todo, sino en lo fundamental. A partir de ahí, me da igual si te gusta el teatro, los toros o el deporte. Y hay que introducir a todas estas personas en los discursos de la izquierda, acudir a estos espacios y tener presencia en los espacios populares.

Suele decir que la izquierda debe hablar de inseguridad en los barrios. ¿Cómo hacerlo sin caer en discursos punitivistas en los que no se va al fondo del asunto?

Los que están generando más cuotas de desigualdad y abogan por una mayor desregulación e impiden que los Estados protejan a la gente y se quejan de pagar impuestos, son los más punitivistas. La seguridad es uno de los elementos irrenunciables de la igualdad y cuando las plataformas vecinales remarcan la inseguridad en las manifestaciones hay que prestarles atención. Alguien de Vallecas tiene el mismo derecho a sentirse seguro que alguien del barrio de Salamanca. Hay barrios que están sobrerrepresentados en las cárceles desde hace sesenta años, son los mismos barrios. Cuando una madre en una familia monoparental trabaja diez horas fuera de casa y sus hijos se crían solos, sin servicios públicos ni alternativas, hay más posibilidades de que acaben en circuitos delincuenciales que alguien que tiene la vida solucionada.

Sobre la relación con el PSOE, ¿cómo valora la respuesta del presidente Pedro Sánchez ante los casos de corrupción que han afectado al partido?

Me preocupa que en España se imponga una dicotomía de blanco o negro: o todo es una conspiración para tumbar al Gobierno o no existe ninguna conspiración y este es el peor Gobierno de la democracia. Creo que pueden estar sucediendo las dos cosas a la vez. Ha habido movimientos reaccionarios, mediáticos, económicos y judiciales para tumbar a un Gobierno legítimo, no me cabe la menor duda y estoy pensando por ejemplo en el juez Peinado. Pero también ha habido personas dentro del PSOE que han contribuido a erosionar al propio Gobierno con sus conductas.

La respuesta de Pedro Sánchez no siempre ha sido la mejor. Y ha habido propuestas que siguen sin llegar al Congreso. Por ejemplo, la ley de integridad de la Administración Pública que planteó Sumar o limitar que empresas corruptoras accedan a concursos públicos. Sánchez debería dejar de tratar con condescendencia a sus socios de Gobierno, que no han puesto ni un solo caso de corrupción encima de la mesa y han aportado buena parte de las medidas de las que luego presume el Ejecutivo.

Usted ha planteado dudas sobre las condiciones en las que Sumar debe formar parte del Gobierno. ¿Cree que debería salir?

Yo planteé que era necesaria una reflexión sobre en qué condiciones se entra a formar parte de un Gobierno, porque también se puede apoyar desde fuera. Hay que marcar líneas en función de si tu participación garantiza políticas progresistas que la justifiquen. Llegados a este punto, creo que no tendría mucho sentido abandonar el Gobierno, porque sería facilitar la operación de derribo de un Gobierno legítimo que está haciendo la derecha. Pero en el futuro habrá que plantearse en qué condiciones se entra y cuáles son las líneas que obligarían a salir.

 ¿Cuál cree que ha sido el mayor acierto del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y su mayor error?

En política internacional ha sostenido una posición bastante digna en un mundo que se transforma a gran velocidad y en el peor sentido de la palabra. Estamos viendo cómo aumentan la emergencia climática, la desigualdad y los genocidios en directo, como en el caso de Palestina. Ahí el Gobierno ha sabido tener una posición bastante digna.

El peor error ha sido la vivienda. No es de recibo que una ministra de Vivienda salga a decir que hay que convencer a los empresarios de que tengan buena voluntad y bajen los alquileres. No la hemos puesto de ministra para apelar a la buena voluntad de los caseros, sino para legislar a favor de la parte más desprotegida, que son los inquilinos.

El Gobierno suele responder que muchas competencias dependen de las comunidades autónomas. ¿Ha faltado ambición?

Sí, es cierto, pero se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, se podría haber dejado en manos de los ayuntamientos, y no de las comunidades autónomas, la declaración de zonas tensionadas. También se podría haber impulsado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para introducir figuras como el alquiler indefinido, que permita al propietario recuperar la vivienda si la necesita para sus hijos o en caso de impago, pero que impida subidas exponenciales cada cuatro años.

Si hubiera elecciones generales y la izquierda necesitara nuevos liderazgos tras la negativa de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Ada Colau, ¿usted estaría dispuesto a dar un paso adelante?

Estoy dispuesto a empujar y a poner el hombro todo lo que sea necesario para conseguir una España más próspera y más grande. Nosotros también queremos una España grande, pero de una forma diametralmente opuesta a la derecha. España no se hace grande expulsando inmigrantes, apostando por empleos baratos o reduciendo derechos sociales y políticos. Estaré donde la gente quiera que esté, no lo voy a decidir yo, lo decidirán las cúpulas de los partidos.

¿Y si se lo piden directamente?

Si se da esa situación, ya veremos…

En los últimos meses amagó con presentarse a las primarias contra Mónica García, aunque finalmente no dio el paso. ¿Había diferencias estratégicas importantes entre ustedes?

Mucha gente me decía que le habría hecho ilusión que me presentara como cabeza de lista contra Ayuso. Agradezco mucho el cariño y la confianza. Pero no estamos en un momento para revolcarnos en discusiones sobre detalles, matices o liderazgos. La misma gente que me decía eso quizá se estaría lamentando ahora de que estuviéramos enfrascados en un debate interno. Creo que hemos alcanzado un acuerdo que permite que hoy Más Madrid esté hablando de modelo productivo, de alternativa al PP de Ayuso y de servicios públicos, y no de liderazgos.

¿Cuál ha sido el momento en que ha estado más cerca de dejar la política?

Es una pregunta difícil. La ciudadanía está expuesta al ruido permanente de lo peor de la política: escándalos judiciales, trampas, odio financiado por grandes poderes económicos, mediáticos y financieros. Nosotros estamos en el centro de ese bombardeo. A veces he tenido que recordarme que la política va de otra cosa, de conseguir una mejor educación, de que los jóvenes tengan una vida mejor que la nuestra, de que las personas mayores estén bien cuidadas o de que alguien con empleo pueda pagar su casa.

¿Cómo analiza los movimientos judiciales de los últimos años? La semana pasada publicamos en infoLibre los vínculos entre Plus Ultra y el exjuez Manuel García-Castellón, pero no ha encontrado un eco mediático como el caso Zapatero.

España es enormemente exigente con el poder político y enormemente condescendiente con el poder judicial. Y el poder judicial, como cualquier poder del Estado, está sujeto a crítica. Hemos visto el bloqueo permanente del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP, una huelga de jueces a los que no se les descontaba el día, reuniones de fiscales con el jefe de la oposición para decirle que preferían un Gobierno de derechas e intromisiones del poder judicial en el legislativo.

Hay dos debates clave: cómo se accede a la carrera judicial y cómo se nombran los altos cargos en los tribunales. Para ser juez necesitas pasar años sin trabajar, pagar un preparador y que tu familia te sostenga. El hijo de una panadera lo tiene muy complicado. Y los acuerdos entre grandes partidos para repartirse los altos tribunales tampoco ayudan a la percepción de independencia judicial.

Feijóo ha dicho esta misma semana que el absentismo “es un cáncer” y que hay que bajar la cuantía de las bajas laborales. ¿Se equivocó al decirlo o cree que ese es el plan de la derecha?

Para la derecha todos, salvo los especuladores y los explotadores, son enemigos. La juventud es irresponsable y unos “memos”, como dijo la CEOE. Los mayores son unos privilegiados, los trabajadores inmigrantes son unos parásitos, los trabajadores españoles unos vagos, las mujeres unas histéricas y los homosexuales unos pedofilos. La derecha tiene un problema con la mayoría trabajadora de nuestro país. Tiene un problema con la España real. Por no gustar, no le gusta ni la selección española.

La pasada semana tanto PP y Vox agitaron también el discurso sobre el censo electoral. ¿A qué lo atribuye?

Es la réplica permanente del manual trumpista. Denuncias un pucherazo antes de las elecciones: si las ganas, no pasa nada; si las pierdes, ya tienes el pucherazo previamente denunciado. También hay miedo a que los españoles tengan una idea de país distinta de la que proyectan la derecha y sus medios. Los ataques a la soberanía popular que hace José María Aznar desde FAES van en esa línea: amedrentar al pueblo para que vote bien, porque si vota mal puede haber consecuencias.

¿Qué pasaría si después de las próximas elecciones generales hubiera una mayoría de la derecha?

Empezaríamos a reconstruir todo lo que fuera necesario para que la gente sufriera lo menos posible.

El curso político llega a su fin. Una temporada intensa. Acalorada. El Gobierno y la oposición saben que el clima preelectoral se ha instalado ya. Pero de verdad. A partir de septiembre, todos estarán pendientes de un único movimiento: en qué momento pulsará Pedro Sánchez el botón para ir a las urnas.

Pero el Gobierno quiere cerrar el curso durante estas tres semanas con un fuerte componente social frente a la frenética actividad en los tribunales. La coalición busca evidenciar para qué sirve, a qué intereses responde, cuál es el proyecto que ofrece a los ciudadanos. Para ahora y para la cita electoral de 2027.

Esa razón de ser pasa, como señalan fuentes gubernamentales, por tres ejes principales: el avance histórico en aportaciones para la dependencia, un nuevo decreto en materia de vivienda y la defensa del estado del bienestar ante la “amenaza” que supone el frente del PP y Vox que sueña con llegar ya al Palacio de la Moncloa.

En el Gobierno reconocen que la polémica de Alberto Núñez Feijóo por sus comentarios sobre el absentismo les da oxígeno en estos momentos. Como señalan fuentes del Consejo de Ministros: “Ha dicho lo que pensaba sobre las bajas laborales. Es el modelo oculto del PP, que intenta no revelar antes de las elecciones. Pero el líder del PP tiene un bajo nivel. Han tenido que salir los suyos a corregirlo, hasta Borja Sémper”.

Como señala otro miembro del Gobierno: “La gente está viendo que vienen con la motosierra”. El Ejecutivo lleva meses luchando para que se hable de gestión y de políticas sociales, pero los escándalos judiciales han alterado totalmente el ritmo del debate público. Por eso, ve las palabras de Núñez Feijóo como un regalo para que se hable de asuntos de calado que afectan al día a día de los ciudadanos.

Precisamente, varias fuentes del Gobierno señalan que el PP también se está “retratando” de manera paralela con el tema de la dependencia. Este jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso dio su visto bueno a la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que conllevan reducir la burocracia, suprimir la incompatibilidad de prestaciones y ampliar servicios.

Los proyectos de ley salieron adelante con el voto de todo el arco parlamentario a excepción del Partido Popular y de Vox. La próxima votación será ya en Pleno el próximo martes, el mismo día en el que, además, la Cámara Baja someterá a votación el decreto que lleva a máximos históricos la aportación del Gobierno central para dependencia, con 6.200 millones de euros extra para este año y el que viene.

El Partido Popular trata de boicotear estas normas a pesar de que se ha caído su principal excusa: la necesidad de incrementar la aportación del Gobierno central en una materia que es competencia de las comunidades, la mayoría en manos de gobiernos del Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha de Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere hacer bandera de todos estos avances sociales. De vuelta de la cumbre de la OTAN en Ankara, el líder socialista escribió estas ideas en la red social X: “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus ideas”.

Máxima relevancia dan ahora mismo en el Gobierno a la elaboración del decreto de vivienda en el que trabaja el Ejecutivo. El compromiso es llevarlo al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Estos días negocia intensamente el área socialista, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el ala de Sumar, pilotada por Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).

Fuentes de Sumar trasladan que hay dos líneas rojas: el decreto debe llevar sí o sí la regulación de los alquileres de temporada, en sintonía con las propuestas del Sindicato de Inquilinos, y la prórroga de los contratos de alquiler (que ya estuvo en el anterior texto que no convalidó el Congreso). “Esto es irrenunciable”, enfatizan desde el socio pequeño de la coalición. Asimismo, se están poniendo sobre la mesa otras medidas sobre las que no quieren dar pistas en el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno trabaja a todo rendimiento para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y esta es la pieza clave para saber hasta dónde llega la legislatura. Sánchez ya ha abierto la puerta a ir a unas elecciones adelantadas si cae el proyecto de cuentas públicas para el año que viene.

Los trabajos los está pilotando el ministro de Hacienda, Arcadi España, en sintonía total con el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo. Son unas cuentas con un importante mensaje político, por lo que se ha aprobado también un techo de gasto histórico con el fin de que se aumenten las partidas de vivienda, becas, lucha contra la violencia machista, I+D+i y dependencia. “Será un proyecto con el ADN progresista y socialdemócrata. Igualdad y servicios públicos. Es nuestra hoja de ruta ante la sociedad”, indican fuentes del Ejecutivo.

Pero también, de manera discreta, se está produciendo la negociación entre los dos socios de Gobierno. En Sumar siguen insistiendo, frente a la negativa de los socialistas, en que se debe incluir en los presupuestos el proyecto para una prestación universal por crianza por hijos hasta los 18 años.

Sumar ondea con fuerza la idea que el aumento en dependencia y las medidas de vivienda son fruto de su trabajo intenso dentro de la coalición. “Merece la pena estar dentro para hacer todas estas medidas. Al PSOE hay que presionarlo y obligarlo”, apuntan desde el partido. 

Llega el verano. Y el Gobierno quiere marcar su impronta en un momento en el que los tribunales se llevarían todos los titulares si no fuera porque Feijóo parece reclamar algunos para sí mismo.

El bolchevismo cotiza al alza. Miren, hay gente rompiéndose la pierna para joder a la patronal. «¡Chínchate, Garamendi!», gritan los camaradas camino de quimioterapia. Frente a la CEOE acampan un trillón de lisiados; tan pronto pasa un directivo, alzan sus muñones y gritan con júbilo.

El señor que no nos preside porque no quiere anda afeando al respetable su falta de ganas. Se acabó la tibieza: del quirófano al tajo, que el país no se levanta solo. El candidato sempiterno se lo ha prometido a los patrones vascongados, no sea que resuciten el requeté. «Haya acuerdo o no», claro que sí, guapi. El Estatuto de los Trabajadores es un concepto discutido y discutible, que decía el profeta. Malvender los derechos laborales a las puertas de las elecciones, en medio de una espiral inflacionaria y con la vivienda por las nubes: finísima idea, ¡que alguien suba el sueldo a esos asesores!

«El absentismo es un cáncer que no podemos pagar». El sustantivo se le resbala, pero no le exijamos demasiado. Esperanza Aguirre, pronta al rescate, ha parido un neologismo más preciso: «bajaciones». Gente fina y ocurrente, así da gusto. En fin, que la calificación oncológica ha traído cola. Sospecho que si me detectasen un tumor, andaría deseando el alta. Como la desgracia no conoce ideologías, Borja Sémper, recién recobrado, ha tenido que matizar al superintendente; no sin antes acusar al Gobierno de embarrullar la discusión. «Es imposible abrir un debate serio en este país sin que se manipule», dice el fulano. El del «me voy porque la política se ha desprestigiado», glorioso papelón.

Siempre dispuesto a lanzarse al barro, el ministro Puente ha exigido a su edecán que le trajese el teléfono y las gafas de cerca para aportar su granito. Pantallazo de las ausencias parlamentarias del señor Núñez y el recorte de prensa de aquella vez que suspendió la campaña por lumbalgia. Combatir la bajeza con camorrismo, felicísima ocurrencia. Lo de que los trenes lleguen a su hora lo dejamos para la legislatura próxima.

Pareciera que, con el rival en la lona, el partido mayoritario de la Cámara ha decidido darse cabezazos contra el poste del ring hasta abrirse la cabeza. El debate, claro, ha enfervorecido a la opinión pública y la publicada (a mí mismo me remito), y no hay compatriota que no conozca a un primo segundo de un vecino que ha conseguido —oh, titán anticapitalista— pasarse la vida encadenando luxaciones y temblores para no dar un palo al agua. «Hay fraude», claman los empresarios prudentes. Pues persíganlos, que uno no deja de conducir por la derecha porque, de tanto en tanto, algún descerebrado se lance a la autovía en sentido contrario. No sea que con la cantinela de la picaresca y el timo de la estampita busquemos a desguazar los derechos adquiridos. Lo intentó, en otro rubro, el diputado De los Santos, elevado al escaño por sus méritos como personal shopper de la señora de Mariano (ay, si se llega a enterar el juez Peinado…). «Los transexuales nos mienten, señorías», dijo —en resumen— moviendo mucho la cara. Podría haber citado alguno de esos casos acontecidos en un ignoto rincón de Alabama tan del gusto de los que «desmontan la ideología de género», las «denuncias falsas» y otras acechanzas del maligno. Siquiera se molestó. Total, si ahora su partido es la vanguardia de los derechos LGTBI. Como si fuésemos todos idiotas y no nos acordásemos del recurso al Constitucional.