Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.

Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye. 

Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas. 

El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda. 

La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año. 

“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye. 

La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.

Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.

A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.

A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.

Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.

Quiero pensar que fue por la intensidad informativa de estos últimos días, y no por esa manía de fijarnos sólo en lo que no funciona y dejar de valorar los logros, que el pasado jueves pasó por debajo del radar de buena parte de los medios una noticia de alcance, de esas que desmienten los mantras instalados de la polarización, la imposibilidad de acuerdos y el “España se rompe”: todas las comunidades autónomas, todas, acordaron de forma unánime con el Ministerio de Vivienda el reparto de los 7.000 millones del nuevo Plan de Vivienda Estatal.¿Qué ocurrió para que obrara el milagro?

Como es habitual, no encontraremos un solo motivo, sino varios: la habilidad negociadora del ministerio, el correcto planteamiento del propio plan que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible —especialmente la vivienda pública y protegida—, movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades… Pero más allá de todo esto, hay algo incuestionable: el papel que ha tenido la sociedad civil poniendo en el top de sus preocupaciones y sus movilizaciones la cuestión de la vivienda.

No es la primera vez que ocurre. De hecho, un recorrido que estudie la preocupación por la vivienda en los últimos años nos dice que ya en 1995 se encontraba —según el CIS— en el tercer puesto (por delante estaba el terrorismo de ETA y la crisis económica que golpeó con fuerza en 1992). Ya entrados en el siglo XXI, la vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008. De hecho, aunque ha desaparecido de la memoria colectiva, fue uno de los asuntos que hizo estallar la indignación el 15M, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos similares. A partir de 2013 va bajando en el listado de prioridades y en la primavera de 2023 empieza a repuntar.

Hoy, es un clamor: Oxfam analiza cómo la condición de inquilino es una brecha de desigualdad que atrapa en la “trampa del alquiler”, haciendo que, aun con mayores ingresos que los propietarios, los inquilinos tengan menor capacidad de ahorro; el Observatorio de la Emancipación acaba de publicar un informe en el que dice que la edad media de emancipación se ha elevado a los 30,2 años debido, fundamentalmente, al problema de poder hacer frente a un alquiler…. Los informes se suceden y las cifras no dejan lugar a dudas.

El clamor ha llegado a la calle en forma de una gran movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas, a la que se han sumado los sindicatos CCOO y UGT, además de otros colectivos sociales. Sin duda, el consenso político en torno al plan de vivienda no es ajeno a este clamor social. Luego podrán discutirse modelos de políticas de vivienda; habrá quien pondrá más el acento en la construcción de nuevos pisos y quién en el hecho de que sean públicos y/o asequibles, etc. Pero nadie puede negar que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social. Quien consiga dar con la tecla de cómo solucionarlo a corto —si es que eso es posible—, medio y largo plazo, contará con la confianza de la ciudadanía. 

Mientras tanto, extraigamos la lección y apliquémosla a otras cosas: cuando la sociedad civil se moviliza, la política no puede permanecer quieta.

Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más de 100.000 personas según la organización, ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna y ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.

Esta marcha supone "un punto de inflexión" y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Encabezada con una pancarta bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 12:30 desde el paseo del Prado para concluir alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla entre gritos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha lamentado.

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda".

El responsable de CCOO ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión "se están poniendo de perfil", y reclamado que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

Álvarez ha denunciado la "insumisión" de las comunidades ante la gravedad del "problema social endémico" de la vivienda, ha considerado que se están demostrando "incompetentes en la materia", pese a tener las atribuciones transferidas, y ha criticado "la falta absoluta de colaboración" entre administraciones.

También en declaraciones a los periodistas Reyes Maroto ha dicho que el "grito" de esta manifestación tiene que ser oído por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque están "robando Madrid" y se están "echando" a la gente de sus barrios.

La socialista ha señalado que defienden el derecho a "vivir y no a sobrevivir" en la ciudad donde se confrontan dos modelos: el del PP que hace de la vivienda un "negocio" y el del PSOE que quiere "blindar la vivienda pública y ponerle coto a las viviendas de uso turístico".

Durante toda la marcha se han escuchado consignas en defensa de una vivienda digna y asequible para todos y cánticos como "Rentistas culpables, Gobierno responsable", "No es un piso chulo, es un puto zulo", "Ni casa sin gente, ni gente sin casa", "El próximo desahucio el ático de Ayuso" o "Madrid será la tumba del rentismo".

En muchos tramos del recorrido los asistentes han hecho sonar sus llaves a modo de protesta al tiempo que gritaban: "No nos vamos, nos quedamos".

Uno de los momentos emotivos de la manifestación ha sido cuando Mari Carmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, ha tomado el micrófono para contar que el próximo día 3 de junio la desahucia de su casa un fondo buitre.

"Mari Carmen no estás sola, estamos contigo" han coreado durante un largo rato los manifestantes, un grito de ánimo que han repetido en varios momentos de la protesta.

Entre las pancartas que portaban los participantes podían leerse algunos mensajes como "Las casas para quien las habita", "Gente jodida", "Más cigüeñas y menos buitres" o "La solución: expropiación".

"Techo y trabajo sin ser esclavo", "Si pago el alquiler no tengo para comer" o "Casas para vivir no para especular" son otros de los mensajes de los carteles.

Al llegar a la plaza de Cibeles, una de los asistentes se ha arrancado a cantar un chotis adaptado para la protesta, "el chotis del ladrillo", lo ha denominado.

Poco antes de las dos de la tarde, la marcha ha llegado a la calle Sevilla, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de los distintos colectivos sociales que han apoyado la marcha han hecho un llamamiento para avanzar hacia "una huelga general por la vivienda que paralice el país y termine definitivamente con el rentismo".

Más casas públicas. Esa es la clave del problema de la vivienda y uno de los quebraderos de cabeza que tienen las administraciones, que deben aumentar el parque inmobiliario de la forma más rápida y eficiente posible, aunque sin volver a crear una burbuja especulativa. En las soluciones al dilema actual interfieren inevitablemente los fantasmas de crisis pasadas y aquí el suelo es uno de los temas sensibles. Es la materia prima fundamental y, sin embargo, también fue, antes de 2007, el origen de los llamados pelotazos inmobiliarios. Operaciones especulativas que generaban ganancias rápidas y elevadas mediante la compra de suelo barato (generalmente rústico o no urbanizable) y su posterior recalificación a suelo urbanizable, multiplicando su valor. 

Pero ahora los problemas son otros. Lejos de lo que se suele argumentar, los expertos coinciden en que no falta suelo edificable ni recalificaciones, sino que en la gestión es donde está uno de los grandes cuellos de botella. "En el planeamiento urbanístico en todas las ciudades de España, sobre todo en las medianas y grandes, hay muchísimos solares y parcelas urbanas vacantes de edificación, bien porque fueron demolidos o porque no se llegó a construir en ellos", explica el arquitecto y experto en urbanismo, Gerardo Roger. Esos suelos pueden ser públicos o privados, pero las administraciones y los ayuntamientos tienen potestad para hacer que se construya en ellos. "En Valencia ciudad se ha constatado que hay 500.000 metros cuadrados de suelos vacíos desde el año 1988 y calificados para uso escolar", señala Roger, que explica cómo estas localizaciones vacantes podrían albergar viviendas públicas en un momento de crisis como el actual.

En cuanto a los suelos privados, Roger explica que hay muchos edificios y suelos que están fuera de ordenación, es decir, pensados para albergar vivienda, pero sin construir, "bien porque sus dueños lo quieren tener vacío, o bien porque no tienen recursos para urbanizarlo". En esos casos, insiste el urbanista, la ley española permite intervenir. "El interés del propietario será el que sea, pero la función pública del urbanismo obliga a que se ejecute aquello para lo que está destinado ese suelo, ya desde la ley de suelo de 1956. En esos casos la Administración puede intervenir. Lo hace, bien expropiando y pagando; o bien sacando a concurso y edificando para después pagar al propietario en especie (con uno o varios pisos, según el valor estimado)", señala. 

Pero esta ejecución sustitutoria, como se denomina en la jerga, no es un procedimiento que se suela aplicar, subraya el urbanista, a pesar de que la legislación española es de las pocas en el mundo que cuenta con estos mecanismos. "La ley valenciana, por ejemplo, contempla que, cuando estos solares salen a concurso, se adjudique el que más vivienda pública proponga dar en ese suelo", concluye. Aunque aquí, matiza, blindar la protección de forma indefinida es clave para evitar movimientos de especulación.

Un estudio reciente realizado por el economista Ignacio Ezquiaga y publicado en Círculo cívico de opinión, señala que en España hay suelo en estado de desarrollo para construir siete millones de casas. De este conjunto, grandes áreas urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza acaparan espacios para construir alrededor de 1,5 millones de unidades. Pero, si hay suelos, ¿por qué no se construye?

Además de la falta de gestión por parte de las administraciones que constata Roger, otra razón es que muchos de estos suelos son espacios que se quedaron atrapados tras la gran crisis de 2007 en forma de propiedades fragmentadas, concursos de acreedores o bajo problemas de financiación. Otro elemento que destaca Ezquiaga es el "escaso margen de maniobra de las corporaciones locales" para endeudarse. "Con el conjunto de normas que el PP aprobó en 2013 para controlar la deuda, se suprimieron, por ejemplo, las empresas de vivienda pública que tenían algunas corporaciones municipales porque las reclasificaron como deuda pública", explica el economista a infoLibre. De hecho, un 30% de esos terrenos "en manos muertas", como los denomina el economista, son propiedad de los ayuntamientos.

"Estas estimaciones de suelos que ya están listos para albergar viviendas son oficiales, son cifras que da el Gobierno y por eso cabe preguntarse por qué no se construye", apunta el economista. "Son terrenos de promociones que quebraron, que pasaron por los juzgados o que terminaron en manos de fondos de inversión", concluye. Una de las propuestas que sugiere Ezquiaga para evitar que se retengan suelos de esta forma es promover un cambio en la fiscalidad. "A los fondos y empresas que tengan esos suelos parados -muchos de ellos adquiridos prácticamente gratis, porque fueron adjudicaciones de activos tóxicos de la crisis financiera- se les podría aplicar un IBI con recargo", sugiere. La idea es que tributen a partir de un cierto tiempo parados, como si estuviesen edificados, de forma que se promueva la construcción de viviendas.

Para Gerardo Roger, otro punto clave es que las administraciones públicas se tomen en serio su rol como gestoras urbanísticas. "El planeamiento urbanístico es una función pública. El que te dice cuántas casas puedes construir en un sitio o qué tipo de edificación debe albergar ese suelo es el conjunto de la sociedad. Además, lo que se le está diciendo al propietario es que va a ganar dinero construyendo él mismo o, en el peor de los casos, que la Administración va a convocar un concurso y lo que ganará serán pisos a cambio del terreno que aporta", señala el urbanista, que identifica una ola de externalización o privatización de determinadas funciones urbanísticas en las administraciones. "Se ha renunciado a la ordenación, a la gestión y, últimamente, hasta a conceder las licencias, porque se hace a través de las ECU [acrónimo de entidades colaboradoras urbanísticas]. Si urbanismo no ordena, no gestiona y no controla, ¿entonces qué hace?", concluye el experto.

La vivienda empieza a ser el núcleo desde donde emana el grueso del descontento social. Está en el centro cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo, del endeudamiento, de las dificultades de emancipación, de la desigualdad… Hasta ha entrado de lleno en un debate más amplio como la lucha de clases o la forma en que debe operar un sistema económico. “Todo lo indispensable para la vida no deja de subir”, protestaba Elisa Molina, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en Madrid, durante la convocatoria de unas jornadas de protesta que arrancan este domingo 24 de mayo en Madrid. No se puede sostener, afirmó Molina, “que los alquileres estén por las nubes y los salarios por los suelos”. Y es que aquí ya no se habla solo de casas.

Las protestas comenzaron este viernes con una acción en la que una decena de miembros del sindicato atravesaban las puertas de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para encerrarse en el edificio. Querían forzar a la Administración a que unas 800 viviendas que tiene bajo su tutela pasen a ser públicas y se frenaran los procedimientos de desahucio que tienen abiertos algunos inquilinos. Se dirigían a los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social con un plan de acción y al grito de “nos quedamos”. Pocas horas después, el Ministerio de Vivienda accedía a su petición: “Ambos ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta de viviendas”, señalaban en un comunicado. Esta vez, el día terminaba entre aplausos. Un pequeño logro en un contexto que, por el momento, se presta poco al optimismo. De hecho, casi a renglón seguido, el sindicato madrileño republicaba en sus redes un vídeo para tratar de detener, por segunda vez, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el 3 de junio volverá a enfrentarse a un intento de desalojo de la casa donde lleva residiendo toda su vida. 

Con estos mimbres llega una ola de protestas que empieza este domingo 24, pero se extenderá hasta el día 25 por diferentes ciudades españolas. El lema es “La vivienda nos cuesta la vida”, pero entre las reclamaciones que se hacen está también subir el salario mínimo, que se intervengan los precios de bienes básicos o que se controle el mercado desde lo público garantizando costes de vivienda asequibles y contratos estables. Por otro lado, los convocantes también dan una pista de la transversalidad del problema. Entre ellos se encuentran los sindicatos de inquilinas, CGT, CNT y un conjunto de movimientos de la sociedad civil como grupos por la defensa de las pensiones, el colectivo de bomberos contra los desahucios o movimientos ecologistas, feministas y antirracistas.  

“El alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, remataban en otro comunicado. 

La transversalidad del problema también se percibe en la creación a principios del mes de mayo de la Confluencia de Luchas, una plataforma impulsada desde los sindicatos de inquilinas, pero que integra a buena parte de los colectivos que ahora se suman a estas movilizaciones. En la definición que se han dado a sí mismos recogen que son “un espacio abierto a la integración de otros colectivos y organizaciones que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición postcapitalista”. 

El alquiler y las condiciones que impone son el foco al que se dirigen las protestas. Los contratos por periodos breves de tiempo permiten escapar al control de precios, ya que al final de los mismos, los caseros pueden establecer la renta que consideren sin ningún tipo de tope. De ahí la insistencia de los sindicatos de inquilinas en lograr que los contratos sean indefinidos por defecto. La prórroga de los alquileres, que decayó en el Congreso en abril, dejó también un vacío en este sentido, ya que permitía extender los contratos y hacía posible que los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional pudiesen pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. 

Pero esta no ha sido la única derrota. Los pisos turísticos y el alquiler de temporada juegan un papel clave en el aumento de precios al avivar una demanda ya de por sí tensionada. El Gobierno impulsó una ventanilla y un registro único en el que se debían inscribir los pisos de alquiler vacacional para controlar su proliferación, pero el Tribunal Supremo ha tumbado parte de este mecanismo respondiendo a una denuncia presentada por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Este jueves, el Supremo señaló que la competencia para registrar estos inmuebles era de las comunidades. Ahora, explican a infoLibre desde Vivienda, el registro lo tendrá que implementar cada región de manera individual y el Gobierno supervisará que cumplan con él. El objetivo de esto es evitar que proliferen este tipo de negocios sin licencia y sin control, ya que tienen una incidencia significativa en la demanda y, por tanto, en el encarecimiento de la vivienda.

Lo que la vivienda se lleva de los salarios es una de las cuestiones que ha hecho de este problema un asunto que va más allá de lo inmobiliario y, por ello, en estas movilizaciones será central la reclamación de una subida del salario mínimo. A menor renta, mayor porcentaje de ingresos se comen los bienes básicos e irrenunciables como la vivienda. Según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo, la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Pero la vivienda, que no se suele considerar en estas estadísticas, había aumentado su precio en 2025 un 12,7%, según el INE. Y esto solo en lo referente a la propiedad, algo que, además, no está al alcance de todos. En los alquileres, el portal inmobiliario Idealista fija el incremento en torno al 8,5%.

Los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados por esta situación. Con salarios generalmente más bajos, porque están comenzando su carrera, el alquiler se lleva la mayor parte de su sueldo y no permite crear un colchón de ahorro para la entrada de una hipoteca. Los datos que ofrece el Consejo de la Juventud son demoledores: el alquiler medio en España supone el 98,7% del salario de una persona joven, lo que ha empujado la tasa de emancipación hasta los 30,2 años. Solo un 14,5% de los menores de 30 años logró emanciparse en la segunda mitad de 2025, la tasa más baja desde que existen registros. 

Otro punto polémico son los márgenes de beneficio del mercado inmobiliario, es decir, las ganancias de quienes invierten en casas. Ellos son el objetivo de la mayoría de los lemas que se corean en las manifestaciones de vivienda: "Fuera rentistas de nuestros barrios", coreaba la multitud en la manifestación de abril de 2025. Y aquí el debate vuelve a ser puramente económico. “Las actividades inmobiliarias alcanzan un máximo histórico de rentabilidad”, titula un informe realizado por Comisiones Obreras y publicado este viernes. El documento apunta que las empresas dedicadas al sector de la vivienda tuvieron un resultado bruto de explotación en los últimos cuatro trimestres que supera los 13.000 millones de euros “por primera vez” y su margen sobre ventas superó el 30%. 

De un lado hablan de “profesionalización del mercado”; del otro, de especulación pura y dura. Así, una de las peticiones en las que más se está insistiendo consiste en prohibir o limitar el acceso de fondos y socimis a la compra de viviendas. Es una medida que partía del grupo parlamentario Sumar, pero no salió adelante dentro de la coalición de Gobierno. El grupo plurinacional defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

"Sostenemos el sistema y no tenemos casa", coreaban los manifestantes en la última gran concentración que tuvo lugar en Madrid, dando pistas ya entonces de que el problema de las casas era también un problema del sistema. Una crisis de vivienda que va más allá de la vivienda.

Lo habrán leído: el domingo 24 hay convocada en Madrid una manifestación por el derecho a la vivienda. La generación de cristal vuelve con sus reivindicaciones arrogantes. ¿Qué será lo próximo? ¿La escolarización universal? ¡Bolcheviques!

Asistimos, como dirían los moderados, a un choque de legitimidades. En la gresca, dos contendientes. De un lado, herederos diletantes, fondos buitres y gente que compró un piso en 1980 por dos pesetas y un chicle a medio mascar; del otro, a una miríada de trabajadores pobres, infame conjunción. En el centro, un delicioso bajo interior alicatado con amianto, que se cotiza a dos mil quinientos machacantes el metro cuadrado. "Cada uno tiene las propiedades que se ha ganado", declaró hace no mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid, terruño invivible. La declaración coincidía con los tejemanejes inmobiliarios de la Casa de Alba —próceres de esa meritocracia de la que usted me habla—, quienes, siguiendo la consigna de la doña, andaban desalojando a unos fastidiosos inquilinos de un edificio ("que se han ganado") llamado a reconvertirse en una colmena de apartamentos turísticos.

En la última década, el problema ha escalado enteros. Lo que hace unos años era indignante ahora es insoportable. Las excusas las sabemos: el aumento poblacional, el famoso bien de mercado, el escaso parque público, las competencias autonómicas y mire usted, que somos el pe so e, no espere milagros de la buena gente que hizo ministra a Isabel Rodríguez. También, los análisis pertinentes están más que hechos: el alquiler medio ronda el salario típico, las tasas de emancipación juvenil caen a mínimos y porciones gigantescas de la población han inmolado sus aspiraciones vitales sobre el voraz altar en el que se alimentan sus caseros. Los bancos, esos usureros profesionales a los que rescatamos hará 20 años, trasladan su control de daños a las hipotecas de los más vulnerables. Y los grandes partidos escurren el bulto, no sea que la generación de jubiletas que gozó la mayor expansión económica de la historia de la humanidad tuerza el morro antes de las generales.

Yo entré en la facultad el día que quebraba Lehman Brothers. Figúrense, toda la adultez escuchando milongas sobre que lo del ladrillo es un nudo gordiano, que el segundo y el tercer pisito son el ahorro de la clase media, que la legislación no puede cambiarse a la ligera y que hay que exorcizar la inseguridad jurídica. Los espantajos asustan por barrios: el que entonces tenía un piso ahora junta tres, mientras que sus inquilinos —ya talluditos— siguen compartiendo baño a precio de gran suite.

No me suele adornar la prudencia, pero diría que los sintecho de este mundo hemos esperado suficiente. Si los poderes públicos no han encontrado cómo reconducir la avaricia de los rentistas (haría falta un experto carísimo para, en ocasiones, distinguir a los segundos de los primeros) habrá que plantarse. Lo han demostrado hace un par de días las compañeras del Sindicato de Inquilinas: para impedir que la Seguridad Social siguiera subastando casas (manda cojones), tuvieron que asaltar su sede e insistir con una sentada. El domingo tenemos la oportunidad de dejar las cosas claras. Uno no puede conversar con un buitre, pero sí espantarlo.

Allí nos vemos.

El Ministerio de Consumo acaba de anunciar que abre un expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles de viviendas" en España. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala que ha identificado potenciales infracciones consistentes en el cobro de cláusulas abusivas a los inquilinos que residen en esas viviendas. El nombre de la empresa no ha trascendido, ya que no hay una propuesta de sanción firme, pero en caso de probarse los delitos, se enfrentaría a una multa de varios millones de euros. Lo que sí se conoce es que se trata de una empresa que opera a nivel nacional y que gestiona "miles de viviendas". Consumo señala a infoLibre que el procedimiento se abrió inicialmente tras haber recibido denuncias.

Los delitos que se le achacan corresponden a la imposición de un seguro de impago a los arrendatarios, una cláusula que muchos juzgados han declarado abusiva y que traslada al inquilino la cobertura por un servicio que, en realidad, beneficia al casero. Otro punto de la sanción es la imposición de penalizaciones y gastos extraordinarios al hacer un cambio de titularidad en los suministros.

Consumo señala también que la empresa en cuestión estaría incorporando una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión. Esta es una figura mediante la cual las partes, generalmente la que se adhiere, declaran que las condiciones del contrato han sido objeto de negociación previa, información suficiente y aceptación consciente e individualizada. Se puede considerar abusiva cuando en realidad no se han podido negociar las condiciones y la cláusula solo pretende blindar el contrato ante posibles reclamaciones. De hecho, para que se puedan denunciar las conocidas como "cláusulas abusivas", es necesario no haber reconocido esta negociación individualizada.

Dentro del paraguas de tasas abusivas entran aquellas prácticas de gestión que legalmente no corresponden al inquilino, pero que se le aplican y se le cobran. El ejemplo más claro suele ser el de los honorarios de agencia, que pese a estar prohibidos por ley, se siguen manteniendo bajo otros nombres y suponen un sobrecoste muchas veces inasumible para los inquilinos.

Finalmente, otro comportamiento fraudulento que señala el ministerio es el hecho de aplicar "una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda". Es decir, un recargo económico cuando, una vez finalizado el contrato, el inquilino permanezca en la vivienda sin justificación. En el mercado inmobiliario actual, donde terminar un contrato de alquiler supone inevitablemente terminar pagando más dinero en otro piso o asumir una subida considerable en el mismo, los sindicatos de inquilinos han promovido campañas como "Nos quedamos". Con esto, señalan, quieren evitar lo que llaman "desahucios invisibles", es decir, la no renovación del contrato para poder aplicar al siguiente inquilino un importe mayor al que fija la ley. Con estas penalizaciones, las inmobiliarias tratan de desincentivar este tipo de iniciativas.

"Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", recoge la nota. Por el momento, el caso está siendo investigado y la apertura del expediente no implica que vaya a existir sanción en firme, aunque sí existen precedentes.

Consumo tiene puesto el foco en las viviendas de alquiler. En abril, la inmobiliaria Alquiler Seguro recibió una sanción de 3,6 millones de euros por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos. El expediente consideró que se vulneraron los derechos de los consumidores aprovechando la posición de dominio en el mercado que tiene la inmobiliaria. En este caso, la multa llegó tras más de un año de investigaciones y litigios entre las partes. También se sumaban al expediente denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

En estas quejas se presentaban testimonios de personas afectadas, aunque la empresa negó en todo momento la imposición de dichas cláusulas fraudulentas y anunció que recurriría la decisión de Consumo en los tribunales al haberse agotado la vía administrativa.

La regulación que protege a los inquilinos cuando se dan estas prácticas ilícitas es la Ley de Vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso en abril de 2023. Desde entonces, todas estas actuaciones que denuncian los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de consumidores son punibles. 

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge EFE.

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5% y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2%.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78% del total, subieron en marzo un 0,2% hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2%, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja. Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94% de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4% menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4%) y Euskadi (11,6%).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9%); Baleares (8,3%); o Murcia y Andalucía (6,5% en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5%), Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%). 

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5% en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7% en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4%, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1%.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8% y la protegida el 1,2%.

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9% entre enero y marzo.

Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3% en el trimestre.

Sigue habiendo desahucios. Mientras están leyendo esto, se está produciendo uno de los 100 desahucios que se realizan cada día en nuestro país. Repito, casi 100 desahucios cada día, los 365 días del año.

Mientras los fondos de inversión o los bancos, ayudados por la Policía, recuperan unos inmuebles que probablemente se queden sin dueño hasta que desahucien al siguiente, podemos disfrutar de debates sobre si los jubilados o los inmigrantes son los culpables de la subida de los precios o sobre si se tienen que regular los precios de la vivienda cuando en ciudades como Madrid casi el 20% de los contratos de alquiler están controlados por sociedades o fondos buitre con más de 50 inmuebles alquilados.

Sigue habiendo millones de personas en listas de espera para poder tener una operación. Sigue habiendo millones de personas que tienen que esperar meses para tener una cita con un especialista, con el sufrimiento extra por la incertidumbre que eso supone. Un reciente informe revela que el cáncer ha provocado un exceso de mortalidad en Andalucía en el periodo de 2019 a 2024. Nada menos que 3.701 muertes de más por tumores malignos.

Mientras las noticias de estas comunidades que están arrasando la sanidad pública son un cúmulo de ridículas declaraciones de una presidenta perdida en la Riviera Maya mientras insulta al país que visita o noticias sobre el presidente andaluz Moreno Bonilla haciéndose fotos con Chewbacca, una vaca, diciendo que se va a hacer un nuevo tatuaje o cantando el himno de su campaña electoral, según él: “un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo” si no tienes que utilizar la sanidad pública, supongo.

Sigue habiendo violencia machista, en todas partes, en todos lados, a todas horas. Hay más de 100.000 casos activos, repito, 100.000 casos activos, en Viogén, el sistema policial de víctimas de violencia de género. Al menos 19 mujeres han sido asesinadas solo en estos primeros meses de 2026 a manos de sus parejas o exparejas. De estos 19 agresores, casi la mitad tenían ya denuncias previas por maltrato.

Mientras vemos declaraciones de negacionistas de la violencia de género invitados por partidos de ultraderecha a las instituciones para promocionar su libro.

Sigue habiendo un genocidio en Gaza, con ataques aéreos cada día y más de 850 personas asesinadas solo desde el alto el fuego, un genocidio al que ahora se ha sumado el Líbano y que se añade a varias guerras en activo provocadas por grandes potencias.

Mientras se sigue fabricando y enviando armamento a estos países, los deportistas de Israel siguen compitiendo en todo tipo de eventos deportivos y musicales o grandes superficies siguen vendiendo con total normalidad tampones, patatas, aguacates o dátiles israelíes.

Sigue habiendo una ley mordaza vigente que limita la libertad de expresión y el derecho a informar libremente y se insulta, se amenaza e incluso se agrede impunemente a periodistas, políticos y humoristas de izquierdas sin ninguna consecuencia.

Mientras no paramos de escuchar en programas de televisión, periódicos o redes sociales a voces ultraconservadoras llorar porque sus voces están siendo silenciadas y “ya no se puede decir nada”.

Sigue habiendo Viviendas de Protección Oficial con piscina y pádel para personas que ganan más de 2.000 euros al mes o que son dadas a dedo de miembros, familiares o amigos de los partidos políticos que las adjudican.

Sigue habiendo unos ingresos mínimos que pueden superar los 2.000 euros al mes en algunas comunidades autónomas para acceder a una de estas viviendas protegidas. En lugares como Islas Baleares el límite de ingresos es ¡5.000 euros al mes para una sola persona!, supongo que allí las siglas VPO significan Viviendas de Privilegio Oficial. Los que menos ingresan tienen menos posibilidades de conseguir una vivienda digna de “Protección Oficial”, el mundo al revés.

Mientras podemos disfrutar en nuestras televisiones públicas de simpáticos PocoTalents shows en los que famosos, en muchos casos conocidos por trabajar de ser famosos, realizan reformas y diseño de interiores en viviendas que nunca podremos permitirnos.

Este artículo se publicará en infolibre y se ha escrito gracias a la información que han publicado medios como la fundación ciudadana que vigila los poderes públicos Civio'; el medio de comunicación autogestionado El Salto o la cooperativa independiente La Marea. Gracias a ellos —y a otros como Alternativas Económicas, Catalunya Plural, Crític, CTXT, Cuartopoder, Diario 16, La Voz del Sur, Luzes, Píkara Magazine, Praza Pública…— podemos distinguir entre lo que está pasando y lo que estamos viendo.

Elegir cómo nos informamos también es una forma de apartar los árboles, cada vez más frondosos por las subvenciones de los poderes económicos, y poder ver el bosque. Aunque más que el bosque, cada vez parece más el desierto en el que se están transformando nuestras sociedades mientras miramos para otro lado, el lado para el que les interesa que miremos.

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla llegó el lunes al debate de Canal Sur con el objetivo de reforzar una imagen de gestor moderado, proteger el flanco sanitario y repetir que su Gobierno ha fortalecido como nunca los servicios públicos. El candidato del PP volvió a desplegar la misma estrategia que en el debate de la anterior semana en RTVE al reivindicar inversión, estabilidad y gestión frente a una oposición que le acusó de haber abierto la puerta a una privatización de derechos básicos como la sanidad y la educación.

Sendos debates demostraron que hay dos Juanma Moreno. Uno que sonríe, baja el tono, defiende la sanidad pública, habla del andalucismo y pide estabilidad. Ese es el que explota en mítines y actos de campaña, en el que no hay contrincantes a la vista. El otro rechaza la intervención pública cuando amenaza intereses privados, deriva recursos hacia conciertos y externalizaciones, utiliza la financiación autonómica como arma contra el Gobierno central y se muestra hostil con los candidatos del resto de formaciones políticas.

Con todo, el conservador intentó que nada alterara su relato de campaña, que Andalucía funciona, el PP garantiza tranquilidad y cualquier alternativa es "lío". Un argumento que utilizó al arrancar la campaña y ha repetido en los debates. "Cuando las cosas van razonablemente bien", dijo, "no podemos depender de quien nos quiere meter los palos en la rueda, de quien nos quiere chantajear, o de quienes quieren volver atrás". 

La sanidad fue el apartado más complicado para Moreno pese a ser la principal preocupación de los andaluces, según recogen todas las encuestas. En el debate de RTVE, el presidente de la Junta aseguró que la oposición había dicho "barbaridades y mentiras" que debilitaban la imagen de los servicios públicos, y anunció una ley para blindar el crecimiento del gasto sanitario y del número de profesionales. Pero en ese debate en concreto evitó responder sobre la crisis de los cribados pese a las preguntas directas de los portavoces de izquierdas.

En el de Canal Sur ya no optó por el silencio y defendió que la Junta actuó correctamente al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades", además de promover la destitución de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, insistió en que "no ha fallecido ninguna mujer" como consecuencia de ese fallo, y acusó a la oposición de "mentir" y de "hacer política con el dolor”. La presidenta de la asociación Amama, Ángeles Claverol, le respondió este martes y aseguró que sí se han producido tres muertes “por los fallos en los cribados” por las que “se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo”.

La contradicción, sin embargo, no terminaron en los cribados. Frente a las críticas por listas de espera, deterioro del sistema y privatización, se refugió en el argumento de la gestión y sostuvo que la Junta recurre a conciertos con empresas e instituciones externas, como hacen otras administraciones, para atender necesidades sanitarias. Moreno cifró esos conciertos sanitarios y sociales para 2025 en 562 millones de euros, un 3,7% del presupuesto, mientras crecen los recursos destinados a derivar servicios al sector privado, con un aumento del 21,5% de esas externalizaciones, según han denunciado los sindicatos.

En los dos debates, Moreno no desarrolló una propuesta educativa concreta. Habló de educación como parte de los "servicios públicos" y la vinculó a la financiación y a la estabilidad presupuestaria, mientras evitó entrar en el fondo de la crítica de la oposición: la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP), el crecimiento de la oferta privada y la expansión de universidades privadas durante sus ocho años de Gobierno.

En FP, la oferta privada se ha disparado en poco más de una década, con cada alumno pagando entre 4.000 y 6.000 euros por curso de media. A esto se le suma que Andalucía ha pasado de tener una sola universidad privada cuando Moreno llegó a la presidencia en 2019 a contar con cuatro nuevos campus privados en funcionamiento en 2026.  Un reproche que le lanzaron tanto la socialista María Jesús Montero, que criticó la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad” y que también mencionó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que señaló que la Junta avala universidades privadas “con menos papeles que un conejo de campo”.

Lo cierto es que Moreno no solo ha ampliado el mapa de universidades privadas sino que lo ha hecho incluso contra el criterio de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) salió adelante pese a un informe desfavorable por unanimidad de la Conferencia General de Política Universitaria. La CEU Fernando III, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía no tuvieron ese veto ministerial, pero sí nacieron con el rechazo de los rectores de las públicas en el Consejo Andaluz de Universidades.

El presidente andaluz también trató de presentarse como defensor de su comunidad frente a los supuestos privilegios territoriales. En ambos debates encontró ahí uno de sus argumentos estrella al acusar a la candidata socialista de haber "privilegiado" a sus socios independentistas para sostener a Pedro Sánchez. 

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le espetó este lunes en el debate en Canal Sur. Montero, por su parte, volvió a defender que Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo de financiación autonómica. “Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova”, le respondió la exministra de Hacienda. Durante su etapa en el Ministerio, Montero planteó una propuesta de reforma en la que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Junta no quiso, siquiera, abordar criterios como la población ajustada, la deuda o los servicios públicos para reajustar el modelo. Según el presidente andaluz, si lo proponía Montero y formaba parte de un acuerdo con Cataluña, nada bueno traería. La paradoja, sin embargo, se pudo ver durante los debates. El presidente reclamó más financiación para Andalucía mientras la Junta ha rechazado abrir el melón de la financiación autonómica.

La vivienda fue protagonista del primer debate y, aunque también se mencionó en el de Canal Sur, ocupó menos tiempo de pantalla, aunque volvió a enseñar la doble cara de Moreno. El presidente andaluz defendió su balance asegurando que su Gobierno ha "cuadruplicado" la vivienda protegida y vinculó esa política a la estabilidad, mientras los partidos de la izquierda le reprochaban el rechazo a regular el alquiler y Vox trataba de llevar el problema al terreno de la inmigración con su “prioridad nacional”.

La respuesta del presidente andaluz al problema pasa por construir más, movilizar suelo y ofrecer seguridad al promotor, pero siempre bajo la premisa de que no hay que intervenir en el mercado para poner coto a los alquileres disparados, la compra especulativa, la vivienda turística y la expulsión de vecinos de los barrios. Moreno presentó su nueva ley de vivienda como una vía para generar más vivienda protegida en venta y alquiler, con más suelo, cambios de uso, menos burocracia y colaboración público-privada.

El representante de Adelante Andalucía recriminó al candidato del PP que la Junta permita a una persona con rentas altas poder acceder a una vivienda de protección oficial, que viviendas financiadas con recursos públicos puedan venderse años después y que no se ponga freno a la especulación. Moreno respondió entonces acusando a García de "demagogia" y defendiendo que esos precios estaban por debajo del mercado. Así, una cara promete VPO, jóvenes propietarios y acceso asequible mientras la otra rechaza cualquier tipo de intervención y convierte el derecho a la vivienda en una operación de oferta, suelo y colaboración con promotores. 

De todas las disonancias que hay en el mercado inmobiliario, la de los datos es una de las más llamativas. Los porcentajes y las cifras llenan informes de todo tipo que se publican casi a diario, pero paradójicamente, es un área en la que los números no están claros, ya que los registros oficiales son insuficientes. En materia de compraventas, el Portal del Notariado ofrece desde hace apenas un año la evolución de las compraventas y de los precios, pero en materia de alquiler es mucho más complicado, ya que no todas las comunidades tienen un mecanismo de depósito de fianzas y la gran mayoría no ofrece datos sobre importes o tipos de arrendadores. Grandes o pequeños tenedores, socimis, empresas, comunidades autónomas… Saber quién pone casas en alquiler y a qué precio resulta complicado y, además, alimenta relatos y propuestas de solución muy dispares. Si son pequeños propietarios, se justifica apoyar con medidas que incentiven la oferta; si son empresas o profesionales, las sugerencias van más a penalizar la especulación y topar el mercado.

En el ámbito del alquiler, el vacío estadístico es patente, pero conocer su comportamiento es clave, sobre todo para dar una estimación de la forma en la que afecta a los hogares con menos renta. Esa falta de datos fiables es algo que ha reconocido el propio Gobierno y que recientemente ha desatado una bronca entre economistas y expertos en torno a un informe publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que identificaba un porcentaje de multipropietarios de inmuebles superior al 60% del conjunto de los alquileres. La metodología y la interpretación de los datos, así como la nomenclatura, desataron en la red social X una disputa sobre relatos y conflictos de intereses. Los autores eran acusados de utilizar términos cargados como "multiarrendador" o afirmar que los pequeños caseros eran minoría. También de no desagregar los datos —creados a partir de fuentes oficiales como las estadísticas de IRPF o el Catastro— por número de posesiones. En su respuesta, los autores del estudio señalaban que utilizaban fuentes oficiales y que su elaboración no respondía a ninguna posición ideológica. Pero, más allá de las disquisiciones metodológicas entre expertos, ¿qué se necesita en España para tener datos limpios y claros?

Iván Auciello es investigador en CY Cergy París Université y especialista en vivienda. Explica a infoLibre que la clave está en crear fuentes públicas y accesibles, algo que aún está lejos de ser así. "En cuestiones como el alquiler, tenemos información de muestras, pero no del universo, es decir, faltan datos agregados", apunta. "Lo mejor que tenemos son los datos de los depósitos de alquiler, pero no están completos y tampoco están centralizados a nivel nacional", lamenta.

"Las críticas al informe del CSIC han sido, a mi modo de ver, demasiado grandes. Si bien es cierto que las definiciones y la metodología deben estar claras en este tipo de informes y podrían ser mejorables, la base de datos que han utilizado es habitual en los estudios y se ha empleado muchas veces en otros casos", valora el experto.

Algunas de las críticas que recibió el informe tenían que ver con el uso de las referencias catastrales en la contabilización de inmuebles, ya que se pueden dar duplicidades, o en denominar como "multipropietarios" sin desagregar por cortes a todas las personas con más de dos inmuebles. Aunque el debate de fondo era más político, ya que la idea que se trata de cuestionar es si realmente el perfil de persona jubilada que alquila una segunda residencia para complementar su pensión es tan habitual o el mercado está en manos de inversores y profesionales de la especulación inmobiliaria. Esto último, justificaría un tipo de política más intervencionista con el mercado, algo a lo que se opone la derecha y las inmobiliarias.

Uno de los puntos en los que suelen coincidir todas las propuestas es en la necesidad de construir más vivienda para responder al déficit acumulado tras la burbuja, a la demanda y a la creación de hogares, pero aquí terminan los consensos. Si a largo plazo esa es la solución más compartida, el problema sobre cómo atajar la escasez a corto plazo es mucho más complicado y aquí las posiciones políticas empiezan a marcarse.

El mero hecho de aumentar el parque de vivienda no es suficiente, según advierten expertos como el urbanista Gerardo Roger. "No se puede resolver el problema del acceso a la vivienda de las clases medias sin una empresa pública. Resulta que en los diez años de la burbuja se edificó y se urbanizó el doble de la demanda normal. Según esa teoría, las viviendas se tendrían que haber regalado, pero resulta que subieron más que nunca”, explicaba el experto a infoLibre.

Por un lado, los sindicatos y partidos de la izquierda como Sumar o Podemos son partidarios de una intervención del mercado con medidas como la prórroga de los alquileres que decayó en abril. A la derecha del espectro, el Partido Popular y las asociaciones inmobiliarias, se posicionan a favor de reducir la fiscalidad y respaldar a los caseros para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas. Para unos, los multipropietarios son un problema grave, mientras que para otros, son quienes deben proveer de oferta inmediata.

La parte socialista del Gobierno no había aclarado del todo su postura en este debate, aunque la pasada semana el presidente del Ejecutivo entraba al debate planteando esta disyuntiva. “El dilema es intervenir el mercado o mirar hacia otro lado”, señaló Pedro Sánchez. Aunque por el momento, solo se ha quedado en unas declaraciones. En el otro extremo, el argumento de quienes quieren evitar topes en el mercado inmobiliario se basa, principalmente, en que afectaría negativamente a ciudadanos corrientes que alquilan una vivienda que no utilizan para sacarse un pequeño "extra".

Y en este contexto aparecen los choques y las fricciones. También los conflictos de intereses sobre quién dice qué, y los intereses que pueden motivar esa posición. Por un lado, el peso de los datos de compañías privadas sigue siendo muy relevante. Idealista, Pisos.com, Alquiler Seguro, Fotocasa y otras empresas dedicadas al sector, siguen siendo proveedores principales de información. "Son estudios que se deben tomar como estudios de lobby, que si están bien hechos son adecuados, pero todo es más sano si se referencia a datos oficiales y los conflictos de intereses quedan claros", apunta Auciello. "Nadie duda de que en el mercado laboral los datos que se deben usar son los oficiales y no los de las empresas más grandes, y en vivienda debe ocurrir lo mismo", sentencia.

Por otro lado, el carácter incompleto de los datos públicos, explica Auciello, provoca que las elaboraciones de informes a partir de muestras generen discrepancias metodológicas como la que afecta al CSIC. "En los últimos años ha habido una mejora en cuanto a la recogida de datos, pero falta un gran salto para estandarizar las bases administrativas y que se puedan usar de forma generalizada y por defecto", concluye el investigador.

En la tarde de este jueves, Mariano Ordaz (Madrid, 67 años) ha sido desahuciado de la vivienda familiar en la que ha residido toda su vida. Este era el quinto intento de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, propietaria del edificio, de sacar a Ordaz del inmueble, que ha estado en manos de su familia desde hace dos generaciones. A la casa de la calle Carnero de Madrid se acercaron de madrugada varias furgonetas de policía, que acordonaron la calle, y, horas más tarde, la comitiva judicial que debía ejecutar el desalojo. El inquilino explicaba a infoLibre que había intentado negociar un alquiler asequible y ponerse al día con lo que debía, pero con un importe acorde a su pensión, de poco más de mil euros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada y, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, ha intentado permanecer en la casa, ya que no dispone de otra alternativa habitacional.

Tras ser notificado por quinta vez de que debía abandonar la casa, el sindicato de vivienda organizó en la tarde de ayer una vigilia para tratar de parar la operación. Ante la vivienda se concentraron decenas de personas y dos activistas se colgaron de una de las ventanas, anclados a la puerta, para evitar que la policía la tirase abajo. Los portavoces del sindicato señalan que la comisión judicial no quiso negociar en ningún momento con los mediadores. "Simplemente nos dijeron que el desahucio se iba a ejecutar", afirman, y califican el caso de "inaudito". Para acceder a la vivienda ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que aseguraron a los activistas colgados de la fachada para que la policía accediese al inmueble.

"Van a romper una vida simplemente para ganar cuatro perras más", señalaba una de las portavoces momentos antes de ejecutarse el desalojo. "Si la política de vivienda va a ser mandarnos a la policía, que sepan que nos van a tener en frente", protestaba la sindicalista, que culpaba al Gobierno por "dejar decaer la prórroga de los alquileres y la moratoria antidesahucios", y a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de haber llegado a esta situación. "Son incapaces de mejorar la calidad de vida de los madrileños y hoy se han puesto al servicio del rentismo".

Ordaz explicó que no tenía ninguna alternativa habitacional y que tampoco tenía ingresos suficientes para buscar otro piso, pero ni esa evidencia ni la presión vecinal han conseguido frenar el lanzamiento. La operación concluyó entre gritos de "vergüenza" y "Mariano estamos contigo". En cuanto a los activistas que permanecían colgados del balcón, han sido detenidos por la policía. Desde la agrupación sindical madrileña señalan que le han ofrecido un albergue "durante unos días" y que ha podido sacar una mochila con ropa, a la espera de saber si podrá pasar a recoger sus cosas.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre. “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, señalaba el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa.

A Mariano Ordaz (67 años, Madrid) una orden religiosa le ha intentado desahuciar en tres ocasiones durante el último año. Cinco veces en los últimos seis años. Ha residido toda su vida en el mismo lugar, en un piso cuyo primer contrato firmó su abuela y que llegó hasta él. El alquiler de renta antigua se extinguió por el camino y pasó a pagar un precio de mercado que un día superó sus ingresos y dejó de poder abonar. Su pelea es la de muchas personas en España, que tratan de mantener un techo en un mercado de la vivienda que no admite fallos, porque salir de un piso te aboca casi indefectiblemente a pagar más en otro lugar. Si no puedes, te quedas fuera. “Lo intento sobrellevar de la mejor manera, con mucha pena y con la ayuda de amigos y del sindicato, pero no me lo puedo quitar de la cabeza”, cuenta a infoLibre. “No tengo a dónde ir”.

Su casero es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que hasta ahora no se ha reunido con él y que se acoge a unas supuestas obras que necesita el edificio para insistir en la necesidad de que Ordaz abandone el inmueble. “Yo puedo pagar un alquiler social, pero no quieren atenerse a ninguna negociación ni nada”, apunta.

La situación que le ha llevado hasta este punto se remonta a la pandemia. “El tema del desahucio vino por un problema laboral en la época del covid. Terminé un contrato y lo único que tuve luego eran contratos vacacionales en el hospital Gregorio Marañón, en temas de limpieza”, cuenta. Solo tenía 480 euros de paga que en ese momento no le alcanzaban para abonar los 600 de alquiler y ahí comenzó a contraer la deuda. “Intenté hablar con ellos, decirles que me quedaba poco para la jubilación y que después, ya con la pensión, podría pagar, pero me pidieron una cantidad imposible”. Ordaz cuenta que durante ese momento en el que no tenía ingresos les daba “150, 100, 200 euros al mes, lo que podía en ese momento”, pero contrajo una deuda de 15.000 euros.

Responder con silencio a los intentos de negociación de los inquilinos es una técnica habitual. “Después de que rechazasen llegar a un acuerdo, incluso estuve hablando con la procuradora de la Orden Tercera Franciscana y ella decía que no tenía potestad para poder negociar, que me informaría sobre el tema. Pero vamos, ni me han llamado, ni me han dicho nada”, explica. “La única alternativa que tengo es que el juzgado o el juez instructor anulen el desahucio, porque ellos no aceptan nada”.

Para poder quedarse en un piso que además sufre de graves desperfectos, le piden que se ponga al corriente con la deuda acumulada más 800 euros de mensualidad. “Pero si yo voy a cobrar 1.030 euros al mes de pensión, ¿cómo voy a pagar eso?”, remarca. Además, tiene miedo de que, si sale de casa para que arreglen el inmueble, no le permitan regresar. “Yo no quise abandonar la vivienda para la obra porque temía que fuera una estrategia de ellos para cambiar la cerradura y no dejarme volver”. A Ordaz se le desprendió una parte del techo de la cocina por un problema de humedades y su baño también está inutilizable, lo que le obliga a ducharse en casa de sus vecinos o de amigos.

Sin otro sitio al que ir y sin unos ingresos que le permitan acceder al mercado del alquiler, las alternativas de Mariano no son muchas. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que la Venerable Orden Tercera no es un pequeño propietario: “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo, explican en una nota de prensa.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre.

Si nada lo remedia, este jueves Mariano Ordaz se verá abocado a dejar la casa familiar que ha habitado durante toda su vida. El sindicato ha convocado para la tarde del miércoles una vigilia “contra el rentismo” con la que intentarán detener, por quinta vez, el intento de desahucio.

Las compraventas de viviendas encadenan cinco meses consecutivos a la baja, pero los precios no parecen darse por aludidos. La evolución mensual que elabora el Consejo General del Notariado muestra cómo desde octubre del año pasado las transacciones se van frenando, aunque los precios siguen sin contener su tendencia ascendente. En los datos que se han conocido este jueves se lee la misma tendencia a la baja que ya venía señalando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. Según las estadísticas notariales, la compraventa de casas descendió un 7,7% en febrero y "muestra un retroceso generalizado en España". De hecho, caen las operaciones en 14 comunidades autónomas. Pero los precios no parecen seguir la misma trayectoria que la demanda y suben en 12 autonomías, de forma que aumentan un 5,4% a nivel nacional. 

En el gráfico se puede ver cómo el importe de las casas se mantiene en positivo, creciendo unos meses más y otros meses menos, mientras que las transacciones habían pasado a territorio negativo ya en octubre de 2025 y se mantienen ahí. El mayor retroceso se produjo en enero, con una caída del 11% mientras los precios aumentaban un 9,3% en ese mes.

Aunque la estacionalidad y la acumulación de operaciones en determinados momentos pueden influir, lo cierto es que en los últimos datos ofrecidos por diferentes organismos, la tendencia que se observa apunta a que existen menos compras y el mercado empieza a dar señales mixtas. El INE recogía la pasada semana que durante el segundo mes del año las ventas habían caído un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025.

Los datos, aunque paradójicos en un contexto de alta demanda donde la vivienda es un bien al que los ciudadanos no consiguen acceder, apuntan a una ralentización que habían previsto algunos informes. CaixaBank Research señalaba recientemente que el mercado se enfriaría en 2026 y 2027 y vaticinaba un frenazo del 6% para las compraventas de este año. La entidad lo achacaba a la escasez de oferta de viviendas asequibles y no a una caída de la demanda. Además, hablaba de un "cuello de botella en la oferta" que no se vería acompañado, como así está siendo, de una contracción de los precios.

La estadística notarial también recoge que el número de hipotecas concedidas se recuperó de la caída pronunciada que sufrió en enero (-7,1%) y aumentó muy ligeramente en febrero (0,2%). Lo que sí ha aumentado es la cuantía promedio de estos préstamos, que creció un 6,3% interanual, hasta los 175.904 euros. De hecho, no son buenos tiempos para quienes buscan una hipoteca. El euríbor, índice de referencia para estos productos financieros, cierra abril con un ascenso del 2,743%, por encima del 2,565% de marzo y 0,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. La guerra en Irán, la inflación y una política monetaria que probablemente vuelva a los tipos de interés elevados en junio, no parece que vayan a generar un entorno amigable para aquellas personas que busquen financiación en el corto plazo.

En el informe del Notariado señalan que los préstamos concedidos en febrero solo cubrían de media el 72,4% del coste de las viviendas adquiridas, por lo que para acceder a una vivienda en propiedad hay que disponer de un ahorro previo considerable. Además, la estadística también recogía que un 45,5% de las operaciones se realizaron sin recurrir a financiación.

Los problemas que plantea el mercado inmobiliario tienen muchas aristas, pero en los análisis esta contención de las compraventas obedece más a una falta de oferta y a unos precios desbocados que a una contención en la demanda. Pedro Álvarez Ondina, analista de CaixaBank Research, señala también que se podría estar dando un aplazamiento de las decisiones de compra debido a la incertidumbre geopolítica y económica. "Un eventual deterioro de la confianza de los hogares y de las empresas podría retrasar decisiones de inversión y moderar la demanda residencial", señala en un artículo.

Al endurecimiento de las condiciones del crédito se suma el hecho de que los presupuestos familiares se quedan atrás con respecto a la evolución de los precios. Mientras que los salarios, descontado el efecto de la inflación, han crecido un 0,8% entre 2024 y 2025 si nos atenemos a lo pactado por convenio; la vivienda, por su parte, cerró el año pasado con un incremento del 13,1%, según los datos de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Si bien todos los análisis insisten en que la falta de oferta o de stock de vivienda, otro elemento que hace que la demanda se contraiga, no es la falta de compradores sino las dificultades de la gran mayoría de las personas para acceder al mercado. "El episodio actual parece caracterizarse menos por una expansión exuberante del crédito y más por una retracción en la oferta en un contexto de demanda robusta", recoge un análisis del centro de estudios Fedea y BBVA Research. Es decir, el crédito no se regala pero las expectativas de rentabilidad del mercado y el aumento del número de hogares mantienen en tensión la demanda.

En los datos del Notariado las comunidades autónomas que han bajado más en número de compraventas son las Islas Canarias (-21,0%), Navarra (-19,2%) e Islas Baleares (-18,6%), mientras que estas operaciones solo aumentan en tres regiones: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%). Curiosamente, son los mercados periféricos los que crecen, ya que los altísimos precios en los grandes mercados como Madrid, Cataluña o las islas están propiciando que la gente tenga que desplazarse para poder comprar.

De la evolución de estos indicadores dependerá si esta tendencia de contracción en las compraventas termina siendo el primer frenazo del mercado inmobiliario o un descanso puntual. Por el momento, la construcción de vivienda nueva ha ido creciendo tímidamente, aunque todos los expertos coinciden en que no lo suficiente como para que se note ya en los precios. Por ejemplo, los visados de obra nueva crecen desde los 109.483 de 2023, hasta alcanzar los 139.016 en 2025. Una tendencia positiva, pero muy alejada de los más de 860.000 visados que se solicitaban en 2006.

Para sorpresa de nadie, la votación del decreto del alquiler salió mal. Obtuvo 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones, por lo que no logró convalidarse. El rechazo salió adelante por los votos de PP, Vox y Junts. La consecuencia práctica es que deja de estar vigente la prórroga automática de hasta dos años y también cae el tope del 2% para las actualizaciones de renta previstas en ese decreto.

Las redes no han tardado en hacerse eco de la noticia y la indignación ha dominado la conversación entre los usuarios. "Por lo visto, 'Prioridad Nacional' significa que un español no pueda pagar el alquiler porque un fondo buitre extranjero le sube un 50%", por @BenderOfuscado, "Si veis que el primer día del mes hay pocos diputados en el Congreso es porque han ido a cobrar el alquiler a sus inquilinos", ironiza @chemapizca, “El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos ajenos violando el derecho de tener una vivienda digna", valora @hannibal.bsky.social, ‪”Parece que al PP, VOX y JUNTS no les caen bien sus inquilinos”, critica @bobestropajo.bsky.social‬.

Esta semana ha estado bien servida en lo referente a juicios y declaraciones en tribunales. Por un lado, el inspector Morocho afirmaba que la Kitchen no se hizo para ayudar a la investigación y que "fue sin autorización judicial"; por otro, Víctor de Aldama, en el Tribunal Supremo, señalaba sin pruebas a Sánchez como jefe de la trama del caso mascarillas, y aseguraba que sus pagos financiaban al PSOE. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también pasó por los juzgados y, a pesar del interés que despertaba su testimonio, pasó sin pena ni gloria por la sala, duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información.

Las redes, una vez más, han sacado punta a todo lo que se ha cocido en los juzgados: "Caso Kitchen: el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría, que suplió al presidente Rajoy durante la moción de censura, declara que no le consta conocer al tesorero Bárcenas", postea @TheObjectivo junto a una foto de la mesa en la que estuvo declarando la expresidenta con un bolso colocado encima. "Criticáis a la UCO porque lleva 300 días sin el informe sobre el novio de Ayuso, pero es que había dado prioridad a lo de Ábalos y Koldo, por lo que sea", ironiza @CarlWinslou, “Contratar a Aldama como cuentacuentos para mis hijos pequeños me proporcionaría mucho tiempo libre”, apunta @wilma78.bsky.social.

Otra noticia que ha hecho las delicias de las redes ha sido el anuncio de la carrera que estudiará Leonor. La Casa Real hacía público que la princesa de Asturias cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. "Doña Leonor estudiará Ciencias Políticas para ganar todas las elecciones, a joderse", bromea @DonMitxel_I.

Nuevo salseo en la cúpula de Vox. La filtración de unos mensajes de un grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Nacional, en los que se habría decidido apartar a Javier Ortega Smith de la cúpula del partido en apenas unos minutos y sin un debate real, ha dado rienda suelta a la mofa entre los usuarios de redes sociales. Según esas conversaciones, publicadas por El Mundo, Ignacio Garriga planteó su cese, Santiago Abascal lo formalizó y la dirección lo aprobó por WhatsApp, pese al voto en contra del propio Ortega Smith.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

___________

Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

La vivienda ocupa hoy buena parte de la conversación social, aunque los diagnósticos y las soluciones estén lejos de encontrarse. Los debates giran habitualmente sobre cinco grandes ejes: las razones y exclusiones de sus precios siempre al alza o la naturaleza de las desigualdades que genera (¿generacionales, de clase, entre inquilinos y propietarios?); el modelo productivo que condiciona (ladrillo, financiarización de la economía y del ahorro de las familias); las relaciones sociales que perfila (macro y micro rentistas, inquilinos siempre al borde de cambiar de casa, de barrio, de ciudad, y que destinan más de un 60% de sus salarios al pago del alquiler, cuando se estima que no debería ser más de un 30%, hipotecas susceptibles de aumentar con cada nuevo o renovado episodio bélico); la estructura familiar y afectiva que permite o impide (parejas que no se divorcian porque no pueden pagar dos alquileres o hipotecas, jóvenes que no se emancipan nunca y/o que no pueden tampoco explorar formas de familia o convivencia no convencionales, hijos que no se tienen), el tipo de política pública que necesitamos (deducciones fiscales y liberalización de la vivienda protegida o regulación de precios y alquileres turísticos, así como creación de vivienda pública y protegida), y un largo etcétera.

Y, por otro lado, no parece necesario tirar de grandes teorías de la democracia para afirmar que en ausencia de condiciones efectivas para ejercer la libertad —y la vivienda es sin duda una de ellas— la libertad queda reducida a una mera condición formal anulada por la realidad concreta de las condiciones de vida y los estragos que la definen hoy: inseguridad, incapacidad para imaginarse y proyectarse en el tiempo, ruptura de expectativas y horizontes de vida, resentimiento, desafección, frustración y otro largo etcétera.

Con todas estas premisas parecería sencillo concluir que la dimensión política de la crisis de la vivienda es meridiana y que nada debería impedir un consenso social y parlamentario en torno a la necesidad de regularla, abaratarla y convertirla en una —si no la— prioridad de las políticas públicas. Sin embargo, ese consenso no solo está lejos de formarse, sino que no ha sido posible aprobar una medida tan necesaria como aparentemente de cajón, la de impedir que, tras la próxima finalización de los contratos de alquiler firmados bajo los efectos de la pandemia, los precios de cientos de miles de alquileres no suban entre un 30% y un 50% de su valor, expulsando a más de 2,5 millones de personas de sus casas u obligándolas a vivir en el umbral de la pobreza.

Lo que en estas líneas me voy a preguntar es por qué no se produce este consenso social y político, por qué no resulta tan sencillo enfrentar, aunque solo sea en el debate público y mediante medidas parciales como la mencionada, el problema de la vivienda. Adelanto que sus razones no solo tienen que ver con los alineamientos de la derecha con los fondos y lobbys inmobiliarios, sino con que las izquierdas no siempre enfocan bien el problema. Y esto por al menos cuatro razones que paso a enumerar:

En primer lugar, se suele desatender que la propiedad de activos financieros, fundamentalmente la vivienda, lleva tiempo desplazando al salario como forma de aseguración social tanto como vía de acceso a la vida de clase media. Si el ideal regulatorio de las sociedades salidas de la II Guerra Mundial fue el de asegurar mediante el trabajo y el salario las trayectorias de vida (frente a la enfermedad, la pobreza, la vejez, el miedo), tenemos que aceptar que, al menos desde principios de los años 80 del pasado siglo, se produce un paulatino desplazamiento hacia la inversión como forma de asegurar la existencia, esta vez de forma individualizada y no socializada. Pero conviene también recordar que este ideal regulador (la propiedad como forma de progreso y éxito social) se convierte en un potente mecanismo de integración social y deseo colectivo que, precisamente por ello, se democratiza: cada vez más propietarios, cada vez más hipotecas, tanto en España (que venía de altos índices en comparación con su entorno dada la política franquista de anular el conflicto social convirtiendo a proletarios en propietarios) como en el resto de los países occidentales. Este empuje democratizador de la propiedad es, claro, profundamente ambivalente: individualiza las relaciones sociales, sí, pero opera también como referente simbólico y material, como ideal de (acceso a la) ciudadanía.  

Que, en segundo lugar, esa democratización relativa del acceso a la propiedad muestra sus límites o tensiones en la crisis financiera de 2008, pues tiene su origen, precisamente, en el impago de hipotecas por parte de poblaciones marginadas históricamente de la vida de clase media, es decir, fue una crisis de la democratización del acceso de poblaciones marginadas y racializadas a la vivienda en propiedad. El impago de unas hipotecas que habían sido empaquetadas en productos financieros para el rentismo de aquellos que ya se habían asentado en la propiedad décadas atrás (clases medias y altas blancas), arrastra al conjunto de las economías occidentales: impagos, desahucios o, si lo prefieren, límite de la viabilidad social del neoliberalismo. Digo social porque no es un límite económico, sino fundamentalmente político: es el ideal de integración social mediante la propiedad el que deja de ser viable para capas cada vez más amplias de la población, pero no mayoritarias. En Madrid, ciudad desde la que escribo, algo menos de un 70% de su población es propietaria de una vivienda (directamente o por mediación de una hipoteca).

Lo que nos sitúa, en tercer lugar, ante un problema político y cultural de primer orden: la vivienda es hoy lo que impide la formación de un bloque social o ideológico, no aquello que permite crearlo. Y ello por una simple razón, habitualmente descuidada por los análisis de izquierdas: la propiedad inmobiliaria estructura todavía hoy las formas de acceso a la seguridad y a la prosperidad de las clases medias, y es donde tienen depositadas sus esperanzas y sus ahorros. Por tanto, y por más que la propiedad se esté concentrando en cada vez menos manos (fondos de inversión, mutipropietarios, bancos…), sigue habiendo una masa social de propietarios que ven más seguro, simbólica y materialmente, el aumento de los precios que su regulación. Más seguro, no más deseable, no éticamente mejor, no políticamente inevitable. Más seguro.

Pero, en cuarto lugar, esta mayor seguridad no impide hacer de la regulación de la vivienda un campo de batalla político, pero sí advierte de que no lo será por razones materiales, por el interés objetivo de una masa de inquilinos enfrentada a una minoría de propietarios, como si hubiésemos pasado del trabajo a la propiedad en una sin embargo constante y monolítica lucha de clases. Al contrario, si la vivienda puede ser —y sin duda debería ser— un campo de batalla político será porque las luchas ideológicas y las batallas culturales pueden ir contra los intereses materiales asentados de quienes las libran. Pero pueden hacerlo si —y solo si— esas luchas son capaces de articular la demanda (y el derecho) a una vivienda digna con otras demandas, otras visiones del mundo y otros deseos sociales: modelos de ciudad y condiciones de vida, transición energética, justicia intergeneracional, tiempo libre y liberado del trabajo como pilar de la identidad, lucha contra la desigualdad, etc.

La izquierda tiene que aceptar que no estamos ante una renovación de la lucha de clases por otros medios (la propiedad y no el salario); tampoco, qué duda cabe, ante la lucha de unas generaciones con otras (como si no hubiese millennials o zetas con un alto poder adquisitivo), sino ante una lucha que muchas veces se da en el interior mismo de los sujetos: más de la mitad de las generaciones millennial, zeta y boomer, incluidos en esa mitad muchos ciudadanos que tienen hoy series dificultades para pagar un alquiler y/o acceder a una hipoteca, van a heredar antes o después una vivienda. Una herencia que, sin duda, reproducirá y ampliará las desigualdades de clase: un tercio de la población no heredará nada, otro tercio amplio heredará una vivienda, y aproximadamente otro tercio escaso heredará demasiado.

Pero, y ya para concluir, si más de la mitad de la población tendrá dentro de 20, 30 o 40 años una seguridad vital que hoy solo se perfila en un horizonte temporal lejano, entonces estamos ante una lógica afectiva y política inédita y profundamente corrosiva: la de la espera como forma de vida y como sustrato económico y afectivo, es decir, la de una seguridad fantasmática, presente y ausente al mismo tiempo. Es esa espera la que hay hoy que trabajar políticamente. ¿Cómo? Por un lado, haciendo más deseable el aquí y el ahora que la seguridad que muchos tendrán después de décadas de espera, resignación y sufrimiento, y seguramente cuando menos la necesitan. Por otro lado, construyendo un ideal de seguridad que no pase ni por el trabajo ni por la propiedad, sino por la existencia misma, por nuestra condición ciudadana (rentas básicas, políticas redistributivas, reducción del tiempo de trabajo, además de vivienda pública y alquileres regulados, etc.).

Sin entender que lo que está fundamentalmente en disputa es el tiempo, y que éste hoy se reparte entre la espera (a que no te suban el alquiler, a terminar de pagar una hipoteca, a heredar un piso o recibir una herencia en vida que permita empezar a pagarlo) y la búsqueda de seguridad (en un mundo que ya no está ordenado por el trabajo ni puede ordenarse por la propiedad), muchos de los debates que libremos estarán, me temo, perdidos de antemano. 

_________________

Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo. Ha publicado, junto a Pablo Bustinduy, el ensayo 'Política y Ficción. Las ideologías en un mundo sin futuro', editado por Península.

Si hay unos responsables de que no se prorroguen los alquileres a miles de familias ahogadas por la presión económica y los precios voraces de la vivienda estos son PP, Vox y Junts. Los populares, por partida doble. No haría falta el decreto de prórroga si se aplicara la ley de vivienda. El muro levantado por el PP en las comunidades autónomas pasa por rechazar los topes de precios a los más vulnerables en zonas tensionadas. La medida no resolvería la totalidad de los casos, pero sí la mayoría. En las zonas de alta especulación es donde más se mueven los precios hacia arriba, donde más aprietan los fondos buitre para doblar la rentabilidad a costa de las rentas medias. 

De la culpa de la derecha, a la responsabilidad de la izquierda. La prórroga de los alquileres venida abajo deja lecciones vitales para el Gobierno y su socio. Ambos subestimaron el daño de su estrategia. Si empezamos por Sumar, presionaron para impulsar un decreto que nació muerto y sin la mayoría suficiente. Lo hizo el ministro Pablo Bustinduy sin tener las competencias y en oposición a la ministra Isabel Rodríguez. Mostrando una división interna que en un contexto de fragilidad parlamentaria les debilita. El ministro tiene legitimidad para hacerlo, pero desde fuera, para quien está pendiente de renovar su alquiler, la imagen es un Ejecutivo que confronta sin encontrar salida. Ahondando en la sensación del ‘yo me estoy ahogando y tú me hablas de competencias o mayorías’. Prometer algo que no puedes cumplir aumenta la frustración de quien lo sufre… y el cabreo. El ciudadano y el votante se quedan con el que remanga y a favor de quien lo hace cuando está en juego lo más elemental. Salud, educación, vivienda. No importa el orden. 

El Gobierno no creía en la iniciativa forzada por el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros y dejó hacer al socio a sabiendas de que se estrellaría. Al final del camino, Pablo Bustinduy hizo un buen discurso y forzó el debate. Pero a ese buen combate le siguió el llanto de los afectados. Al lucimiento y la victoria en corto sobre el PSOE (ausente en un debate fundamental), una mujer afectada lloraba en la puerta, fotografiada por Olmo Calvo como símbolo del millón de familias afectadas. El grito en tribuna “¡Haced algo ya, coño!” fue un clamor a toda la bancada. 

Sumar prometió lo que iba a ser imposible y el ministerio de Vivienda ha tenido que asumir la necesidad de hacer más. Tenía razón la ministra Isabel Rodríguez en defender medidas garantistas y tenía razón Sumar en presionar. La estrategia, ir separados, fue el error. Y como en política no hay nada imposible, Junts ya ha aceptado sentarse a negociar. Si aprueban parte de la prórroga de alquileres es más de lo que había antes de que el PSOE renunciara al decreto. Lo inconcebible es que sea Junts y no el PP quien se sienta interpelado para buscar soluciones. 

El Gobierno progresista está obligado a sacar adelante como sea políticas públicas para aliviar y resolver una crisis profunda que ha tocado fondo. Por su transversalidad, hunde a la sociedad en la desigualdad y condena a generaciones a una discriminación intrínseca. Más allá de la riqueza, el ascensor hoy es tener o no vivienda. Todos los partidos y gobiernos se han dado cuenta, salvo PP y Vox, incapaces de impulsar propuestas de consenso. Isabel Rodríguez tiene razón en el relato ganado. Casi nadie se atreve a defender abiertamente la vivienda como producto especulativo. Quienes lo hacen, el ala más liberal de los populares, buscan subterfugios para hablar de los derechos de los propietarios y el libre mercado. Más allá de la obviedad del daño de los fondos, los coliving y tantas otras fórmulas similares, un tenedor de diez viviendas es un profesional del negocio y mercadea con un bien de primera necesidad. Quienes exigen el cumplimento de la Constitución con la presentación de presupuestos, se lo saltan por partida doble con la "prioridad nacional" y la vivienda. La Carta Magna es explícita con la regulación del suelo, la bestia negra de la derecha desde la primera ley de Aznar. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Más claro, imposible. Por eso ha hecho bien Pedro Sánchez en reivindicar esa regulación como condición obligada. Lo hizo hasta el rey Felipe VI hace dos discursos navideños. 

La crisis de la vivienda es la espada de todos los partidos y gobiernos. Vox perdió la oportunidad de lepenizarse y votar a favor, descolocando al PP. Al final demostró que el discurso de Carlos Quero es propaganda electoral, el abono de sus mítines, PPC más. A la hora de votar, entre las familias y los fondos extranjeros, eligió el negocio. Igual que ante el soldado español y Netanyahu prefirió defender al segundo. El debate destapó la falsa disyuntiva populista de Vox. Las casas que faltan no las tienen los inmigrantes. No hay un ellos extranjeros y un nosotros nacional. La sesión demostró que tras el eslogan xenófobo y discriminatorio no hay medidas ni soluciones. Al PP no le ha ido mejor: hasta Ayuso tuvo que aceptar el fondo estatal de más de mil millones para vivienda social blindada a la especulación. Ni con esas Alberto Núñez Feijóo se ha sentido aludido para sumarse a las negociaciones de un futuro decreto.

Tras la derrota, se ha tomado nota. La agenda de vivienda está viva y todo es posible. Es más, debería serlo. Las movilizaciones sociales están en marcha. Hay un millón de contratos de alquiler en el aire. Un fraude de ley con el alquiler temporal y turístico por donde se cuelan las subidas abusivas y los desahucios. Desgravaciones necesarias. Fondos y ayudas pendientes. Y un consenso imprescindible. Quien no lo lea, sufrirá.