El bolchevismo cotiza al alza. Miren, hay gente rompiéndose la pierna para joder a la patronal. «¡Chínchate, Garamendi!», gritan los camaradas camino de quimioterapia. Frente a la CEOE acampan un trillón de lisiados; tan pronto pasa un directivo, alzan sus muñones y gritan con júbilo.

El señor que no nos preside porque no quiere anda afeando al respetable su falta de ganas. Se acabó la tibieza: del quirófano al tajo, que el país no se levanta solo. El candidato sempiterno se lo ha prometido a los patrones vascongados, no sea que resuciten el requeté. «Haya acuerdo o no», claro que sí, guapi. El Estatuto de los Trabajadores es un concepto discutido y discutible, que decía el profeta. Malvender los derechos laborales a las puertas de las elecciones, en medio de una espiral inflacionaria y con la vivienda por las nubes: finísima idea, ¡que alguien suba el sueldo a esos asesores!

«El absentismo es un cáncer que no podemos pagar». El sustantivo se le resbala, pero no le exijamos demasiado. Esperanza Aguirre, pronta al rescate, ha parido un neologismo más preciso: «bajaciones». Gente fina y ocurrente, así da gusto. En fin, que la calificación oncológica ha traído cola. Sospecho que si me detectasen un tumor, andaría deseando el alta. Como la desgracia no conoce ideologías, Borja Sémper, recién recobrado, ha tenido que matizar al superintendente; no sin antes acusar al Gobierno de embarrullar la discusión. «Es imposible abrir un debate serio en este país sin que se manipule», dice el fulano. El del «me voy porque la política se ha desprestigiado», glorioso papelón.

Siempre dispuesto a lanzarse al barro, el ministro Puente ha exigido a su edecán que le trajese el teléfono y las gafas de cerca para aportar su granito. Pantallazo de las ausencias parlamentarias del señor Núñez y el recorte de prensa de aquella vez que suspendió la campaña por lumbalgia. Combatir la bajeza con camorrismo, felicísima ocurrencia. Lo de que los trenes lleguen a su hora lo dejamos para la legislatura próxima.

Pareciera que, con el rival en la lona, el partido mayoritario de la Cámara ha decidido darse cabezazos contra el poste del ring hasta abrirse la cabeza. El debate, claro, ha enfervorecido a la opinión pública y la publicada (a mí mismo me remito), y no hay compatriota que no conozca a un primo segundo de un vecino que ha conseguido —oh, titán anticapitalista— pasarse la vida encadenando luxaciones y temblores para no dar un palo al agua. «Hay fraude», claman los empresarios prudentes. Pues persíganlos, que uno no deja de conducir por la derecha porque, de tanto en tanto, algún descerebrado se lance a la autovía en sentido contrario. No sea que con la cantinela de la picaresca y el timo de la estampita busquemos a desguazar los derechos adquiridos. Lo intentó, en otro rubro, el diputado De los Santos, elevado al escaño por sus méritos como personal shopper de la señora de Mariano (ay, si se llega a enterar el juez Peinado…). «Los transexuales nos mienten, señorías», dijo —en resumen— moviendo mucho la cara. Podría haber citado alguno de esos casos acontecidos en un ignoto rincón de Alabama tan del gusto de los que «desmontan la ideología de género», las «denuncias falsas» y otras acechanzas del maligno. Siquiera se molestó. Total, si ahora su partido es la vanguardia de los derechos LGTBI. Como si fuésemos todos idiotas y no nos acordásemos del recurso al Constitucional.

Ahora que de casi todo se cumplen cincuenta años —disculpas a Gil de Biedma—, hay algunos hitos democráticos que tienen aún más solera. Por ejemplo, uno de los himnos libertarios con mejor poesía y mayor eco fue aquel A cántaros, de Pablo Guerrero, que apareció en 1972 despistando a la censura y calando en los corazones de miles de jóvenes ilusionados con un inminente fin de la dictadura.

Lo he recordado estos días en los que he tenido la oportunidad de salir de la burbuja de la M-30 madrileña para desintoxicar las neuronas de tanta furia y tanto ruido. De Gran Canaria a Valencia, se percibe un silencioso clamor que recorre las venas de la ciudadanía, harta en su mayoría —creo y confío— de ese odio que siembran terminales mediáticas de las derechas y sus dirigentes políticos, pero también esos jueces que comparan a Sánchez con Fernando VII o esos obispos que definen al Gobierno como “una banda de ladrones” (ver aquí).

Es una escena que se repite: te paran en la estación o el aeropuerto, en cualquier cafetería o plaza municipal y te plantean: ¿pero cuándo va a acabar este griterío? ¿Es que no se puede discutir sin insultar? ¿Vamos a permitir que llegue Vox al Gobierno? ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? ¿Es que no vamos a acabar nunca con la corrupción?

Evidentemente, uno no tiene respuestas claras y sí muchísimas dudas, pero si pegamos el oído al asfalto escucharemos la insistente reclamación de no sé exactamente cuántos y cuántas votantes progresistas, tan desanimados y decepcionados como deseosos de encontrar nombres, propuestas y motivos para votar con una renovada esperanza que no puede basarse exclusivamente en el miedo a un neofascismo que no es que pueda venir, sino que ya está aquí, ocupando poder en comunidades autónomas y asimilado por el PP de Feijóo como compañero imprescindible para llegar a la Moncloa en 2027. Los pactos PP-Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía ponen nombre al próximo vicepresidente del Gobierno central si los números cuadran: Santiago Abascal.

El martillo pilón de jueces concretos y altas instancias de la judicatura no va a parar, y es obvio que su interferencia en la política hace ya tiempo que descosió las costuras de la separación de poderes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya movido una ceja; ni la moverá.

Da igual que se condene sin pruebas o que un instructor sustituto se permita decidir si la pareja del presidente del Gobierno pinta o no pinta en una cumbre de la OTAN. Son tantos los límites ya desbordados que cuesta creer que no haya magistrados dispuestos a sentar en el banquillo más pronto que tarde a ese Pedro Sánchez al que aborrecen desde la ley de amnistía y más acá.

De modo que un votante de izquierdas hoy en España no tiene otra que blindarse ante el azote mediático, político y judicial que le bombardea a todas horas, no tanto con el objetivo de hacerle cambiar de bloque —las encuestas indican que eso prácticamente no ocurre— como de llevarle al desánimo, la sospecha y la abstención. A ello, obviamente, contribuyen los escándalos protagonizados por nombres relevantes —otros no tanto— del Partido Socialista.

Así que sí, este otoño tiene que llover a cántaros en el territorio sociológico progresista si las izquierdas aspiran a rearmar un Gobierno de coalición capaz de poner en práctica lo que más temen los poderes cómplices de estas derechas ultramontanas: políticas reguladoras que pongan freno a una voracidad capitalista que desbarata los equilibrios de un supuesto libre mercado y convierte a los ciudadanos en meros consumidores, sin apenas voz y con el voto de su tarjeta de crédito.

Llover a cántaros significa que este otoño Sánchez está obligado a presentar con rigor, claridad y credibilidad unos Presupuestos que todo el mundo sabe que no se van a aprobar, pero que tienen que poner negro sobre blanco una hoja de ruta que mantenga a España en la senda de progreso alcanzada en las dos últimas legislaturas en el plano económico.

Por más que se grite, y asumiendo que vivamos en un fin de etapa, comparen los datos clave macroeconómicos de los años finales del felipismo, de Zapatero o de Rajoy —el final de Aznar chocó consigo mismo y sus mentiras sobre la guerra de Irak y los atentados del 11-M— con la realidad de hoy.

Comprueben los niveles de inflación, los tipos de interés, el desempleo, la deuda, el déficit o —para qué hablar— la famosa prima de riesgo. Por algo PP y Vox no quieren mencionar la economía o el empleo, y cuando Feijóo abre la boca, sube el pan, como ha ocurrido esta semana con el absentismo laboral y las bajas por enfermedad.

Una empanada mental y un nivel de incompetencia cuya única conclusión clara es que, si llega al poder, está dispuesto a aplicar por decreto el ‘programa’ de la patronal: reducir salarios, cotizaciones, pensiones… motosierra hasta quemarla. Poco importa que la OCDE advierta que una de las debilidades de nuestra economía es precisamente el insuficiente crecimiento de los salarios (ver aquí).

Esa gestión rigurosa en lo económico que firma el Gobierno de coalición y que es la envidia de Occidente tiene lagunas, la más enorme, sin duda, la de la vivienda. Ya sabemos que es complejo y que cualquier medida choca con el boicot de las comunidades gobernadas por las derechas, pero es imprescindible un plan más ambicioso tanto en la eficacia como en la habilidad para superar ese bloqueo.

Y tiene que llover a cántaros, un enorme aguacero, a la izquierda del PSOE, donde conviene que todo el mundo repase la letra de Pablo Guerrero (ver aquí), porque “la siesta se acaba” y porque “una lluvia fuerte… limpiará nuestra casa”.

No les queda otra y no tienen margen —si es que aún lo hay— más allá del otoño. Ya están tardando las formaciones que componían el llamado Espacio Sumar en ponerse de acuerdo en un liderazgo creíble, potente y atractivo, que seguramente tendrá que provenir incluso de fuera del propio espacio, para ser ajeno a cualquier contaminación de las disputas previas, de las cuentas pendientes y, por supuesto, de las profundas incompatibilidades declaradas sin disimulo entre quienes un día fueron compañeros y compañeras, unidas en el espíritu del 15-M.

Cito como premisa obligada ese liderazgo sólido y creíble porque nadie que no viva enfermo de sectarismo en el electorado de izquierdas ve complicado un programa electoral común que recoja los anhelos de entre un millón y millón y medio de votantes que no confían en el PSOE para avanzar sin una fuerza potente que tire de él con la zurda y que hoy se inclinan por la abstención.

Leyendo, viajando y escuchando fuera de Madrid —desde una visión progresista de este país y del mundo—, uno concluye que ese liderazgo ha de creer en un Estado plurinacional, en un federalismo profundo y moderno, en una fiscalidad justa y progresiva que contribuya a la solidez del Estado del bienestar, en un Gobierno regulador de los excesos del capitalismo, en reformas de la justicia valientes que equilibren ese sesgo clamorosamente conservador, en una apuesta por la vivienda pública y por controlar la especulación salvaje en el mercado de la vivienda, y en una legislación que ponga límites al uso de la inteligencia artificial para el mal.

Nombres hay para ese liderazgo, y basta fijarse en la contundencia con la que algunas voces de la propia izquierda los machacan sin que hayan abierto aún la boca ni se hayan postulado siquiera para encabezar el reto. Esa tradición ‘vivípara’ y cainita que tanto desgasta…

Pero “hay que doler de la vida hasta creer”. Tiene que llover a cántaros.

Ahora que comenzamos el verano, si no es que lo tenemos totalmente encima, nos podemos liberar de los aires enfermizos que nos dejaban más que fríos por tantas tormentas que nos obligaban a ponernos a buen recaudo de los bulos que siempre nos atormentaban y atormentan a diario.

Ahora nos parece mentira poder disfrutar de una aparente estabilidad sin que funcionen los ventiladores políticos de la marca “Y tú más”, porque ya contamos con un aire acondicionado que nos ofrece mejor clima familiar y político.

Podemos descansar de malos vientos y ventoleras que nos asedian con bulos que nos rodean a diestra y siniestra, como también de silencios cómplices de escándalos que flotan intensamente o bucean para no ser vistos.

Podemos considerar que es hasta ventajoso que las noticias y tertulias se hayan abierto con un esfuerzo titánico para poner en la palestra fantasmas ocultos y meigas que desde Galicia no dan la cara, pero sí prestan su voz y sus misteriosas andanzas marítimas que han trocado el saberlo todo en no saber nada y hasta decir que no se acuerdan de nada y que desde el resentido dictador hasta sus paisanos de hoy siguen teniendo alergia a una saludable memoria democrática.

Podemos constatar, sin embargo, que buena parte de la libertad está administrada desde estancias privilegiadas del poder, no omnímodo, si queremos, pero sí ciertamente interesado para que la aparente democracia no sea total, no vaya a ser que tengamos que lamentarnos de movidas futuras, porque no aprendimos de aquellas tres penosas elecciones generales pasadas, que consiguieron meternos a Vox en el Parlamento.

Podemos, mientras tengamos tiempo, ver cómo corregimos los entuertos del pasado y que, aunque sea a regañadientes, se corrijan aquellas actitudes de desconfianza a quienes no engañan ni roban ni abandonan por más que hayan sido acusados de tantas cosas que sabemos quedaron orilladas, casi silenciosamente, por el peso de las punitivas miradas de gente de bien.

Podemos, a pesar de los dudosos avances, fijarnos en que no hay tanta claridad ni justicia aperturista cuando en los informativos oficiales, por sus horarios de posibles mayores audiencias, se nos impide que podamos escuchar todas las palabras de todas las opciones políticas, aunque se nos conceda el pastel informativo en un horario poco accesible al común, cuando la mayoría de la posible audiencia está trabajando y no tiene un democrático acceso a todas las opiniones, aclaraciones y propuestas alternativas que nos hablan claro de que la “prioridad nacional” es la vivienda de los españoles, y no la de los fondos buitres totalmente extranjeros y demás colaboradores nacionalistas que hasta desahucian a españoles —muy españoles y más españoles—.

Tampoco nos enteramos bien de que sean unas “prioridades nacionales” una educación y una sanidad públicas y sean ninguneadas cada vez más, como estamos viendo con los últimos pactos políticos, sin líneas rojas y sin ponerse, siquiera, colorados. Es que el personal es capaz de coger el “colorín” —sarampión— y ponerse verde, como el color de algunos billetes de curso normal.

Ya no basta con el abandono progresivo de la sanidad pública ni con las reformas de criterios para cambiar el sistema educativo. Ahora, sin quitar los conciertos con centros educativos que segregan por sexos y por “posibles” de las familias, se quiere, también, concertar el Bachillerato, que no es obligatorio, y ahondar en los cimientos de los viveros de votos a través de una educación elitista y adoctrinadora, que, para colmo, suele acusar de adoctrinamiento a la educación pública.

Sabemos, además, por experiencia, que en la educación pública hemos “convivido” con compañeros y compañeras de otras ideologías y creencias religiosas.

Es más, se están suprimiendo unidades educativas públicas, pero no concertadas, para mayor desconcierto, por supuesto, de la pública.

No tenemos más remedio que aclarar que en todo este “cotarro” del que algunos quieren apropiarse nos falta un verdadero sentir de no dejarnos llevar por el “ni más ni menos” corrupción y hacer votos, dar los firmes pasos y optar, de una vez por todas, por el “nada” de corrupción y engaño.

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Jose Maria Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

La postura de las comunidades autónomas (CCAA) en lo relativo a la vivienda es cada vez más difícil de interpretar. Mientras el Ministerio de Vivienda señala que en las dos últimas reuniones las autonomías aceptaron los requisitos del Gobierno para acceder a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, algunas de ellas critican públicamente esas condiciones o las han llevado a los tribunales. Aún así, el departamento que dirige Isabel Rodríguez les remitió este jueves los documentos y “un modelo de conformidad en el que las CCAA deben ratificar de nuevo, como ya han hecho en dos ocasiones en Conferencia Sectorial, que aceptan los requisitos del Gobierno para acceder a estos fondos”, señalan. Cuando lo firmen, se desbloquearán los primeros 800 millones de euros.

Pero las señales no pueden ser más contradictorias. El pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda por invasión competencial. En la misma línea fueron Andalucía y Extremadura; la primera, anunció que presentaría requerimiento para modificar algunos artículos; y la segunda, inició un proceso contencioso-administrativo y otro ante el Tribunal Constitucional. Las tres comunidades sostienen que el Gobierno invade competencias autonómicas, y en el caso extremeño, además denuncian que el esfuerzo económico para la comunidad es "desproporcionado". Estas han sido las regiones más beligerantes, aunque según Vivienda, las tres han aceptado las condiciones para acceder al reparto de fondos.

El mapa autonómico es desigual. Las comunidades gobernadas por el PSOE respaldan el plan, pero también Galicia, del PP. Otras, pese a criticar alguno de los aspectos del plan, han optado por sumarse. La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, señaló que “el dinero vendrá bien” si se puede compatibilizar con otras políticas de vivienda; en Murcia, el popular Fernando López Miras calificó el plan de “fuegos de artificio”, aunque finalmente lo ha asumido; Cantabria (PP) también lo ha aceptado, aunque no descarta recurrirlo judicialmente, al igual que Castilla y León. Por su parte, La Rioja, también gobernada por el PP, se adscribió al Plan, aunque criticó que la aportación del Gobierno no fuera más amplia, ya que antes aportaba un 75% (aunque con menos fondos) y ahora un 60%.

Por ahora, el Gobierno aún no ha realizado ninguna transferencia porque primero las autonomías deben responder por escrito a los compromisos que les requiere Vivienda. Cuando lo hagan, se efectuará el primer desembolso de 800 millones de euros, sobre un total de 7.000 millones que tiene asignados el plan completo.

Entre los requisitos que deben cumplir se incluye que la catalogación de vivienda protegida no expire y que la comunidad ponga su parte en la cofinanciación (un 40%, frente al 60% que sale del Ejecutivo central). “El ministerio cumple de este modo con el compromiso de habilitar los mecanismos necesarios para efectuar el primer desembolso en julio”, señalan desde el ministerio del ramo. Las comunidades que más dinero recibirán son Andalucía (718 millones del Estado y 478 propios), Madrid (667 millones del Estado y 445 propios) y Cataluña (609 millones del Estado y 406 propios).

Si las comunidades aceptan las condiciones del Ministerio de Vivienda y el primer desembolso se produce este mes de julio, el plan cumplirá con los plazos dispuestos cuando se anunció, aunque los recursos judiciales podrían alterar los planes.

Las razones que han dado las comunidades para iniciar reclamaciones y procesos judiciales son similares en todos los casos. El recurso de la Comunidad de Madrid se queja de que el Plan Estatal limita “la capacidad de gestión de la autonomía regional” y considera que con ello invade sus competencias. También alegan que el modelo de cofinanciación podría suponer “una injerencia excesiva” en la autonomía financiera porque interferiría en su capacidad para emplear recursos propios. 

En la misma línea se manifestó el ejecutivo andaluz. La Junta criticó que la propuesta le restaba autonomía y las degradaba a “meras gestoras” de ayudas. Además, incidía en que, en proporción, las comunidades hacían un esfuerzo mayor para aportar fondos que el Gobierno central. Por ello, hace dos semanas planteó en Consejo de Gobierno la posibilidad de iniciar un recurso formal contra el Plan Estatal de Vivienda. Sin embargo, en mayo sacó una nota anunciando que aceptaba los criterios de reparto de fondos.

En Extremadura, la consejera de Hacienda, Helena Manzano, también se quejó de que el reparto económico que establece el citado plan “es claramente desequilibrado”. 

Una de las cuestiones que más ampollas levanta, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es la obligatoriedad de que las viviendas que se construyan con esos fondos nunca pasen al mercado y se queden en el paraguas de lo público de manera indefinida. Actualmente, las viviendas con protección oficial dependen enteramente de las CCAA, que son las que gestionan su promoción y las que deciden el plazo de duración de las restricciones que impiden su venta a precio de mercado o que fijan el alquiler a un precio asequible. Cuando caduca ese plazo, las viviendas pasan a ser de titularidad privada y entran en el mercado desregulado.

Madrid es una de las regiones que con más fuerza ha defendido el modelo actual. “El Ejecutivo madrileño considera que esta exigencia excede las competencias estatales y podría obligar a modificar marcos normativos ya consolidados, generando inseguridad jurídica y retrasando la ejecución de los programas previstos”, señala la Comunidad en una nota de prensa. De hecho, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, llegó a afirmar en la Asamblea que esta protección permanente “degrada las edificaciones” y “deteriora los barrios”.

Con estas señales contradictorias encima de la mesa comienza el despliegue del nuevo Plan Estatal de Vivienda. A la espera de lo que pase con las reclamaciones judiciales, el Gobierno central ha señalado en reiteradas ocasiones que la protección permanente –uno de los principales requisitos del plan– no es una cuestión negociable.

“La última vez que gobernamos, Madonna sacaba Like a prayer (1989)”. Este es uno de los lemas de la campaña de Enma López para las primarias del PSOE que decidirán la candidatura a la Alcaldía de Madrid. Y, como una señal del destino, la reina del pop ha sacado precisamente ahora un nuevo disco de música dance bajo el título de Confessions II.

López (Vigo, 1986) ha dado el gran salto político de su vida. Tras ocho años de concejala, quiere encabezar la candidatura del PSOE. Pasa estos días de agrupación en agrupación buscando los avales necesarios. Su rival es Reyes Maroto, la exministra bendecida por Ferraz y por el aparato regional. Pero la concejala cree que tiene en su mano la posibilidad de revolucionar al socialismo madrileño con una candidatura que generar ilusión entre los militantes y los ciudadanos. La gran batalla acaba de arrancar.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Madrid?

Ya toca. Esta ciudad necesita a alguien que la quiera, lleva demasiado tiempo siendo la voluntad de otros y no de los madrileños. Se está convirtiendo en un infierno. Estamos en medio, por ejemplo, de una ola de calor, que es casi ya permanente, y no tiene ni zonas de sombra ni árboles suficientes. Un lugar donde es casi imposible vivir y donde el autobús pasa ya cada 20 minutos. Hace falta que alguien se tome en serio esos problemas. 

¿Por qué da este paso político en este momento?

Porque era el momento. He estado ocho años pateándome Madrid, estudiando cada coma del presupuesto y escuchando a mucha gente que me ha pedido que diera el paso. La respuesta está siendo increíble. Uno entra en X, que es un lugar generalmente de odio, y ve ilusión y gente contenta, con ganas de votar. Estoy recibiendo mensajes de muchos compañeros que me mandan su aval después de años sin pisar una agrupación. Hay una ola de gente que quiere formar parte del cambio. No hay nada más bonito que liderar ese movimiento.

¿Cómo va el “avalmaratón”? 

Lo empezamos el lunes y va muy bien. Hemos arrancado en el sur, en Vallecas. Nos estamos encontrando con muchos militantes, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Esta ciudad debería mirar más, por cierto, a las personas mayores en el tema de los cuidados cercanos y que no les arranquen de sus barrios. Hay que hablar mucho de igualdad y del papel de las mujeres, ya que cada vez hay más brecha redistributiva. Pero, sobre todo, estamos hablando de ilusión con personas que estaban alicaídas. La gente está a tope. 

Se enfrenta en estas primarias a la exministra Reyes Maroto, ¿qué le diría a un militante para que la apoye a usted?

Me gustaría que se hiciera unas preguntas honestas y difíciles: quién es mejor candidata para Madrid, quién va a llevar mejor las propuestas socialistas a Cibeles y quién tiene más oportunidades de ganar. Porque yo estoy hablando de ganar la Alcaldía después de 37 años sin gobernar. Ahora estamos en el paso de los avales, que se pueden firmar de manera online y en las agrupaciones de manera confidencial. Ese pequeño paso es fundamental para ganar Madrid. 

¿Qué contesta a los que le acusan de desleal y de presentarse fuera del calendario oficial?

No hay nada más leal que querer al PSOE y a los madrileños y presentarse a unas primarias abiertas y limpias con ganas e ilusión. Presento una alternativa a los madrileños cansados de esperarnos y con ganas de votar al PSOE. No hay nada más bonito que llevar las propuestas de Pedro Sánchez a las casas de los madrileños. 

¿Es la candidata antisistema?

Soy la candidata pro-Madrid y la candidata de la militancia. Así me lo están haciendo saber. Y no hay un apellido más bonito. 

¿Madrid es de derechas? ¿Tiene posibilidades reales la izquierda?

Madrid no es de derechas, es progresista. Y, si vemos los datos del CIS, está en uno de sus momentos más de izquierdas. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de ilusionar a toda esa gente que nos quiere votar. Hay barrios en los que hay una diferencia de hasta 200.000 votos en las generales respecto a las municipales. Veo ganas de cambio real. Es lo que nos estamos jugando en estas primarias. Esto no es una decisión interna, sino muy externa. Están eligiendo a la próxima alcaldesa de Madrid y eso se consigue con un aval. Se acabaron los tiempos de hablar de superarnos unos a otros. Se acabó la melancolía y hay que decirle a esta ciudad que ya toca y que va a haber un Gobierno socialista.

Durante muchos años se ha asentado la imagen en la calle de que el PSOE de Madrid no quiere ganar. ¿Tiene esa sensación?

Tengo la sensación de que nos están esperando. Es lo que me comentan en los barrios. Por ejemplo, Tomás, un camarero de un bar al que voy habitualmente, me ha dicho: “Enma, llevo 20 años sin votar. Pero, si tú te presentas, lo haré”. Tenemos un proyecto que va desde los más jóvenes a los mayores pasando por las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, que necesita que la ciudad lo cuide. Tenemos ganas de mirar a todos y construir una candidatura abierta. Ya toca.

Ese “ya toca” pasa por una ecuación en la que también está la izquierda transformadora. ¿Estaría cómoda gobernando con Rita Maestre y Más Madrid?

Tengo una relación magnífica con todas las personas de los partidos de izquierdas. Pero, en todo caso, hago un símil deportivo: uno no gana el Tour mirando al lado, sino a la meta. Miro a Cibeles. Y, por supuesto, hace falta que lo hagamos juntos y el Gobierno progresista es un ejemplo. Cuando las izquierdas nos entendemos, España mejora. Pero aquí hablamos de un PSOE fuerte que no solo quiera gobernar, sino que gane las elecciones.

¿Qué balance hace de la legislatura de José Luis Martínez-Almeida?

Ha sido una legislatura perdida porque a Almeida no le gusta ser alcalde y prefiere confrontar con el Gobierno central. Él era feliz en la oposición. Pero un Ayuntamiento tiene que hablar de limpieza, de carriles bici, de sombras, de parques, de frecuencias de autobuses, de cuidados y de las cosas que mejoran la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es la transformación de Almeida? Ha abierto solo la puerta a proyectos privados que van contra los madrileños. 

Lleva mucho tiempo citando como ejemplo a Zohran Mamdani, que ganó la Alcaldía de Nueva York hablando del coste de la vida. Viniendo en el metro, por ejemplo, había una pegatina denunciando que antes los desayunos valían dos euros y ahora los brunchs cuestan 15. ¿Cómo afronta el reto de Madrid sobre los precios y el problema de la vivienda?

Hay que hablar de las cosas del comer. El metro ahora está sin aire acondicionado, por ejemplo. La vivienda es el gran reto y hay que actuar de forma poliédrica. Tenemos que ser capaces de construir más y más rápido, y también hay que rehabilitar muchas viviendas. Asimismo, hay que apostar por el transporte público. No podemos resignarnos a tener frecuencias de autobús cada 20 minutos.

Menos cuando viene el papa, que el Ayuntamiento pone gratis los autobuses…

No me gustaría que el papa tuviera que censarse aquí para que tengamos una ciudad limpia, con médicos y transporte público. Y es muy importante ayudar a pagar la energía a través de comunidades para que la gente no tenga miedo a encender el aire acondicionado. Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Por ejemplo, la Feria del Libro. A lo mejor tenemos que debatir si debería ser en otra fecha en la que no haya 40 grados. Hace demasiado tiempo que esta ciudad no habla ni dialoga. Y hay que hablar también de los bares.

¿Por qué?

Son identidad madrileña y la estamos perdiendo. Tendríamos que tener un plan de ordenación comercial y proteger a las pequeñas tiendas y bares. Están desapareciendo las cañas y solo hay dobles a precios desorbitados. La derecha se está cargando esa forma de vida madrileña de la que tanto hablan. 

La hemos visto también participar en muchos actos en el Orgullo. Hay muchas voces del colectivo que hablan de volver al activismo en una celebración que está cobrando muchos tintes capitalistas, algo a lo que empuja el Ayuntamiento de Madrid, que ha congelado su aportación de medio millón de euros. Por ejemplo, en Sevilla, gobernada por el PP, se ha invertido en este sentido un millón y medio de euros. ¿Qué concepto de Orgullo tiene?

Para empezar, un Orgullo que dure todo el año. No puede ser que estén creciendo los delitos de odio. No puede ser una fiesta privada, sino que debe ser una celebración de la ciudad y el Ayuntamiento se debe involucrar de forma activa. Creo en un Orgullo reivindicativo y festivo porque forma parte de la esencia de un colectivo con el que me siento muy identificada. Hay que reivindicar con dignidad y alegría.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría si llega a Cibeles?

Siempre es difícil, pero reuniría al equipo de vivienda para que empezaran ya a trabajar. Y también tomaría medidas sobre los carriles bici y las sombras porque, además, llegaríamos en junio. No podemos permitir que esto sea un asadero.

¿Su gran referente para gobernar Madrid es Tierno Galván?

Tengo muchos. Él es uno. Y también me gusta mucho lo que hicieron Claudia Sheinbaum en Ciudad de México y Anne Hidalgo en París. También Mamdani. Y saldrán muchas cosas buenas de los madrileños y las madrileñas, a los que, por desgracia, nadie escucha. 

Es un rostro habitual en las tertulias de televisión y en la sala de prensa de Ferraz. Pero es la primera vez que encabeza un gran proyecto. ¿Cómo lo lleva personalmente ante una competición tan mediática? ¿Hay vértigo?

Estoy ilusionadísima. Madrid es el gran amor de mi vida. Me da fuerza cada persona que encuentro por la calle. Duermo y como menos, pero no me recordaba con tanta energía y con tanto brillo en los ojos. Es maravilloso hacer aquello en lo que crees. He tenido grandes honores como estar en la Ejecutiva de mi partido, pero no hay nada tan bonito como pelear por la ciudad que quieres. No voy a parar hasta entrar por la puerta de Cibeles y llevar de mi mano a todos los madrileños.

El Madrid de Enma López…

Un lugar para pasear: Me gusta mucho subir la calle de Bravo Murillo. Me encanta su vida, su comercio, su gente, sus mercados. Representa la acogida de Madrid.

Un lugar para hacer deporte: Madrid Río, aunque faltan sombras.

Un lugar para una noche de fiesta: Hace mucho que no salgo, pero siempre he sido de Malasaña.

Un lugar para perderse: Usera. Me encanta ir a comer a sus restaurantes chinos y perderme por las callejuelas. 

Un lugar para tener una cita romántica: El barrio de las Letras. Me encantan los pequeños bares, cuyos dueños son familia, como Casa González, Los Gatos y La Venencia. Sé que me van a cuidar y que van a estar mirando detrás para ver si es la cita perfecta.

Un lugar para llevar a alguien que viene por primera vez a Madrid: El Templo de Debod, que es una joya. Y siempre, al atardecer. 

Un lugar especial para los socialistas: Casa Labra, con una caña y una pavía de bacalao. Y recordar por qué estamos aquí y lo difícil que lo tuvo Pablo Iglesias.

¿Cuatro mil viviendas son muchas o pocas? Como prácticamente toda cifra: depende. En cifras redondas son las que continúan en manos de los bancos y otras entidades financieras y están vacías en Galicia, según los datos del censo oficial de la Xunta a los que Praza.gal pudo acceder al amparo de la Ley de Transparencia tras evitar el Gobierno gallego entregarlos al Parlamento. Y supone un volumen prácticamente idéntico al de pisos de promoción pública que la Xunta asegura estar en condiciones de construir en esta legislatura.

Concretamente, las cifras del censo indican un total de 4.081 viviendas vacías propiedad de bancos en 130 ayuntamientos. Y la Consellería de Vivenda asegura que las promociones de pisos públicos que ya tiene “en ejecución” —término que engloba desde los trámites previos hasta la construcción propiamente dicha— son ya algo “más de 4.000”. Con las obvias diferencias en cuanto a las localidades en que se encuentran unas y otras.

Como muestra el gráfico interactivo sobre estas líneas, más de la mitad de esas 4.081 viviendas vacías en manos de la banca son titularidad de la Sareb, el banco malo constituido por el Gobierno de España en colaboración con el sector financiero durante la gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, 5.000 millones en bienes procedentes de Caixa Galicia y Caixanova—. Por tanto, a priori, serían susceptibles, por las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública y favorecer promociones de alquiler protegido.

Por detrás de la Sareb destaca como segundo gran banco propietario de viviendas vacías en Galicia el Santander, con 600. El resto se distribuyen en volúmenes muy inferiores entre más de una treintena de empresas, de bancos a fondos de inversión inmobiliaria. La presencia de Abanca entre ellos es residual (24 viviendas a nombre de Abanca Corporación Bancaria y 49 en manos de su división inmobiliaria) precisamente porque el grueso de los activos tóxicos pasaron a la Sareb antes de la compra de Novagalicia Banco por el venezolano Banesco.

Pero, de vuelta a la pregunta inicial: ¿son muchas o pocas? En comparación con las viviendas protegidas en general —y de promoción pública en particular— en las últimas legislaturas, son un volumen muy considerable. Así, por ejemplo, en la pasada legislatura gallega —la de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente— quedaron terminadas en Galicia apenas 281 viviendas. En la anterior (la salida de las elecciones de 2016) habían sido pocas más, 337. Y en la previa, la iniciada con los comicios de 2012, quedaron en 622.

Hay que remontarse a la primera legislatura con Feijóo en la Xunta para encontrar una cifra de viviendas protegidas más abultada. Fundamentalmente por proyectos heredados del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, en aquel período de 2009 a 2012 se finalizaron algo más de 6.000 pisos protegidos. En el mandato de socialistas y nacionalistas, entre proyectos propios y provenientes del fraguismo, fueron más de 12.000. Durante todas las legislaturas de los años 90, con Fraga en la Xunta, también se superaron las 10.000 por mandato.

El grueso de las viviendas protegidas levantadas a lo largo de la autonomía irá perdiendo paulatinamente esa condición, dado que —en función de la normativa vigente en cada momento— van quedando sin restricciones para ser compradas y vendidas sin precio tasado ni tener que dirigirse a población inscrita en el Registro de Demandantes de la Xunta. Como informó Praza.gal a partir de una amplia investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia va a perder algo más de 35.000 viviendas protegidas, por lo que tanto las vacías en manos de los bancos como las de promoción pública proyectadas por la Xunta no compensarían, ni de lejos, esa pérdida.

Cuatro mil viviendas tampoco son muchas en comparación con otro indicador clave: la demanda de vivienda protegida. Alimentado por los anuncios de esas cuatro mil viviendas de promoción pública —y del desarrollo de suelo residencial en diversas localidades para otras 20.000 protegidas—, el Registro de Demandantes viene batiendo sucesivos récords y, en el momento de la redacción de esta información, el 2 de julio de 2026, ya tenía inscritas casi 34.400 peticiones.

Hace apenas un año eran poco más de 22.000, lo que sitúa por encima del 50% el crecimiento interanual de una demanda que 4.000 viviendas apenas cubrirían. No en vano, 4.000 viviendas equivalen a apenas el 12% de las inscripciones en el registro de demandantes de vivienda protegida.

Ponerle límites al mercado inmobiliario está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Prueba de ello es un decreto con medidas de vivienda que no termina de encontrar el camino hacia una mayoría parlamentaria y que probará suerte de nuevo previsiblemente antes de que termine julio. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció que el Gobierno de coalición trataría de aprobar antes del parón estival un “importante” paquete de medidas sobre vivienda que incluirá cuestiones como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10% dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, fuentes de Sumar señalan que las conversaciones avanzan y el consenso en el seno del Gobierno es más firme.

En marzo, se frustró el primer intento que abanderó Sumar y que provocó un choque entre los socios de Gobierno después de que la prórroga de los alquileres se votase en un decreto separado de las ayudas anticrisis. Ahora la medida vuelve a contemplarse, aunque con un clima diferente dentro del Ejecutivo. Fuentes de Sumar señalan a infoLibre que el PSOE se está implicando más en la negociación, algo que es indispensable, apuntan, para hablar con Junts, sobre todo si sus requerimientos atañen a ministerios que lidera la parte socialista.

Este mismo miércoles, Junts advirtió que solo votaría el decreto si se contemplaban sus condiciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalaba que por el momento solo existía “un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan” y volvía sobre los requerimientos que ya había lanzado en la ocasión anterior. Recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir una deducción sobre la cuota del alquiler o desgravar los ahorros destinados a comprar una vivienda, entre otros. Todas ellas, medidas que atañen al Ministerio de Hacienda, en manos de la parte socialista. Nogueras fue más allá y señaló que, si el Gobierno quiere sacar adelante el decreto, solo tiene que “copiar y pegar” lo propuesto por su grupo.

Otras fuentes dentro de Sumar apuntan que en la negociación, aún en marcha, Junts ha dejado claras por escrito sus peticiones y que sería un error por parte del Gobierno tratar de dibujar en este punto líneas rojas que podrían cambiar la disposición del grupo catalán para el diálogo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trataba de rebajar el tono y pedía ese mismo día “generosidad” a los partidos. Explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y que se estaba sopesando con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, señaló. De hecho, desde Vivienda han insistido en la medida como una necesidad social: “Si hay un motivo hoy en día para llegar a acuerdos es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, señalaban en la nota de prensa posterior al anuncio.

En marzo, el Presidente del Gobierno anunció el primer paquete de medidas contra la crisis desatada por el cierre del estrecho de Ormuz. Eran 80 puntos que movilizaron 5.000 millones, pero la vivienda, pese a la insistencia de Sumar, terminó por quedar fuera. Las tensiones llegaron a provocar que el inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobó se retrasase porque los ministros del socio de Gobierno lo consideraban como "bajada de impuestos". Además, habían insistido hasta el último momento en incluir medidas relativas al mercado inmobiliario que finalmente terminaron por votarse en un decreto separado que no salió adelante. Aquella crisis se saldó con una prórroga de alquileres que duró apenas un mes, el tiempo que tardó en llegar a trámite parlamentario y decaer el decreto.

En estos meses, Sumar ha mantenido la presión y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha seguido insistiendo en la posibilidad de que la prórroga —que en su formulación inicial pedía extender los contratos de alquiler durante un máximo de dos años con un tope de incremento en el precio del 2%— se hiciese efectiva. En un vídeo publicado recientemente en Instagram, Bustinduy insistía en el compromiso de llevar esta medida al Congreso “antes de que finalice el mes de julio”.

En el anuncio que ha hecho el Gobierno estos últimos días, Elma Saiz hablaba de la nueva propuesta como “un real decreto amplio y transversal". En este nuevo capítulo, el decreto se estructurará en dos bloques: uno relativo a medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler; y otro, para incentivar que quienes tienen vivienda vacía la coloquen en el mercado. Se tratarán cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. También se ha propuesto incentivar el alquiler de larga duración penalizando con una carga impositiva superior, del 21% en el IVA, el alquiler vacacional y de temporada. Aunque por ahora, a falta de que cada partido ponga las cartas boca arriba en la negociación, no hay medidas concretas.

Hay imágenes que condensan una época mejor que muchos diagnósticos. Personas que salen de sus casas por miedo a las réplicas de un terremoto. Vecinos que duermen fuera porque el edificio que debería protegerlos puede venirse abajo. Habitantes de una gran ciudad europea que buscan en los parques el alivio que sus viviendas ya no les ofrecen durante una ola de calor extrema. Situaciones distintas, causas distintas, geografías distintas. Pero una misma inversión inquietante: la calle, tradicionalmente asociada a la exposición, aparece de pronto como refugio. Y la casa, ese lugar al que volvemos para escondernos del mundo, deja de ser un espacio seguro.

La escena tiene algo de paradoja brutal. En condiciones normales, la vivienda representa la frontera mínima entre la intemperie y la protección. Cerramos la puerta y damos por supuesto que algo queda fuera: el ruido, el peligro, el frío, el calor, la amenaza. El hogar no es solo un bien material; es una promesa elemental de seguridad. Por eso resulta tan perturbador comprobar que, ante determinados fenómenos extremos, esa promesa puede romperse.

Una vivienda puede convertirse en una trampa térmica cuando las temperaturas nocturnas no bajan y los edificios no están preparados para disipar el calor. También puede convertirse en una amenaza física cuando la tierra tiembla y los muros, techos o escaleras dejan de inspirar confianza. No se trata de comparar tragedias ni de mezclar fenómenos que responden a lógicas distintas. Una ola de calor y un terremoto no son lo mismo. Pero ambos revelan algo común: la vulnerabilidad no aparece solo cuando llega el evento extremo; aparece cuando descubrimos que aquello que debía protegernos ya no basta.

La catástrofe, en este sentido, no empieza únicamente con el fenómeno. Empieza cuando el entorno construido deja de cumplir la función elemental para la que fue creado: resguardar la vida. Y ese fracaso no siempre adopta la forma espectacular del derrumbe. A veces adopta la forma silenciosa de una noche insoportable en un piso recalentado, de una persona mayor que no puede dormir, de una familia que no encuentra alivio, de un barrio sin sombra suficiente, de una ciudad que descubre tarde que el calor también amenaza desde dentro.

Hay en todo esto una pregunta incómoda: ¿qué significa estar a salvo? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía relativamente sencilla: estar a salvo era estar dentro. Dentro de casa, dentro de una institución, dentro de un sistema de protección, dentro de una normalidad razonablemente previsible. Pero los fenómenos extremos están alterando esa gramática básica. A veces estar dentro ya no protege. A veces la decisión prudente consiste en salir. Salir al parque, a la plaza, a la acera, al espacio abierto, al lugar común. La intemperie se vuelve refugio porque el interior ha dejado de garantizar seguridad.

Esa inversión debería obligarnos a mirar la ciudad de otra manera. El espacio público no puede seguir siendo tratado como un simple lugar de tránsito, consumo o paseo. En condiciones extremas, puede convertirse en una forma elemental de protección. Un parque abierto por la noche, una plaza con sombra o un equipamiento público disponible no son solo recursos urbanos: son maneras concretas de decir que nadie debería quedar solo ante aquello que su casa ya no puede resolver.

También obliga a revisar nuestra idea de vivienda. No basta con preguntar cuántas hay, sino qué protección ofrecen. Una vivienda puede tener paredes y techo y, aun así, no estar preparada para nuevas condiciones climáticas. Puede ser un hogar y, al mismo tiempo, un lugar inseguro durante una noche extrema. Puede parecer un asunto privado y depender, sin embargo, de decisiones colectivas: cómo se construye, cómo se rehabilita, cómo se cuida la ciudad, cómo se anticipa lo que ya no puede tratarse como excepcional.

La escena de quienes duermen fuera por miedo o por calor nos recuerda algo que a menudo olvidamos: la seguridad no es un asunto exclusivamente individual. No se resuelve solo con prudencia privada, con más información, con mejores hábitos o con capacidad de compra. Depende de capas colectivas de protección que normalmente permanecen invisibles hasta que fallan.

Quizá por eso estas imágenes resultan tan perturbadoras. No muestran únicamente una emergencia. Muestran una pérdida de confianza en el refugio. Y pocas cosas son tan básicas como poder confiar en el lugar donde uno duerme. Cuando esa confianza se rompe, la vulnerabilidad deja de ser una palabra abstracta y se convierte en una pregunta física, inmediata, casi animal: ¿dónde puedo pasar la noche sin miedo?

La respuesta no puede dejarse solo en manos del individuo. Cuando la casa deja de proteger, no falla únicamente una vivienda. Falla una arquitectura más amplia de seguridad: la previsión, la adaptación, el mantenimiento y la idea cómoda de que los riesgos excepcionales seguirán siendo excepcionales.

No se trata de aspirar a un mundo sin incertidumbre. Pero sí de distinguir entre la incertidumbre inevitable de vivir y la intemperie producida por no haber preparado nuestras ciudades, nuestras viviendas y nuestras instituciones para proteger mejor. Cuando la calle se convierte en refugio, conviene escuchar la advertencia. No es solo una imagen de emergencia. Es una señal de época.

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.

Los europeos pagaron un 5,1% más por la vivienda en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Los españoles lo han tenido aún más complicado: el precio de la vivienda ha crecido en el país un 12,8%, de acuerdo con Eurostat. En el mar de cifras y porcentajes con el que se cuenta la crisis de vivienda, España emerge como uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más rápido crecen los precios, aunque los factores que alimentan la subida son prácticamente los mismos en toda la UE: poca vivienda social; la resaca de la crisis financiera que dejó el estallido de la burbuja en 2008 y que frenó en seco la construcción de obra nueva; y una concentración de la demanda en los núcleos urbanos que genera “una creciente demanda de viviendas y el hacinamiento en las ciudades”, a la vez que aumenta el número de casas vacías en zonas rurales. Según el Parlamento Europeo, estas son algunos de los motivos de un problema que crece en toda la región y que es especialmente serio en España.

“Una de las causas principales es el suelo. Se calcula que el precio de una vivienda corresponde en un 70% al precio de este y la demanda está muy concentrada en ciertas localizaciones”, explica Iván Auciello, experto en vivienda e investigador en la Universidad CY Cergy París. Si a eso se une que esos lugares de alta demanda son precisamente aquellos en los que no hay demasiada disponibilidad, la tendencia al alza está servida.

No son problemas distintos de los que aquejan a España, aunque al mirar las cifras surgen otras preguntas como por qué en España la vivienda se encarece más del doble que en Europa. De hecho, el crecimiento a doble dígito es la norma a nivel nacional desde el segundo trimestre de 2025. Si se toma el desglose por países, es el quinto país en el que más han subido los precios en el primer trimestre del año. Los cuatro anteriores son Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%).

La explicación, señala Auciello, no está en un único factor. "España ha recibido en los últimos años grandes flujos migratorios, más que otros países de Europa, pero tampoco el ritmo de construcción es adecuado", señala. Otro gran problema que agudiza la crisis a nivel nacional es el carácter turístico de España. "En un país donde la presión turística es mayor, las viviendas turísticas se desplazan hacia ese mercado. Esto último es común a otros países, como Portugal o Croacia, donde se observa un gran crecimiento de los precios", concluye.

La escasez del parque público de vivienda es un factor más a tener en cuenta, aunque aquí la Unión Europea identifica ese problema a nivel global. Según sus datos, la oferta de viviendas sociales en los centros urbanos no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico de los últimos años. En 2021 había alrededor de 14 millones de viviendas sociales en toda la UE, lo que representaba solo el 8% del parque de viviendas total. Y lo peor es que la tendencia es negativa: en 2010 había un 11%. Si miramos a España, las cifras son aún peores. El porcentaje de vivienda pública se sitúa en torno al 3,4%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Y aquí entra en juego el factor de la despoblación y la concentración demográfica en centros urbanos. Un "desequilibrio" que lleva al "hacinamiento" en las ciudades y que dificulta la construcción de vivienda donde más se necesita. "A medida que las ciudades siguen atrayendo a personas para trabajar y estudiar, la población se concentra cada vez más en centros urbanos grandes y medianos. Mientras tanto, muchas zonas rurales se enfrentan a una despoblación constante", señala el informe del Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones en las que se ha insistido en la UE es en la necesidad de reactivar la construcción. La fuerte demanda y la escasa oferta es el mantra que se repite en España para explicar la crisis inmobiliaria, pero también es un problema a nivel europeo. El análisis del Parlamento achaca este problema al lastre que dejó la crisis económica de 2008 y en el que también incidió la pandemia. "La crisis financiera mundial de 2008 provocó un importante descenso de la inversión en vivienda nueva. La pandemia de covid-19 ralentizó aún más la construcción residencial al interrumpir la concesión de licencias, retrasar la entrega de materiales y provocar escasez de mano de obra", recoge en su análisis el organismo europeo.

A nivel nacional, el ritmo de construcción también se ha desplomado en los últimos años, aunque las medidas para reactivar el sector han conseguido que empiecen a crecer poco a poco desde 2021 los visados de obra nueva. En 2025, último dato disponible, se solicitaron 139.016, un dato muy alejado de aquellos 860.000 que hubo en 2006, antes de la gran crisis.

Los datos publicados este jueves por Eurostat corroboran que el comportamiento de los precios a nivel europeo sigue caminando al alza. Su precio sube en todos los países del conjunto de los 27 con una única excepción: Finlandia. En todos los demás, incluida Austria, adalid del conocido modelo vienés que ha llevado la vivienda pública en Viena a niveles muy altos, los precios suben.

Hace una década, después de que el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo permitiese empezar a dejar atrás la gran recesión, la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, anunció un giro social. Tras perder el PP importantes cuotas de poder en las elecciones municipales de 2015, las de la emergencia de las mareas, el Gobierno gallego había lanzado promesas como ayudas para paliar los efectos de los desahucios o un mayor control sobre las viviendas que seguían en manos de los bancos —procedentes del rescate de las cajas o de los propios desalojos, por ejemplo—, mientras sectores de la población buscaban techo.

Fue así como la Xunta lanzó su censo de viviendas vacías para "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Existía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable", justificó en el decreto que lo reguló, que hizo obligatorio para los bancos inscribir todas sus viviendas vacías en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Como informó Praza.gal, la pasada primavera la Xunta se negó a dar al Parlamento los datos de este censo justificando que la normativa que lo regula no obliga a publicarlos. Este diario los reclamó al amparo de la Ley de Transparencia y acaba de obtenerlos: según la información manejada por la Xunta a junio de 2026, los bancos y otras entidades financieras conservan en Galicia 4.081 viviendas vacías en 130 ayuntamientos.

Los datos obtenidos por Praza.gal y ahora liberados muestran que el Gobierno gallego dispone de información incluso más allá de la estrictamente requerida por el censo, toda vez que los ayuntamientos que superan los 10.000 habitantes son poco más de medio centenar. Como muestra el mapa sobre estas líneas, el municipio que cuenta con un mayor número de estas viviendas vacías en manos de la banca es la ciudad de A Coruña, con 307. La siguen Vigo, con 227, y Narón, con 209. También superan las 150 los ayuntamientos de Lalín, Cee, O Porriño y Ferrol.

En un contexto en el que, en respuesta al requerimiento de Praza.gal, el Instituto Galego da Vivenda e Solo especifica que "estos datos están en fase de revisión", ya que el organismo dependiente de la Consellería de Vivenda "requirió a las entidades su actualización a fecha real", la foto fija de las cifras obtenidas permite extraer más conclusiones, además de la distribución por ayuntamientos. Entre ellas, que un número muy relevante de estas viviendas estarían en disposición de salir al mercado de alquiler accesible bajo control estatal.

La razón de esta posibilidad es que la entidad financiera con más pisos y casas inscritas en el registro de viviendas vacías de la Xunta es la Sareb, esto es, el banco malo constituido en plena crisis financiera para quedarse con los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, unos 5.000 millones en propiedades de Novacaixagalicia—. Son algo más de 2.000 pisos que, en virtud de las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, estarían en condiciones de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública. En los últimos años, además, la Xunta compró algunas de las viviendas de la Sareb.

Como refleja el gráfico interactivo sobre estas líneas, la Sareb es la gran protagonista de las viviendas vacías inscritas en los ayuntamientos con mayor concentración de estos pisos, con más de un centenar en A Coruña y Vigo y también en villas como Cee, Narón, Ares, Ribeira o Lalín, siempre según los datos del censo de la Xunta obtenidos por Praza.gal. Por detrás del banco malo son también significativas las cifras del Banco Santander, con 600 viviendas inscritas a su propio nombre y casi 200 más a través de sus filiales Luri 6 y Altamira —esta última es su antigua inmobiliaria y sigue manejando partes relevantes de su cartera, pese a no ser ya propiedad suya—.

Frente a estos nombres principales y otros de fondos de inversión como Global Pantelaria resulta significativa, en comparación, la escasa cifra de viviendas vacías inscritas en el registro por Abanca, ya sea a nombre de Abanca Corporación Bancaria, con un total de 24, o de su división inmobiliaria, que tiene inscritas 49 en el censo. La razón es que el grueso de los activos inmobiliarios tóxicos —por ejemplo, promociones inmobiliarias fracasadas tras el estallido de la burbuja o procedentes de hipotecas impagadas— de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova ya no estaban en la entidad resultante de su fusión y rescate, Novagalicia Banco, cuando fue adjudicada al venezolano Banesco, subasta de la que nació Abanca.

En lo que atañe a las principales ciudades, foco de la pregunta que la Xunta se negó a responder al Parlamento, las viviendas vacías propiedad de entidades financieras inscritas en el registro oficial son algo menos de un millar. Son 909, de las que más de la mitad se distribuyen entre Vigo y A Coruña, en ambos casos con la Sareb y el Banco Santander como principales propietarias.

Más allá de las dos ciudades más pobladas, Ferrol es la tercera entre las siete principales urbes con más pisos vacíos en manos de los bancos. La suma es de 160, según el censo de la Xunta.

A mayor distancia están las cifras de Lugo, con 69. En Ourense y Pontevedra también superan el medio centenar, y en ninguna de las dos la Sareb es la principal propietaria: en la capital ourensana es la inmobiliaria Altamira y en la ciudad del Lérez, el Banco Santander. Santiago cierra el registro entre las ciudades, con solo 23 pisos vacíos propiedad de entidades financieras.

“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”, pregunta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “La vivienda”, responde el 41,5% de la ciudadanía. Y es que el mercado inmobiliario es la principal preocupación de los españoles mes tras mes. Si se les interpela acerca de qué es lo que más les afecta personalmente, la respuesta es primero la economía y después, de nuevo, la vivienda. Pero lo que para la mayoría son desvelos, para el mercado es una oportunidad. Al menos, así lo presenta The District, la polémica feria inmobiliaria que reúne a bancos, fondos de inversión, socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, empresas que cotizan en bolsa y se dedican a comprar, rehabilitar y gestionar inmuebles para alquilarlos), inmobiliarias o lobistas relacionados con el sector de la vivienda y contra la que protestan los sindicatos y las asociaciones por el derecho a la vivienda. “Los participantes tendrán la oportunidad de identificar nuevas oportunidades, establecer alianzas y descubrir proyectos acerca del nuevo ciclo inmobiliario europeo”, reza una de las notas de prensa del evento.

Este miércoles se ha presentado en la Consejería de Vivienda de Madrid la edición de 2026, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que, por primera vez, se celebrará fuera de Cataluña tras cuatro años en Barcelona. En los últimos años, además de un evento para inversores, se había convertido en un foco de protestas en cuyas inmediaciones los movimientos de vivienda expresaban sistemáticamente la disonancia entre un mercado en ebullición y unos presupuestos familiares cada vez más tensionados por el gasto en vivienda. Allí hizo su aparición uno de los lemas más repetidos: “Fuera especuladores de nuestros barrios”. También allí comenzó a generarse un clima hostil para este tipo de eventos, que fueron reforzando su presencia policial.

El año pasado, la feria reunió a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año anterior) y 2.500 inversores internacionales de los principales fondos. Para la edición de este año, las entradas van desde los 175 euros por un acceso básico hasta los 1.493 euros del "pase platino", que cuenta con un descuento del 25%. Sin la rebaja, su precio es de 1.990 euros.

El evento abandonó Cataluña bajo el pretexto de explorar Madrid y al considerar que la capital era la puerta de entrada de inversores latinoamericanos porque ha apostado por atraer este tipo de actividad económica. Juan Velayos, el presidente de The District, se refería a la capital como un "contexto positivo" para la actividad inmobiliaria. "Así es como crece también una región", señaló por su parte Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al anunciar el pasado diciembre que la capital albergaría el evento en Ifema.

En estos años, las protestas contra la especulación se repitieron en casi todas las ediciones –incluso llegaron a lanzar polvos de colores a los asistentes– y la organización se quejó de falta de apoyos. Además, en abril del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni (PSC) retiró al evento una subvención nominativa de 250.000 euros que hasta ese momento le había otorgado el consistorio. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha señalado a infoLibre que The District no ha recibido ningún respaldo económico público. “No existe ninguna subvención nominativa ni de ningún otro tipo para este evento”, aseguran desde el área de Vivienda. “La presentación de hoy se ha celebrado en la sede de la Consejería de Vivienda sin coste para la Administración y no existe financiación pública autonómica del evento”, concluyen.

En su presentación inaugural en Madrid de este miércoles, en cambio, el salón del ladrillo ha tenido una acogida más calurosa y la sesión ha contado con la participación de varios representantes públicos. Álvaro González, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, han participado en esta primera jornada. A juicio de Rodrigo, el evento “refuerza el atractivo de la región como destino para la inversión y reconoce el dinamismo de su mercado inmobiliario”. Y, aunque también habló de vivienda asequible, lo hizo para señalar que "el acceso a una casa se garantiza construyendo oportunidades".

En la sesión también participaron personas del ámbito de la consultoría y del sector inmobiliario. Un representante del fondo de inversión neerlandés Rockfield, con gran presencia en el ámbito de las residencias y que posee una cartera de activos en Europa de más de 2.500 millones de euros; un directivo de la empresa inmobiliaria cotizada Merlín Properties o la presidenta de ASPRIMA, la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid. También participó Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO de Equipo Económico. En cuanto a los temas que se debatían, estaba el alquiler de “oficinas y retail como motores de inversión” o la “inversión récord en un contexto incierto”.

La inversión y las cifras del sector ayudan a hacerse una idea de lo separados que están los puntos de vista en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Mientras una parte habla de "oportunidades" y cifras récord, la otra se queda rezagada en una crisis de acceso que se ceba con los jóvenes y multiplica la vulnerabilidad de quienes tienen menos ingresos.

Como ejemplo de estas dos realidades, cabe destacar que, por ejemplo, las seis principales socimis y promotoras casi duplican sus cifras en 2025 con un resultado neto agregado de más de 1.400 millones, frente a los 733 del ejercicio previo. Al mismo tiempo, los últimos datos señalan que el precio de la vivienda se disparó un 15,2% en el segundo trimestre, la tasa más alta en 20 años, según Tinsa. Otro dato que ayuda a medir la distancia entre los ciudadanos y el mercado lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística: en 2025 los hogares españoles dedicaron un 33,2% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un 5,8% más que en el año previo.

El horizonte que se dibuja es muy distinto según el lado del mercado desde el que se mire. Y en eventos como The District, donde las narrativas inversoras chocan tan abiertamente con el malestar social por la vivienda, la polémica parece servida.

Con las vacaciones a las puertas y un inicio de verano en temperaturas récord, la vivienda vacacional es objeto de deseo para algunos y una polémica agria para otros. Su incidencia en el precio de la vivienda la ha convertido en uno de los frentes sobre los que legislar para tratar de contener la crisis inmobiliaria y, en comunidades con alta presión turística, las manifestaciones y quejas de los vecinos son reiteradas. Pero ¿sabemos cuántas hay y cómo han evolucionado en estos años de crisis habitacional? A falta de que el Registro Único impulsado por el Gobierno funcione como herramienta efectiva, la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) es la mejor opción, aunque el mismo organismo admite que continúan afinando la metodología y los meses analizados han variado en los últimos años, lo que hace difícil establecer una serie homogénea.

"Los registros administrativos no recogen por sí solos toda la actividad existente; las plataformas de comercialización no ofrecen una información pública completa y estable; y las estadísticas disponibles responden a metodologías distintas", lamentaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en uno de sus informes.

En Madrid, Málaga, Canarias o Baleares, entre otras, las protestas de los vecinos se suceden y han llevado incluso a sabotajes hacia elementos vinculados con este tipo de negocios, como cajetines de llaves o pintadas en las inmediaciones de estos alojamientos. Muchas de estas acciones terminan compartiéndose en redes y alimentan un debate cada vez más enconado.

La intención del Gobierno era que el mecanismo de Registro Único sirviese para reunir en un mismo espacio la información de las comunidades autónomas y obtener una foto más precisa del fenómeno, pero la propuesta no cuajó. Aunque está aprobada, recientemente la Comunitat Valenciana la recurrió al considerar que invadía sus competencias, y el Tribunal Supremo declaró la nulidad de este mecanismo al considerar que el Estado carecía de competencia para establecer una regulación tan "exhaustiva".

Desde la asociación vecinal madrileña, su responsable de urbanismo y vivienda, Quique Villalobos, explica que el lema fundamental que se ha establecido entre los vecinos es que "las casas no son hoteles". Los motivos del malestar van "desde ruidos, sensación de inseguridad o deterioro de los elementos comunes en edificios que son para uso residencial", enumera Villalobos, hasta el impacto que tienen en los precios tanto de las casas como del resto de servicios que se ofertan en los barrios. "Eleva los precios de las viviendas, pero también deteriora el comercio de proximidad, haciendo que la renta de los locales suba y sustituyendo negocios de proximidad cotidianos por otros que aprovechan el tirón del turismo y pueden pagar más", señala.

La FRAVM ha denunciado pisos ilegales y están tratando de cuantificar su alcance de manera efectiva, pero no es sencillo porque "no existe una única fuente que mida de manera completa, homogénea y plenamente fiable el fenómeno", insisten.

La estadística experimental del INE se publica dos veces al año y se elabora haciendo un rastreo por las ofertas de los portales inmobiliarios como Booking o Airbnb, y eliminando después las duplicidades. En los últimos datos disponibles, relativos a mayo, constataba que este tipo de alojamientos se había reducido un 10,6% con respecto al quinto mes del año pasado: desde los 381.837, hasta los 341.001 inmuebles ofertados. Pero aunque la cifra es buena, la tendencia no refleja una reducción sostenida y, entre noviembre (último mes analizado) y mayo, este tipo de alojamientos había aumentado en 11.237.

La tendencia va cambiando, aunque el número de alojamientos de este tipo se ha reducido significativamente desde los máximos que se registraron en septiembre de 2024, cuando el organismo estadístico contabilizó 403.267. Pero, como suele ocurrir con la vivienda, los datos son escasos y las estadísticas aún tantean el terreno. De hecho, el estudio del INE es aún experimental y los meses que analiza han ido cambiando por decisiones metodológicas. Hasta 2025, el organismo lo hacía dos veces al año, durante los meses de agosto y febrero; desde entonces, los periodos de análisis son en noviembre y en mayo. La razón, explican a infoLibre, es que las reservas para verano se suelen hacer con meses de antelación a los periodos de mayor demanda turística. Así, como se puede ver en el gráfico, la serie cambia entre 2024 y 2025, dificultando la comparación.

La FRAVM también apunta que, aunque la estadística del INE es la única fuente de datos oficial, su alcance es limitado, ya que no distingue, por ejemplo, entre pisos completos o por habitaciones. Lo que sí tiene claro es que la "brecha de legalidad es muy elevada". Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, apuntan, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

La estadística del INE, aunque incompleta, sí resulta útil a la hora de generar una imagen general de las regiones con mayor número de viviendas de uso vacacional. En el mapa que aparece a continuación se puede ver cómo este tipo de alojamientos perfila la costa mediterránea, Madrid y ambos archipiélagos. También empieza a ganar terreno en la costa norte, sobre todo en Asturias y Cantabria. Pero por provincias, son Málaga (con más de 45.000 alojamientos detectados) y Alicante (con más de 32.000) las regiones que más sufren este fenómeno.

Si se observa la evolución por regiones, teniendo en cuenta los periodos comparables (desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2026), las caídas más acusadas en la oferta de este tipo de alojamientos se producen en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía o Madrid. Todas ellas regiones con gran peso de la vivienda turística y también con gran presión social para que se regule adecuadamente.

En julio de 2025, hace justo un año, entró en vigor el Registro y la Ventanilla Única con los que el Gobierno pretendía supervisar esta actividad económica. Al conocerse la última estadística del INE de mayo, que apuntaba a un descenso en el número de pisos turísticos, el Ministerio de Vivienda sacaba pecho de los datos y vinculaba la caída con la entrada en vigor de esta norma “que empodera a los vecinos para vetar este tipo de usos no residenciales de la vivienda”, señalaban en un comunicado. Sin embargo, la situación incierta de esta regulación tras la sentencia del Supremo, junto con la posibilidad de que muchos de estos alojamientos estén aún tramitando el permiso para poder seguir operando, hacen difícil establecer una causalidad directa.

La provisionalidad de los datos, las protestas ciudadanas, una demanda turística que no cesa y un mercado inmobiliario cada vez más tensionado han obligado al Gobierno a plantear nuevas medidas. Este lunes, PSOE y Sumar incluyeron en el nuevo decreto de vivienda una propuesta dirigida específicamente al negocio de los pisos turísticos: subir su IVA hasta el 21% para desincentivar su proliferación.

Por el momento, sin embargo, los augurios no son buenos para todos los trámites políticos que tienen que ver con la vivienda, y ni el anterior decreto destinado a prorrogar los alquileres ni las medidas que llaman a regular el mercado parecen tener el viento de cara.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el gobierno de coalición ha acordado llevar a aprobación durante el mes de julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que, entre otras medidas, recoge un incremento del IVA al 21% para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

"Se trata de un real decreto amplio y transversal" que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas se estructurarán en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y otras medidas para movilizar vivienda asequible.

Dentro del primero de estos bloques se incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Para movilizar vivienda asequible, la ministra portavoz se ha referido también a otra serie de medidas, como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilidad administrativa.

"Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía", ha destacado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta forma, se espera que en las próximas semanas el Consejo de Ministros apruebe este conjunto de medidas.

Este pasado viernes, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, exigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que llevara a este Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres.

En este sentido, sostenía que volvía a haber margen para incluir la medida en el decreto ley 'anticrisis' que aprueba el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria este lunes y agregó que "ya basta de excusas".

El Gobierno aprobó el 20 de marzo, en un Consejo de Ministros marcado por las desavenencias con Sumar, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler. Con ella se prorrogaban durante dos años todos los contratos que acababan hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, la medida fue rechazada en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts, lo que impidió la convalidación del real decreto en el que se incluía.

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

“España es uno de los mercados más atractivos para la inversión inmobiliaria”. Así comienza un informe de la consultora JLL publicado esta semana que detecta un crecimiento del 50% en esta actividad durante el primer semestre de 2026. “Superará los 10.000 millones de euros” en transacciones durante la primera mitad del año, según su análisis. En el mercado de la vivienda participan muchos actores y en general, no compiten en igualdad de condiciones. Hay pequeñas y grandes empresas de inversión que buscan aumentar su riqueza, hay fondos internacionales que miran a las rentabilidades del mercado actual, hay pequeños multipropietarios que quieren ampliar su patrimonio, hay una empresa pública de vivienda que trata de ganar espacio en el mercado y hay, también, familias que buscan una casa para vivir y no se la pueden permitir. Todos compiten en el mismo ecosistema, pero no con los mismos medios. Y es que, a la vez que las cifras de inversión brillan, el Banco de España advierte que la creación neta de hogares está superando el ritmo de construcción y aumenta el déficit de vivienda estimado hasta las 750.000.

Una vivienda “vale lo que el que más pueda pagar por ella esté dispuesto a dar”, a no ser, puntualizaba a infoLibre el arquitecto y urbanista Gerardo Roger, que haya un parque público que ayude a quienes quieren una casa para vivir y no como vehículo inversor. La otra ley básica de este mercado es la de oferta y demanda: cuantos más interesados hay en un bien escaso, más crecen los precios sobre el bien en cuestión. Las pocas viviendas en el mercado, un fuerte apetito inversor y miles de familias tratando de acceder a una son las circunstancias que sirven de gasolina para avivar la crisis de vivienda en España. Y de entre todos los actores de este juego, también es fácil saber quiénes son los que cuentan con más recursos a la hora de competir por un inmueble. 

El informe de JLL señala que el “motor principal de este crecimiento ha sido el segmento de Living, que ya representa el 44% de la inversión total con más de 4.375 millones de euros acumulados”. Living es el anglicismo que designa en el sector a las casas en las que los habitantes comparten vida en común, esto es, desde hogares para familias a alquileres por habitaciones, alojamientos para estudiantes o residencias de mayores. Y hay, dentro de esta categoría, otro término y otra cifra que destacan sobre el resto: “Dentro de este grupo, el Multifamily ha registrado un comportamiento histórico con un aumento del 625% respecto al primer semestre de 2025”. Este otro anglicismo se refiere a los casos donde un edificio completo pertenece a un único inversor y se ofertan los pisos en alquiler. Aquí parece estar puesta la atención de los inversores con operaciones como una realizada por el fondo canadiense Brookfield, que adquirió 5.000 viviendas en Madrid por valor de 1.000 millones. 

La compañía, que gestiona un fondo de alrededor de 900.000 millones en activos, se convertía así en uno de los grandes caseros de España y sembraba incertidumbre entre los inquilinos de dichas viviendas, quienes se dirigían a ellos en una carta pidiendo que se respetasen sus contratos. “Teniendo en cuenta que las viviendas que pretende adquirir fueron en su día vivienda pública o de protección oficial, resulta inadmisible que ningún fondo pretenda utilizarlas con fines lucrativos. Es por ello que, ante esta venta, las familias organizadas de los bloques en lucha exigimos a las administraciones públicas que recuperen las viviendas”, señalaban en una carta enviada a los representantes del fondo en España.

La incertidumbre es comprensible en un contexto como el actual, donde establecerse indefinidamente en una vivienda resulta imposible si no es mediante la compra, y volver al mercado del alquiler tras salir de un contrato largo implica casi siempre pagar mucho más que antes. Lo que provoca que los ahorros para una hipotética entrada para una vivienda se esfumen, cerrando así una espiral económica de la que es difícil deshacerse. 

En la primera mitad de año también se cerró otra gran operación. El fondo de pensiones norteamericano Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) se hizo con otro paquete de 27 edificios, pagando más de 600 millones para cerrar la operación al fondo Ares. Sin embargo, y ahondando un poco más en la paradoja, aunque las inversiones están en máximos, los datos de compraventas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la compra de vivienda lleva cuatro meses descendiendo.

Es en este mar revuelto en el que tienen que pescar los compradores y también la empresa pública de vivienda, Casa 47, que hasta el momento cuenta con suelos traspasados y viviendas por valor de 2.080 millones. Aunque en lo que se refiere a la adquisición de vivienda, hasta el momento solo ha anunciado un paquete de 100 millones para compra de casas. Mucho más modesto en cifras que el de los fondos de inversión. 

Aunque las políticas destinadas a regular el mercado no encajan bien en el arco de la derecha y algunos expertos las rechazan, la pregunta que surge cuando se observan estas dinámicas es si, por muchas viviendas nuevas que se edifiquen, la construcción será capaz de responder al apetito inversor y a las necesidades de las familias, generando un stock lo suficientemente amplio como para que los precios bajen por sí solos. 

La propia pregunta apunta al escepticismo y desde los socios de Gobierno arrecian las críticas hacia el propio Ejecutivo en esta materia. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda porque está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas, que están imponiendo los intereses de una minoría, de unos pocos que se están haciendo ricos a costa del derecho a la vivienda de las mayorías”, señalaba este jueves el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena Ser. “El Gobierno tiene que intervenir políticamente el mercado de la vivienda”, insistió. 

Este jueves el Banco de España publicó su informe anual relativo a 2025 y una de las cosas que ha hecho es elevar el déficit de viviendas que arrastra el país desde las 600.000 que estimaba en 2024, hasta las 750.000 que considera que se necesitan para responder al ritmo de demanda y a la creación de nuevos hogares actualmente. Aunque se construye más y el número de visados de obra nueva crece tímidamente en los últimos años, el regulador no ve que el stock de casas esté aumentando, sino todo lo contrario.

Mientras las cifras de inversión dejan comentarios optimistas, el Banco de España señala con claridad a los más perjudicados. "Los problemas de acceso a la vivienda se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular jóvenes y población de origen extranjero", puntualiza el documento. Ellos son los peces pequeños dentro de un mar cada vez más complicado de habitar.

Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura. 

La víctima atravesó las puertas del recurso residencial, un piso compartido de tres habitaciones, debido a una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de su localidad, Torrelavega (Cantabria). El Ayuntamiento, más de dos años después, considera que los hechos que la llevaron a cumplir los requisitos para entrar en la vivienda se han extinguido.

Pero lo cierto es que todo sigue igual para ella. Hasta principios de 2024, la víctima residía en un piso que había heredado de su madre, cuya titularidad comparte con sus hermanos. El mal estado de la casa, sin embargo, comprometía su seguridad: era necesaria una reparación integral que la víctima no podía asumir económicamente. Hace dos años, el consistorio ordenó "el desalojo de la vivienda" debido a la "situación de deterioro y peligrosidad del inmueble", tal y como dejó plasmado en un expediente al que ha accedido este diario. Es el propio Ayuntamiento quien asume la "ejecución subsidiaria de las obras de reparación", dada la imposibilidad de la víctima de costearlas. 

Loli, según consta en el mismo informe, "se encuentra en exclusión social" debido al "estado de su vivienda y la carencia de recursos". Así que es derivada al recurso de acogida de manera temporal y como solución parcial durante el tiempo que duren las obras. Pero estas nunca se llevaron a cabo: "Ni han empezado, hace un año precintaron la vivienda y un mes después quitaron el precinto. Pero nada de obras", asiente hoy la afectada. 

Pese a ello, el consistorio considera que la víctima ya no se encuentra en una situación de riesgo. Lo argumenta apoyándose en el informe de una trabajadora social, quien entre los motivos para acreditar esa supuesta mejora de su contexto económico incluye asuntos como su relación con "una escritora que de forma puntual le presta apoyo económico", las charlas en las que ha participado en los últimos años debido a su paso por el Patronato de Mujeres y la "perspectiva de que sea reconocida como víctima del franquismo y obtener la correspondiente compensación económica". 

Loli asegura que ni obtiene remuneración alguna por los actos en los que participa, ni existe ninguna previsión de que el estatus de víctima se vaya a materializar en el corto plazo en una indemnización económica. Las víctimas del Patronato han obtenido el perdón y el reconocimiento simbólico de los poderes públicos, pero están lejos de conseguir los derechos por los que llevan años peleando.

Los argumentos del gobierno municipal también incluyen la posesión de una vivienda en propiedad, pero se trata de la misma casa de la que fue expulsada debido a unos daños estructurales que todavía a día de hoy no han sido reparados. La administración le reprocha que no ponga a la venta la casa, pero no tiene en cuenta que la operación requeriría del visto bueno del resto de propietarios. Igualmente, indica que la víctima "ha rechazado alternativas habitacionales voluntariamente". 

Lo cierto es que los servicios municipales le plantearon la posibilidad de acceder al alquiler de una habitación por 320 euros al mes. Pero las cuentas, explica al otro lado del teléfono, no salen. "Con unos ingresos de 480 euros mensuales y un gasto fijo de 156 en medicinas, ¿con qué como?", se pregunta. Loli se encuentra en situación de discapacidad, por lo que buena parte de sus ingresos van a parar a gastos médicos.

La entrada en la vivienda de acogida tenía carácter temporal, un plazo que se fue prorrogando en varias ocasiones. Ahí es donde se aferra ahora la justicia para avalar el desalojo: incluso el mantenimiento de una eventual situación de vulnerabilidad, zanja el tribunal, no justifica el uso indefinido de un recurso habitacional cuya naturaleza es temporal por definición. Pero tampoco hay sobre la mesa ninguna alternativa para Loli. Aunque su intención es recurrir la decisión de los jueces, si la justicia no le da la razón la única opción que tiene es volver a la casa familiar, a pesar de su mal estado y de los riesgos que entraña para su integridad.

La situación de vulnerabilidad por la que transita la víctima es indisociable de su paso por la institución franquista. Si bien las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras que han estudiado la historia y raíces de los reformatorios creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", decía recientemente la historiadora Carmen Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denunciaba.

En ese mismo extremo se detiene Loli. "El primer psiquiatra que me ingresa en el internado, con 12 años, lo hace para que yo prosiga mi formación. Pero eso no sucedió, nunca tuve estudios", lamenta. Así que los obstáculos laborales que ha tenido que enfrentar desde entonces están directamente ligados a lo sucedido dentro de los centros. 

Pero no todos los daños que arrastra son visibles. El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas. De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande. Ahí fue a parar Loli tras las violaciones perpetradas por su progenitor. A ella nadie le preguntó quién era el padre, ni si había sido producto de una agresión sexual. Lo que sí recibió fueron insultos y vejaciones constantes. Loli tuvo dos hijos siendo todavía menor de edad. Nacieron en democracia, pero la institución aún se mantenía con vida y las religiosas que regentaban los centros le obligaron a darlos en adopción. 

La víctima se pregunta de qué manera habría cambiado su futuro si no hubieran hipotecado su infancia y juventud dentro de las paredes de una institución que además mermó su salud mental, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad. También se cuestiona la utilidad del perdón público por parte de los responsables, si al mismo tiempo le son negadas las condiciones mínimas para poder cerrar las heridas.

La crisis de vivienda se ha materializado últimamente en varios desahucios mediáticos que afectan a pensionistas. El de Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años al que una orden religiosa echó de su casa en mayo; o el de Maricarmen Abascal (87 años), que afrontará su tercer intento de desalojo en los próximos días, son algunos ejemplos. La crisis inmobiliaria arrecia en dos momentos vitales: el momento de incorporación al mercado laboral, porque se cobra poco y suele haber escasos ahorros, y en el momento de salir, sobre todo si se vive de alquiler. Y aunque el foco se suele poner en los jóvenes, hay un colectivo especialmente vulnerable entre los mayores de 65 que no son propietarios y cuyas pensiones tampoco son capaces de seguir el ritmo a la burbuja de precios de la vivienda. Estos últimos son el grupo que más trozo de renta se deja en pagar la mensualidad de su casa, pero incluso entre quienes tienen un alquiler de renta antigua por debajo de los precios de mercado, la situación comienza a complicarse.

Pese a que la mayoría de pensionistas en España posee vivienda en propiedad libre de hipoteca (82,4%), un 5,5% de las personas mayores de 65 años viven en alquiler a precio de mercado según los últimos datos del INE relativos a 2025. Si se observan las tendencias, el porcentaje de viviendas en propiedad con o sin hipoteca, se situó en 2025 en el 88,2% para los mayores de 65 años y este porcentaje ha caído ininterrumpidamente desde 2022, tras haber tocado un máximo en 2012 del 90,1%. Es decir, cada vez hay menos personas jubiladas propietarias y, además, estas están expuestas a un sobreesfuerzo económico considerable. 

Entre las cifras emerge una realidad complicada para muchas personas. Aunque en términos porcentuales un 5% no parece demasiado, si tenemos en cuenta que en España hay 4,2 millones de pensionistas mayores de 65 años, a ese 5% le ponen nombre y rostro más de 214.000 personas que potencialmente estarían expuestas a un mercado de alquiler a precios desbocados. Por su edad, estas personas tampoco son candidatas a una hipoteca, así que si un revés les impide pagar las mensualidades, su mejor opción termina siendo una residencia o el amparo de los servicios sociales. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. 

En esta circunstancia, las únicas armas que tienen quienes viven de alquiler a edades avanzadas son su patrimonio (si lo tuviesen) y su pensión. Pero lo que dicen los datos es que esas armas sirven de poco contra el mercado, porque quienes llegan a la jubilación sin casa en propiedad se enfrentan a las tasas más altas de sobreesfuerzo económico de todos los cortes de edad. Un estudio realizado por CaixaBank Research a partir de sus datos internos señala que los mayores de 65 años se dejaban en 2025 más de un 33% de sus ingresos en pagar la renta mensual de sus casas. Los más jóvenes, entre 16 y 29, son los segundos peor parados, con una tasa de esfuerzo que ronda el 30%, según el mismo estudio.

Si analizamos la nómina de pensiones, estos cálculos cobran más sentido. Aunque la pensión media en España se sitúa en los 1.515 euros mensuales, casi la mitad de los pensionistas en España (48,5%) cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros brutos mensuales. El porcentaje de personas que ganan menos del SMI se eleva al 60% para las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados en mayo.

Basta un repaso rápido por los portales inmobiliarios para ver que los alquileres que se puede permitir una renta de menos de 1.200 euros mensuales no abundan. Y a esto se añade otro problema: a la vez que el precio de los alquileres en España se ha encarecido de media un 50% desde 2025, cada vez menos personas llegan a la jubilación con casa en propiedad. Es decir, la tendencia no tiene buena pinta.

El seguimiento que hace el INE señala que el porcentaje de mayores que viven de alquiler a precio de mercado ha aumentado casi un punto desde 2023, a la vez que desciende el número de los que viven de alquiler a precios reducidos (desde el 2,7% en 2023 hasta el 2,3% de 2025). Esto se debe, en parte, a que las personas que pagaban rentas antiguas van falleciendo, pero también a que la presión del mercado hace que las casas que se alquilan a bajo precio sean un caramelo muy tentador, ya que suelen ser más grandes y estar situadas en barrios que ahora son céntricos. "Hay una embestida sostenida por parte de fondos de inversión y empresas que adquieren viviendas con gente de renta antigua viviendo dentro", señala Jacinto.

Eso es lo que le pasó a Maricarmen. El bloque en el que vivía, propiedad de una familia, terminó en manos de la empresa Urbagestión, dedicada a la inversión inmobiliaria, que la llevó a los tribunales para anular el contrato de renta antigua que había firmado su padre en 1956 y al que, primero su madre y después ella, se habían subrogado. Pero tras una victoria en primera instancia, el Tribunal Supremo concluyó que solo se permitían dos subrogaciones y anuló el contrato, dejando a Urbagestión la posibilidad de elevar a placer la renta de la afectada. Lo hizo reclamándole una cuota de 1.650 euros mensuales, muy por encima de los 1.450 euros que cobra de pensión. 

Aunque situaciones como esta pueden resultar inexplicables, el ansia por conseguir viviendas para especular con ellas se entiende mejor si consideramos que el rendimiento medio de esta actividad ofrecía una rentabilidad media del 16% en el último trimestre de 2025, de acuerdo con el Banco de España, y que el riesgo es muy inferior al de otros productos de inversión. Esto es lo que se ve desde el otro lado del mercado.

Cerca de 100.000 euros. Eso es lo que el fondo de inversión que compró el edificio de la calle Tribulete, en el centro de Madrid, ofreció a algunos inquilinos de renta antigua para que se marcharan. "La mayoría han ido cediendo. Y teniendo en cuenta que estaban sometidos a un presunto caso de acoso inmobiliario, con unas obras que les hacían la vida muy difícil, mucha gente acabó llegando a acuerdos económicos para abandonar sus viviendas", explica Alejandra Jacinto, que representa a los vecinos de este edificio que aún se resisten a marcharse. Porque pelear contra una empresa para tratar de permanecer en una vivienda requiere, además de recursos, energías para hacerlo.

La cantidad puede resultar jugosa, pero en estos casos implica renunciar a un alquiler asequible asegurado para volver a un mercado de vivienda en el que 100.000 euros no te permiten comprar un piso en muchas regiones y donde buscar un alquiler tampoco es sencillo. En los datos del INE, el porcentaje de mayores que tiene un alquiler por debajo del precio de mercado es de un 2,3%, muchos menos que quienes pagan precios corrientes.

"Vemos de todo. Hay casos, como el de Maricarmen, donde la empresa propone triplicarle el alquiler; hay otros en los que tratan de repercutirles gastos que antes no venían soportando y luego están los casos en los que se ofrece dinero porque se quitan de un plumazo el problema e impiden así que haya subrogaciones en caso de que el inquilino tuviese hijos que se pudieran acoger a él", resume la abogada. "De momento va a cuentagotas, pero cada vez estamos viendo más casos", concluye.

Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).

Esta misma semana, Bizkaia avanzaba en la tramitación de una tasa turística que comenzará a aplicar en enero de 2027. En mayo, el ejecutivo de Asturias daba forma a un gravamen para las pernoctaciones y, en enero, el Partido Socialista catalán, ERC y los Comunes anunciaron un acuerdo para aumentar la tasa turística en Barcelona. En el otro extremo, regiones como Madrid se han negado sistemáticamente a aplicarla y en la Comunitat Valenciana el debate enfrenta a Gobierno y oposición. El PSPV y Compromís habían pedido al Ejecutivo valenciano que la implantase para que los municipios que lo consideraran se pudieran acoger a ella, pero el presidente de la región, Juan Francisco Pérez Llorca (PP), afirmaba en mayo que la tasa “deteriora la imagen de la Comunidad”.

La ecotasa es un impuesto que se suele aplicar sobre las pernoctaciones hoteleras y que recaudan las comunidades y los ayuntamientos. La idea de fondo es gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en servicios públicos e infraestructuras cuando la población se multiplica por el turismo. La primera comunidad que la aplicó fue Cataluña en 2012 –que recaudó 90 millones en 2024, según los últimos datos disponibles– con una cuantía que varía en función de la categoría del establecimiento. Y algunas ciudades como Barcelona han optado incluso por incrementarla. De hecho, desde abril, el importe de esta tasa es un 25% superior a las cuantías originales en la Ciudad Condal y se podrá ampliar progresivamente de aquí a 2029 hasta llegar a los 15 euros por persona y noche.

Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, son las regiones que más turistas acogen, si atendemos a las estadísticas de movimientos turísticos en fronteras que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ni Canarias, gobernada por Coalición Canaria; ni Valencia, ni Andalucía y tampoco Madrid, todas ellas del Partido Popular, aplican esta tasa. Sí lo hacen, en cambio, las Islas Baleares, gobernadas por el PP, pero donde se multiplican las protestas sociales por los efectos del turismo masivo.

En el caso de Asturias, la polémica se ha avivado con la proximidad del verano por la oposición de la patronal turística, que criticaba duramente la medida: “Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación del gravamen”, señalaba OTEA este martes. Por otro lado, también recibía quejas de algunos ayuntamientos que pedían tener un papel más relevante en el diseño de la tasa. Frente a estas posiciones, también ha comenzado a crecer el malestar social de la mano de asociaciones y vecinos que denuncian una masificación turística y tensión en los servicios públicos cuando llega la temporada alta.

En este contexto, el Principado ha decidido avanzar en la aplicación de este gravamen. Sostienen que la tasa no tendrá impacto en la ocupación y “sí generará un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permitirán reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, valora Gimena Llamedo, la consejera de Turismo. La tarifa, cuyo diseño ha aprobado el Principado y será de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, será de entre 0,50 y 3 euros por noche, dependiendo de las estrellas del alojamiento.

Un poco por encima de estos importes se sitúa la que está diseñando el Gobierno vasco, que será obligatoria a partir de este verano y va desde un mínimo de 2,25 euros hasta 7,50 euros por noche, dejando exentos a los menores de edad. La aplicación más reciente en esta comunidad es la que ha tramitado Bizkaia, pero también Álava y Gipuzkoa la asumen.

La tasa turística tiene recorrido en otros países europeos, aunque en España se esté reclamando con más fuerza ahora. Francia o Italia gravan las estancias turísticas a nivel nacional y Países Bajos destaca por tener uno de los recargos más altos, con un 12,5% sobre el coste del alojamiento en Ámsterdam. En España, el Ministerio de Industria y Turismo ha tratado de promocionar el gravamen en diversas ocasiones alegando que no reduce la ocupación, pero sigue existiendo resistencia al respecto. Por ejemplo, el consistorio de Madrid rechazaba la idea, propuesta desde Más Madrid, por considerar que no era necesaria. También Cantabria, gobernada por el PP, la rechazaba pese a que localidades de gran afluencia como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas no la viesen con malos ojos. Sin embargo, sin un marco autonómico es imposible implantarla.

El turismo es un motor económico a nivel nacional, pero cada vez hay más voces que piden una regulación. “El reto ya no es cuántos turistas tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar esta enorme magnitud y esta industria tan potente para España”, explica Javier Blanco, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De un lado, está el problema de los recursos y el impacto del turismo en el medio ambiente, de otro, las dinámicas de mercado que arrastra, como la proliferación de viviendas turísticas que agravan el problema de la vivienda. Estas dinámicas han abierto espacio para una consideración más crítica sobre el impacto del turismo y han generado espacios donde se reclaman estas tasas turísticas.

Canarias es un caso paradigmático. Si bien el Gobierno de Canarias no ha abierto la puerta a su aplicación, algunos municipios se han declarado en rebeldía. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento de Mogán (21.000 habitantes) estableció una tasa de 0,15 euros que se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una demanda de la patronal turística, pero que le ha valido una recaudación de 721.769 euros hasta mayo. “No podemos seguir sosteniendo este modelo únicamente con los impuestos de los residentes”, señalaba la alcaldesa, Onalia Bueno, en declaraciones a la SER. “Cuando voy a Portugal pago 3 euros, en Barcelona otra cantidad… Cataluña tiene hasta 8 euros”, señalaba para defender que no afectaría a la competitividad del sector y remarcaba que lo lógico es que el Gobierno de Canarias lo hubiera impulsado a nivel autonómico.

La vivienda turística y la incidencia de esta en los precios de los alquileres es otro de los grandes argumentos que se suelen dar para defender medidas de control del turismo como la ecotasa. Las viviendas de uso vacacional también están sujetas a la tasa y en Canarias han sido el detonante de muchas protestas. De hecho, un estudio reciente encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales Geas 7, señala que el 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico y un 47,6% sostiene que la llegada de turistas está muy relacionada con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal problema.

Con estos mimbres empieza a ganar intensidad el debate sobre la tasa turística, que tiene como trasfondo un debate más amplio relacionado con cómo se gestiona un sector que año tras año firma cifras récord. El año pasado, España recibió 97 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que en el ejercicio previo, y el propio Ministerio de Turismo consideraba que el hito de los 100 millones se podría alcanzar, previsiblemente, en este año.

Existe una "regla financiera" que recomienda no destinar al alquiler de la vivienda más de un 30% de los ingresos brutos para mantener así una "economía saludable". El umbral es empleado por analistas e instituciones para valorar la situación del mercado inmobiliario y la dificultad de la población para acceder a un inmueble digno. Estos datos señalan que en Galicia la media del esfuerzo para acceder a un alquiler se sitúa por debajo de esa cifra, incluso a pesar de la tendencia al alza de los últimos años.

El esfuerzo medio para el alquiler en Galicia es del 28,4%, resultado de la relación entre el precio medio de los nuevos contratos de alquiler firmados en el año 2025 —medido por el Observatorio da Vivenda a través de las fianzas presentadas— y el salario bruto medio de un trabajador. La población que busca una vivienda de alquiler debe estar dispuesta a destinar ese porcentaje de sus ingresos. En el conjunto del Estado, el valor sí supera claramente el 30%.

De igual modo, la exposición al riesgo financiero, es decir, el riesgo al que se somete una persona que alquila una vivienda, se sitúa en Galicia ya cerca del máximo recomendable (100% de riesgo), debido a la tendencia al alza de los últimos años. Aunque, de momento, el valor sigue por debajo e igualmente lejos de la media del Estado, que sí supera el 100% de riesgo.

Sin embargo, esos son los datos teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en el conjunto de Galicia. En las ciudades, especialmente en algunas de ellas, los precios del alquiler han crecido tanto en los últimos años que la relación entre arrendamiento e ingresos supera ya el 30%. Es el caso de A Coruña (34,9%), Vigo (33,4%), Pontevedra (31,9%) y Santiago (31,3%). En Lugo (27,4%), Ourense (27%) y Ferrol (26,5%) el porcentaje es notablemente inferior.

Conviene destacar que el dato de A Coruña corresponde al año 2025, sin tener apenas en cuenta el efecto de la declaración de zona tensionada que limitó los precios del alquiler en la ciudad.

Los datos, como se observa en el segundo gráfico, llevan años en ascenso y ya en 2020 rondaban el 30% en A Coruña y Vigo. Al igual que el esfuerzo para acceder a un alquiler, la exposición al riesgo supera en A Coruña y Vigo el 100%, es decir, el máximo recomendable. En Pontevedra (95,8%) y Santiago (93,9%) el riesgo es también muy alto, mientras que en las restantes urbes presenta valores más reducidos, semejantes a la media gallega.

Este esfuerzo creciente para acceder a un alquiler y el riesgo financiero consecuencia de destinar al arrendamiento una proporción excesiva de los ingresos se unen al esfuerzo y riesgo ligados a la compra de un inmueble. El esfuerzo para comprar una vivienda en Galicia se mantiene en máximos de la última década, con valores muy próximos al máximo recomendable, de nuevo con la referencia del 30% de los ingresos.

Los gallegos y gallegas que quieran comprar una vivienda deben destinar a ella el 27,4% de sus ingresos a 20 años y el 32% si lo hacen a través de una hipoteca. Los valores llevan varios años cerca de este umbral del 30%, debido al incremento del precio de compra y al encarecimiento sufrido por las hipotecas desde el año 2022 a causa de la subida del euríbor. La subida de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo esta semana apunta a un nuevo aumento del esfuerzo para la adquisición de una vivienda en los próximos meses.

En todo caso, los valores de esfuerzo y exposición al riesgo que se registran en este momento siguen muy lejos de los alcanzados justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, en 2007 la población debía destinar casi la mitad de sus ingresos a 20 años, un 55% teniendo en cuenta los costes hipotecarios. La exposición media al riesgo en Galicia se sitúa en el 95%, lejos del 170% que llegó a alcanzar en 2007.

Hace 12 años que Manuela Navarro, vecina de Orcasitas, inició una pequeña revuelta para rehabilitar el "Poblado" de Orcasitas, uno de los barrios con menos renta de Madrid. Entonces, prácticamente nadie tenía aire acondicionado en verano y poco encendían la calefacción en invierno porque no podían pagarla. Ahora, esta comunidad de un centenar de edificios puede vivir casi sin ellos gracias a un enorme proyecto de eficiencia energética que es referencia europea.

En apenas una década, esta vecina ha conseguido poner de acuerdo a algo más de 3.000 familias para buscar subvenciones por todos lados y poner al día sus viviendas. Todo partió del desprendimiento de un trozo de fachada que alertó a los vecinos, pero aquella anécdota ha terminado convirtiéndose en un proyecto millonario en el que se han rehabilitado 90 bloques de viviendas y hay otros 17 esperando.

"Mi barrio es un buen ejemplo de donde está el dinero público. Aquí hay muchos millones metidos", dice la portavoz de este movimiento, que se impulsó desde la Asociación Vecinal de Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas. Por su trabajo de unión social, Navarro recibió hace tres meses la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

La clave está precisamente en el dinero, porque convencer a los vecinos de embarcarse en un proyecto de decenas de miles de euros era impensable. Según detalla, renovar la fachada de un edificio en el que viven solo 20 vecinos les costaba entre 700.000 y un millón de euros, pero gracias fundamentalmente a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid han podido hacerlo prácticamente gratis. Como llevan diez años con ello, algunos pisos consiguieron sumar las subvenciones del consistorio con fondos europeos o de la Comunidad de Madrid. En el peor de los casos han pagado 3.000 euros por vecino, y algunos no han tenido que pagar nada.

Estos edificios, como muchos otros de Madrid y de las grandes ciudades españolas, se levantaron entre 1957 y 1965. Con materiales baratos y sin pensar más que en terminarlos lo antes posible, antes incluso de las primeras normas básicas de edificación del país. El resultado es que la etiqueta energética de estos bloques era hasta hace unos años una G, la peor posible, lo que significa que los veranos y los inviernos eran insoportables en su interior.

Antes de la reforma, Navarro explica que, con la calefacción puesta en los meses de frío, no había manera de calentar su casa por encima de los 15º C. Ahora, en cambio, puede pasar buena parte del invierno sin poner la calefacción y su casa se mantiene relativamente agradable, a unos 19 ºC. "Tengo anécdotas de todo el mundo. De un abuelito del barrio que nos agradeció que impulsáramos esto porque no podía pagar la calefacción. Nos dijo que ahora sigue sin ponerla, pero que al menos ya no pasa frío y se resfría menos", afirma. 

Ahora que llega el verano, Manuela tampoco necesita el aire acondicionado y, con un vistazo a las fachadas, es evidente que prácticamente ningún vecino tiene aparatos en su casa. No todos pueden vivir así, cuenta Antonio, un vecino del barrio en cuyo apartamento el sol pega de frente desde el mediodía, aunque es una excepción. "La obra, magnífica, pero tampoco es que se pueda vivir sin aire acondicionado. Es cierto que ahora con ponerlo tres horas y bajar el toldo se puede estar en casa, mientras que antes lo tenía puesto desde las 12.00, cuando empezaba a pegar el sol hasta que me iba a dormir", cuenta.

Aunque no ha echado cuentas exactas, calcula que se ahorra probablemente un 40% en la factura de la luz. Manuela Navarro, que conoce bien el proyecto, dice que, en su caso, el invierno que más pagó en calefacción fueron 58 euros, el de Filomena, frente a los 300 que se dejaba antes de la rehabilitación.

Para realizar estas intervenciones, los vecinos contaron, evidentemente, con  apoyo externo de expertos en energía. El principal impulso fue un concurso del Colegio de Arquitectos de Madrid, Renueva Orcasitas, que permitió desarrollar un proyecto profesional y común para toda la zona. El resultado fue un salto en eficiencia de la letra G a la C, solo con intervenciones superficiales de los edificios. Básicamente, poner un recubrimiento SATE en la fachada y aprovechar para retirar el amianto de los edificios y unas rocas pesadas que decoraban las ventanas. Quienes quisieron, también cambiaron ventanas y tuberías por cuenta propia.

El proyecto de Orcasitas es una referencia en España sobre cómo las cosas deberían hacerse para lograr una rehabilitación rápida y a gran escala. En este momento se ponen a punto energéticamente unas 30.000 viviendas en España al año, de las 21 millones que lo necesitan. El Gobierno se ha marcado por ahora la meta de rehabilitar 1,2 millones para 2030, pero a este ritmo solo se alcanzarán unas 285.000, menos de la cuarta parte, según datos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas.