La vivienda ya es una barrera para elegir universidad y un negocio para inversores en residencias de estudiantes
La búsqueda de un piso se ha convertido en un rompecabezas para la mayoría de la población, pero para los estudiantes que se mudan desde su ciudad hacia otras localizaciones (y para las familias que lo tienen que sufragar) es un tema especialmente complicado y un factor de desigualdad que se empieza a manifestar. Si tradicionalmente la opción económica para quienes se iban de casa para estudiar era compartir piso, esa realidad está cambiando con la crisis de la vivienda. En una época en la que empieza a dispararse la búsqueda de alojamiento para el curso que viene, los colegios mayores ganan demandantes porque la diferencia de precio con los pisos compartidos ya no es tan grande; los inversores apuestan por el negocio de las residencias privadas de estudiantes para compensar la escasez de plazas; y la edad de emancipación se sigue estirando de forma que solo el 31% de los jóvenes menores de 34 años vive sin ayuda familiar en España, según un informe de Comisiones Obreras.
El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España señalaba recientemente a EFE que la permanencia en este tipo de alojamientos se está alargando hasta una media de tres años, frente a los dos años y medio de la etapa anterior al covid, e insistía en que la diferencia de precio respecto a una habitación en un piso era “cada vez más pequeña”. En cifras, el Consejo estima que un estudiante que comparte piso paga al mes alrededor de 1.000 euros frente a los 1.088 que cuesta, de media, un colegio mayor a nivel nacional con pensión completa, aunque en determinadas regiones es más barato.
Esta dinámica es uno de los factores que han disparado la inversión privada en residencias de estudiantes. Según los datos recopilados por la consultora JLL, el 64% de las residencias de estudiantes registran una ocupación superior al 90% y la inversión en este negocio se disparó un 150% en 2025, con operaciones por valor de 1.700 millones de euros. Las ciudades que más interés han despertado entre los inversores son, además, zonas con mercados tensionados, donde adquirir una vivienda o alquilar una habitación no resulta sencillo. “Los inversores más significativos señalan Valencia como uno de los destinos predilectos. El podio de ciudades en el radar de los inversores se completa con Madrid, donde también un 79% de los inversores quiere invertir, y Barcelona, con un 63%. Otras ciudades españolas en el radar de estos inversores son Málaga (63%) y Bilbao (42%)”, recoge el análisis de la consultora.
En paralelo, las ciudades con los alquileres más caros coinciden con las regiones donde más interés suscita la inversión en alojamientos para estudiantes. Barcelona es, según el portal inmobiliario Idealista, la ciudad con los alquileres más caros (23,4 euros por metro cuadrado). La segunda es Madrid (20,7 euros), con un encarecimiento en 2025 del 15,3%. Málaga ocupa el quinto lugar (15,1 euros), con un aumento de precios del 11,4%. Finalmente, Bilbao es la sexta ciudad más cara (14,9 euros), seguida de Valencia (14,9 euros), que ocupa el séptimo lugar.
La altísima demanda de casas en estas ciudades, unida a la presión turística que eleva la presencia de alojamientos vacacionales y a la concentración de estudiantes, son el cóctel perfecto que complica y condiciona la posibilidad de muchos jóvenes de elegir una universidad lejos del hogar familiar. “El mercado de la vivienda está imposible para el estudiantado”, explicaba recientemente a infolibre Ángeles Guzmán, miembro de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “La vivienda pone una primera criba económica que los estudiantes no pueden pasar, pero además, está llegando el momento en que el piso compartido se está equiparando con las residencias (tradicionalmente más caras)”, concluía.
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En España hay 1,8 millones de estudiantes dentro del sistema universitario, de los cuales 417.000 cambiaron de provincia para cursar su formación, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De estos casi dos millones, la mayoría de los matriculados optan por Madrid (264.733), seguida de Cataluña (240.076), Andalucía (209.733) y Valencia (143.110).
El hecho de que la vivienda alcance precios desorbitados no solo empuja las inversiones en residencias de estudiantes, como apuntan los datos, sino que ahonda en las brechas de desigualdad. El informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) indica que los hijos de las familias con menos renta tienen menos posibilidades de elegir una universidad o una carrera que esté lejos de su hogar familiar. “En las zonas geográficas con menor oferta universitaria, los perfiles económicos familiares medios o bajos tienen muchas más limitaciones a la hora de elegir ámbito de estudio”, apunta el documento. Y constata también que entre los estudiantes con perfil económico familiar más alto existe una mayor proporción de desplazamiento a otras provincias, “sobre todo entre los que tienen progenitores con ocupaciones altas (65,3%) o con estudios superiores (61,9%)”, recogen.
En definitiva, la crisis habitacional ha hecho que, para algunos estudiantes, moverse lejos de casa haya empezado a dejar de ser una opción. A la vez, la oferta en residencias públicas o colegios mayores está lejos de cubrir la demanda, ya que solo existe una plaza pública por cada cuatro estudiantes universitarios. En este sentido, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas y el pasado mes de julio aprobó un paquete económico de 45 millones para que una decena de universidades públicas construyan, con financiación del Estado, alojamientos para estudiantes e investigadores. Aunque, como casi todo lo que tiene que ver con la vivienda, los resultados no llegarán en el corto plazo.
