Las incógnitas de la compra del ático del Gobierno de Ayuso
La Comunidad de Madrid ha comprado con dinero público un ático de lujo de 485 metros cuadrados —200 de ellos de terraza— en el barrio de Chamberí para que lo utilice la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y un reducido equipo de colaboradores.
La operación, adelantada por El País, se justifica oficialmente por la necesidad de un espacio provisional durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo autonómico en la Puerta del Sol. Sin embargo, las incógnitas alrededor de esta compra ha obligado al Gobierno regional a ofrecer explicaciones.
Las respuestas de Ayuso y su equipo chocan con los hechos conocidos o sugieren más dudas. Tantas, que apenas un día después de que se hiciera pública la adquisición, el propio Ejecutivo ha dado marcha atrás: el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García —de quien depende Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la operación—, ha anunciado este jueves que la Comunidad pone a la venta el ático y ha señalado que con esa venta y la de otros cuatro inmuebles del centro de Madrid se recaudarán unos 20 millones de euros que se destinarán a las ayudas por los fuegos.
Compra por necesidad descartando un alquiler temporal
La versión oficial sobre la compra del ático ha venido sosteniendo que el Ejecutivo autonómico tenía que buscar un acomodo provisional porque la segunda planta de la Real Casa de Correos va a ser reformada de forma integral. "Nos tenemos que ir de este edificio temporalmente", aseguró Ayuso ante los medios.
El argumento de la temporalidad, sin embargo, no explicaba por qué la solución elegida fue comprar un inmueble de lujo con fondos públicos en lugar de alquilar una oficina, que es la vía habitual y previsiblemente más barata para cubrir una necesidad transitoria. La agencia pública Planifica Madrid —la encargada de comercializar suelo público y gestionar las oficinas propias de la Comunidad— formalizó la adquisición el 14 de abril, según los datos del Registro de la Propiedad y tal y como recogió El País.
Ni el Gobierno regional ha precisado el precio pagado, ni ha aclarado por qué se descartó el alquiler, pese a que se trata de una fórmula que la propia presidenta empleó en el pasado: durante la pandemia se trasladó a dos apartamentos de lujo en régimen de estancia temporal.
A la incoherencia entre el fin declarado (transitorio) y el medio elegido (una compra patrimonial permanente) se suma otro elemento llamativo: existen dependencias públicas ya disponibles y sin coste adicional. Como recordó la diputada de Más Madrid Marta Carmona, si las obras son reales, cabe preguntarse por qué no se recurre a despachos vacíos como los que la propia Comunidad tiene, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid.
Un piso para reuniones que solo es residencial
La segunda justificación del Gobierno regional es que el ático se destinará a "reuniones institucionales" de forma provisional. Preguntada por los detalles, Ayuso dijo desconocerlos y remitió a la agencia pública: "Tenemos una agencia que se dedica a estas cosas".
El problema es jurídico. El inmueble se encuentra en la planta ático de un edificio residencial de Chamberí, y la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid no permite instalar allí una oficina ni convertirlo en una dotación pública. Un piso de esas características solo puede destinarse a uso residencial; a lo sumo, podría albergar un despacho profesional como complemento de una vivienda habitual. Como ha señalado la oposición municipal, el Plan General de Madrid impide sencillamente establecer oficinas en ese edificio.
A esa barrera legal se añade un hecho verificable: el Gobierno de Ayuso no ha solicitado al Ayuntamiento ningún cambio de uso ni licencia para implantar una oficina en la vivienda. Es decir, la finalidad que se invoca —reuniones institucionales— es precisamente la que la normativa no ampara, y el Ejecutivo no ha iniciado ningún trámite para regularizarla. Si el inmueble se destinara efectivamente a oficina, se estaría dando un uso contrario a la normativa urbanística; y si se mantiene como vivienda, la pregunta que queda abierta es quién la ocupará. Ni siquiera la propia presidenta despejó esa incógnita: llegó a decir que no sabía si se trasladaría ella "o el consejero que se va para allá", ante la sorpresa de miembros de su propio equipo de Gobierno.
Una campaña de desprestigio que solo ve Ayuso
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Ayuso enmarcó toda la información sobre la operación en una "campaña de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín", y lamentó tener que defenderse "de pretendidas campañas de desprestigio" justo en un momento en que la región lucha contra graves incendios forestales. "Están a ver si se me echa la gente encima", afirmó. La presidenta negó que el inmueble sea para su uso personal con una fórmula tajante: "No es mi casa, no es para mí, y yo no me he comprado nada".
Este argumento presenta dos grietas de fondo. La primera es cronológica: la compra no se produjo durante la crisis de los incendios, sino el 14 de abril, más de tres meses antes de que la operación saliera a la luz. Que la noticia se publique ahora no significa que el hecho —la adquisición de un inmueble de lujo con dinero público— haya ocurrido ahora; el desfase temporal desmonta la idea de una maniobra orquestada al calor de la emergencia. La coincidencia con los incendios afecta al momento de la publicación, no al de la decisión de gastar fondos públicos, que es lo que se cuestiona.
La segunda grieta es la del secretismo. Si la operación era una gestión administrativa rutinaria y transparente, resulta difícil explicar por qué se realizó sin publicidad y por qué, en el momento de conocerse, no figuraba todavía en el registro de transparencia de la Comunidad. La propia presidenta reconoció, además, no manejar los detalles económicos y técnicos de una operación firmada por un ente público dependiente de su Gobierno y tan solo unas horas después de conocerse la compra, su propio Ejecutivo ha decidido vender el inmueble y justificarlo con una campaña en favor de las víctimas de los incendios.
