El exconsejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías (PSOE) ha formalizado su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo (TS), informa Europa Press. Este se dirige contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, a cuenta del procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

En este recurso de casación, de 40 páginas, publicado por ABC, Diario de Sevilla y La Razón, la representación de Gaspar Zarrías estrena el capítulo de los recursos de casación a la citada sentencia y advierte de nuevo que el magistrado Álvaro Martín Gómez, "instructor de hecho de la causa a partir del 27 de enero de 2016 hasta la conclusión de la instrucción, no era el juez ordinario predeterminado por la Ley para entender de dicho procedimiento", por lo que "todo lo actuado por el mismo en esta causa es nulo de pleno derecho".

Según el abogado defensor de Gaspar Zarrías, si bien la jueza María Núñez Bolaños comenzó como instructora de las diligencias concretas de las que deriva la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, "al poco tiempo, bien fuera por propia iniciativa o bien a instancias de un tercero, decidió que iba a dejar de serlo, se reunió con Álvaro Martín y ambos pactaron que él sería desde entonces el instructor, sustituyendo a la titular" del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, pese a que era sólo juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

En ese sentido, la defensa de Zarrías avisa de que aunque ese "acuerdo privado" fuese posteriormente respaldado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, tal acuerdo "es nulo de pleno derecho en la medida en que, por razón de esta decisión arbitraria, se atribuye a un magistrado de apoyo la instrucción de una causa abierta y en trámite, lo que vulnera la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual los jueces de apoyo únicamente podrán ocuparse de asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento".

"Lo que dice la Ley es que al juez titular se le puede liberar de trabajo atribuyendo a otro juez los asuntos nuevos que vayan entrando en el juzgado; pero la Ley no permite que un juez --por cansancio, desinterés o lo que fuera-- ceda la instrucción de un asunto concreto que está llevando a su juez de apoyo, quien sabe si menos cansado o más interesado que aquel", indica el recurso de casación. En ese contexto, la defensa del exconsejero considera que "este juez designado 'ad hoc' sí atenta contra los derechos de los acusados, mostrando un indisimulado sesgo favorable a las acusaciones".

"Razonamientos puramente especulativos"

Además, la defensa de Zarrías aprecia una vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia al considerar la sentencia impugnada que el exconsejero "tenía conocimiento del sistema para la concesión de ayudas sociolaborales y que igualmente conocería su carácter injusto, conclusiones que alcanza con base en unos razonamientos puramente especulativos, contradictorios e incorrectos".

A tal efecto, la defensa de Zarrías admite que el exconsejero andaluz "asistió a los consejos de Gobierno en los que aprobaron las modificaciones presupuestarias cuestionadas y en los que se elevaron al Parlamento de Andalucía, entre los años 2002 y 2009, los proyectos de leyes de presupuestos", si bien niega que "tuviera conciencia de ilegalidad alguna, ni que le hubieran llegado noticias de que alguien estuviera cometiendo alguna irregularidad". En ese sentido, la defensa de Zarrías considera que la sentencia condenatoria "acude a una serie de debilísimos razonamientos, a veces contradictorios y siempre infundados, para alcanzar conclusiones insostenibles".

Por ejemplo, avisa de que la sentencia considera que Zarrías "promovió y fue uno de los que aprobó en el Consejo de Gobierno el Decreto 254/2001 por el cual se aprobó el reglamento por el que se regulaban los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas", cuando "hasta abril de 2011 no se aprobaron las bases para conceder ayudas sociolaborales", por lo que a juicio del letrado de Zarrías la resolución judicial impugnada incurre en "un sinsentido".

En cuanto al convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para articular el sistema para conceder las ayudas investigadas, la defensa de Zarrías avisa de que la sentencia achaca "a la lógica y a las máximas de experiencia" la "conclusión" de que Zarrías conociese dicho convenio, bajo la premisa de que lo "lógico" es que los responsables de la Consejería de Empleo informaran del nuevo sistema "a los consejeros o a los viceconsejeros en las reuniones del Consejo de Gobierno o en las de la Comisión General de Viceconsejeros".

"Se condena sin pruebas, en base a lo que el tribunal considera lógico; ¿pero cuáles serán las premisas de ese silogismo absurdo por el cual se alcanza esa conclusión lógica?", advierte la defensa de Zarrías. Es más, avisa de que si la propia sentencia señala "un sistema opaco y que se quiso sustraer (el convenio) al conocimiento del Consejo Rector y del Consejo de Gobierno, ¿de dónde se extraerá la conclusión, aparentemente lógica, de que sus responsables fueron informando de él por los pasillos de la Junta de Andalucía?".

Zarrías, según su defensa, "no conoció en ningún momento el sistema pactado entre la Consejería de Empleo y el IFA para la concesión de ayudas ni, desde luego, supo que tal sistema se financiara de forma ilegal". Igualmente, el letrado de Zarrías atisba un "error en la apreciación de la prueba", alegando que el mismo "no dictó ninguna resolución en materia de ayudas sociolaborales ni de ayudas a empresas en crisis".

Certificado "sin mencionar" en la sentencia

Al respecto, esgrime "un certificado de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia (...) acreditativo de que no ha dictado ni una sola resolución relativa a ayudas sociolaborales, ni a favor de trabajadores afectados por un ERE ni a favor de empresas en crisis ni, en consecuencia, es el autor de ninguna resolución relativa a la crisis de ninguna empresa", un documento que el tribunal "no ha considerado oportuno mencionar".

"El documento sirve para alejar definitivamente a Zarrías de los hechos objeto de enjuiciamiento, al demostrar que no dictó ninguna resolución en materia de ayudas en crisis, por lo que ha de ser absuelto", expone la defensa de Zarrías, que también detecta una posible aplicación indebida del Código Penal. Según la defensa de Zarrías, "aun en la hipótesis de que se tengan por cierto y se respeten los hechos declarados probados en la sentencia, tales hechos no cumplirían el tipo objetivo de la prevaricación". "Cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba una modificación presupuestaria o eleva al Parlamento un proyecto de ley, no está adoptando ninguna resolución en asunto administrativo", sostiene.

"¿Podría haberse impugnado ante los tribunales la decisión del Consejo de Gobierno de elevar al Parlamento el proyecto de ley de presupuestos con el argumento de que contemplaba el uso de transferencias de financiación para proveer de fondos al IFA? No, porque la aprobación de un proyecto de ley no pone fin a ningún procedimiento administrativo", insiste la defensa de Zarrías en su recurso de casación, en demanda de la absolución del exconsejero andaluz de Presidencia.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, ha acordado abrir diligencias previas para investigar al expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías –ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE– y a 13 personas más, de ellos ocho ex altos cargos, en relación a un préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, el juez ha dictado un auto en el que atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción quien ha solicitado que estas 15 personas, entre ellas Chaves y Zarrías, declararan en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos.

Entre los ex altos cargos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y cinco personas relacionadas con la citada empresa.

En concreto, Anticorrupción ha pedido al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 que abriera una nueva causa separada para investigar el citado préstamo que, en cualquier caso, "no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA", y el juez ya ha abierto las diligencias.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías –ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE– declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en total Anticorrupción reclama la declaración como investigados de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco, directivos de la compañía, por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, ha adelantado el Diario de Sevilla.

Entre los ex altos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez o los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Anticorrupción pide al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar el citado préstamo que, "en cualquier caso, no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA".

Así, sería una nueva investigación que no quedaría afectada, según ha señalado el Ministerio Público en el escrito, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la causa de la "pieza política" acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al aplicar el principio non bis in ídem.

La Fiscalía asegura en el escrito que realiza esta petición tras examinar toda la documentación que la Junta de Andalucía engeneral y la agencia IDEA en particular han entregado a este juzgado tras sucesivos requerimientos, tanto en la causa principal, como luego en esta pieza separada, relativa al expediente de las ayudas recibidas tanto por la extinta Hamsa como luego por la empresa Primayor, y observar que ya en el año 1999 por parte de la Junta se conceden ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de trabajadores de la citada empresa.

Al respecto, el fiscal precisa que "estas ayudas se tramitan de manera general conforme a normativa reguladora de las subvenciones, constando en esa documentación que una de las ayudas sociolaborales destinadas a cubrir el plan de prejubilación de siete extrabajadoresde Hamsa fue reparada en dos ocasiones por la Intervención de la Junta de Andalucía, dando lugar a que no se pudiera pagar".

Tras entrar en suspensión de pagos, en el año 1995 la Junta de Andalucía decidió intervenir en la gestión a través del IFA para evitar o paliar las consecuencias sociales que supondría el despido de todos sus empleados como consecuencia del cierre empresarial. En ese mismo año, remarca el fiscal, el IFA adquiere la nuda propiedad de las acciones y entre el año 1993 a 1997 la empresa Hamsa obtuvo numerosas ayudas públicas del Estado en forma de avales, préstamos, aportaciones de capital y condonación de deudas, que la Comisión Europea llegó a anular, en concreto las condonaciones de deuda.

Anticorrupción subraya en el escrito que se observa que, "de manera paralela en el tiempo" el Gobierno andaluz decidió otorgar otras ayudas "formalmente a modo de anticipo bajo la figura de un préstamo puente" por un importe máximo de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) con un plazo de amortización de seis años y tres de carencia, una circunstancia que el Consejo Rector "adoptó por unanimidad y a expensas de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno". Al respecto, el fiscal remarca que, según recoge la documentación examinada, "de quedar alguna cantidad pendiente de amortización, ésta pasará automáticamente aconvertirse en préstamo participativo, hasta su total amortización.

Por tanto, a la Fiscalía le llama la atención que "no se recoja ninguna de las condiciones, como plazo, garantías ni tipo de interés de tal préstamo participativo".

Además, destacan los fiscales que el 2 de diciembre de 1999 se firmó un acuerdo entre Gaspar Zarrías y el presidente entonces de Campocarne, por el que la Junta adquiría el compromiso de abonar 471 millones de pesetas para la creación de empleo, un dinero con el que se cancelaría parcialmente el préstamo de 970 millones de pesetas. Por su parte, la empresa Campocarne se comprometía a amortizar el resto, 629 millones de pesetas, 3,7 millones de euros, que no abonó.

Fondos públicos "sin control"

Por todo ello, Anticorrupción solicita al juez que incoe una nueva pieza cuyo objeto sería "determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad" que advierten en la concesión de ese crédito puente, ya que "podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a Campocarne e, indirecta y posteriormente, a Primayor".

Para los fiscales, "este préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo".

De hecho, remarcan en el escrito que en la documentación "se ve que a fecha 12 de febrero de 2003 el préstamo no había sido pagado y que la única amortización que constaba al Instituto de Fomento era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo, cifrándose en 3.707.643,67 euros el principal pendiente de vencimiento".

Pasa de "activo a pérdida"

Por todo ello, Fiscalía considera que "al no haberse amortizado el préstamo en el año 2005 y teniendo en cuenta que para su pago finalizado el plazo de carencia iba del año 2002 al 2008, la posible malversación de los fondos públicos derivada de la disposición de los mismos mediante una posible utilización fraudulenta de un préstamo se consuma cuando el importe del préstamo deje de ser considerado un activo para el Instituto y pase a ser una pérdida".

Esta circunstancia, explica Anticorrupción, tiene importancia en la determinación de la posible prescripción de los hechos, ya que al tratarse del tipo agravado de malversación el plazo es de 15 años y el préstamo aún "no había supuesto un gasto" para la agencia pública el 1 de febrero de 2005, por lo que el delito prescribiría a partir de febrero de 2020.

El caso de los ERE, uno de los de mayor alcance político de la democracia española, desde luego el de mayor impacto en Andalucía, llega a su hora de la verdad. El primer juicio, que comienza el miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla casi siete años después de la apertura de diligencias previas por parte de Mercedes Alaya, sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, que han ocupado el despacho noble del Palacio de San Telmo durante 23 años: Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), viejos amigos hoy distanciados, ambos exministros y expresidentes del PSOE. El primero se enfrenta a 10 años de inhabilitación; el segundo, a 6 años de prisión. El proceso que ahora llega a juicio se centra en dirimir el alcance penal de la utilización de un fondo para ayudas sociolaborales de más de 850 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin las debidas garantías legales ni los obligatorios controles internos. Según la instrucción judicial de esta pieza, impulsada por la juez Alaya y culminada el pasado año por el juez Álvaro Martín, dicho fondo y su sistema de reparto fueron concebidos deliberadamente para eludir los controles de la propia Junta y de la Unión Europea, permitiendo la comisión de numerosos fraudes en la asignación de los recursos públicos. La Fiscalía Anticorrupción considera que Chaves, Griñán y veinte altos cargos más o impulsaron este sistema supuestamente irregular o lo conocieron y no hicieron nada para frenar su utilización. Todos los acusados defienden su inocencia.

Este juicio no somete a examen uno o varios hechos concretos, de carácter presuntamente delictivo. O no principalmente. Va más allá. Es el propio funcionamiento del Gobierno andaluz durante más de diez años lo que la investigación judicial y la Fiscalía han puesto en entredicho. Según el auto de cierre de la instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, dictado en mayo del pasado año, el propio sistema de reparto de fondos tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. Las subvenciones, según Martín, no eran registradas en la base de datos oficial, ni en el Diario Oficial de la Unión Europea, ni tampoco se realizaba sobre ellas un informe anual para Europa. Según el juez, ni antes de dar las ayudas se comprobaba debidamente que se tenía derecho a ellas, ni después se acreditaba adecuadamente que se les había dado el uso para el que se concedieron. Diversas defensas alegan que la Junta de Andalucía otorgó los fondos utilizando un marco estatal válido para las comunidades autónomas, y que de haberse producido irregularidades éstas deben delimitarse caso a caso, no en lo que consideran una especie de "causa general".

De la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles", salieron a lo largo de más de una década, principalmente, fondos para prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), pero también ayudas directas a empresas y ayuntamientos. Alaya primero, después Martín y siempre la Fiscalía no han ubicado la cuestión esencial en si, aprovechando una supuesta falta de control sobre este fondo hubo aprovechamientos de carácter delictivo, sino en si el propio uso del sistema era delictivo y su responsabilidad (penal) alcanzaba de lleno al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Los 22 procesados no están acusados de llevarse dinero al bolsillo, sino de permitir –por acción u omisión– un sistema de reparto de dinero público fraudulento del que se beneficiaron terceros. ¿Qué terceros? Según la investigación judicial, intrusos que se prejubilaban en los ERE sin haber trabajado en las empresas o habiéndolo hecho durante un tiempo o de una forma que no los hacía acreedores de una prejubilación; sindicalistas y empresarios cómplices de estas intrusiones; empresarios que recibían ayudas sin justificación, por mera proximidad al poder político, en especial al que fuera director general de Empleo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero; conseguidores e intermediadores que cobraban comisiones por encima del valor del mercado por poner de acuerdo a empresas, sindicatos y la propia Administración para hacer un ERE...

  El "procedimiento específico"

Ahí, alrededor de ese sistema que la Fiscalía considera poco o nada transparente y garantista, es donde florecieron esos otros supuestos fraudes, los cuales no son objeto de atención de este primer juicio. Este primer proceso que comienza el miércoles se centra en la parte política. Es la pieza judicial del llamado "procedimiento específico", al considerarse desde el inicio de la instrucción que la Junta creó ex profeso el sistema para agilizar los pagos y sofocar con ello acuciantes crisis industriales con un mecanismo ágil y flexible. Este juicio se ocupa de contestar a una serie de preguntas fundamentales: ¿Era efectivamente irregular el sistema en sí o sólo lo fue su uso en determinadas ocasiones? ¿Fue concebido para cometer irregularidades o hubo unos pocos que, aprovechando su laxitud, las cometieron por su cuenta y riesgo? Si era irregular, ¿lo sabían los políticos? Si lo sabían, ¿qué debieron hacer y no hicieron?

No es previsible que este juicio arroje luz sobre la cuantía del fraude, otra de las cuestiones más controvertidas del caso. La cifra más repetida son 855 millones, pero ése es el total del dinero repartido mediante el sistema en entredicho. No todo acabó en manos de quien no debía. Es decir, una parte mayoritaria de ese dinero fue ingresado en las cuentas corrientes de alrededor de 6.000 prejubilados que efectivamente tenían derecho a sus prejubilaciones. Lo defraudado habría que delimitarlo caso a caso, viendo por ejemplo qué ayudas a empresas fueron entregadas sin la documentación necesaria, o no fueron justificadas, o qué ingresos recibidos por los intermediarios no responden a trabajos reales. La Junta reclama actualmente por vía administrativa 135,3 millones de euros. La mayoría de las ayudas, unos 700 millones, fueron dedicadas a prejubilaciones para amortiguar el impacto en el empleo del cierre de las minas en la Faja Pirítica de Huelva, de Delphi, de Santana Motor y de Boliden.

  Una década de poder

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez serán los responsables de separar el grano de la paja y redactar una sentencia. Junto a Chaves (72 años) y Griñán (71) estarán en el banquillo el grueso de los pesos pesados de la Junta durante toda una década de poder socialista en Andalucía, la única comunidad políticamente monocolor desde el restablecimiento de la democracia: seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. La instrucción judicial y la Fiscalía consideran que todos ellos, con diferente grado de implicación, participaron en el funcionamiento de un sistema irregular de concesión de ayudas que permitió el reparto sin suficiente control de 855 millones entre 2000 y 2011. Entre los acusados hay auténticos referentes del PSOE andaluz de las últimos lustros, como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o José Antonio Viera. La plana mayor de Chaves.

Zarrías, el poder sobre el terreno en la era Chaves, y Magdalena Álvarez, que llegó a ser ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentan a 10 años de inhabilitación, al igual que el propio Chaves, por prevaricación y asociación ilícita, delitos que se imputan a los 22 acusados. A 15 de ellos se les acusa además el delito de malversación, al atribuirles la Fiscalía el conocimiento de que había fondos que acababan en destinos indebidos. Las penas en estos casos van de 6 a 8 años de prisión. Un salto cualitativo y cuantitativo enorme. A pesar de que el sistema de reparto de fondos públicos que constituye la base del caso fue creado durante la presidencia de Chaves, los mayores problemas judiciales son para Griñán. Mientras el primero se expone únicamente a 10 años de inhabilitación –condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política–, su sucesor se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación, al añadirle la Fiscalía el delito de malversación, en contra del criterio del Tribunal Supremo.

  La difícil situación de Griñán

Griñán está acusado de permitir el lucro de terceros. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según el juez Martín, que sigue la línea marcada por Alaya. Sólo serían necesarias cuatro premisas para que se diera este ánimo: que el agente sea un funcionario público; que tenga la posesión de los caudales o una facultad de decisión jurídica sobre los mismos; que los caudales sean públicos; que la conducta consista, con ánimo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro sustraiga" tales caudales. Según el juez que cerró la pieza política del caso, en Griñán se dan estos cuatro requisitos. No es necesario que haya ganado un solo euro con su supuesta conducta omisiva. La defensa de Griñán considera inverosímil que su defendido, siendo consejero de Economía o presidente, permitiera a sabiendas un uso irregular de fondos públicos para beneficio de unos sindicalistas, empresarios e intermediarios que no conocía.

Los otros exconsejeros acusados de malversación son Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación) y dos que fueron jefes directos de Javier Guerrero: los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010). Estos dos últimos están implicados en numerosas piezas más, ya que el caso está dividido en alrededor de 200, según fuentes judiciales. Una por cada ayuda concedida, más algunas que investigan aspectos concretos de la causa, como las comisiones supuestamente fraudulentas cobradas por los intermediadores de los expedientes de regulación. El número de imputados en todo el caso –no en la pieza política– también supera los dos centenares.

Hay un hito fundamental que eleva la posible responsabilidad penal de Griñán y del resto de acusados de malversación en este primer juicio: un informe de auditoría sobre 2003, conocido en 2005, que concluía que el sistema de concesión de subvenciones prescindía del procedimiento legal. "Hasta ese momento", escribía Martín en su auto definitivo, "todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del 'procedimiento específico' (el sistema administrativo empleado para el supuesto fraude) podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias. Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad queda descartada de modo absoluto". "Quien decidió proseguir con la praxis lo hizo asumiendo todas sus consecuencias", añadía Martín, para quien "no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del 'procedimiento específico', ni su alcance malversador".

Ni Alaya ni Martín ni la Fiscalía afirman que Griñán supiera que, por ejemplo, Guerrero estaba favoreciendo a empresas próximas, pero sí creen que sabía que el sistema adolecía de falta de control. La defensa de Griñán alega que la Consejería de Economía y Hacienda no conocía el procedimiento por el que se elaboraba el presupuesto de Empleo, y que la tarea de comprobar su legalidad no era suya, sino del interventor, también acusado.

  La dimensión política

El juicio penal tiene importantes derivadas políticas, aunque los ERE ya no dominan la escena política andaluza, como lo hicieron en 2012, cuando el PSOE perdió las elecciones ante el PP de Javier Arenas, pero salvó el poder gracias un pacto con Izquierda Unida. Susana Díaz, que llegó a la presidencia en 2013 y acabó rompiendo con IU en 2015, se esforzó desde el principio en marcar distancias con sus predecesores. No obstante, poco a poco los ha ido reivindicando, sintonizando con la extendida impresión en las bases socialistas de que Chaves y Griñán han sido víctimas de una instrucción determinada por el papel del PP como acusación particular. Actualmente todos los responsables del PSOE andaluz y de la Junta defienden abiertamente la inocencia de Chaves y Griñán. Aunque se dieron de baja del partido en 2016, ambos acudieron como invitados con todos los honores al congreso del PSOE andaluz celebrado en julio. Allí los asistentes les brindaron una elocuente ovación, que ellos agradecieron con gesto emocionado. Si en el PSOE son defendidos –más por Díaz que por Pedro Sánchez, ciertamente–, su papel como referentes institucionales está más apagado. Ni Chaves ni Griñán han participado en los actos por el 40º aniversario del 4-D, donde sí han tomado parte los también expresidentes Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. Griñán y Chaves se han refugiado en un papel discreto, afirmando su confianza en la justicia.

Ambos afirman estar deseosos de que empiece el juicio para demostrar su inocencia. Del miércoles 13 al viernes 15 se plantearán las llamadas "cuestiones previas", que podrían alargarse. Se trata de una fase preliminar del proceso en la que las defensas y las acusaciones –Fiscalía, PP y Manos Limpias– realizan alegaciones, plantean la nulidad de una determinada actuación, invocan alguna doctrina... Son cuestiones legales que pueden afectar al fondo del proceso. Lo previsto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que las declaraciones de los acusados comiencen tras las navidades, el 9 de enero, aunque hay una acusada (Carmen Martínez Aguayo) que ha solicitado que antes declaren peritos y testigos. No es posible conocer cuándo terminará el juicio. Es previsible, no seguro, que quede visto para sentencia antes de verano, según fuentes judiciales.

  Un carrusel de juicios

No todos los acusados tienen la misma estrategia de defensa. Pero están muy extendidas algunas tesis, como la negación de la ilegalidad del sistema de ayudas, el carácter meramente administrativo de las irregularidades detectadas y la falta de vinculación jurídica efectiva de las alertas de la Intervención, que en ningún caso obligaban de forma terminante a la adopción de medidas. "La Intervención dijo que la escalera de incendios podía ser mejor, pero nunca que hubiera fuego", dijo Griñán, tratando de ser gráfico. en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso que se celebró en 2012. Lo cierto es que, cuando estalló el caso, Griñán no pensaba que acabaría abrasándolo a él también. En la misma comisión de investigación Chaves dijo: "Yo no estoy, ni estaré, incurso en ninguna responsabilidad penal". Se equivocó. Alaya acabó llegando hasta él, como también llegó hasta Griñán.

Ahora le toca a la Audiencia Provincial escuchar a las partes, examinar las pruebas y dictar sentencia, que en cualquier caso será recurrible. Luego irán llegando a juicio, pieza a pieza, decenas y decenas de ayudas supuestamente irregulares entregadas con el conocido como "fondo de reptiles". Por el momento han sido elevadas a la Audiencia cuatro piezas: la parte política, las ayudas a la empresa Surcolor, las entregadas a la empresa Acyco y las recibidas por el que fuera chófer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que declaró que parte de los 1,4 millones que recibió se los había gastado con él en cocaína y copas. Queda mucho caso ERE por delante todavía.

El juez de refuerzo Álvaro Martín confirmó el procesamiento de los exconsejeros de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías y de otros dos ex altos cargos dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En un auto fechado el 26 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza así los recursos de reforma contra el auto de transformación en procedimiento abreviado presentados por las defensas de los exconsejeros y del exviceconsejero Gonzalo Suárez, procesados por prevaricación continuada, y por la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, a quien el juez atribuye además un delito continuado de malversación.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a los recursos presentados por los cuatro investigados al entender que "existen suficientes indicios racionales" contra todos ellos y que el auto recurrido "contiene un relato de hechos con relevancia penal suficiente y claro, exponiendo igualmente la participación" de los ex altos cargos dentro de los mismos, "habida cuenta que engloban un periodo de más de diez años".

En la resolución dictada el 31 de mayo, el instructor procesó a un total de 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009 y de 2009 a 2013, respectivamente, se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso ERE. El juez de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, en un auto de enorme dureza firmado este martes, acuerda abrir juicio oral contra los dos ex presidentes. Al primero, por un delito continuado de prevaricación. Al segundo, por este mismo delito más otro de malversación de fondos públicos.

El auto cae como una bomba en el escenario político a 25 días de las elecciones generales. Chaves y Griñán han solicitado de inmediato su baja como militantes del PSOE. Junto a los dos ex presidentes, se sentarán en el banquillo otros 24 acusados, de los que seis son ex consejeros (entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez) cinco ex viceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, uno ex interventor general de la Junta y otro ex jefe del gabinete jurídico. Ante este auto cabe recurso.

El auto atribuye a la cúpula del Gobierno andaluz desde 2000 a 2011 una acción deliberada para eludir los mecanismos de control previo y repartir casi 855 millones de euros en subvenciones a empresas y personas de "forma discrecional o, incluso, arbitraria". Según el juez, con el sistema ideado, del que hace responsables a Chaves y Griñán, se pretendía "eludir la fiscalización previa" para repartir sin control el dinero de forma ajena a los principios de "publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación". Las ayudas, afirma el juez, no se controlaban ni antes ni después de entregarse. El proceso permitía meter intrusos en los listados de trabajadores beneficiarios de los ERE y cobrar las denominadas "sobrecomisiones", según el auto.

Esta causa, conocida como pieza política de los ERE, tiene una relevancia especial porque de facto está enjuiciando el propio funcionamiento de la cúpula de la Administración durante una década. Además de Chaves y Griñán –ya jubilados y retirados de la política–, la causa afectaba a otras 48 personas. La mitad, 24, se libran del banquillo al decretar el juez el sobreseimiento. Entre los que no se sentarán en en banquillo por este caso están el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que fue consejero de la Agencia IFA-IDEA, a través de la que se gestionaron los pagos, así como los ex consejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y Martín Soler.

Junto a Chaves y Griñán enfilan el banquillo de los acusados pesos pesados históricos como Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves en sucesivos gobiernos. También serán juzgados los ex consejeros Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, entre otros altos cargos.

El auto deja frases demoledoras: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

El juez aprecia "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el director general de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".

El mecanismo fundamental para llevar a cabo la obtención de fondos públicos y el modo de gastar estos fondos –al margen de la Ley General de Subvenciones y de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía– consistió en emplear el instituto IFA/IDEA como pagador de las ayudas sociolaborales, según el auto. "Al aparecer IFA-IDEA como mera caja de pagos no resultaba de aplicación el régimen ordinario propio de los casos en los que este instituto era el concedente de la ayuda y, por tanto, no se le aplicaba ningún control previo", dice el auto.

El auto relata los mecanismos utilizados en este procedimiento, al que califica en varias ocasiones que actuaba con "opacidad", "manipulación" y "encubrimiento". El juez explica que "pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes, tanto de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como de Price-Waterhouse, o de Garrigues, se constata que no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema". Al contrario, dice el auto, "se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía".

El Tribunal de Cuentas ha sometido al consorcio que se encargó de impulsar y coordinar las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 a una auditoría que ha arrojado unas conclusiones devastadoras sobre la gestión pública de estos actos. En un extenso informe, el organismo fiscalizador del Estado acredita el despilfarro y descontrol con el que los responsables públicos manejaron un presupuesto de alrededor de veinte millones de euros, el 47% de ellos procedentes de Administraciones públicas. 

El principal órgano de dirección y gestión del evento estaba capitaneado por representantes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando y de la Diputación gaditana. A lo largo su seis años de vida la entidad estuvo presidida por los socialistas Gaspar Zarrías (2007-2009) y Luis Pizarro (2009-2012) y por el conservador José Luis Ayllón (2012-2013).

En su informe, el Tribunal de Cuentas denuncia numerosas irregularidades, deficiencias e incumplimientos en materia de contratación, subvenciones y gastos, así como falta de control interno y descoordinación. También subraya que no se facilitaron las memorias anuales de las actividades realizadas que, según los estatutos, debía elaborar la Comisión Ejecutiva. Y que al margen del consorcio varias Administraciones públicas realizaron actuaciones propias de conmemoración. Esta circunstancia provocó que no hubiera una "adecuada coordinación" y ha "dificultado" verificar si los gastos realizados se adecuaban a la finalidad para la que se constituyó.

El informe cita, por ejemplo, el caso de uno de los actos centrales de la conmemoración del bicentenario de La Pepa, un concierto organizado por la cadena de televisión MTV que se celebró el 16 de octubre de 2010 –es decir, dos años antes del bicentenario– y que contó con la participación de Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, el grupo malagueño Efecto Mariposa y los puertorriqueños Calle 13.

El evento tuvo un coste de 1.198.600 euros y fue adjudicado a la empresa publicitaria Carat España –que no fue la organizadora– a través de un procedimiento negociado sin publicidad que el consorcio justificó por "razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva". El tribunal señala que el consorcio no contrató directamente con la empresa organizadora la celebración del concierto porque esa contratación requería condiciones incompatibles con la legislación de contratos públicos, como la exigencia de cuantiosos adelantos sin garantía y de avales para asegurar el pago total. La opción que siguió, entonces, fue la de celebrar un contrato privado con otra empresa (Carat España). 

El organismo fiscalizador denuncia que "no hay información sobre los costes reales del concierto, ni sobre las cantidades que la empresa organizadora exigió a la adjudicataria y esta le abonó". También se desconoce si la organizadora recibió además los ingresos resultantes de otros patrocinios contratados para ella por la adjudicataria, que era una posibilidad expresamente prevista en el pliego del contrato. 

El Tribunal de Cuentas subraya, además, que los 1,2 millones de euros que abonó el consorcio para la celebración del concierto representaron el 6% del total de las obligaciones reconocidas entre 2007 y 2012 por todos los conceptos por lo que, a su juicio, "no está acreditada la justificación de un gasto tan elevado" a pesar de que la entidad lo justificara en la supuesta promoción publicitaria que lleva aparejada la posibilidad de ofrecer un espectáculo "de primer nivel". En este sentido, el organismo fiscalizador cuestiona la capacidad de promoción del Bicentenario que pudo tener este concierto teniendo en cuenta que se celebró dos años antes del evento que se pretendía conmemorar. 

Comisiones por captar patrocinadores 

El informe detalla, además, que Carat España –la adjudicataria del concierto de MTV– también fue contratada por el consorcio para que captara patrocinadores privados a cambio de quedarse con una comisión de hasta el 10% del importe de cada contrato de patrocinio de hasta tres millones de euros que lograra firmar. Por este concepto el consorcio abonó a esta empresa un total de 663.500 euros tras firmar un contrato que también fue adjudicado por un proceso negociado sin publicidad. 

El tribunal denuncia que no hay memoria justificativa de la necesidad de esa contratación y que tampoco hay "certificados de recepción que acrediten la correcta prestación de los servicios contratados". En sus alegaciones, José Luis Ayllón –que fue nombrado presidente del consorcio en enero de 2012– señala que, en relación a este contrato, la gestión a partir de 2012 "se limitó a negociar una quita para liquidarlo, lo que supuso un ahorro para el Consorcio superior a 300.000 euros". 

Hay que tener en cuenta que, en 2008, la celebración de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 fue catalogada como un "acontecimiento de excepcional interés público", lo que favoreció que en el periodo 2009-2012 el consorcio contara con aportaciones realizadas por patrocinadores privados, que podían acogerse al sistema de beneficios fiscales establecido en la ley de mecenazgo.

Otro de los contratos que han llamado la atención al Tribunal de Cuentas es el que suscribió el consorcio –ya con José Luis Ayllón (PP) como presidente– con el cantante brasileño Carlinhos Brown, que recibió 295.024 euros por organizar un desfile carnavalesco por la avenida principal de Cádiz. El organismo detalla que "no consta" ninguna documentación que acredite la ejecución del contrato conforme a lo previsto y tampoco fiscalización alguna sobre este gasto. 

Señala, además, que en el expediente no se hizo constar formalmente la relación de este acto con los fines institucionales del consorcio, mientras sí se remarcó "la repercusión nacional del evento", así como su cobertura por numerosos medios de comunicación y la gran participación ciudadana, lo que, según los organizadores de los actos del bicentenario, "convertirían a la ciudad de Cádiz en referente nacional". 

El consorció también firmó un contrato de patrocinio publicitario por valor de 290.000 euros con el Cádiz Club de Fútbol del que, según argumenta el tribunal, no consta el acto de conformidad con los trabajos realizados que debía realizarse al término del contrato.

Además, el ente público también suscribió otro contrato publicitario de 106.200 euros con la empresa Centenario de Cádiz, cuyo cuyo objeto social estaba limitado a la organización, fomento y realización de actos relacionados con la celebración del centenario del equipo de fútbol de la ciudad. Esta sociedad pidió al consorcio el patrocinio para la organización de un museo-exposición de la historia del club cuyo presupuesto coincidía con el del contrato. La empresa se limitó a colocar el logotipo de los actos de La Pepa y reservar un sitio para el consorcio en la exposición, por lo que el tribunal entiende que su participación en la colaboración en la publicidad del bicentenario "no tuvo entidad suficiente para constituir una contraprestación".

Irregularidades en las subvenciones 

El capítulo de subvenciones también es llamativo. En este punto, el Tribunal de Cuentas alude directamente al que fuera presidente del consorcio entre 2007 y 2009, Gaspar Zarrías (PSOE), por haber convocado subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en los ejercicios 2008 y 2009 pese a que "no está acreditado" que tuviera competencia para ello. Los estatutos del consorcio señalan que esa competencia correspondía a la Junta de Gobierno y que "no hay constancia de la delegación a favor del presidente".

En 2008 se concedieron 14 subvenciones de concurrencia competitiva a 13 beneficiarios por importe total de 186.000 euros. El Tribunal de Cuentas determina que no consta por qué se desestimó al resto ni el detalle de las actividades subvencionadas. Tampoco hay documentación sobre la constitución de la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas –cuyo número también se desconoce– al igual que los criterios aplicados para la valoración de las beneficiarias.

El organismo analizó cuatro de esas 14 subvenciones y detectó irregularidades en todas. A una de las beneficiarias, el centro de día de mayores de San Fernando, se le adjudicaron 6.000 euros para realizar un taller de ropa de época a pesar de que no reunía "los requisitos exigidos". A otra, la Asociación Qultura, se le otorgaron 32.000 euros, cantidad que el organismo considera que "no está justificada" y de la que "debió exigirse su reintegro". Por otro lado, ante el "desorden del expediente, duplicidades de documentos, mezcla de originales y fotocopias y ausencia de relaciones completas y clasificadas de los gastos", al tribunal le fue imposible "verificar" la justificación de otra subvención de 80.000 euros que recibió la Asociación de Empresas de Publicidad y Diseño para promover un mercadillo de artesanía. 

En 2009 el consorcio modificó las bases reguladoras de las subvenciones con el objetivo de que las actividades subvencionadas guardaran relación con la la época y valores de los actos que se estaban conmemorando. Pero las irregularidades no cesaron. El Tribunal de Cuentas también señala que "no está justificado" utilizar el procedimiento de subvención directa como el que utilizó para, por ejemplo, otorgar 108.230 euros para la formación de una orquesta de músicos jóvenes y concluye que "los gastos no debieron ser subvencionables" al tiempo que no descarta "exceso de financiación".

2,1 millones en convenios con "deficiencias"

El Tribunal de Cuentas también examinó una muestra de cinco convenios, que supusieron en conjunto un gasto de 2.122.412 euros. En todos se encontraron "deficiencias". Entre ellas, que no constara justificación acerca de la contribución de las actividades previstas a la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz, requisito que los estatutos exigen en relación con los proyectos realizados por el consorcio; la falta de aprobación previa del gasto por el órgano competente; la omisión de los informes de la Intervención o de la Abogacía del Estado; y la falta de indicación del presupuesto o del coste de las actividades programadas. 

Entre los convenios está el firmado con el Ayuntamiento de Cádiz y por el que el consorcio se comprometía a financiar con 1.010.000 euros diversas acciones relacionadas con el bicentenario de La Pepa. Pues bien, el Tribunal de Cuentas denuncia que ese gasto no se aprobó por la Junta de Gobierno; que no hay constancia documental de la realización de las actividades; y que hubo pagos a empresas con las que no consta vinculación jurídica con el consorcio.

Además, el organismo fiscalizador señala que el hecho de que el convenio no especificara el presupuesto asignado a cada una de las actividades previstas ha impedido verificar la corrección de los gastos finalmente abonados. Por otro lado, señala que se encontró el abono duplicado de un justificante por importe de 7.623 euros.

El expresidente del Gobierno Felipe González está molesto por la decisión de Pedro Sánchez de "abandonar" al expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE Manuel Chaves tras su imputación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Ese malestar, compartido también por otro ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue en aumento tras una conversación telefónica entre Sánchez y Chaves, días antes de que éste renunciara a su escaño en el Congreso de los Diputados, una decisión anunciada el 25 de junio.

Tanto González como Rubalcaba transmitieron su malestar a Pedro Sánchez y le hicieron saber que no compartían su forma de actuar en este asunto, según indicaron a infoLibre fuentes de la dirección del PSOE. El entorno de Rubalcaba, consultado por este periódico, se limitó a decir que no quería realizar "comentario alguno".

En la citada llamada, el expresidente Chaves pidió a Sánchez "cuatro o cinco días más" antes de abandonar la Cámara baja. Lo hizo, según fuentes conocedoras de la conversación, para plantear una nueva acción judicial aún en calidad de diputado. Pero el secretario general del PSOE se negó a conceder ese plazo extra. La tensión entre ambos se elevó hasta que Sánchez zanjó la conversación y dijo a Chaves que "en el PSOE de Pedro Sánchez" no caben los "implicados en casos de corrupción". Esa frase dejó anímicamente tocado al expresidente andaluz. Se sintió "humillado", y así se lo hizo saber a Felipe González.

Al igual que Chaves, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa ante el Supremo, dimitió después de ser señalado por el Alto Tribunal y empujado por la actual dirección del PSOE. En los días previos a su renuncia, considerada un error por dirigentes históricos del partido, tanto él como el propio Chaves manifestaron sentirse agraviados por el hecho de que "ni siquiera" Antonio Hernando, jefe del Grupo Socialista en el Congreso, los recibiera. 

Así las cosas, dirigentes de la vieja guardia socialista decidieron promover un encuentro de apoyo a Chaves, una cena a modo de acto de reparación, a la que asistiría Felipe González. De la intendencia se encargaron la ahora eurodiputada Elena Valenciano y el también parlamentario europeo y exministro Ramón Jáuregui. La cita tuvo lugar en Madrid a finales de julio, en un resturante situado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

Un gesto de apoyo

En torno a la mesa se sentaron Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías. También asistieron el ya mencionado Ramón Jáuregui; el exministro de Trabajo Valeriano Gómez; la diputada Isabel Pozuelo; y José Enrique Serrano, director de los gabinetes de los presidentes González y Zapatero.

Hubo un invitado más: Óscar López, actual portavoz del Grupo Socialista en el Senado tras su salida de la Secretaría de Organización del partido. Los dirigentes conocedores de los detalles del encuentro afirman que se le invitó para que, en caso de trascender la celebración de la reunión, no fuera interpretada como un gesto "realizado a espaldas de la actual dirección". Elena Valenciano finalmente se ausentó por estar de viaje en Haití, adonde acudió en calidad de jefa de la misión electoral de la Unión Europea, pero fue una de las promotoras del encuentro.

La idea que se defendió en esa reunión es que la dirección del PSOE ha permitido, con su mano dura hacia los dirigentes implicados en el caso de los ERE, que la opinión pública identifique a estas personas como "corruptos". Para los veteranos del partido esa equiparación es "una barbaridad", porque ni existe financiación ilegal de la formación ni estas personas se han enriquecido de forma ilegal. Ponerlos a la altura de Bárcena o Granados es, a sus ojos, "un auténtico disparate", apuntan fuentes preguntadas por este medio y que asistieron al encuentro.

De acuerdo con esa tesis, la implicación de los dirigentes andaluces en el fraude de los ERE se circunscribe a "la participación en la elaboración de una ley" que, a posteriori, se pudo emplear para la comisión de irregularidades. El malestar viene dado por el hecho de que la dirección del PSOE, en lugar de "defender a personas como Chaves o Zarrías, que llevan tres décadas dejándose trabajando para el partido, los dejó caer y los abandonó a su suerte".

El apoyo de Felipe a Juan Segovia en Madrid

Las discrepancias entre Felipe González y Pedro Sánchez no quedaron patentes sólo en este caso. También en Madrid, con motivo de las primerias del PSOE-M el pasado julio, se hizo evidente el disenso. En esa elección interna González apoyó al diputado autonómico Juan Segovia y no a Sara Hernández, la candidata Ferraz. Ella, y no Segovia, era la elegida por Pedro Sánchez, la preferida de la dirección. Y fue quien finalmente se alzó con la victoria, aunque por estrecho margen.

Las fuentes consultadas por este periódico, sin embargo, sostienen que ambos desencuentros no son equiparables y tienen un origen distinto. Mientras que en lo que respecta a Chaves y Zarrías la tensión entre Felipe González y Pedro Sánchez es de fondo –el expresidente no comparte la forma de actuar del secretario general–, en la cuestión de las primerias madrileñas influyó el factor personal. Y fue, de hecho, la clave para que González se decantara por Segovia en detrimento de Hernández.

La figura decisiva en esa operación fue el candidato socialista a la Alcaldía de Majadahonda en las pasadas municipales, que renunció al cargo tras su derrota en las urnas: Borja Cabezón. Cabezón es una persona muy próxima tanto a Juan Segovia como a Gonzalo Miró. Y Miró, hijo de la fallecida cineasta y realizadora de televisión Pilar Miró, ha tenido en Felipe González una suerte de padrino durante años, y es público que ambos mantienen una muy buena relación. Es más, durante años, Cabezón ha sido una persona que ha estado protegida por González en el PSOE.

De acuerdo con las fuentes consultadas por infoLibre,Borja Cabezón intermedió para que González apoyara a Juan Segovia y el expresidente accedió. Segovia aseguró que se trataba de un aval "muy especial" para él y que recibir el apoyo de González le reconfortaba.

El expresidente de Andalucía José Antonio Griñán y el exconsejero de Presidencia autonómico Gaspar Zarrías han utilizado los argumentos incluidos en un informe de la Abogacía del Estado sobre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y su marido, trabajador de Telefónica, para negar que los dos exaltos cargos andaluces cometieran prevaricación en la causa que investiga los ERE fraudulentos [consulta el informe de la Abogacía aquí en PDF].

En un nuevo escrito presentado ante el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Zarrías se adhiere al recurso presentado por Griñán e incorpora "como elemento probatorio" un informe de los servicios jurídicos del Estado en el que se defiende que Saénz de Santamaría no debe inhibirse en la aprobación de proyectos de ley que afecten a la compañía en la que trabaja su esposo ya que estos no son "resoluciones administrativas", sino simples propuestas que sólo adquieren esa condición cuando las aprueba el Parlamento.

El escrito precisa que, por extensión, ni Griñán ni Zarrías ni ningún otro miembro del Consejo de Gobierno de la Junta pudieron cometer prevaricación al aprobar los proyectos de ley de presupuestos o las propuestas de modificaciones presupuestarias.

Inhibición

Zarrías cita, en concreto, el dictamen 11/2012 de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado donde la Abogacía resuelve una consulta sobre la posible incompatibilidad derivada de que el marido de la vicepresidenta preste servicios profesionales de asesoramiento jurídico en Telefónica. La Abogacía asegura que es "obvio" que la inhibición de Saénz de Santamaría no debe afectar a los proyectos de ley.

El escrito recuerda que las Leyes de Presupuesto de Andalucía contemplaron durante 10 años la figura de la transferencia de financiación para allegar fondos al Instituto de Fomento para ayudas sociolaborales.

"Podrá considerarse técnicamente inapropiado, contablemente cuestionable, podrá argumentarse que, al aprobar la ley, los diputados no se miraron los papeles, pero es lo que es evidente es que estamos ante una ley", concluye.

El ya exdiputado Manuel Chaves dejó el Congreso tras ser imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos y lo hizo con un saldo similar al que declaró a finales de 2011, en el arranque de la legislatura, según consta en la última declaración de bienes que presentó en la Cámara.

También registró el estado de su patrimonio al dejar el escaño el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, imputado en la misma causa, y en su caso ha incrementado la cantidad que tiene destinada a fondos de inversión, 269.097 euros en 2015, el doble que al inicio de la legislatura. Sin embargo, fuentes socialistas explicaron a Europa Press que Zarrías va a presentar una nueva declaración de bienes ya que la cantidad consignada bajo ese concepto está en régimen en gananciales, compartida con su mujer, por lo que el veterano político tendría la mitad de los 269.000 euros declarados, y así lo hará constar en el nuevo documento que va a registrar, en principio, mañana viernes, 16 de julio.

Todos los diputados deben entregar una declaración de bienes al tomar posesión de su escaño y actualizarla cuando abandonan la Carrera de San Jerónimo y, a juzgar por los datos consignados 2011 y los que ha declarado ahora erróneamente, la cantidad en fondos de inversión constituía la diferencia más notable entre ambas. Sin embargo, una vez que consigne la declaración, quedará claro que, en líneas generales, su patrimonio no ha sufrido apenas cambios.

Cuando entró en el Congreso como diputado en 2011, Chaves venía cobrando 83.000 euros anuales como vicepresidente de Gobierno y ministro de Política Territorial. Como parlamentario ha cobrado una cantidad prácticamente igual al sumar 14 mensualidades del sueldo base de diputado (2.800 euros), los gastos de representación que corresponden a la Presidencia de una comisión –en su caso la del Pacto de Toledo (1.400 euros al mes)– y los que reciben los parlamentarios de fuera de Madrid (1.800 euros mensuales).

Tras estos años, el saldo de sus cuentas no ha variado excesivamente y si ahora declara 12.800 euros, en 2011 tenía 5.700 en cuentas corrientes y 6.000 en un depósito financiero. Los bienes inmuebles de su propiedad siguen siendo los mismos, un piso y dos plazas de aparcamiento en gananciales, aunque este año 2015 ha adquirido un coche nuevo, que se suma a un turismo comprado en 1992.

Donde los bienes del expresidente han registrado un notable cambio ha sido en los fondos aportados para su plan de pensiones, que de los 36.000 euros de 2011 han pasado a superar los 91.000 en el momento de dejar el Congreso.

Menos sueldo que en el ministerio

Por otro lado, a finales de 2011, Zarrías pasó de cobrar casi 119.000 euros por su cargo como secretario de Estado a recibir unos 80.000 en el Congreso, donde era vicepresidente de la Comisión de Agricultura. Mantuvo en estos años su patrimonio inmobiliario compuesto por una vivienda, cuatro pisos y una finca y también los ingresos que obtenía por arrendamientos y el mismo coche.

Con respecto al fondo de pensiones, la aportación de Zarrías, es apenas 6.000 euros más elevada que los 90.600 que tenía en 2011; del mismo modo, sus cuentas corrientes arrojan un saldo similar, 10.070 euros en 2015 frente a los 9.600 de 2011. El que fuera consejero de Presidencia de la Junta tenía a su llegada al Congreso 44.000 euros en depósitos bancarios y ahora suma casi 69.000 entre depósitos y cuentas de valores.

Ahora, además tiene un seguro de vida con un valor de 30.000 euros pero ya no cuenta con los 24.100 euros que tenía en el año 2011 en deuda pública ni los 30.000 de la cartera de fondos.

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados autorización para poder seguir investigando en la causa de los ERE fraudulentos al diputado y exconsejero de Empleo en Andalucía José Antonio Viera, a quien el instsructor de la causa, el magistrado Alberto Jorque Barreiro, imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

En el auto dictado este jueves por la Sala de Admisiones del alto tribunal se señala que el Supremo ha sido informado de la renuncia a sus actas de parlamentarios del resto de investigados en este procedimiento, los exdiputados Manuel Chaves y Gaspar Zarrías y el exsenador José Antonio Griñán.

Todos ellos han perdido, por lo tanto, su condición de aforados, si bien la Sala recuerda que han presentado escritos contra las conclusiones del instructor que se han unido a la causa "a los efectos pertinentes" y que por lo tanto quedan pendientes de resolver, han informado fuentes jurídicas.

En su auto, la Sala considera "suficientemente razonable" la exposición del instructor para pedir suplicatorio respecto de Viera, no siendo necesario acordar lo mismo en relación al resto de investigados dada la pérdida de su condición de aforados en las Cortes.

Manuel Chaves y Gaspar Zarrías formalizaron este lunes su renuncia a sus escaños con sendos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso para su aplicación a partir del 2 de julio, fecha en la que perderán su aforamiento. El presidente del Congreso, Jesús Posada, insistió en que el expresidente de la Junta de Andalucía y el exconsejero decidieron "libremente" renunciar a sus escaños en la Cámara Baja tras haber sido imputados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos.

En declaraciones en la Cámara Baja, Posada explicó que le "parece muy bien" que ambos diputados hayan entregado sus actas de parlamentarios, pero hizo hincapié en que él como presidente del Congreso "nunca les hubiera dicho" lo que tenían que hacer.

Sin embargo, el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera, el tercer diputado imputado en la trama de los ERE, ha optado por mantener su escaño en el Congreso, aunque la semana pasada ya solicitó su baja en el PSOE y anunció que se incorporaría al Grupo Mixto.

Pero como Viera no dio formalmente ningún paso más, este lunes fue el PSOE el que ha registrado un escrito en el Congreso comunicando que Viera, diputado por Sevilla, ya no forma parte del Grupo Socialista del Congreso, lo que debería suponer su traslado al Mixto.

Viera explicó este lunes que no ha renunciado a su acta para que la causa siga siendo enjuiciada en el TS, donde dice que ha tenido "la primera oportunidad" de defenderse. En una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, Viera indicó que al no renunciar al acta de diputado hace uso de su derecho al aforamiento "porque durante cuatro años he recibido a través de los medios de comunicación, por filtraciones de los autos y atestados de la Guardia Civil y la Policía, que yo jugaba un papel esencial en las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla". A su juicio, "quien escribe eso en un auto o atestado debe inmediatamente proceder a enviar la causa a TS porque entiende que hay indicios racionales de que hay una situación grave".

Aviso muy serio del secretario general del PSOE a los imputados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE: si se rebelan y no entregan finalmente su acta, serán expulsados "de manera inmediata" del partido. 

Lo dijo Pedro Sánchez este viernes en conversación informal con periodistas después de presentar al equipo de expertos que le ayudarán a elaborar el programa para las elecciones generales. Fue casi al final de la charla cuando saltó la noticia de que José Antonio Viera, diputado en el Congreso y exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, anunciara que se daba de baja de militancia en el PSOE y que no entregará su acta, por lo que pasará al Grupo Mixto.

Su decisión tendría una consecuencia jurídica inmediata: Viera sería juzgado por el Supremo, y no por Mercedes Alaya en el Juzgado número 6 de Sevilla. Ahora quedaría por dilucidar quién juzgará a los otros tres exaforados: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías. El instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, dejó claro en su auto del jueves que la causa era inescindible y que Griñán, en ese momento no aforado ya que renunció a su acta en el Senado hace dos semanas, debía ser juzgado por el alto tribunal. Esto es, si prevalece ese criterio, el destino judicial de los cuatro seguiría en manos del Supremo. Según fuentes jurídicas, el Supremo deberá pronunciarse ahora sobre si la causa con todos continúa o no en este tribunal por conexidad de los hechos investigados, informa Alicia Gutiérrez.

El secretario general reconoció que el de ayer jueves, cuando se conoció la decisión del Supremo –inculpar a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, y a los exconsejeros Zarrías y Viera, por prevaricación administrativa y a este último, también por malversación–, fue un día "muy duro y doloroso" para él. Con algunos de los afectados había hablado en los días previos, pero no justo este jueves, ya que se encontraba de viaje de trabajo en Bruselas. 

Una vez que trascendieron las resoluciones del instructor del caso de los ERE, el secretario de Organización, César Luena, informó a los periodistas de que los cuatro aforados imputados habían puesto a disposición del partido sus actas y este las había aceptado de forma automática. Pero aún tenían que formalizar la entrega del escaño. Sánchez, justo al comienzo de su breve conversación informal con la prensa, había adelantado que lo harían de forma "inmediata". No ha sido así. Viera se rebela, según se conoció minutos después. Fue entonces cuando el líder de los socialistas dejó muy claro que en ese caso no habría vacilación por parte de la ejecutiva: a los que se sublevasen, se les dará de baja. Mensaje que trasladó también personalmente horas después Luena a Viera, informa Europa Press.

Griñán ya renunció

Esa expulsión, en el caso de Viera, no se llegará a formalizar, dado que es él mismo el que rompe su carné de militante. Y como el acta es personal, el PSOE no puede hacer nada para obligarle a abandonar el Congreso. Griñán, por su parte, sí que renunció a su acta de senador a mediados de junio. 

Chaves y Zarrías, en una nota lanzada hoy, ratificaron que comunicaron el jueves el partido su renuncia a su escaño. Ambos transmitieron su "profundo sentimiento de orgullo porque las medidas sociolaborales de apoyo a empresas y a trabajadores sirvieron para ayudar a Andalucía y permitieron que en los tiempos más duros de la crisis, más de 6.000 trabajadires y sus familias hayan podido sobrevivir". Los dos esperan que la investigación avance "con rapidez" y manifestaron su convicción de que se acreditará que no cometieron "ninguna ilegalidad". La defensa de Zarrías presentó este viernes un recurso contra el auto del instructor, de forma que la Sala suspenda la tramitación del suplicatorio hasta que se resuelva la impugnación. 

Sánchez, en su charla con la prensa, defendió que el partido estaba aplicando el código ético del PSOE a rajatabla. En él se dice que los imputados deberán dejar sus cargos en cuanto se procediese a la apertura de juicio oral. Pero también dice ese texto, recordó, que en casos excepcionales, la dirección puede actuar antes. Y así lo ha hecho con los implicados en el caso ERE: tanto él como Susana Díaz pusieron el listón en la imputación con cargo. Cosa que ocurrió ayer. O con el escándalo de las tarjetas black o con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (en su caso, por presunta violencia de género). 

¿Cuándo el PSOE da de baja como militantes a imputados? En el momento de apertura de juicio oral igualmente. Los afectados deben solicitar su salida voluntariamente, pero si no lo hacen el partido procede. Por esa razón, Chaves y Zarrías seguirán en el PSOE. 

Los reiterados informes en que el interventor de la Junta de Andalucía alertó contra el sistema aplicado durante más de 10 años para repartir no menos de 854 millones en ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis dan la clave por la que el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro ha colocado en el camino hacia el banquillo por prevaricación a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros dos exdirigentes socialistas. Griñán ya había abandonado su escaño. Chaves, el hombre que durante 19 años dirigió el único feudo socialista inexpugnable desde la restauración democrática, seguirá ahora sus pasos arrastrado por el caso ERE.

El juez destaca con reiteración que, indiciariamente, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE tuvieron un papel activo y no de meros consentidores en el diseño de un sistema que define como abiertamente ilegal, aunque deja claro que ninguno de los dos, como tampoco el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, se lucró ni participó en el desvío de fondos. Al exconsejero José Antonio Viera le atribuye en cambio también el delito de malversación como responsable de ese supuesto desvío. La quinta imputada, la exconsejera Mar Moreno, queda exonerada.

Barreiro, que acusa a Chaves y Griñán de haber realizado un “ejercicio arbitrario del poder”, condensa así su posición sobre las advertencias del interventor Manuel Gómez: sus informes avisaban “no de meras 'irregularidades' o 'inadecuaciones' en la tramitación y control de las subvenciones (…),  sino de auténticas ilegalidades, pues no pueden catalogarse de otra forma las vulneraciones patentes de preceptos legales”. Haciendo suyas las palabras usadas por el interventor en un escrito que dirigió al Parlamento andaluz, el juez recalca que los imputados "cebaron sin descanso" la partida de los ERE.

El juez describe la trayectoria del interventor como la de un funcionario que en los primeros momentos hizo lo debido y que cuando debió dar “el paso siguiente que le marcaba la ley” –emitir un informe de actuación, es decir, el que hubiese implicado el cese inmediato de las ayudas– sucumbió a la “paralización”. Año tras año, a partir de 2005, advirtió del daño que para el erario andaluz implicaba ese sistema. Pero nunca emitió informes de actuación.

Paréntesis sobre el papel de la intervención

Esa “omisión”, razona Barreiro, “sólo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal (…) pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente (…) o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad pero sin emitir informe de actuación”.

Es en ese punto cuando el juez abre una especie de paréntesis para cuestionarse el modelo de la Intervención aplicado en España: "Sólo nos queda plantearnos el interrogante de si un sistema de Intervención puede alcanzar el grado necesario de eficacia cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla. Es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido".

Aunque las acusaciones del magistrado figuran en la resolución con la que se abre el trámite para pedir el suplicatorio de los tres inculpados que aún tienen escaño en el Congreso –Chaves, Zarrías y Viera– y gozan por tanto de aforamiento ante el Supremo –Griñán ya ha dejado su escaño en el Senado–, su dimisión como diputados anticipa que la causa volverá a Sevilla.

"Conspiración del silencio"

Esto es, que el Supremo se inhibirá en cuanto se formalice su abandono del escaño y devolverá la causa a manos de la jueza que inició las investigaciones, Mercedes Alaya, cuyos argumentos fundamentales revalida ahora Barreiro. Alaya no tiene por qué cerrar de inmediato la instrucción, puede seguir practicando diligencias y los inculpados tienen todavía la opción de evitar el banquillo. Pero eso es mucho más difícil ahora tras su inculpación formal a cargo del Supremo.

En su exposición razonada –la resolución donde pide el suplicatorio– el magistrado tumba la principal línea de defensa de los antiguos responsables del Gobierno andaluz: el de que ignoraban que el sistema fuera ilegal porque nunca la Intervención les avisó de ello.

La Intervención sí avisó, concluye el juez. Pero, además, al magistrado le resulta inverosímil la hipótesis de que esos informes fueran conocidos por directores generales y viceconsejeros pero no por la cúpula del Gobierno andaluz. Porque, de ser cierta esa hipótesis, “en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios que estarían realizando una especie de complot o de 'conspiración del silencio' dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda” para que sus respectivos titulares no se enterasen de lo que estaba sucediendo.

El testimonio de otro imputado en el caso, el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, que llegó a permanecer meses en prisión preventiva, ha resultado tan demoledor para Chaves como el del interventor Manuel Gómez.

Inverosimilitud

Barreiro recuerda que el exconsejero Fernández expresó ante la juez Alaya “su convicción” de que Chaves conocía el ya célebre convenio de 2001 que hasta 2010 permitió camuflar como transferencias para gastos de explotación de un organismo de la Junta, el IFA –luego rebautizado como Agencia Idea– lo que en realidad no eran sino subvenciones.

Fue ese sistema, el de las transferencias de financiación, el que permitió gastar al menos 854 millones de euros en ayudas sociolaborales sin publicidad ni fiscalización previa ni controles de ningún tipo. El juez incluye un recordatorio de calado al hilo de la cantidad desviada: que el total repartido ascienda como mínimo a 854 millones –la Cámara de Cuentas de Andalucía lo cifró en 1.200 millones– no significa "que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público". Es decir, que una parte –todavía no se sabe cuál– llegó al destino que habría llegado de aplicarse un procedimiento legal.

En relación a ese convenio marco, piedra angular del sistema cuyo diseño y mantenimiento constituyen los cimientos en los que Barreiro se basa para acusar a los imputados de prevaricación, el juez recupera el argumento de la inverosimilitud: no se cree, porque sería “incoherente” que viceconsejeros, directores generales y subdirectores conocieran su existencia y en cambio no lo conocieran “los integrantes de la cúpula de la pirámide” de la Administración andaluza.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro propuso este jueves continuar el procedimiento contra los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñan y Manuel Chaves, pero también contra los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en todos los casos por un delito de prevaricación administrativa.

Por otra parte, Barreiro decretó el sobreseimiento de la acusación contra la también exconsejera socialista y en la actualidad senadora Mar Moreno.

En el caso de Jose Antonio Viera el juez entiende que, además del de prevaricación, hay indicios también de que pudo cometer malversación de fondos públicos, por lo que propone que se continúe el procedimiento contra él por estos dos delitos.

Para los tres aforados, que son Chaves, Zarrías y Viera tras la renuncia de Griñán como senador, el juez eleva una exposición motivada a la Sala de lo Penal del Supremo [consúltala aquí en PDF] para que tramite el preceptivo suplicatorio, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. En el caso de Griñán, el magistrado motiva a través de un auto [aquí en PDF] los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le considera presunto coautor y por tanto desde el punto de vista sustantivo material debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados.

A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Modificaciones "arbitrarias"

Una vez que se ha detallado la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales, el juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. “Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias", ya que, según el juez, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas. El juez cita las palabras del interventor general en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los ERE".

El juez en su exposición detalla todos los indicios recabados contra los aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor, un elemento fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido.

Alberto Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecional mente por el intervenido”.

El problema de los aforamientos

El magistrado cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo. En el auto que afecta a Griñán, el instructor recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal: “Pues no sólo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación". El juez considera que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto.

El magistrado dedica gran parte de su exposición a fundamentar por qué las decisiones adoptadas por los aforados fueron arbitrarias e injustas, requisitos para acreditar que con sus actos pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa.

El magistrado cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. En relación con el perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud hasta pasados unos años. El grueso más importante de este dinero se dedicó a los 77 ERE, en donde se efectuaron pagos excesivos.

El magistrado dedica también un apartado en el auto de Griñán a destacar los problemas que plantean los aforamientos, por cuanto fragmenta el proceso e impide un enjuiciamiento conjunto, cuando el aforado además puede renunciar al privilegio en un momento determinado. El juez señala que la causa se ha instruido durante cuatro años en Sevilla sin que la jueza haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionarial de la Junta de Andalucía por tener la condición de aforados.

Y cuando el Supremo entra a hacerlo, cuatro años después, "la investigación procesal ya está consolidada y las posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se muestran ya más bien marchitas o inaccesibles para reiniciar una instrucción". En el caso de Griñán, el juez entiende que por las razones de conexidad e inescindibilidad del contenido de la causa y dada la posible coautoría de un presunto delito de prevaricación no procede atribuir la competencia al juzgado de Sevilla.

La transcripción del interrogatorio judicial al que el expresidente andaluz Manuel Chaves fue sometido en el Supremo el pasado 14 de abril por el caso de los ERE acredita que el juez instructor de la causa abierta contra él y otros cuatro cargos socialistas aforados no se cree el principal argumento de sus defensas.

Y ese argumento es el de que nunca sospecharon que el procedimiento aplicado fuese ilegal porque la Intervención de la Junta de Andalucía jamás elevó lo que se conoce por “informe de actuación”, el previsto en caso de menoscabo de fondos como el que presuntamente se produjo aquí: 140 millones de euros sobre un total de 855 millones gastados entre 2000 y 2009.

"Yo –avisó a Chaves el magistrado, Alberto Jorge Barreiro, en un momento del interrogatorio– tengo que decirle que, con arreglo a la experiencia, una persona a la que nombran ustedes [el interventor] y que les hace tantas advertencias por escrito, el hecho de que no les lleguen informes de actuación tampoco puede tener la relevancia que ustedes le dan”.

El calado de la ausencia de esos informes de actuación, continuó razonando el juez instructor, “estaría fundamentado si no hubiera dicho nada el interventor, pero tanto en las memorias [de los planes de control financiero] como en los informes es bastante claro y contundente en sus advertencias a pesar de lo que ustedes alegan aquí en presencia del juez instructor”.

Cuajada de diálogos que evidencian la incredulidad del juez respecto del desconocimiento total esgrimido por Chaves en relación al procedimiento empleado para repartir las ayudas y las alertas que la Intervención fue emitiendo a lo largo de los años, la transcripción constata que el juez tampoco cree en el segundo gran argumento de la defensa: la legalidad de las llamadas transferencias de financiación como vehículo para canalizar subvenciones. El expresidente recalcó una y otra vez que jamás adoptó ninguna decisión ilegal. Y que si hubiera tenido dudas sobre la legalidad del procedimiento habría actuado.

“No leí las memorias, me habría pasado el tiempo leyendo papeles”

Tanto el juez como los fiscales sostuvieron que ese mecanismo de las transferencias de financiación vale para sufragar “actividades genéricas, no para el pago de subvenciones” que quedaban ajenas, por ejemplo, al principio de publicidad.

En un momento dado, y en referencia a las memorias que plasmaban los resultados de los programas anuales de control financiero permanente y en las que la Intervención reflejó distintos “incumplimientos”, el juez interpeló así a Chaves: “Parece ser que entonces sí le llegaban datos muy concretos a través de estas memorias de los problemas que había con las reiteradas transferencias de financiación, por lo menos aquí constan por escrito”.

Tras recalcar que jamás tuvo “constancia de ninguna irregularidad” y que “no lo hubiera permitido”, Chaves habló así: “Yo no leí las memorias. No sé si llegaron al Consejo de Gobierno, no lo sé, pero también le tengo que decir [...] que yo no me podía leer todos los informes que acompañan a cualquier iniciativa normativa que llegaba al Consejo de Gobierno porque entonces me hubiera pasado todo el tiempo de mi Presidencia de la Junta de Andalucía leyendo papeles”.

Díaz, sin ser investida

La transcripción del interrogatorio, que duró dos horas y media, llegó a todas las partes personadas en la causa del Supremo este viernes, horas después de que la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, fracasara en su segundo intento por lograr la investidura.

Los socialistas andaluces, que días atrás daban por descontado el apoyo de Ciudadanos tras haber asumido el decálogo anticorrupción propuesto por esa formación, han visto finalmente cómo la permanencia de Manuel Chaves en su escaño del Congreso se convertía en el motivo invocado por Albert Rivera para dar marcha atrás.

El expresidente andaluz anunció el 24 de abril que no repetirá en las listas al Congreso, pero planea continuar en la Cámara hasta las elecciones generales. Su sucesor al frente del Gobierno andaluz, el también imputado José Antonio Griñán, ha optado en cambio por abandonar su escaño en el Senado tras la investidura de Susana Díaz.

Asunción de las tesis de Alaya

El fondo y la forma de las preguntas dirigidas por el juez Barreiro a Chaves no parecen augurar una rápida desimputación del hombre que durante 19 años (1990-2009) dirigió el Gobierno andaluz.

La dureza de los fiscales asignados al caso tampoco lo presagia. Fuentes de las defensas consultadas por este diario coinciden en que lo que transmite Alberto Jorge Barreiro es que ha hecho suyas las tesis de la jueza original del caso, la sevillana Mercedes Alaya: que hubo una especie de confabulación en las alturas del Gobierno andaluz para articular un sistema normativo y financiero que permitiese repartir ayudas públicas de forma ilegal y sin el menor control. O con “descontrol absoluto”, expresión literal utilizada por uno de los fiscales que interrogaron a Chaves.

Las defensas centran ahora sus esperanzas en las dos últimas declaraciones prestadas en la causa: la de los dos catedráticos –Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago– que han elegido como peritos para refutar las conclusiones de la Intervención General del Estado (IGAE).

Recta final

En contra de lo dictaminado por la IGAE, esos dos catedráticos sostienen que el uso de las llamadas transferencias de financiación –el dinero que la Junta de Andalucía remitió año tras año al organismo público autonómico encargado de pagar las ayudas a empresas en crisis y sus trabajadores– fue estrictamente legal. Fuentes de las defensas aseguran que, por primera vez en todas las comparecencias registradas hasta la fecha en el Supremo, los fiscales no plantearon ni una sola pregunta a Zornoza o Martínez Lago.

Si el juez Barreiro citará ahora a los peritos de la IGAE para contrastar con ellos, cara a cara, el informe de los peritos de la defensa continúa siendo una incógnita. Pero, desde luego, todo apunta a que la instrucción en el Supremo ha enfilado ya su recta final.

Y apunta que, también desde luego, ninguna de las defensas de los cinco imputados –Manuel Chaves, José Antonio Griñán, el exvicepresidente Gaspar Zarrías y los exconsejeros José Antonio Viera y Mar Moreno– puede cantar victoria ni dar por descartado que Barreiro opte por pedir el suplicatorio para inculparlos formalmente y sentar en el banquillo a alguno, algunos o todos.

La exconsejera de Presidencia y senadora Mar Moreno aseveró este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que ella tenía una "absoluta falta de relación" tanto "temporal" como "material" o "competencial" con este asunto

En declaraciones a los medios de comunicación tras haber comparecido ante el instructor durante una hora y media, Moreno dijo que esa situación queda acreditada con los informes de la Guardia Civil. Además señaló que se siente "razonablemente satisfecha" tras haber comparecido ante el juez.

La de Moreno fue la última de las declaraciones prestadas durante las dos últimas semanas por los cinco aforados, tras las del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.

Para poder interrogar a la senadora, el instructor tuvo el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la propia Moreno y Zarrías.

No presidió ningún 'consejillo'

En este atestado, los agentes señalan que durante el tiempo en el que Moreno ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores".

"De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia sólo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros [los llamados consejillos], la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan", apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor del caso ERE en el Supremo.

Juego de Tronos, le regaló el señor de Podemos al rey de España en la semana en que se atisban miserias ocultas de quienes algún día ocuparon tronos de poder e influencia. Mientras en Bruselas Iglesias jugaba con inusitada maestría sus cartas mediáticas, y el otrora todopoderoso urdidor de políticas en la sombra, Gaspar Zarrías, se preparaba para abandonarla indignamente, se estaba empezando a mover la tierra bajo los pies del ya tocado exministro de Economía y Hacienda con Aznar. Y estalló, con esa intensidad capaz de ocultar todo lo demás, la presente crisis del hombre que pudo reinar.

Reyes, tronos y sombras, en un juego de sillas en el que el ciudadano percibe –percibimos– que sólo ha habido algo de verdad en la noticia que tiene precisamente la ficción como eje nuclear. El amable y eficaz gesto de Pablo Iglesias hacia Felipe VI tiene mucho de impostura, porque en realidad buscaba lo que obtuvo: espacio en los medios y alabanzas a su inteligente comunicación. Pero era un hecho sin calado, que como mucho despertó interés por la serie de televisión y debates públicos y privados sobre preferencias y gustos en ese territorio. Todos sabemos qué se jugaba en la foto.

Después llegó Zarrías, negando a la luz de la Justicia en el Supremo que hubiera oficiado ningún acto oscuro en las sombras que tantos años ocupó bajo el reinado de Chaves; y el ánimo de ese ciudadano atento y sorprendido se volvió a agitar y a indignarse. Pero hete aquí que cuando el destino de éste Don Gaspar (“menudo era y es…y poderoso”, me recuerda un buen amigo del sur) le estaba llevando a esa luz que no era su medio, surge de repente la detención de Rato y todo se detiene, y Zarrías vuelve a desaparecer, y de Juego de Tronos ya ni nos acordamos y el cabreo previsible se convierte en general indignación.

Y así estamos este fin de semana. Y eso nos deja la imagen de Rato detenido y liberado, y otra vez detenido y vuelto a liberar, explican los técnicos que para estar presente en los registros policiales. Pero hay sobre él sospechas fundadas, de esas que desdibujan a ojos ajenos la incuestionable presunción de inocencia.

Por eso es la imagen de la semana, y lo será probablemente del año…y quién sabe si más. Porque Rato es ya un símbolo. Ha perdido su condición de ciudadano privado para convertirse en la viva representación de lo que una sociedad cansada y descreída ya no puede ni debe tolerar. Fue admirado superministro de Economía y Hacienda, orgullo de su partido y su jefe Aznar, al que estuvo a punto de suceder; luego pasó al trono del Fondo Monetario Internacional –gafado si uno atiene al destino de los últimos que lo ocuparon– y finalmente a la cúspide de una banca que ya estaba enferma. La duda razonable de que en ese recorrido haya jugado con cartas marcadas y reglas que no valían para los demás, es lo que decepciona a quienes lo creían cabal y asombra e irrita a los demás ciudadanos. Lo que otorga a su caída categoría de estrépito universal.

Otra vez nos sentimos engañados. Otra vez el estupor da paso a la decepción y la ira. Otra vez la incómoda sensación de que allá en lo alto, a la sombra de los tronos del poder y al amparo de su oscuridad, se juega con intereses particulares o corporativos muy por encima de la ciudadanía o los clientes en quienes se dice pensar. Y otra vez a comprobar que llegado el momento, cuando se descubre el pastel, los encargados de la vida pública, los partidos que han de servir y representar a los ciudadanos aíslan y señalan al culpable como si el entorno fuera aséptico e inocente, como si no hubiera que cambiar algo más que a las personas. Como si el juego de tronos del poder real fuera sólo cuestión de individuos que actúan por libre como héroes solitarios de una serie de ficción.

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado socialista en el Congreso Gaspar Zarrías declaró este jueves durante más de tres horas en el Tribunal Supremo que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la Comisión de Viceconsejeros que él presidía, los denominados consejillos, tuvieron siempre el visto bueno de la Intervención General de la Junta.

A su salida, Zarrías especificó a los medios de comunicación: "Ha quedado claro que la comisión general de Viceconsejeros, que yo presidía, y que no tenía poderes decisorios, simplemente elevaba al Consejo de Gobierno las decisiones. Siempre, en todo momento, y en cualquier circunstancia, elevó asuntos plenamente afectados por la legalidad".

De esta forma Zarrías establece un cortafuegos de responsabilidad para los consejeros y presidentes de la Junta de Andalucía imputados en el Tribunal Supremo, al asegurar: "En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca, y por lo tanto, perfectamente ajustado a derecho".

Para el interrogatorio, el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha contado con el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, la única que queda por declarar, y en el que los agentes concluyen que este presidió hasta 12 sesiones la Comisión de Viceconsejeros, en las que se trataron acuerdos relacionados con estas ayudas sociolaborales.

Zarrías resaltó en su declaración que esos consejillos no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las "transferencias de financiación", que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que los normales.

Ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso, Zarrías insistió en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que han venido haciéndolo el resto de aforados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción recurrió este jueves ante la Audiencia Provincial de Sevilla la nueva negativa de la juez Mercedes Alaya a dividir en piezas separadas el caso ERE y reiteró su advertencia de que el no hacerlo podría llevar a la prescripción de algunos de los hechos investigados, señalando que las distintas líneas de investigación abiertas han dado lugar a "una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable".

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que, "en el orden práctico, no proceder a la división de la causa en piezas tal como solicitamos se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas", lo que "supone una instrucción sine die", y también se traduce en "admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un atestado al instructor de la causa de los EREcausa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, en el que concluye que el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías –citado a declarar como imputado este jueves– presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados consejillos– en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como fondo de reptiles.

En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes dicen que "caso distinto" es el de la exconsejera de Presidencia Mar Moreno –citada a declarar como imputada el martes de la semana próxima–, ya que durante el tiempo en que ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores".

"De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia solo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros, la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan", apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor de los ERE en el Supremo.

Para llegar a estas conclusiones, los agentes analizan un total de 26 actas de otros tantos consejillos celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 consejillos en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo, que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al consejillo.

Los agentes concluyen que, del estudio de las sesiones de los consejillos descritos, "se infiere que este órgano colegiado tiene facultades decisorias en cuanto a vetar asuntos que pudieran recalar en el Consejo de Gobierno", pues la Comisión "evaluaba independientemente los asuntos remitidos al Consejo de Gobierno y tenía la potestad para 'retirar acuerdos, incluirlos en el orden del día de otra sesión, elevarlos a Consejo de Gobierno...".

"Criterios de singularidad"

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".

En relación a la "arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que "llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: 'criterios de singularidad", los cuales "habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L", citando como ejemplo "la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,4 millones, las cuales habrían supuesto el 66% de las subvenciones a empresas otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo".

A juicio de la UCO, "todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político".

Sin pruebas de su relación con Juan Lanzas

Enel atestado, los agentes analizan otros indicios vinculados a Zarrías, como por ejemplo su relación con el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzasconseguidor, la cual tachan de "difícil definición", ya que "únicamente podría basarse en lo apuntado en sus manifestaciones por los distintos investigados, quienes no aportarían elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando solo a meras conjeturas carentes o escasas de validez".

Además, sostiene que Zarrías "podría haber participado en la sucesión de las diferentes ayudas públicas concedidas por la Junta a sociedades radicadas en la provincia de Jaén", entre ellas Primayor, Grupo Dhul, Cerámica Syre SA/Gres de Vilches y EDM/Séneca.