El Consejo de Administración de RTVE ha contestado al Consejo de Informativos de TVE, que acusó de 'sesgo' ideológico y falta de rigor a los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, presentado por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente, con otro informe que le ha trasladado el presidente, José Pablo López, y que ha sido aprobado por mayoría, en el que pide una rectificación a este órgano interno de participación.

Se trata de un documento de diecinueve páginas, que lleva por titulo Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, un informe con ocho "hechos verificables" que ha trasladado el presidente al Consejo y que ha sido avalado por once vocales, los propuestos por los grupos que conforman el Gobierno de coalición, frente a los cuatro del PP.

Según el Consejo de Administración, las conclusiones del informe incurren en una "generalización temeraria, metodológicamente indefendible y jurídicamente arriesgada". Lo cree porque para sus consideraciones solo ha analizado trece programas sobre más de 400 emitidas, es decir, cerca de un 3% del total universo. "Con una muestra tan exigua —dice el texto—, y sin acreditar un diseño mínimamente representativo de selección aleatoria, ni un sistema de codificación replicable, ni criterios de evaluación estables, ni control de sesgos, es improcedente presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis del conjunto de los programas y mucho menos trasladarlo como un identificativo de la Corporación".

Por eso, la mayoría del Consejo de Administración defiende que "un informe construido sobre una muestra mínima y sin garantías metodológicas ni criterios verificables no solo debilita sus propias conclusiones, también compromete la credibilidad del Consejo de Informativos TVE como órgano de garantía".

Pero el órgano de Gobierno cree que lo más grave del informe del Consejo de Informativo es que considere "impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

Advierte de que esta "no es una crítica profesional", sino "una acusación que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito" de odio, y ello lo lleva a pedir una rectificación "de manera inmediata, clara y proporcional" porque mantener una acusación "de este calibre, sin una sola prueba compromete injustificadamente el honor" de TVE.

También en el documento se refiere a la responsabilidad editorial de los programas, a la que había aludido el Consejo de Informativos, al que acusa de tener "doble rasero" al defender que, cuando se producen hechos informativos de especial trascendencia, la cobertura debe recaer en sus servicios y no en programas elaborados por productoras. "Ese planteamiento —dice el Consejo de Administración— sería coherente, según sus argumentos, si se fija como principio que los especiales informativos corresponden a Informativos. La regla debería aplicarse siempre", apunta.

Se pregunta, entonces, por qué el Consejo de Informativos no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero.Y continúa cuestionándose si existe un "doble rasero" y si "se activa la defensa estricta del ámbito de Informativos solo cuando el contenido es político".

Hay más argumentos en el informe para rebatir una presunta falta de credibilidad de RTVE por "estos programas y sus prácticas" y también por un posible uso de Verifica para "reforzar la tesis del programa" Malas Lenguas: "es una imputación implícita de enorme calado institucional, formulada sin una sola prueba y sin señalar un solo caso concreto que la respalde", señala.

También contesta a las acusaciones sobre una posible falta de diversidad de "voces y la pluralidad" y sobre que el humor de los guiñoles en Malas lenguas solo se utiliza para satirizar a una parte del espectro político. Se trata, según el texto, de una afirmación "falsa, formulada sin matices y sin respaldo empírico" y por ello, en su opinión, "exigiría, para ser mínimamente sostenible, un análisis sistemático del conjunto de piezas humorísticas emitidas".

A punto de sumar tres décadas trabajando en la TVG, Ana Pérez hace tiempo que no tiene reparo en hablar claro. La periodista, que fue uno de los rostros más conocidos de la televisión pública, abandonó la pantalla en 2019 tras 23 años delante de las cámaras como presentadora en diferentes espacios informativos. "Sí, fue una represalia", dice con contundencia ahora, advirtiendo de los "castigos" que asegura que ella y otros compañeros sufren por haberse movilizado contra la "manipulación y el control político", el "desmantelamiento" de los medios públicos y por la creación de un consejo de informativos. Entonces llevaba 24 semanas apoyando los viernes negros impulsados por el colectivo Defende A Galega. Va por la 403.

"Nuestra guerra viene de mucho antes", recuerda Pérez. Ya en 2011 había presentado junto a Alfonso Hermida en la Praza do Toural un telediario de protesta en contra de la reforma de la ley de medios, lo que les costó a ambos una amenaza de expediente. Ahora, detrás de la pantalla y desde la redacción de Galicia Noticias, sigue denunciando una situación de los medios públicos que cree "crítica" y que en los últimos años dice ver agudizada por la "desafección" y el "desapego" que nota en la sociedad gallega hacia ellos, más allá de los bajos datos de audiencia. "Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta; ahora no está en casi ninguno", sentencia.

¿Cómo empezó en la TVG?

Entré de prácticas en 1996. Luego, a principios de 1997, me hicieron el primer contrato en la delegación de Vigo. Empecé allí subcontratada por la productora del Faro, una de aquellas contrataciones fraudulentas que derivó en más de 400 denuncias años después, y una circunstancia que marcó los inicios de muchos de nosotros. Fueron seis años allí, haciendo sobre todo información local. Luego me mudé a Santiago en 2002 y desde entonces estuve siempre ligada a informativos.

Lleva casi 30 años en la televisión pública. ¿Cambió mucho la cosa desde entonces?

Era diferente en muchos aspectos. En lo laboral, ahora tenemos más estabilidad; antes la precariedad laboral era mayor, evidentemente, y eso era algo con lo que también se jugaba, metiéndole miedo a la gente para que no levantase la voz si quería que la volviesen a contratar. Encadenábamos contratos de obra, artísticos... Todos los fraudes habidos y por haber. En lo que es la función de servicio público, empeoramos a pasos agigantados. Entonces trabajábamos con mucha más libertad.

¿Durante los Gobiernos de Manuel Fraga?

Con Fraga, que fue ministro de Información con Franco, estábamos mejor en ese aspecto. Habiendo censura y manipulación, que siempre la hubo, no era tan descarada ni tan evidente... No se producía como ahora, que se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. La situación actual es muy crítica, pero es cierto que entonces el pastel televisivo era otro, el mapa de las televisiones era diferente y la tarta estaba mucho menos repartida, por lo que las audiencias también cambiaron mucho. Lo que sí creo es que evolucionamos hacia una desafección total. Estamos perdiendo el crédito de los gallegos y de las gallegas, desapegándonos a pasos agigantados.

Usted siempre se significó claramente en contra de la "manipulación" y del "control político" en los medios públicos...

Llevamos con los viernes negros desde 2018, pero nuestra guerra viene de mucho antes. Ya en 2011 habíamos hecho un telediario reivindicativo en la Praza do Toural que tuvo mucha repercusión. Las caras visibles de aquella acción, Alfonso Hermida y yo, fuimos amenazados con expedientes. Entonces ya denunciábamos que se aprobaba una ley de medios que amenazaba que la TVG y la Radio Galega siguieran siendo públicas, que se iba hacia una mayor privatización de los contenidos que hoy en día se está produciendo más que nunca.

¿Tanto es así?

Si examinamos la parrilla de la programación de la TVG la mayoría de los contenidos son de productoras ajenas. De producción propia tenemos los informativos y un programa cultural casi residual como el Zig Zag... Teníamos programas como O Agro o Labranza que eran mucho más extensos y que se fueron reduciendo al mínimo, y con Vivir o Mar, tres cuartos de lo mismo. Teníamos contenidos propios muy interesantes, que atendían a sectores fundamentales para el país que ahora no tienen representación.

¿A qué cree que se debe esta apuesta de la corporación?

La directora lo dijo claramente en su última comparecencia en el Parlamento, donde anunció que íbamos hacia una mayor privatización e incluso que habría más contenidos externalizados también en la Radio Galega. Creo que la razón fundamental es que esa es una manera mucho más fácil de controlar la información porque los productos que compras ya exiges que sean de una determinada manera. Dentro saben que hay una masa de trabajadores que seguimos luchando, intentando ser lo más honestos, plurales y transparentes con lo que debe ser nuestra profesión, pero el producto que compras fuera es mucho más fácil de controlar, evidentemente.

Defende A Galega y usted misma insisten también en el aumento de la manipulación informativa...

Es una deriva que viene desde la anterior dirección, que decidió controlar el discurso y ser el altavoz del partido que está en el Gobierno de la Xunta. Hay un control continuo del relato de cualquier cuestión crítica con cualquier política del Gobierno actual: se oculta o se tergiversa. Si la maquinaria manipuladora funciona, también es gracias al ejército de mercenarios a sueldo que existe y existirá. La dirección premia el servilismo y la sumisión, con pluses y cargos, y castiga la profesionalidad, la valía.

¿Con qué consecuencias?

Lo vimos y lo estamos viendo, por ejemplo, con las manifestaciones por la sanidad pública o por la educación pública. Son servicios esenciales sobre los que debería haber una cobertura acorde con la dimensión que tienen, pero estamos más pendientes de asuntos de Madrid y de desprestigiar al Gobierno de España que de lo que ocurre aquí, de las cosas que afectan realmente a los gallegos. Les estamos dando la espalda constantemente, y más que nunca... Y eso también se nota en la desafección que muestran las audiencias.

¿Son tan malas las audiencias de la TVG?

Los datos son los que son, pero también son muy manejables porque al final todas las cadenas son líderes de audiencia dependiendo de cómo hagas la lectura de las cifras. Pero hay termómetros que son verídicos y reales y yo tengo dos: uno es el de mis padres, que siempre vieron la TVG y son el prototipo de espectadores de la gallega, pero que ya no la ven. Les aburre, no les interesa... No hay información local, además, porque fueron cerrando delegaciones, y únicamente se atienden cuestiones si son para sacarles los colores a un determinado ayuntamiento que no está gobernado por el partido que gobierna la Xunta. En cambio, cuando en uno de estos municipios hay algo digno de darle visibilidad, pues no se le da. Cuando esto ocurre, cuando no encuentras información, la gente la busca en otros lados.

¿Cuál es el otro termómetro?

Desde que me apartaron y me vetaron en pantalla, trabajo en la redacción de Galicia Noticias, que supone recorrer cantidad de aldeas y municipios. Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta, y ahora no está en casi ninguno. Hay muy pocas tabernas donde encuentres la gallega... Y eso, para mí, es un dato muy objetivo de lo que ocurre.

Habla de que fue apartada, una situación que dijeron vivir otros profesionales y que fue denunciada por personal de la TVG. ¿Son represalias por movilizarse?

Sí, fueron represalias. Si haces repaso de las personas que éramos caras visibles en la TVG en 2018 y que luego nos vinculamos e implicamos en Defende A Galega, no queda ninguno en pantalla. Algunos se marcharon por decisión propia, como Alfonso Hermida o Tati Moyano, que dimitieron como presentadores precisamente por discrepancias con la línea editorial, y otros fueron apartados con maniobras vulgares, alegando que había que renovar las caras y cosas así. Yo pedí quedarme como redactora en Galicia Noticias. Luego hay casos de gente que se significó en los viernes negros, que se sacó fotos con Defende A Galega y a quienes les dieron un toque... Dejaron de participar o implicarse en las protestas y siguen saliendo en pantalla.

Entiendo que la situación del personal no debe de ser fácil...

No es fácil, no. Ahora mismo el clima es muy tóxico. Siempre digo que esta empresa tuvo y tiene un comportamiento bélico. Ya en los comienzos tuvimos que luchar para que se nos reconociesen nuestros derechos, nuestras antigüedades, para ser contratados por la CRTVG y no a través de subcontratas... Y los tribunales nos dieron la razón, en unos casos por cesión ilegal, en otros por contratación fraudulenta porque encadenábamos contratos de obra... La empresa se dedicó a recurrir sentencias favorables, actuando como una maquinaria contra la plantilla.

¿Cómo se lleva esa circunstancia, querer trabajar de una manera y no poder hacerlo?

Nosotros queremos hacer nuestro trabajo como debe ser, siendo lo más rigurosos, honestos, plurales e independientes posible, pero no nos dejan. Si protestas o levantas la voz, eres apartado para que tengas menos visibilidad. Incluso hay gente que no tiene carga de trabajo, personal al que castigan prohibiéndoles hacer su labor. Yo y muchos de los que alzamos la voz contra la manipulación tenemos conciencia de ser servicio público y de que debemos ser honestos con los gallegos y gallegas porque nos debemos a ellos. Desgraciadamente, la dirección no trabaja en ese sentido, sino en el de agradar y no enfadar al partido del Gobierno, por lo tanto se anula cualquier opción de crítica, de cuestionamiento al poder.

¿No se está perdiendo mucha valía profesional en los medios públicos gallegos?

¡Claro! Hay compañeros que son brillantes, monstruos televisivos, que no tienen carga de trabajo o que no cubren aquello en lo que son expertos. Pienso en Ana Expósito, una referente en Galicia de la información internacional, que cubrió muchos conflictos bélicos, que recibió numerosos premios y a quien tenían castigada por alzar la voz y protestar por querer hacer su trabajo. La apartaron de la información internacional cuando es la que más sabe. Es absurdo, algo que no pasaría en ninguna empresa privada. Si una profesional es buena, cuentas con ella y ya la castigarás trabajando más... Pero aquí no, aquí lo que hacen es humillarte profesionalmente, no dándote carga de trabajo mientras ves que se paga a una productora externa por emplear los medios de la compañía para hacer el trabajo que otras personas, ya contratadas y dentro del presupuesto de los medios públicos, ya cubrían. Es lo que pasó con los programas A Revista u O Termómetro, casos flagrantes.

¿Siente que se están desaprovechando los medios y los profesionales, que se podría hacer mucho más en cuanto a la información política, deportiva, cultural...?

Es que no hay ningún espacio crítico. Se emite en la G2 el coloquio político que hay en la Radio Galega, algo totalmente residual, cuando en la televisión pública debería fomentarse precisamente el debate político y tener espacios críticos. Pero aquí cualquier voz susceptible de ser crítica con el Gobierno de la Xunta es aplacada.

¿Qué siente cuando escucha a Feijóo o a Tellado denunciar manipulación y control político en TVE?

Me da urticaria. Ves lo que ellos implementaron en los medios públicos gallegos y, claro, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver un toro en el tuyo? Es absolutamente indignante, porque además llevamos muchos años en la lucha... Y entendemos que mucha gente se baje del carro.

¿Es complejo mantener la movilización, el ánimo?

Es que hay un cansancio psicológico también. Hay incluso gente que enfermó por la situación que estamos viviendo. Si quieres hacer tu trabajo, si te gusta tu trabajo y no te dejan hacerlo... Eso es algo muy deprimente, demoledor. Es muy fácil decir que somos funcionarios, que vamos a cobrar igual a fin de mes... Pero no poder hacer lo que te gusta hacer es muy triste.

¿Cómo ve el futuro a medio plazo en los medios públicos gallegos?

Hay un ambiente muy tóxico, desesperanzador, porque cada vez vamos a peor, la sensación de que esto no tiene forma de mejorar. El futuro que veo es que cada vez vamos a estar más acorralados, con un control más férreo y con unos medios públicos que tienden a tener audiencias ridículas. Pero no hay voluntad por cambiar nada y cuando no hay voluntad... Además, también hay mucha autocensura por parte de los directivos, que ponen el parche antes de la herida para no molestar al político que toque. Hay temas que, a lo largo de toda mi carrera, no se tocaron nunca.

¿Por ejemplo?

La educación y la sanidad, dos de los grandes servicios públicos, fundamentales para la sociedad. Si hay protestas en un colegio porque no tienen profesores de apoyo o les pasa cualquier cosa, esa información no se da. Y todos los problemas con las listas de espera o falta de atención en los centros de salud no se tocan en absoluto. Creo que los gallegos tienen derecho a saber lo que está pasando y a verlo reflejado, que tenga visibilidad en los medios públicos. ¡Porque los pagan ellos! Nos debemos a la sociedad, no a los políticos. La gente es la verdadera propietaria de los medios públicos y todos tienen que sentirse representados, pero cuando hay una voz discordante, esa no va a estar presente nunca.

¿No parece fácil cambiar la situación, entonces?

Al tener el PP mayoría absoluta, y por lo tanto también en el Consejo de Administración, cualquier crítica, cuestionamiento a la gestión, aunque sea por parte de la oposición en la comisión de control, por ejemplo, cae en saco roto. El problema de la actual dirección es la prepotencia y la carencia total de autocrítica. Además, carecemos de órganos como un Consejo de Redacción que velase y garantizase el cumplimiento de nuestro deber como medio de comunicación público.

Este sábado han aparecido pintadas en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena, que amenazan de muerte a la periodista y analista política Sarah Santaolalla. Así lo ha denunciado Diario Sabemos, que ha publicado en la red social X una imagen del vandalismo: en letras rojas puede leerse "Sara Santaolalla RIP", a la derecha de la placa conmemorativa de las Trece Rosas.

La propia afectada se ha pronunciado en redes sociales, denunciando que lo ocurrido "no es casualidad" y que siente "auténtico terror".

Las Trece Rosas fueron trece jóvenes militantes comunistas, encarceladas en la prisión de Ventas en Madrid y fusiladas por el régimen franquista en 1939. Son recordadas y homenajeadas como un símbolo de resistencia frente a la opresión. Santaolalla las describe como "mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y negarse a doblegarse", y por ello no considera una coincidencia que la amenaza a su integridad haya ocurrido en la tumba de las trece combatientes.

El PSOE de Madrid también se ha pronunciado en la red social X, para mostrar su apoyo a la comunicadora y lamentar que haya personas en España que no toleren que "las mujeres sean libres para expresar su opinión sin miedo a ser señaladas".

Esta intimidación contra la analista no es un caso aislado, sino que se enmarca en una oleada de ataques de odio que viene sufriendo. El último episodio de esta campaña machista se registró este viernes, cuando Santaolalla denunció que el influencer de ultraderecha Vito Quiles la había seguido en un Mercedes hasta la puerta de su domicilio.

Santaolalla publicó lo ocurrido en redes sociales y narró los hechos en el programa de televisión Malas Lenguas, además de informar que ya había acudido a comisaría a denunciar el acoso del agitador de ultraderecha.

El pasado jueves, Sarah Santaolalla también sufrió un ataque machista por parte de Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, durante un enfrentamiento en el programa de Cuatro En boca de todos. La diputada madrileña arremetió contra la tertuliana, criticando las fotos que publica en redes sociales. “Enseñando los cocos con el escote hasta aquí”, especificó Vigil para ridiculizar a su interlocutora.

Tras finalizar el choque, Santaolalla denunció como intolerable el uso de su "forma de vestir para atacarme y mi físico para humillarme" y añadió que esperaba "la condena de su partido". Nacho Abad, el mediador del programa, dio la oportunidad a Elisa Vigil de rectificar, aunque la diputada se negó en rotundo y el PP no se ha pronunciado al respecto.

Medio siglo después de que llegara la democracia a España, el cómo se hizo vuelve a ser objeto de debate. Unos dicen que no había alternativas, otros que fue una continuación del franquismo. Algunos, como el rey emérito, aseguran que lo hicieron ellos solos, y desde una parte del mundo de la cultura se vuelve a reclamar la figura de Adolfo Suárez como autor de la democracia española, con series como Anatomía de un Instante (basada en la novela de Javier Cercas) o documentales como Voladura 76, de RTVE. 

Se ha hablado mucho de todo ello, pero hay un elemento indispensable para el conjunto del plan al que no se le da tanta importancia: la televisión. Como centro neurálgico de los salones españoles y con tan solo dos cadenas, su capacidad para hacer llegar un mensaje era enorme. Y Suárez lo sabía. “Era una revolución, la gente podía ver que existía la democracia, porque lo decía la televisión”, apunta Virginia Martín Jiménez, profesora de Historia del Periodismo de la Universidad de Valladolid y autora del libro Televisión Española y la Transición democrática. Aun así, se daba una paradoja: en la nueva era de la democracia, los medios estaban siendo controlados por el Estado. 

Este control es (y era) conocido por todos, según la escritora. La influencia que tenía sobre las casas españolas, también. Moldeaban el debate e introducían los temas que querían en la agenda, para vender la nueva idea de democracia y la recién conquistada libertad de expresión (aunque solo para algunos), asegura Martín Jiménez. Poco queda de esta dinámica de poder estatal. De hecho, el informe sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras da a España un 77,35 de puntuación, el puesto 23 de todo el mundo. 

Sin embargo, esto no nos libra de que nuestras fuentes de información estén controladas por una pequeña (y poderosa) élite. El teléfono, y más concretamente, las redes sociales, avanzan a pasos agigantados para sustituir en influencia a lo que era antes la televisión. En España, un 55% de los ciudadanos acuden a estas plataformas en busca de información, según datos del Estudio de Redes Sociales 2025 realizado por IAB Spain.

Esta información es de todos, pero quien moldea el debate siguen sin ser los ciudadanos. Empresarios como Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) y Mark Zuckerberg, de Meta, son los encargados de esa tarea. Ambos han sido acusados de apoyar ciertas políticas de la extrema derecha a través del diseño de sus algoritmos (o directamente en publicaciones propias) para así beneficiar a unos u otros en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo.

No es sorpresa para nadie. Musk fue uno de los mayores inversores de la campaña de 2024 del ahora presidente e, incluso, llegó a formar parte del Gobierno. Zuckerberg, por su parte, donó un millón de dólares al mandatario para su investidura. Estos beneficios políticos se relacionan con el propósito de todos o de la mayoría de los empresarios: ganar dinero. Y las redes son un método más para conseguirlo. “El interés económico de sacar más provecho de las interacciones en las redes sociales, es lo que ha llevado a la polarización y desinformación que vemos ahora mismo”, asegura Andrea Rosales Climent, profesora de estudios de la comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Pero, ¿esto es tan nuevo cómo parece? Las redes han venido para cambiarlo todo y, aun así, esto recuerda a los tiempos de Suárez, según las expertas. “En la televisión de la Transición no había democracia. Con las redes sociales pensábamos que iban a ser un gran foro de debate, pero ahora estamos viendo justo lo contrario. La gente que veía la televisión en la época de Suárez era consciente de que la controlaba el gobierno. Pero ahora, con las redes hay una falsa sensación de libertad, pero no somos conscientes de los intereses que hay detrás, tenemos la falsa sensación de que hay democracia”, apunta Virginia Martín Jiménez.

Para la televisión, mucho ha cambiado desde el 75 en España. Con la llegada de plataformas como Netflix o HBO, su consumo ha bajado y con ello, su impacto e influencia en las casas españolas también. De hecho, solo un 20% de la población considera el peso de la televisión decisivo, según datos del Digital News Report de España, elaborado por la Universidad de Navarra. En contraposición, se van consolidando las redes sociales, que son la segunda fuente de información más común, con un 46%.

Según datos del Análisis de Audiencias TV de 2025, elaborado por la consultoría de comunicación Barlovento Comunicación, la cantidad media de minutos que los españoles pasan frente al televisor está cayendo. En 2025, la media estaba en los 171 minutos diarios, 10 menos que en el 2023. El Estudio General de Medios también acredita esta tendencia. En su última edición, la televisión ha englobado el 79,3% de la audiencia, una cifra muy alta, pero que queda lejos del nuevo líder entre el consumo de información: Internet, que acapara el 90,7%.

“La era de la televisión ha concluido. Ya no tiene público apenas en sí, pero debe pensarse que las empresas globales incluyen medios distintos y distribuyen funciones para redes sociales y televisión”, asegura Vicente Sánchez-Biosca, historiador y profesor universitario. 

A la pérdida de atención, se suma la falta de un consenso por los contenidos que se consumen, algo completamente opuesto a la falta de oferta en el 75. La homogeneización que supuso la falta de cadenas en la Transición se ha perdido, con la fragmentación de los medios y, en consecuencia, del discurso. El 38% de las personas encuestadas por la Universidad de Navarra declaran que sólo confía en las noticias concretas que consulta en un medio específico, acorde a su ideología.

La desinformación y el control por parte de magnates, junto con una personalización de la información que hace que cada uno estemos a lo nuestro, conforma un cóctel molotov que puede hacer creer que la posibilidad para el debate o la información más rigurosa dentro de la cultura de masas se ha acabado justo ahora. Sin embargo, esta situación no es nueva y viene produciéndose desde hace mucho. “Las redes sociales no son un espacio para el debate, pero tampoco lo es la televisión y nunca lo ha sido, es un lugar en el que se descalifica y en que cada medio tiene una orientación política, por lo que se difunden los contenidos con los que están de acuerdo”, argumenta Rosales Climent.  

Aunque se ha comprobado que las redes sociales sí que pueden generar una movilización que permita el cambio social, como se ha visto con las protestas de la Generación Z en Asia, realmente tampoco son el método más propicio para ello por los intereses que pueden esconder sus dueños, asegura la profesora de la UOC. “Si hablamos de movilización de la ciudadanía, el mundo de las redes sociales es completamente distinto. En España solo había una televisión pública y esto servía para unificar el mensaje. En el mundo digital es todo muy diverso, es infinito. En este sentido no es comparable, desde el lado del cambio y la manipulación, las redes son más potentes. Ahora, estamos viendo que hay un interés por desinformar porque hay grandes intereses moviéndose”, zanja Martín Jiménez.     

La ceremonia de entrega de los Óscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios, la de 2029, y finalizará en 2033, según señaló la academia este miércoles en un comunicado. Lo que supone que la cadena ABC, que se ha ocupado de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028. Y no solo será la ceremonia de los Óscar, sino todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado. Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

De esta manera, la audiencia potencial de los Óscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas.

Además, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a los elementos digitalizados de la Colección de la Academia, la mayor de tema cinematográfico del mundo, con más de 52 millones de piezas. "Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Mientras que el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Óscar "son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística".

El cómico Andreu Buenafuente y la actriz Silvia Abril no presentarán las Campanadas de TVE debido a la baja médica del también presentador catalán por motivos de estrés, según ha informado este viernes a través de las redes sociales de su productora, El Terrat, y recoge EFE.

"Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos en los que yo mismo creo. Hubo un momento en el que no pude y mi cuerpo me pidió parar. Quiero agradecer a los profesionales que me están ayudando y la gente que me rodea, cada gotita es una vitamina. Gracias por el respeto, es muy emocionante", ha explicado Buenafuente en un vídeo.

El cómico también ha querido agradecer el apoyo recibido por el público y la cadena de televisión pública en su proceso de "recuperación" porque "no es fácil para una máquina de entretenimiento", en sus palabras. 

"No creo que tenga que acelerar mi recuperación para hacer lo que tengo que hacer, tengo que estar feliz y por eso voy a seguir recuperándome y cuando sea posible volver, que sea. No sé qué va a pasar, pero la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que ha parado por estrés. Me encanta lo que hago y quiero comunicar que no haremos las Campanadas, pero habrá más cosas en el futuro cuando uno esté en disposición", ha concluido. 

El pasado 21 de noviembre, el cómico y presentador anunció un parón de su agenda profesional para descansar y recuperarse por exceso de carga de trabajo y por prescripción médica.

Entonces, fuentes de RTVE precisaron que Buenafuente paraba temporalmente su programa en La 1, Futuro Imperfecto, pero que seguiría adelante con el compromiso de estar al frente, junto a la también cómica Silvia Abril, del espacio televisivo que dará la bienvenida al Año Nuevo desde la Puerta del Sol de Madrid, lo que finalmente no podrá llevar a cabo.

Gaza ha dejado de ser protagonista en los telediarios. Ha pasado un mes desde que Benjamín Netanyahu y Donald Trump se sentaron a negociar un alto el fuego y pudiera parecer que el genocidio ha terminado. Nada más lejos de la realidad. El acuerdo de paz se ha vendido como la gran resolución para la situación de Gaza, y aun así, la masacre continúa, con un plan de paz que pende de un hilo y un Netanyahu que se lo salta prácticamente a diario. 

Aun con los constantes ataques, la actualidad mediática se ha impuesto ante la cobertura de los hechos. La sobrecogedora información que inundaba todas las pantallas hace escasas semanas, ahora se ha reducido a unos breves segundos en la sección de internacional de los telediarios. 

Por poner un ejemplo: el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el tiempo dedicado a Gaza en cada uno de los programas no llegaba al minuto de duración, si es que se incluía la información. En cuando al formato, la imagen también ha cambiado. Si hace unos días había corresponsales en las inmediaciones de la Franja retransmitiendo, ahora se ha dado paso a vídeos de agencias y a recurrir a testimonios de palestinos. 

La perspectiva de una posible resolución al conflicto con el llamado plan de paz ha sido la excusa perfecta para dejar de poner el foco en algo que no parece que vaya a terminar pronto. Más de 260 palestinos han sido asesinados desde que se firmó el alto el fuego, según el Ministerio de Salud gazatí. La mayoría por cruzar la denominada línea amarilla, una especie de frontera dibujada por Israel que delimita la zona que sigue bajo su control y que ocupa casi la mitad del territorio. Para el ejército israelí, personas que estaban tratando de llegar a sus casas para intentar recuperar lo poco que quedaba de ellas eran “amenazas a su seguridad”, como han justificado en varios de los ataques.

Aun así, los medios empiezan a mirar hacia otro lado y comienzan a olvidarse del genocidio. Con ello, se corre el riesgo de que la ciudadanía haga lo mismo. A pesar de las movilizaciones masivas que se han visto hasta ahora, la presión social puede caer, advierte Javier Marín, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y experto en relaciones internacionales, si se deja de poner la atención mediática en Palestina. “Los ciudadanos tienden a evaluar la realidad a través de la información que reciben. Es decir, poco a poco el tema de Gaza tenderá a desaparecer de las conversaciones y de los temas que podemos considerar importantes”, argumenta Marín. 

Esto también es consecuencia de la fatiga y la saturación informativa que se vivía desde hace tiempo. Con las noticias especialmente duras y que están en la agenda mediática durante mucho tiempo se puede generar un rechazo ante la cantidad de horror que los espectadores ven constantemente, según recoge Christina Schumann en un artículo del Instituto de Ciencias de la Comunicación y los Medios de la Universidad de Ilmenau en Alemania. 

Desde hace varios años se viene observando un fenómeno de rechazo social a la información. En el informe Digital News Report de 2025 elaborado por Reuters, se recoge que un 40% de la población evita las noticias y, de ellos, un 30% argumenta que es por el desgaste emocional que suponen las que cubren guerras o conflictos internacionales. 

El alto el fuego llega para dar un respiro a una ciudadanía que ya no podía ver lo que estaba sucediendo. Cuando los conflictos parecen estar en fase de resolución y superan su momento más álgido, dejar de informar de ello parece natural. Sin embargo, cuando se trata de Gaza, esto aumenta la impunidad de quienes quieren continuar la masacre, denuncian los expertos.

El silencio que genera el segundo plano de Gaza en lo mediático tiene como principal beneficiario a Netanyahu. “La versión israelí se ha caído por los suelos, y el acuerdo de paz ha servido para suavizar la crítica e intentar acallar la protesta, que cada vez se ha hecho más notable en las ciudades europeas y en el mundo occidental, ante la actitud cómplice de muchos de sus gobiernos”, razona Teresa Aranguren, periodista especializada en Oriente Próximo. 

La falta de información fiable y profesionales en el terreno aumenta aún más el riesgo de que se imponga el relato ante los hechos, alertan los expertos. Por ello, el papel del periodista es estar en alerta constante para evitar caer en una versión que, aunque esté ideada por Netanyahu, otros países como Estados Unidos compran sin preguntar antes, denuncia Aranguren. 

El poder de Israel sigue siendo palpable internacionalmente, con aliados como Estados Unidos o Alemania. “Hay una predisposición a aceptar las excusas israelíes, la versión israelí que justifica la atrocidad de un genocidio o que niega que se este cometiendo uno”, señala Aranguren. Los medios mayoritarios también están cayendo en esto ya que, según señala la periodista, dependen de la propaganda de Israel o Estados Unidos debido a la escasez de otras versiones de los hechos o datos con los que contrastar lo sucedido. 

Con una figura como la del mandatario estadounidense apoyando a Netanyahu, la agenda mediática sobre Palestina se puede desviar hacia lo que ambos consideren oportuno. Con sus constantes golpes en la mesa y llamadas de atención, las noticias cada vez se basan más en lo que dice o deja de decir Trump en lugar de en los hechos. Así lo constata Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras: “Todos los mandatarios de las grandes potencias intentan desviar la atención mediática, pero Trump es el mayor experto en esto”, razona.

El Estado de Israel siempre ha tenido la intención de ocultar lo que estaba pasando y precisamente “hay versiones que se elaboran para ello, para ocultar la realidad. Esa versión israelí por desgracia ha sido demasiado occidentalizada”, se lamenta Aranguren.

A su vez, la ley antiterrorista les permite limitar la libertad de prensa como consideren. Desde 2023, Israel castiga a las personas que "consuman de forma sistemática y continuada publicaciones terroristas" o difundan "un llamamiento directo a cometer un acto terrorista". Otra de sus leyes estrella permite prohibir aquellos medios extranjeros que supongan una amenaza a “la seguridad nacional”. Traducción: Israel impide trabajar a todos los medios que sean desfavorables a su Gobierno. 

El pasado octubre echó a andar La 2 Cat, el canal de Televisión Española con programación mayoritariamente en catalán (un 70% de inicio) bajo el lema La que parla com tu (la que habla como tú). La corporación estatal encuadró este lanzamiento en un incremento del compromiso con los idiomas oficiales del Estado diferentes del castellano. Y, desde Galicia, las voces que apuestan por más contenidos en gallego en TVE —caso de A Mesa pola Normalización Lingüística— señalaron La 2 Cat como modelo también para el país gallego en un contexto en el que, en fechas recientes, agradecieron que el actual presidente “empiece a cumplir compromisos” respecto a nuestra lengua.

La posibilidad de un canal televisivo en gallego más allá de los dos de la TVG planeó este pasado lunes en Donostia durante la constitución del nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales, el órgano estatal que sustituye al creado en 2007 por el Gobierno de Zapatero —prácticamente desactivado en tiempos de Rajoy y que volvió a funcionar en los últimos años—. Así lo evidenció el secretario xeral da Lingua de la Xunta, Valentín García, representante del Ejecutivo gallego en el encuentro.

El nuevo Consejo nace, al amparo de un real decreto dictado el pasado septiembre, con novedades como la incorporación, en calidad de miembros de pleno derecho, de los Gobiernos de las autonomías con lenguas propias oficiales. Como representante gallego, informa la Secretaría Xeral, García trasladó “la importancia de que los programas de gestión del Estado atiendan a la realidad plurilingüe” en ámbitos como la Justicia, pero también en la televisión.

“Se hizo hincapié —destaca Lingua— en la necesidad de que los idiomas oficiales como el gallego tengan una mayor presencia en las corporaciones de radio y televisión públicas”. En este sentido, destacó García, “acabamos de ver cómo Televisión Española firmó un convenio con la Generalitat para la creación de un canal generalista en catalán y vemos significativo que este compromiso se extienda a todas las lenguas oficiales”.

El secretario xeral se mostró favorable a esta reivindicación en un contexto en el que, dice, el nuevo Consejo puede ser también un “gran observatorio” en el que “todos podemos aportar para que todas las lenguas oficiales ocupen el lugar que merecen en la vida pública”. El “pacto por la lengua” que, dice, ultima su departamento, se encuadra también en esa dirección.

En los compromisos de RTVE puso también el foco en la reunión el presidente de la Real Academia Galega (RAG). En su intervención ante el Consejo, informa la RAG, Henrique Monteagudo “solicitó que se agilice la incorporación del gallego a la oferta de RTVE, de manera especial en la dirigida al público infantil a través de Clan TVE”.

“La representación del ente público —agrega la Academia— confirmó que, tal como se anunció el pasado mes de enero, se está trabajando para cumplir con este compromiso”. Considera la institución que “constituye una contribución muy relevante para frenar la pérdida de gallegohablantes en los primeros años de vida y para que los niños y niñas castellanohablantes se familiaricen con la lengua propia de Galicia”. Monteagudo resalta, asimismo, que las academias puedan tener asiento en el Consejo.

Desde Galicia acudió también al estreno del nuevo Consejo el delegado del Gobierno de España, Pedro Blanco. “Vamos a seguir trabajando para que hablar gallego sea un ejercicio pleno de libertad de derechos lingüísticos reconocidos y garantizados”, sostiene en un contexto en el que, asegura, ese “compromiso” se “materializa en medidas concretas” como permitir el uso de los idiomas oficiales más allá del castellano en el Congreso, el apoyo económico a la Real Academia Galega o la aportación de 2 millones de euros de fondos europeos de recuperación al Proxecto Nós.

El órgano que ahora echa a andar, agrega Blanco, concibe el gallego “como un motivo de unión y no de división” y por eso, dice, el Gobierno de España “reclama a la Xunta más implicación y ambición en las políticas lingüísticas”. “La situación actual del gallego es preocupante”, especialmente entre la juventud, resalta, y por eso es necesario “trabajar conjuntamente para que el gallego tenga el espacio y el respeto que merece”.

El pasado mes, Antena 3, con un 13,1 % de cuota de pantalla, se mantiene como cadena líder, mientras que La 1, con el 12,3 %, ocupa la segunda posición y registra su mejor octubre de los últimos 14 años. Telecinco se sitúa en tercer lugar, con el 9,4 %, y el cuarto puesto es para las autonómicas, con una cuota del 8,4 %.

Según el informe mensual de octubre del comportamiento de los espectadores en televisión de Barlovento Comunicación publicado este sábado, la emisión más vista del mes fue el partido de fútbol para la clasificación del mundial España-Bulgaria, emitido en La 1 el 14 de octubre, que logró un 30,1 % de cuota de pantalla y 3,8 millones de espectadores.

El minuto de oro se produjo, concretamente, durante esa emisión (a las 22:18 horas) con una audiencia de 4,4 millones.

En la clasificación de audiencia de las cadenas en abierto, el quinto y sexto lugar lo ocupan, respectivamente, LaSexta (5,9 % de cuota) y Cuatro (5,8 %).

Los informativos diarios más vistos en España siguen siendo los de Antena 3, que se mantienen ininterrumpidamente como los de mayor audiencia desde hace 6 años y 10 meses, con una media de 1.928.000 espectadores y 19,4 % de cuota de pantalla.

El tiempo de consumo diario por espectador (los que ven la televisión cada día) fue de 274 minutos, 12 menos que octubre de 2024.

Según el informe, en octubre se detectaron 43 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 91,4 % de la población.

De hecho, 26,9 millones de españoles -el 57,1 % de la población- ven cada día la televisión tradicional al menos durante un minuto.

Por el contrario, hay 4 millones de 'telefóbicos', el 9 % de la población, que no la vio en ningún momento el pasado mes.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen la televisión son los mayores de 64 años, que la ven 307 minutos por día, y las mujeres, que lo hacen 169 minutos diarios.

Por regiones, destacan Asturias, con 189 minutos de consumo diario, y Galicia, con 185 minutos.

El tiempo de consumo híbrido de la televisión (otros consumos audiovisuales como las plataformas de 'streaming', de vídeo, contenidos grabados, juegos o radio fue de 52 minutos por persona al día, dos minutos más que el año pasado.

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usó el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional, fue de 3.430.000 espectadores.

Respecto a las cadenas autonómicas, Aragón TV encabeza el 'ranking' con una cuota de pantalla en sus ámbitos de emisión del 15,1 %, seguida de TV3 (con el 14,1 %) y Canal Sur (con el 9,3 %).

A estas le siguen ETB2 (8,1 %), TVG (7,7 %), CMM (6,2 %), TVCAN (6,2 %), Telemadrid (5,1 %), IB3 (4,7 %) y Canal Extremadura TV (4,1 %), entre las diez primeras.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 11 % de cuota, siendo la más vista Dazn LaLiga (0,5 %), Laliga TV por M+ (0,3 %) y Star Channel (0,2 %).

Algo está pasando en el mercado publicitario. Hace años que la televisión lineal en abierto —la que no permite a los espectadores elegir los contenidos y llega a los hogares fundamentalmente a través de la TDT— está perdiendo audiencia, sometida a la presión del consumo en streaming y de la competencia de otros usos del televisor, como las consolas de videojuegos. Pero esta tendencia no se había traducido nunca en pérdida de ingresos publicitarios. Hasta ahora.

El informe de InfoAdex –empresa española especializada en el control, análisis y seguimiento de la inversión publicitaria en medios– correspondiente a los seis primeros meses de 2025 asegura que la televisión, aunque sigue ocupando la primera posición por volumen de inversión publicitaria, ha experimentado por primera vez en años un decrecimiento del -5,9%, hasta sumar 886,1 millones de euros (55,5 millones menos que en el mismo período de 2024). De controlar el 32,5% de la tarta publicitaria nacional, las televisiones han pasado al 30,6%.

En televisión lineal, la caída es aún más significativa: -8,3%. Los grandes grupos privados (Atresmedia y Mediaset España) caen alrededor de un -8%/-9%. Las autonómicas bajan apenas un -0,3%, y los canales de pago, un -4,2%.

Este informe es el principal estudio anual sobre la inversión publicitaria en España. Se publica desde hace más de dos décadas y es una referencia para entender la evolución del mercado publicitario, tanto para medios de comunicación como para agencias, anunciantes y administraciones.

La tendencia es opuesta a la registrada el año pasado. Entonces, la televisión consiguió incrementar un 2,1% sus ingresos por publicidad. La pérdida de estos ingresos en los seis primeros meses de 2025 contrasta con la evolución del total del mercado publicitario, que, si bien parece haberse estancado, apenas bajó un 0,3% en el primer semestre, alcanzando una cifra de 2.892,2 millones de euros, frente a los 2.900,4 millones del período enero-junio de 2024.

Lo más llamativo, en todo caso, son los datos de los meses de julio y agosto, los últimos publicados por InfoAdex. En el mes de julio, la caída de la inversión publicitaria en televisiones, en comparación con el mismo mes de 2024, fue del 10%, y en agosto, del 15,3%. Es verdad que InfoAdex registra una caída general (-2,1% en julio y -2,2% en agosto), pero las cifras de televisión son, con mucho, las más acusadas. De hecho, las revistas (con un 7%) y los sitios de Internet que no son soportes digitales de los medios —entre los que está YouTube (con un 11%)— crecieron sin problemas en julio y confirmaron esta tendencia en agosto.

Según los datos de 2024, la inversión publicitaria total en España fue de 13.080,8 millones de euros, un 3,8% más que el año precedente. Los medios controlados (televisión, radio, prensa, etc.) representaron el 47,3% del total, con 6.186,8 millones de euros (+4,2%). Los medios estimados (como marketing telefónico, patrocinio, emailing, etc.) aportaron el 52,7% restante, con 6.894 millones de euros (+3,4%).

Por detrás de la televisión, que en 2024 se llevó el 30,0% de la inversión en medios controlados, están los buscadores (977,2 millones y un incremento del 2,7%), las redes sociales (856,3 millones, +8,5%), los diarios y dominicales (749,1 millones, -3,7%), la radio y el audio digital (575,2 millones, +7,4%), los sitios de Internet que no son soportes digitales de los medios —entre los que está YouTube— (502,4 millones, +17,7%), los soportes de exterior (432,0 millones, +6,2%), las revistas (214,2 millones, +1,7%) y el cine (23,2 millones; +13,6%).

La acusada pérdida de ingresos publicitarios, si no se corrige en lo que queda de año, representa un problema para las cadenas privadas, muy dependientes de los anuncios. A ello hay que añadir el auge de los canales de TVE (La 1, La 2, 24 Horas y, desde hace pocas semanas, 2Cat).

Las cadenas públicas españolas no compiten por publicidad —no pueden emitirla por ley—, pero cuando aumentan su cuota de audiencia suelen hacerlo a costa de las privadas. Eso significa que los anuncios que aparecen en Antena 3, Cuatro, La Sexta o Telecinco tienen menos valor, porque llegan a menos público. Es lo que los anunciantes llaman coste por impacto publicitario (CPI), que se utiliza para medir la eficiencia de la inversión publicitaria: cuánto cuesta que una persona (o mil personas) vea un anuncio en televisión.

El CPI afecta al reparto de la tarta publicitaria. Si aumenta en televisión (porque hay menor audiencia o mayor saturación), los anunciantes tienden a migrar a medios digitales, donde el coste por impacto suele ser menor y la segmentación más precisa.

En España, el coste por impacto televisivo ha ido aumentando en las cadenas privadas por la pérdida de audiencia lineal y por la presión de RTVE, que gana cuota sin depender de ingresos publicitarios. Además, las plataformas digitales y el streaming ofrecen una competencia feroz: permiten segmentar y medir mucho mejor la eficacia, reduciendo el atractivo del coste por impacto televisivo tradicional.

Una consecuencia adicional e inesperada del retroceso de los ingresos publicitarios de la televisión es que puede hacer menos atractivo el concurso convocado por el Gobierno para hacerse con una nueva licencia de televisión en abierto, para el que ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas. Quedan poco más de tres semanas (el plazo finaliza el 20 de noviembre) y, de momento, nadie ha confirmado que vaya a presentarse.

Un mercado publicitario en retroceso alimenta la incertidumbre sobre la rentabilidad futura del sector, entre otras cosas porque un proyecto de TDT necesita entre tres y cinco años para amortizar la inversión inicial. Muchos potenciales socios tecnológicos o financieros observan que la TDT es ya una tecnología en fase de declive y ven más futuro en el streaming.

Las audiencias son como transatlánticos: les cuesta cambiar de rumbo. Por eso llaman tanto la atención las cifras sin precedentes que está alcanzando la radiotelevisión pública en solo unos meses. El crecimiento de la audiencia de La1 de TVE en lo que va de año y, en particular, en las últimas semanas, sugiere que estamos a las puertas de un cambio de era en la comunicación audiovisual a través de la TDT en España. Después de cuatro años de dominio incontestable de Antena 3, la cadena controlada por la alianza entre los grupos Planeta y De Agostini, propiedad de la familia española Lara y la italiana Drago, los datos de la cadena pública coquetean con la posibilidad de volver a la primera posición de la tabla, un lugar que perdió hace quince años.

En los primeros quince días de octubre, La1 alcanzó una cuota de audiencia del 12,9%, una décima por encima de Antena 3, con dos días de picos muy notables que el viernes de la semana pasada llegaron al 16,2%, según datos de Kantar Media a los que ha tenido acceso infoLibre. La cadena pública ha hecho nada menos que 2,4 puntos porcentuales más que en las mismas fechas de 2024 y lo ha conseguido a pesar de que Antena 3 también ha mejorado dos décimas en comparación con el año pasado. Caen un punto La Sexta y cuatro décimas Telecinco. La2 gana tres décimas; Cuatro, dos; y el conjunto de las autonómicas se mantiene.

Marta Rodríguez Castro, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago (USC), atribuye enteramente estos buenos datos a la estrategia desplegada por el presidente de RTVE, José Pablo López, y su equipo. “Han apostado por jugar con las mismas cartas que sus competidores y han demostrado que pueden ser igual de habilidosos. El fichaje de rostros conocidos y consolidados, así como la apuesta por la información sin renunciar al entretenimiento de calidad, han sido factores fundamentales”.

La profesora de la USC reconoce que, en parte, TVE se ha beneficiado de la caída de audiencias de Telecinco, pero destaca que detrás del éxito de la cadena pública están también las decisiones de “actuar con cierto orgullo de servicio público, poniendo en valor su programación, enfrentándose de forma directa a Atresmedia y desprendiéndose de los estigmas que tradicionalmente habían perseguido a la corporación”, entre ellos la poca capacidad para innovar o para ofrecer contenidos atractivos para las audiencias.

“Habrá que continuar analizando la evolución de esta estrategia que, más allá de impulsar los datos de audiencia del medio público (objetivo que está consiguiendo), debe también conjugar los valores asociados al servicio público”, como la independencia, la universalidad, la diversidad o la rendición de cuentas. “Necesitamos análisis más cualitativos que nos permitan valorar si se está cumpliendo también con esta parte”, concluye Rodríguez Castro.

El éxito de La1 se asienta sobre el rendimiento de programas que compiten de tú a tú en sus franjas horarias con otros que han sido líderes en el pasado y con otros que todavía lo son algunos días. Desde La hora de la 1 (Silvia Intxaurrondo, con cifras por encima del 20%) a Mañaneros360 (Javier Ruiz y Adela González), pasando por Directo al Grano (Marta Flich y Gonzalo Miró) y Malas Lenguas (Jesús Cintora). Pero también se apoya en la buena respuesta del público a formatos de entretenimiento puro como La Revuelta (David Broncano), Futuro Imperfecto (Andreu Buenafuente) o el concurso Cuánto, cuánto, cuánto (Eva Soriano y Aníbal Gómez), además de las series de ficción Valle Salvaje, La Promesa y Sin Gluten.

La 1 crece en todas las comunidades autónomas, pero en particular en algunas de las gobernadas por el PP, como Aragón (2,7 puntos), Balears (2,7), Madrid (2,6) o Andalucía (2,3), además del bloque que Kantar Media califica como resto de España, formado por Extremadura, La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,5 puntos).

El avance de La1 es particularmente llamativo en la Comunidad de Madrid, en la que, en los quince primeros días de octubre, ha alcanzado una cuota del 17,3% (2,6 puntos porcentuales más que el año pasado en las mismas fechas). Son casi seis puntos más que su inmediata perseguidora (Antena 3) y un 226% más que la audiencia de TeleMadrid, la cadena pública controlada por Isabel Díaz Ayuso, que sigue estancada en un 5,3%, sólo por delante de La2.

No es la única comunidad con televisión en manos del Partido Popular en la que La1 está liderando y mejorando su presencia. En la Región de Murcia firmó una cuota del 14,7% (cinco décimas más que hace un año), arrebatando el primer puesto a Antena 3 (que está en un 14%; una caída de 1,1 puntos). Aquí, la autonómica 7TV está en un 3,8%.

En Galicia ha pasado lo mismo. La1 ha batido a su rival privada con un 11,7% de audiencia en la primera quincena de octubre (1,9 puntos más que en 2024). Antena 3 ha retrocedido aquí 1,2 puntos y la Televisión de Galicia (TVG), bajo un férreo control del Partido Popular desde los tiempos en que Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta, ha caído al 7,9% (casi dos puntos menos que hace un año).

La1 también se ha hecho con el liderazgo en Illes Balears con un espectacular 12,8% de cuota de pantalla (2,7 puntos más que hace un año). Y eso que en esta comunidad Antena 3 resiste (mantiene un 11,6%, aunque ahora en segundo lugar). La autonómica IB3, dominada por el PP, marcó un 5,1% en el mismo período.

La cadena pública domina también las cifras de audiencia en Navarra con un 16,2% (4,5 puntos porcentuales más que hace un año en las mismas fechas), muy por encima de la segunda (Antena 3, con un 12,7%). Y en el País Vasco, donde ha pasado en un año del 11,1 al 14,1%. En esta comunidad, Telecinco es segunda, con un 8,9%, aunque ha perdido tres décimas, seguida de cerca por Antena 3 (8,8%). ETB2, la emisora autonómica en español, cierra con un 8,3% (cuatro décimas más que en 2024).

En Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, que Kantar Media audita bajo el mismo epígrafe, La1 también supera a Antena 3 al pasar de un 12,7 a un 16,2% de audiencia (nada menos que 3,5 puntos adicionales). La cadena de Planeta cae con fuerza en el mismo período en la misma zona (de un 14,5 a un 12,5%).

En Andalucía, Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, comunidades también con televisiones autonómicas al servicio del Partido Popular (y en algunos casos de Vox), La1 también ha mejorado sustancialmente, pero todavía no ha conseguido el liderazgo.

En territorio andaluz domina con autoridad Antena 3 (14,3%, una décima más que hace un año), pero el avance de La1 es enorme: ha pasado de un 8,1 a un 10,3% (2,3 puntos más) y progresa del cuarto al segundo puesto, empatada con Telecinco. La autonómica Canal Sur firmó un 9,1% (dos décimas más que el año pasado), pese a estar sumergida en una grave crisis de credibilidad.

Los datos de la Comunitat Valenciana, muy agitada políticamente por los acontecimientos de la dana del año pasado, son muy reveladores. La1 ha pasado del 11 al 15,5% (cuatro puntos y medio más), aunque sigue en segundo lugar porque Antena 3 también ha mejorado considerablemente (del 13,9 al 15,8%). Pero las distancias se han acortado a solo tres décimas. La autonómica À Punt apenas alcanzó un 3,4% en la primera mitad de octubre.

En Castilla y León también se mantiene el liderazgo de Antena 3 (17,1%, una pérdida mínima de solo una décima), pero La1 vuelve a recortar distancias al pasar de un 14 a un 15,3%. La audiencia autonómica, marcadamente afín al PP, es residual (0,3%).

El caso de Aragón está marcado por el dominio de la cadena autonómica, con un llamativo 17,5% (1,2 puntos más que en 2024). Aquí Antena 3 ha retrocedido del 13,9 al 12,8%, lo que ha permitido a La1 situarse en el segundo puesto de la tabla con un 12,9% (2,7 puntos más que el año pasado).

Antena 3 mantiene su dominio en Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. En el Principado sube del 11,5 al 11,9% en un año, con La1 pisándole los talones (la pública estatal ha pasado del 9,3 al 11% de cuota en el mismo período). Aquí, la autonómica está en datos marginales (3,5%). También sube la privada más vista en Castilla-La Mancha, del 16,3 al 16,9%. Lo hace también La1, que pasa del 11,2 al 13,2%. Castilla-La Mancha Media mejora también y alcanza el 6,4%.

En Canarias, el buque insignia de AtresMedia ha perdido empuje (del 13,8 al 13,5%), pero sigue primera. La1 mejora (del 6,8 al 7,5%), aunque continúa en tercer lugar, por detrás de Telecinco, que mejora de manera notable (pasa del 11,7 al 13,2%). La TV Canaria también avanza y sube al cuarto puesto (pasa de 4,9 a 6,2% de audiencia en la comunidad).

En Cataluña se mantiene el dominio de TV3, con un 14,5% (medio punto más que el año pasado por estas fechas de inicio de temporada). Pero La1 también mejora, pasando del 9,3 al 10,6% (1,3 puntos más). Antena 3 conserva el tercer puesto con una leve subida que le permite alcanzar el 8,4% de cuota.

Las herramientas de las que ha echado mano el presidente de RTVE para conseguir estos resultados (fundamentalmente contratos de productores y profesionales ajenos a la casa) no son del gusto de todos. El PP ha redoblado en las últimas semanas su campaña contra la televisión pública, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno.

Y el Consejo de Informativos (CdI), el órgano de representación de los profesionales de plantilla, ha acusado a la dirección de presiones para impedir una encuesta interna en torno a “la actual situación de RTVE con el cambio de ley en 2024 y su independencia”, refiriéndose principalmente a los programas informativos, la carrera profesional, los programas de actualidad informativa y la externalización, barajando tomar posibles acciones de protesta y dejando un apartado para quejas o sugerencias.

La dirección de RTVE respondió diciendo que el Consejo de Informativos “no puede realizar dicha encuesta entre la totalidad de la plantilla sino únicamente entre los profesionales de la información audiovisual”, y que para realizarla debe cumplirse “la legislación vigente en materia de protección de datos”, algo que “la Delegada de Protección de Datos así lo ha advertido al CdI, puesto que no se garantizaba la anonimidad del voto o de las respuestas”.

El Consejo Profesional de la RTVA ha dado un golpe en la mesa. Este martes todos sus integrantes, en bloque, han presentado su dimisión, seis meses después de que expirara su mandato. Lo hacen, según reza el comunicado, por “responsabilidad” y ante lo que califican como un “bloqueo institucional” que amenaza la independencia informativa dentro de la radiotelevisión pública andaluza.

El comunicado subraya que el artículo 13.1 del Estatuto Profesional de los trabajadores de la cadena pública andaluza es claro: “Una vez finalizado el mandato, debe convocarse un nuevo proceso electoral en el plazo máximo de un mes”. Sin embargo, medio año después, ese proceso ni siquiera se ha iniciado. “No es la primera vez que ocurre”, recuerdan, señalando que el anterior Consejo “llegó a permanecer dos años en funciones”.

El órgano, que representa los intereses profesionales de las redacciones de la televisión y la radio públicas, asegura haber cumplido con todas las obligaciones que le marca el Estatuto: informes sobre la programación, tramitación de quejas y defensa del trabajo territorial, especialmente el de las delegaciones locales, una de las áreas más sensibles en la cobertura informativa de la RTVA.

La situación hace tiempo que es insostenible. Desde marzo de 2024 la Dirección de Informativos de Televisión se niega a reunirse con el Consejo, denuncia el comunicado, "a pesar de que, según el Estatuto del que nos dotó la empresa, dichas reuniones están pautadas cada tres meses". Los integrantes de este órgano afirman que el silencio por parte de la dirección hace que "decenas de quejas y consultas de compañeros sigan sin respuesta". "La última excusa para no hacerlo, a principios de este año 2025, es que con un Consejo a punto de caducar no merecía la pena reunirse", denuncian.

"La defensa del Estatuto Profesional ha sido siempre la principal motivación de todas nuestras actuaciones y su incumplimiento ha sido desde el primer momento denunciado en todos nuestros comunicados. Un incumplimiento que ha sido la norma de actuación de la actual dirección de la empresa, desde asuntos esenciales como el derecho de los andaluces a una información plural, independiente, imparcial, rigurosa y veraz, a asuntos de funcionamiento interno como no informarnos de los nombramientos o cambios en el área de informativos, de la cobertura de acontecimientos, ni de otras decisiones relevantes para el desempeño de la labor de los y las profesionales", han expresado.

El Director de la RTVA, Juan de Dios Mellado, negó estas acusaciones en su última comparecencia ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA en el Parlamento de Andalucía, donde acusó al Consejo, integrado por representantes de la redacción de los medios públicos bajo su responsabilidad, de "manipular" los datos y ofrecerlos de manera "sesgada".

Este órgano afirma llevar tres años esperando una reunión con el director general de la RTVA y cuatro sin recibir respuesta formal a sus informes, algo que el Estatuto también obliga a justificar. Tampoco prosperó su propuesta de reforma del propio Estatuto Profesional, presentada hace casi un año para impulsar una mayor participación interna y transparencia en los procesos de decisión.

El Consejo lanza un mensaje contundente: “No vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de nuestra empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo Profesional de la RTVA”. Reconocen marcharse “con orgullo por la labor realizada, aunque con tristeza por no haber podido ser más útiles”, y apelan a la plantilla para que no se desentienda.

Piden también a la dirección y al Consejo de Administración que cumplan la normativa y convoquen de inmediato las elecciones. Y, sobre todo, llaman a sus compañeros a implicarse: “El Consejo Profesional es un órgano de representación esencial para el buen funcionamiento y la mejora de la información que ofrecemos a la ciudadanía andaluza”.

Canal Sur vive a la deriva de la manipulación desde que a su Dirección General llegó Juan de Dios Mellado directamente desde un departamento del Gobierno del actual presidente andaluz.

Una banda de ladrones que trabaja en el servicio de recogida de basuras empieza a robar en narcocasas. Un agente del FBI que antes fue sacerdote debe volver al trabajo tras un trauma familiar para investigar los crímenes.

La trama de esta serie cerrada de siete episodios, que puede verse en HBO Max, es muy interesante. Se complica, crece y se llena de peligros, por supuesto, como ocurre en Fargo, por poner de ejemplo un esquema modélico. Pero a la vez es una excusa para hablar de otra cosa. Del dolor que atormenta a los personajes, que se parece mucho a los dolores que nos atormentan a todos. 

Y es que tras el guion está Brad Inglesby, quien ya escribió Mare of Easttown, la miniserie que arrasó con premios y crítica en 2021, protagonizada por Kate Winslet. Como muchos de los grandes autores de novela negra, Inglesby utiliza las características del género para compartir su visión del mundo. 

En su caso emerge una mirada compasiva y humanista, en la que el mal puede ser resultado de errores y cadenas de desgracias, más que de espíritus perversos. Sus personajes arrastran traumas y sufrimiento que los llevan a cometer errores que causan más dolor a su alrededor. 

No están puestos en la pantalla para que nos burlemos de ellos o les condenemos. Ni siquiera para darnos pena. Están para que los entendamos profundamente, para que nos reconozcamos en ellos y admitamos que otras versiones de nosotros mismos podrían caer en los mismos pozos.

En una entrevista del director y del guionista para Phlysports, el director, Jeremiah Zagar, afirma que en la serie: “Tienes acción, persecuciones, intriga pero el núcleo de todo es el sufrimiento de personas, que es como el tuyo y el mío. Y son divertidos como tú y yo”. 

La serie empieza lentamente, hay que darle su tiempo para que las piezas vayan encajando y el tono nos vaya empapando. Como esos libros que crean una atmósfera en las primeras páginas y de pronto, no sabemos como, nos han atrapado.

Sus protagonistas están interpretados por un entrañable Mark Ruffalo en el papel de agente federal en horas bajas y un conmovedor Tom Pelphrey como buen ladrón. Están rodeados de un amplio, variado y redondo elenco. La serie mima a cada uno de los personajes. Ni uno solo está contado a brochazos por pequeña que sea su participación. 

La acción de la trama vuelve a situarse en los alrededores de Filadelfia, como ya hiciera Mare of Easttown. Y no abandona aquí tampoco el condado de Delaware, Delco, para los locales. Y es que allí tiene sus raíces el creador de la serie y de allí es la vida que quiere y sabe contar.

Allí sigue los sucesos locales, y un amigo le contó que carteros y basureros son quienes mejor pueden espiar una casa sin despertar sospechas. De allí es un tío suyo que fue agustino varios años hasta dejar el sacerdocio.

La serie se produce en un verano de este estado norteño. Árboles gigantes proyectan sus amplias sombras. La decoración de las casas logra el realismo a fuerza de su riqueza en detalles. Podemos casi sentir el olor de cada espacio. Y es lo que busca la serie, despertar los sentidos buscando ese realismo profundo.

El equipo de decorado y el de vestuario repiten de Mare of Easttown. ¿Por qué no hacer entonces una segunda parte de aquella historia? En su entrevista a PhlySports, Ingelsby explica que sigue creyendo en el personaje que interpretó Kate Winslet. 

Pero el horrendo crimen de aquella serie había conmocionado a la pequeña comunidad en la que se había producido. No veía sentido a provocar uno nuevo porque se perdería el realismo. Confía en que dentro de diez o quince años se pueda hacer una segunda parte y volver al personaje. 

Mientras, ha encontrado un colaborador excepcional en el director Zagar y afirma querer volver a trabajar con él sin falta. A falta de los tres episodios que faltan por emitir, Task nos deja reflexionando sobre la injusticia, la mala suerte, el perdón o la posibilidad de redención. 

IB3, la televisión pública de Baleares es un hervidero de conflictos. La sustitución del director general anterior, Albert Salas, por Josep Maria Codony Oliver, un ejecutivo de medios especializado en márquetin y ventas, con los votos de PP y Vox como único respaldo (32 votos a favor, la mayoría absoluta de la cámara, frente a 20 votos en blanco y 4 nulos), no ha sido bien recibida ni por los representantes de los periodistas baleares ni por la plantilla del ente público. Su designación resume las intenciones del actual Govern, presidido por Marga Prohens: Codony ya estuvo al frente de IB3 entre 2014 y 2015, cuando tenía carné del partido.

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), criticó que el nuevo director no sea titulado en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que su trayectoria profesional tenga “una notoria significación política”.

Su antecesor, el periodista Albert Salas, había sido elegido apenas un año y medio antes con un consenso políticamente mucho mayor: aunque el PSIB se abstuvo, logró sumar a los votos de Vox y del PP los de Més per Mallorca y de Més per Menorca, con el compromiso de mantener el catalán como lengua de trabajo en la radiotelevisión pública.

La audiencia, aunque modesta, mejoró en el último año: IB3 Televisió cerró 2024 con un 5,2% de cuota media de pantalla anual, dos décimas por encima del registro del año anterior. Las mejores cifras en una década. Pero, como telón de fondo, sigue estando el conflicto provocado por la normalización pendiente de nada menos que trescientos profesionales que fueron internalizados formalmente, pero que no son funcionarios, lo que afecta a sus salarios, entre otros derechos. Una huelga reciente de cuatro días concluyó sin acuerdo para resolver la situación de estos trabajadores.

Los medios públicos de Illes Balears están agrupados en el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) desde el año 2004 para unificar la gestión de la radiotelevisión pública balear, compuesta principalmente por IB3 Televisió e IB3 Ràdio, que comenzaron sus emisiones regulares en 2005. La puesta en marcha de IB3 fue una respuesta a la demanda de contenidos propios en catalán y con enfoque territorial, similares a los modelos de otras comunidades con lengua propia.

El ente se rige actualmente por la Ley 15/2010, de 21 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, reformada en 2015. Una norma que, aunque formalmente mantiene las mayorías reforzadas como mecanismo para elegir al director general y a los nueve miembros del Consejo de Dirección, consagra la dependencia política de la radio y la televisión públicas del archipiélago al permitir que, si no hay acuerdo, se les pueda designar por mayoría absoluta volviendo a votar en el plazo de un mes. En la práctica, los partidos se reparten proporcionalmente la representación del Consejo de Dirección, que es como se llama en Illes Balears a lo que en la mayoría de las televisiones públicas se conoce como consejo de administración.

El mandato de los miembros del Consejo de Dirección es de seis años y solo se puede renovar una vez. Hace apenas tres meses, el Parlamento balear relevó a cinco de ellos, cuyo mandato había caducado. Gracias a ese cambio, que no tuvo ningún voto en contra (en virtud del reparto pactado entre partidos), en este órgano ya se sienta un representante de Vox que fue candidato en las últimas elecciones.

En los medios públicos baleares no existe un Consejo de Informativos ni un estatuto profesional que blinde a los profesionales que trabajan en ellos. Pero sí hay un Consejo Asesor con un mandato de cuatro años (el mismo que la legislatura), integrado por quince miembros entre los que debe haber representantes de los sectores profesional, educativo y cultural, las asociaciones de consumidores y usuarios, así como las asociaciones representativas de personas con discapacidad y de los jóvenes y las personas mayores. El último fue elegido en marzo, en este caso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La ley obliga al Parlamento balear a aprobar un mandato marco estableciendo los objetivos que debe alcanzar el servicio público de radio y televisión, y con una vigencia de seis años. De él debería derivarse un contrato programa trianual.

Los medios públicos de Illes Balears no cumplen las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, especialmente en lo que se refiere a la independencia efectiva y la protección frente a interferencias políticas. El mecanismo de elección de su dirección no garantiza su independencia y tampoco existe protección alguna para los profesionales de la información. La financiación, por último, depende de los presupuestos autonómicos, sin blindaje legal estable.

Durante años, se han sucedido las acusaciones de manipulación informativa a favor del gobierno de turno. Profesionales y comités de empresa han denunciado repetidamente la existencia de presiones y la falta de independencia con la que se ven obligados a trabajar.

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) documentó en su día 20 casos de “censura flagrante” e “injerencia política en favor del Gobierno balear” durante el mandato del PP. Los periodistas describieron un ambiente de “miedo a desobedecer” porque podían ser sancionados, trasladados o despedidos.

El grupo parlamentario del PSOE llegó a anunciar en 2007 que no participaría en programas de IB3 por considerar que sus contenidos mostraban “partidismo” evidente y una falta de pluralidad, al servir “solo a los intereses del PP”.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes el despido de más de 600 trabajadores de la agencia federal que engloba a la emisora Voice of America y a Radio Martí, en una nueva vuelta de tuerca en los ataques del Gobierno contra los medios públicos.

"Hoy tomamos medidas decisivas para implementar la agenda del presidente Trump de reducir la burocracia federal descontrolada", declaró Kari Lake, designada por el republicano como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios (USAGM).

En una carta publicada en su cuenta de X, Lake confirmó que hoy "se enviaron avisos de despido por reducción de personal a 639 empleados de USAGM y Voice of America", una acción que completa la reducción del 85 % de esa fuerza laboral, traducida en 1.400 puestos menos desde que el mandatario ordenara su desmantelamiento en marzo.

"Durante décadas, los contribuyentes estadounidenses se han visto obligados a financiar una agencia plagada de disfunciones, sesgos y despilfarro. Eso termina ahora", indicó la expresentadora y excandidata al Senado.

Después de esta ronda de despidos, solo quedarán unos 250 trabajadores en la administración de USAGM, Voice of America (VOA) y la Oficina de Trasmisiones para Cuba (OCB, en inglés), matriz de Radio Martí.

"La agencia ahora opera cerca del mínimo legal; con eficiencia y enfoque. Este es un claro ejemplo de un Gobierno responsable que reduce el despilfarro, restaura la rendición de cuentas y cumple la promesa de priorizar a los contribuyentes estadounidenses", concluyó Lake.

Las acciones de hoy evidencian un recrudecimiento en las acciones del Gobierno de Trump contra instituciones culturales, universidades y medios públicos. A principios de mayo, el presidente ordenó reducir al mínimo legal el presupuesto federal de las emisoras NPR y PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.

El cierre de estos medios, específicamente el de Voice of America -que ofrecía programación en más de 40 idiomas dirigida a países con censura de prensa y era vista como un ejemplo del 'poder blando' de EE.UU en el mundo- ha sido ampliamente criticada por legisladores demócratas y republicanos, que han ofrecido testimonio sobre el vacío que deja la salida del aire de cientos de programas de radio, televisivos y servicios digitales.

El director de la VOA, Mike Abramowitz, y varios periodistas del medio impusieron dos demandas para retar la orden ejecutiva de Trump, y aunque tuvieron éxito inicial gracias a fallos judiciales que bloquearon temporalmente los despidos, estos luego fueron levantados en cortes de apelación, donde actualmente los casos continúan en proceso. EFE

El próximo 8 de agosto será una fecha notable para los trabajadores de los medios públicos españoles, la Corporación de RTVE y hasta 14 entes autonómicos que cuentan con emisoras de radio de televisión, además de plataformas digitales. A partir de ese día, España y las comunidades autónomas están obligadas a cumplir las disposiciones del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La Unión Europea, con el aval del Consejo, la Comisión y, sobre todo, el Parlamento Europeo (con el voto a favor de todos los partidos españoles representados en Estrasburgo, a excepción de la ultraderecha de Vox), han puesto negro sobre blanco las condiciones que deben cumplir los medios públicos para cumplir su papel.

No es un reglamento caprichoso. La nueva norma nace de la creciente preocupación ante la erosión de la independencia de los medios públicos en varios Estados miembros de la UE, donde se ha constatado una instrumentalización política para favorecer al gobierno de turno. Un diagnóstico fácil de entender en el caso español, donde lo más habitual es que los ejecutivos cedan a la tentación de controlar las emisiones, en particular los informativos, para ponerlos al servicio de sus intereses.

En este contexto, el reglamento establece mecanismos destinados a garantizar que los medios de titularidad pública actúen con autonomía editorial plena, dispongan de una financiación previsible y suficiente, y estén sujetos a sistemas de gobernanza basados en criterios transparentes, abiertos y no discriminatorios. Su objetivo es preservar la función de la radio y la televisión públicas como garantes del pluralismo informativo, el interés general y la cohesión democrática, blindándolos frente a injerencias partidistas y asegurando que representen a toda la ciudadanía, no a los intereses de un poder político concreto.

Lo interesante de la EMFA es que, en este punto, es de aplicación directa. Tanto el Gobierno de España como los de las comunidades autónomas están obligados a cumplirlo. Eso significa que, al menos en teoría, si España no acomete cambios en esta materia, se arriesga a sanciones. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción si un Estado miembro no aplica o aplica incorrectamente un reglamento. En última instancia, el caso puede llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede imponer sanciones financieras.

No cumplir también puede dar lugar a la aplicación del procedimiento del Rule of Law, un proceso institucional de la Unión Europea creado para supervisar y proteger el Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo se activa cuando existen indicios de que se están poniendo en riesgo principios básicos, entre los que está la libertad de expresión y los medios de comunicación independientes.

La Comisión Europea realiza cada año un informe sobre el Estado de derecho en cada país, que España conoce bien en relación con el Consejo General del Poder Judicial, donde examina aspectos como la libertad y la independencia de los medios públicos. Si detecta problemas —por ejemplo, interferencias políticas en medios públicos contrarias a la EMFA— iniciará un diálogo formal con ese Estado miembro para resolver las deficiencias que se traducirá en recomendaciones concretas y puede incluir la movilización del Consejo de la UE para hacer un seguimiento.

Más allá de sanciones legales, el mecanismo tiene un fuerte componente reputacional: los informes públicos y las discusiones en el Consejo ponen en evidencia ante toda la UE y la opinión pública internacional a los gobiernos que no respetan los estándares democráticos, lo que puede afectar la imagen internacional del país y su posición en negociaciones y fondos europeos.

Pero no solo eso. Si la situación no mejora, el mecanismo puede derivar en medidas más duras, como la suspensión de fondos europeos vinculados a derechos fundamentales o procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

No estamos, ni mucho menos, en esa fase. Pero España corre riesgos, porque está lejos de lo que pide la UE. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige tres cosas para garantizar la independencia editorial en los medios públicos.

En primer lugar, recomienda la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Traducido al lenguaje de la realidad, eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional).

En España lo tienen pocas cadenas públicas. Existe en la catalana TV3 desde 1992; en la vasca EITB (tienen un estatuto redactado por los profesionales y aprobado por la dirección; el consejo actúa como mediador en caso de conflicto) y en la andaluza Canal Sur desde 2005. No es casualidad que se trata de las tres comunidades autónomas que mejor han desarrollado órganos de supervisión independientes en forma de consejos audiovisuales o, en el caso catalán, del Consejo de la Información.

También en RTVE, que tiene un Estatuto de Información desde 2008, que reconoce derechos fundamentales del personal periodístico, y un Consejo de Informativo, elegido por los propios profesionales. Y eso es todo. Las otras once cadenas públicas carecen de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas.

La segunda exigencia de la EMFA es que el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos se base en procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, con duración limitada y causas claras de cese. ¿Eso qué significa? Que debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico.

En vez de eso, en muchas comunidades autónomas, los nombramientos siguen siendo políticos, con mayoría simple del parlamento bajo control de los gobiernos de turno. Solo algunas radiotelevisiones públicas (las de Cataluña y País Vasco) exigen mayorías cualificadas o procesos más controlados, aunque aún no estén completamente blindadas contra cambios de gobierno.

La tercera exigencia a la que deberían adaptarse la radio y la televisión públicas en España tiene que ver con la financiación, que debe ser “plurianual, estable y adecuada”, debe estar separada de los presupuestos generales para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables.

En España, en todas las cadenas la financiación depende de uno u otro modo del presupuesto anual. No existen contratos-programa plurianuales bien desarrollados, lo que deja a los entes expuestos a recortes o ampliaciones en función de afinidades políticas.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas danesas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas danesas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas suecas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas suecas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Antena 3 ha sido la cadena más seguida en España en febrero por sexto mes consecutivo al alcanzar un 12,8 % de cuota de pantalla, dos décimas más que en enero, seguida de La 1, que mantuvo la segunda posición con un 10,5 %, y Telecinco, con un 9,6 %, según informa EFE.

Según el análisis de la consultora Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media publicado este sábado La1 ha tenido una décima más que en enero y Telecinco ha experimentado la mayor subida mensual, nueve décimas.

Si se compara la audiencia con la de hace un año, de las tres cadenas la única que sube es TVE, siete décimas, las mismas que se deja Telecinco, mientras que Antena 3 baja tres décimas.

Por otra parte, la emisión más vista este febrero ha sido el partido de fútbol de la Copa del rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid el día 25, con 3,9 millones de espectadores y u 27,5 % de cuota de pantalla. El minuto más visto del mes (4,4 millones de personas) fue el de las 22:08 horas de ese día en ese partido emitido por La1.

Demográficamente, Antena3 es líder en mujeres y en mayores de 45 años, mientras que La1 lidera en hombres y jóvenes de 13 a 24 años, Telecinco líder entre los 25 y los 44 años y Boing lidera en niños de 4 a 12 años.

Por regiones, Antena 3 es líder en Andalucía, Aragón, Asturias, C.Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla León, Galicia, Madrid y Murcia. La1 es la cadena líder en Baleares, País Vasco y Navarra. y TV3 es la cadena más vista en Cataluña. 

Por franjas horarias, Antena3 lidera en la mañana, sobremesa, tarde y en horario de máxima audiencia, mientras que Telecinco es la más vista en el horario de medianoche y Energy en la madrugada.

Los informativos de Antena 3 (2.029.000 de audiencia media y 18,8 % de cuota) son los más vistos desde hace 5 años y 1 mes consecutivos, en el promedio de la audiencia media de las principales ediciones de sobremesa y noche.

Los informativos de La1 (1.194.000 de audiencia media y 11,2 % de cuota) son la segunda opción más vista y los de T5 (1.021.000 de audiencia media y 9,5 % de cuota) los terceros.

El conjunto de cadenas autonómicas promedia el 8,5 % de cuota de pantalla, con un número de espectadores únicos acumulados de 26,7 millones, el 56,7 % de cobertura.

Las cadenas autonómicas con mayor cuota este mes son TV3 (14,1 %), Aragón TV (11,4 %), Canal Sur (9,5 %), TVG (8,6 %), ETB2 (7,9 %), TVCAN (5,9 %), CMM (5,7 %), IB3 (5,3 %), Canal Extremadura TV (4,9 %) y Telemadrid (4,8 %), entre las diez primeras.

28,1 millones de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 59,7 % de la población. Por el contrario, hay 3,7 millones de 'telefóbicos', el 8 % de la población, que no ha visto en ningún momento la televisión este mes.

Antena 3 ha vuelto a ser la cadena líder de audiencias en enero por quinto mes consecutivo, con una cuota de pantalla del 12,6%, seguida de La 1 que mantuvo la segunda opción con un 10,4% y Telecinco, con un 8,7%, recoge EFE.

La cadena de Atresmedia ostentó el liderazgo todos los días de la semana, pese a haber cedido 0,4 puntos en comparación con el mes de enero de 2024, según el análisis de audiencia realizado por la consultora Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media.

Antena 3 encabeza la clasificación todos los días de la semana (ha sido líder 26 días y La1, los cinco restantes). Mientras la cadena de Atresmedia lidera entre ambos sexos y las personas mayores de 25 años, La 1 es líder en la franja que va de los 13 a los 24 años.

Antena 3 perdió cuatro décimas con respecto a enero de 2024, La 1 se mantuvo en las mismas cifras y Telecinco perdió 1,2 puntos.

Las autonómicas ostentaron una cuota del 8,6 % (la más vista fue TV3, con un 14%) y LaSexta alcanzó un 6,4%. Les siguieron Cuatro (6%), La2 (3%), FDF (2,4%), Energy (2,4%) y Nova (2,1%),

Además, las cadenas temáticas de pago reunieron un 11,3% de cuota, con 20,4 millones de espectadores.

Un mes más, por quinto año consecutivo, los informativos de Antena 3 fueron los más vistos con 2 millones y 18,6% de cuota de pantalla. En segundo lugar, los de La 1, con 1,23 millones y un 11,5%.

En enero, la emisión más vista fue el partido de la Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid y al Celta de Vigo, que llegó a tener un 30% de cuota de pantalla durante la prórroga.

Alrededor de 43,5 millones de personas han visto al menos un minuto la televisión en el primer mes del año, el 92,4 % de la población, y 27,8 millones cada día, es decir, el 59,3%.

El tiempo de consumo diario por espectador (sobre los que encienden y ven la televisión cada día) ha sido de 299 minutos, cinco menos que en el mismo mes del año pasado.

Cada persona ha dedicado un promedio de 177 minutos al día a ver la tele tradicional, lo que supone doce minutos menos con respecto a septiembre de 2023.