La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

El empleo entre los menores de 30 años ha crecido un 37,7% desde la reforma laboral de 2021, periodo en el que la ocupación entre los mayores de 55 años ha aumentado un 30,3%, lo que en ambos casos supone duplicar o casi doblar el incremento medio del 15,7% de la afiliación total al sistema de la Seguridad Social.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un informe sobre "la gran transformación del mercado de trabajo" desde 2018 y, en particular, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de coalición a finales de 2021.

Un día después de que la Seguridad Social informase del récord de ocupación de marzo en 21,88 millones (22,01 millones en términos desestacionalizados), Saiz ha asegurado que los datos de los últimos ocho años muestran una tendencia de crecimiento "sostenido e imparable" del empleo.

Son 2,2 millones más de afiliados desde la puesta en marcha de la reforma laboral y 3,4 millones desde el año 2018, "absorbiendo incluso el duro impacto de la pandemia", ha subrayado la ministra, que ha defendido el uso de series desestacionalizadas porque "es el que recomiendan expertos y economistas" para analizar la tendencia.

El informe recoge que dos de cada cuatro empleos creados desde 2018 han sido para menores de 30 años y que de los otros dos, uno ha sido para mayores de 55 años y otro, para un trabajador en la franja de los 30 a los 54 años.

En el mismo periodo el empleo autónomo ha sumado 175.456 trabajadores, hasta el récord de 3,43 millones, y el empleo extranjero ha pasado de suponer el 10,1% del empleo total al 14,4%.

El empleo femenino también ha alcanzado su mayor nivel con 10,4 millones afiliadas, el 47,4% del total.

El Gobierno destaca asimismo que la creación de empleo ha estado acompañada de una mejora de la calidad y de una reducción de la precariedad, con la temporalidad en el nivel mínimo del 11,6% (18,7% en los jóvenes y 9% en los mayores de los 55 años).

Las cifras de afiliación laboral se han convertido desde hace unos años en una fuente de buenas noticias en lo que atañe al número de trabajadores en activo. Este marzo se han sumado al mercado laboral 211.510 afiliaciones, hasta alcanzar las 21.882.147 cotizaciones, el mejor dato desde el inicio de la serie en 2001. En un video en sus redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adelantaba a la publicación oficial de los datos con un post donde celebraba los datos. “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”. La cifra que daba el presidente es el dato desestacionalizado, es decir, el que corrige los picos y las caídas que se producen por el efecto del calendario en los meses de más actividad como la Semana Santa, el verano o la Navidad. Es útil, explica a infoLibre Valentín Bote, director de Randstad Research, para identificar tendencias, pero menos efectivo si se quieren conocer los datos reales de un mes concreto. La elección de esta estadística ha generado cierta polémica, ya que el PP ha afeado al presidente la elección de este dato en vez de la media mensual, ligeramente inferior (21,88 millones en vez de 22 millones).

No es la primera vez que el presidente del Gobierno participa en un anuncio relacionado con el mercado laboral. A finales de febrero también intervino en la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. En ese momento, Sánchez reprochó a las patronales CEOE y Cepyme su ausencia en el acuerdo. En esta ocasión, el tono ha sido mucho más informal y en el video aparece con una camiseta de fútbol en cuyo dorso se muestra el número 22. Más allá de la polémica sobre qué estadística elegir, el Ejecutivo parece estar centrando su atención en sacar brillo a los datos de un mercado laboral que, sin embargo, preocupa a los ciudadanos.

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas "de índole económica" y la "calidad del empleo" son, solo después de la vivienda, las principales preocupaciones de los españoles. También lo es el desempleo, que figura en séptimo lugar. Estos dilemas no son ajenos al comportamiento del mercado de la vivienda (la mayor fuente de dificultades para un 43,5% de los encuestados), que lleva ocupando el primer puesto más de un año. Precios de compra cada vez más altos y una evolución en el importe de las casas y los alquileres que deja atrás la revalorización de los salarios crean una situación nada fácil de digerir. De hecho, una de las peticiones que han venido trasladando los sindicatos tiene que ver con que se contemple este incremento de precios inmobiliarios a la hora de calcular cuánto deben subir los salarios.

Sin embargo, en este contexto de preocupación, las cifras de afiliación no dejan malas noticias. Con una parte de la Semana Santa ya recogida en los datos que se han conocido hoy, la hostelería lidera las altas con casi 80.000 personas más en el último mes. Le sigue la construcción con 17.156 cotizantes más, las actividades administrativas (17.206) y la sanidad (8.368).

El paro registrado también descendió en 22.934 personas y se situó en 2,4 millones. Es la cifra más baja para un mes de marzo desde hace 18 años.

Otros miembros del Ejecutivo, como Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también celebraban la estadística en sus redes sociales, pero el Partido Popular les afeaba que no utilizasen el dato de afiliación media, que llegó en marzo hasta los 21,88 millones y no hasta los 22 millones de trabajadores, como señala el dato desestacionalizado. A continuación se puede ver la evolución de ambos indicadores: uno señala la tendencia y el otro fluctúa en función de los días hábiles de cada mes para darse de alta o de la estacionalidad de los diferentes sectores.

El anuncio ha desatado una polémica sobre qué indicador es el más preciso. Desde el Partido Popular, el secretario de Economía y Empleo, Alberto Nadal, le reprochaba la elección del dato, ya que este indicador desestacionalizado se crea tratando los datos estadísticamente para establecer una media donde se suavizan los altibajos de los periodos de más y menos empleo. "Cómo le gusta la propaganda al presidente del Gobierno. En España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86", señalaba Nadal en la red social X.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también respondió a las críticas que lanzaba el Partido Popular afirmando que la serie desestacionalizada ofrece datos "limpios" que muestran "la tendencia de fondo". "Es un crecimiento más robusto y dinámico que en el mes de febrero y en un contexto complejo", señalaba en una publicación en su perfil social de X.

Como se observa en el gráfico anterior, realizado a partir de los datos mensuales del Ministerio de Seguridad Social desde 2024, la afiliación media se mueve al ritmo de las particularidades que se dan en fechas de más actividad como el verano o la Navidad, mientras que la serie desestacionalizada dibuja una tendencia. Si se observa la evolución anual desde 2001, el movimiento de ambos indicadores sigue prácticamente la misma trayectoria.

"Lo primero que hay que destacar es que los datos de la Seguridad Social lo que cuentan es el número de afiliaciones y no el número de trabajadores, y hay muchas personas que tienen más de una afiliación", explica el director de Randstad Research. "La segunda es que los datos nos dan promedios mensuales, no el dato a día 31 de marzo, porque esto fluctuaría mucho", concluye. Para Bote, la cifra desestacionalizada tiene interés cuando se trata de establecer tendencias y poder comparar unos meses con otros. "Por ejemplo, enero es un mes donde se destruye muchísimo empleo y marzo uno de los meses en el que más trabajo se crea; por eso lo que se hace es aplicar una fórmula matemática que estima el efecto de estas correcciones para poder comparar. No es un dato de verdad, es un dato al que se le aplica un cálculo", subraya.

Más allá de la polémica en torno a las estadísticas, los últimos movimientos del Gobierno han centrado la atención en lo que tiene que ver con el trabajo, recogiendo también el guante de una ciudadanía a la que le preocupa la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios. "Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de sueldos", le lanzaba Pedro Sánchez a las patronales en la presentación del acuerdo sobre el SMI. Esta vez el tono era más ligero, pero de nuevo el presidente hacía acto de presencia para poner en valor un dato relacionado con el mercado laboral.

La inteligencia artificial (IA) sigue llenando titulares a golpe de previsiones, pero en medio del desarrollo vertiginoso de estas tecnologías comienzan a emerger algunas certezas. Una de ellas es el impacto de esta tecnología en el acceso al empleo de los jóvenes. Los perfiles con menos experiencia, en proceso de aprendizaje y que suelen desempeñar tareas más mecánicas al comienzo de su carrera empiezan a ver cómo la cantidad de ofertas se contrae a medida que la IA gana terreno. Es una de las conclusiones que se extrae de un informe realizado por la empresa tecnológica Anthropic, fundada por exmiembros de OpenAI y dueña de un asistente similar a ChatGPT llamado Claude.

Un estudio de Oxford Economics señala que, desde mediados de 2023, el 85% del aumento de la tasa de desempleo se concentra en los nuevos integrantes del mercado laboral que no encuentran trabajo. Es decir, el muro para entrar al mundo laboral cada vez es más alto. Y en las conclusiones advierte de algo similar a lo que recoge Anthropic: “El mayor desempleo entre los recién graduados universitarios se debe principalmente a un cambio estructural en la contratación", sobre todo en lo que se refiere al ámbito tecnológico, donde las ofertas se estrechan precisamente en la base. En este escenario, afirman que el empleo crece, pero que existen indicios de que los “puestos de nivel inicial están siendo desplazados por la inteligencia artificial a un ritmo mayor”, concluyen. 

En el análisis, son los menores de 27 años quienes se llevan la peor parte. “Si bien el empleo para mayores de 27 años en informática y matemáticas ha crecido un modesto 0,8% desde 2022, el empleo para personas de entre 22 y 27 años, o recién graduados, ha disminuido un 8%”, algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas. Los datos de Oxford Economics son globales, pero donde más se empiezan a notar es en Estados Unidos.

“Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”, explicaba a infoLibre Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Eso, explica, indica un repunte en la productividad que puede emanar de la automatización en las tareas más simples y repercutir, además, en un ahorro en costes laborales para la empresa.

En España, la tasa de paro entre los más jóvenes sigue siendo el punto más crítico de un mercado laboral que ha crecido mucho en los últimos años. El desempleo en el corte de edad de los 16 a los 19 años alcanza el 30,4%; en la franja entre los 20 y los 24 se sitúa en el 21,8% y, en las edades comprendidas entre los 25 y los 29, el porcentaje llega hasta el 12,7%. Y, aunque también en este punto los porcentajes han mejorado en los últimos tiempos, la tasa de inactividad con respecto a otros países de nuestro entorno sigue siendo muy alta. De hecho, la media de desempleo juvenil para los menores de 25 años en Europa está en el 15,1%, muy por debajo de las franjas porcentuales españolas.

En este contexto, el potencial impacto de la inteligencia artificial mira directamente al grupo más vulnerable. Isabel Aranda, experta en psicología del trabajo y profesora de EAE Business School, explica que el mayor impacto se está dando en los perfiles administrativos y en ciertos sectores tecnológicos. "Hay empresas de auditoría y despachos de abogados que han pasado de contratar decenas de becarios al año a ninguno", señala. De hecho, un artículo publicado en el diario Financial Times aludía a este mismo caso y señalaba que, en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en grandes nombres del sector como PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. 

Y aquí surge otra cuestión: ¿cómo vas a entrar a los niveles intermedios de una organización sin haber pasado por ese primer estadio?, se pregunta Aranda. La respuesta, señala, pasa por "reorganizar la formación para acceder al trabajo", pero también reconoce las dificultades que entraña romper con la lógica que ha operado hasta ahora de "incorporarse paulatinamente al trabajo". Por otro lado, los primeros pasos en una compañía solían servir, concluye, como un proceso de socialización y de adaptación a un equipo, algo que con la irrupción de la IA se complica, ya que la gente que accede lo haría a perfiles intermedios.

El informe de Anthropic apunta a que la capacidad de la IA para cubrir las funciones en empleos relacionados con informática, matemáticas o negocios y finanzas supera el 80%. Otros ámbitos menos expuestos serían las ciencias de la vida y sociales (77%), las ventas (62%), los empleos en educación y bibliotecas (61,7%), el personal sanitario (59,9%) y los servicios sociales (50,5%).

La compañía tecnológica apunta en su informe que hay tareas en las que ya destaca de manera suficiente como para frenar las nuevas incorporaciones. En lo que tiene que ver con la programación, es capaz de escribir código y actualizar software; en lo que tiene que ver con atención al cliente, puede interactuar, resolver dudas y recibir órdenes; es capaz de manejar y extraer información de grandes bases de datos o de mercados y de realizar gráficos o resúmenes relacionados; en el ámbito médico, apuntan a una gran capacidad para gestionar y ordenar datos de pacientes, etc.

"La mayoría de los efectos perjudiciales de la IA en el mercado laboral deberían incluir un período de mayor desempleo, a medida que los trabajadores desplazados buscan alternativas", explica el informe de la tecnológica, que sin embargo reconoce el impacto incierto en función de las políticas o los desarrollos que se lleven a cabo.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Otra estimación, en este caso del Ministerio de Sanidad, señalaba que unos 8.700 hombres y 850 mujeres habrían fallecido en 2015 por enfermedades oncológicas ligadas al ámbito laboral. Pero solo son estimaciones, ya que los datos reales quedan ocultos por la ausencia de protocolos de reconocimiento claros, según denuncian los sindicatos. "El gran problema es que no estamos controlando a qué nos enfrentamos", apunta Carmen Mancheño, secretaria de salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO), quien define este problema como "el gran agujero negro de la prevención de riesgos laborales".

“Lamentablemente, en la actualidad no contamos con información suficiente para poder calcular el porcentaje de personas fallecidas por cánceres laborales”, señalan a infoLibre desde el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Para hacerlo, explican, es necesario “avanzar en el reconocimiento del origen profesional del cáncer para disponer de datos contrastados”. De hecho, en el gráfico, extraído de un informe de CCOO, se ve la marcada brecha de reconocimiento con respecto a otros países europeos que arrastramos desde hace años. La participación de las afecciones oncológicas sobre el conjunto de las enfermedades profesionales se quedaba en España en el 0,2% en 2016, frente a un 32% en Alemania. Los datos actuales señalan que la incidencia ha ido subiendo, pero apenas hasta un 0,4%, según el Ministerio de Sanidad.

Entre las cifras y los porcentajes emergen casos a través de los cuales se hace más patente el laberinto al que se enfrentan los trabajadores que enferman por estar expuestos en su trabajo y que quieren que se les reconozca. Es el caso de Ferran Sangüesa, un trabajador de la industria del azulejo que falleció en 2023 por un adenocarcinoma de pulmón. La lucha por que se reconociera el vínculo de su dolencia con su trabajo comenzó en 2022, pero la primera victoria judicial le llegó tarde: el juzgado número 3 de Castellón reconoció en 2025 que su cáncer estaba relacionado con su actividad profesional como esmaltador en 2025; la sentencia llegó dos años después de su fallecimiento.

"La resolución judicial desmonta los intentos de la empresa, de la mutua FREMAP y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de desvincular la enfermedad del trabajo, señalando que no han sido capaces de probar la ausencia de relación causal ni que otros factores personales puedan explicar el desarrollo de la misma", señala un comunicado de CCOO. "Es una lucha quijotesca", señala su compañero y secretario general de CCOO Hábitat Castellón, Jordi Riera. Además, la sentencia aún no es firme y las partes acusadas han recurrido.

"Tú, como trabajador, te tienes que enfrentar a la empresa, a la mutua y al propio INSS, que tienen muchísimos más recursos y además en un momento de tu vida en el que te enfrentas a una enfermedad muy grave", explica Riera. "En este caso hay una acumulación de hechos que el juez no ha podido obviar, con denuncias previas e incluso falta de mascarillas a la hora de trabajar", relata a infoLibre, "y aun así está siendo muy difícil", concluye.

En su caso, estaba expuesto a polvo de sílice y, en teoría, su lucha debería haber sido más fácil porque es un agente cancerígeno reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Muchos de estos agentes ni siquiera lo están (como los riesgos de trabajar al sol o el gas radón) por lo que lograr que se reconozca es mucho más complicado.

"Demostrar esta vinculación es un trabajo tan largo, tan jodido y tan tedioso, que muchas veces fallecen compañeros pero no se hace el trabajo de depuración necesario para acreditar y probar la causa de la enfermedad", explica Riera. El problema, subraya, es que luego esas personas no existen en las estadísticas. "El caso de Ferran es particular, porque era delegado de prevención en el sindicato y presidente del comité de empresa. Eso llevó a su familia a seguir con la pelea, pero no suele ser así".

"Los datos son ínfimos respecto a la cantidad de diagnósticos que hay”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. "La causa está en la falta de obligatoriedad normativa, porque con el amianto pasó exactamente igual. Se tardó muchísimos años en que se reconociera como enfermedad profesional. Al final se consiguió y, además, se implantaron medidas de protección. Pero faltan medidas para productos químicos, para el gas radón, para la exposición al calor, etc. Hay muchísimas causas que no están respaldadas por una normativa concreta y están escapándose al registro", explica a este medio. Además, insiste en que otro problema es que el servicio de salud pública no está determinando las contingencias del origen de los cánceres de forma adecuada. "No tiene protocolos para determinar la causa, el origen o el agravamiento de un tipo de cáncer por las condiciones laborales", concluye.

En España, el grupo de dolencias causadas por agentes carcinógenos es el que menos prevalencia ha tenido en la serie histórica. En 2025 se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por agentes carcinógenos sobre un total de 30.713, apenas un 0,38%. En la serie histórica que ofrece el Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross), desde 2011 ha habido un total de 972 casos sobre un total de 324.113 enfermedades profesionales. Con estos datos oficiales, la incidencia de los agentes carcinógenos en el total se queda en apenas un 0,29%. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y la Comisión Europea señala, en base a ellas, que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

"Las estimaciones científicas apuntan a que entre un 4% y un 10% de todos los cánceres se pueden deber a la exposición a agentes en el entorno laboral y, sin embargo, en los datos oficiales es lo que menos se ve", coincide Carmen Mancheño, quien sentencia que el cáncer "es el agujero negro de la prevención". "Lo que estamos demandando son sistemas de registro de trabajadores y de sustancias carcinógenas a las que pueden estar expuestos. Es algo que ya existe en otros países europeos y que ayuda también a conseguir diagnósticos precoces porque la gente se enferma y se muere sin saberlo".

Si la exposición no está acreditada en el lugar de trabajo, establecer causalidad se convierte en un laberinto. Pero aun contando con esto, como le ocurrió a Ferran Sangüesa, que enfermó por sílice cristalina, el reconocimiento no es inmediato. La mayoría de los cánceres reconocidos en 2025 están relacionados con la exposición al amianto, concretamente 60 casos, y en segundo lugar aparece, precisamente, la sílice, con 15 casos el año pasado. El caso del amianto, señala la responsable de CCOO, es el único para el que existe un programa con registros y vigilancia, pero "pasaron años" hasta que se logró su puesta en marcha. De ahí que sea uno de los cánceres más declarados en los registros oficiales.

"La sílice es una sustancia que está presente en todo el proceso de fabricación del azulejo y además provoca efectos negativos dispares en los trabajadores, aunque sea en concentraciones muy bajas, por lo que la prevención debe ser máxima", explica Jordi Riera. Pero hay otros muchos sectores donde aparece como un riesgo, bien en la fabricación de productos, bien por exposición a materiales que lo contienen, como el cuarzo. "Te dicen que el polvo de sílice es inherente a la producción de azulejo, pero se quedan tan anchos; no hay pluses por toxicidad o cocientes reductores a la hora de jubilarte a pesar de que te juegas tu salud", concluye Riera.

"Es el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe, pero no se está elaborando un registro eficaz. No somos capaces de ponerle cifra", explica Patricia Ruiz, quien habla de "dejación de funciones" por parte del Ministerio de Sanidad.

Desde el ámbito sindical piden además que se incluya en el catálogo la exposición a peligros climáticos, por ejemplo, el riesgo de personas que trabajan al sol y cómo aumenta la incidencia de los melanomas. De hecho la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada tres muertes por cánceres de piel en el mundo se relaciona directamente con la actividad profesional.

Mientras avanza (o no) la regulación, las estimaciones científicas y los datos reales evolucionan a ritmos muy dispares. "Un médico sabe si la persona a la que le diagnostica un melanoma trabaja al sol, o si el cáncer de pulmón que diagnostica a un paciente tiene algo que ver con el radón porque trabaja en un parking. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para medir bien estas situaciones", concluye la responsable de UGT.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

En las últimas semanas ha habido mucho movimiento provocado por el lanzamiento simultáneo de nuevos modelos de IA que no paran de superarse unos a otros, la publicación de la carta Algo grande está pasando en la IA, de Matt Shumer, donde advierte de las consecuencias de esta tecnología para multitud de puestos de trabajo, o la declaración del CEO de Microsoft AI, que dice que van a automatizar el 75% de las labores de oficinas. También que un modelo ha quedado octavo a nivel mundial en la competición de desarrolladores.

Si han sobrevivido al ruido de los titulares apocalípticos de las últimas semanas, pensarán que la Inteligencia Artificial viene a por sus nóminas con la delicadeza de una plaga bíblica. Es comprensible. Pero si dejamos de lado la histeria del Gran Reemplazo y bajamos al barro de la operativa diaria, la realidad es mucho más cínica y, afortunadamente, más rentable.

La tesis que les arrojo hoy es impopular en los círculos académicos, pero esencial para el futuro laboral: la IA no es una mente rival; es la prótesis definitiva para un hemisferio izquierdo que llevamos 200 años sobreexplotando, ignorando las capacidades del derecho.

Desde que la máquina de vapor impuso su cadencia, la humanidad sufrió un hackeo biológico. El sistema económico premió al operario que se comportaba como un engranaje y al administrativo que procesaba datos con la frialdad de un algoritmo. Nos convertimos en máquinas de carne. La educación actual se diseñó para aumentar la producción estandarizando procesos cognitivos, no fomentando la disrupción, porque era lo óptimo para el modelo social de la época.

Esto choca con nuestro cerebro de mono sin pelo y sin garras. Dependemos de la cooperación con otros para sobrevivir. Cuando el primo lejano del humano actual bajó de los árboles, pasó unos cien mil años evolucionando a un cerebro súper especializado para ese entorno dividido en dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo experto en lógica y, atención al detalle, uno derecho que es el que entiende el contexto, los patrones y las relaciones. 

Sin embargo, llegó la agricultura y después la revolución industrial (periodos que, aunque tengamos cierta neuroplasticidad, no representan nada en términos evolutivos), y desde entonces hemos pasado dos siglos forzando a nuestro cerebro, una máquina evolutiva diseñada a gestionar tribus complejas, a realizar tareas de repetición lógica y al almacenamiento de datos. Hemos intentado ser discos duros eficientes, pero ahora que llega un disco duro que habla, nos ofendemos.

Me gusta comparar la IA con los libros que tenían antes los abogados detrás de su mesa, que no eran para leer sino para consultar. Eran un segundo cerebro donde volcar los detalles, y su valor era saber dónde buscar el argumento que hace ganar el juicio.

Hasta ayer, saber cosas —memorizar el BOE o procesar excels infinitos— era un activo de mercado. Hoy, el coste marginal de generar ese conocimiento es cero. Ya no me pagan por recitar de memoria los Criterios Técnicos de Selección del Reglamento (UE) 2020/852 sobre Taxonomía Financiera: la máquina procesa esa burocracia en milisegundos. Me pagan por saber cuándo un proyecto es puro greenwashing y está retorciendo la interpretación para que pase el filtro de la sostenibilidad financiera. No me pagan por saber cosas, sino por saber qué significan. El valor se ha desplazado del dato a la generación de sentido.

Estamos ante un retorno forzoso a nuestra configuración de fábrica. Debemos volver a lo que la evolución nos hizo más eficientes: cooperar.  Nuestra función deja de ser la de procesadores de los datos para convertirnos en conectores de personas.

En este nuevo ecosistema, las llamadas "habilidades blandas" se endurecen hasta convertirse en hormigón armado. Podemos cambiar la terminología para hacerla más moderna, pero las bases se mantienen. Lo que antes se llamaba intuición, ahora se llama "reconocimiento de patrones". La ética es compliance. Y la empatía ya no es conexión emocional, es "ingeniería social", pero todo se resume en volver a hacer tribu.

Claro que esto nos vale para los que llevamos un tiempo en la trinchera y sabemos cooperar, pero para los jóvenes que llegan ahora a la vida laboral la cosa cambia. Han sido educados en un mundo académico en el que seguía primando el conocimiento, pero llegan a un mundo laboral donde estamos digitalizando las primeras etapas, el trabajo de base, la búsqueda de información, que era donde se forjaba la tribu. Así que se encuentran ante la paradoja de reciclarse o reinventarse sin haber ni siquiera trabajado para encajar en este nuevo modelo.

Si nos vamos a los más jóvenes, los que están en las primeras etapas de la formación adulta, la cosa aún puede tener solución. Integrar la IA en la educación puede ser beneficioso, pero no se trata de pedirle a ChatGPT que me haga el trabajo, sino de desarrollar el equivalente a las historias de hoguera discutiendo con la IA. El reto de los docentes será cómo fomentar el pensamiento crítico y sin que unos jóvenes acostumbrados a la inmediatez se dejen seducir por la las respuestas fáciles.

Dejémonos de poesía. El valor real hoy no es el conocimiento, sino el juicio experto que decide qué hacer con él. La máquina va a hacer el trabajo sucio, pero no va a ser un camino de rosas tecnooptimista de gurú de LinkedIn, nos va a costar sangre y sudor. Háganse a la idea de que si su valor añadido es procesar papeles, tendrán que ir actualizando el currículum. Si su valor es negociar con humanos y navegar la incertidumbre, este es su momento. Elijan rápido, porque el algoritmo no espera a nadie.

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Isaac Pozo Ortego es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

Las críticas a las políticas de inmigración son caldo de cultivo del crecimiento de la derecha extrema populista, tanto en España como en Europa. Recientemente, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar el proceso para regularizar a cientos de miles de personas extranjeras residentes en España despertó de nuevo las campañas de rechazo frontal. Desde la esfera ultra –para sorpresa de nadie– se agitaba la bandera de la teoría del reemplazo, calificando la medida como parte de la “​​agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”. También el comisario europeo de Inmigración –adscrito al Partido Popular Europeo– manifestaba sus reservas ante la medida promovida por la coalición progresista en España.

Casi en las mismas fechas, Yuval Harari intervino en la cumbre anual que celebra en Davos el World Economic Forum. La excusa de su presencia era la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La primera parte de la intervención se basó en los conceptos que el filósofo ha desarrollado en su último ensayo, Nexus, y que ya estaban presentes en su anterior obra, Homo Deus: breve historia del mañana. Básicamente, una reiteración de sus advertencias sobre la IA como un agente autónomo, diferente de los anteriores instrumentos meramente pasivos ideados por el ser humano. El ensayista dejó para la segunda parte su reflexión más profunda: la comparación del despliegue mundial de la IA con un inmenso flujo migratorio.

La advertencia de Harari está lejos de ser una exageración. Es inmediata la proliferación de los agentes IA, sistemas avanzados capaces de percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos, requiriendo mínima o ninguna supervisión humana. Como bien describe el pensador hebreo en su intervención, estamos asistiendo a la creación de entidades que desempeñarán puestos de trabajo actualmente ocupados por humanos, transformarán la cultura de la sociedad donde se desplieguen y tendrán lealtades ajenas a la localización para la que presten sus servicios. Una versión digital de la teoría del reemplazo, en este caso de seres humanos por entes artificiales. Una completa oleada migratoria de IA que, en el caso de Europa, viene del otro lado del Atlántico. 

En el mundo del trabajo, existen indicios del reemplazo de los empleados de cuello blanco por las aplicaciones IA. En la misma cumbre de Davos, el consejero delegado de una gran empresa de esta nueva tecnología predijo la sustitución de los ingenieros de software por aplicaciones en un plazo de seis a doce meses. Los trabajadores en las líneas de fabricación y otros trabajos manuales tampoco serán más afortunados. El despliegue de la IA física alcanza ya el hito de robots fabricando robots. Incluso en el mismo EEUU, donde la ola migratoria de IA viene del interior de sus fronteras, el 64% de los trabajadores creen que esta tecnología disminuirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años. 

En el reemplazo, las entidades IA que emigran a Europa desde EEUU nos traen también una cultura y política concreta: la ideología conservadora extrema y populista. La Casa Blanca ha establecido la obligación por orden ejecutiva de prevenir la implantación de la cultura de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las aplicaciones IA de la Administración. Previamente, había ordenado a las agencias federales de Comercio y Telecomunicaciones a identificar y contrarrestar las leyes estatales que impulsan el desarrollo de una IA conforme a los valores DEI. 

Quienes hoy critican en Europa la apertura de fronteras a los inmigrantes humanos, establecen escasos condicionantes a la llegada del contingente de entes IA estadounidenses. Los mal llamados Patriotas Europeos ponen el acento en que sean portadores de su visión de los valores europeos, perfectamente compatible con la trumpista. Como contraposición, la derecha extrema populista no se manifiesta al respecto de la sustitución de trabajadores por aplicaciones y máquinas IA.

Aquellos que se preocupan por un despliegue gobernado en Europa de la nueva ola tecnológica tampoco establecen un marco estratégico completo para dar respuesta a la realidad migratoria de la IA descrita por Harari. 

La realidad migratoria de la IA descrita por Harari no impacta en las instituciones y políticos europeos. Los intentos de regularizar la IA –como la Ley de la IA de la Unión Europea– carecen de un enfoque a la altura de la dimensión del cambio, focalizándose en la transparencia en su uso y prácticas no permitidas. En paralelo, el Plan Europeo para un Continente IA se ocupa tan solo del aspecto industrial del desarrollo de esta tecnología. Existe la carencia de una política europea –o en otra área económica– de integración holística de la IA en la esfera laboral, cultural y política. 

La IA, vista como fenómeno migratorio, abre un nuevo riesgo de intemperie por la que puede profundizar la brecha entre élites y clase media y trabajadora. De igual modo que con la migración de los humanos, la inquietud en la población receptora sólo se resuelve adoptando medidas. Al igual que en la era de la Revolución Industrial, como bien recuerda Daron Acemoglu en su ensayo Poder y Progreso, la tecnología por sí sola no limita sus propios excesos. Tampoco los flujos migratorios se regularizan sin realizar ninguna acción. Mirar a otro lado y no enfrentarse a la IA con una respuesta integral no va a resolver los nuevos retos.

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Emilio García es coautor de Chips y Poder y colaborador de la Fundación Alternativas.

Es un cuento sencillo aplicable a la ambición desmedida. No encontré en castellano una palabra que recogiera en su significado al variado mundo de personajes que nos rodea, así que inventé lo de Cleptotecnoplutócratas. Su significado aloja a ricos, políticos, poderosos, mangantes y profetas de inspiración peligrosa.

Cada uno de los antedichos acuñó aquello de “rostro humano” y lo aplicaron al capitalismo, comunismo y cristianismo, una máscara para disfrazar la indignidad. Escribió Michel de Montaigne que unos hacen creer al mundo que creen lo que no creen, mientras los otros, más numerosos, se autoengañan sin saber penetrar en lo que es creer.

Vuelvo al cuento. Todos llegamos al final de la vida con la bolsa de dignidad demediada o consumida, y sabemos que ego y dignidad tienen difícil encaje. El mundo de la gran empresa perdió aquello que proclamaba, la función social, el respeto a muchos de los derechos humanos. Otros personajes se imaginan empresarios, no poseen empresa propia y cambiaron su dignidad, si la tuvieron, por una carta de representación. 

No olvido que hay trabajadores que vendieron su primogenitura por un plato de miseria; estos son los que se autoengañan por alcanzar el poder, como aquellos que se creen generales por llevar la palabra director antepuesta, y no pasan de sargentos chusqueros.

La ciudadanía sufre también las luchas personalistas entre las facciones políticas, tanto de la izquierda como en la derecha, a sabiendas de que serán descabalgados por otro más ambicioso e indigno; hay evidencias. Llegar con la bolsa muy devaluada es lo normal, pues todos cometemos pecados de juventud, madurez o vejez. Señores cleptotecnoplutócratas, deberían recordar aquella frase evangélica: la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y no en la dominación. 

Solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos, dijo Montoro —siquiera es suya la frase—, menudo truchimán. Al final del cuento, el final de la vida, es evidente, los cleptotecnoplutócratas llegan con la bolsa de la dignidad vacía; la han vendido o cambiado por poder o riqueza; y para los que se creen ricos ya sentenció un banquero: “Serlo de verdad, somos muy pocos”. 

Para que los fundamentos que contiene la bolsa: honradez, respetabilidad, nobleza, integridad, rectitud, decencia, seriedad, autoestima, orgullo, vergüenza, honorabilidad, etc.  No se pierdan en el camino, es recomendable inteligencia (DRAE acepción 2.2), “conjunto de ideas y valores de una comunidad”.

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Mariano De la Puente es socio de infoLibre.

Como casi todos los inventos, algunos buenos y otros malísimos, el Estado de Bienestar también lo crearon los alemanes. Lo construyeron para impedir cualquier atisbo revolucionario cuando, a finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a desabrocharse la ira provocada por el hambre. Fue en la época de Bismark, el “canciller de hierro”, que llegó a la conclusión de que la monarquía podría fortalecerse si sacaba de la pobreza a los parados y los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes. Y creó las bases de un rudimentario sistema de seguros de jubilación e invalidez.

En España, el seguro de desempleo nació con el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, cuando su ministro de Trabajo, Largo Caballero, puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. En la actualidad, la prestación por desempleo tiene carácter contributivo, y para tener derecho a ella, tenemos que cotizar a la Seguridad Social mientras estamos trabajando.

Pongamos un caso práctico para ver de forma clara cómo funciona el sistema. Supongamos que una trabajadora – por ejemplo, yo misma– es despedida de su trabajo. El despido es, sin duda, la sanción más grave del sistema disciplinario laboral y, por tanto, una medida tan rigurosa habría de aplicarse solamente en casos extremos: a quienes no saben convivir en sociedad, a quienes causan daños a los demás, o alteran severamente la paz social. Sería consecuencia, por tanto, de alguna cuestión grave. Quizá, de que se haya producido una reyerta entre compañeros de trabajo; o de que alguien haya filtrado un secreto a un enemigo poderoso. O, exagerando un poco, de que hayan desaparecido los “bolis” del estante de papelería. O, peor aún, de que alguien haya comentado algo sobre la falta de méritos de la jefa de personal, en caso de que dicha señora fuese un pelín rancia. Pero volviendo a nuestro supuesto práctico: ¿qué pasaría si la trabajadora –yo, en el caso inventado que nos ocupa– es despedida por expresar su opinión política en un medio de comunicación?

El Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que también en las empresas hay que respetar la libertad de expresión. Pero la realidad, como advirtiera Norberto Bobbio, es que, bajo el sistema capitalista, la democracia se detiene a la puerta de los centros de trabajo.

Siguiendo con la ficción, y aunque en principio pudiera parecer delirante, cabe imaginar que la empresa decida que la opinión política de la trabajadora constituye una falta muy grave que atenta contra la imagen conservadora de la empresa, dado que las jefas de dicha empresa son de ultraderecha. Tan grave sería en ese caso la falta, que “justificaría” un despido disciplinario. Sin indemnización. Y la trabajadora –es decir, yo– se iría a la calle con lo puesto. Hasta aquí, la hipótesis. Y, a partir de la hipótesis, empieza el auténtico calvario.

Tras el despido, la trabajadora –o sea, servidora– tiene derecho a la prestación por desempleo –comúnmente conocida como “el paro”–, una prestación para asistir a quienes pierden involuntariamente su empleo y han cotizado el tiempo suficiente. En teoría, es una cobertura social para hacer frente a una contingencia, es decir, para poder vivir mientras no se cobra un salario.

Si la trabajadora –insisto, yo– ha cotizado por la base máxima, cobrará alrededor de mil euros mensuales: menos que el salario mínimo. Pero antes hay que conseguir una cita en la oficina de empleo. Tarea heroica en un servicio cuasicolapsado. Y, cuando la trabajadora despedida obtiene la cita y entrega todos los documentos –aunque el Estado ya tenga esos datos en sus propios sistemas– el expediente puede tardar meses y meses en resolverse.

Como en El proceso de Kafka, la resolución del expediente se retrasa sin explicación alguna. Y, una vez aprobada la prestación, todavía hay que esperar otro mes más hasta la fecha oficial de pago. 

La prestación por desempleo puede tardar en cobrarse tres, cuatro o cinco meses. O más. Y durante ese tiempo, el pago del alquiler no se suspende. Ni la hipoteca, ni la luz, ni el agua, ni la cesta de la compra. Con el despido se suspende el sueldo, pero no las facturas.

Esto no viene en la redacción de la ley, pero para poder quedarse sin trabajo y cobrar “el paro”, hay que tener ahorros. Al menos los suficientes para sobrevivir medio año sin cobrar un solo euro de la prestación. ¿No era “el paro” una medida de protección para paliar la contingencia del desempleo?

Al final, como casi siempre, hay que echar mano de la familia. En España, la verdadera red de asistencia no es el Estado ni la comunidad: es la familia.

Por eso a la ultraderecha le interesa tanto reforzarla: para adelgazar el Estado social y sustituirlo por una red de cuidados no remunerados e invisibles. Sin la familia, en este precario Estado de bienestar, ¿cuántas personas sobrevivirían?

Si el caso práctico que estamos analizando fuera cierto, quizá yo podría sobrevivir. Tengo algunos ahorrillos (y también familia). ¿Pero cuántas personas en paro pueden disponer de ese respaldo?

El sistema no protege al trabajador y la trabajadora en el momento en que lo necesitan. Protege a quien puede permitirse vivir durante un tiempo de sus ahorros. Y eso no es una red de seguridad. Es una prueba de solvencia.

La prestación de desempleo, tal y como está diseñada y gestionada, no es para quien la necesita urgentemente, sino para quien puede aguantar un tiempo sin ingresar un euro.

En la práctica, el paro es para los ricos.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este lunes, un informe de Comisiones Obreras (CCOO) ponía cifras a este fenómeno: en 2025 cada persona que realizó horas extra no pagadas trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración. Esto supone un coste laboral no abonado de 141 euros a la semana, equivalente a 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. En total, a lo largo del año se realizan cada semana 2,5 millones de horas extra no pagadas.

Un 47% de los empleados que tuvo que hacer horas extra no recibió contraprestación ni económica, ni en tiempo de descanso, señala el estudio. Y aunque la cifra es muy alta, la tendencia ha mejorado. "Las horas extra se han ido reduciendo a medida que los trabajadores se ven menos obligados a hacer lo que sea para mantener el trabajo", explica Álvaro Gaertner, economista del gabinete de Estudios Económicos de CCOO. Sin embargo, el experto si advierte de la persistencia del dato actual: "Hay una base muy dura en torno a los dos millones y medio de horas", advierte. Revisando la serie del INE se observa que las horas no pagadas han descendido y las pagadas han aumentado en los últimos trimestres, aunque hay que considerar que esta evolución está muy sujeta a la estacionalidad.

En la misma línea insiste el documento, que además pide agilizar medidas para paliar esta dinámica. “Se trata de una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas y que no se ha logrado reducir de manera significativa en los últimos años”, recoge el sindicato. Además, desde este ámbito, una de las cosas que “denuncian” es el “retraso en la tramitación del decreto que modifica el registro horario en las empresas”. Esta regulación lleva meses coleando después de que los votos de PP, Junts y Vox hiciesen decaer la propuesta de reducción de la jornada laboral y Trabajo propusiese salvar el registro horario, que formaba parte de aquel paquete.

Fuentes de Trabajo señalan que, por ahora, la medida para hacer más restrictivo el control de las horas extraordinarias se encuentra en fase de evaluación por parte del Consejo de Estado, y no hay plazos concretos para su puesta en funcionamiento. Básicamente, consiste en desarrollar el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Este apartado establece la obligación de las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajo accesible para la Inspección de Trabajo, y el real decreto prevé un desarrollo de este punto obligando a que sea digital y de forma que se garantice inequívocamente que es el trabajador el que ficha. Además, se solicitará a las empresas que especifiquen las formas de compensar las horas extra a cada empleado.

Sobre su tramitación, además del Consejo de Estado, tendrá que pasar por la Agencia de Protección de Datos para dirimir cómo se puede monitorizar a las plantillas o tratar los datos de los trabajadores. Su aprobación no es, por tanto, inminente, aunque estaba prevista para principios de este año, ya que se ejecuta por vía de urgencia y a través de un real decreto. Esta tramitación, que a nivel político no contaría con el respaldo de Junts, PP y Vox, no tendría que pasar por el Parlamento, de ahí, que no se hubiese podido rescatar de la anterior propuesta los incrementos en las sanciones a las empresas por incumplimiento, ya que este punto no se puede modificar por medio del real decreto y sin pasar por el Congreso.

En el fondo del debate está la intención de reducir la jornada de trabajo efectiva y sacar a la luz esas horas, que son invisibles tanto a nivel de salario como de cotización y que de forma inexorable producen un alargamiento de la jornada de trabajo. De hecho, un estudio publicado por el portal de empleo InfoJobs destaca que en 2025 un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer las empresas en las que trabajan de una herramienta para este fin, algo que es obligatorio desde 2019.

En el repaso por las horas trabajadas, hay sectores como la hostelería que mejoran y otros, como la educación, que empeoran. "Percibimos una cierta mejora en hostelería desde 2019 hasta ahora, ya sea por la reforma laboral o porque con menos empleo temporal los trabajadores tienen menos miedo a reclamar", apunta Álvaro Gaertner. En hostelería, el número total de horas trabajadas semanalmente en 2025 y no retribuidas fue de 143.172; en cambio, el sector educativo encabeza las estadísticas de horas extraordinarias con un total de 440.706 horas semanales trabajadas y no pagadas. Algo que, según el sindicato, puede deberse al tiempo destinado a la preparación de clases o de material para las horas lectivas.

El segundo sector con mas horas acumuladas es el del transporte y almacenamiento, con una media semanal de 270.013, seguido de la industria manufacturera (255.289) y del comercio mayorista y minorista (217.264). Si se observa por número de trabajadores afectados, de las 441.000 personas asalariadas que semanalmente hicieron horas extras no pagadas, 72.000 trabajaban en la educación, 49.000 en industria manufacturera, 46.000 en comercio, 41.000 en actividades profesionales, científicas y técnicas; y 33.000 en Administración pública y defensa.

Hasta el momento, la reforma del registro horario, que debería ayudar a corregir estos datos, apunta más al medio plazo y desde el ámbito sindical presionan para que se implemente cuanto antes. Por otro lado, en el ámbito de la patronal se han posicionado en contra e incluso han planteado recurrir en los tribunales.

El número de expedientes de regulación de empleo (ERTE) llevados a cabo el pasado año alcanzó los 4.506 procedimientos, un 37,6% menos que en 2024, cuando se dispararon por la situación generada por la dana, según informa EFE.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el año pasado 3.405 empresas estaban inmersas en uno de estos procedimientos -un 42,9% menos que en 2024-, de las que 441 aún estaban afectadas por la dana, con un total de 446 procedimientos.

El número de trabajadores incluidos en algún despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada disminuyó un 34% en 2025, hasta los 124.921, de los que 3.186 lo fueron debido a la dana.

Del total de afectados, hubo 84.860 hombres (37,9% menos), el doble que mujeres, con 42.061 (24,5% menos). Por tipo de procedimientos, la mayoría se vio afectado por una suspensión de contrato, con 78.303 trabajadores (45,3% menos), y 5.418 vieron reducida su jornada (38% menos).

Además, hubo 41.200 trabajadores que formaron parte de un despido colectivo, una cifra que aumenta un 10,2% y que en los próximos meses se dispará, previsiblemente, una vez se apliquen los anunciados en empresas como Telefónica, Tubos Reunidos, Teka o Pepsi.

En cuanto a las causas, 112.833 trabajadores formaron parte de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cifra que disminuyó un 25,7%; mientras que 12.088 lo fueron por fuerza mayor, con un descenso del 67,6%.

La mayor parte de trabajadores incluidos en un ERTE estaban empleados en el sector industrial (63.445), principalmente en la fabricación de vehículos de motor (con 25.175 afectados, uno de cada cinco, la mayoría en una suspensión de contrato). Le siguen los 57.335 trabajadores del sector servicios incluidos en un procedimiento, principalmente empleados en servicios de alojamiento, actividades administrativas, restauración y comercio mayorista y minorista. En menor medida, 2.676 trabajadores afectados pertenecían al sector de la construcción y 1.465 al agrario.

Atendiendo a las causas de los ERTE, dentro de los ETOP fueron los que afectaron a más trabajadores, sobre todo por causas de producción, con 55.101 empleados inmersos, sobre todo, en una suspensión de contrato (37.605). Le siguieron los 25.646 incluidos en un ERTE ETOP por causas económicas, más de la mitad por justificar pérdidas actuales; 21.938, por causas organizativas; y 10.148, por causas técnicas.

La mayor parte de los trabajadores fueron incluidos en un procedimiento con acuerdo entre las partes (99.747), mientras que 19.804 no dieron el visto bueno a su expediente y de 5.370 no consta la decisión. Por tamaño, el número de compañías con un ERTE fue mayor cuanto menor era su plantilla, de forma que hubo 1.379 microempresas en un ERTE, 1.290 pequeñas, 526 medianas y 210 grandes. Por regiones, destacan las 762 empresas con un ERTE en la Comunitat Valenciana, seguidas por las 570 de Catalunya, las 505 de Madrid y las 430 de Andalucía.

Además, hubo 11 empresas que se acogieron al mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, con 6.080 trabajadores incluidos, la mayor parte hombres (5.161) y todos con una suspensión de contrato. Este mecanismo, que se abrió en 2025 y que ha sido prorrogado hasta junio de este año, permitió a empresas de fabricación de vehículos de motor e industria auxiliar acogerse a estos procedimientos por causas extraordinarias.

Si algo ha dejado patente la inteligencia artificial (IA) es la velocidad a la que puede transformar los procesos laborales. El 30 de noviembre de 2022 se lanzaba en abierto ChatGPT, un chatbot basado en IA que cualquiera podía usar gratuitamente en internet. Cuatro años después, el Informe sobre el futuro del empleo 2025, publicado por el World Economic Forum, ya señala que un 41% de las empresas planean reducir su plantilla a medida que incorporan nuevas funcionalidades con este tipo de herramientas IA. Los más expuestos a ella suelen ser los trabajadores junior y otros empleados dentro del ámbito white collar (cuello blanco), un anglicismo que hace referencia a las personas que desempeñan labores administrativas o de oficina. En cambio, los trabajos manuales como los que realizan operarios o quienes trabajan en logística o industria (denominados como blue collar o de cuello azul) parecían más a resguardo de la tormenta. ¿Hasta ahora?

En el Foro de Davos, que finalizó el pasado 23 de enero, Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, anunció que su empresa comenzará a enfocarse más en la fabricación de robots humanoides y menos en producir vehículos eléctricos. El giro estratégico en su modelo de negocio pasa por dejar de producir dos tipos de automóvil que tenían bajos niveles de ventas (Model S y Model X) para invertir 16.700 millones de euros en la producción de un robot de nombre Optimus. La idea de Musk es, tal como explicó en Davos, “desarrollar y desplegar productos y servicios de IA en el mundo físico”. En la propia web de la compañía señalan que su intención es “crear un robot humanoide autónomo de uso general y bípedo, capaz de realizar tareas peligrosas, repetitivas o aburridas”. La idea, señalaba Musk en Davos, es que en unos años haya más robots que personas. Un avance que no es necesariamente negativo, pero que supone un desafío más para la organización del trabajo. 

“En mi opinión, el anuncio de Musk es un globo sonda, una forma de generar debate en torno a un tema y explorar posibilidades. Pero el nivel de tecnología que requiere replicar la motricidad fina que debe tener una máquina para sustituir a un camarero que sirve en un bar en hora punta es algo que aún está lejos”, explica Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. “No habrá un reemplazo de este tipo de trabajos a corto plazo porque, además, esa complejidad tecnológica es mucho más cara que pagar un salario”, señala. Por otra parte, el experto señala que el robot anunciado por Tesla no es un producto terminado y aún requiere respaldo humano. 

Lorente, que es autor del libro Nosotros, digitales. Manual para sobrevivir a la hiperconectividad (Erasmus, 2026), afirma que habrá tareas que se automaticen, aunque por el momento están funcionando más como un complemento a la actividad humana que como un sustituto. 

Un robot con forma humana alimenta cierto imaginario de ciencia ficción, pero impacta –bromea el profesor–, de la misma manera que lo pudo hacer una cosechadora de grano en su momento. Sin embargo, el debate de fondo sigue estando en la inteligencia artificial, más allá de la forma en que esta se manifieste y en los cambios estructurales que se deban introducir a la larga. 

“Lo más preocupante para un sistema donde la creación de valor ha sido históricamente humana (a través del trabajo) es que los cambios lleguen de golpe”, explica Lorente. De ahí que varios informes estén insistiendo en una regulación más estricta sobre procesos de IA en el trabajo y en la integración de los trabajadores en la gestión, sobre todo cuando intervienen algoritmos opacos.

Un análisis encargado por el Ministerio de Trabajo que repasa los procesos de gobernanza democrática en el ámbito laboral reserva un apartado para hablar sobre tecnologías de inteligencia artificial. Define la gestión algorítmica como un “punto ciego democrático” en la gobernanza empresarial y apunta a un “cambio estructural en el empleo” más allá de la mera automatización de tareas.

Si bien el impacto aún es difícil de ponderar, hay algunos indicios. La coletilla de “automatización de procesos” o “implantación de la inteligencia artificial” empieza a repetirse y a aparecer como una causa para algunos expedientes de regulación de empleo. Le pasó a Amazon, a la tecnológica estadounidense HP y también, más recientemente, a Telefónica, que apoyaba el ERE en justificaciones técnicas como la “automatización de procesos” o “implantación de la inteligencia artificial”. En países como Estados Unidos, con una mayor implantación de IA en las empresas, varios estudios señalan que la contratación de personal junior puede estar contrayéndose o frenándose por las expectativas que crea la aplicación de IA en ámbitos como la consultoría.  

En el informe del Ministerio de Trabajo explican que los temores a un desempleo generalizado son “infundados”, pero pone el foco en la necesidad de controlar la gestión que se hace de esta tecnología. “Las herramientas de gestión algorítmica vigilan a los trabajadores, recopilan datos íntimos a una escala sin precedentes y permiten un grado de control hasta ahora inimaginable. El taylorismo se ha convertido finalmente en algo técnicamente factible”, señala el documento.

También insiste en que, además del impacto en el número de empleos, el mayor desafío está en los mecanismos de control que requiere esta nueva realidad en el ámbito de los derechos laborales. “Desde esta perspectiva, la IA no solo supone un reto para la cantidad de puestos de trabajo, sino, lo que es más importante, para la calidad de los mismos”, recoge el documento. 

Explorar las posibilidades sociales que pueden dibujarse a futuro es, aún, un ejercicio prospectivo, pero cada vez más necesario. “El problema de fondo en esto, aunque ahora suene un poco distópico, es qué hacer con la gente que genera valor con su trabajo y cobra por ello, si dejan de tener una ocupación”, apunta el profesor. Aquí, explica, se abren posibilidades que supondrían “revisar nuestro contrato social”, como una renta básica universal o un sistema impositivo que grave la producción de estos robots.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

El mercado laboral perdió 270.782 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas, hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el descenso de este enero, un mes habitualmente negativo en el mercado laboral, ha influido "un clima especialmente adverso", dejando el total de ocupados en 21,57 millones.

En cuanto al desempleo, el aumento de enero es el menor para un arranque de año desde 2022 y deja el paro registrado en esos 2,43 millones, la menor cifra para un enero en 18 años.

El mercado laboral es, desde hace un tiempo, una fuente de buenas noticias para la economía española. Con 605.400 nuevos empleos en 2025, hasta alcanzar un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, la tasa de paro cayó al 9,93%, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida este martes. Es la primera vez desde 2008 que baja del 10% y en cinco comunidades autónomas (Cantabria, Madrid, Aragón, País Vasco y Baleares) se sitúa en el 8% o por debajo, un umbral que, si bien no se ajusta a la definición técnica de pleno empleo, hace que se comience a hablar de este nivel de ocupación óptimo. “Nuestro país está en disposición de alcanzar en los próximos cinco años, sin ningún género de duda —y a menos que haya una hecatombe—, el pleno empleo”, lanzaba Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). 

Pero, ¿qué es el pleno empleo? Este término se refiere a una situación en la que toda la fuerza de trabajo disponible en un país está en funcionamiento. En esta circunstancia ideal, cada persona en disposición de trabajar contaría con un empleo. En la explicación que proporciona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se entiende que es muy difícil lograr este hito y, por ello, se suele definir el pleno empleo de manera que incluya un pequeño porcentaje de paro, generalmente hasta el 4% de la población activa. De hecho, en la zona euro solo seis países se encuentran por debajo de ese umbral (Bulgaria, República Checa, Alemania, Malta, Polonia y Países Bajos), según los últimos datos de Eurostat. En conjunto, España sigue por encima de la media de sus vecinos europeos, que constataban un 6,3% de desempleo en noviembre. 

Pero hay una variante de esta definición técnica. Algunos políticos y analistas utilizan como referencia para hablar de este nivel de ocupación ideal el 8% de tasa de desempleo. Este límite se fija por comparación con otro momento en el que la tasa de actividad en España era muy buena y el paro estaba en mínimos históricos. Algo que ocurrió en el segundo trimestre de 2007, justo antes de que la burbuja inmobiliaria saltara por los aires y la Gran Recesión hiciera mella. En ese momento los parados representaban solo un 7,93%. En los seis años siguientes la curva de parados no cesaría de aumentar, hasta alcanzar en el primer trimestre de 2013 una tasa de paro del 26,8%, con 6,2 millones de españoles sin trabajo.

En un país que había conocido cifras de dos dígitos desde hacía 17 años, el 8% se vislumbraba como un hito muy cercano al pleno empleo. En Comisiones Obreras apuntan que es posible su consecución, pero pese a lo positivo de los datos advierten de que “España sigue siendo uno de los países con mayor tasa de paro de la Unión Europea”. Para Loli García, secretaria confederal de Formación y Empleo de CCOO, “aunque la mejora es evidente, todavía hay elementos de desigualdad y precariedad por corregir” y entre esos factores negativos cita la parcialidad, el reparto de los beneficios empresariales, los salarios o la necesidad de reducir la jornada. 

El entusiasmo que muestra el mercado laboral no coloca a ninguna comunidad por debajo de ese 4%, pero sí ha despertado la ilusión de lograr el pleno empleo y muchas voces se han referido a ella este martes. Desde UGT, el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, también pedía ir hacia ese 4% y señalaba que el mercado ha avanzado de manera “importante”. Incluso la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, señalaba que este hito “está muy cerca”. 

Si se repasa el mapa de España, las comunidades autónomas con peores cifras son Andalucía (14,6%), Extremadura (13,4%), Canarias (12,6%), Castilla-La Mancha (12%) y Murcia (11%). En el extremo opuesto, Cantabria, con una tasa del 6,7%; Madrid, con un 7% y País Vasco, con un 7,5%, firman los mejores resultados. El impulso en los datos a nivel nacional se apoya en una campaña navideña que dobló las contrataciones con respecto al año anterior y que parece haberse mantenido.

Fuera del ámbito territorial, el empleo joven sigue siendo la asignatura pendiente. Entre quienes se encuentran entre los 16 y los 25 años, la EPA señala que la tasa de paro se recortó en 2025 al 23%, una cifra aún alta pero casi dos puntos porcentuales (1,8) por debajo de la registrada a cierre del año anterior. Y de nuevo la comparativa con Europa deja a España en peor situación (en noviembre de 2025 el desempleo juvenil en la Unión Europea se situó en el 15%, según Eurostat) y, en este capítulo concreto, en el puesto de cola. Por comunidades, la tasa más baja de desempleo juvenil la firmó Baleares, por debajo de la media europea con un 12,5% y la más alta se registró en Ceuta y Melilla (40%) y Extremadura (37%).

En un vistazo a las ramas profesionales que más han aportado a los 605.400 empleos aparecen el sector de retail (es decir, la venta directa al consumidor), la construcción y la educación. El impulso en el comercio minorista fue de 87.200 ocupados, un 4,4% más; en la construcción, animada por el impulso a la vivienda nueva que busca el Gobierno, hubo 49.000 ocupados, un 8,3% más; y, finalmente, en educación hubo 45.200 altas, un 2,8% más.

Cuando en 2023 un Pedro Sánchez que era candidato a la reelección se atrevió a hablar de pleno empleo, lo hizo aludiendo a ese 8%: “La primera propuesta que hemos planteado es la de ese acuerdo con los agentes sociales para lograr el pleno empleo, del 8% estructural”, señalaba. Este martes, aunque lejos aún de esa media, varias comunidades se colocan por debajo y el debate sobre este horizonte vuelve a estar sobre la mesa.

El mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde el inicio de 2008, según recoge EFE. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el paro bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93%, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que los datos muestran "un mercado laboral más fuerte, más estable y con empleo de mayor calidad", lo que "sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha destacado en TVE las buenas cifras de afiliación y esa bajada "de los dos dígitos" en materia de desempleo; mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado en RNE que, "por fin, bajamos del 10%" de paro.

El empleo durante 2025 aumentó más entre las mujeres (306.200 ocupadas más) que entre los hombres (299.200 más), aunque sigue habiendo 1,5 millones de ocupados (con 12 millones) más que ocupadas (10,5 millones).

Por sectores, el mayor crecimiento se dio principalmente en los servicios (con 369.900 ocupados más), seguido por la industria (112.200), la construcción (79.500) y la agricultura (43.800).

Por su parte, el empleo autónomo sumó 36.800 personas, siendo el asalariado el que aportó la mayor parte, con 569.900 empleados más, de los que 547.500 fueron indefinidos y 22.400 temporales, dejando la tasa de temporalidad en el 15,13%.

Por tipo de jornada, el empleo a tiempo completo subió en 574.700 personas y a tiempo parcial en 30.700, dejando la tasa de parcialidad en el 13,75%.

Y por tipo de empleador, el sector privado generó 555.300 ocupados y el público 50.100.

En cuanto al desempleo, se redujo más entre los hombres (con 79.500 parados menos) que entre las mujeres (con 38.800 paradas menos).

La tasa de paro entre las mujeres quedó en el 11,24% y la de hombres en el 8,76%. El desempleo se redujo un 4,56% en el año.

Por sectores, el paro disminuyó en el último año en los servicios, con 43.200 parados menos; y la agricultura, con 4.700 desempleados menos; mientras que subió en industria (4.200 más) y la Construcción (2.600).

Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas (37 euros más), según recoge EFE.

Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".

El Ministerio de Trabajo también ha puesto sobre la mesa su intención de "explorar" con el Ministerio de Hacienda "la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios".

CEOE y Cepyme llevan años reclamando al Gobierno la actualización de los contratos públicos conforme a las subidas del SMI para poder trasladar a la administración ese aumento de costes laborales que restan rentabilidad a las licitaciones.

Los sindicatos apoyan esta reivindicación, tal y como quedó reflejado en el V AENC, el último acuerdo para la negociación colectiva suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales.

Para Pérez Rey "no tiene mucha lógica" que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación en los contratos públicos "algunas de las subidas laborales", aunque ha aclarado que este asunto está a expensas de lo que digan "los ministerios competentes", fundamentalmente Hacienda. En lo que sí hay consenso dentro del Gobierno -según Pérez Rey- es en mantener el salario mínimo libre de IRPF, un punto ya acordado con el Ministerio de Hacienda que desarrollará la parte técnica manteniendo previsiblemente "la dinámica de 2025", año para el que se estableció una deducción específica. 

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha valorado el compromiso de explorar una relajación de la ley de desindexación, aunque desconoce si tendrá que ver solo con las subidas del salario mínimo o si también aplicaría a las pactadas en convenio colectivo.

Luján ha dicho que van a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo en el que debería estar la patronal y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes, ya que es "importante" trasladar "cierta tranquilidad económica y cierta certidumbre" tanto para las empresas como para los trabajadores en un momento en el que "Europa está siendo amenazada".

Preguntado por los plazos que ha dado el Gobierno, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha subrayado que el proceso de negociación debería ser "cuestión de días" para no dificultar el procedimiento de gestión que implica la actualización de los salarios y que afecta a más de un millón y medio de personas y miles de empresas.

Pacheco también se ha referido a la modificación necesaria de la Ley de desindexación, "sumamente relevante" para garantizar que los incrementos del salario mínimo lleguen al conjunto de trabajadores y acabar así con "una anomalía democrática" que afecta a los empleados de empresas que prestan servicios o actividades a las Administraciones Públicas.

Hace ya varios días que conocimos que RTVE despedirá el 2025 con unos presentadores inesperados. Chenoa y el dúo Estopa sustituirán en un par de días a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la misión de acompañarnos en la bienvenida al 2026 en la televisión pública.

El motivo: el parón anunciado por el presentador catalán hace unas semanas, que contó que había sufrido “un episodio de estrés no muy agradable”. “Hubo un momento en que ya no pude, me desaliñé y mi cuerpo dijo: tienes que parar”, decía. 

Abril, por su parte, parecía celebrar esta pausa (y la comprensión y apoyo del ente público y la audiencia) con un mensaje en su perfil de Instagram: “Comenzar a parar por fin”. El texto acompañaba una foto en la que la actriz sonreía. Parecía bastante feliz. Pensé: “¿Y ya está? ¿Se puede hacer eso? ¿Tan fácil era?”

Ojalá. 

Necesitamos parar pero no podemos. La mayoría, al menos. Muchos lo llevan necesitando años. Y no lo hacen. No se lo pueden permitir. Igual podrían permitírselo, pero temen las consecuencias. Nos han enseñado a temerlas desde el momento en el que ponemos un pie por primera vez en nuestras oficinas, redacciones, tiendas, fábricas… 

Hay una anécdota “graciosa” de mi vida laboral que a veces me gusta contar. En uno de mis primeros trabajos, siendo yo el más joven (con diferencia) de la redacción, llegué a ir a trabajar tan, tan enfermo, que llegó un momento en el que casi me desmayo y tuvo que llevarme una compañera al centro de salud en la furgoneta de producción. Mis directores, de buenas, se reían de mí. Normal, también te digo. 

Pero, claro, ¿qué iba a hacer, teniendo en cuenta todo lo que ya había visto en mi corta experiencia como trabajador? Empresas en las que a todos los empleados nos hacían contratos renovables de tres meses y, si no dábamos suficientemente el callo para su gusto, no tenían más que dejar de renovarnos. Compañeros a los que, después de pillarse una baja por ansiedad o por depresión, por corta que fuera, no se les volvía a renovar, no sea que la empresa tenga que cargar con una persona enferma. En aquel momento cobraba menos de mil euros al mes. ¿De dónde se suponía que tenía que ahorrar para tener una forma de pagar el alquiler de mi habitación al mes siguiente si, de repente, dejaban de renovarme? Aunque, en realidad, ¿de dónde se supone que tengo que ahorrar ahora, diez años después, cobrando solo quinientos euros más, pero pagando el triple de alquiler que en aquel entonces? 

Todavía tenemos que aguantar a los señores muy empresarios salir en podcasts (¿esta gente sabe que puedes tener dinero y ser anónimo?) a decir que ahora tienen un problema con la cultura laboral porque antes una persona tenía que estar “muy enferma” para no ir al trabajo y “ahora con fiebre no van”, como dijo el CEO del Grupo La Mafia recientemente. O a Garamendi decir que vaya “ocurrencia” tener un permiso de 10 días en el trabajo si se te muere tu padre, o tu marido, o tu hija. O a periodistas queriendo unirse al club de los enfants terribles rebeldes y políticamente incorrectos decir que los jubilados se pegan “la vida cañón” después de tan solo 40 años de nada partiéndose el lomo. 

¿Qué queréis que os diga? Yo estoy harto. Harto de que sea el trabajo lo que nos define. Harto de las jornadas laborales interminables. Harto de pertenecer a la generación más pluriempleada de la historia de nuestra democracia según los datos oficiales. Harto de que mi cuerpo me diga que no puede más, que lleva tiempo en el límite, y que ni siquiera cuando me da órdenes de parar poniéndose enfermo yo pueda descansar porque en mis trabajos como autónomo si no trabajo, no cobro, si no cobro, no pago las facturas. Harto del sentimiento de culpa cuando un domingo por la noche saco un rato para mirar el techo. Harto de sentir que no paso suficiente tiempo, ni de lejos, con personas a las que quiero y que no sé cuánto más estarán en este mundo. Harto de soñar con todas las aficiones que podría tener, los deportes que podría practicar, los instrumentos que podría tocar, los platos que podría aprender a cocinar, los lugares que podría visitar, las personas increíbles a las que podría conocer. 

Yo estoy harto de que nos intenten convencer de que, quienes no hemos nacido con una cuchara de plata en la boca, no hemos nacido para vivir de verdad. Que hemos nacido para doblar el lomo y ahorrar trabajo a quienes ya tienen el dinero y el poder en un sistema económico que no premia el esfuerzo, sino la propiedad. 

Creo que estoy en el mundo para hacer muchísimas cosas. Por desgracia, en la que –con diferencia– invierto más tiempo no es una de ellas. 

Mientras tanto, no puedo más que envidiar y celebrar a las personas que pueden parar. En su mayoría, personas que han alcanzado un estado, eso sí, en el que pueden permitírselo. No es ni de lejos lo habitual. Pero sueño con que, al menos, visibilizar lo de parar nos haga romper con ese aprendizaje impuesto de que es trabajar lo que nos identifica y dignifica. 

Amazon, la tecnológica HP y ahora Telefónica. La lista de expedientes de regulación de empleo (ERE) que añaden a sus justificaciones técnicas la coletilla de “automatización de procesos” o “implantación de la Inteligencia Artificial (IA)” empieza a repetirse y a aparecer como una causa para la reducción de plantillas. “El automatismo a través de inteligencia artificial está llegando a campos donde antes no estaba presente y esta transformación puede provocar que quienes puedan, inviertan en tecnología antes que en empleo o salarios”, explica Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School.

Aunque en los últimos años los ERE que más empleos han costado en España vinieron de las fusiones en la banca —el más grande fue el de CaixaBank con 6.400 afectados en 2021—, las tecnológicas han sumado recientemente unos cuantos despidos a la lista en todo el mundo. “Seguimos implementando nuestra estrategia para el futuro del trabajo. Estamos acelerando la innovación con dispositivos basados ​​en IA”, decía abiertamente Enrique Lores, presidente de HP, que recientemente ha planteado un ERE. Otro de estos expedientes, este exclusivo de España, es el de Telefónica, que también apelaba a la “automatización” para justificar su decisión.

“Los procesos de ERE no se entienden con un único factor, pero lo que más nos preocupa de toda esta transición tecnológica es que se pueda dar la participación de los trabajadores desde el inicio para evitar llegar a los despidos: con formación, con diálogo sobre la forma de organizar nuevos modelos laborales o con participación en la digitalización”, explica Raquel Boto, responsable del ámbito digital en Comisiones Obreras.

Los despidos de Amazon afectarán a 1.200 personas a nivel nacional y hace unas semanas la tecnológica HP anunció que alrededor de 6.000 empleados, un 10% de su plantilla, saldrían de la compañía por la incorporación de la inteligencia artificial a muchos de sus procesos. Esta última empresa cuenta en nuestro país con más de 2.000 trabajadores que se podrían ver afectados.

El caso de Telefónica es el más reciente. La compañía planteó un expediente de despido para 6.088 personas, un 35% del total de las filiales afectadas. La empresa justificaba el proceso, según apuntaban fuentes de la negociación, en “la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Un fantasma que recorre las previsiones económicas y que está suscitando un debate entre quienes afirman que sus efectos en el empleo serán devastadores y quienes, en un tono más contenido, piden tiempo. Para estos últimos, las evidencias aún no permiten hacer una correlación estricta en la que no intervengan otros factores, como la reducción de costes o las correcciones de la burbuja financiera que rodea a la IA.

“Aquí se mezclan dos cuestiones. Una, la burbuja financiera que rodea a la IA y que puede producir correcciones; y otra, la cuestión de si el uso generalizado de esta tecnología nos va a dejar sin trabajo”, explica el profesor. La segunda es el punto que más preocupa, de hecho, el Informe sobre el futuro del empleo 2025, publicado por el World Economic Forum, señalaba que un 41% de las empresas planeaban reducir su plantilla a medida que incorporaban nuevas funcionalidades con IA.

En España, un estudio de la compañía de recursos humanos SD Worx señalaba que tres de cada diez empleados estaban preocupados por la injerencia de la IA en sus profesiones, aunque también constataba que la implantación de esta tecnología a nivel nacional no estaba extendida: solo un 37% reconocía haber invertido en este campo.

Sin embargo, para Lorente, en economías como la estadounidense, con una mayor implantación digital, se están viendo algunos cambios y no precisamente para bien. “Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”. Algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas.

Otro punto crítico, explica el economista, está en los perfiles junior. Quienes desempeñan las actividades más básicas, alejados de la gestión y centrados en tareas concretas, son quienes más riesgo afrontan. De hecho, un artículo publicado esta misma semana en el Financial Times aludía a que en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. Para Lorente aquí puede darse un problema de fondo: “¿Si yo no contrato a júniors, cómo consigo trabajadores séniors y con experiencia? Se rompe el proceso de formación”, advierte.

Por su parte, desde Comisiones insisten en que el rol del trabajador debe cambiar e integrarse en el proceso de creación del nuevo modelo productivo. “Las empresas son reacias a que los trabajadores entremos en la organización del trabajo, pero es urgente, porque es la única manera de que la automatización sea productiva para los dos partes”, apunta Boto.

La euforia que rodea a todo lo que tiene que ver con la IA generativa ha llevado a que se hable de una burbuja en lo que tiene que ver con estas empresas. Un polo que atrae dinero y que podría sufrir una corrección que llegue a alcanzar también al empleo. “Todas las innovaciones tecnológicas pasan por un momento de hype (como se denominan en la jerga económica las expectativas infladas) para luego caer y llegar a una valoración razonable”, señala el economista. Para él, las empresas de IA están en ese punto donde la euforia comienza a caer.

De ahí, que se hable de AI washing, una variante del término greenwashing, que alude a cómo las empresas que se ponen “IA” como apellido, atraen —algunas veces sin respaldo real— grandes cantidades de dinero. Un caso paradigmático de este espectacular engaño lo protagonizó la empresa británica Builder.ia, que prometía a sus usuarios desarrollar aplicaciones de forma automatizada y sin ningún tipo de intervención humana. Sin embargo, ese “IA” no tenía detrás una gran tecnología, sino a más de 700 ingenieros contratados en Asia para picar código. Llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de dólares para después terminar solicitando la bancarrota.

El aura y la incertidumbre que despierta la tecnología va desde las finanzas al empleo y espolea análisis que tratan de anticipar lo que va a pasar. “Habrá cambios cuantitativos en el mercado laboral, pero también cualitativos que van a llevar a nuevas formas de trabajar y quizá a un nuevo contrato social”, concluye el profesor.