La representación legal del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial porque entiende que el rechazo por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana a su personación en la misma le genera una situación de "seria indefensión", según informa EFE.

Fuentes de su defensa han explicado que el recurso presentado ante la Audiencia se sostiene en que hay una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que la jueza elevó una exposición razonada para su investigación en la causa.

Además, el recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal" y si se mantienen, le permita su personación "para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa". 

En los últimos tiempos se nos acumulan noticias que han conmovido a la opinión pública: el accidente ferroviario en Adamuz, el derrumbe de una pasarela marítima en Santander o los estragos de la dana valenciana. La mirada de espanto de la sociedad bien podría dirigirse a la miseria política de quienes usan reservados de restaurantes para pasar el casting a candidatas a puestos públicos (¡adviertan el mérito de su sucesor, que no ha tenido que salir de casa para hacerlo!), a la depauperación de los servicios públicos, a la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones y reforzar el músculo del Estado... pero no. En los tres casos que he mencionado, los ojos de la opinión pública se vuelcan inquisitivos sobre tres juezas de instrucción, pidiéndoles que resuelvan la papeleta. La jurisdicción penal, lamentablemente, no sirve para esto.

Es comprensible el desenfoque. El delito es una herida en el tejido social y su curación requiere la reparación del perjuicio sufrido y el restablecimiento de la legalidad; ambas exigencias pasan por demandar al autor que responda de sus actos, indemnice las consecuencias y cumpla un castigo justo. El culpable de un daño intencionado se convierte así en un rehén de la sociedad, que lo necesita para aplacar en su persona el dolor de la comunidad y restañar la quiebra del pacto social. ¿Y qué hacemos cuando el delito no es intencionado? ¿Qué hacemos ante un accidente? En estos oscuros tiempos de punitivismo, donde el cuerpo nos pide cada vez más hogueras, creo que sería necesaria una reflexión detenida. Aquí van algunas ideas, adelanto que sin conclusiones claras.

La negligencia es una realidad poliédrica; tanto, que es difícil definirla por su naturaleza. Es negligente el comportamiento de quien actúa sin el debido cuidado o simplemente no actúa cuando debiera hacerlo. También es negligente la conducta de quien, por más cuidado que emplee, se embarca en hacer algo que no sabe, e incluso también la de quien, obrando con un cuidado primoroso y sabiendo como actuar, asume unos riesgos inaceptables. Es un concepto demasiado amplio y difuso, que abarca desde la desidia hasta la temeridad, la imprudencia o la impericia. De ahí que resulte más sencillo definirlo por sus resultados: la negligencia es el comportamiento que causa daños injustos sin intención de su autor. Siempre es insatisfactorio definir algo por sus efectos, y mucho más en estos casos donde, precisamente, el resultado no forma parte integrante de la voluntad que lo causa.

Ahí estriba el problema original de la negligencia: entre la conducta y el resultado hay un páramo minado de azar; y sobre la suerte no se puede fundar una ciencia de lo justo. En una noche de huracán, un anciano deja una gran maceta sin atar en el alféizar de su ventana; el viento tira la maceta y mata a un transeúnte. El anciano merece ser castigado. ¿Pero qué sucede si la maceta cae y no mata a nadie? ¿O qué sucede si la maceta no cae? La conducta del hombre habrá sido la misma, aunque no será castigado. Un cirujano somete a un paciente a una operación arriesgada sin motivo alguno, únicamente porque tiene el pálpito de que la cirugía salvará al enfermo. Una arteria se rompe, el enfermo muere y el doctor es castigado. ¿Y qué pasa si la arteria no se rompe y el enfermo se cura? Los ejemplos se pueden multiplicar. 

Esa desconexión entre la conducta y el resultado admite grados, por supuesto; en ocasiones, se encuentran tan cercanas una y otro que la imprudencia cruza la frontera de la intencionalidad: el kamikaze que, por sentir la adrenalina en el cuerpo, conduce en sentido contrario podrá ser acusado por homicidio intencionado si mata a otro conductor. 

Sin embargo, en otras ocasiones el resultado se encuentra tan alejado de la conducta que cuesta trazar la línea causal entre uno y otra. Y aquí viene lo fundamental: la consecuencia de esta desconexión es la ruptura del parangón de gravedad entre uno y otro elemento, que es precisamente lo que permite, en los crímenes dolosos, castigar la conducta en proporción al resultado causado por ella. En los delitos imprudentes, una negligencia grave puede causar resultados graves, como hemos visto en la gestión de las inundaciones valencianas, donde el riesgo y la forma de atajarlo eran conocidos; pero no siempre sucede así. Es muy habitual, sobre todo en las sociedades complejas y tecnificadas en que vivimos, que una negligencia leve pueda causar resultados gravísimos que el autor difícilmente pudo prever y, por tanto, prevenir. ¿Qué hacemos en estos casos? 

Creo que el responsable de ADIF condenado y luego absuelto del accidente ferroviario de Santiago de Compostela no pudo prever jamás la posibilidad de que el Alvia enfilara la curva de Angrois con un maquinista absorto hablando por teléfono y leyendo un mapa; nunca había pasado tal cosa. De la misma forma, a la policía municipal de Santander que no tramitó la llamada de un vecino alertando sobre el estado de la pasarela del Bocal ni se le pasó por la cabeza que pudiera desmoronarse justo al día siguiente, llevándose la vida de media docena de jóvenes. No podrá decirse que el desastre fuera causado por ellos: si el maquinista hubiera ido atento y el anclaje de la pasarela hubiera estado en buenas condiciones, no se habrían producido estos accidentes. 

Con todo, aunque lo fueran, aunque considerásemos que su desidia contribuyó al resultado y fue un acto criminal, lo cierto es que nadie hubiera reparado en su conducta de no haberse producido el accidente. Muchas veces la causa a la que imputar el desastre es un descuido tan liviano o tan frecuente que, antes del siniestro, no llamaría la atención de nadie. Y si no llama la atención, será difícil considerarlo una negligencia grave. ¿Cómo castigarlas?

Por añadidura, el juicio sobre las conductas arriesgadas también está contaminado por su resultado. ¿Será cierto que el progreso técnico exige ampliar los límites del riesgo permitido? Ahí hay otro debate: no es una exageración decir que detrás de todo avance que hemos tenido como especie hay un acto imprudente que salió bien. 

Si la imprudencia fue leve, el castigo debería ser leve, con independencia del resultado causado. A muchos se le quedará corto. De hecho, aunque sea temeraria la imprudencia, no faltarán columnistas para los que la condena será siempre escasa. Lo cual nos devuelve a la reflexión inicial: en estos tiempos atormentados, hemos confiado en el derecho penal la sanación de los traumas de la colectividad, excediendo con mucho los contornos que le son propios. 

Por más que pienso, no estoy convencido de que la persona que nos deba aclarar la causa del accidente de Adamuz (si fue una soldadura rota, una piedra sobre el raíl, una péndola suelta o el atropello de un animal) tenga que ser un juez de lo criminal, cuando no hay indicios de delito; o para ser más exactos, cuando no hay más indicio que el accidente mismo. Recordemos que un juez de instrucción no indaga las causas; indaga las culpas. Esto es significativo: ante una desgracia calamitosa, hemos asumido que nuestras obligaciones como sociedad pasan no sólo por reparar el daño, investigar lo sucedido y evitar que vuelva a pasar, sino sobre todo por encontrar al responsable y castigarlo. Sin embargo, a veces no hay nadie a quien culpar; no todo desastre es causado por un delincuente. Y esto nos frustra, sobre todo cuando el accidente es especialmente trágico. Nos frustra porque, aplicando los parámetros de los delitos intencionales, concebimos la condena como una especie de respuesta terapéutica que, se supone, debería estar a la altura del trauma vivido. 

Aquí está el error de perspectiva: si ante episodios semejantes relegamos toda nuestra reacción colectiva a lo que diga la justicia penal, entonces obtendremos una respuesta pobre e insatisfactoria, porque el castigo de la negligencia nunca va a estar a la altura de la catástrofe causada. La solución no pasa, desde luego, por aumentar las penas, sino por constatar que la cicatrización de la herida que causa el siniestro es un vaso que no se colma de castigo. Ante calamidades públicas y accidentes mortales la sociedad debería, por este orden, reparar siempre, aprender siempre y, en su caso, castigar. Por desgracia, la realidad nos ofrece unas prioridades invertidas: centramos nuestros esfuerzos en castigar, en su caso reparar y en algún caso aprender.  

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por agredir y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal, según informa EFE.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

"No cabe concluir que infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal". El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado el intento de la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de que se investigara al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por la dana de 2024. La Sala de lo Penal ha rechazado la exposición razonada elevada por la instructora. Y lo ha hecho al entender que no se pueden atribuir penalmente al exlíder del Ejecutivo autonómico los 230 muertos que dejaron las inundaciones. El auto, y la argumentación que contiene, blinda judicialmente al exdirigente conservador. Al menos, mientras no aparezcan nuevos indicios que lo incriminen.

La instructora tocó la puerta del Tribunal Superior de Justicia hace tres semanas con un extenso escrito bajo el brazo en el que calificaba los hechos como constitutivos de delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, algo que se regula en el artículo 11 del Código Penal: "Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación". En la exposición razonada, se mencionaba la posición de garante del aforado en cuanto president de la Generalitat. O la "pasividad" del mismo ante las "obligaciones propias de su cargo".

Los magistrados comienzan recordando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que no tiene cabida una simple responsabilidad penal por elevación. "Para que se pueda considerar autor a un determinado directivo o autoridad administrativa [es necesario] que haya intervenido directa o mediatamente en la realización del hecho punible, sin que se le pueda atribuir esa condición por el simple desempeño de un cargo", recoge en una de sus sentencias. El mismo razonamiento que el Alto Tribunal desplegó cuando archivó, por ejemplo, varias querellas interpuestas por colectivos ultras contra miembros del Gobierno central también por la dana: "De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad".

Con esto apuntado, la Sala de lo Penal entra a valorar si se puede responsabilizar a Mazón de los homicidios imprudentes por omisión. Y, para ello, deja claro que la "comisión por omisión" requiere que se cumplan una serie de requisitos. "Sin la presencia de todos y cada uno, decae", explican los magistrados. Así, tal y como ha establecido la doctrina del Supremo, es necesario, entre otras cuestiones, que el sujeto "se encuentre en una posición de garantía, normativamente prevista". Y que ese "deber de actuar en garantía" tenga "naturaleza jurídica y no meramente moral o social". Es decir, que debe derivarse "de fuentes normativas jurídicamente reconocibles como la ley". Y todo eso, concluye el TSJCV, no se da en el caso de Mazón.

Los magistrados hacen una repaso de las diferentes normas que la instructora pone sobre la mesa para apuntalar dicha posición de garante: Ley de Gobierno Valenciano, Ley de Protección Civil o Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Sobre la primera, dice que los "deberes jurídicos" que recoge son, en relación a los hechos investigados, "genéricos por no decir inexistentes". Y lo mismo ocurre en relación a las otras dos. "Pese a la especificidad de una y otra normativa, tampoco su literalidad autoriza apreciar en el aforado esa condición de omitente en posición de garante. En ningún caso atribuyen competencia específica en materia de protección civil y gestión de emergencias al president".

La única que se le atribuye de alguna manera viene recogida en el artículo 12.4 de la Ley de Protección Civil, que otorga al líder del Ejecutivo valenciano la capacidad de "declarar la situación de emergencia catastrófica" y asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia. Se trata de un mecanismo que nunca llegó a activarse, permaneciendo, por tanto, inalterada la cadena de mando. Una "omisión" que, sin embargo, tampoco sería delictiva. "En el ámbito en el que nos encontramos no cabe confundir facultades discrecionales con obligaciones legales", recogen los magistrados, que recuerdan que la norma no obliga, sino que permite –"podrá declarar"–.

La Sala, del mismo modo, apunta que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) o el envío de la alerta a la población –Es-Alert– tampoco eran competencia de Mazón. Y responde a otras cuestiones planteadas para apuntalar la actitud negligente. Sobre la comparecencia en la que dijo que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca, apunta que no se puede decir que estuviera "eludiendo el peligro". Y sobre la comida en El Ventorro, que "poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas". "Pero no nos corresponde analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", completa.

En relación con el envío tardío del Es-Alert, los magistrados creen que no hay pruebas de su participación en el proceso. Consideran que las informaciones sobre eso "se mueven en el terreno de la mera conjetura". Ni siquiera ven indicios de ello en los mensajes que el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, envió a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, a las 19.54 horas de aquel trágico 29 de octubre: "Salo. De confinar nada". "No cabe entender ni el tono de los mensajes remitidos por el jefe de Gabinete, ni la proximidad personal y profesional de éste con el aforado, ni la propia lógica, más cuando permite una interpretación y la opuesta. Ninguna de estas apreciaciones autoriza, desde luego, verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de su participación".

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia blinda, al menos por ahora, al expresident. Alguna de las acusaciones reconoce en privado que la resolución cierra la puerta a una investigación penal contra Mazón solo por la posición que ocupaba en el organigrama y por su pasividad durante la emergencia. Ahora bien, rechazan que sea un cerrojazo definitivo. "Lo único que queda es poder demostrar que diera algún tipo de orden directamente o a través de Cuenca o Pradas", exponen las fuentes consultadas. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias.

"La única que puede acreditar eso es Pradas", conceden otras fuentes jurídicas pulsadas, para las que tampoco supone un mazazo la decisión del TSJCV, que tildan de "previsible y lógica": "La prioridad era que la instrucción continuara. Y si el TSJ se hubiera quedado a Mazón y, viendo alguna de las cosas que dice en el auto, era posible que incluso hubiera dicho que no había ningún delito y que se archivaba la causa contra todos". Las mismas fuentes recuerdan que en poco más de un año están previstas unas nuevas elecciones autonómicas. Y habrá que ver si Mazón continúa entonces como aforado. Porque, por el momento, calculan que la instrucción puede alargarse un par de años más: "Aún quedan por declarar decenas de alcaldes, bomberos, peritos".

Mazón no será investigado. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana. La decisión llega porque no aprecian “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa “revistan carácter de delito”.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan de esta forma abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

Así lo recoge un auto que consta de 70 páginas y que responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana de 2024, en la que solicitaba al Tribunal Superior que investigase al expresident, que es actualmente diputado en Les Corts y por tanto aforado.

El tribunal tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la dana en que murieron 230 personas y señala, además, que no es "insensible a la tragedia ocurrida", pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell "desde una perspectiva jurídico-penal" y no moral o política.

La resolución, que puede ser recurrida ante el TSJCV en el plazo de tres días, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresident, para archivar las actuaciones respecto de él, y no sobre los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Esta decisión del TSJCV "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja: "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Los magistrados señalan que es indispensable que haya indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal, pues "no basta cualquier sospecha o conjetura" ni son "suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

La Sala admite que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación", pero insiste en que el único "instrumento de análisis" es el Código Penal y debe basarse en los "principios de legalidad y culpabilidad".

En este caso, indica, ha de determinar si los hechos que se atribuyen en la exposición razonada de la instructora respecto del aforado encajan con el delito de homicidio imprudente, en su modalidad de comisión por omisión, pues "no toda conducta política o socialmente discutible e incluso en su caso, reprobable, tiene encaje en un precepto penal".

Y tras analizar la legislación aplicable, el Tribunal concluye que no se da en el aforado la posición de garante exigible para apreciar una actuación comisiva por omisión por su parte: "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", indica en coincidencia con los argumentos de la Fiscalía Superior.

Según la Sala, la legislación autonómica no asigna al jefe del Consell unos deberes específicos dentro de la normativa relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias, sino que hace recaer el mando único de la emergencia en el titular de la Conselleria competente en esa materia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", señala la Sala, que aclara que la ley de Emergencias solo contempla la "facultad" del jefe del Consell de declarar la situación de emergencia catastrófica, pero esta "nunca fue declarada" por Mazón.

Sobre la posible participación del expresident en el envío del mensaje de alerta la población, "que supondría la desaparición de la conducta omisiva para su transformación en activa", los magistrados consideran que las consideraciones de la instructora en su exposición razonada "se mueven en el terreno de la mera conjetura".

Para el Tribunal, esos argumentos están "huérfanos de la acreditación indiciaria que la asunción de la competencia por la Sala requiere", pues no cabe entender que ni el tono de los mensajes remitidos ese día a la consellera por el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ni la proximidad personal y profesional entre ellos dos sirvan para "verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de la participación" del entonces president en el envío del Es-Alert.

"Consecuentemente, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud sobre la participación del aforado en el envío del Es-Alert, tampoco desde esta perspectiva podrá la Sala declararse competente para conocer de la causa", señala la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV también analiza otros aspectos de la exposición razonada de la instructora por los que ésta aprecia una posible responsabilidad penal del expresident, como la "prolongación de la comida" que mantuvo en un restaurante el 29 de octubre de 2024 y su "situación de ajenidad a los acontecimientos criticada en la exposición".

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde, como bien anota el órgano remisor, analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", indica.

En esa línea, la responsabilidad penal de Mazón "no puede derivar del cargo que ocupaba, en ningún momento se encontró en posición de garante, ni siquiera (…) en lo que respecta a la coordinación de las consellerias en caso de emergencias", indica.

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, agredir y causar lesiones a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso. Este lunes, el concejal ha pasado a disposición judicial en el juzgado de la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha acordado este mediodía la libertad aunque investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, ha indicado el TSJCV, que ha añadido que la víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. En todo caso, se ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia Benidorm para su enjuiciamiento.

El ayuntamiento de Altea ha emitido esta mañana un comunicado donde el alcalde, Diego Zaragozí, de Compromís, ha anunciado que retira cautelarmente las competencias delegadas a Ramón Mompó "mientras se esclarecen los hechos" y desde "la presunción de inocencia".

"En estos momentos, el equipo de gobierno únicamente dispone de la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso", ha indicado la nota del equipo de gobierno de Altea, donde Compromís tiene un pacto con el PSPV-PSOE.

Ha expresado "con total claridad la condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres" y ha reiterado su "compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad, la dignidad de las personas y la erradicación de cualquier forma de violencia".

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 en la causa penal por la gestión de la dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obvie el aforamiento de Carlos Mazón y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja (Valencia), recoge EFE.

Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al alto tribunal valenciano para adherirse a la exposición razonada que elevó la jueza instructora de Catarroja, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el expresident por mantener el acta de diputado autonómico. Esta parte recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual -de Mazón- como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", sostienen las víctimas.

En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el 'íter' -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

El Ministerio de Cultura aportará 40.000 euros para garantizar el homenaje a Miguel Hernández: La Senda del Poeta, un recorrido cultural por las localidades más vinculadas al poeta que se celebra desde 1998, pero que este año no contará con la financiación de la Generalitat Valenciana, que la ha retirado.

En una nota de prensa, el Ministerio de Cultura ha anunciado que sufragará los gastos de organización y logística a fin de garantizar la continuidad del evento, que organiza la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que se celebra coincidiendo con el aniversario de la muerte del poeta, el 28 de marzo.

La iniciativa, también conocida como Camino Hernandiano, ofrece a los participantes un recorrido a pie de 68 kilómetros durante tres días por las localidades más vinculadas al poeta y el objetivo de Cultura con este anuncio es que La Senda del Poeta se realice en 2026 con normalidad.

No obstante, este año la celebración se retrasará cerca de un mes, hasta el 25 y 26 de abril, debido a la pérdida de apoyo, en el último momento, de la Generalitat valenciana y la consecuente reorganización, tanto logística como administrativa, que incluye la solicitud de los permisos necesarios para su realización.

El evento vincula la historia y trayectoria del poeta con el reconocimiento de su figura como víctima de la dictadura, encarcelado por su apoyo a la República y a quien se le negó atención médica en la prisión, hasta provocar su muerte.

"Censurar este aspecto de su vida, así como su vínculo y defensa de la República, va en contra de la Ley de Memoria Democrática", ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El ministro ha subrayado que "intentar borrar el contexto en el que murió Miguel Hernández es reescribir la historia, y la memoria democrática no se recorta por incomodidad ideológica".

Cada año, centenares de personas participan en esta actividad que se inició en 1998. Desde entonces, y coincidiendo con el fin de semana más próximo al 28 de marzo, se efectúa a pie el camino por lugares significativos en la vida y obra de este poeta de la Generación del 27.

El itinerario se inicia habitualmente en Orihuela, municipio donde nació Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910; pasa por la localidad de Cox, donde vivió su primera etapa familiar con su esposa Josefina Manresa; y por Elche, donde vivieron y murieron su viuda e hijo y donde se encuentra la sede de la Universidad que lleva su nombre.

El recorrido finaliza en Alicante, ciudad donde falleció el poeta el 28 de marzo de 1942 y en cuyo cementerio se encuentra enterrado.

La jefa de prensa de Carlos Mazón el día de la dana el 29 de octubre de 2024, Maite Gómez, ha dicho este viernes a la jueza que desconoce dónde estuvo el entonces presidente de la Generalitat Valenciana esa tarde y ha explicado que informaron a la prensa de lo que hizo por lo que suponían o les parecía lógico, pero no hablaron con él, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Gómez ha explicado que estuvo hasta las 17.30 horas trabajando en el Palau de la Generalitat, y desconoce dónde estuvo Mazón esa tarde, pues solo coincidió con él cuando subió al coche oficial para ir al Centro de Coordinación de Emergencias.

Preguntada por una acusación sobre las versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la llegada de Mazón al Palau, Gómez ha señalado que informaron basándose en suposiciones, en lo que consideraban lógico, pero no sobre lo que sabían porque no le preguntaron al presidente valenciano, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

La jueza ha considerado poco creíble lo dicho por la testigo, y le ha señalado que no se puede creer que en un día como el de la dana, en el que acabaron falleciendo 230 personas, informaran sobre dónde estaba el entonces president sin confirmarlo con él.

Gómez ha asegurado que a las 19.45 le llamó María Jesús García, directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, para decirle que fuera al Palau con la intención de ir a l'Eliana, donde desde las 17.00 horas estaba reunido el Cecopi por la emergencia de la dana, aunque no le dijo el motivo.

Ha explicado que el coche oficial, en el que iban Mazón y un asesor, Josep Lanuza, la recogió finalmente en las Torres de Serranos, y al poco de subir sonó el Es-Alert, pero no pudo ver la reacción del resto de ocupantes ya que ella iba sentada delante.

En ese momento, llamó a sus hijas porque estaban solas y a su marido, que estaba trabajando en un polígono y que le dijo que no podían salir y que pasaría la noche allí; también habla con el entonces director general de Promoción Institucional, Francisco González, para contarle que van de camino a l'Eliana.

Gómez también decidió en ese momento que no se enviara la agenda del expresidente valenciano a los medios de comunicación y que se anularan los billetes que tenía el equipo de prensa para acompañar a Mazón a un acto previsto en Madrid al día siguiente, ya que entendió que no iban a coger el tren de las 6.00 horas de la mañana.

La causa judicial sobre la muerte de más de dos centenares de personas durante la dana de València de 2024 entra en una nueva fase. Un año después del inicio de las pesquisas, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja nº3 considera que ya tiene elementos suficientes para escalar el caso. Y, por primera vez, ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputación del expresident de la Generalitat Carlos Mazón –ahora diputado raso en Les Corts–, que se ha negado hasta en tres ocasiones a declarar voluntariamente en la causa. En una extensa exposición razonada, la magistrada, que investiga 230 homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia, aborda ampliamente la "inactividad negligente" del exlíder del Ejecutivo valenciano. "Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante", lanza la instructora.

La magistrada sostiene que hay indicios suficientes de una "grosera negligencia" en la "coordinación y gestión" de la emergencia en el "nivel supremo de capacidad de decisión". "Las negligencias de quienes asumían la gestión de la emergencia en el nivel dos –la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas– y en el nivel cero y uno, como es el caso del secretario autonómico, no pueden borrar la absoluta pasividad, ajenidad ante la gravedad de lo sucedido", desliza la instructora, al tiempo que recuerda que el expresident de la Generalitat, "conforme a la normativa legal", podía "dar órdenes e instrucciones" y "llevar a cabo tareas de coordinación" ante la "evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda" para hacer frente a la emergencia.

La exposición razonada sostiene que "carece de sustento" lógico y legal la "afirmación" de que Mazón "podía permanecer ajeno" a todo. Y detalla la negligencia del exlíder del Ejecutivo valenciano en tres planos. En primer lugar, apunta a la "minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia". En este sentido, la instructora recuerda la comparecencia pública que dio el expresident a las 13.00 horas del fatídico 29 de octubre, en la que afirmó que el temporal se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca y que iría remitiendo a lo largo de la tarde. "En la hora en que se produjeron dichas declaraciones ya había constancia de un desaparecido y la situación en Utiel era de una población completamente anegada por el agua", recoge la jueza.

Por otro lado, el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se centra en la desaparición durante casi seis horas –entre las 14.30 y las 20.28 horas– del expresident en aquella jornada. La instructora habla en repetidas ocasiones de la "prolongación injustificada de la sobremesa" en el restaurante El Ventorro, donde compartió comida con la periodista Maribel Vilaplana. "No se puede banalizar la permanencia en el restaurante, en una sobremesa interminable, mientras la población sufría los desbordamientos y ya habían padecido un auténtico infierno", sostiene. Y añade: "Una breve lectura de los fallecimientos muestra que las horas más críticas y mortales se produjeron durante su estancia en el reservado y su viaje a La Eliana –sede del Cecopi–".

"Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante, convertido en una oficina en la que le llevaron para firmar incluso algunos papeles, pero que no sirvió de centro directivo, dado el escaso intercambio de las llamadas, la escasa duración de las mismas, la falta de interacción con los responsables autonómicos", prosigue la exposición razonada. Por eso, la instructora sostiene que desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, "de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado".

La magistrada también cree que hay indicios de una "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del envío del sistema de alerta a la población –el ESAlert–, que se lanzó por primera vez a las 20.11 horas a pesar de que existía una primera propuesta de mensaje a las 17.20 horas que decía lo siguiente: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos avisos". "Hubiera sido plenamente efectivo al objeto de salvar vidas, hasta el punto que aconseja subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua", resalta la instructora.

La jueza conecta a Mazón con el proceso de ESAlert a través de los whatsapps que intercambió el jefe de gabinete del primero, José Manuel Cuenca, con la exconsellera Pradas. Para la instructora, es "inverosímil" que los mensajes enviados por el primero sean simples consejos. "Son órdenes lo que expresa", señala el escrito, en el que se detalla que expresiones como "de confinar nada, Salo" poseen "un carácter claramente imperativo".

"La posibilidad de que el president fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de gabinete resulta ilógico", vuelve a insistir la magistrada, que considera que "la insistencia" de Cuenca en el "control de la emergencia" solo puede responder "de forma lógica" a que "obedeciera instrucciones de su superior". Y completa: "Todo ello indicaría una participación en el envío con retraso del mensaje".

La jueza también abunda en la falta de coordinación entre departamentos en aquella jornada. En este sentido, señala que la Consellería de Justicia e Interior no remitió al resto "ni orden ni comunicación en relación con una emergencia" de tal calado. Y recoge graves errores en departamentos como Servicios Sociales o Educación. Así, sostiene, por ejemplo, que el sistema de teleasistencia falló, sin que nadie alertase de lo que sucedía a sus usuarios, una población especialmente vulnerable. O que "no se estableció la suspensión de las clases".

"El menor Neizan Garrido Pagan junto con sus padres Jorge Garrido Rosa y Raquel Pagan Romero fallecerían tras recoger estos últimos a su hijo del centro escolar en Aldaya. También fallecería José Martínez Toral, director del Instituto de IES de Cheste. Permaneció en el instituto hasta que todos lo hubieran abandonado. Dicha acción le costaría la vida", recuerda la instructora.

Ahora, tras la presentación de la exposición razonada, la pelota queda sobre el tejado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá decidir si asume la investigación, si pide una mayor argumentación a la instructora o si rechaza la solicitud.

Dieciséis meses después de comenzar la instrucción de la dana, la jueza que investiga la riada del el 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la exposición razonada para solicitar la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada no solo apunta a errores administrativos, sino que describe una "inactividad negligente" en la gestión de la dana por parte de Mazón y concluye que "no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados" –es decir, a Salomé Pradas, exconsellera de Interior, ni a Emilio Argüeso–, exsecretario autonómico de Emergencias, la responsabilidad de lo ocurrido.

Una decisión que sitúa al Partido Popular contra las cuerdas. Los conservadores aseguran "respetar" las resoluciones judiciales, estén de acuerdo o no con ellas, y "actuar" en consecuencia. Sin embargo, la dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo nunca ha querido romper del todo con el expresidente valenciano, ni siquiera tras su dimisión. Y tampoco ahora. Las fuentes consultadas en Génova aseguran que solicitud de la jueza es solo "un primer paso" y abogan por esperar a la resolución del TSCJV. En todo caso, señalan que la decisión sobre si Mazón debe dejar su acta o no es "personal" y que no van a empujarlo a ello. Y circunscriben cualquier otro movimiento interno a la actual dirección del PP valenciano, encabezada por Juan Francisco Pérez Llorca.

Con todo, la tesis de Génova es que "nada hubiera cambiado" si el expresident hubiera estado antes en el Cecopi "del que no formaba parte". Un argumento que contradice la propia magistrada en su exposición razonada. En el escrito de 109 folios asegura que la "estructura jerárquica" de la Generalitat implica "que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior" y que, en el caso del entonces president de la Generalitat, "dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

En el transcurso de la investigación, Ruiz Tobarra no ha podido interrogar a Mazón, aunque le ha invitado en varias ocasiones a declarar voluntariamente por su condición de aforado. Él nunca ha aceptado. Tras su dimisión en noviembre del pasado año, mantuvo su acta en Les Corts y se aferró al aforamiento para evitar los tribunales. Pero el blindaje ha saltado por los aires y la jueza considera que los indicios de "homicidio imprudente con notoria gravedad" y "la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica" son lo suficientemente sólidos como para que el TSJCV asuma la causa.

El futuro de Mazón pasa ahora, por tanto, por la decisión de la sala del TSJCV. En este escenario, hay varias posibilidades. Una de ellas es que la sala considere que no hay motivos para investigarlo por no apreciar indicios de delito; otra es que acepte la causa y el expresidente sea investigado, pero entonces el TSJCV tendría que asumir el conjunto de la instrucción, por lo que dejaría de estar en manos de Ruiz Tobarra. Pero existe una tercera opción, la más realista a ojos del PP, y es que la sala devuelva la instrucción a la jueza de Catarroja hasta que recabe más pruebas y testimonios antes de decidir si existen indicios suficientes para incriminar al expresident.

Al tiempo que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia decide sobre la imputación de Mazón, el entorno de este intenta contratacar cuestionando la imparcialidad de la jueza a raíz de unas filtraciones a Okdiario sobre la supuesta participación de su marido en los interrogatorios. Es el argumento esgrimido este martes por la propia exconsellera Salomé Pradas: "Parece que se confirma lo que denunciamos ante el Consejo General del Poder Judicial", escribía en su cuenta de X. Desde el inicio de la investigación tanto el PP como Vox han cuestionado la instrucción de Ruiz Tobarra, mientras asociaciones como Manos Limpias se querellaban contra ella por presuntos delitos de prevaricación judicial.

A la espera de lo que se decida a nivel judicial, el foco político se desplaza de nuevo al Palau de la Generalitat. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Y ahora el sucesor de Mazón, Pérez Llorca, se enfrenta a su propia hemeroteca. El que fuera principal escudero y "fontanero" del partido en la Comunitat Valenciana aseguró tras acceder al cargo que si la justicia encontraba indicios penales contra Mazón, el partido actuaría con los estatutos del partido en la mano.

Así lo afirmó en una entrevista el pasado mes de diciembre, en la que dijo que si la jueza de la dana elevaba la causa al TSJCV, como ha ocurrido, sería el momento de actuar. "Veremos las conclusiones de la jueza y adoptaremos las medidas en base a los estatutos del partido", señaló ante los micrófonos de la Cadena Ser. "Hay que ser respetuosos con los tiempos y las formas". Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial".

Sin embargo, este martes señaló que Mazón ya "asumió responsabilidades" después de las asociaciones de víctimas comparecieran en la comisión de investigación de Les Corts y pidieran que el expresident dejara su acta de diputado o, en caso de negarse, que el PP lo expulsara. El jefe del Consell aseguró sentir "un profundo respeto por las víctimas" pero aseguró que no está en sus planes acceder a esa demanda. Así lo trasladan fuentes de su equipo a infoLibre, que aseguran que el president valenciano no va a exigirle a su antecesor que le entregue el acta y se muestran "prudentes" ante la investigación judicial. Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, apremió a no hablar "de futuribles" antes de tiempo.

Aunque de puertas para afuera el actual president asegura que Mazón ya ha cumplido, internamente el PP valenciano está en ebullición: nno son pocos lo que creen que el alicantino debería entregar su acta de diputado autonómico para "no seguir haciendo daño" al partido, a pesar de los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts. El PP, además, decidió premiarlo poco después de dimitir al elegirlo como presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado.

Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que es aforado por ser diputado en Les Corts, según informa EFE. Debido a su posición, el juzgado de instrucción no puede investigarle, pero sí puede hacerlo el TSJCV.

Hasta ahora solo dos altos cargos en el momento que se gestionó la crisis de la dana estaban siendo investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Ahora, la jueza ha tomado esta decisión después de escuchar más de 500 declaraciones.

Será ahora el alto tribunal valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresident, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre pero que sigue siendo diputado autonómico, y por tanto aforado y por ello no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. En caso afirmativo, la instrucción pendiente de esta causa penal, en la que se investigan 230 posibles homicidios y lesiones imprudentes, pasaría a desarrollarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza cree que la "exclusión voluntaria" de Mazón en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos, insiste la jueza, conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

"En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación".

A juicio de la instructora, el president "estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta", es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).

Según detalla la jueza, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".

Además, la expresión "de confinar nada, Salo” (en un WhatsApp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.

También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que "es en definitiva una forma de decirle que se espere", y eso es algo que "solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete".

Recuerda la jueza que "el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones" y reprocha a la exconsellera Pradas que "tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia".

"La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado", según el escrito.

Por ello, "la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda".

Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición".

Y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 15 abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado Juzgado de Instrucción desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa. El asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones (María Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te) recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Audiencia debía resolver estos recursos y decidir si finalmente se enjuiciaba o no a Mónica Oltra y a varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana (María Teresa Tanco) por parte del exmarido de la exvicepresidenta (hechos por los que fue condenado).

En el escrito de alegaciones, Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del Ministerio Fiscal en los que "tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados".

Señalaba asimismo que el proceso inculpatorio "no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello", y destacaba que "más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra".

"Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral", afirmaba. En este sentido, defendía que "no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral".

El escrito señalaba, además, que la resolución de la Audiencia Provincial "en ningún momento ordena acordar la apertura de juicio oral" sino que, una vez abierta la fase intermedia y formuladas las acusaciones, el instructor "recupera plenamente su función de garantía pudiendo -como ha realizado- acordar el sobreseimiento si aprecia inexistencia de indicios". Por todo ello, la defensa de Oltra pidió impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, "con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad".

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la referida causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral.

El que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, ha afirmado este lunes, durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat llegó al Palau entre las 19:32 y las 19:42 de aquel 29 de octubre y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi, según recoge EFE.

Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y accedió con él al edificio a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-alert a la población de las 20:11 horas.

La jueza que instruye la causa citó a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto en coche "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. 

Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, ha señalado ante la jueza que el 29 de octubre coincidió con Mazón en un acto por la mañana y quedaron de nuevo por la tarde a partir de las 19:00 horas, la hora habitual en la que se reunían para hablar de temas de comunicación, según fuentes conocedoras de la declaración. 

Ese día, ha añadido, habló por la mañana con Mazón de una encuesta reciente del CIS y ha señalado que no tuvo conocimiento de la alerta roja hasta más tarde, cuando se grabó el vídeo con el president para las redes sociales diciendo que la alerta se acababa a las 18:00 horas y que la tormenta se iba hacia Cuenca. Ha relatado que acudió al Palau de la Generalitat por la tarde de nuevo sobre las 18:30 horas y ha asegurado que Mazón llegó al edificio pasadas las 19:30 horas. Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el president, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho.

Ha señalado que no tiene el minutaje pero serían entre las 19:32 y las 19:42 horas y que en el despacho le dijo que no podrían hablar de los temas que tenían previstos porque se acababa de inundar el metro. Según su declaración, estuvieron en el despacho entre 20 y 25 minutos, hablando y Mazón atendiendo llamadas en ese rato, pero que no le escuchó hablar de la emergencia.

Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con una presa, la de Forata. Ha señalado asimismo que sobre las 19:45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20:00 horas salieron del Palau.

La jueza instructora ha hecho ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración en el juzgado situaron la llegada del president al Palau cerca de las 20:00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos. Lanuza ha mantenido su versión y ha insistido en que salieron del Palau a las 20:00 horas y acompañó a Mazón a la sede del Cecopi en l'Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano de València a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos 5 u 8 minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-alert de las 20:11 horas, ha relatado. Lanuza también ha manifestado que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con la consellera de Interior, Salomé Prada, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l'Eliana.

En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguieron transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del president por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.

Ha señalado que Mazón solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-alert comentaron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal de Filomena. Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

El chófer del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana ha testificado este viernes que cuando sonó el primer mensaje Es-Alert (a las 20:11 horas) llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de València, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces president en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

El expresidente valenciano Carlos Mazón sigue acaparando los focos —políticos y mediáticos— meses después de dimitir, lo que incomoda enormemente a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, que está tratando por todos los medios de pasar página. Esto se debe, en gran medida, a la instrucción judicial liderada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que sigue tratando de reconstruir minuto a minuto lo que sucedió el fatídico 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas fallecieron. Tras multitud de interrogatorios, las respuestas no llegan ahora desde los despachos, sino de quienes acompañaban a Mazón a pocos metros de distancia.

Este lunes declararon los tres escoltas que acompañaron al expresident durante esa jornada y uno de ellos situó la llegada de Mazón a pie al Palau de la Generalitat entre las 19:45 y las 19:50, apenas unos minutos antes de la fase decisiva de la emergencia. Una hora que se contradice con la versión mantenida por la Generalitat durante meses, que indicaba que Mazón estuvo trabajando en su despacho tras el ágape con Vilaplana y pendiente en todo momento de la emergencia. El escolta relató que Mazón subió al despacho, bajó "poco tiempo" después y se marchó hacia el Cecopi alrededor de las 20:00, con llegada a l’Eliana en torno a las 20:30.

Los tres escoltas coincidieron en que el exjefe del Consell prescindió de ellos para acudir solo a la comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, una cita que, según los testigos, figuraba en la agenda desde el día anterior y no fue reconsiderada pese al deterioro de la situación meteorológica. Uno de los escoltas calificó como "raro" que Mazón pidiera que se retiraran antes de llegar al local, aunque matizó que "no era la primera vez" que esto sucedía. La jueza de Catarroja ha abierto diligencias para aclarar por qué el entonces president pidió a sus agentes que se retiraran, y para reconstruir con precisión la secuencia de llamadas, desplazamientos y tiempos.

La consecuencia inmediata para el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) es que el nombre de Mazón vuelve a marcar la agenda. Esto preocupa especialmente al equipo de Pérez Llorca, que también lidera el partido a nivel orgánico hasta la celebración de un congreso que Génova no tiene ninguna prisa por convocar. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, algunas de las cuales dibujan un cuádruple empate entre PP, PSOE, Vox y Compromís. Todo ello ha reanimado la presión para que Mazón entregue su acta de diputado autonómico, pese a los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts.

De puertas para fuera lo que se proyecta es bien distinto, ya que el propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarán "las medidas oportunas" conforme a los estatutos. A ello se le suma que el PP decidió premiar a Mazón poco después de dimitir al elegirlo como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado, aunque la comisión no se reúne desde 2020 y no tiene carácter legislativo.

Tampoco el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reclamado el acta aunque tuvo ocasión de hacerlo la pasada semana durante las más de tres horas y media que duró su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso. Desde la Cámara Baja defendió al expresident de la Generalitat por hacer "lo que debía hacer", en referencia a su dimisión. "Cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irse", señaló respecto a la decisión del valenciano. No contestó, sin embargo, sobre si debía también dejar su acta en Les Corts e insistió en que se quedó en su puesto tras la tragedia porque "alguien debía quedarse al mando". Fuentes de Génova evitan precisar si Mazón debe dimitir, pero aseguran que "nada hubiera cambiado" si hubiera estado antes en el Cecopi.

En paralelo, la presión pública no afloja. Las asociaciones de víctimas han dejado muy claro a Pérez Llorca que no les basta con que Mazón ya no esté al frente de la Generalitat y reclaman abiertamente que renuncie a su escaño mientras el PSPV pide que, si no entrega el acta, el PP lo expulse del grupo. El calendario parlamentario tampoco beneficia a los conservadores valencianos. La comisión de investigación de Les Corts citará a las asociaciones de víctimas los días 23 y 24 de febrero, casi 16 meses después de la tragedia, y volverán a solicitar que el expresidente deje su escaño. Se trata de una convocatoria que la oposición ha denunciado como tardía y que las propias asociaciones aseguran haber reclamado durante meses.

Hay, además, otras dos comisiones en marcha: la del Congreso y la del Senado. El último en comparecer en la de la Cámara Baja fue José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón y responsable de comunicación durante su etapa al frente del Consell. En esa comparecencia —su segunda vez en la comisión— negó que diera ninguna orden a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, la tarde de la dana y aseguró que sus mensajes únicamente eran sugerencias. Sin embargo, en los WhatsApps adjuntados a la causa, Cuenca le ordenó directamente que no confinaran a la población: "Salo, de confinar, nada", le trasladó en un momento.

Cuenca defendió con vehemencia al expresident de la Generalitat después de que Mazón le fichara como asesor en la oficina de apoyo como expresidente el pasado mes de diciembre, una prerrogativa prevista en el estatuto autonómico que permite a los exmandatarios disponer de despacho, conductor, seguridad y hasta dos asesores designados a dedo, con cargo a fondos públicos. Cuenca cuenta con una retribución de 57.592 euros brutos al año, según las tablas salariales vigentes de la Generalitat, lo que le ha garantizado su continuidad en un cargo de confianza financiado con dinero público.

"¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de Nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión", le espetó en un momento de la comparecencia la diputada de Compromís, Àgueda Micó. El asesor de Mazón, por su parte, justificó que su pretensión es que las decisiones tuvieran "cobertura legal" y "referendo jurídico", pero incidió que él nada sabía de Emergencias ni era quién para dar instrucciones. Pradas, sin embargo, dijo ante el tribunal que entendió aquellos mensajes como un intento de Presidencia de convencerla de que no tomara aquella decisión.

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 ha afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi, según informa EFE. 

Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, en la que ha precisado que su servicio comenzó a las 7:30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 2:00 del día siguiente, según fuentes conocedoras de esa declaración. 

Este escolta ha explicado que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con la periodista, Maribel Vilaplana. 

Mazón prescindió de los servicios de los escoltas antes de llegar al restaurante y continuó solo el trayecto, algo que, según este testigo, "era raro" pero no era la primera vez que ocurría. 

Los responsables de la seguridad del president conocían la existencia de esta comida privada desde el día anterior, ha indicado el testigo, que ha añadido que en ningún momento se comentó nada de suspenderla por la alerta meteorológica, y ellos tampoco sabían el motivo de la comida. 

Los escoltas regresaron al Palau, mientras que el entonces president llegó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19:50 horas, subió un momento al despacho y, sobre las 20 horas o un poco antes, salieron hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia), donde llegaron sobre las 20:30 horas. 

Este testigo ha señalado que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.

La tarde del 29 de octubre de 2024, durante la trágica dana de Valencia, el barranco del Poyo se desbordó en Chiva a su paso por la A-3, convirtiendo la autopista en una trampa mortal donde murieron más de una veintena de personas que a esa hora volvían de trabajar. Ese tramo concreto no se consideraba entonces peligroso en los mapas de riesgo de inundaciones, incluso en los modelos más extremos a 500 años, pero en una revisión de la cartografía tras la riada del 29-O ha sido incorporado como uno de los puntos de riesgo.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, publicó la semana pasada su propuesta de actualización de los mapas de zonas inundables en esa cuenca y ha introducido siete nuevos enclaves que hasta ahora no se consideraban de riesgo. Además del de Chiva, plantea añadir dos tramos fluviales situados a las puertas de la ciudad de Valencia y otros cuatro puntos dispersos por la Comunidad. Juntos suman 52 kilómetros nuevos de cauces peligrosos. También se han revisado otros 18 puntos rojos existentes con una nueva cartografía.

En total la Confederación calcula que hay ahora al menos 1.063 kilómetros de río en la cuenca del Júcar con riesgo de desbordamiento. En el plan anterior, aprobado en 2023, había 868 kilómetros. Para rehacer los mapas se han utilizado datos sobre la superficie anegada durante el 29-O, estimaciones de daños a bienes y personas y visitas de campo a la zona de la catástrofe.

La nueva cartografía está ahora en audiencia pública y tiene que ser después aprobada en Consejo de Ministros, por lo que podría sufrir cambios. El organismo destaca también que se trata de una evaluación parcial que podría ser ampliada, ya que faltan por analizar tramos en las ramblas del Poyo y del Magro, la zona cero de las riadas de 2024. 

Fuentes de la CHJ explican que los tramos ahora introducidos como peligrosos "no cumplieron con los criterios y umbrales" para considerarse como áreas de riesgo de inundación en el pasado. "Revisada la metodología y actualizada la información histórica, incluyendo el episodio de octubre de 2024, se han incorporado las Arpsi (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación) indicadas", añaden desde el organismo.

La revisión de los mapas de inundaciones no es exclusiva de la cuenca del Júcar, sino que la ley obliga a redibujar los planos cada seis años en todas las cuencas españolas, y los mapas del Tercer ciclo debían actualizarse a cierre de 2025. Con cada nueva edición, se introducen mejoras en los cálculos hidrológicos y se añaden también los datos de precipitación de los últimos años, lo que explica que territorios que hasta ahora no se consideraban un punto rojo, ahora pasen a serlo. 

En concreto, se han añadido a la lista de la cuenca del Júcar tres Arpsi y cuatro subtramos de Arpsi. Las primeras son zonas completas donde hasta ahora no se percibía peligro y los segundos son tramos nuevos que se añaden a áreas ya detectadas en el pasado. Los nuevos enclaves son el río Magro en el entorno de Utiel-Requena, el barranco de Poyo en Chiva, el río Sot en Sot de Chera, el barranco de Murtal en Godelleta, la cañada del Monegrillo en Iniesta, el barranco Ràtils en Vila-Real y el río Servol en Vinaròs. Varios de esos puntos sufrieron fuertes crecidas durante la dana del 29-O y en tres de ellos hubo incluso fallecidos. 

Las lluvias de aquella jornada superaron en algunos lugares las previsiones más catastróficas de los planes de inundaciones de Segundo ciclo, con una precipitación máxima en Turís (València) de 771 litros por metro cuadrado en 24 horas. Esa cifra no fue récord, pero sí el registro de 185 litros por metro cuadrado en una hora.

Según explican desde la CHJ, esta primera parte de la revisión de la cartografía –la segunda parte incluirá el Poyo y el Magro– se ha centrado en actualizar los modelos hidráulicos de la cuenca del Júcar, y solo se han actualizado al alza los caudales máximos del río Sot, donde ahora se calcula un caudal punta de 2.481 litros por segundo para un episodio de lluvias torrenciales. Como referencia, esa cifra supondría superar el caudal máximo registrado en el histórico del Ebro, el río más caudaloso de España.

Los modelos de cambio climático estudiados durante la renovación de los mapas inundables revelan una vez más que el cambio climático está detrás del incremento de las precipitaciones torrenciales sobre la Comunitat Valenciana. "La tendencia general en los modelos muestra una reducción de la precipitación anual, aunque con una concentración de las precipitaciones en eventos más intensos. Esto significa que los periodos de lluvia extrema estarán intercalados con periodos más o menos intensos de sequía o escasez de precipitaciones", se lee en el informe. También cita que en el noreste de España el impacto de danas podría crecer hasta un 88% de aquí a final de siglo.

L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O han reclamado este miércoles a la Generalitat Valenciana que "reconozca a sus víctimas", asuma "de una vez" su responsabilidad e indemnice a los familiares de los 230 fallecidos en la tragedia.

En un comunicado conjunto, denuncian que quince meses después de los hechos la Generalitat "todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales", como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares. Una situación que resulta "profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional", afirman.

Las asociaciones consideran además "especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario". Afirman, "desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren", que "no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron".

Aclaran además que las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos. "En el caso del accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior", explican.

Añaden que "en ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana", y manifiestan que "utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable". "Lo que denunciamos es que la Generalitat Valenciana no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la dana, ni en términos económicos ni políticos", aseveran.

A todo ello se suma que, quince meses después, "tampoco se han asumido responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día, así como el acta de diputado de Carlos Mazón y la continuidad de los consellers Camarero, Rovira y Barrachina", lamentan las asociaciones.

Recuerdan por último que "el respeto a las víctimas comienza por no realizar comparaciones capciosas, continúa con la verdad y la justicia, y se concreta con la reparación". "Las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado", concluyen.