Una niña de tres años muerta en Alicante, una mujer asesinada a tiros en Zaragoza y un presunto intento de asesinato en Barcelona han sucedido en menos de 24 horas y todos están bajo investigación como presuntos delitos de violencia contra la mujer.

En el primero de ellos, la Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género, según recoge EFE.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la pasada madrugada en una vivienda de la calle Diana número 8, por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado.

La madre, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió anoche, alrededor de las 23 horas, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Torrevieja y el Ayuntamiento tiene previsto declarar a lo largo del sábado medidas de duelo por este asesinato de violencia vicaria.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

En Zaragoza, una mujer ha fallecido tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado. En declaraciones a los medios en el lugar de los hechos, la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa, Beltrán ha confirmado que el crimen ha ocurrido a primera hora de la mañana -en torno a las 09:20 horas- y que el hombre sabía que iba a encontrarla en la calle a esa hora y ha ido a su encuentro "con la intención de asesinarla".

Según ha indicado, el hombre tenía licencia de armas deportivas y ha utilizado una de concurso para disparar varios tiros, aunque llevaba más armas, todas deportivas, que se han recuperado.

Al respecto, ha hecho hincapié en que no se trata de un accidente por la manipulación del arma o que la haya exhibido para atemorizarla y se le haya disparado, sino que "ha habido una intención clara de infligir daño", ha remarcado.

Por el momento no se ha podido confirmar la relación que habría entre ambos ni si se trata de un nuevo caso de violencia machista, si bien Beltrán ha confirmado que no existían denuncias de la mujer contra el hombre.

En todo caso, Beltrán ha remarcado que la violencia de género es una de las líneas de investigación y, de confirmarse, elevaría a 14 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer", por una "actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión, y que si no se posee, no se tiene, se le quita la vida", ha aseverado.

Por el momento, no han trascendido las identidades de la mujer y del hombre y además se investiga si alguno de ellos era el propietario de un vehículo que estaba mal aparcado en la zona.

El último suceso conocido este sábado ha sido la detención por parte de los Mossos d'Esquadra de un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido.

Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamas poco antes de la medianoche.

Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego y si tiene relación con la mujer que habitaba en el domicilio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido ayer por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción, ha manifestado este sábado su "certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera" y se ofrece a colaborar con la justicia, según informa EFE.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, Baño asegura que es el "más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible" y se pone a disposición de la Justicia para que "podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos".

Finalmente, agradece "el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida".

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante fue detenido ayer por la mañana, en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), por la Policía Nacional en relación a un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

En paralelo al arresto de Carlos Baño y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional de Alicante procedieron también ayer a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

Baño fue trasladado al mediodía a la Comisaria Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde fue interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se acogió a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas, y quedó en libertad con cargos.

En el comunicado que ha emitido este sábado, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante señala que el registro de la sede de Facpyme, de la que es presidente, por parte de miembros de la Policía Nacional parece ser que es "por una investigación en curso instada por la Fiscalía y declarada secreta, sobre la Campaña de Bonos Comercio".

Afirma asimismo que no prestó declaración en sede policial "al no conocer el contenido de la causa y de la acusación" y a instancia de su abogado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido detenido este viernes por la mañana por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia e incentivar la actividad del comercio local tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

Aunque es mayoritariamente conocido por encabezar la Cámara de Comercio, Baño ha sido detenido en su calidad de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

En paralelo al arresto y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional proceden a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la citada patronal Facpyme.

Estaba previsto que Carlos Baño participara a las 11:30 horas de este viernes en la presentación ante los periodistas de un informe sectorial de turismo en la sede de la Cámara, pero el acto comenzó sin su presencia y sin que se diera cuenta de que había sido arrestado.

Fuentes del organismo cameral han informado a EFE de que la Policía Nacional no ha acudido a sus instalaciones para registro alguno y que carecen de noticias de lo sucedido.

Los bonos consumo sujetos a esta investigación se refieren a una de las medidas estrella del mandato de Carlos Mazón al frente de la Diputación de Alicante (2019-2023) con el doble objetivo de ayudar al comercio local y ayudar a las familias tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19.

De esta manera, la Diputación dirigió entre 2022 y 2024 unos 58 millones de euros a este programa mediante el que se subvencionaba el 50 por ciento de las compras de consumidores en establecimientos locales adheridos, mientras que el resto del importe era abonado por el cliente.

La investigación trata de dilucidar si Facpyme, presidida por Baño, se habría beneficiado económicamente al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental.

Los votos de PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, solicitada por los partidos de izquierda, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, por considerarle responsable de las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

Los tres partidos de la izquierda han defendido en el pleno ordinario una declaración institucional en la que coinciden en que la gestión del popular Barcala es "incompatible con los principios de integridad, imparcialidad y buen gobierno" por su gestión en torno a las viviendas públicas de la promoción Les Naus.

Las adjudicaciones presuntamente irregulares se han saldado con varias dimisiones, entre ellas la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), y la apertura de una investigación en un juzgado.

El consistorio informó este martes de que 46 de las 140 viviendas públicas de la urbanización Les Naus carecen de ninguna persona empadronada, además de varios casos en los que varios miembros de una familia son beneficiarios, incluyendo algunos jóvenes de entre 18 y 24 años.

La propuesta en el Ayuntamiento alicantino estaba pendiente del voto de Vox, que desde que saltó el escándalo ha pedido la dimisión del alcalde del PP, y hoy su portavoz, Carmen Robledillo, ha manifestado que, aunque siguen pidiendo la marcha de Barcala porque creen que el caso arroja la "sospecha de corrupción" en la vivienda pública, no apoyan la reprobación.

Según Robledillo, desde Vox quieren evitar "participar en el teatro político de la izquierda" que, en su opinión, pretende "una farsa" como "arma electoral". "No les vamos a facilitar la estrategia", ha recalcado.

En la defensa de la iniciativa, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha calificado el reparto de las viviendas públicas de "obsceno y repugnante", ha sostenido que el alcalde "no es la víctima" y le urgido a aclarar "si lo sabía o no" aunque cree que en ambos casos la única solución es que abandone el cargo.

Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha afirmado que Barcala "lo sabía todo y lo ocultó" y "está metido en la corrupción hasta las cejas" y Manolo Copé (EU-Podem) ha justificado la dimisión en "devolver la dignidad a la ciudad y al ayuntamiento" por unas actuaciones que "asaltan lo público para su interés particular".

En defensa de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen España, ha acusado a la oposición de intentar "el desgaste personal" del alcalde mediante la construcción de un "relato" que busca dañar su "honorabilidad" pese el popular "a que se deja la piel" por esta ciudad.

Alrededor de ochenta asociaciones vecinales, sociales y culturales se habían concentrado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para exigir "control social y más transparencia" en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) y la dimisión del alcalde de esta ciudad, Luis Barcala (PP). La protesta se hbíaa celebrado bajo el lema Vivienda pública y social. Ni concesiones ni privilegios.

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que 46 de las 140 viviendas públicas de la Playa de San Juan cuya adjudicación es objeto de investigación judicial carecen de personas empadronadas en ellas.

Así lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, del PP, con los datos obtenidos tras la inspección de la policía local a la promoción residencial Les Naus donde se han observado "indicios" de numerosas irregularidades, como otros domicilios con un residente censado pero donde "se denota que hay más personas" y doce personas no adjudicatarias que residen en seis viviendas.

También se han visto un total de 26 buzones con una "apariencia descuidada, con abundante publicidad sin recoger" lo que, según Cutanda, "evidencia que (los adjudicatarios) no aparecen por el edificio".

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha manifestado, por su parte, que todos estos datos serán trasladados este miércoles al juzgado de la ciudad que investiga el escándalo de las viviendas públicas en un proceso en el que el ayuntamiento está valorando personarse como acusación particular.

El temporal de viento que ha vivido la Comunitat Valenciana da una breve tregua en la mañana de este domingo pero a partir de la tarde está prevista una reactivación en determinadas zonas, según informa Emergencias de la Generalitat a partir del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha recogido EFE.

En una nota informativa sobre el temporal, que ayer elevó las alertas a roja y naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido "mucha precaución" ya que aún puede seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal.

El reciente temporal de fuertes rachas de viento ha debilitado estructuras, árboles y elementos móviles, por lo que pueden producirse caídas y desprendimientos, según matiza.

En esa nota, indica que los niveles de aviso disminuyen temporalmente, pero es una breve tregua y a partir de esta tarde pueden reactivarse los avisos en algunas zonas, una situación que podría extenderse hasta mañana lunes.

Emergencias ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

A partir de hoy el temporal empieza a remitir y se va reduciendo progresivamente la intensidad de las rachas y el nivel de los avisos meteorológicos hasta alcanzar, en las horas centrales del día, una situación sin ningún aviso de viento activo.

No obstante, a partir de esta misma tarde se prevé la reactivación de los avisos, inicialmente en el interior sur de la Comunitat Valenciana, con niveles amarillos, que podrían extenderse el lunes por la mañana a zonas del litoral.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias mantener una vigilancia activa de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias durante estos días.

Aunque los niveles de aviso por viento puedan disminuir de manera temporal, Emergencias advierte de que es fundamental mantener la precaución ya que incluso rachas moderadas pueden provocar caídas, desplazamientos de objetos o nuevos incidentes, especialmente en zonas que hayan sufrido daños significativos.

Por ello, recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos inestables y atender las indicaciones de Meteoalerta y de los servicios municipales.

El temporal de lluvia y nieve que azota la Península afecta a las 6:00 horas de este domingo a un total de 136 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las que 67 sufren cortes en algunos de sus tramos por las inundaciones y 18 por hielo y nieve.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras de Andalucía siguen siendo las más afectadas por el temporal de lluvias, con cortes en 43 de sus vías, sobre todo en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Entre las carreteras afectadas por las inundaciones destaca la nacional N-110, cortada en ambos sentidos entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria).

La nieve y el hielo han obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 18 vías secundarias de Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Navarra.

Además, en 21 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en una está prohibida la circulación de camiones y en siete se recomienda circular con precaución.

Entre las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno se encuentra la nacional N-260, entre Noales y Bisaurr (Huesca).

Los efectos y el impacto del temporal que golpea a Andalucía se han reducido en las últimas horas y durante la madrugada, por lo que las salas del 1-1-2 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) sólo han coordinado un par de emergencias ocasionadas por la meteorología adversa.

La jornada del sábado, en cambio, sí motivó la atención de 789 avisos en toda Andalucía debido a las rachas de viento asociadas al paso de la borrasca Oriana por Andalucía, sobre todo en las provincias de Córdoba y Almería, según una nota de la EMA.

La cifra de emergencias atendidas por el 1-1-2 debidas al enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, alcanza ya las 13.468, de las que 2.701 han tenido lugar en la provincia de Cádiz, 2.232 en Jaén, 2.161 en Sevilla, 1.925 en Granada, 1.429 en Córdoba, 1.398 en Málaga, 1.070 en Almería y 552 en Huelva.

La Comunidad Valenciana afronta un temporal de viento que este sábado activará la alerta roja (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.

Prudencia máxima, no salir de casa si no es imprescindible y evitar desplazamientos por carretera innecesarios son algunas de las recomendaciones de Emergencias de la Generalitat, que ha emitido un aviso especial y ha pedido a los Ayuntamientos de las tres provincias y a los distintos organismos reforzar las medidas de prevención y activar protocolos.

Numerosos Ayuntamientos han reunido a sus Centros de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), que han activado los planes municipales de emergencias y han acordado medidas como cerrar parques y cementerios, suspender actividades deportivas y aplazar mercados o celebraciones como las relacionadas con el Carnaval.

En Castellón, donde las rachas de viento del noroeste huracanadas pueden superar los 140 kilómetros por hora en el interior y los 130 en el litoral, se han suspendido todas las actividades organizadas o autorizadas en la capital por el Ayuntamiento, como los carnavales del sábado en el Grao, y todas las actividades deportivas al aire libre y de interior.

En la localidad castellonense de Almassora se ha aplazado la Feria del libro, se ha anulado el riego de los árboles situados de la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento, y el domingo habrá dispositivo especial de limpieza viaria.

Los carnavales también se han aplazado en Villar del Arzobispo (Valencia), en el barrio valenciano de Russafa, en Elche, Torrevieja y El Campello y en Alicante, donde además se ha cerrado el castillo de Santa Bárbara, se han suspendido los entrenamientos vespertinos de deporte escolar y se ha clausurado un circo instalado en una avenida.

La ciudad de Valencia ha suspendido la tradicional celebración del Año Nuevo Chino, ha ordenado el cierre de parques y jardines, incluido el Jardín del Túria, y ha recomendado a las comisiones falleras que no realicen montaje de las estructuras de iluminación.

Además, se han suspendido los mercados de los sábados de Alicante, Gandia o Torrent.

El temporal de viento ha dejado ya alguna incidencia, pues ha afectado a una línea aérea de media tensión de Ibedrola en Monte Picayo (Sagunto, Valencia) que ha dejado sin luz a unos 125 clientes desde las 14:30 horas, según fuentes de esta empresa, que han precisado que se intenta localizar el punto exacto de la avería para repararla.

Durante esta jornada, en la que el viento ha alcanzado rachas de 71 kilómetros por hora en Utiel (Valencia), de 69 en Alcoy (Alicante) y de 66 en Xàtiva (Valencia), los bomberos han atendido varios servicios relacionados con el viento, como la retirada de árboles o la caída de un cable de telefonía.

Mientras llegan las peores horas del temporal, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de la capital valenciana a las entradas y salidas de barcos por condiciones meteorológicas adversas, después de que a las 14 horas se haya activado el aviso amarillo por fenómenos costeros por vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

La Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112.

La alerta de protección civil recibida a las 18:06 horas pide también seguir las indicaciones de las autoridades y que, en caso de emergencia, se llame al 112.

Una mujer de 71 años y un hombre de 42 han fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda en Xàbia (Alicante), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Otras siete personas han resultado heridas, sin que se haya facilitado una valoración médica de su estado, según estas fuentes.

El suceso ha ocurrido en un inmueble ubicado en la avenida de París y por el momento no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas de los hechos, han señalado las mismas fuentes, que han añadido que la Policía Judicial de Villajoyosa (Alicante) se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el incendio se ha registrado sobre las 16:00 horas en la segunda planta de un edificio de cinco alturas y han explicado que unas cuarenta personas han sido evacuadas.

En estos momentos el incendio está extinguido, pero los bomberos siguen trabajando en la zona, ventilando de humos y gases, y revisando el edificio, según fuentes del Consorcio.

El incendio ha generado mucho humo en la escalera del edificio y hasta el lugar del suceso se ha trasladado, por parte de efectivos sanitarios, una unidad del Samu, un Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de Cruz Roja.

El equipo médico del Samu ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación a un hombre de 42 años, sin respuesta, por lo que ha confirmado su fallecimiento, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

La otra persona fallecida, una mujer de 71 años, ha sido localizada dentro de la vivienda, según fuentes próximas al caso.

Los servicios médicos han asistido también a otros dos varones por inhalación de humo, de 58 y 32 años. El primero de ellos ha sido evacuado al Hospital de Dénia (Alicante) en la ambulancia SVB y el segundo ha sido dado de alta 'in situ'.

Además, han sido atendidas otras cinco personas por crisis de ansiedad, algunas trasladadas al centro de salud y otras dadas de alta en el lugar.

Por su parte, fuentes municipales han dicho a EFE que una patrulla de la Policía Local ha sido la primera que ha llegado al lugar del suceso y han relatado que uno de los agentes ha subido con un andamio a una vivienda y ha logrado salvar la vida a una familia de cinco miembros que estaba en ese momento "en medio del incendio".

El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Miguel Ángel Sánchez, ha decidido renunciar a su puesto a raíz de conocerse que su exesposa y madre de sus hijas es adjudicataria de uno de los pisos de vivienda pública, aunque ha asegurado que no tiene ninguna vinculación con la promoción.

Fuentes de la Conselleria han asegurado a EFE que Miguel Ángel Sánchez ha presentado un escrito a la consellera en el que mantiene que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional.

También hace constar en el escrito que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con esa adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros. Además, explica que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal" que está teniendo sobre sus hijas menores y su entorno familiar". Eso es lo que le lleva a considerar, según sus palabras, que "lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena".

Dimite, insiste, con el único objetivo de proteger a su familia y "evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

Esta dimisión se ha producido después de otras dos entorno a esta polémica: la de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocerse que era una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.

Tras la dimisión de Sánchez, los partidos de la izquierda en el ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, y también Vox, han exigido la renuncia del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, para asumir sus responsabilidades políticas por el escándalo.

En sus intervenciones en el pleno extraordinario y monográfico en torno al escándalo la socialista ha justificado la petición de dimisión en estar "bajo sospecha" en este supuesto caso "de corrupción".

Por Compromís, Rafa Más, se ha dirigido a Barcala como "el todavía alcalde" y le ha instado a dirigirse al juzgado para declarar lo que sabe en torno a las irregularidades y Manolo Copé (EU-Podem) ha asegurado que lo sucedido "no es un error puntual" sino la aplicación "consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP" y ha concluido exclamando "vayáse".

A la petición de dimisión del alcalde del PP también se ha adherido posteriormente Vox, partido en el que se apoyan los populares en el consistorio, que gobiernan en minoría a falta de un concejal para la mayoría absoluta. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha instado a Barcala a que aclare cuándo supo que la concejala de Urbanismo era adjudicataria antes de concluir que debe asumir sus responsabilidad "y tiene que dimitir", igual que lo había pedido previamente la socialista Barceló, que ha acusado al PP de "chanchullos", en un escándalo sobre el que, varios días después de destaparse, "sigue habiendo más dudas que certezas".

"No ha habido igualdad y sí privilegios, no controles y sí corrupción y negocio de los de siempre" en una zona, la Playa de San Juan, donde las viviendas del mercado libre rondan en torno al medio millón de euros y se han adjudicado a los allegados por unos 200.000.

La socialista ha señalado que esta legislatura es la del "pelotazo de la vivienda", ha insistido en que Barcala es el máximo responsable político en un caso donde "hay demasiadas preguntas sin respuestas" ante la posibilidad de que hubiera información privilegiada para la elección de los adjudicatarios, y le ha exigido que aclare si hay más personas cercanas al PP beneficiarios ya que "Alicante no merece esto".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recalcado sentir "vergüenza" por lo sucedido y ha afeado al primer edil de no haber aportado información: "Ya sabemos por qué está parado el plan General, la Vía Parque, el Parque Central... porque estaban preocupados por esta trama y por la orientación de los pisos (de VPP), si dan al este y al oeste", ha espetado Mas dirigiéndose a los concejales del PP. Ha conminado al alcalde a ir a los juzgados a pedir la expropiación forzosa en perjuicio de los que se han llevado una vivienda irregularmente y también a que se ponga a disposición judicial porque Alicante es una ciudad con alquileres a más de 1.000 euros y con "precios imposibles" para la compra.

En su turno, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado que lo sucedido no es un "error puntual" sino "la aplicación consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP" en un caso que coloca a la ciudad en "la vergüenza nacional". Ha señalado que los herederos politicos de los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo "se han repartido" las viviendas públicas con la ayuda del anterior gobierno autonómico de Carlos Mazón, de quien ha dicho que relajó los requisitos en su etapa en el Consell valenciano, y ha afirmado que el alcalde debe asumir responsabilidades políticas. 

En su intervención, el alcalde ha pedido públicamente "disculpas" por el "escándalo" de la adjudicación y ha jurado que no se detendrá hasta que esas estas sean para las personas que las merecen.

El alcalde ha sostenido que cuando termine la investigación en curso exigirá que "quienes ilegitimamente hayan adquirido la vivienda, la pierdan", al ejercer el derecho de retracto por fraude de ley. Así lo ha afirmado en el pleno municipal extraordinario y monográfico sobre este caso. Una tensa sesión en la que ha asegurado que no tenía conocimiento de las supuestas incompatibilidades hasta la pasada semana, y que cuando se enteró ordenó abrir un expediente para averiguar los hechos y aclarar la situación.

"Yo no sabía que Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus, ni del resto de implicados", ha recalcado el alcalde, quien ha declarado que comparte con la oposición que lo sucedido le parece "repugnante e indignante".

Barcala, que no se ha pronunciado por la petición de dimisión pedida por el resto de portavoces, el PSPV-PSOE, Compromís, EU-Podem y Vox, ha reiterado en que va a aclarar si se han falseado documentos para ser adjudicatarios de las viviendas de protección oficial y ha añadido que se indagarán los ingresos declarados y la situación patrimonial de los 140 beneficiarios de la promoción para, en su caso, ejercer el referido derecho de retracto.

El alcalde comprende que la ciudadanía esté "preocupada y alarmada" porque la vivienda es la principal preocupación social y ha admitido que todavía no está en disposición "de dar respuestas a todas las preguntas que se suscitan", algo que confía en que ocurra con la investigación que abra la fiscalía. Tras señalar que la competencia del ayuntamiento se limita a enajenar el suelo municipal y a otorgar la licencia de obra, ha señalado que la adjudicación de las viviendas corresponde a la cooperativa privada, mientras que la Generalitat es quien revisa el visado del reparto para comprobar que los beneficiarios cumplen los requisitos.

Según Barcala, el pasado 27 de enero se recibió un informe escrito del servicio municipal de Patrimonio destapando las supuestas irregularidades y 24 horas después incoó un expediente de averiguación de hechos en paralelo a una denuncia ante la fiscalía, por lo que desde el primer momento ha actuado con "contundencia". Además, ha ordenado cruzar la lista de adjudicatarios de la promoción Les Naus con la plantilla de funcionarios municipales sin que aún se sepa si hay más empleados del ayuntamiento o familiares que se hayan hecho con una de las VPP y, en todo caso, ha indicado que cuando haya alguna novedad la pondrá en manos del ministerio público.

En estos momentos, además de las dimisiones, hay abiertos expedientes informativos a dos técnicos de Urbanismo.

La mayor apuesta para contener el problema de precios que sufre la vivienda en España es la promoción de vivienda pública. Construir más casas y hacerlo de forma que los precios se adapten a los ingresos de las personas perceptoras, es decir, sin les suponga más del 30% de los ingresos mensuales netos. En los primeros pasos que están dando las Administraciones para promover vivienda desde lo público, también se están produciendo algunos sucesos que despiertan el viejo fantasma de los “pelotazos inmobiliarios”. En concreto, un escándalo que atañe a la adjudicación de viviendas protegidas a algunos cargos del Ayuntamiento de Alicante (PP). Esta semana salió a la luz que la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habían adquirido viviendas protegidas en la primera promoción que la ciudad construye en dos décadas. 

Además, este mismo martes se ha conocido que la Consellería de Vivienda valenciana ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por adjudicar otra de las viviendas a su esposa “omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él forma parte”. Todo este goteo de presuntas irregularidades ha llevado al grupo socialista municipal de Alicante a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la administración.

Una vivienda protegida es un inmueble sujeto a algún tipo de protección por parte de la Administración, ya sea el Gobierno o las Comunidades Autónomas y que se pone a la venta o en alquiler por debajo del precio de mercado. Estas viviendas pueden ser de titularidad pública o privada y hay varios tipos en función de las condiciones de acceso que establece cada Comunidad Autónoma. Las más conocidas son las Viviendas de Protección Oficial (VPO), una figura que data de los años 60 y que se utiliza para hablar de forma genérica de este concepto. A partir de aquí, las distintas comunidades tienen diferentes apelativos y categorías con condiciones de acceso independientes que establecen ellas mismas. En Madrid o la Comunitat Valenciana, por ejemplo, dentro de las VPO existen otros subtipos, como la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) y la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL). En otras zonas, como Castilla-La Mancha hay otras figuras como las Viviendas de Precio Tasado (VPT). 

En el caso del bloque de Alicante, de titularidad privada, lo construyó y comercializó la cooperativa Residencial Les Naus sobre un suelo municipal adquirido en 6,6 millones. Un precio “muy por debajo del precio de mercado, pues el suelo era de titularidad municipal”, explica a infoLibre José Muñoz, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas.

Lo llamativo del caso, que por el momento ha provocado la renuncia de la concejala de Urbanismo, es que, de acuerdo con un informe elaborado por la Generalitat a través de la Consellería de Vivienda, los propietarios de los pisos “cumplen los requisitos”. “Si, tal como señalan algunos, el procedimiento establecido para la promoción, gestión y adjudicación permite que se den estos casos, es para echarse a llorar”, señala el arquitecto y urbanista, Gerardo Roger. 

Por el momento el caso pasará a manos de Anticorrupción para determinar si hubo delitos tras la denuncia del PSOE valenciano. Porque más allá de la ilegalidad o no de las adjudicaciones, aún por determinar, el gesto es cuestionable. “Es terrible que, con a la emergencia social que supone el problema de la vivienda en España, puedan existir procedimientos espurios, reglados o aplicativos, que permitan estas lamentables y escandalosas prácticas”, concluye el arquitecto, quien además ha sido director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana.

A los pisos de Alicante se les aplicaron unos precios tasados por la Administración de 2.200 euros el metro cuadrado, por lo que las viviendas oscilaban en torno a los 230.000 euros. Una búsqueda rápida en Idealista basta para ver que en esa ubicación (Playa de San Juan), los precios más habituales están entre el medio millón y los 700.000 euros. La promotora alega que han cumplido con los criterios y que la adjudicación se realizó por orden de antigüedad, es decir, se les otorgaron los pisos a las primeras personas solicitantes que cumplían con los criterios.

Sobre los mecanismos de supervisión que pueden operar en estos casos, desde el Ministerio de Vivienda señalan que las competencias de vivienda en esa materia son de las comunidades, por lo que a nivel nacional no existe ninguna herramienta. En el plano autonómico José Muñoz explica que existe una empresa pública de vivienda, pero al ser en este caso un inmueble de titularidad privada, la adjudicación no se supervisa, más allá de cumplir con los criterios que imponga la etiqueta de protección. En este caso, no poseer otra vivienda en propiedad y no superar un límite de ingresos que llega hasta los 66.000 euros en algunos casos, un tope que se elevó desde los 46.600 euros durante el Gobierno de Carlos Mazón. “El problema es el modelo de vivienda del PP”, reclama el portavoz del PSPV.

Otro de los asuntos que se investigarán es si la inmobiliaria pidió dinero en negro a los compradores interesados, tal y como ha adelantado el periódico Levante. En el artículo, dos personas cuentan que, al intentar comprar sendas viviendas en Les Neus ofertadas en portales inmobiliarios, les pidieron una parte del pago en B para esquivar los topes que impone la etiqueta de vivienda pública.

La primera pregunta que surge es cómo es posible que una vivienda que se supone protegida y, por tanto, destinada teóricamente a quienes no pueden acceder a una a precio de mercado pueda superar los 200.000 euros o tenga unos gastos de comunidad, por sus características, muy por encima de lo que podría asumir un salario bajo o medio. “Es una promoción de vivienda pública sin sentido, en una de las zonas más caras de Alicante y con unas características de lujo que conllevan, por ejemplo, gastos de comunidad muy altos”, afirma Muñoz. Poco orientada, a simple vista, a rentas bajas.

La segunda, es cómo pueden tener prioridad para acceder a ella personas que teóricamente tienen una renta por encima de la media de los trabajadores (unos 59.000 euros al año, en el caso de los concejales de Alicante). Algo que, tras la denuncia, investigará la Fiscalía Anticorrupción.

El Plan Vive de la Comunitat Valenciana es una iniciativa del Gobierno autonómico lanzada en 2024 para impulsar la construcción de unas 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 y que opera en colaboración público-privada entre empresas y Administración.

“El elemento fundamental es el modelo de vivienda del PP, que permite privatizar —o dejar en manos de cooperativas y empresas privadas— el proceso de asignación de viviendas públicas”, explica Muñoz. “La Generalitat Valenciana tendrá que revisar estas asignaciones, porque esto lo hemos sabido gracias a una noticia, si no, no hay un mecanismo para revisar todas las viviendas públicas que existen”, concluye.

La primera oferta de vivienda pública en Alicante en 20 años ha derivado en un escándalo político que no cesa y que ha surgido después de la adjudicación de 140 casas construidas sobre un terreno privilegiado al que accedió Fraorgi, un promotor privado, gracias al Ayuntamiento dirigido por el popular Luis Barcala. La polémica estalló tras conocerse que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, un arquitecto municipal y dos hijos de la directora general municipal, María Pérez-Hickman, fueron adjudicatarios de esas viviendas públicas, situadas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, una de las más exclusivas de la ciudad.

Estas viviendas de protección pública (VPP) se han vendido por la mitad del precio de mercado, alrededor de 200.000 euros de media, lo que rápidamente disparó la demanda en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados —el precio de otras viviendas en esa zona se sitúa entre los 350.000 y los 400.000 euros—. El residencial se levantó sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas por 6,6 millones de euros a cambio de que la Administración se quedase una parte de los inmuebles. Sobre el papel, el promotor decidía a quién adjudicaba los pisos una vez construidos bajo unos criterios establecidos por la Generalitat.

Entre ellos está que que no poseyera otra vivienda, que la concedida fuera utilizada como primera residencia y que sus ingresos anuales, como unidad familiar, no superaran los 54.000 euros — con posibilidad de llegar a 66.000 euros si se cumplían una serie de requisitos—. El Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por las posibles irregularidades, denunciadas también por los partidos de la oposición valenciana. Concretamente, el PSPV-PSOE apunta a cinco posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, fraude a la Administración en la gestión de suelo público, estafa en el acceso a vivienda protegida y fraude de ley con incidencia penal.

Los socialistas no solo cargan contra Gómez y Pérez-Hickman —ambas han dimitido—, sino también contra el arquitecto municipal, Francisco Nieto, y al administrador único de la mercantil Fraorgi, Francisco Ordiñana, que actuó como gestora de la Cooperativa "Residencial Les Naus". Pero tras las dimisiones, el Consistorio liderado por Barcala ha tratado de escurrir el bulto. En palabras del vicealcalde, Manuel Villar, no se puede hacer más porque "no hay ninguna norma que regule el control municipal" teniendo en cuenta que el informe elaborado por la Generalitat a través de la Conselleria de Vivienda dice que los propietarios "cumplen los requisitos".

Sin embargo, según adelantó este martes el diario Información, otro documento—en este caso del Consistorio alicantino— avisó a finales de enero de que la lista de adjudicatarios de los inmuebles incluía beneficiarios "vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato". La denuncia presentada por el propio Ayuntamiento ante la Fiscalía apunta a que el Servicio de Gestión Patrimonial ya "alertó de que el personal interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario de una vivienda protegida en el complejo construido" y señaló "posibles conflictos de intereses" derivados de esta adjudicación.

La vicepresidenta primera y consellera del ramo, Susana Camarero, también evitó asumir cualquier tipo de responsabilidad y aseguró que la Generalitat "no tiene ninguna relación con la adjudicación de las viviendas" porque "son adjudicadas por la promotora". Es la promotora, a través de la cooperativa, la que solicita a la Dirección Territorial de Vivienda "la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública establecida en el decreto", en palabras de Camarero.

Con todo, este martes su Consellería anunció más controles con el fin de evitar que se pueda producir algún tipo de fraude en futuras actuaciones. En concreto, se prevé constituir una comisión o mesa técnica formada por varios técnicos como órgano colegiado encargado de supervisar que los adquirientes de una VPP cumplan los requisitos establecidos para poder comprar una vivienda. Un anuncio que se produjo después de que este lunes trascendiera que uno de los técnicos del departamento autonómico aseguró que su esposa sí cumplía esas condiciones para comprar una de las viviendas de la promoción.

En Génova también guardan silencio. Ningún dirigente de la dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre esta cuestión en los últimos días. En privado, fuentes consultadas por infoLibre aseguran que se trata de un "asunto local", que ya se han "asumido responsabilidades", en alusión a las dos dimisiones, y que el asunto está judicializado. Con todo, reconocen que se trata de un asunto sensible como es el de la vivienda, aunque los conservadores mantienen su apuesta de construir más vivienda liberalizando suelo.

El PP es consciente del problema de la vivienda. Los datos señalan que el negocio inmobiliario se mantiene en ebullición. En España, la mayoría de las ciudades superan los precios máximos que se registraron durante los años de la burbuja inmobiliaria, antes de que la crisis de 2008 se llevase por delante el mercado y las economías de muchas familias. Aunque la crisis se ceba especialmente con los jóvenes, sus efectos se notan en muchas capas de la sociedad que ven cómo se marcan precios históricos en la compra y en el alquiler, algo que expulsa a los vecinos de sus barrios, especialmente en las grandes urbes.

El PP aboga por construir 200.000 viviendas al año en España como solución a los problemas de la vivienda pese a que según organizaciones como Funcas, este problema en España se debe principalmente a la especulación. Además de no querer aplicar la ley de vivienda en las comunidades presididas por el PP, también aboga por las exenciones de impuestos para propietarios y para quienes compren casas. Pero el PP quiere centrarse en otro tema: el supuesto problema de la okupación. El Plan + Vivienda que presentó en 2024, seis de los 16 enunciados estuvieron centrados en esta cuestión, pese a que afecta a un porcentaje ínfimo de la población.

A esto se le suma que la formación conservadora ha abogado históricamente por dar barra libre al turismo, destacando siempre los beneficios que comporta a nivel económico y obviando los perjuicios que cada vez están saliendo más a la luz. Para Feijóo el problema del turismo masivo no son las consecuencias que tiene sobre la población local, sino sobre el propio turista. Así, asegura que hay una "turismofobia" promovida por el Gobierno central que “produce inseguridad y desconfianza".

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo, a un funcionario que avaló la adjudicación de una vivienda social de la ciudad de Alicante a su mujer, "omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte", informa EFE.

Esta decisión, según fuentes de la Conselleria, se adopta después del "segundo análisis" solicitado por la Secretaria Autonómica de Vivienda tras conocerse que una concejal del Ayuntamiento de Alicante, un arquitecto municipal y dos allegados de una alto cargo -la primera y esta última han renunciado a sus cargos tras conocerse los hechos- han sido adjudicatarios de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan.

En esta segunda verificación se ha conocido que este funcionario es cónyuge de una de las personas solicitantes y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia, según las mismas fuentes.

La Dirección Territorial ha informado de una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de este técnico funcionario, que "revisó, tramitó y acreditó para su firma" el expediente de su mujer, "estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo".

La Conselleria ha afirmado que "actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas". "Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros", ha indicado.

La Conselleria ha subrayado "con total claridad que en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas". "Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control", ha indicado.

En concreto, "además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación", ha avanzado.

"Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha señalado.

En un lugar de España del que no es momento de acordarme, aparecimos hace algunos años Almudena Grandes y yo para participar como jurados en un premio de novela histórica que se había convocado en la ciudad. Ni a ella ni a mí nos entusiasmaban esas cosas, pero la institución que sufragaba la iniciativa nos pareció seria y las condiciones generales no estaban mal, aparte de pensar nosotros dos que era una buena oportunidad para hacer un viaje tranquilo y aprovecharlo para charlar de nuestras cosas sin estar rodeados de otra gente, como solía ser habitual. Y así fue, durante el trayecto ella me comentó cuáles iban a ser los siguientes pasos que diera con sus Episodios de una guerra interminable y yo le conté el tema de la próxima entrega de mi serie protagonizada por el profesor Juan Urbano. Hablamos también de asuntos más domésticos y, en la última media hora, de los manuscritos sobre los que íbamos a votar. Coincidimos en que los finalistas, creo que cinco o seis, no eran gran cosa, pero sí que había uno que nos parecía a ambos el mejor y, de hecho, el más sólido y bien escrito que los demás.

Cuando llegamos a la sala de las deliberaciones, algo no me gustó: aparte de nosotros, había allí tres personas más, todas ellas naturales del lugar e impuestas por los organizadores. “Estamos listos”, pensé, “si hay debate y ellos van todos a una, perderemos tres a dos.” Tal cual, los locales impusieron, tras largas discusiones sobre el estilo, la categoría de los personajes o la fuerza de los argumentos de nuestra favorita y aquel trío no dejó de alabar y, finalmente, otorgar el galardón a un original que a Almudena y a mí nos había parecido muy farragoso, una mera descripción del pasado de la ciudad que no tenía, según nuestro criterio, ninguna hondura narrativa. Las bases del certamen obligaban a presentarse con seudónimo, así que cuando llegó el momento de abrir el sobre donde la aspirante –pronto descubriríamos que se trataba de una escritora– había apuntado sus datos, esperamos con curiosidad a saber su verdadera identidad. Entonces, nuestro anfitrión desdobló el papel en cuestión, le echó un vistazo, puso una cara de sorpresa por la que no le habrían dado un premio de interpretación y exclamó: “¡No os lo vais a creer! ¡La autora es Puri, la del departamento de Personal! Naturalmente, el nombre que acabo de escribir es supuesto.

En Alicante acaba de descubrirse que ocurrió algo parecido con unos pisos de protección oficial, edificados en un solar municipal de Playa de San Juan y subastados por el Ayuntamiento en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022 hasta que, sorpresa, sorpresa, ahora se descubre que fueron adjudicados a la edil de Urbanismo, a los hijos de la jefa del área de Contratación, a un arquitecto municipal, a los hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, a dos familiares del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y al representante de la gestora que llevó a cabo los trámites de la operación. Ante semejante catarata de caraduras, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, salió a la palestra para defender que todos los afortunados cumplían los requisitos normativos establecidos para acceder a las viviendas en cuestión. Y para los que no las cumplían, por tener más ingresos de los estipulados, ya estuvo al quite su predecesor, el indescriptible Carlos Mazón, que había subido la cantidad hasta los sesenta y seis mil euros.

Cómo no van a justificar esto, si justificaron, apoyaron y aplaudieron al propio Mazón tras la Dana. Cómo no, si lo que han dicho en el PP sobre la concejala del partido en Valencia que fue a llamar hijo de puta a Pedro Sánchez en un acto público no es que la hayan expulsado, sino que han defendido la acción de la energúmena diciendo que es alguien que “como cualquier ciudadana ha expresado su opinión política sobre la actuación del actual presidente del Gobierno.” Es el modelo Ayuso, hablar con la boca llena de fruta.

Sabemos que el gran problema de España es la vivienda. Lo que ha hecho el PP de Alicante demuestra hasta qué punto eso les importa.

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una vivienda pública de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión, informa EFE.

Gómez, que actualmente está de baja por maternidad, ha informado de que en los próximos días presentará oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas en La Condomina, en la Playa de San Juan, "antes de entrar en política", según un comunicado del Ayuntamiento.

La hasta ahora concejala de Urbanismo ha señalado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso "sin interferencias de ningún tipo", después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida y dado que está de baja por maternidad.

Arquitecta de profesión y de 33 años, Gómez llevaba dos años y ocho meses al frente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante y ha repetido en la nota que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

La decisión de la concejala del PP se produce un día después de que se supiera que tanto ella como un arquitecto municipal y los dos hijos y una sobrina de una alto cargo del consistorio, la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, habían sido adjudicatarios de estas viviendas sociales en la Playa de San Juan, la primera promoción de inmuebles públicos en la ciudad de los últimos 20 años.

Al mediodía de este viernes, el alcalde, Luis Barcala, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, había explicado que la concejala de Urbanismo había recibido la condición de adjudicataria cinco años antes de llegar a la política y que "hasta donde tenemos conocimiento no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión" relacionada con los hechos conocidos, pese a lo cual añadió que ha pedido un expediente de averiguación de hechos para depurar responsabilidades.

En una intervención sin preguntas, el alcalde ha sostenido que aplicará "la máxima contundencia" una vez tenga el informe municipal y que actuará "caiga quien caiga", incluyendo la posibilidad trasladar a la Fiscalía el contenido del expediente ante el menor atisbo de irregularidad.

Este asunto ha acaparado la actualidad política en la Comunitat Valenciana y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha señalado que las personas que optaron a dichas viviendas "cumplían los requisitos", aunque al mismo tiempo ha calificado de "muy grave" lo conocido.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a "asumir responsabilidades" por "un mal uso" del poder en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido de que "la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios".

En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera un "pelotazo urbanístico" y ha concluido que se trata "del mayor escándalo" en la ciudad coincidiendo con "un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda España".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14:42 horas de este domingo.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 % y que implica posibles inundaciones y crecidas.

Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña. Estas precipitaciones dejan cinco vías totalmente intransitables, también de la red secundaria: tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; se recomienda consultar las consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar al número de teléfono 112.

La borrasca Francis que estos días azotará a la península, dejará lluvias intensas también en Cádiz y Alicante, con aviso naranja (peligro importante), y nevadas significativas en zonas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y La Rioja, donde Aemet tiene aviso amarillo (peligro bajo).

Las adversas condiciones por la lluvia, el frío y la nieve en cotas bajas, que afectará a zonas pobladas y vías de comunicación, como señala la Aemet en sus redes sociales, complican los desplazamientos por carretera.

En previsión, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya aconsejó este sábado adelantar el regreso del fin de semana a las primeras horas del domingo y planificar bien el viaje, informándose del estado de las carreteras y del tiempo.

La DGT informaba, en su boletín de las 13.00 horas, de 10 vías afectadas por la nieve, todas ellas de la red secundaria de carreteras.

Durante la pasada noche y madrugada de este domingo se registraron una veintena de incidencias, centradas en Algeciras (Cádiz), aunque también se produjeron en las provincias de Huelva y Málaga, por inundaciones de viviendas y garajes y balsas de agua en las calles.

Además, se mantiene especial vigilancia sobre los cauces de los ríos Hozgarganta, en Jimena de la Frontera (Cádiz), y Guadalhorce, en Cártama (Málaga), aunque el nivel del primero ha comenzado a descender.

Las precipitaciones también son importantes en el litoral norte de Alicante (aviso naranja), con 110 litros por metro cuadrado en doce horas, y en el litoral e interior sur de Valencia, con hasta 60 litros.

La conjunción de Francis y la masa de aire ártico está provocando una caída de las temperaturas y un desplome de la cota de nieve. Los avisos de la Aemet prevén acumulaciones de diez centímetros en el Sistema Central de Soria y Segovia, y de ocho en la Ibérica de Burgos, Soria y La Rioja.

La nevadas pueden darse a cualquier altitud en puntos de la cordillera Cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte, Sistema Central y cara norte de Pirineos, trasladándose al final del día hacia la Ibérica sur.

En lugares como la Comunidad de Madrid se espera que al final del día pueda nevar en cualquier cota en la zona de la sierra, con acumulados de 5 centímetros, lo que ha llevado a activar la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales.

La Generalitat catalana ha rebajado este domingo la probabilidad de nevadas en cotas bajas desde esta tarde hasta el lunes por la noche, coincidiendo con las cabalgatas de reyes, si bien se mantiene en alerta el plan de nevadas pues se prevé intensidad de precipitación en puntos locales.

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a once años y un día de prisión por violar en 2020 a una mujer que sufría una discapacidad intelectual, siendo consciente de esa circunstancia, después de que ambos concertasen una cita a través de WhatsApp, según ha informado EFE.

Según la sentencia, el procesado y la víctima quedaron en torno a las 13:00 horas del 5 de marzo de 2020 y pasaron la tarde juntos hasta que, sobre las 00:30 horas, cuando se encontraban en un descampado próximo a una de las paradas del tranvía de Benidorm, comenzaron a besarse de manera consentida por ambos.

No obstante, el tribunal considera probado que, a partir de ahí, el acusado actuó guiado por un ánimo libidinoso y, a sabiendas de la discapacidad que sufría la mujer, se prevalió de esa situación y de la especial vulnerabilidad que presentaba para violarla.

Y ello a pesar de que ella le manifestó que no quería, hasta que se quedó paralizada y en estado de shock. La víctima permaneció durante toda la noche junto a él. Al amanecer, aprovechó que el procesado estaba durmiendo para marcharse y regresar al centro en el que residía, donde relató lo sucedido.

El tribunal confiere toda credibilidad al testimonio de la mujer, a pesar de la ausencia de testigos de los hechos, al sostener que su relato había sido persistente desde el mismo momento en el que contó lo sucedido al personal del centro donde residía.

La Audiencia de Alicante considera al acusado autor de un delito de violación cometido a sabiendas de la especial vulnerabilidad de la víctima, por lo que le impone la pena de once años y un día de cárcel, además de otros 10 años de libertad vigilada y la medida de alejamiento respecto a la mujer a una distancia mínima de 500 metros durante otros 15 años.

También le condena a una pena de multa de tres meses con cuota diaria de 6 euros, así como al pago de una compensación de 280 euros por las lesiones ocasionadas a la víctima y de 10.000 euros por los daños morales causados. El fallo es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y le ha suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión médica al considerar "que se ha podido cometer un ilícito penal y una infracción del código deontológico y de los estatutos del COMA" al ejercer en España mientras pesaba sobre él una inhabilitación en Reino Unido.

infoLibre ha revelado durante las últimas semanas, en el marco de la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que no han tenido problema para seguir ejerciendo en España. Uno de ellos es Jorge Horacio Esbry, que, al menos por ahora, no podrá seguir haciéndolo.

El facultativo, de origen argentino, trabajaba para una clínica de Londres desde 2015. En 2017 atendió a una paciente a la que intentó besar. También le profirió improperios verbales con intención sexual y le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer —ella solo quería retirarse los que ya tenía—. Estas son solo algunas de las infracciones que quedaron probadas según el tribunal médico de Reino Unido que llevó el caso.

El tribunal, del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) —el organismo que se encarga de resolver cuando se encuentran indicios de mala praxis por parte de médicos— sentenció que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Así que se le inhabilitó y se le prohibió la colegiación en Reino Unido, por lo que Esbry no puede volver a trabajar en el país. "Imponerle una suspensión inmediata es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público", resolvió el tribunal que lo juzgó.

Esa sanción en Reino Unido data de 2020. Pero tras ella, Esbry, que ya estaba colegiado en España, siguió trabajando en nuestro país sin ningún problema. El doctor ha seguido ejerciendo como cirujano estético y reparador en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante hasta este mes de octubre, cuando se publica la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—.

El COMA ha comunicado ya a esas clínicas que Esbry está "suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión" y que, por tanto, al menos hasta que se resuelva el caso, no puede volver a trabajar.

Además, el colegio le ha abierto un expediente disciplinario "por infracción del código deontológico y de los estatutos colegiales así como de la normativa legal" al haber seguido trabajando en España sin tener en cuenta que había sido inhabilitado en otro país.

El COMA también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante "por si los mismos revistiesen carácter penal, de fraude en el ejercicio de la profesión médica, a sabiendas de la suspensión que pesaba acordada por el Medical Practitioners Tribunal, incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional u otro tipo delictivo".

Casos como el de Esbry se dan cuando los doctores sancionados en otro país ya estaban colegiados en España antes de ejercer en el extranjero. Para colegiarse en nuestro país, a los médicos se les pide un certificado de idoneidad expedido por el Estado en el que ejercían previamente, en el que se debe recoger que no tienen ninguna sanción. Sin ese documento un médico no puede colegiarse en España. Pero si ya estaba inscrito en un colegio de nuestro país y se marcha al extranjero sin darse de baja, a su vuelta nadie le va a pedir un certificado.

De todos modos, el Colegio de Médicos de Alicante, a diferencia de otros, está abierto a homologar ambas situaciones. Es decir: dado que un médico no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país (ya que no se le expediría el certificado de idoneidad necesario), en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España por no cumplir con los requisitos que se piden para poder inscribirse en un colegio.

Ahora, según lo que decida la Fiscalía –que tiene que resolver si lleva el caso a los tribunales o no–, la Justicia se podrá pronunciar al respecto. "Se mantendrá la suspensión temporal hasta que Fiscalía diga si presenta denuncia en el juzgado o no. El expediente sancionador [del colegio], mientras, queda suspendido por si hay una causa penal", explica el COMA a infoLibre.

En 2011 un juzgado de Alicante resolvió sobre un caso similar. El COMA había expulsado del colegio a un médico por haber sido inhabilitado en Alemania por la Justicia de ese país. El facultativo reclamó ante los tribunales españoles, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al colegio de médicos y la inhabilitación se homologó en nuestro país. Según el juez, el médico, tal y como interpreta el COMA para estos casos, había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

En el caso de que sobre Esbry no haya causa judicial porque la Fiscalía no vea indicios de delito y no presente denuncia, será cuando el propio Colegio de Médicos de Alicante resuelva internamente a través del expediente disciplinario que ha abierto y se encuentra suspendido. En cualquier caso, durante todo ese proceso el doctor tiene prohibido ejercer como médico debido a la suspensión provisional que ha decretado la junta directiva del COMA de forma unánime.

infoLibre ha intentado recabar también la versión de Esbry, pero este ha declinado hacer declaraciones. Este medio contactó con el doctor por primera vez el pasado 19 de septiembre. Más de un mes después, no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que se le han hecho llegar.

El caso de Esbry es el primero revelado por Bad Practice e infoLibre en España en el que se toman medidas. Este medio ha informado también sobre otros tres doctores inhabilitados en Reino Unido que han seguido trabajando en España. Se trata de Juan Ruiz Alconero, Ramón Martos Martínez y Claudia Lorena Martínez Higueros, que están colegiados en Madrid, Almería y Navarra, respectivamente.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) respondió a infoLibre sobre el caso de Ruiz Alconero: "(...) el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España". Añadió que "no se ha adoptado ni se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor".

Los colegios de Almería y Navarra, por su parte, no han respondido a las preguntas de infoLibre, a pesar de que este medio contactó con ambas instituciones por primera vez el pasado 30 de septiembre.

En todo caso, los colegios deberían haber sabido de la existencia de estas sanciones a sus médicos antes de la publicación de la investigación de infoLibre y OCCRP. Existe un mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través del cual los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) lanzan alertas cuando sancionan a algún facultativo.

En España esas alertas llegan al Ministerio de Sanidad, que luego las remite a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tras ese aviso, la OMC - CGCOM informa a los colegios provinciales de médicos.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante explica a infoLibre que, de hecho, no ha actuado antes en el caso de Esbry porque hubo un problema con la alerta sobre este doctor en 2020. Reino Unido mandó un aviso al IMI cuando se suspendió a Esbry el 7 de marzo de 2020. El COMA recibió la notificación por parte de la OMC - CGCOM, aunque sin copia de la resolución del tribunal británico, pero fue "en los días previos a la aprobación del estado de alarma [...] y debido a la excepcionalidad coyuntural derivada del covid-19, impidió la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y tramitación de sanciones internacionales".

El colegio, además, explica que tras conocer el caso de Esbry por la publicación de la investigación Bad Practice, "ha procedido a verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia". De nuevo, a infoLibre no le consta que otros colegios hayan hecho esa misma revisión, ni tampoco la OMC - CGCOM o el Ministerio de Sanidad.

La dana Alice ha puesto este viernes en aviso rojo áreas de Alicante y Murcia, con precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado y más de 100 desalojos en Cartagena aunque sin graves incidencias, mientras que Baleares extrema la precaución.

En algunos puntos del litoral de Cartagena (Murcia) se han registrado 120 litros por metro cuadrado y la dana mantiene hasta la medianoche el máximo nivel de alerta (aviso rojo) aunque en esa comarca y en Mazarrón no se han producido incidencias graves entre las 189 notificadas en el Centro de Coordinación.

Alice ha llevado a esa región lluvias extremas de hasta 60 litros en una hora en Mazarrón y el Campo de Cartagena, y el nivel naranja está activado en el Valle del Segura y en el del Guadalentín, así como en las localidades de Lorca y Águilas.

En Cartagena la cifra de desplazados supera ya el centenar, pues 101 han recibido asistencia municipal tras salir de forma preventiva del camping Villas Caravaning, de la urbanización Bahía Bella y del poblado de Algameca Chica.

En las últimas horas se han registrado lluvias acumuladas de más de 100 litros en Cabo de Palos -donde la Agencia Estatal de Meteorología computaba 134 a las 16 horas-, La Manga del Mar Menor o Playa Honda y más de 65 en Cabezo Beaza, Víctor Beltrí o la plaza de España.

El astillero de Navantia (Cartagena) también ha resultado afectado, si bien mantiene los servicios mínimos imprescindibles. Por otro lado, se ha suspendido la actividad lectiva y de los centros sociales en trece poblaciones.

El delegado del Gobierno de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados, movilizados y actuando sobre el terreno" y que mientras dure la situación de emergencia, los ríos, ramblas y cauces serán vigilados presencialmente y de forma permanente.

En la Comunidad Valenciana, el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante. En esa comunidad se han registrado precipitaciones que han acumulado cerca de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, con lluvias persistentes y de intensidad muy fuerte.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones, en las últimas doce horas, se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en puntos del sur de la Safor como Miramar, con 95,8 l/m2; la Font d,en Carrós con 85,8 l/m2 o Ròtova, con 72,6. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha constatado que hay una "situación de normalidad" en los embalses y, en cuanto a caudales, no se han detectado registros de superación de umbrales pero existe peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, por lo que pide "mucha precaución".

Por su parte, en Baleares, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal ha activado los avisos en toda la comunidad por lluvias y tormentas y ha recomendado limitar las actividades deportivas y sociales al aire libre en Mallorca, Ibiza y Formentera, con chubascos de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m²).

Se ha mantenido la alerta naranja (IG-1) en Ibiza y Formentera y se ha activado en Mallorca, mientras que el caso de Menorca se ha puesto en marcha la amarilla (IG-0).

La previsión contempla lluvias intensas esta noche y madrugada en Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 40 y 60 l/m² por hora, y acumularse hasta 100 l/m² en tres o cuatro horas.

Aunque Alice avanza lentamente, sus efectos llegarán previsiblemente a Mallorca y Menorca, aunque afectará con mayor intensidad a gran parte de la primera isla.

Al igual que en Ibiza, Mallorca podría registrar precipitaciones de 40-60 l/m² por hora y acumulaciones de hasta 100 l/m² en tres o cuatro horas y los servicios de Emergencias han recomendado extremar las precauciones.

La dana que recorre la Comunitat Valenciana ha dejado en las últimas ocho horas acumulados de 136 litros por metro cuadrado en las Islas Columbretes, en Castellón, y 42,1 l/m2 en Xàbia, en la provincia de Alicante, que estará en aviso rojo por acumulados de 180 l/m2 en doce horas desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas, según informa EFE.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también ha habido acumulados de 41,1 l/m2 en Poble Nou de Benitaxell (Alicante); 39,4 l/m2 en Miramar (Valencia); 38,2 l/m2 en Sueca (Valencia); y 36,8 l/m2 en Oliva (Valencia).

Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia) 30,8; La Llosa (Castellón), 32,6 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; Almenara (Castellón), 28; Xilxes (Castellón), 25,6; Oropesa (Castellón, 22,4; Vila-real (Castellón), 18,5; Cabanes (Castellón), 17; Valencia, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.

Desde el Consorcio de Bomberos de Alicante han informado este viernes de que, desde las 19:30 horas de ayer hasta las 7:30 horas de esta mañana han realizado 31 intervenciones, principalmente por achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

Las intervenciones, según las fuentes, se realizaron especialmente hasta las 00:00 horas y el municipio más destacado fue Mutxamel con 10 intervenciones, otras 5 intervenciones en Orihuela y 4 en Elche, así como dos casos de rescate y achique en Torrevieja.

El total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 horas con 60 intervenciones, y las localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha informado de que sobre las seis de la madrugada de este viernes han retirado un árbol en el Puig, y a las 7:45 horas han revisado un garaje en Alcàsser donde ha entrado agua.

La dana Alice ha dejado este jueves inundaciones en municipios de Alicante, además de provocar cortes de carreteras en Murcia y Cartagena, y ha entrado en Ibiza y Formentera con tormenta eléctrica, a la espera de que las predicciones empeoren mañana, informa EFE.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden llegar a acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas.

En la provincia de Alicante, en poco más de una hora se han acumulado hoy 91 litros por metro cuadrado en Relleu y 72 litros por metro cuadrado en Orxeta, según datos suministrados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

La dana ha dejado acumulados, en la provincia de Valencia, 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja -una de las localidades más afectadas por la dana de hace casi un año- y 35,1 en Alcàsser.

Según Avamet, en Vila-real (Castellón) se han acumulado 35 litros por metro cuadrado, en Vilamarxant (Valencia) 31,8, en Macastre (Valencia) 30,7, en El Saler (Valencia) 29, en Pedralba (Valencia) 28, en Alborache (Valencia) 27,7 y en Loriguilla (Valencia) 27,7.

Los teléfonos móviles de la población de diferentes zonas de la provincia de Alicante han recibido a las 14:47 horas de este jueves un mensaje masivo Es-Alert de Protección Civil por riesgo de inundaciones a partir de las 10:00 horas de este viernes en el litoral sur de esa provincia.

Están también en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 60 l/m2 en una hora el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia hasta al viernes a medianoche, cuando se activará además el aviso naranja por lluvias de hasta 140 litros en doce horas.

La Generalitat ha anunciado que se enviará, también, un aviso especial a toda la Comunidad Valenciana dado que las tormentas se desplazan esta tarde hacia el sur de la región pero después y en días sucesivos pueden volver a ascender hacia la provincia de Valencia y, ya el fin de semana, hacia la de Castellón.

Por ello, se han establecido medidas preventivas como el cierre de instalaciones municipales, mientras que los bomberos han actuado en el achique de agua y saneamientos en las localidades de Catarroja y Alcásser. En la ciudad de Valencia, han trabajado para retirar un árbol caído y no se han notificado incidencias en las provincias de Castellón y Alicante.

Por su parte, el Gobierno de Murcia ha activado este jueves en su nivel 0 (el más bajo), el Plan Especial de Protección Civil por inundaciones dado el aviso rojo por lluvias extremas emitido para mañana por la Aemet, que prevé hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Su delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha indicado que los avisos para la tarde de este jueves pasaron de amarillo a naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por posibles lluvias de 40 litros en una hora hasta las nueve de la noche.

La Aemet ha elevado a nivel naranja el aviso por precipitaciones en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas hasta las 21 horas de este jueves y también están sujetos a avisos naranja el Campo de Cartagena y Mazarrón, mientras que se aplica el amarillo en el resto de la Región de Murcia.

Para este viernes, rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, naranja en la Vega del Segura y amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Alice ha entrado también a Ibiza y Formentera este mediodía, aunque después de lo previsto, con tormenta eléctrica y con una previsión meteorológicamente intensa, con precipitaciones persistentes y, en algunos momentos, copiosas.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha dicho que la tormenta provocada por la dana llegó a Ibiza "menos rápido" de lo esperado, dados los vientos de menor intensidad y se ha activado un dispositivo especial de emergencias en puntos de Ibiza y Formentera, especialmente en la carretera al aeropuerto.

Se han ampliado los avisos en Baleares al menos hasta el sábado, día en que estarán activos no solo en Ibiza y Formentera, sino también en Mallorca y Menorca.

El aviso en Ibiza bajará este viernes a nivel amarillo por lluvias y tormentas, pero como el paso de la dana por Baleares será lento se ha activado para el sábado un aviso naranja por lluvias y tormentas, nuevamente en Ibiza, y amarillo en Mallorca y Menorca, ante la previsión de que se desplacen hacia el este del Mediterráneo.