Se trata de un término que durante mucho tiempo se limitó a los márgenes del movimiento identitario francés, para acabar imponiéndose con fuerza en el vocabulario de la extrema derecha europea en los últimos años. La “remigración”, corolario de la teoría racista y conspirativa del “gran reemplazo”, diseña un proyecto de expulsión a gran escala de extranjeros o de ciudadanos de origen extranjero de los países del continente.

La AfD, partido de extrema derecha alemán, lo menciona con frecuencia; el FPÖ austriaco sueña con dedicarle un puesto de comisario europeo; y el 18 de abril en Milán, durante un mitin de los Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo presidido por Jordan Bardella (Agrupación Nacional, RN), los asistentes corearon ese término, animados por un presentador entusiasta. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindica este concepto.

Esta popularidad se debe en gran medida a un hombre: Martin Sellner. A sus 37 años, este austriaco ha teorizado sobre cómo podría llevarse a cabo la “remigración” en un libro referencia de la extrema derecha germanoparlante, Remigration: Ein Vorschlag (Remigración: una propuesta).

Sellner, un veterano del movimiento identitario en su país, en su juventud se codeó con el movimiento neonazi y llamó la atención a los 17 años al pegar pegatinas con esvásticas en las paredes de una sinagoga de Baden, en las afueras de Viena: “Un grave error”, reconoce en una entrevista con Mediapart el propio Sellner, que dice haber comprendido entonces que aquello era un “callejón sin salida” y que era necesario un nuevo movimiento.

En 2012, participó en la fundación del Movimiento Identitario Austriaco (IBÖ), inspirado en el modelo del grupo francés Generación Identitaria (disuelto en 2021). Sellner retomó su método: acciones espectaculares y mediáticas para llamar la atención y dar a conocer el movimiento, a pesar de su escaso número de militantes. Siempre educado, bien peinado y vestido a la moda del momento, moderniza la imagen del militante de extrema derecha al tiempo que refina su discurso y rechaza, al menos públicamente, la violencia.

En 2016, los activistas del IBÖ interrumpieron la representación de una obra de la premio Nobel de Literatura (2004), Elfriede Jelinek, interpretada por personas refugiadas. Rociaron sangre falsa sobre el escenario y lanzaron panfletos contrarias al multiculturalismo. El IBÖ organizó también desfiles con antorchas en la colina de Kahlenberg, para conmemorar la batalla que puso fin al asedio de Viena por parte del Imperio otomano en 1683.

Pero, sobre todo, Martin Sellner hace suyo el concepto de metapolítica, analizado por Bernhard Weidinger, investigador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca (DÖW), en un informe sobre el extremismo de derecha encargado por el Ministerio del Interior austriaco: “En lugar de participar directamente en la competencia partidista, ellos [los identitarios] buscan reorientar los debates, imponer sus propios conceptos y problemáticas […] con el fin de alcanzar una hegemonía cultural, necesaria para obtener éxitos políticos duraderos.”

Según el investigador, su actuación tiende hacia un objetivo que prima sobre todos los demás: garantizar la homogeneidad étnica de un país. Un objetivo amenazado, según Martin Sellner, por la perspectiva de un “gran reemplazo” que habría que evitar con la “remigración”.

El activista acaparó los titulares de la prensa internacional en 2019 cuando se supo que el terrorista Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, había mantenido contacto con él y había donado 1.500 euros a su movimiento. En su manifiesto, Tarrant reivindicaba el concepto de “gran reemplazo”. La investigación sobre Martin Sellner a este respecto fue archivada sin más.

Pero fue un artículo de prensa alemán lo que le valió una nueva notoriedad: en enero de 2024, el medio de investigación Correctiv reveló que se había celebrado una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, entre el activista y miembros de la AfD, para tratar un proyecto de expulsión a gran escala de personas extranjeras y de ciudadanos de origen extranjero. La conmoción fue enorme en el país y salieron a la calle cientos de miles de personas. A Martin Sellner se le prohibió entonces la entrada en territorio alemán, una decisión que logró anular ante los tribunales.

Desde entonces, no ha dejado de denunciar “mentiras”. Afirma que nunca habló de expulsar a ciudadanos alemanes y ha publicado un libro para presentar su concepto que, según él, es legal: “No se admitirá a ningún clandestino, serán expulsados. No habrá naturalización masiva. Y las sociedades paralelas serán sometidas a presiones económicas y culturales para integrarse. Habrá incluso medidas incentivadoras para fomentar las salidas voluntarias. Todo esto es perfectamente conforme a la Constitución. Todos los ciudadanos serán tratados en pie de igualdad y, por supuesto, un ciudadano no podrá ser expulsado”.

Para Bernhard Weidinger es un argumento falaz: “Esta conformidad con la ley de la que habla supone transformar o suspender ciertas normas legales. Quiere, por ejemplo, derogar la Convención de Ginebra sobre los refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. […] Dice que no quiere expulsar a ciudadanos, pero prevé que se pueda retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido. […] Por último, menciona los retornos voluntarios, pero dice que hay que ejercer presión, hacerles la vida difícil a estas personas y hacerles comprender por todos los medios posibles que no son bienvenidas”.

Para el investigador no hay duda de que se trata de un concepto racista según el cual ciertas personas, procedentes sobre todo de países musulmanes, representarían una “carga cultural” debido a su origen, su lengua o su religión, lo que haría imposible la convivencia. Ve en este plan “una variante legalista de una limpieza étnica” para tender hacia la utopía identitaria: un “apartheid a escala mundial”, mediante el cual el multiculturalismo daría paso a una separación de los grupos étnicos. Todo ello presentado de manera positiva: en el lenguaje identitario, no se está en contra de los “extranjeros”, sino a favor de la preservación de la propia identidad cultural.

Los servicios de inteligencia austriacos (DSN) no se equivocaron al respecto. En su informe anual, estiman que uno de los principales objetivos del movimiento identitario es el establecimiento de un Estado autoritario. Un análisis que Martin Sellner rechaza: “Los servicios de inteligencia están, en mi opinión, instrumentalizados con fines políticos. Por supuesto que queremos preservar la democracia. Lo que estos señores entienden por democracia liberal es, en realidad, un dominio de la izquierda dentro de la democracia”, asegura. En cuanto a las acusaciones de racismo: “Es falso. Pero tengo que decir que prefiero que los supuestos expertos me tachen de racista antes que convertirme en una minoría en un país dominado por el islam”.

Este activista ejerce hoy una influencia considerable en los movimientos de extrema derecha germanoparlantes, e incluso más allá, estima Bernhard Weidinger: “Es el identitario más conocido a nivel internacional, tiene seguidores en Estados Unidos. De hecho, Trump ha utilizado varias veces el término ‘remigración’. Ciertamente, no se puede vincular esto directamente con Sellner, pero es sin duda uno de los principales impulsores de este concepto”.

En Francia, la notoriedad de Martin Sellner sigue limitada a los círculos identitarios, pero ha permitido que el concepto de “remigración”, impulsado en un primer momento por activistas franceses, cobre un nuevo impulso en Europa, señala Marion Jacquet-Vaillant, especialista en movimientos identitarios: “Los identitarios habrían tenido quizá dificultades objetivas para que este término se impusiera en un espacio europeo más amplio sin el apoyo de una figura como Martin Sellner. Tiene una competencia muy importante en ese papel de transmisor: habla varios idiomas. Y el hecho de poder difundir estas ideas en el espacio anglófono les confiere una importancia muy diferente”.

Martin Sellner ha iniciado ahora una recaudación de fondos para crear un “instituto para la remigración” destinado a difundir este concepto lo más ampliamente posible, fiel a un lema: “Antes de que la remigración sea políticamente viable, debe ser socialmente aceptable.”

Bernhard Weidinger ha revisado las citas que se le atribuyen sin modificarlas.

Traducción de Miguel López

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El proyecto ha recibido el nombre de “Astrée”. Según la información de Mediapart, la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos (DLPAJ) y la Dirección de Transformación Digital (DTNUM), dependientes del Ministerio del Interior, están desarrollando una herramienta destinada a gestionar los contenciosos relacionados con los extranjeros mediante inteligencia artificial generativa (IA).

“Se trata de un proyecto de inteligencia artificial de asistencia en la tramitación de solicitudes”, se lee en un documento al que Mediapart ha tenido acceso, en el que se señala la “necesidad” de una herramienta de este tipo ante el aumento de reclamaciones, “centrándose en los contenciosos masivos fácilmente automatizables”. Una primera fase de desarrollo de la herramienta se centró inicialmente en las infracciones de tráfico.

Los contenciosos relacionados con los extranjeros, que abarcan todos los procedimientos iniciados ante los tribunales para impugnar decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior (por ejemplo, una medida de expulsión como una OQTF, obligación de abandonar el territorio francés, o la denegación de la expedición de un permiso de residencia), se identifica así como un contencioso masivo, con un aumento observado del 33 % en cuatro años; representa, por tanto, el 91 % de los contenciosos del ministerio.

En 2022, Gérald Darmanin, que entonces era ministro del Interior, se quejó de las diferentes vías de recurso ofrecidas a los extranjeros, considerando que era necesario reducir su número (mencionó doce procedimientos) y los plazos. Su deseo fue recogido en la ley de inmigración aprobada a finales de 2023, y posteriormente en un decreto y en una circular de julio de 2024, con el objetivo de simplificar este contencioso reduciendo a tres el número de procedimientos.

Se han seleccionado tres prefecturas para la prueba piloto: la de Seine-Saint-Denis, donde hay más contenciosos, la de Bouches-du-Rhône, donde se ha puesto en marcha una iniciativa de “simplificación del itinerario del extranjero”, y la de Ille-et-Vilaine, “voluntaria” en este ámbito. Se han elegido otras dos prefecturas como opción: París y la Guayana, “debido a las particularidades de los territorios de ultramar”.

Para el Ministerio del Interior, el objetivo es identificar las necesidades y responder a ellas con la IA, en particular en lo que respecta a los recursos relacionados con la expulsión (ya se trate de órdenes de salida del territorio o de retención administrativa), que son objeto de una “atención especial” tanto por su aumento como por una “voluntad política”. La fase de preparación para la implantación de esta nueva herramienta comenzó en el verano de 2025 y se prolongará a lo largo de 2026, antes de su aplicación efectiva a finales de 2026 o principios de 2027.

“Los contenciosos masivos generan un importante flujo de solicitudes en los servicios jurídicos del Ministerio del Interior”, algunas de las cuales son “repetitivas y estereotipadas” y “pueden poner a los servicios en dificultades”, según se lee en un intercambio de correos electrónicos para justificar el futuro uso de la IA. “Los servicios ya no tienen tiempo para ver las cosas en perspectiva respecto a su actividad global y desarrollar una visión estratégica.”

Astrée tiene como objetivo extraer datos personales y administrativos o proponer la redacción de un escrito de defensa, para descargar a los funcionarios de la prefectura y, en última instancia, facilitar la expulsión de los extranjeros. La herramienta podría integrarse así en diferentes fases de un procedimiento.

Pero, ¿serán al menos informadas las diferentes partes implicadas, tribunales, abogados y usuarios extranjeros? “Se trata de cuestiones humanas que, a la larga, serán tratadas por la IA. Es un poco aterrador”, dice indignada una fuente del Ministerio del Interior. Esto plantea “cuestiones de orden democrático”: en lugar de reforzar el rigor del derecho y cambiar de paradigma en materia de inmigración, “se quiere imponer lo que se considera un avance técnico a la gente sin que esta tenga siquiera voz ni voto”, opina la misma fuente. “Existe la voluntad de demostrar que se está resolviendo el problema de los contenciosos masivos, pero esto, por el contrario, puede llegar a generar otros problemas”.

Esta fuente, que afirma haber observado a los sucesivos ministros del Interior en su búsqueda de “cifras en detrimento del trato humano”, se pregunta por la pertinencia de “imponer OQTF de forma sistemática sin estudiar seriamente la solicitud de las personas” o de emitir OQTF por amenaza al orden público por motivos “más o menos ridículos”. Ante esta lacra que pone vidas en suspenso, ¿cómo sorprende que miles de OQTF sean impugnadas ante los tribunales? “Y aquí solo hablamos de los contenciosos relacionados con la expulsión”, señala, evocando un inevitable efecto boomerang y un “contencioso completamente desquiciado, tanto en número como en complejidad”.

Por otra parte, subraya, la creciente complejidad del derecho, propiciada por las sucesivas leyes de inmigración, pero también por los decretos o las instrucciones ministeriales, “crea un caldo de cultivo propicio para el caos total”. “Algunas prefecturas cometen errores o no respetan la ley, bien porque ya no entienden nada de los procedimientos o porque se aprovechan para servir a una agenda política de extrema derecha”, lamenta, recordando que el exministro del Interior, Bruno Retailleau, había afirmado alto y claro que el Estado de derecho “no era intocable”.

El uso de la IA es “preocupante”, opina un funcionario de la administración aconstrumbrado a este tipo de litigios, sobre todo si se “utiliza mal” o es “fuente de errores”. No obstante, matiza: si el escrito de contestación de una prefectura está mal redactado o contiene errores, “los magistrados y abogados se darán cuenta rápidamente y eso podrá servir en defensa del extranjero”. El riesgo es mayor si la IA se utiliza “en el momento de dictar medidas de expulsión o medidas de ejecución, como el arresto domiciliario o el internamiento, ya que esto tendrá consecuencias importantes para el extranjero”, advierte.

Aunque esta fuente bien informada reconoce la problemática de un contencioso “masivo” y habla de agentes obligados a trabajar en “plazos muy ajustados”, el problema lo ve en otra parte: las medidas, adoptadas “en cadena”, son “quizás en parte infundadas o ilegales desde el principio, porque se aplica una política de cifras en cuanto a las medidas dictadas, y porque hay que tomarlas a toda costa incluso cuando la situación no lo permite”. Aun a riesgo de “depender por completo” de la justicia, con la esperanza de que esta censure lo que sea ilegal o resuelva situaciones de bloqueo relacionadas con la administración digital. Dicho esto, “Laurent Nuñez es más sensible a las cuestiones relacionadas con el derecho de residencia y las violaciones de derechos, lo cual es positivo”.

Mediapart ya ha documentado cómo la digitalización de los trámites y los fallos que de ella se derivan, pero también la emisión indiscriminada de OQTF, obligan a los usuarios extranjeros a recurrir a la justicia. “Nos pasamos el tiempo presentando recursos”, se lamenta Laurent Charles, abogado especializado en derecho de extranjería en París. “Se han vuelto necesarios aunque solo sea para conseguir una cita en la prefectura”.

El abogado describe un sistema que ya no se basa en la igualdad de acceso a los servicios públicos, sino en lógicas de “red” y de medios financieros, pues la justicia tiene un coste. “No sería de extrañar que las prefecturas utilizaran la IA para gestionar los recursos de los extranjeros, que se han disparado, porque, de lo contrario, el sistema no funciona”, explica, denunciando un círculo vicioso.

“Como de costumbre, los extranjeros son conejillos de indias”, lamenta Stéphane Maugendre, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. “El Estado se ha inventado totalmente la crisis. Sería la solución milagrosa ante un contencioso masivo, pero ¿por qué existe?”, se pregunta el jurista, subrayando que no hay suficiente personal en las prefecturas y que existe una sospecha generalizada hacia los extranjeros, “a quienes se les expiden permisos de un año o resguardos de seis meses”.

Pone como ejemplo reciente el de una clienta que no conseguía renovar su permiso de residencia y que solo recibía respuestas automáticas, “quizás de la IA, por cierto”, a través de la Administración digital para extranjeros en Francia. “En cuanto se acudió al tribunal, su expediente pasó al servicio de contenciosos de la prefectura y por fin obtuvimos una respuesta”.

Stéphane Maugendre ve en ello un peligro, sobre todo en un litigio tan “humano”: “Tratan a las personas extranjeras como expedientes en papel, lo están haciendo todo mal. A veces utilizo la IA y veo sus límites. Creo que eso multiplicará los recursos, porque habrá errores”. Los documentos de un expediente de recurso deben ser analizados por un ser humano, afirma. La IA nunca podrá “captar las pequeñas diferencias” de cada caso.

En un número de la revista Plein droit de marzo de 2023, titulado "Étrangers mal jugés" (extranjeros mal juzgados), el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) subraya hasta qué punto esta saturación de los tribunales es el «resultado de decisiones políticas». El proyecto Astrée y la voluntad de utilizar la inteligencia artificial para responder a esta problemática demuestran que esta orientación no ha cambiado.

Cada año, el Consejo de Estado da a conocer las cifras de la justicia administrativa correspondientes al año anterior. En ellas figura un desglose de los asuntos registrados por ámbito de contencioso. La proporción de los de extranjería, que abarca cuestiones relacionadas con los permisos y visados de residencia, los permisos de trabajo o las expulsiones, es cada vez mayor. En 2025, representaba el 55 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos de apelación y el 46 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos; muy por delante de los demás temas, que no superaban el 10 %.

El número de asuntos juzgados por los tribunales administrativos se disparó un 11,3 % con respecto a 2024, alcanzando los 283.136 asuntos. De ellos, 62.249 se juzgaron como “procedimiento de urgencia”. Muchos recursos se interponen precisamente con carácter de urgencia (porque de ello depende el curso de una vida) a raíz de una denegación denominada “implícita” de la prefectura respecto a la solicitud de un permiso de residencia o su renovación, o para impugnar una orden de salida del territorio, a menudo dictada paralelamente a una decisión de denegación tras una solicitud de permiso de residencia.

Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

La ley del más fuerte no es una ley sino su ausencia. Vivimos una época en la que algunos han pretendido decretar el fin de la ley internacional y los derechos humanos. En este escenario, parece imponerse la toma de decisiones y el inicio de conflictos bélicos sin el más mínimo respeto a las instituciones y tratados internacionales o, siquiera, a los derechos humanos. Está sucediendo en Ucrania, en Gaza, en el Líbano y en Irán como si fuera inevitable, solo justificado en la defensa de determinados intereses nacionales.

Así, la defensa y la seguridad se vacían de principios, olvidando que la historia nos enseña que el avance del derecho internacional humanitario se produjo, precisamente, para limitar los medios y métodos para hacer la guerra y proteger a los civiles. Y, si eso es así, más aún cuando hablamos de la actuación de las Fuerzas Armadas fuera de zonas de conflicto.

Y mientras en Ormuz las armadas de varios países pugnan por un bloqueo con consecuencias globales, en España el debate se ha colocado en el bloqueo naval de personas y no de mercancías. Afortunadamente, cuando hace unos meses hubo quienes exigieron que militarizáramos nuestras costas y que nuestra Armada se dedicara a blindar nuestras fronteras marítimas para impedir esa supuesta invasión de inmigrantes que trataban de llegar a Europa, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, fue contundente. La misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los ocupantes de una embarcación que se encuentran en peligro y no impedirles el paso o devolverlos. 

Se trata de una posición respetuosa con los derechos humanos, con la más mínima empatía y respeto a la vida humana, pero también coherente con nuestra historia y tradición militar, como relata el investigador Alejandro Anca en su ensayo sobre la tradición humanitaria de la Armada. 

Por supuesto, nuestro país dispone de un sistema de Salvamento Marítimo y de la acción de las FCSE, así como el dispositivo europeo de FRONTEX para vigilar nuestras fronteras, luchar contra el tráfico ilegal de personas y la ayuda en el mar, pero también la Armada ha participado en misiones como la operación Sophia, en la que el jefe de la Armada relataba de forma estremecedora cómo se podían encontrar a 250 o 300 náufragos desesperados en el agua sin saber nadar y con una embarcación pequeña tenían que escoger a 10 o 20, sabiendo que, cuando volvieran, muchos ya no estarían esperando.

Ante tanto discurso de odio, ante tanta “prioridad nacional”, es reconfortante escuchar una visión humanitaria, la de nuestras Fuerzas Armadas y, desde luego, tener claro que nunca se puede elegir a quién ayudar o salvar en función del color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión que se profese o su pensamiento. Ni en tierra ni en el mar. Porque no hay nada más importante que la vida humana, porque la empatía ante el sufrimiento ajeno es lo que nos define como especie y porque la ley nos protege de la barbarie.

En el ensayo citado, el autor repasa precisamente cómo la humanidad pasó del “derecho de naufragio”, que justificaba el pillaje, a la protección de los náufragos. Desde el Senado romano en el año 81 A.C., al Digesto de Justiniano, el rey Fernando II de León, Sancho el Sabio de Navarra o los Reyes Católicos, dictaron normas para proteger a los náufragos. 

Posteriormente, las Reales Ordenanzas de la Armada de 1793 o la puesta en marcha de la primera ambulancia marítima del mundo en colaboración con la Cruz Roja Internacional, consolidaron los avances, documentándose numerosos rescates, incluso, de militares náufragos de otras potencias extranjeras.

Esto coloca algunas posiciones actuales, en términos históricos, en la Edad Media. Escasamente civilizados, podríamos decir. Por no hablar aquí de otro avance civilizatorio esencial en la historia de España y universal que algunos “patriotas” deberían conocer como fueron las Leyes de Burgos que, ya en 1512, proclamaron a los indígenas americanos como hombres libres, sujetos de derecho y se les protegió de tratos vejatorios. Pareciera que algunos quisieran derogarlas.

Recalquemos que el deber de proteger y salvar a quienes se encuentren en peligro en el mar proviene del derecho internacional, de la ley del mar, de la tradición militar, de los derechos humanos y, también, de una mínima exigencia ética.

El propio papa Francisco afirmó rotundamente que rechazar a los inmigrantes es un “pecado grave” y el papa León XIV, en su próxima visita a España organizará un encuentro con inmigrantes y sus “ángeles del océano” en referencia a aquellos que los salvan y los atienden cuando llegan cruzando el mar.

Hay, en este mundo nuevo, otra manera de entender la política internacional, la Defensa y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, compatible con los derechos humanos y la legalidad internacional, sin odio al diferente y perfectamente alineada con nuestra historia y tradición.

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Luis Tudanca es senador socialista por Castilla y León.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha situado en el centro del debate la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Según las informaciones publicadas, el texto plantea que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se inspire en ese principio, aunque el PP lo vincule a requisitos de arraigo territorial y Vox lo presente como preferencia de los españoles frente a los inmigrantes.

La comparación con las leyes de Núremberg exige rigor. No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos, porque no lo son ni en escala, ni en violencia, ni en contexto histórico. Pero sí resulta legítimo advertir una semejanza de fondo: cuando una norma introduce una jerarquía de derechos basada en el origen o en la pertenencia al grupo nacional, convierte la desigualdad en criterio de reparto y abre una pendiente moral y jurídica peligrosa.

Las claves conocidas del pacto recogen la construcción de vivienda protegida y un sistema de acceso inspirado en la “prioridad nacional”, acompañado de exigencias de arraigo en Extremadura: al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler social. Sobre el papel, el mecanismo se viste de tecnicismo y neutralidad administrativa.

Sin embargo, varias crónicas subrayan que PP y Vox no explican ese concepto del mismo modo. Mientras el PP intenta presentarlo como un sistema de puntos ligado al arraigo y “adecuado a la legalidad vigente”, Vox lo reivindica abiertamente como preferencia de los españoles en ayudas sociales y vivienda. Ese matiz político no elimina el problema de fondo, sino que lo ilumina: se normaliza la idea de que el criterio decisivo no es la necesidad, sino la pertenencia a un “nosotros” nacional.

Si el acceso a bienes básicos como la vivienda o las ayudas públicas se ordena en función de la pertenencia nacional, el mensaje institucional deja de ser “proteger al vulnerable” y pasa a ser “proteger antes a quien consideramos de los nuestros”. El Estado deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como miembro, o no, de una identidad preferente.

La vivienda y las ayudas sociales no son premios identitarios, sino instrumentos para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Cuando el poder público desplaza el foco desde la necesidad social hacia la nacionalidad o el origen, transforma políticas pensadas para sostener a quien cae en mecanismos de exclusión simbólica y material. La prioridad ya no es la fragilidad de tu situación, sino tu lugar en una escala de pertenencia.

Además, este tipo de formulaciones normaliza un lenguaje político que divide a la población entre merecedores plenos y sospechosos permanentes. Ese paso puede parecer pequeño cuando se formula en términos administrativos, pero su efecto emocional y cívico es profundo: señala a una parte de la sociedad como menos legítima para vivir, ser atendida o construir un futuro.

Todos y todas conocemos a alguien que ha necesitado ayuda: una familia que perdió el empleo, una persona mayor sola, un joven que no puede emanciparse. Cuando sobre esas vidas se proyecta la sospecha de no ser “lo bastante de aquí”, lo que se resquebraja no es solo un programa de vivienda; es la idea de comunidad política compartida.

Las leyes raciales de Núremberg, aprobadas por el régimen nazi en 1935, separaron legalmente a los judíos del resto de la ciudadanía alemana. La ley de ciudadanía del Reich reservó la ciudadanía plena a quienes fueran considerados “de sangre alemana o con parentesco alemán”, y la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes prohibió matrimonios y relaciones entre judíos y personas consideradas alemanas.

No fueron una simple discriminación administrativa aislada. Fueron un paso decisivo en la construcción de un orden legal basado en la exclusión y la deshumanización, preparando el terreno para persecuciones posteriores mucho más graves. La sociedad aceptó primero que la ley distinguiera entre personas con más y menos derechos por razón de origen; lo demás vino después.

Por eso la analogía útil no consiste en decir que una cláusula de vivienda en la España actual equivale al nazismo. La analogía relevante es otra: Núremberg muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando concede a sus gobernantes el poder de trazar, desde la ley, quién merece antes protección y quién puede esperar siempre un poco más.

Existen diferencias fundamentales. El acuerdo de PP y Vox se mueve, por ahora, dentro de un sistema constitucional, un Estado de derecho y un marco europeo de garantías que nada tienen que ver con una dictadura totalitaria. Precisamente por eso es ahora cuando importa reaccionar.

La existencia de controles institucionales no obliga a callar la advertencia democrática. Al contrario: obliga a identificar a tiempo los discursos que buscan naturalizar la desigualdad y presentar la exclusión como sentido común, como eficiencia o como justicia para “los de casa”.

La gran lección histórica es que las sociedades no empiezan degradando la igualdad con un gran estruendo, sino a menudo con fórmulas aparentemente técnicas, razonables o defensivas. Primero se acepta que unos tengan preferencia; después se justifica que otros esperen; más tarde se normaliza que algunos queden fuera para siempre.

Por eso este debate no trata solo de inmigración, ni solo de vivienda. Trata de decidir si la democracia protege a las personas por su dignidad y su necesidad, o si empieza a repartir derechos en función de la identidad que el poder considere más valiosa en cada momento. Cuando una familia necesita techo, cuando una persona solicita ayuda pública, lo decisivo en una democracia decente debería ser la vulnerabilidad, no la pureza del apellido, no el origen y no la utilidad electoral del miedo. Ahí está la frontera moral que conviene defender con claridad, con serenidad y también con emoción cívica.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha matizado este viernes que el criterio de 'prioridad nacional' para prestaciones públicas pactado con el PP en Aragón alcanza tanto a los españoles de origen como los que han adquirido la nacionalidad.

Lo ha dicho en una entrevista en RTVE, después de que el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, asegurara este jueves, preguntado por a qué ciudadanos afecta este criterio: "Es español el nacido de padre y madre española".

Ignacio Garriga ha dicho que esta interpretación es un "error", porque la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI": "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles".

Sin embargo, el líder de Vox en Cataluña ha señalado que "llegará un momento" en el que habrá que abrir el debate sobre la nacionalidad española, que cree que "ahora se regala".

Garriga ha admitido dificultades para implantar el criterio de prioridad nacional, si bien ha defendido su constitucionalidad.

A preguntas de los medios, el líder del partido, Santiago Abascal ha matizado: "Ser español es tener la nacionalidad española; es lo que dice la legislación. Ahora si me pregunta si me parece bien que la nacionalidad española se regale a cualquiera, no, no me parece bien". Fuentes de la formación ultra remarcan que la de Abascal es la postura oficial del partido.

Vox ve posible "sortear" esas dificultades con criterios en la adjudicación de ayudas que permitan dar más puntos a los españoles. Por ejemplo, teniendo en cuenta los años que llevan empadronados en un lugar, si han estudiado allí o si sus padres han vivido allí.

"No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado", ha añadido.

Tras las críticas de dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno a esta medida, Garriga ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no mantenga una posición unánime.

El PP limita el alcance del criterio de prioridad nacional al arraigo. "Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura", afirmó el partido en un comunicado.

Por otro lado, y sobre el punto del acuerdo del PP y Vox que plantea "liberar" a Aragón del catalán, Garriga ha afirmado que la política lingüística debe hacerse en las aulas, y no "tirando" el dinero del contribuyente aragonés en "institutos para fomentar el catalán", por mucho que haya municipios en los que se hable.

Sobre la regularización de migrantes, Garriga ha afirmado que Vox es partidario de expulsar a todas las personas que estén en situación irregular para "defender" las fronteras españolas, aunque garantizando su "soporte vital" con unos "mínimos" mientras estén en España.

Sin embargo, mantiene que hay que deportarlas "con cariño pero a la vez con toda la contundencia", en condiciones de seguridad y salubridad.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

Estos días asistimos a un ruido ensordecedor liderado por la versión más ultra de Feijóo, que ha decidido desempolvar el discurso del miedo con el objetivo de satisfacer a sus socios de Vox. Dice Feijóo que la regularización de personas migrantes nos traerá delincuentes. Miente, y lo sabe. Sabe que esta regularización es extremadamente garantista con los temas de seguridad. También sabe que fue el PP de Rajoy quien hizo una regularización premium con las Golden Visa para traer aquí a todo tipo de delincuentes poniéndoles la alfombra roja. Así que Feijóo no tiene un problema con la inseguridad, sino con que el orden democrático empiece a aplicarse también a quienes no tienen una cuenta corriente con seis ceros.

Hablemos de seguridad real. El proceso de regularización actual —fruto de una ejemplar Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas— no regala nada. Exige. Los solicitantes pasan por un triple filtro que ya quisiera para sí cualquier consejo de administración: certificado de penales de su país, certificado de ausencia de delitos en España e informe policial. Cualquier mancha, cualquier detención, les deja fuera. A quien viene a trabajar y a convivir, no a especular, el Estado le mira con una lupa que roza la obsesión. Y, a la vez, le ofrece también seguridad, la de que no le podrán explotar laboralmente, ni excluir de sus derechos fundamentales.

Qué diferencia con el "modelo Rajoy" de las Golden Visa. Aquello sí que fue una barra libre de inseguridad. Mientras ahora se fiscaliza hasta el último papel de los vecinos y vecinas que harán cuantiosas contribuciones fiscales para financiar el bienestar común, el PP aprobó una regularización VIP para extranjeros ricos a cambio de especular con la vivienda y, además, les regaló rebajas de impuestos como la que hizo Ayuso con la ley Mbappé. Se puso en marcha con las Golden Visa un modelo que ha sido un coladero de manual por cuatro razones que conviene no olvidar:

No se investigaba el origen del dinero. Daba igual si los fondos venían de la corrupción o del crimen organizado; si traías el fajo, tenías el permiso y el fajo quedaba lavado. Un verdadero colador de delincuencia del que nunca dijo nada Feijóo. Se concedieron visados masivamente por la compra de casas, disparando los precios primero en barrios ricos y, por efecto dominó, asfixiando el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras. Pero si hablamos de delincuencia y seguridad, frente al control exhaustivo del migrante trabajador, al rico solo se le pedía un cheque. Si un delincuente compraba un piso a nombre de su hija de 18 años sin antecedentes, después toda la familia entraba en España sin más comprobaciones. Una alfombra roja que se podía comprar. Pero además, las Golden Visa disfrutaban de un silencio administrativo positivo del que no gozará jamás una trabajadora migrante. Si la administración no respondía, el rico ganaba. Para el resto, el silencio sigue siendo un muro.

Regularizar no es un acto de caridad, es poner orden desde las instituciones para defender a los débiles frente a los fuertes. Es garantizar un proceso ordenado de migraciones, es garantizar la seguridad de todos, también de las trabajadoras migrantes. Es sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas para que se incorporen plenamente a la ciudadanía: que paguen impuestos, que escolaricen a sus hijos, que coticen para las pensiones y que dejen de ser vulnerables ante la explotación laboral. Es sacar a miles de niños y niñas de la pobreza y de la marginalidad.

Esta regularización es la victoria de una sociedad civil decente que se ha negado a mirar hacia otro lado. Es una regularización que se ha promovido desde la ciudadanía masivamente, desde la Iglesia, desde el sector empresarial. Es el triunfo del sentido común frente a la xenofobia y el racismo. Mientras unos prefieren importar fortunas opacas que encarecen nuestras casas, otros apostamos por dar derechos a quienes ya construyen nuestro país día a día. Eso es, sencillamente, democracia.

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Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, expresidenta de Más Democracia y diputada por Más Madrid.

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión sin previa audiencia de las partes, porque no concurren circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de diez días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Se trata del primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso este miércoles un recurso contra el real decreto con "expresa referencia a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España" y pidió su suspensión inmediata "por concurrir circunstancias de especial urgencia".

Pero el alto tribunal entiende en su auto que "no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia".

Explica que "bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia", por eso "es evidente que la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición, sino de que exista una situación que aconseje la adopción de la medida a la mayor brevedad".

Igualmente, deja claro que "la urgencia debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de carácter objetivo, sin que la mera opinión de la parte sobre la forma en que va a desarrollarse un procedimiento sea un criterio a considerar para valorar la urgencia".

Y añade que "precisamente por establecer el real decreto unos procedimientos —entre ellos, autorizaciones de residencia temporal a personas extranjeras por circunstancias excepcionales— con sus plazos y trámites, no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles por tramitar la medida cautelar en la forma ordinaria".

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles, 15 de abril, el real decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en unos pocos meses, un texto que ha entrado en vigor hoy, fecha desde la que se pueden tramitar las solicitudes.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para hacerlo estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

Alberto Núñez Feijóo llevó este martes al Congreso su rechazo frontal al real decreto para la regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros y lo convirtió en un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular aseguró que está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes ilegales". El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a más de 800.000 y Feijóo añadió que la Policía eleva todavía más esas previsiones hasta el millón. 

El conservador señaló que su rechazo no solo corresponde "al grupo mayoritario de las cámaras", sino que está respaldado por las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Unión Europea y "la mayoría de los españoles". En un encuentro organizado en la Cámara Baja con los parlamentarios de su formación en el Congreso y el Senado, defendió un modelo migratorio basado en una política "legal, controlada y compatible con la UE" y remarcó que "somos los españoles los que tenemos derecho a controlar quién entra en nuestro país y en qué condiciones se vive". Así, tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida del Ejecutivo.

Según el líder de la oposición, la medida "alienta a las mafias" y lanza "el mensaje de que España es un chollo" para ellas. También dijo que perjudica "a quien cumple" y a los inmigrantes que llegaron "de forma legal", contraponiendo a quienes respetan las reglas con quienes no lo hacen, según el relato del principal partido de la oposición. "España no puede convertirse en el país en el que romper las normas sea más rentable que cumplirlas", señaló.

El conservador rechazó que la regularización pueda derivarse simplemente del paso del tiempo y afirmó que sólo debería contemplarse a partir de "una integración real", medida por el trabajo, el conocimiento del idioma y la ausencia acreditada de antecedentes penales y policiales. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, apostando por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no.

Asimismo, criticó que la iniciativa se plantee, a su juicio, sin "controles ni exigencias", sin saber con exactitud a cuántas personas afectará y "sin ningún tipo de memoria económica". Por último, advirtió de que los servicios públicos sufrirán "una fuerte demanda adicional".

El líder del PP dijo que el debate "debería sustanciarse" en la Cámara Baja y no "en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China y tratando de que se deje de hablar del colapso del país y la agenda judicial de su familia”. La iniciativa llega tras un acuerdo del Gobierno con Podemos pero no tiene que pasar por el Congreso.

De hecho, si hiciera falta ese trámite, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendría garantizados los votos, ya que tanto el Partido Popular como Vox han dejado claro que no la apoyarán, pese a que en abril de 2024 la formación de Feijóo aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja.

Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. Ahora, sin embargo, el Partido Popular no solo está en contra, sino que tratará de paralizarla "por todos los medios" a su alcance, según trasladaron fuentes de Génova el pasado enero. El principal partido de la oposición no descarta iniciar acciones judiciales o acudir a Bruselas, según admitió Feijóo a la salida del acto. “Vamos a estudiar el texto con detalle”, zanjó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes al Partido Popular que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo, según informa EFE. Sánchez ha salido así al paso en rueda de prensa en Pekín a las críticas del PP, y también de Vox, a esa regularización que prevé aprobar el Gobierno este martes.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y ha recordado que ha habido anteriores procesos de regularización. Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno del PP de José María Aznar regularizara a medio millón de inmigrantes sin papeles.

"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha añadido.

Además, ha señalado que se trata de un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.

Por eso, tras asegurar que de Vox no se puede esperar nada, ha instado al PP a que escuche a la patronal y a la Iglesia y tengan en cuenta su propia historia al haber hecho ya regularizaciones.

Sánchez ha insistido en que se trata de algo bueno para España, para el reconocimiento de derechos y para el crecimiento económico, para tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles y para garantizar las pensiones.

En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno ha asegurado que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden. "Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -ya la que aspiramos a ser", ha resumido. 

Pero también se trata, ha señalado, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que se trata también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren. 

Por todo ello, Sánchez ha asegurado que el camino es "integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven" en España y la regularización avanza en esta vía, al reconocer derechos pero también exigir obligaciones. 

Ha defendido que la integración solo es posible desde la regularidad: "Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad", ha señalado. 

Sánchez ha contrapuesto el camino de "quieres quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión" frente al de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida.

El presidente del Gobierno ha dedicado unas palabras en su carta a los cientos de organizaciones y más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado "sin descanso" para sacar adelante la iniciativa legislativa popular para la regularización, que logró "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". 

PP, Vox y Junts han criticado este martes al Gobierno tras aprobarse la regularización extraordinaria de inmigrantes, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan este decreto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo ha definido como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Saiz ha resaltado que para acceder a esta regularización se requerirá carecer de antecedentes penales, por lo que "no supone una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

"Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha incidido en que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".

Además, según Feijóo, no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".

"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox Isabel Pérez Moñino al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.

Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha recordado que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización, pero finalmente Feijóo ha optado "por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y ha lamentado que el Gobierno haya hecho "concesiones" en cuanto a las restricciones por antecedentes penales tras el informe que emitió el Consejo de Estado.

Otras críticas desde la izquierda han llegado de los dos diputados de Compromís: de Andrés Ibáñez, porque ve incompatible la regularización con que continúen abiertos los CIES, que son "cárceles ilegales", y de Àgueda Micó, por quedar los saharauis al margen de este proceso de regularización. 

La regularización extraordinaria de migrantes, que cambiará la vida a centenares de miles de personas en España, será aprobada de forma "inminente" por el Gobierno pero cada día que pasa cunde más la incertidumbre y la angustia entre los interesados, que ven cómo se acorta el plazo para las solicitudes.

El pasado 26 de enero el Gobierno anunció que iniciaría este proceso y que las solicitudes podrían comenzar a realizarse a principios de abril pero las semanas avanzan sin que la medida haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la fecha límite para realizar las solicitudes parece que se mantendrá el 30 de junio.

El Consejo de Estado finalmente envió ayer, viernes, al Gobierno su dictamen sobre el real decreto, en el que plantea algunas "observaciones" para la mejora de la norma, según informó ayer la presidenta del órgano consultivo, Carmen Calvo, un paso que el Ejecutivo llevaba semanas esperando para continuar con el proceso.

En los últimos días, ante las reiteradas preguntas sobre este asunto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lanzado mensajes de tranquilidad y ha insistido en que habrá "plazo suficiente" para realizar los trámites y que el procedimiento será "ágil y eficaz".

En cualquier caso, desde el Gobierno insisten en que la regularización aún no ha sido aprobada, no se conocen los requisitos definitivos y no se puede solicitar ni pedir cita para iniciar los trámites.

Según el borrador del real decreto sometido a audiencia pública, serán beneficiarios de la medida las personas que se encontraran en España antes del pasado 31 de diciembre y que hayan permanecido en el país de forma continuada durante los cinco meses anteriores a la presentación de la solicitud.

También está dirigida a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha y, en todo caso, uno de los requisitos será carecer de antecedentes penales.

Para acreditar el tiempo de residencia, se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

El texto también incorpora una garantía para quienes no puedan obtener su certificado de antecedentes penales: si pasado un tiempo ni el interesado ni el Gobierno de España lo consiguen, se podrá presentar una declaración responsable que acredite que se cumple este requisito.

Mientras pasan las semanas, se extienden la "incertidumbre" y la "angustia" entre quienes esperan la publicación de la medida en el BOE para solicitarla.

Vicky Columba, una de las portavoces de la plataforma 'Regularización Ya' -impulsora de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político-, ha advertido en una conversación con EFE que, con cada día de retraso, crecen los bulos, los discursos antiinmigración y los abusos.

La portavoz ha denunciado los numerosos intentos de abogados y supuestos expertos que tratan de captar a los migrantes para cobrarles hasta 550 euros por citas que aún no se pueden conseguir o por asesorarles en un trámite que todavía no se puede realizar.

Por todo ello, Columba lamenta que el Consejo de Estado haya tardado un mes en emitir su dictamen.

Desde la plataforma confían en que el Gobierno pueda gestionar el elevado volumen de solicitudes previsto, dado que este les ha garantizado que habilitarán todos los medios y oficinas públicas necesarias para garantizar la agilidad del proceso.

La activista ha señalado que esperan que la medida sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes y, si esto no ocurre, se plantean reclamar una prórroga para que el plazo de solicitudes se extienda más allá del 30 de junio, dados los retrasos acumulados.

Desde el anuncio del inicio del proceso, PP y Vox se han opuesto frontalmente a la medida y han incido en la falta de un control efectivo de la ausencia de antecedentes penales de los potenciales beneficiarios por la posibilidad de presentar una declaración responsable en el caso de no poder obtener el certificado.

Esta semana, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmaba en su perfil de X que la intención del Gobierno va "en contra de la expresa voluntad del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta".

Se refirió así a la votación el pasado 18 de marzo de una moción del PP en el Congreso, que salió adelante con los votos de Vox, Junts y UPN y que instaba al Ejecutivo a "renunciar con carácter inmediato" al proyecto de regularización.

Cuando el Gobierno anunció la regularización extraordinaria el pasado 26 de enero, las redes sociales se incendiaron, como era de esperar. Todo lo relativo a la migración genera debates. No es casual; es el resultado de más de diez años de trabajo minucioso de un grupo de intereses políticos y económicos, la denominada Franquicia antimigración, que utilizan este tema para desviar la atención de los debates realmente relevantes. Las preguntas son no sólo qué modelo de país necesitamos, sino cuál queremos y, por tanto, por cuál vale la pena luchar. En los próximos días se aprobará el Real Decreto que hará efectiva esa regularización, y hasta el 30 de junio cabe esperar que esa Franquicia movilice todos sus recursos para desestabilizar el debate público. Tienen dinero, organización y altavoces mediáticos. Nosotras tenemos la voluntad, los principios y algo que ellos nunca podrán comprar: el número. Somos más, aunque a veces nos cueste creerlo.

Soy ingeniera y me gusta analizar los números. Llevo años mirando los procesos electorales desde un prisma diferente, no desde los escaños sino desde los votos absolutos. No quiero entrar en el debate de si tendríamos que cambiar nuestro sistema con su Ley D'Hondt por otro de representación directa; eso es un melón complejo que necesitaría un artículo en sí mismo. Pero echarle un ojo a cómo vota la gente, en términos de número de votos, y su relación con un total de ciudadanos, proporciona informaciones interesantes para entender a la sociedad que está votando. Por ejemplo, este ejercicio aplicado a las elecciones de la alcaldía de Nueva York es brutal. Zohran Mamdani representa una de las victorias más sonadas del año pasado. Mirando los números de votos descubrimos que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que concurrió como independiente contra Mamdani, consiguió unos 900.000 votos. Estos son unos 150.000 votos más que los que obtuvo en 2021 Eric Adams, el anterior alcalde de Nueva York, que también era demócrata. Entonces, ¿cómo pudo ganar Mamdani? Porque su batalla no fue realmente contra Cuomo, al que no podía superar en su marco, sino contra la abstención. En 2021 la participación en las elecciones a la alcaldía de Nueva York fue del 23%. En 2025 la campaña de Mamdani la subió al 43%. Mamdani consiguió que más de un millón de personas creyeran que el cambio era posible y fueran conscientes de que su voto era determinante. 

Si ahora miramos los resultados de nuestras últimas elecciones generales en número de votos, vemos que al PP lo votaron 8,1 millones, al PSOE 7,8 millones, a Sumar y a Vox tres millones, y se abstuvieron diez millones. Es decir, que en términos numéricos las elecciones las ganó la abstención. Las personas en España nos repartimos entre derecha e izquierda de una forma similar desde hace décadas. Las bases sociales del PSOE y del PP se mantienen y un grupo de indecisos cambia de bando en ciclos alternos. Esto se vio alterado por la pluralización de los partidos en los años posteriores a la crisis de 2008. Pero no hemos cambiado tanto como nos quieren hacer creer. Y la gran mayoría de las personas que vivimos en España queremos un país con paz, servicios públicos de calidad, vivienda asequible y un modelo laboral que nos permita vivir dignamente y, según las encuestas, también queremos un país que acoja con dignidad y justicia a las personas que vienen de fuera a trabajar y participar de todo ello. 

Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de frenar el odio y parar la polarización a la que nos someten los grupos antimigratorios de los que hablamos antes? Es un tema complejo, pero hay algunas claves que son importantes. Tenemos que enfrentarnos a todo lo que está sucediendo con la convicción de que somos más personas que ellas y de que, por lo tanto, tenemos la posibilidad de pararlas. El derrotismo que inunda los debates y las conversaciones es parte de su éxito. Tenemos que encontrar la forma de actuar identificando cuáles son las herramientas que tenemos en nuestras manos. Esto implica hacer el esfuerzo de salir a manifestarse, participar en una campaña de activismo digital o formar parte de grupos de acción ciudadana. Y debemos protegernos. Hay que elegir qué consumimos sin miedo al FOMO y evitando caer en las distracciones que los autoritarismos nos meten en la agenda. Como sugiere el lingüista George Lakoff en su guía para mantener viva la democracia en 2025 hay que premiar la información veraz y apoyar el periodismo de calidad y de largo aliento.

Las noticias falsas, el odio y los bulos se pueden desactivar. Solo tenemos que ser conscientes de nuestro poder. Estamos luchando por dominar un algoritmo. Pero finalmente esto es tan sencillo como darle al espacio de debate público el contenido que queremos que nos den. En lugar de odio, darle amor. En lugar de noticias falsas, darle noticias de calidad. Llenar esa red social que usas —Instagram, LinkedIn, WhatsApp o la que sea— con contenido positivo y constructivo cada día, como una gota malaya, para desarmar el trabajo de los bots. Se puede.

La regularización extraordinaria es indispensable. No existe elección. En un sistema ordenado y avanzado no se puede tener a más de medio millón de personas sin papeles, por razones que van desde las más éticas, como que todas tenemos que ser iguales en derechos, a las más prácticas, que los trabajos esenciales de nuestro país están en manos migrantes. Por desgracia, no podemos contar con el PP, que, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, está sometiendo a sus bases a una elección imposible, tensionando innecesariamente los espacios del conservadurismo moderado. De modo que tendremos que proteger el modelo de país que queremos desde la sociedad civil. Nos va a tocar volver a las redes y tapar el odio con contenidos de calidad. Tendremos que hablar de las necesidades de nuestra sociedad. Es una responsabilidad proteger con nuestro mensajes a las personas migrantes que serán el foco de las campañas y los odios. Y el 30 de junio, cuando todo haya pasado y más de medio millón de personas por fin tengan sus papeles, sentiremos que hemos participado en algo grande. Habremos vencido.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros.