Hace unos días asistí a un acto en el auditorio de Algeciras. La carretera está siempre muy cargada de tráfico desde Málaga. Después del lujo de Marbella, el entorno cambia a uno y otro lado hasta llegar a algo parecido a un enorme y deteriorado polígono en donde hay una sucesión de naves industriales y viviendas que desembocan, por fin, en la ciudad. Como en todas las costas, el aire salino hace su trabajo en las fachadas y en los coches y, junto con el sol, deja mate la pintura y descompone los plásticos.

El auditorio está junto al edificio de Aduanas, no lejos de la estación de autobuses y del mercado de abastos, en los límites del barrio antiguo. Miro a mi alrededor y de repente me veo transportada a mi adolescencia, a un viaje de estudios en 1971. El colegio nos alojó en una pensión barata en una de aquellas calles estrechas. La cama de mi habitación estaba llena de chinches y no me acosté. Esa zona era entonces territorio de estraperlistas. Un amigo algecireño me ha dicho que tiempo después en esas casas vivieron familias gitanas, y que ahora lo hacen inmigrantes.

Han cambiado las personas, los acentos y los nombres.

El barrio sigue allí.

Desde el Parking Hispano, camino hasta el auditorio por la calle Juan de la Cierva, que es una especie de bulevar que lleva al puerto y me siento en la terraza de un restaurante marroquí para hacer tiempo.

Lo que veo me hace reflexionar: hay hombres y mujeres sentados o recostados en los bancos de piedra. Todos están solos. Miran al suelo. Algunos parecen esperar algo. Otros parece que ya no esperan. No sé si han comido ni si tienen una cama donde dormir. Tampoco sé quiénes son ni de dónde vienen. Los miro y me resulta difícil no pensar que todos tuvieron alguna vez un proyecto de vida, una razón para ponerse en camino. Lo que me parecía un bulevar, en realidad es más una playa. O, mejor dicho, una especie de Costa da Morte cubierta de pecios devastados que han perdido el motor y la hélice. Pecios que son personas llegadas de muy lejos a un puerto que no era un destino, sino que era el destino mismo.

Entre 2012 y 2015, cada lunes yo participaba en una reunión en la que alguien exponía el macabro inventario de los ahogados en el mar, los desaparecidos, los refugiados y los retornados. Veía imágenes de satélite en las que aparecían cayucos o embarcaciones interceptadas en mitad de la travesía. Me impresionaba tanto la dimensión de la tragedia como la facilidad con la que vidas concretas acababan convertidas en categorías, procedimientos y cifras.

También entonces fui testigo del comienzo de una transformación menos visible: la del lenguaje. Desaparecían determinadas palabras y otras nuevas ocupaban su lugar de manera que las expresiones técnicas sustituían a las expresiones incómodas: retorno por deportación, irregular por ilegal. No necesariamente porque fueran más precisas, sino porque permitían contemplar la realidad sin sentirla demasiado cerca.

Mientras miraba a mi alrededor sentada en la terraza del restaurante, pensaba en todo aquello. Pensaba en el barrio que vi en el viaje de estudios. En los estraperlistas de entonces. En quienes llegaron después. En quienes están allí ahora. Pensaba también en la extraordinaria capacidad que los seres humanos tenemos para adaptarnos a casi cualquier cosa.

En los últimos tiempos se habla mucho de las raíces cristianas de Europa, de valores europeos y de la identidad moral de Occidente. Viendo a aquellas personas me pregunto qué valor entrañan las palabras cuando los hechos dejan de incomodarnos.

La semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo el Reglamento de Retornos. Tras la votación, unos diputados gritaban "Send them back!" mientras otros respondían "Shame on you!". Parece que los unos o los otros no encarnan esas raíces sobre las que se yergue Europa.

Y entonces, ¿cómo devolver un pecio a su origen?

Se atribuye a Margaret Mead una observación según la cual el primer signo de civilización encontrado por los arqueólogos no habría sido un instrumento ni tampoco un arma, sino un fémur con un callo óseo. En la naturaleza, hoy como ayer cualquier animal con una fractura así está condenado a muerte. Para que un ser humano sobreviva necesita que alguien lo proteja, lo alimente y espere a que sane.

Desde que regresé de Algeciras no dejo de pensar en aquellos hombres y mujeres sentados en los bancos. Eran muchos. Y, sin embargo, cada uno parecía estar completamente solo. Como lo están los pecios.

Entonces recuerdo el fémur fracturado.

Y tampoco dejo de preguntarme qué se nos ha roto por dentro para que hayamos terminado por verlos como parte del paisaje.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

Todo es el espejo de todo, y más en estas sociedades ultraconectadas. El deporte también, y más el fútbol, que es el más popular; y más ahora, en plena disputa del Mundial; y todavía más en España, donde lo vivimos pegados al televisor porque dicen los que entienden de esto –o sea el noventa y nueve por ciento de la población, o eso cree ella– que, sin ningún género de dudas, nos encontramos entre los favoritos. Ya saben, el tiki-taka, y todo eso. Sin embargo, en estos tiempos de todos los demonios pocos ven en esto un rango a medio camino entre lo saludable y lo filosófico, mente sana y cuerpo sano, sino más bien un negocio de muchos ceros a la derecha y, en algunas ocasiones, las peores, un terreno a conquistar por la política, que tal y como está el patio, cualquier cosa que toca la convierte en enfrentamiento: la polarización es la polinización con más aguijones.

Lo que hizo el otro día desde el balcón municipal de su ciudad el portero del Sabadell, en la fiesta de celebración del ascenso de su equipo, incitar a la gente a llamar hijo de puta a coro al presidente del Gobierno, deja claras dos cosas: que al muchacho le sobrará talento para detener pelotas pero le falta educación para hablar en público, y que los mensajes de odio, esos que lanzan, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando con su famoso “me gusta la fruta” convirtió un insulto soez e indigno de su cargo en un chiste, o la ultraderecha en su conjunto, con su continuo ataque racista a los inmigrantes, terminan así, en manos de un gracioso que quiere un aplauso fácil. Siembran veneno y el aire que respiramos se vuelve dañino. La prioridad nacional, enfatizan, tal vez porque son duros de corazón pero también de mollera y no tienen quién les explique que el país se hundiría en diez minutos sin el trabajo que aporta esa gente que no sólo busca un lugar decente donde vivir, sino que lo hace mejor.

Los patriotillas de pacotilla no quieren, sin embargo, un país mejor, sino que sea suyo y que otros curren por ellos, aunque, eso sí, sin derechos, por eso los abascales cabales exigen quitarles la atención sanitaria universal, que vayan a urgencias pero no a las consultas, y Ayuso no quiere facilitarles el abono transporte, que vayan andando. Ahí van, cada vez más fascistas de imitación y malos de bote, repartiendo las octavillas de su prioridad nacional, España para los españoles, al modo de Trump y su “América primero”, que ya hemos visto cómo acaba, de rodillas ante Irán y con un peaje en Ormuz, que es menos estrecho que él.

El último intento de provocar un escándalo resulta significativo: la estrella de la selección, Lamine Yamal, celebró su gol a Arabia Saudí besando el suelo y en postura de rezo musulmán, lo que los mismos de siempre han interpretado como una provocación y una falta de respeto. Curioso, en una nación constitucionalmente aconfesional donde el catolicismo tiene el monopolio de la fe y recibe más ayudas que cualquier otra creencia. Pero a algunos les molesta que Yamal, que es tan español como ellos, ni un milímetro menos, tenga las suyas y cada vez que anota un tanto haga un signo con los dedos que es el código postal de su barrio, ese lugar que los xenófovox calificaron de “estercolero.” Por fortuna el fútbol, hoy en día tan cóctel de nuestros tiempos, refleja tan bien la realidad como cualquier otro espectáculo de masas. Y los espejos, ya lo dijo el filósofo Lichtenberg, no inventan nada y, por lo tanto, “no se puede reflejar en ellos igual un sabio que un burro.” Más claro, agua.

Será el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, un gigantesco pastel cercano a los dos billones de euros a distribuir entre los 27 Estados Miembros de 2028 a 2034. Con un cambio sustancial en su estructura por primera vez en décadas, desde la Política Agraria Común de los 60 o la Política de Cohesión y sus fondos estructurales a finales de los 80, los dos ejes sobre los que hasta ahora ha pivotado el Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los nuevos tiempos geopolíticos, con guerras en las fronteras orientales o la renovada carrera espacial, el cambio de peso de los sectores económicos del continente, el mundo digital y la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la transición ecológica... son factores que demandan una UE más autónoma, reindustrializada y capaz de relanzar sustancialmente sus inversiones internas. Ahora empieza la negociación de verdad sobre cuánto y en qué. La Comisión Von der Leyen habla de unas cuentas para “las realidades de hoy y también para los desafíos de mañana”.

El próximo presupuesto comunitario va a disparar sus recursos. Se parte de la base presentada hace un año por la Comisión Europea de 1,76 billones de euros. Chipre, como presidencia rotatoria del Consejo, acaba de realizar una primera contraoferta que espera de consenso entre los 27 para luego negociar con el Parlamento. 1,73 billones de euros, un 2% menos respecto a las cuentas de la Comisión, tocando principalmente las partidas de competitividad o para la acción exterior, 28.000 millones de euros cada una. La negociación va a ser guerra política.

“Hemos escuchado atentamente a todos los Estados Miembros de la UE, reflexionado mucho sobre sus prioridades, sensibilidades y líneas rojas para actuar como un negociador honesto”, explicaba este jueves la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, reconociendo la dificultad de poner de acuerdo ahora a los 27. “Desde el principio, y esto es un hecho, ha habido posturas muy fuertes desde todos los lados y, con mucha frecuencia, opuestas”.

Los países tradicionalmente austeros, contribuyentes netos del presupuesto comunitario, ya están objetando las cifras. Para el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, acercarse a los dos billones de euros “no se puede permitir, es desequilibrado y equivocado. El volumen conjunto sigue siendo demasiado alto”, reaccionó el político, quien ni siquiera se ve satisfecho por la reducción chipriota, “un marco a donde no ir”.

Países Bajos, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia exigen hasta un recorte del 20% en el importe del MFF sin tocar las partidas destinadas a defensa, seguridad, I+D o control migratorio, reduciendo las transferencias para el sector agrícola, ganadero y pesquero y a regiones, los fondos de cohesión y estructurales, y eso que en la propuesta de la Comisión estos pagos bajan del 60% actual a cerca del 45%.

La Defensa será sí o sí la gran ganadora en las negociaciones presupuestarias, pese a los cambios de mero maquillaje que consiga introducir el Parlamento Europeo durante los próximos meses, tras el año de tanteo durante el que los países han marcado sus posiciones, como España, Francia e Italia junto a Grecia y Portugal en el conocido como Grupo de los Amigos de la Cohesión o las críticas procedentes de Alemania, Países Bajos y Austria en favor de unas cuentas más austeras.

La Comisión informa oficialmente que habrá como mínimo 130.000 millones de euros en partidas directamente militares, para seguridad o espacio, cinco veces más que en el actual, sin embargo realmente la cifra es mucho mayor porque el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones.

Bruselas intenta disimular este importante aumento de los fondos militares dentro de la segunda gran partida: el Fondo de Competitividad Europea, que incluirá las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Este segundo pilar incorpora el Fondo Europeo de Defensa. “Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, ha justificado la presidenta Von der Leyen.

Desde el grupo parlamentario de La Izquierda denuncian que la Comisión apuesta deliberadamente por canalizar fondos desde las partidas sociales y medioambientales hacia la militarización. El eurodiputado Joao Oliveira, del PCP portugués, habla de que mismo dentro del Parlamento Europeo “no se está cambiando fundamentalmente la dirección negativa ya establecida por la Comisión” en la que “cohesión, agricultura o pesca son marginadas mientras se financia la militarización y la llamada competitividad”.

En paralelo, la Comisión quiere potenciar los recursos de la política migratoria moviendo esos fondos cogestionados por autoridades locales, regionales y la sociedad civil hacia los nuevos Programas Nacionales y Regionales de cada país. La migración, el asilo, la gestión fronteriza y la seguridad interna estarán controlados por los gobiernos centrales en un diálogo bilateral con Bruselas. Las propuestas del MFF actuales, tanto de la Comisión como de Chipre, contemplan unos 38.000 millones para lo que se denuncia como “Europa fortaleza”.

La gestión migratoria exterior que pivotaba sobe los fondos de la la cooperación pasarán al también nuevo Instrumento Global Europeo, más flexible a la hora de adaptar las inversiones hacia las prioridades políticas que señale la Comisión, sin objetivos fijos de gasto para ayuda humanitaria, gestión de crisis, desarrollo internacional o preservación de los derechos humanos.  

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen propone simplificarlos en sólo dieciséis, organizados en cuatro grandes pilares, como explicó en su momento el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin.

La mitad de los cerca de 1,7 billones de euros que plantea Bruselas entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones de agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras inferiores a las actuales. La tercera partida sería el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, aunque represente sólo un 3% del total, y el cuarto pilar iría destinado Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, el 11%.

Recientemente un grupo de dieciséis países suscribieron un documento exigiendo a Bruselas un aumento de la inversión para los fondos regionales, agrícolas y pesqueros. España es uno de los firmantes, así como tradicionales socios de estas demandas como Italia, Grecia o Portugal a los que se sumaron la totalidad de los socios del este liderados por Polonia y Hungría. Demandas que chocan con la postura de los países frugales del norte y centro Europa.

Los líderes de los 27 se reunirán en unos días en Bruselas para la, posiblemente, última Cumbre antes del verano. “Deberíamos centrar nuestra discusión en los principales elementos —del Marco Financiero Plurianual— para facilitar un acuerdo a finales de año”, les acaba de escribir por carta el presidente del Consejo, Antonio Costa. “Y esto incluye progresar en nuevos recursos, que serán decisivos para cumplir nuestras ambiciones con los medios necesarios”, pide el portugués.

Nuevos recursos significa que la UE introduzca nuevas tasas, impuestos, gravámenes en áreas de su competencia o cogestionados junto a los Estados Miembros para financiar el presupuesto europeo. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo están reclamando una tasa al juego online que recaude el 1% de los ingresos generados por estas empresas, con capacidad para financiar la totalidad de los siete años del programa Erasmus. Desde Los Verdes presionarán en favor de iniciativas con recorrido en el debate comunitario como la tasa a los servicios digitales o a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, una demanda de varios países a la que ahora la Comisión sí está abierta.

Las negociaciones acaban de abrirse oficialmente, tras un año de tanteo entre Bruselas, las capitales y el Parlamento Europeo. La batalla no sólo estará en el importe final de los próximos presupuestos de la UE o en las ligeras modificaciones en favor de la cohesión o las inversiones medioambientales. El gasto en defensa ya ha salido ganador, ahora falta por ver si se financiará a costa completamente del contribuyente o si la Unión se atreve a introducir nuevos impuestos.

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

Lo de la prioridad 'nazional' lleva pasando mucho tiempo. También esa con asterisco que va más allá de estar en situación regularizada por el Estado, de nacer en España o con un pasaporte español debajo del brazo.

 En realidad, tiene que ver con el significado que se otorgó a la palabra raza la primera vez que apareció en El Corbacho, un texto de 1458 firmado por el arcipreste Alfonso Martínez de Toledo y cuyo significado podría equivaler al de linaje. Desde entonces, y durante los dos siglos posteriores, tener raza era equivalente a pertenecer a una extirpe manchada. Al contrario de lo que podría pensarse, esto no tenía para nada que ver con el color de piel o el fenotipo sino con la confesión que se profesaba. De ahí lo de la limpieza de sangre, unos estatutos que otorgaron rango legal a la discriminación religiosa. Tener raza, esto es, ser incapaz de demostrar que se era cristiano viejo, con o, implicaba, además de no poder desempeñar labores en la Administración, vivir bajo permanente sospecha. 

Luego, los españoles llegaron a América y con la anuencia del Papa Alejandro VI y sus bulas, se quedaron con tierras ajenas y borraron del mapa a gente, lenguas y culturas para imponer las suyas y, por supuesto, la religión católica. Que ese fue el trato con el Sumo pontífice. Y ya que estaban, dado que tras años de abusos y contagios de enfermedades la población originaria se había diezmado, aprovecharon que los portugueses llevaban ya un tiempecito esclavizando a negros africanos, amparándose también en una bula papal, en este caso de Nicolás V, para favorecer que se llevaran a unos cuantos millones hasta eso que bautizaron como Nuevo Mundo. Y todo cambió. Se cruzaron, ahí sí, el fenotipo, la religión, la forma de ser y pensar el mundo y, por supuesto, hubo encuentros cordiales, claro, pero también (o sobre todo) jerarquización. Basta con observar los cuadros de castas para ver cómo se nomenclaturizaron con saña cada una de las mezclas que se produjeron: mulatos, lobos o saltos atrás y arriba del todo estaban no los blancos sino los españoles que, para el caso, eran lo mismo. Y así, hasta hoy, español igual a blanco y católico y lo demás es otra cosa. 

Así las cosas, cuando Vox habla de prioridad 'nazional', no inventan, recogen un legado. Por eso, les importa poco la nacionalización de quienes han venido puesto que no se trata de venir sino de ser y de tener solera en esta tierra. De que tus padres, abuelos y bisabuelos sean españoles, de que tu torrente sanguíneo esté tan libre de Islam como para que el mismísimo Torquemada se levante de la tumba y te felicite, bro.  

Para el partido verde (que no ecologista), no es una premisa para negociar sino una manera de imponer lo que entienden que debería ser su país pese a ser también el de todas las personas que lo componen, por mucho que les pese. Va de apellidos que pueden pronunciar (o apellidos, a sus ojos –o su lengua– impronunciables pero no noreuropeos), de santos patrones Matamoros y de la coletilla final “y cierra España”, de meterle cerdo, ya sea en en forma de chicharrones o de manteca, hasta a los dulces con el fin de que quede claro de qué pie no cojean. 

Está relacionado con celebrar que se celebre el 12 de octubre y obviar un genocidio que duró siglos. Con glorificar y ponerle un teatro a una obra que enaltece y convierte en princesa de Disney Pocahontiana a La Malinche. Con no cuestionar ni un poquito el pasado y, lejos de eso, marcarlo en rojo en el calendario y sacar a los militares para que desfilen por una hispanidad que hermanó por cojones y que, según el bando vencedor, pese a un derramamiento de sangre que también supuso un epistemicidio radical, dejó universidades. Sí, esas a las que todavía hoy la mayoría de quienes asisten o han asistido son los que tienen la piel más clara y siguen acordándose de su bisabuelo de Sevilla, Vigo o Salamanca porque les confiere estatus y piel clara. Esa prioridad 'nazional' es la que habla de territorios hermanos hispanos (que no latinos) únicamente cuando interesa y si su descendencia está lejos o vota a la derecha. De lo contrario, más que hermanos serán primos y si reclaman, denuncian o cuestionan serán relegados a parientes lejanos díscolos o hasta enemigos desagradecidos. Como si aquello hubiera sido un páramo de historia, cultura, idiomas, edificios o vida antes de que llegaran extranjeros de Europa y la liaran. 

De Guinea Ecuatorial y del Sáhara ni hablamos ya que unos son negros y los otros musulmanes negros y moros, así que no se les (nos) quiere ni para, mintiendo, llamarnos hermanos. Ya se han encargado de eliminarnos de los libros de historia e insistir mucho, mucho en decir que las últimas colonias se perdieron en 1898. Mentira y gorda. 

Pero como esto no va solo del pasado, volvamos al presente. 

Lo que los de Abascal se atreven a verbalizar es algo que existe antes de que lo convirtieran en eslogan electoral y se nota en las expectativas pero, sobre todo, en la falta de las mismas hacia cierta gente. En el asiento que se queda libre en el metro al lado de la persona racializada incluso si el vagón va lleno. 

Se hace patente cada vez que nos siguen en el supermercado, que nos mandan a la cola de extranjería a hacernos el NIE pese a que hayamos ido a renovarnos el DNI, en los controles “aleatorios” del aeropuerto o cuando la policía para sobre todo a los jóvenes racializados por la calle para pedirles la documentación pese a que lo único sospechoso que hayan hecho sea salir del portal de la casa de sus padres armados con una bolsa llena de tuppers. 

Pasa cada vez que nos felicitan, de forma condescendiente, por lo bien que hablamos el idioma del sitio en el que hemos nacido o crecido a pesar de que eso no tenga ningún mérito. O cuando opinas acerca de algo relacionado con España y te mandan callar como si no tuvieras derecho a cuestionar nada y toda la vida tuvieras que sentir que debes decir que sí a todo, sonreír y tragar complaciente debido a que estás de prestado en la que, lo quieran o no, es tu casa.

Pasa cuando te dicen que tú no eres como el resto, a modo de palmadita en el hombro condescendiente, salvándote de la quema en la que se halla ese resto infernal y homogéneo al cual te pareces pero del cual por supuesto que tú, como excepción a una regla inventada, no formas parte. 

Pasa cuando vas al hospital y hay quien murmura que la gente como tú colapsa las urgencias y el sistema sanitario que su familia, que se ha deslomado currando, ha contribuido a sufragar.

Pasa cuando tienes un gesto de cortesía con alguien y te dicen que “así sí”, asumiendo que el resto de las personas a las cuales te pareces por fuera son un “así no” de manual. 

Pasa hasta dentro del seno de la familia debido a que por mucho que compartas genes y cariño, eso no les quita automáticamente ni la xenofobia ni el racismo. 

Pasa mucho antes de que le pusieran nombre a eso de la identidad 'nazional' pero, ahora, poniéndoselo, lo han dejado más clarito.

Se trata de un término que durante mucho tiempo se limitó a los márgenes del movimiento identitario francés, para acabar imponiéndose con fuerza en el vocabulario de la extrema derecha europea en los últimos años. La “remigración”, corolario de la teoría racista y conspirativa del “gran reemplazo”, diseña un proyecto de expulsión a gran escala de extranjeros o de ciudadanos de origen extranjero de los países del continente.

La AfD, partido de extrema derecha alemán, lo menciona con frecuencia; el FPÖ austriaco sueña con dedicarle un puesto de comisario europeo; y el 18 de abril en Milán, durante un mitin de los Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo presidido por Jordan Bardella (Agrupación Nacional, RN), los asistentes corearon ese término, animados por un presentador entusiasta. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindica este concepto.

Esta popularidad se debe en gran medida a un hombre: Martin Sellner. A sus 37 años, este austriaco ha teorizado sobre cómo podría llevarse a cabo la “remigración” en un libro referencia de la extrema derecha germanoparlante, Remigration: Ein Vorschlag (Remigración: una propuesta).

Sellner, un veterano del movimiento identitario en su país, en su juventud se codeó con el movimiento neonazi y llamó la atención a los 17 años al pegar pegatinas con esvásticas en las paredes de una sinagoga de Baden, en las afueras de Viena: “Un grave error”, reconoce en una entrevista con Mediapart el propio Sellner, que dice haber comprendido entonces que aquello era un “callejón sin salida” y que era necesario un nuevo movimiento.

En 2012, participó en la fundación del Movimiento Identitario Austriaco (IBÖ), inspirado en el modelo del grupo francés Generación Identitaria (disuelto en 2021). Sellner retomó su método: acciones espectaculares y mediáticas para llamar la atención y dar a conocer el movimiento, a pesar de su escaso número de militantes. Siempre educado, bien peinado y vestido a la moda del momento, moderniza la imagen del militante de extrema derecha al tiempo que refina su discurso y rechaza, al menos públicamente, la violencia.

En 2016, los activistas del IBÖ interrumpieron la representación de una obra de la premio Nobel de Literatura (2004), Elfriede Jelinek, interpretada por personas refugiadas. Rociaron sangre falsa sobre el escenario y lanzaron panfletos contrarias al multiculturalismo. El IBÖ organizó también desfiles con antorchas en la colina de Kahlenberg, para conmemorar la batalla que puso fin al asedio de Viena por parte del Imperio otomano en 1683.

Pero, sobre todo, Martin Sellner hace suyo el concepto de metapolítica, analizado por Bernhard Weidinger, investigador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca (DÖW), en un informe sobre el extremismo de derecha encargado por el Ministerio del Interior austriaco: “En lugar de participar directamente en la competencia partidista, ellos [los identitarios] buscan reorientar los debates, imponer sus propios conceptos y problemáticas […] con el fin de alcanzar una hegemonía cultural, necesaria para obtener éxitos políticos duraderos.”

Según el investigador, su actuación tiende hacia un objetivo que prima sobre todos los demás: garantizar la homogeneidad étnica de un país. Un objetivo amenazado, según Martin Sellner, por la perspectiva de un “gran reemplazo” que habría que evitar con la “remigración”.

El activista acaparó los titulares de la prensa internacional en 2019 cuando se supo que el terrorista Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, había mantenido contacto con él y había donado 1.500 euros a su movimiento. En su manifiesto, Tarrant reivindicaba el concepto de “gran reemplazo”. La investigación sobre Martin Sellner a este respecto fue archivada sin más.

Pero fue un artículo de prensa alemán lo que le valió una nueva notoriedad: en enero de 2024, el medio de investigación Correctiv reveló que se había celebrado una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, entre el activista y miembros de la AfD, para tratar un proyecto de expulsión a gran escala de personas extranjeras y de ciudadanos de origen extranjero. La conmoción fue enorme en el país y salieron a la calle cientos de miles de personas. A Martin Sellner se le prohibió entonces la entrada en territorio alemán, una decisión que logró anular ante los tribunales.

Desde entonces, no ha dejado de denunciar “mentiras”. Afirma que nunca habló de expulsar a ciudadanos alemanes y ha publicado un libro para presentar su concepto que, según él, es legal: “No se admitirá a ningún clandestino, serán expulsados. No habrá naturalización masiva. Y las sociedades paralelas serán sometidas a presiones económicas y culturales para integrarse. Habrá incluso medidas incentivadoras para fomentar las salidas voluntarias. Todo esto es perfectamente conforme a la Constitución. Todos los ciudadanos serán tratados en pie de igualdad y, por supuesto, un ciudadano no podrá ser expulsado”.

Para Bernhard Weidinger es un argumento falaz: “Esta conformidad con la ley de la que habla supone transformar o suspender ciertas normas legales. Quiere, por ejemplo, derogar la Convención de Ginebra sobre los refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. […] Dice que no quiere expulsar a ciudadanos, pero prevé que se pueda retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido. […] Por último, menciona los retornos voluntarios, pero dice que hay que ejercer presión, hacerles la vida difícil a estas personas y hacerles comprender por todos los medios posibles que no son bienvenidas”.

Para el investigador no hay duda de que se trata de un concepto racista según el cual ciertas personas, procedentes sobre todo de países musulmanes, representarían una “carga cultural” debido a su origen, su lengua o su religión, lo que haría imposible la convivencia. Ve en este plan “una variante legalista de una limpieza étnica” para tender hacia la utopía identitaria: un “apartheid a escala mundial”, mediante el cual el multiculturalismo daría paso a una separación de los grupos étnicos. Todo ello presentado de manera positiva: en el lenguaje identitario, no se está en contra de los “extranjeros”, sino a favor de la preservación de la propia identidad cultural.

Los servicios de inteligencia austriacos (DSN) no se equivocaron al respecto. En su informe anual, estiman que uno de los principales objetivos del movimiento identitario es el establecimiento de un Estado autoritario. Un análisis que Martin Sellner rechaza: “Los servicios de inteligencia están, en mi opinión, instrumentalizados con fines políticos. Por supuesto que queremos preservar la democracia. Lo que estos señores entienden por democracia liberal es, en realidad, un dominio de la izquierda dentro de la democracia”, asegura. En cuanto a las acusaciones de racismo: “Es falso. Pero tengo que decir que prefiero que los supuestos expertos me tachen de racista antes que convertirme en una minoría en un país dominado por el islam”.

Este activista ejerce hoy una influencia considerable en los movimientos de extrema derecha germanoparlantes, e incluso más allá, estima Bernhard Weidinger: “Es el identitario más conocido a nivel internacional, tiene seguidores en Estados Unidos. De hecho, Trump ha utilizado varias veces el término ‘remigración’. Ciertamente, no se puede vincular esto directamente con Sellner, pero es sin duda uno de los principales impulsores de este concepto”.

En Francia, la notoriedad de Martin Sellner sigue limitada a los círculos identitarios, pero ha permitido que el concepto de “remigración”, impulsado en un primer momento por activistas franceses, cobre un nuevo impulso en Europa, señala Marion Jacquet-Vaillant, especialista en movimientos identitarios: “Los identitarios habrían tenido quizá dificultades objetivas para que este término se impusiera en un espacio europeo más amplio sin el apoyo de una figura como Martin Sellner. Tiene una competencia muy importante en ese papel de transmisor: habla varios idiomas. Y el hecho de poder difundir estas ideas en el espacio anglófono les confiere una importancia muy diferente”.

Martin Sellner ha iniciado ahora una recaudación de fondos para crear un “instituto para la remigración” destinado a difundir este concepto lo más ampliamente posible, fiel a un lema: “Antes de que la remigración sea políticamente viable, debe ser socialmente aceptable.”

Bernhard Weidinger ha revisado las citas que se le atribuyen sin modificarlas.

Traducción de Miguel López

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El proyecto ha recibido el nombre de “Astrée”. Según la información de Mediapart, la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos (DLPAJ) y la Dirección de Transformación Digital (DTNUM), dependientes del Ministerio del Interior, están desarrollando una herramienta destinada a gestionar los contenciosos relacionados con los extranjeros mediante inteligencia artificial generativa (IA).

“Se trata de un proyecto de inteligencia artificial de asistencia en la tramitación de solicitudes”, se lee en un documento al que Mediapart ha tenido acceso, en el que se señala la “necesidad” de una herramienta de este tipo ante el aumento de reclamaciones, “centrándose en los contenciosos masivos fácilmente automatizables”. Una primera fase de desarrollo de la herramienta se centró inicialmente en las infracciones de tráfico.

Los contenciosos relacionados con los extranjeros, que abarcan todos los procedimientos iniciados ante los tribunales para impugnar decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior (por ejemplo, una medida de expulsión como una OQTF, obligación de abandonar el territorio francés, o la denegación de la expedición de un permiso de residencia), se identifica así como un contencioso masivo, con un aumento observado del 33 % en cuatro años; representa, por tanto, el 91 % de los contenciosos del ministerio.

En 2022, Gérald Darmanin, que entonces era ministro del Interior, se quejó de las diferentes vías de recurso ofrecidas a los extranjeros, considerando que era necesario reducir su número (mencionó doce procedimientos) y los plazos. Su deseo fue recogido en la ley de inmigración aprobada a finales de 2023, y posteriormente en un decreto y en una circular de julio de 2024, con el objetivo de simplificar este contencioso reduciendo a tres el número de procedimientos.

Se han seleccionado tres prefecturas para la prueba piloto: la de Seine-Saint-Denis, donde hay más contenciosos, la de Bouches-du-Rhône, donde se ha puesto en marcha una iniciativa de “simplificación del itinerario del extranjero”, y la de Ille-et-Vilaine, “voluntaria” en este ámbito. Se han elegido otras dos prefecturas como opción: París y la Guayana, “debido a las particularidades de los territorios de ultramar”.

Para el Ministerio del Interior, el objetivo es identificar las necesidades y responder a ellas con la IA, en particular en lo que respecta a los recursos relacionados con la expulsión (ya se trate de órdenes de salida del territorio o de retención administrativa), que son objeto de una “atención especial” tanto por su aumento como por una “voluntad política”. La fase de preparación para la implantación de esta nueva herramienta comenzó en el verano de 2025 y se prolongará a lo largo de 2026, antes de su aplicación efectiva a finales de 2026 o principios de 2027.

“Los contenciosos masivos generan un importante flujo de solicitudes en los servicios jurídicos del Ministerio del Interior”, algunas de las cuales son “repetitivas y estereotipadas” y “pueden poner a los servicios en dificultades”, según se lee en un intercambio de correos electrónicos para justificar el futuro uso de la IA. “Los servicios ya no tienen tiempo para ver las cosas en perspectiva respecto a su actividad global y desarrollar una visión estratégica.”

Astrée tiene como objetivo extraer datos personales y administrativos o proponer la redacción de un escrito de defensa, para descargar a los funcionarios de la prefectura y, en última instancia, facilitar la expulsión de los extranjeros. La herramienta podría integrarse así en diferentes fases de un procedimiento.

Pero, ¿serán al menos informadas las diferentes partes implicadas, tribunales, abogados y usuarios extranjeros? “Se trata de cuestiones humanas que, a la larga, serán tratadas por la IA. Es un poco aterrador”, dice indignada una fuente del Ministerio del Interior. Esto plantea “cuestiones de orden democrático”: en lugar de reforzar el rigor del derecho y cambiar de paradigma en materia de inmigración, “se quiere imponer lo que se considera un avance técnico a la gente sin que esta tenga siquiera voz ni voto”, opina la misma fuente. “Existe la voluntad de demostrar que se está resolviendo el problema de los contenciosos masivos, pero esto, por el contrario, puede llegar a generar otros problemas”.

Esta fuente, que afirma haber observado a los sucesivos ministros del Interior en su búsqueda de “cifras en detrimento del trato humano”, se pregunta por la pertinencia de “imponer OQTF de forma sistemática sin estudiar seriamente la solicitud de las personas” o de emitir OQTF por amenaza al orden público por motivos “más o menos ridículos”. Ante esta lacra que pone vidas en suspenso, ¿cómo sorprende que miles de OQTF sean impugnadas ante los tribunales? “Y aquí solo hablamos de los contenciosos relacionados con la expulsión”, señala, evocando un inevitable efecto boomerang y un “contencioso completamente desquiciado, tanto en número como en complejidad”.

Por otra parte, subraya, la creciente complejidad del derecho, propiciada por las sucesivas leyes de inmigración, pero también por los decretos o las instrucciones ministeriales, “crea un caldo de cultivo propicio para el caos total”. “Algunas prefecturas cometen errores o no respetan la ley, bien porque ya no entienden nada de los procedimientos o porque se aprovechan para servir a una agenda política de extrema derecha”, lamenta, recordando que el exministro del Interior, Bruno Retailleau, había afirmado alto y claro que el Estado de derecho “no era intocable”.

El uso de la IA es “preocupante”, opina un funcionario de la administración aconstrumbrado a este tipo de litigios, sobre todo si se “utiliza mal” o es “fuente de errores”. No obstante, matiza: si el escrito de contestación de una prefectura está mal redactado o contiene errores, “los magistrados y abogados se darán cuenta rápidamente y eso podrá servir en defensa del extranjero”. El riesgo es mayor si la IA se utiliza “en el momento de dictar medidas de expulsión o medidas de ejecución, como el arresto domiciliario o el internamiento, ya que esto tendrá consecuencias importantes para el extranjero”, advierte.

Aunque esta fuente bien informada reconoce la problemática de un contencioso “masivo” y habla de agentes obligados a trabajar en “plazos muy ajustados”, el problema lo ve en otra parte: las medidas, adoptadas “en cadena”, son “quizás en parte infundadas o ilegales desde el principio, porque se aplica una política de cifras en cuanto a las medidas dictadas, y porque hay que tomarlas a toda costa incluso cuando la situación no lo permite”. Aun a riesgo de “depender por completo” de la justicia, con la esperanza de que esta censure lo que sea ilegal o resuelva situaciones de bloqueo relacionadas con la administración digital. Dicho esto, “Laurent Nuñez es más sensible a las cuestiones relacionadas con el derecho de residencia y las violaciones de derechos, lo cual es positivo”.

Mediapart ya ha documentado cómo la digitalización de los trámites y los fallos que de ella se derivan, pero también la emisión indiscriminada de OQTF, obligan a los usuarios extranjeros a recurrir a la justicia. “Nos pasamos el tiempo presentando recursos”, se lamenta Laurent Charles, abogado especializado en derecho de extranjería en París. “Se han vuelto necesarios aunque solo sea para conseguir una cita en la prefectura”.

El abogado describe un sistema que ya no se basa en la igualdad de acceso a los servicios públicos, sino en lógicas de “red” y de medios financieros, pues la justicia tiene un coste. “No sería de extrañar que las prefecturas utilizaran la IA para gestionar los recursos de los extranjeros, que se han disparado, porque, de lo contrario, el sistema no funciona”, explica, denunciando un círculo vicioso.

“Como de costumbre, los extranjeros son conejillos de indias”, lamenta Stéphane Maugendre, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. “El Estado se ha inventado totalmente la crisis. Sería la solución milagrosa ante un contencioso masivo, pero ¿por qué existe?”, se pregunta el jurista, subrayando que no hay suficiente personal en las prefecturas y que existe una sospecha generalizada hacia los extranjeros, “a quienes se les expiden permisos de un año o resguardos de seis meses”.

Pone como ejemplo reciente el de una clienta que no conseguía renovar su permiso de residencia y que solo recibía respuestas automáticas, “quizás de la IA, por cierto”, a través de la Administración digital para extranjeros en Francia. “En cuanto se acudió al tribunal, su expediente pasó al servicio de contenciosos de la prefectura y por fin obtuvimos una respuesta”.

Stéphane Maugendre ve en ello un peligro, sobre todo en un litigio tan “humano”: “Tratan a las personas extranjeras como expedientes en papel, lo están haciendo todo mal. A veces utilizo la IA y veo sus límites. Creo que eso multiplicará los recursos, porque habrá errores”. Los documentos de un expediente de recurso deben ser analizados por un ser humano, afirma. La IA nunca podrá “captar las pequeñas diferencias” de cada caso.

En un número de la revista Plein droit de marzo de 2023, titulado "Étrangers mal jugés" (extranjeros mal juzgados), el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) subraya hasta qué punto esta saturación de los tribunales es el «resultado de decisiones políticas». El proyecto Astrée y la voluntad de utilizar la inteligencia artificial para responder a esta problemática demuestran que esta orientación no ha cambiado.

Cada año, el Consejo de Estado da a conocer las cifras de la justicia administrativa correspondientes al año anterior. En ellas figura un desglose de los asuntos registrados por ámbito de contencioso. La proporción de los de extranjería, que abarca cuestiones relacionadas con los permisos y visados de residencia, los permisos de trabajo o las expulsiones, es cada vez mayor. En 2025, representaba el 55 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos de apelación y el 46 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos; muy por delante de los demás temas, que no superaban el 10 %.

El número de asuntos juzgados por los tribunales administrativos se disparó un 11,3 % con respecto a 2024, alcanzando los 283.136 asuntos. De ellos, 62.249 se juzgaron como “procedimiento de urgencia”. Muchos recursos se interponen precisamente con carácter de urgencia (porque de ello depende el curso de una vida) a raíz de una denegación denominada “implícita” de la prefectura respecto a la solicitud de un permiso de residencia o su renovación, o para impugnar una orden de salida del territorio, a menudo dictada paralelamente a una decisión de denegación tras una solicitud de permiso de residencia.

Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

La ley del más fuerte no es una ley sino su ausencia. Vivimos una época en la que algunos han pretendido decretar el fin de la ley internacional y los derechos humanos. En este escenario, parece imponerse la toma de decisiones y el inicio de conflictos bélicos sin el más mínimo respeto a las instituciones y tratados internacionales o, siquiera, a los derechos humanos. Está sucediendo en Ucrania, en Gaza, en el Líbano y en Irán como si fuera inevitable, solo justificado en la defensa de determinados intereses nacionales.

Así, la defensa y la seguridad se vacían de principios, olvidando que la historia nos enseña que el avance del derecho internacional humanitario se produjo, precisamente, para limitar los medios y métodos para hacer la guerra y proteger a los civiles. Y, si eso es así, más aún cuando hablamos de la actuación de las Fuerzas Armadas fuera de zonas de conflicto.

Y mientras en Ormuz las armadas de varios países pugnan por un bloqueo con consecuencias globales, en España el debate se ha colocado en el bloqueo naval de personas y no de mercancías. Afortunadamente, cuando hace unos meses hubo quienes exigieron que militarizáramos nuestras costas y que nuestra Armada se dedicara a blindar nuestras fronteras marítimas para impedir esa supuesta invasión de inmigrantes que trataban de llegar a Europa, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, fue contundente. La misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los ocupantes de una embarcación que se encuentran en peligro y no impedirles el paso o devolverlos. 

Se trata de una posición respetuosa con los derechos humanos, con la más mínima empatía y respeto a la vida humana, pero también coherente con nuestra historia y tradición militar, como relata el investigador Alejandro Anca en su ensayo sobre la tradición humanitaria de la Armada. 

Por supuesto, nuestro país dispone de un sistema de Salvamento Marítimo y de la acción de las FCSE, así como el dispositivo europeo de FRONTEX para vigilar nuestras fronteras, luchar contra el tráfico ilegal de personas y la ayuda en el mar, pero también la Armada ha participado en misiones como la operación Sophia, en la que el jefe de la Armada relataba de forma estremecedora cómo se podían encontrar a 250 o 300 náufragos desesperados en el agua sin saber nadar y con una embarcación pequeña tenían que escoger a 10 o 20, sabiendo que, cuando volvieran, muchos ya no estarían esperando.

Ante tanto discurso de odio, ante tanta “prioridad nacional”, es reconfortante escuchar una visión humanitaria, la de nuestras Fuerzas Armadas y, desde luego, tener claro que nunca se puede elegir a quién ayudar o salvar en función del color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión que se profese o su pensamiento. Ni en tierra ni en el mar. Porque no hay nada más importante que la vida humana, porque la empatía ante el sufrimiento ajeno es lo que nos define como especie y porque la ley nos protege de la barbarie.

En el ensayo citado, el autor repasa precisamente cómo la humanidad pasó del “derecho de naufragio”, que justificaba el pillaje, a la protección de los náufragos. Desde el Senado romano en el año 81 A.C., al Digesto de Justiniano, el rey Fernando II de León, Sancho el Sabio de Navarra o los Reyes Católicos, dictaron normas para proteger a los náufragos. 

Posteriormente, las Reales Ordenanzas de la Armada de 1793 o la puesta en marcha de la primera ambulancia marítima del mundo en colaboración con la Cruz Roja Internacional, consolidaron los avances, documentándose numerosos rescates, incluso, de militares náufragos de otras potencias extranjeras.

Esto coloca algunas posiciones actuales, en términos históricos, en la Edad Media. Escasamente civilizados, podríamos decir. Por no hablar aquí de otro avance civilizatorio esencial en la historia de España y universal que algunos “patriotas” deberían conocer como fueron las Leyes de Burgos que, ya en 1512, proclamaron a los indígenas americanos como hombres libres, sujetos de derecho y se les protegió de tratos vejatorios. Pareciera que algunos quisieran derogarlas.

Recalquemos que el deber de proteger y salvar a quienes se encuentren en peligro en el mar proviene del derecho internacional, de la ley del mar, de la tradición militar, de los derechos humanos y, también, de una mínima exigencia ética.

El propio papa Francisco afirmó rotundamente que rechazar a los inmigrantes es un “pecado grave” y el papa León XIV, en su próxima visita a España organizará un encuentro con inmigrantes y sus “ángeles del océano” en referencia a aquellos que los salvan y los atienden cuando llegan cruzando el mar.

Hay, en este mundo nuevo, otra manera de entender la política internacional, la Defensa y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, compatible con los derechos humanos y la legalidad internacional, sin odio al diferente y perfectamente alineada con nuestra historia y tradición.

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Luis Tudanca es senador socialista por Castilla y León.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha situado en el centro del debate la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Según las informaciones publicadas, el texto plantea que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se inspire en ese principio, aunque el PP lo vincule a requisitos de arraigo territorial y Vox lo presente como preferencia de los españoles frente a los inmigrantes.

La comparación con las leyes de Núremberg exige rigor. No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos, porque no lo son ni en escala, ni en violencia, ni en contexto histórico. Pero sí resulta legítimo advertir una semejanza de fondo: cuando una norma introduce una jerarquía de derechos basada en el origen o en la pertenencia al grupo nacional, convierte la desigualdad en criterio de reparto y abre una pendiente moral y jurídica peligrosa.

Las claves conocidas del pacto recogen la construcción de vivienda protegida y un sistema de acceso inspirado en la “prioridad nacional”, acompañado de exigencias de arraigo en Extremadura: al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler social. Sobre el papel, el mecanismo se viste de tecnicismo y neutralidad administrativa.

Sin embargo, varias crónicas subrayan que PP y Vox no explican ese concepto del mismo modo. Mientras el PP intenta presentarlo como un sistema de puntos ligado al arraigo y “adecuado a la legalidad vigente”, Vox lo reivindica abiertamente como preferencia de los españoles en ayudas sociales y vivienda. Ese matiz político no elimina el problema de fondo, sino que lo ilumina: se normaliza la idea de que el criterio decisivo no es la necesidad, sino la pertenencia a un “nosotros” nacional.

Si el acceso a bienes básicos como la vivienda o las ayudas públicas se ordena en función de la pertenencia nacional, el mensaje institucional deja de ser “proteger al vulnerable” y pasa a ser “proteger antes a quien consideramos de los nuestros”. El Estado deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como miembro, o no, de una identidad preferente.

La vivienda y las ayudas sociales no son premios identitarios, sino instrumentos para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Cuando el poder público desplaza el foco desde la necesidad social hacia la nacionalidad o el origen, transforma políticas pensadas para sostener a quien cae en mecanismos de exclusión simbólica y material. La prioridad ya no es la fragilidad de tu situación, sino tu lugar en una escala de pertenencia.

Además, este tipo de formulaciones normaliza un lenguaje político que divide a la población entre merecedores plenos y sospechosos permanentes. Ese paso puede parecer pequeño cuando se formula en términos administrativos, pero su efecto emocional y cívico es profundo: señala a una parte de la sociedad como menos legítima para vivir, ser atendida o construir un futuro.

Todos y todas conocemos a alguien que ha necesitado ayuda: una familia que perdió el empleo, una persona mayor sola, un joven que no puede emanciparse. Cuando sobre esas vidas se proyecta la sospecha de no ser “lo bastante de aquí”, lo que se resquebraja no es solo un programa de vivienda; es la idea de comunidad política compartida.

Las leyes raciales de Núremberg, aprobadas por el régimen nazi en 1935, separaron legalmente a los judíos del resto de la ciudadanía alemana. La ley de ciudadanía del Reich reservó la ciudadanía plena a quienes fueran considerados “de sangre alemana o con parentesco alemán”, y la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes prohibió matrimonios y relaciones entre judíos y personas consideradas alemanas.

No fueron una simple discriminación administrativa aislada. Fueron un paso decisivo en la construcción de un orden legal basado en la exclusión y la deshumanización, preparando el terreno para persecuciones posteriores mucho más graves. La sociedad aceptó primero que la ley distinguiera entre personas con más y menos derechos por razón de origen; lo demás vino después.

Por eso la analogía útil no consiste en decir que una cláusula de vivienda en la España actual equivale al nazismo. La analogía relevante es otra: Núremberg muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando concede a sus gobernantes el poder de trazar, desde la ley, quién merece antes protección y quién puede esperar siempre un poco más.

Existen diferencias fundamentales. El acuerdo de PP y Vox se mueve, por ahora, dentro de un sistema constitucional, un Estado de derecho y un marco europeo de garantías que nada tienen que ver con una dictadura totalitaria. Precisamente por eso es ahora cuando importa reaccionar.

La existencia de controles institucionales no obliga a callar la advertencia democrática. Al contrario: obliga a identificar a tiempo los discursos que buscan naturalizar la desigualdad y presentar la exclusión como sentido común, como eficiencia o como justicia para “los de casa”.

La gran lección histórica es que las sociedades no empiezan degradando la igualdad con un gran estruendo, sino a menudo con fórmulas aparentemente técnicas, razonables o defensivas. Primero se acepta que unos tengan preferencia; después se justifica que otros esperen; más tarde se normaliza que algunos queden fuera para siempre.

Por eso este debate no trata solo de inmigración, ni solo de vivienda. Trata de decidir si la democracia protege a las personas por su dignidad y su necesidad, o si empieza a repartir derechos en función de la identidad que el poder considere más valiosa en cada momento. Cuando una familia necesita techo, cuando una persona solicita ayuda pública, lo decisivo en una democracia decente debería ser la vulnerabilidad, no la pureza del apellido, no el origen y no la utilidad electoral del miedo. Ahí está la frontera moral que conviene defender con claridad, con serenidad y también con emoción cívica.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha matizado este viernes que el criterio de 'prioridad nacional' para prestaciones públicas pactado con el PP en Aragón alcanza tanto a los españoles de origen como los que han adquirido la nacionalidad.

Lo ha dicho en una entrevista en RTVE, después de que el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, asegurara este jueves, preguntado por a qué ciudadanos afecta este criterio: "Es español el nacido de padre y madre española".

Ignacio Garriga ha dicho que esta interpretación es un "error", porque la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI": "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles".

Sin embargo, el líder de Vox en Cataluña ha señalado que "llegará un momento" en el que habrá que abrir el debate sobre la nacionalidad española, que cree que "ahora se regala".

Garriga ha admitido dificultades para implantar el criterio de prioridad nacional, si bien ha defendido su constitucionalidad.

A preguntas de los medios, el líder del partido, Santiago Abascal ha matizado: "Ser español es tener la nacionalidad española; es lo que dice la legislación. Ahora si me pregunta si me parece bien que la nacionalidad española se regale a cualquiera, no, no me parece bien". Fuentes de la formación ultra remarcan que la de Abascal es la postura oficial del partido.

Vox ve posible "sortear" esas dificultades con criterios en la adjudicación de ayudas que permitan dar más puntos a los españoles. Por ejemplo, teniendo en cuenta los años que llevan empadronados en un lugar, si han estudiado allí o si sus padres han vivido allí.

"No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado", ha añadido.

Tras las críticas de dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno a esta medida, Garriga ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no mantenga una posición unánime.

El PP limita el alcance del criterio de prioridad nacional al arraigo. "Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura", afirmó el partido en un comunicado.

Por otro lado, y sobre el punto del acuerdo del PP y Vox que plantea "liberar" a Aragón del catalán, Garriga ha afirmado que la política lingüística debe hacerse en las aulas, y no "tirando" el dinero del contribuyente aragonés en "institutos para fomentar el catalán", por mucho que haya municipios en los que se hable.

Sobre la regularización de migrantes, Garriga ha afirmado que Vox es partidario de expulsar a todas las personas que estén en situación irregular para "defender" las fronteras españolas, aunque garantizando su "soporte vital" con unos "mínimos" mientras estén en España.

Sin embargo, mantiene que hay que deportarlas "con cariño pero a la vez con toda la contundencia", en condiciones de seguridad y salubridad.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

Estos días asistimos a un ruido ensordecedor liderado por la versión más ultra de Feijóo, que ha decidido desempolvar el discurso del miedo con el objetivo de satisfacer a sus socios de Vox. Dice Feijóo que la regularización de personas migrantes nos traerá delincuentes. Miente, y lo sabe. Sabe que esta regularización es extremadamente garantista con los temas de seguridad. También sabe que fue el PP de Rajoy quien hizo una regularización premium con las Golden Visa para traer aquí a todo tipo de delincuentes poniéndoles la alfombra roja. Así que Feijóo no tiene un problema con la inseguridad, sino con que el orden democrático empiece a aplicarse también a quienes no tienen una cuenta corriente con seis ceros.

Hablemos de seguridad real. El proceso de regularización actual —fruto de una ejemplar Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas— no regala nada. Exige. Los solicitantes pasan por un triple filtro que ya quisiera para sí cualquier consejo de administración: certificado de penales de su país, certificado de ausencia de delitos en España e informe policial. Cualquier mancha, cualquier detención, les deja fuera. A quien viene a trabajar y a convivir, no a especular, el Estado le mira con una lupa que roza la obsesión. Y, a la vez, le ofrece también seguridad, la de que no le podrán explotar laboralmente, ni excluir de sus derechos fundamentales.

Qué diferencia con el "modelo Rajoy" de las Golden Visa. Aquello sí que fue una barra libre de inseguridad. Mientras ahora se fiscaliza hasta el último papel de los vecinos y vecinas que harán cuantiosas contribuciones fiscales para financiar el bienestar común, el PP aprobó una regularización VIP para extranjeros ricos a cambio de especular con la vivienda y, además, les regaló rebajas de impuestos como la que hizo Ayuso con la ley Mbappé. Se puso en marcha con las Golden Visa un modelo que ha sido un coladero de manual por cuatro razones que conviene no olvidar:

No se investigaba el origen del dinero. Daba igual si los fondos venían de la corrupción o del crimen organizado; si traías el fajo, tenías el permiso y el fajo quedaba lavado. Un verdadero colador de delincuencia del que nunca dijo nada Feijóo. Se concedieron visados masivamente por la compra de casas, disparando los precios primero en barrios ricos y, por efecto dominó, asfixiando el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras. Pero si hablamos de delincuencia y seguridad, frente al control exhaustivo del migrante trabajador, al rico solo se le pedía un cheque. Si un delincuente compraba un piso a nombre de su hija de 18 años sin antecedentes, después toda la familia entraba en España sin más comprobaciones. Una alfombra roja que se podía comprar. Pero además, las Golden Visa disfrutaban de un silencio administrativo positivo del que no gozará jamás una trabajadora migrante. Si la administración no respondía, el rico ganaba. Para el resto, el silencio sigue siendo un muro.

Regularizar no es un acto de caridad, es poner orden desde las instituciones para defender a los débiles frente a los fuertes. Es garantizar un proceso ordenado de migraciones, es garantizar la seguridad de todos, también de las trabajadoras migrantes. Es sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas para que se incorporen plenamente a la ciudadanía: que paguen impuestos, que escolaricen a sus hijos, que coticen para las pensiones y que dejen de ser vulnerables ante la explotación laboral. Es sacar a miles de niños y niñas de la pobreza y de la marginalidad.

Esta regularización es la victoria de una sociedad civil decente que se ha negado a mirar hacia otro lado. Es una regularización que se ha promovido desde la ciudadanía masivamente, desde la Iglesia, desde el sector empresarial. Es el triunfo del sentido común frente a la xenofobia y el racismo. Mientras unos prefieren importar fortunas opacas que encarecen nuestras casas, otros apostamos por dar derechos a quienes ya construyen nuestro país día a día. Eso es, sencillamente, democracia.

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Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, expresidenta de Más Democracia y diputada por Más Madrid.

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión sin previa audiencia de las partes, porque no concurren circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de diez días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Se trata del primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso este miércoles un recurso contra el real decreto con "expresa referencia a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España" y pidió su suspensión inmediata "por concurrir circunstancias de especial urgencia".

Pero el alto tribunal entiende en su auto que "no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia".

Explica que "bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia", por eso "es evidente que la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición, sino de que exista una situación que aconseje la adopción de la medida a la mayor brevedad".

Igualmente, deja claro que "la urgencia debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de carácter objetivo, sin que la mera opinión de la parte sobre la forma en que va a desarrollarse un procedimiento sea un criterio a considerar para valorar la urgencia".

Y añade que "precisamente por establecer el real decreto unos procedimientos —entre ellos, autorizaciones de residencia temporal a personas extranjeras por circunstancias excepcionales— con sus plazos y trámites, no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles por tramitar la medida cautelar en la forma ordinaria".

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles, 15 de abril, el real decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en unos pocos meses, un texto que ha entrado en vigor hoy, fecha desde la que se pueden tramitar las solicitudes.