Es importante entender cómo se describen los terremotos. La magnitud cuantifica la energía liberada y, por lo tanto, constituye una medida única del evento. En cambio, la intensidad describe sus efectos observados en diferentes localidades.

Por ello, puede variar espacialmente alrededor del epicentro. A diferencia de la magnitud, la intensidad emplea números romanos, desde I hasta XII. Estos valores aumentan conforme aumenta la severidad de los efectos.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), Granada alcanzó intensidad V, que corresponde a una sacudida fuerte y claramente perceptible. También pueden aparecer daños menores en estructuras vulnerables y el desprendimiento de material o escombros en zonas peatonales. Sin embargo, no implica daños estructurales generalizados.

En cuanto a los valores de velocidad a la que viajan las ondas de energía a través de la tierra, podría haber alcanzado varios centímetros por segundo. Estimaciones preliminares del IGN sitúan estos valores alrededor de cinco centímetros por segundo –aunque futuros análisis podrían modificar los resultados preliminares de velocidad del suelo e intensidad–.

El terremoto de Granada no fue un evento aislado, ya que comparte muchas similitudes con otro que ocurrió a unos 170 km al este en 2011: el terremoto de Lorca. Este último tuvo una magnitud, una profundidad y una intensidad ligeramente superiores a las del reciente evento de Granada. Dejó 9 fallecidos y daños en el 80 % de la ciudad.

Ambos generaron daño localizado (a unos 100 km a la redonda), lo que contrasta con otros sucesos del pasado, como el gran terremoto de Lisboa de 1755 (de magnitud cercana a Mw9), cuyos efectos se extendieron por toda la península ibérica.

Así que la Península no está exenta de peligro sísmico –un concepto que describe la probabilidad de que el suelo alcance determinados niveles de sacudida en un lugar determinado–. De hecho, la actualización periódica de los mapas que representan la peligrosidad sísmica de España es una de las acciones más importantes que desarrolla el Instituto Geográfico Nacional en el marco de sus competencias en el campo de la sismología.

Si bien los grandes eventos, como el de Lisboa, son más catastróficos –pueden producir hasta tsunamis y el colapso de grandes estructuras–, los de tamaño moderado (como los de Lorca y Granada) ocurren de forma más recurrente.

Esto tiene que ver con uno de los principios de la sismología: la ley de Gutenberg-Richter, según la cual los terremotos de magnitud moderada (como 4 o 5, similares a los que suelen ocurrir en el sureste de España) son más frecuentes que los grandes terremotos (como el de Lisboa). Esta diferenciación ocurre por el tiempo de acumulación de energía, el cual es considerablemente mayor para terremotos de gran tamaño.

El sureste español presenta actividad sísmica recurrente que afecta especialmente las cordilleras Béticas orientales, incluyendo ciudades como Granada, Murcia y zonas próximas, ya que comprende numerosas fallas tectónicamente activas.

Según un estudio reciente sobre la recurrencia estadística regional –es decir, un análisis sobre cada cuánto tiempo ocurre un terremoto de tal magnitud–, dicha zona tiene una tasa anual de sismicidad cercana a 0.63 para eventos de magnitud 4 o superior. Esto corresponde aproximadamente a un terremoto de magnitud 4 cada 1.6 años (la fórmula es T = 10M-3.8, donde T es el tiempo de recurrencia y M la magnitud).

La extrapolación proporciona tiempos mayores para magnitudes superiores. Por ejemplo, para un terremoto de magnitud 5 (como el de Lorca o Granada) es de esperar que haya un evento cada dieciséis años. Para terremotos de magnitud mayor a 6, este intervalo es de 160 años.

Para trasladar estos tiempos a la realidad del riesgo sísmico, es fundamental diferenciar la naturaleza de las rupturas. El catálogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) identifica en el sureste peninsular más de 10 terremotos superficiales históricos de magnitud similar o mayor a 6 y, al comparar estos eventos con las previsiones de recurrencia estadística, el margen de error puede variar.

Por ejemplo, en las proximidades de Valencia, el terremoto de Estubeny de 1748 superó el intervalo de recurrencia estimado para un evento de magnitud similar (aproximadamente 251 años, frente a los 278 que transcurrieron en realidad). En Almería, el caso del terremoto de Alhama de 1522 (Mw∼6.5) resulta especialmente llamativo: en el presente, han transcurrido unos 504 años, cifra que prácticamente coincide con los ~501 años de recurrencia estadística estimados para esa magnitud.

A ello se suma que las mayores velocidades de deformación cortical de las Béticas orientales se concentran hacia el sector de Almería y Murcia, donde llegan a 1–2 mm/año. Esto indica una mayor acumulación actual de deformación tectónica y, potencialmente, una mayor capacidad para generar terremotos moderados en estos sectores.

Aunque estos datos no permiten predecir cuándo ocurrirá el próximo, habría que poner atención a Granada, Almería y Murcia –sobre todo, estas dos últimas–, por la combinación de actividad sísmica histórica y deformación cortical actual. También hay que poner atención a Valencia, ya que presenta un tiempo transcurrido particularmente elevado respecto de su recurrencia estadística.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos desde la medianoche de este miércoles, cinco de ellos sentidos por la población, después de que la jornada del martes terminara con otro seísmo de magnitud 3,4. La provincia continúa así pendiente de una serie sísmica que desde el pasado sábado ha provocado cientos de temblores, inspecciones en numerosos inmuebles y desalojos en diferentes municipios.

Los movimientos registrados durante la madrugada han tenido magnitudes de entre 1,6 y 2,5. Los dos primeros, de 1,7 y 1,8, tuvieron sus epicentros en La Zubia y Las Gabias a las 1.45 y las 2.34 horas, respectivamente, y fueron percibidos por vecinos de distintos puntos, incluso de la costa granadina. Después llegaron otros cuatro terremotos, con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, entre las 4.07 y las 5.43 horas. Este último, de magnitud 2,5, ha sido el más fuerte de la madrugada y se ha sentido en una veintena de municipios del área metropolitana.

La nueva sucesión de temblores llega apenas unas horas después del terremoto de magnitud 3,4 registrado a las 22.35 horas del martes en Ogíjares, con el epicentro localizado prácticamente en superficie.

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Granada, puesta en marcha tras el terremoto de magnitud 5 que sacudió la provincia durante la madrugada del sábado con epicentro en Alhendín. Mientras continúa la actividad sísmica, los técnicos mantienen las inspecciones para comprobar el estado de los edificios afectados.

Uno de los principales puntos afectados por los temblores ha sido la Alhambra, que reabre este miércoles al público después de que parte del recinto tuviera que ser desalojado el martes ante la sucesión de terremotos. La reapertura se produce, sin embargo, con restricciones y recorridos adaptados para facilitar una eventual evacuación.

La Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras los Palacios Nazaríes y el Generalife podrán visitarse con itinerarios modificados. El horario del monumento se mantiene entre las 8.30 y las 20.00 horas.

Las primeras inspecciones han descartado daños estructurales que impliquen riesgo de colapso, aunque los terremotos sí han provocado desperfectos leves en elementos no estructurales. La Alcazaba es la zona más afectada, con daños en almenas y otros elementos, mientras que en los Palacios Nazaríes se ha registrado la caída de piezas decorativas de yesería, entre ellas en la Sala del Trono.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife mantiene reunido de manera permanente a su equipo directivo para evaluar la evolución de la serie sísmica y adaptar las medidas de seguridad.

Desde que comenzó la serie con el terremoto del sábado, el servicio de emergencias 112 ha gestionado 1.871 incidencias relacionadas con los seísmos, según ha detallado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Más de medio millar se concentraron únicamente durante el martes.

Los terremotos continúan además obligando a revisar viviendas y otros inmuebles en distintos municipios del área metropolitana, donde permanecen personas desalojadas mientras los técnicos comprueban si los edificios presentan daños que puedan comprometer su seguridad.

La Junta apunta, a partir de las primeras evaluaciones de los especialistas, a que el episodio que atraviesa la Vega de Granada podría presentar características similares al “enjambre sísmico” registrado en el norte del área metropolitana en 2021, cuando cientos de pequeños terremotos mantuvieron durante semanas en alerta a la población.

Aunque las víctimas han sido personas de dos familias, lo cierto es que los dos protagonistas del gran conflicto que ha desembocado en el triple asesinato de la noche de este domingo en Isla Cristina son El Manuel Salazar, alias el Baba, que se encuentra en prisión por haber iniciado personalmente una espiral violenta que parece no tener fin, y Luis Moriñas, jefe del clan del mismo nombre, ambos con origen en la barriada del Torrejón, en Huelva.

Dedicados a la venta de droga a pequeña escala, especialmente heroína y cocaína, según fuentes confidenciales a las que ha tenido acceso Narcodiario, todo comenzó a raíz de la relación sentimental que mantenían el Baba con la hermana de Moriñas. Ahí empezó todo.

Las desavenencias entre ambos se zanjaron en septiembre de 2024, cuando el Baba mataba a tiros a un hermano de Moriñas, Ramón. Tras el crimen intentó refugiarse en el norte de España, pero acabó siendo detenido en Gijón. Las fuentes más fiables apuntan a que el tirador quería matar a Luis, al que confundió con su hermano.

Como respuesta, en un crimen presuntamente orquestado por los Moriñas, Huelva fue escenario de la muerte del padrastro del Baba. En ese momento intervino la ley gitana, que, mediante sus consejos, decidieron desterrar a las familias, lo que hizo que el conflicto interclanes se trasladase a Isla Cristina.

Ahora, tras el brutal asesinato de la madre y de la hermana de Manuel Salazar -al parecer, también está herido uno de los hijos de ella, que logró refugiarse en la vivienda cuando llegaron los sicarios-, se espera que la guerra entre los clanes continúe. Además, puede aparecer un nuevo actor.

El Baba habrá recibido las noticias de lo sucedido en prisión. Por otra parte, la familia del chico fallecido que nada tenía que ver con el conflicto tampoco se quedará quieta. Tenía 16 años y pasaba por allí, pese a lo cual los asesinos no dudaron en acribillarle también.

Mientras, en las noticias generalistas de España, el asunto no está recibiendo la atención esperada. Como si un triple asesinato en plena calle se produjese todos los días, los telediarios relegaron la noticia al fondo de sus escaletas, anteponiendo hechos de mucho menor calado.

Todo ello en atención a la línea de actuación de los representantes políticos de todos los colores, que 'venden' estos hechos como daños colaterales y propios del negocio al que se dedican sus protagonistas. Sin embargo, en este caso todas las víctimas parecen ajenas, al menos de forma directa, a tales actividades, más aún el menor que yacía sobre la acera de la barriada del Rocío anteanoche.

La provincia de Huelva se ha convertido en los últimos años en un escenario dominado en buena parte por las redes del narcotráfico. La irrupción de grandes mafias internacionales que introducen hachís a gran escala unida al incipiente incremento de la entrada de cocaína por sus costas ha hecho que, en paralelo, las organizaciones locales dedicadas a este negocio crezcan sin control. Ello hace, como ocurre siempre entre delincuentes, que aumenten los conflictos.

Al mismo tiempo que se incrementa el número de grupos criminales dedicados al ilícito negocio también aumenta el número de armas presentes para zanjar los conflictos entre clanes, y ello acaba, antes o después, en las peores consecuencias. La presencia de sicarios que por poco dinero matan a quien se les encargue es cada vez mayor en toda España, y eso es lo que sucedió sobre las 22.00 horas de este domingo en la barriada del Rocío, en Isla Cristina, una de las localidades más afectadas por el narcotráfico.

Las informaciones no son del todo concretas todavía, pues la Guardia Civil investiga lo ocurrido sobre el terreno. Solo se sabe que al menos dos personas llegaron al lugar a lomos de una motocicleta y armadas con un fusil de largo alcance y disparos de repetición -probablemente tipo AK-47 o similar- y acribillaron a una mujer embarazada de 39 años, a su madre de 62 y a un menor de 16 años que nada tiene que ver con la familia y que solo pasaba por allí.

Las principales líneas de investigación relacionan este asesinato por encargo con otro homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en otra barriada de la provincia de Huelva, en aquel caso en la de El Torrejón de la capital onubense. En el suceso fallecía un hombre en un asesinato que se atribuyó a alias El Baba -posteriormente detenido en Gijón y actualmente en prisión-. Su familia se habría trasladado desde allí a Isla Cristina, algo que no le habría servido para evitar

El alcalde de la localidad en la que se produjo el triple asesinato, que también incluyó una cuarta persona herida, señaló que la escena vivida fue "dantesca" y expuso que se localizaron "una barbaridad de casquillos", lo que indica lo indiscriminado de una acción criminal sin precedentes.

Los sicarios, además, actuaron del mismo modo que hacen los criminales en Sudamérica: disparos desde una moto con el rostro tapado, huida rápida y quema del vehículo: la motocicleta apareció calcinada a las afueras del lugar de los hechos. Isla Cristina pareció Guayaquil, y todo con el mismo telón de fondo: el narcotráfico.

Sobre los antecedentes, indicar que los fallecidos son familiares de alias Baba, mientras que los sospechosos integran el clan de los Moriñas. Precisamente Ramón Moriñas fue el fallecido a manos de El Baba en septiembre de 2024, y la venganza de los Moriñas comenzó ya meses atrás con el asesinato del padre del ejecutor.

Granada y su área metropolitana han vuelto a temblar este martes con una serie de terremotos, siete de ellos de hasta 4,8 de magnitud concentrados en algo más de una hora, que han dejado de momento tres heridos de carácter leve, desprendimientos en calles y desalojos preventivos de inmuebles.

Estos temblores, que han sacado a la calle a numerosos visitantes y vecinos, han provocado más de 500 llamadas al teléfono 112 y que se hayan coordinado una docena de asistencias sanitarias, en su mayoría por crisis de ansiedad y nerviosismo y algunas caídas, además de los heridos con algún traumatismo por caída de cascotes o cristales.

Los siete terremotos, cuatro de ellos por encima de la magnitud 4, han alterado de nuevo la normalidad en esta zona de Andalucía oriental, tras el otro seísmo aún mayor registrado en la madrugada del viernes al sábado, de magnitud 5 y con epicentro en el municipio granadino de Alhendín.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado entre las 10:37 y las 11:34 horas de esta mañana hasta seis terremotos de importancia, el primero de 4,8 y con epicentro en Gójar, según la actualización de datos de este organismo.

A ese temblor se han sumado otros con epicentro en diferentes puntos de la vertiente sur del área metropolitana, uno de magnitud 4 con epicentro en Churriana de la Vega, otro registrado a las 11:34 horas, de 4,2, en Alhendín y finalmente otro de 4,2 en Gójar, ya a las 12:39 horas.

Tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Granada han cerrado de manera preventiva edificios públicos no asistenciales y mantienen activos todos los efectivos de emergencias para atender daños registrados especialmente en el populoso barrio del Zaidín.

La actividad sísmica se ha saldado además con tres personas heridas de carácter leve, entre ellas una menor que ha sido trasladada hasta un centro hospitalario, según ha detallado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

"Traslado un mensaje de serenidad, control y seguridad", ha recalcado el vicepresidente andaluz, quien ha asegurado que "el sitio más seguro" es permanecer dentro de las viviendas, alejándose de ventanas y cristales, siempre que no hayan tenido ningún tipo de incidencia.

La Junta va a convocar al comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico, una vez que avance la evaluación de la situación, para seguir tomando medidas de precaución, autoprotección y prevención.

Sanz, que esta mañana se encontraba en Almonte (Huelva) desde donde atendió a los medios y que ha pedido a la ciudadanía que se informe por canales oficiales para evitar bulos, se desplazará para visitar las zonas afectadas y evaluar daños hasta Granada, donde prevé hacer esta tarde una evaluación más definitiva.

También han cerrado de manera temporal los museos de Granada y la Alhambra, que ha activado su protocolo para analizar si los terremotos han tenido algún impacto en uno de los recintos monumentales más visitados de España.

El centro comercial Nevada de Armilla, uno de los más grandes de España, ha desalojado a usuarios y trabajadores por el impacto de los terremotos de la jornada y, como medida preventiva, ha concentrado a los empleados de los comercios en el aparcamiento al aire libre.

La Guardia Civil ha desplegado efectivos en las zonas afectadas por los movimientos sísmicos para atender las incidencias que puedan producirse y colaborar con el resto de los servicios de emergencia.

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental continúa por su parte con la atención psicológica a los afectados por los terremotos de Granada, un servicio gratuito que ha recibido ya más de medio centenar de llamadas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante estos terremotos y ha recordado que los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona.

"Es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado a través de su cuenta de la red social X.

Granada trata de recuperar la normalidad este lunes mientras continúan las inspecciones de edificios y las réplicas del terremoto que sacudió la provincia en la madrugada del sábado. El Ayuntamiento de la capital ha recibido más de 800 solicitudes para revisar inmuebles y los Bomberos han realizado al menos 154 intervenciones, principalmente para comprobar el estado de elementos constructivos y retirar aquellos con riesgo de desprendimiento. Pese a los desperfectos, no se han registrado heridos ni daños estructurales generalizados.

El principal terremoto se produjo a las 1.04 horas del sábado 15 de agosto, con epicentro al noreste de Alhendín, en el área metropolitana de Granada. Aunque las primeras informaciones elevaron su magnitud hasta 5, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) la ha situado posteriormente en 4,8 Mw, con una intensidad máxima V-VI.

El movimiento despertó a miles de vecinos y se percibió mucho más allá de la provincia. Además de buena parte de Andalucía, llegó a sentirse en puntos de Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Durante las primeras horas, el 112 recibió centenares de comunicaciones por el terremoto y por daños como grietas, caída de cornisas, cascotes y muros.

El seísmo provocó desperfectos especialmente en edificios de Granada y de su área metropolitana. Las imágenes de cascotes sobre las calles, elementos desprendidos de fachadas y vehículos afectados se sucedieron durante la mañana del sábado. Los servicios de emergencia realizaron también evacuaciones preventivas de varias viviendas, entre ellas inmuebles de las zonas de Marqués de Mondéjar y Alhamar.

La Junta de Andalucía activó inicialmente la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, para reforzar la coordinación de los recursos movilizados. Posteriormente rebajó el dispositivo a la fase de preemergencia mientras continuaba la vigilancia de la actividad sísmica.

Dos días después del terremoto, buena parte de los esfuerzos se concentran en determinar el alcance real de los desperfectos. El Ayuntamiento de Granada ha recibido más de 800 solicitudes de inspección y mantiene desplegados a Bomberos, Policía Local, Protección Civil, técnicos municipales y profesionales de la arquitectura para comprobar el estado de los inmuebles.

Solo entre las 8.30 y las 18.00 horas del sábado, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento gestionó alrededor de 400 requerimientos y realizó 122 intervenciones. Desde la tarde de ese mismo día hasta las 8.00 horas del domingo recibió otros 150 requerimientos y llevó a cabo 32 actuaciones.

Las primeras evaluaciones ofrecen, sin embargo, un balance tranquilizador. La mayoría de los edificios inspeccionados ha respondido adecuadamente al movimiento y los desperfectos se concentran en elementos no estructurales: grietas y fisuras, revestimientos, falsos techos, tabiques o elementos de fachada.

Los equipos de emergencia continúan retirando elementos inestables que puedan desprenderse y priorizando aquellos avisos en los que existan indicios de daños estructurales. La Policía Local, por su parte, ha mantenido un dispositivo específico de seguimiento de las incidencias.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha pedido mantener la prudencia pese a la progresiva vuelta a la normalidad. “Granada está recuperando poco a poco la normalidad, pero no vamos a bajar la guardia”, aseguró este domingo.

El terremoto principal abrió una serie de decenas de movimientos sísmicos concentrados fundamentalmente en Granada y en municipios del sur de su área metropolitana. Solo durante el domingo, el IGN contabilizó más de una treintena de terremotos en la Vega granadina, la mayoría con magnitudes comprendidas entre 1,5 y 2,5.

El más intenso del domingo alcanzó una magnitud de 3,1 y se produjo a las 4.40 horas al noroeste de Armilla. Fue sentido en la propia localidad y en municipios próximos como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares. Otro terremoto de magnitud 2,8 registrado poco antes de las 6.30 tuvo su epicentro cerca de Ogíjares.

Los movimientos han continuado durante la madrugada de este lunes, aunque con una intensidad mucho menor. El IGN ha registrado un seísmo de magnitud 1,6 cerca de Cenes de la Vega a la 1.08 horas, otro de 1,5 en Ogíjares a las 4.05 y un tercero, también de 1,5, cerca de Huétor Vega a las 5.40. Los dos primeros llegaron a ser percibidos débilmente por la población.

La sucesión de réplicas ha mantenido la inquietud entre los vecinos durante todo el fin de semana, aunque hasta el momento ninguna ha provocado daños personales y las de mayor magnitud han quedado muy lejos de la fuerza del terremoto principal.

Una de las principales preocupaciones tras el terremoto fue el estado de la Alhambra. El Patronato decidió retrasar unas tres horas la apertura del conjunto monumental el sábado para permitir una inspección extraordinaria de palacios, murallas, jardines y demás estructuras.

Los técnicos especializados y los Bomberos no detectaron incidencias relevantes relacionadas con el terremoto, por lo que el monumento pudo abrir finalmente sus puertas a las 11.00 horas. Las revisiones preventivas han continuado desde entonces.

Andalucía avanza hacia las tesis negacionistas de la violencia de género en un contexto de emergencia nacional debido al repunte de feminicidios registrados este verano. La composición del gobierno regional deja en manos de la ultraderecha parte de las competencias en violencia machista, un extremo que preocupa especialmente teniendo en cuenta que es en la comunidad donde se ha concentrado la mayoría de los últimos crímenes mortales.

En este contexto, el Ministerio de Igualdad anunció este mismo lunes que en septiembre celebrará su próximo comité de crisis en suelo andaluz. Según explican fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, el objetivo pasa por llevar esta herramienta a "los territorios más afectados por la violencia de género y poder seguir coordinando el análisis y la respuesta entre todas las administraciones y organismos involucrados en la prevención y la atención de las víctimas".

Andalucía registra, en lo que va de año, el 27,8% del total de víctimas mortales de todo el territorio nacional, diez puntos por encima de su peso poblacional. Son diez las mujeres asesinadas en el territorio. El 60% de ellas perdieron la vida en Málaga. "Ante la preocupación por estas cifras, el Ministerio de Igualdad ha decidido trasladar allí el comité de crisis, a la espera también de cerrar la reunión solicitada con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla", señalan las mismas fuentes.

El ministerio pretende no solo abordar una situación de clara emergencia, sino además examinar la cesión de competencias sobre violencia machista a Vox. "Nos preocupan las cifras de Andalucía y el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas en manos de la ultraderecha", asienten desde el ministerio. 

Lo cierto es que Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayores tasas acumuladas de crímenes machistas. En la serie histórica (2003-2025), la región registra una tasa de 80,7 muertes por cada millón de mujeres, solo por detrás de Illes Balears (89,8), Canarias (93,9), Ceuta (96) y Melilla (168). 

Es, hasta el momento, el territorio con un mayor número de asesinatos machistas: 291 de un total de 1.377. En lo que va de año, son diez las mujeres asesinadas, pero el año anterior también rozó máximos, con 15 feminicidios. Además, el mayor número de casos registrados en una comunidad en un solo año se dio en 2006, también en Andalucía, con 21 casos.

Si bien las razones que sitúan a una comunidad u otra entre las más peligrosas en términos de violencia machista son multifactoriales, lo cierto es que el acceso a recursos y una red sólida en lo que respecta a la prevención y la detección se entretejen como claves. En ese contexto, la ultraderecha mantiene intacto su rechazo explícito a las políticas públicas en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista, por lo que dejar en sus manos la gestión de los recursos destinados a las víctimas se presume, cuanto menos, peligroso. Vox defiende la derogación de la ley estatal contra la violencia de género, la supresión de los juzgados especializados y rechaza el pacto estatal que despliega medidas claves para las mujeres.

Igualdad ha expresado su "profunda preocupación" ante esta situación y considera que ceder las competencias judiciales a Manuel Gavira (Vox) es una decisión de "enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso" de la región en su lucha contra la violencia y el "consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres".

La escalada de violencia que ha tenido lugar en las últimas semanas sucede precisamente en la época más peligrosa para las mujeres: los meses de verano. Las dos mujeres asesinadas en agosto se suman a otras ocho víctimas mortales que deja tras de sí julio. Según las cifras oficiales, julio es el mes con más feminicidios registrados en toda la serie histórica (147), seguido de junio (128) y agosto (122). El verano concentra un tercio de todos los crímenes machistas. 

Pasar periodos largos de convivencia en el caso de las parejas o perder el control sobre la víctima en el caso de las exparejas son factores de riesgo que extreman la violencia que sufren las mujeres, según han podido constatar los especialistas. El estudio Olas de calor y riesgo de la violencia de género, publicado en 2018 por el Instituto de Salud Carlos III, concluye que "tres días después de que se produzca una ola de calor en Madrid el riesgo de feminicidio aumenta un 40%". 

"El riesgo de sufrir violencia de género aumenta en períodos vacacionales. Alertar, informar y denunciar es un asunto público y un deber de la ciudadanía que salva vidas", advierte en sus redes sociales la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El pasado mes de julio, Juanma Moreno fue reelegido presidente de la Junta de Andalucía por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras firmar los dos partidos un acuerdo de gobierno.

El acuerdo ha permitido la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, con una consejería con rango de vicepresidencia, la de Manuel Gavira, actual vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Este martes, varios medios se han hecho eco de que será Gavira, como consejero de Justicia, el encargado de gestionar las competencias relativas a violencia de género relacionadas de forma directa con la propia administración.

Esta decisión quedó recogida en el decreto que se publicó el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El escrito habla de la creación de las vicepresidencias y la reestructuración de las consejerías. Pero no fue hasta el 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó los decretos que desgranan las competencias de cada área.

Además de hacerse cargo de las llamadas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Gavira se ocupará de cuestiones relacionadas con justicia, mediación y solución de controversias.

Asimismo, también ostenta competencias en cuanto a notariado y registros públicos, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; atención a las víctimas de terrorismo y víctimas de delitos y se responsabiliza de las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Las críticas a esta noticia no han tardado en llegar por parte del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, ha pedido a Moreno que rectifique: “Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea”.

A través de las redes sociales, la también socialista Olga Manzano ha suscrito las palabras de Férriz: “Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hecho hincapié en el “peligro e irresponsabilidad” de la decisión: “No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas”.

A todos ellos se ha sumado Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, en un mensaje en la red social X: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista”.

Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de Por Andalucía, ha subrayado “que acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable”, calificando esta decisión de “irresponsable”.

Para mucha gente puede parecer algo menor o muy subjetivo, pero hoy el 39,6% de las mujeres tienen miedo al caminar solas por las calles, en gran medida por la violencia que ejercen los hombres (CIS, marzo 2026), y otras muchas sienten ese mismo miedo en sus casas por la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres, concretamente el 57,3%, ya ha vivido alguna forma de este tipo de violencia dentro o fuera de la pareja (Macroencuesta 2019), pero todas la han sufrido porque el objetivo de la violencia de género no es solo dañar, lo hace y mucho, sino aleccionar a cada una de las mujeres para marcarles el territorio y los comportamientos que el modelo cultural androcéntrico decide. Por eso tenemos expresiones totalmente integradas como, “estos no son sitios para una mujer”, o “estas no son hora para una mujer”, “mi marido me pega lo normal”, “mi pareja no me ha pegado nunca, claro que yo tampoco le he dado motivo”… expresiones que reflejan la normalidad y la connivencia social con esa violencia, algo imposible para cualquier otra manifestación violenta.

Por eso la verdadera prioridad para las mujeres es poder vivir una vida en paz y sin violencia, sin que para lograrlo tengan que someterse al dictado del hombre de turno que lo permita.

Y esa convivencia con la violencia también está en la política y en las acciones de gobierno, y lo está de forma vergonzante y responsable en algunos escenarios. En los cuatro últimos pactos de gobierno entre PP y Vox se han creado consejerías y viceconsejerías de “desregulación”, para acabar con lo que desde sus mentes inmaculadas denominan “leyes ideológicas”, entre ellas las normas contra la violencia de género.

Empezaron negándola y ahora, como dicen que no existe, actúan en consecuencia y pretenden quitar las leyes dirigidas a algo que no forma parte de la realidad. Pura lógica machista.

El problema es que sí existe, que cada año asesinan de media a 58 mujeres, que solo se denuncia un 9 % de todos los casos, que cada día maltratan a 6.759 mujeres (Macroencuesta 2024), y que en los hogares donde se produce esta violencia viven alrededor de 1.700.000 niños y niñas que también la sufren.

El último de esos pactos de la vergüenza que habla de “prioridad nacional” y posterga la violencia contra las mujeres, ha sido en Andalucía, una comunidad autónoma en la que durante los meses que se preparaban las elecciones, después se negociaba el pacto y finalmente se aprobó, han asesinado a 10 mujeres, el 31,2% de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, cuando la población andaluza representa el 17,6 % de la población nacional.

Pero no solo es un problema de este año. En los cinco años previos a la llegada del PP al gobierno de la Junta de Andalucía (2014-2018), la media de mujeres asesinadas en nuestra comunidad fue de 9,8, y representaba el 18,4% de todos los homicidios por violencia de género, que en España y para esos años fueron 53,2. En los cinco años siguientes (2019-2024), el número de mujeres asesinadas ha sido de 11,7, lo cual significa un aumento del 19,4%, mientras que en España el número de homicidios en el mismo periodo ha sido de 52, es decir, un descenso del 2,2%.

Algo no se está haciendo bien en Andalucía cuando en los periodos de tiempo considerados los homicidios por violencia de género disminuyen en España y aumentan en Andalucía. Y este 2026 hasta el mes de julio la situación, tal y como hemos adelantado, es más grave con esos 10 homicidios representando el 31,2% de todos los homicidios por violencia de género cometidos en España.

Y si ya preocupa el resultado también lo hace la situación social que da lugar al mismo. Según el barómetro del CIS, la media de población que considera la violencia de género entre los problemas principales en España en 2026, con 32 mujeres asesinadas, es del 0,5%. Pero en Andalucía la situación es más preocupante cuando el Barómetro andaluz de marzo de 2026 recoge que el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales es el 0%.

La violencia contra las mujeres está presente, pero sin política, sin medidas y sin recursos no se acabará con ella. Y con vicepresidencias de desregulación y negacionismo mucho menos, salvo que lo que se pretenda es llegar a la situación anterior a 2003 donde no había datos ni estadísticas, y se tomaba lo invisible por inexistente.

Ya escribí que lo de la “prioridad nacional” en verdad significaba “los hombres primero”, y parece que es lo que intentan. Pero si esa es la estrategia que sepan que la sociedad no lo va a permitir, y que continuará trabajando y avanzando bajo la prioridad vital de las mujeres hasta la erradicación de la violencia que sufren.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El control de superpoblación de ciertas especies es un problema que trae de cabeza a muchos ayuntamientos, pero también a asociaciones ecologistas. Para atajarlo, suelen utilizarse métodos que suscitan gran polémica. Un ejemplo: en Madrid se permitió a empleados municipales matar a perdigones a las cotorras argentinas, especie invasora en la capital, calificándolo de medida “excepcional”.

En Andalucía, la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) ha difundido unas imágenes en las que se puede ver a ejemplares de jabalí deambulando por zonas urbanas con flechas clavadas.

“Estos hechos, registrados en municipios donde se realizan controles poblacionales mediante arco y flecha –especialmente en localidades costeras y de gran afluencia turística–, evidencian que algunos animales alcanzados no mueren de forma inmediata y continúan desplazándose con heridas de gran gravedad, permaneciendo visibles para la ciudadanía durante un tiempo antes de ser localizados o fallecer”, lamentan.

“Este tipo de actuaciones suscitan serias dudas desde el punto de vista del bienestar animal. Cuando un disparo con flecha no produce una muerte instantánea, el animal puede sufrir durante un periodo prolongado, circunstancia incompatible con los principios de minimización del sufrimiento que deben regir cualquier actuación de control de fauna silvestre”, critican.

“A esta preocupación se suma el importante impacto social que provocan estas escenas. La presencia de jabalíes heridos atravesando calles, caminos o espacios públicos genera una comprensible alarma entre la población y proyecta una imagen muy negativa de los municipios donde ocurren estos hechos”, agregan.

La práctica de esta cruel forma de controlar a esta especie ha sido denunciada en otras zonas de la península, como en San Sebastián de los Reyes (Madrid) o en Vitoria (Álava). 

Ya en 2019, el Partido Animalista PACMA presentó un escrito al Ayuntamiento de la capital vasca reclamando que anulase la autorización de cazar jabalíes con arcos y flechas y proponiendo al Consistorio otros métodos: la reubicación de los animales en lugares seguros para ellos o programas de control de natalidad.

El jabalí es uno de los animales que más abunda en la península ibérica, y su presencia en España crece año a año. Según ENETWILD –proyecto financiado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que recopila datos sobre la fauna silvestre y estudia sus enfermedades–, este animal se encuentra presente en el 95% del territorio nacional, llegándose a contar aproximadamente 2,4 millones de jabalíes. 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la distribución de áreas de mayor densidad de esta especie responde principalmente al noreste de la península, en especial a las provincias de Girona y Barcelona, pero también a Tarragona, Huesca y Valencia. 

Desde 2014, el Gobierno ha puesto el foco en la necesidad de llevar a cabo un control de esta población por la incidencia de la peste porcina africana (PPA) en Europa, que saltó a España con un importante foco en noviembre de 2025 en Cataluña.

“El número de jabalíes cazados por temporada de caza refleja la tendencia de la población. En el conjunto de España, se ha observado en los últimos 40 años un fuerte crecimiento del número de jabalíes. Además, el incremento anual se ha ido acelerando”, apuntaba el Ministerio en su Plan Nacional de Gestión a medio/largo plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres para reducir el riesgo de entrada y difusión del virus de la peste porcina africana en España (modificado en 2024).

En declaraciones a infoLibre, ASANDA explica que la autorización de caza con arco en cotos la realizan tanto la Junta de Andalucía como los titulares de estas zonas de caza, comunicándolo de forma privada a los participantes de cacerías. 

Sin embargo, esta permisividad se ha extendido fuera de estos cotos debido a la irrupción de ejemplares de jabalí en entornos urbanos. “Aunque es una práctica tradicional en cotos, su aplicación para el control de jabalíes en terrenos no cinegéticos y entornos urbanos consta desde 2024. Puede autorizarse en todo el territorio”, comentan.

La Junta de Andalucía, en su Resolución de 26 de mayo de 2026, conjunta de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge el por qué del uso del arco.

“Los terrenos urbanos y los terrenos rústicos parcialmente ocupados por edificaciones que no permiten el empleo de un arma de fuego no tienen la consideración de terrenos no cinegéticos de los contemplados en la presente resolución, que se refiere únicamente a terrenos rústicos en el medio natural no urbanizados y no incluidos en ningún terreno cinegético. Los terrenos urbanos y rústicos urbanizados no ordenados son competencia de la Autoridad municipal, a los que se deberán dirigir los interesados en obtener autorización para el control de poblaciones de suidos”, informa. 

“Las autoridades municipales utilizarán o tramitarán el procedimiento de autorización para el uso de capturaderos y la retirada de los ejemplares capturados de acuerdo con los preceptos establecidos en materia de protección de los derechos y bienestar de los animales y de sanidad animal. Asimismo, el uso de arco supeditado al cumplimiento de los preceptos establecidos en materia de armas, así como el uso de dardos anestésicos para sedación y posterior eutanasia de estos ejemplares”, añade. 

El Ministerio de Agricultura recoge en su Plan Nacional la caza con arco como un “método complementario a la caza”, destacando que “ha dado buenos resultados en zonas periurbanas de algunas CCAA”.

Si bien el Gobierno andaluz recoge la posibilidad del uso de dardos anestésicos, el método a emplear queda en manos de los ayuntamientos. ASANDA comenta a infoLibre el caso de Málaga, que en 2024 adjudicó un contrato para el control de jabalíes con arqueros especializados por unos 13.500 euros.

“Tras las protestas de colectivos animalistas y reuniones con el Ayuntamiento, este anunció que modificaría el protocolo para usar dardos anestésicos, dejando el arco solo como alternativa secundaria. Posteriormente, el Ayuntamiento volvió a licitar un contrato para el control en zonas urbanas. La revisión de los protocolos solicitada nunca ha recibido respuesta”, señalan.

Por otro lado, exponen el caso de Mijas, donde existen referencias públicas sobre la contratación de arqueros para urbanizaciones sitas en la Costa del Sol, tal y como se hizo en la Comunidad de Madrid en 2021 para eliminar a los ejemplares que se colaban en la Urbanización Ciudalcampo, una de las más acaudaladas de España.

“Aunque en el perfil del contratante consta oficialmente el ‘Servicio de captura en vivo mediante capturaderos’, la contratación específica de arqueros parece haberse tramitado por otra vía no evidente”, agregan.

¿Cómo abordar de raíz este problema sin causar daño a los ejemplares? Una de las propuestas de ASANDA sería prohibir las sueltas de jabalíes: “No volver a autorizar la suelta de jabalíes desde granjas cinegéticas para repoblar cotos, una práctica habitual hasta los años 90 donde, además, se cruzaban con cerdos. Estos híbridos carecen de miedo al ser humano y agravan la situación actual”.

Asimismo, piden evaluar la reintroducción de depredadores naturales como el lobo, algo que se ha realizado en la Comunidad de Madrid para controlar la superpoblación de conejos, valiéndose de aves de cetrería para ello.

Por último, hacen hincapié desde ASANDA en mejorar el control de los residuos urbanos para evitar que los jabalíes se vean atraídos y dejen de buscar alimento en su hábitat natural. 

Aunque a Pive Amador (José Amador Gemio, Sevilla, 1950) se le conozca por su labor musical (ha sido mánager de Kiko Veneno, Imán o Silvio Rodríguez Melgarejo; y ha trabajado con Ricardo Pachón —productor de, entre otros discos, de Nuevo día de Lole y Manuel, Veneno y La leyenda del tiempo–), también ejerció de fotógrafo. Al menos, durante la década que va de finales de los sesenta hasta 1978.

Esta carrera concisa se expone, hasta finales de septiembre, en la Sala Atín Aya de Sevilla bajo el título de Maquinaciones para un decenio (Años 70, siglo XX). Comisariada por Fran G. Matute y dispuesta a lo largo de las tres plantas con las que cuenta el espacio, la muestra comienza con una serie de imágenes dominadas por contrastes ocurrentes: una procesión de Semana Santa (con su bulla) que discurre bajo la atenta mirada de unos carteles de King Kong; la Giralda, siempre espléndida, vista desde un derribo; o un paso de palio que avanza sobre un cartel procaz de "Vaqueros Pivot, para hacer locuras".

Las imágenes, plásticamente atractivas e ingeniosamente compuestas, parecen abundar en esa idea tan andaluza del palimpsesto: una sociedad constituida por innumerables capas y borrones; por estratos tan acostumbrados al choque de potencias enfrentadas (lo sacro y lo profano, lo erudito y lo popular, suma y sigue) que ya ni se inmutan ante la contradicción.

Estas estampas populares fruto del hallazgo (por ejemplo, algunas imágenes de la peregrinación al Rocío, donde unos romeros bailan junto a otros que han desfallecido sobre la hierba) conviven con otras más premeditadas, como la serie Miles gloriosus (1971), realizada durante el servicio militar en Cerro Muriano (Córdoba), donde las instantáneas más documentalistas conviven con reclutas posando de manera afectada. También, los hermosos retratos de los internos del psiquiátrico de Miraflores (Miraflores, 1978), que se dejan fotografiar de espaldas al escenario armado con sábanas y hojas de palmera que serviría para el festival solidario Sala Tapia, organizado por Amador y Pachón.

En las siguientes salas se combinan algunas de sus series más reconocibles con elementos de sus otras producciones culturales, como los pasquines Palanca, órgano oficial del PQRSTU, el Partido Quimérico Revolucionario Sevillano de los Tarados Universales, cuyo programa electoral se sustanciaba en la defensa de "el cuelgue". Decía "reconocibles" porque algunas de ellas forman parte de las colecciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Reina Sofía, como la serie Caretas (1971), protagonizada por las aventuras de dos máscaras de papel —de indio o de egipcio con tocado— que van saltando por distintos elementos de la casa (la cama, el perchero, sus inquilinos).

Aún con su carácter lúdico, la serie convive con otros trabajos en los que la problematización de la identidad se hace patente, ya sea la sexual (Terapia travesti, 1975) o la política (Materialismo dialéctico, 1970; en la que una joven pertrechada con un culote deja caer el retrato de Lenin con el que se tapaba el pecho).

Sin duda, muchos de estos trabajos juveniles tienen más disparate (a lo goyesco) y tentativa que solidez. Sucede igual en lo puramente plástico, donde encontramos collages ingeniosos, aunque algo elementales; o composiciones de airecillo surrealista (como el encuentro inesperado entre una silla y un sujetador —qué inquietantes son siempre las ropas vacías— o una bandera que se rasga al engancharse entre los piñones de una bicicleta) un tanto sabidas para la época. La liviandad, con todo, le conviene, porque libra a las imágenes del alcanfor de la gravitas y las mantiene, aún, ocurrentes y desenfadadas para el ojo contemporáneo.

Pienso que, puestos a experimentar, mejor de joven que de talludito: quien a la vejez le da por abandonar la claqueta y entregarse al pintureo o al recorte suele acabar trasquilado.

Solo han pasado tres semanas desde que Juanma Moreno fue investido por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía, y ya ha tenido que lidiar con más de un “incendio”, tanto en el sentido literal como en el figurado. La coalición con Vox, a la que Moreno accedió sin demasiadas resistencias después de perder la mayoría absoluta, no solo ha incorporado a la extrema derecha al Consejo de Gobierno, sino que también ha introducido en la Junta un foco permanente de contestación interna que pone a prueba la capacidad del presidente para dirigir a su propio socio.

Moreno había reconocido que su preferencia era gobernar en solitario, pero no lo consiguió. La formación de Santiago Abascal rechazó desde un primer momento facilitar su investidura sin un acuerdo pese a que el candidato del PP solo necesitaba dos votos y exigió una vicepresidencia, competencias de gestión, capacidad para realizar nombramientos y una plataforma institucional desde la que defender su agenda, como ya había hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente andaluz aceptó esas condiciones tras una primera votación fallida. Desde entonces, cada conflicto protagonizado por Vox ha dejado de ser un problema externo para convertirse en uno interno, del que Moreno ya no puede marcar distancias. La formación de Abascal necesita demostrar que su entrada en San Telmo no ha servido para acomodarse al PP, sino para corregirlo. Así, trata de presentar cada cesión como una victoria propia, mantiene activas sus guerras ideológicas y conserva la libertad de criticar cualquier decisión que considere demasiado “moderada”.

La coalición empezó a caminar bajo el impacto de una tragedia. El día previsto para la toma de posesión de los nuevos consejeros, Andalucía amaneció golpeada por el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. Moreno se desplazó al puesto de mando avanzado instalado en el municipio de Turre y señaló que el cambio climático estaba influyendo de manera importante en la violencia de los incendios “cada vez más complejos”, distintos de los conocidos hasta ahora y en ocasiones casi “inabordables”. Su diagnóstico se aproximó más al expresado sobre el terreno por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al defendido por el nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El dirigente de Vox respondió pocos días después en una entrevista en El Debate. Se declaró “harto” de los políticos que recurren al cambio climático para “eludir sus responsabilidades” cuando se producen catástrofes. Sus palabras estaban dirigidas contra Sánchez, pero alcanzaban también a Moreno, que había utilizado prácticamente el mismo argumento. Este lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, secundó esa idea y, aunque señaló que el cambio climático es una realidad, puso en duda que sea culpa “de la acción del hombre”.

Una discrepancia que pone en solfa la coherencia del acuerdo de coalición. Moreno admite que el cambio climático intensifica los fenómenos extremos, mientras que el programa pactado con Vox propone eliminar impuestos ecológicos, rechaza las zonas de bajas emisiones y describe determinadas políticas ambientales como imposiciones ideológicas. El episodio mostró además que Gavira no considera necesario proteger la autoridad del presidente andaluz y que sigue actuando como portavoz de Vox.

Los incendios también han estado muy presentes en la audiencia del presidente andaluz con el rey Felipe VI este martes en la Zarzuela. Según Moreno, el monarca se mostró “preocupado por la situación de las altas temperaturas, estas olas de calor cada vez más largas, más extensas, más intensivas”. Y ese punto fue el protagonista del encuentro mantenido. En Vox no han entrado a valorar esas declaraciones, pero han dejado claro que no comparten el mismo punto de vista.

El segundo ‘incendio’ llegó en la primera hornada de nombramientos. Gavira eligió como viceconsejero de su macrodepartamento con competencias sobre Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local a Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, antiguo rector de la Universidad CEU San Pablo (de financiación privada) y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Un currículum que se completa con el hecho de que Sánchez Saus formó parte durante la Transición del consejo nacional de Falange Española y aspiró a dirigir la organización.

Aunque Sánchez Saus ha situado aquella militancia en el pasado y ha relegado aquella etapa a su “memoria sentimental”, su incorporación al Ejecutivo andaluz provocó críticas de la oposición y una visible incomodidad en el PP. Otros dirigentes de la formación ultra, como el eurodiputado y jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, consideran perfectamente normal ese pasado, ya que él mismo se presentó en 1995 en una candidatura de Falange Española de las JONS y en las elecciones generales de 1996 fue candidato por Barcelona de Falange Auténtica.

Pero el conflicto no se explica solo por su etapa falangista. Sánchez Saus lleva años vinculado al entorno intelectual de Vox, ha cuestionado el Estado autonómico y ha combatido la interpretación de Al-Ándalus como espacio histórico de convivencia cultural. Además de mostrarse crítico con el modelo autonómico, ocupa el segundo puesto de una consejería responsable, entre otras materias, del turismo y de la proyección exterior de una comunidad que utiliza el legado andalusí como uno de sus principales activos culturales.

A esto se le suma la elección de Álvaro Zancajo como senador autonómico. El actual responsable de comunicación de Santiago Abascal forma parte del Consejo de Administración de la RTVA y está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El organismo examina si su actividad orgánica para Vox resulta compatible con el régimen de dedicación de su puesto en la radiotelevisión pública. 

La formación de extrema derecha defiende que no existe incompatibilidad porque Zancajo no cobra por su trabajo para el partido ya que recibe 60.000 euros brutos al año por su puesto en Canal Sur, pero evita aclarar si seguirá ejerciendo sus labores de director de comunicación una vez sea designado. La ley electoral (LOREG) establece que diputados y senadores ejercen con “dedicación absoluta” y prohíbe, como regla general, desempeñar simultáneamente otra actividad pública o privada remunerada. La formación ultra podría recurrir, de nuevo, al argumento de que Zancajo no cobra por llevar la comunicación del partido, pero difícilmente puede justificar que ofrezca “dedicación absoluta” al Senado si mantiene los dos cargos.

El hecho de que el expresentador de televisión pueda tener un asiento en la Cámara Alta se debe a que el PP cedió a su socio uno de los cinco senadores autonómicos que inicialmente le correspondían por los resultados electorales. Gracias a esa concesión, Vox ha dispuesto de dos puestos y ha podido utilizar uno de ellos para impulsar la carrera institucional de Zancajo en plena investigación sobre Canal Sur. La misma televisión que Vox ha calificado durante años como una administración prescindible y que ha terminado utilizando como espacio para colocar perfiles propios.

El presidente andaluz trató de presentar la coalición como un Gobierno procedente de dos partidos, pero sometido a una única dirección. Los primeros pasos del Ejecutivo cuestionan esa promesa, ya que Vox ha entrado en la Junta sin renunciar a comportarse como una oposición interna. Moreno, por el contrario, ha perdido la posibilidad de tratar sus polémicas como excesos de una fuerza ajena.

El presidente se enfrenta ahora a decisiones que siempre entrañarán un coste. Si obliga a Vox a retirar un nombramiento, puede desencadenar una crisis y dar una imagen de subordinación o de inestabilidad, todo lo contrario de la “vía andaluza” que había vendido todos estos años y con la que confiaba en librarse de los “líos” de Vox, tal y como señaló en campaña.

La disputa por la autoridad que empieza a manifestarse en Andalucía no es excepcional. En otras autonomías donde PP y Vox han vuelto a compartir el poder aparece la misma dificultad, aunque todavía no se haya producido una sucesión de polémicas tan visible. En todas las autonomías en las que ha habido pacto Vox ha presentado la “prioridad nacional” incluida en el acuerdo como una preferencia para los españoles en el acceso a ayudas, vivienda y servicios públicos. El PP, en cambio, lo ha limitado al arraigo, la igualdad y el respeto a la legalidad. 

Vox ha propuesto como senador autonómico por Andalucía a Álvaro Zancajo, actual coordinador nacional de Comunicación del partido y miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), pese a que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción investiga una posible incompatibilidad entre ambos cargos.

La investigación se abrió después de que Antifraude admitiera a trámite una denuncia de Adelante Andalucía, que acusa al periodista de trabajar para el partido de Santiago Abascal mientras percibe alrededor de 60.000 euros anuales por su puesto en el órgano de administración de la radiotelevisión pública andaluza. El cargo en la RTVA exige una dedicación “absoluta y exclusiva”, según la denuncia.

Zancajo ha declarado en el documento con el que Vox ha formalizado su candidatura que cumple los requisitos exigidos y que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”. La apertura de la investigación no implica una condena, pero mantiene abierta la controversia sobre la compatibilidad de sus funciones dentro del partido con su pertenencia al Consejo de Administración de Canal Sur.

Vox contará con dos representantes en el Senado gracias al acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP en Andalucía. Los resultados electorales otorgaban cinco senadores autonómicos a los populares, pero estos han cedido uno a la formación de extrema derecha. Además de Zancajo, será designada María Auxiliadora Pastor, directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Por parte del PP, los representantes serán el secretario general del grupo popular en el Senado, Javier Arenas; los exdiputados andaluces Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez; y el hasta ahora presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Arenas repetirá como senador autonómico, mientras que Oblaré, Pérez y Aguirre se estrenarán en la Cámara Alta.

La marcha de Aguirre de la Presidencia del Parlamento forma parte también de los cambios derivados del pacto entre PP y Vox. Su cargo recaerá en la actual vicepresidenta primera, Ana Mestre, mientras que Vox pasará a ocupar una Vicepresidencia de la Cámara, que asumirá Beatriz Sánchez.

Los nuevos senadores serán designados formalmente el próximo jueves 23 de julio durante una sesión plenaria del Parlamento andaluz. En ese mismo pleno está prevista la comparecencia del vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, para informar sobre el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó trece muertos y arrasó unas 7.000 hectáreas.

El pacto de gobierno entre PP y Vox se ha hecho contra Andalucía, y ha permitido que una ultraderecha acostumbrada a ir a caballo, como los antiguos señoritos de nuestra tierra, ataque a los elementos y referencias que nos definen.

La ultraderecha está en todos los sitios, pero no es de ningún lugar, de ahí que sus mensajes sean los mismos con independencia de dónde los lancen. Por eso repite lo de “extranjeros fuera” y lo de “prioridad nacional” en cualquier sitio, da igual que sea en diferentes comunidades autónomas o en distintos países. Su mensaje es muy simple y nada novedoso, ya lo escuchaba en mi infancia cuando decían lo de “los niños con los niños y las niñas con las niñas”, “España para los españoles”, “los hombres a trabajar y las mujeres a cocinar”… siempre con esa simpleza cargada de valores androcéntricos.

Ahora vuelven a las andadas y, también en Andalucía, han impuesto su “prioridad nacional”, pero aquí lo hacen con el añadido de ir en contra de unos valores tan propios de nuestra tierra que han sido llevados a un himno que dice:

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea para Andalucía libre,

España y la humanidad!

Aceptar la "prioridad nacional" es una traición a la esencia de Andalucía y a la historia que se ha desarrollado bajo sus valores. Hasta me temo que para evitar el conflicto con el himno propongan cambiarlo, y que diga:

¡Sea para Andalucía primero,

España después y luego, si acaso, la humanidad!

Hagan lo que hagan, sea un cambio en el himno o el desarrollo de las políticas que recogen en su pacto traidor con nuestra identidad, lo que no van a conseguir es cambiar a Andalucía ni a su gente.

El andalucismo siempre ha sido universalista para salir cuando lo hemos necesitado, y para recibir cuando a otros les ha hecho falta. Nuestra identidad no es genética ni territorial, está construida entre un conjunto de identidades de las que nos sentimos parte porque nos han acompañado en el tiempo, unas veces han convivido a nuestro lado y se han integrado, y otras se han relacionado desde diferentes tierras contribuyendo a nuestra identidad desde el contraste como diferencia, no como rechazo. Por eso son muchas las identidades que han tenido reflejo en nuestra identidad andaluza desde siempre. No necesitamos una nación, ya lo somos, las fronteras solo definen un territorio que es más un accidente de la geografía de la historia que una verdad, y nunca es el que define la identidad ni conforma una nación.

El sujeto político en Andalucía no se afirma contra otros, sino junto a ellos, de ahí que no hayamos necesitado palabras como “maqueto” o “charnego”, porque aquí en Andalucía el que era andaluz era andaluz, y el que no lo era estaba en Andalucía, y eso era suficiente para tratarlo como uno más atendiendo a sus circunstancias.

Pero lo que más sorprende de toda esta situación es que el pacto lo hayan firmado los mismos partidos que critican que el Gobierno de la nación haya pactado con separatistas y bajo la idea de que iban a acabar con España. Después de tres años de esos pactos con nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, España sigue íntegra y ninguno de los partidos separatistas ha pedido romper con los elementos que definen la identidad española. Sin embargo, el pacto PP-Vox ataca la identidad universalista de Andalucía, e intenta romper con los valores e ideas que históricamente la han definido, tanto que han quedado plasmadas en nuestro himno a la convivencia de Andalucía, España y la humanidad.

Quienes quieren que Andalucía no sea libre para convivir y expresarse como históricamente lo ha hecho son los que no aman nuestra tierra ni respetan a su gente, los mismos que quieren dividirnos bajo la idea de una tierra prometida que siempre es más promesa que territorio. No se puede imponer una forma de ser diferente a la que se es cuando esta es consecuencia de la libertad alcanzada al ir superando las injusticias históricas que la impedían.

Los que buscan el pasado como destino se han equivocado en Andalucía con la prioridad nacional, porque en Andalucía siempre ha sido la convivencia la que nos ha definido y la que seguirá haciéndolo. Si ese retroceso es lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, desarrolla en su “Manual de convivencia” y lo que entiende por la “vía andaluza”, veo que en verdad se parece mucho a la “vía extremeña”, a la “aragonesa” y a la “castellano-leonesa”, y que su libro más bien es un “manual de connivencia” con la ultraderecha que una referencia para vivir en paz y en igualdad.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El lenguaje es un ente dinámico, vivo, capaz de evolucionar, morir… y hasta matar. La lengua es una herramienta imprescindible susceptible de ser utilizada como arma para causar daños y muertes evitables. Es sintomático que la ideología libre sus batallas en el ámbito del lenguaje, como demuestra que la ideología católica hable de pecado por palabra, obra u omisión y que cualquier acto fallido de un político cualquiera se trate de solventar con el “se han tergiversado las palabras” (de los jueces, mejor no hablemos; toquemos madera).

La ideología dota de significados ajenos a muchos vocablos, como por ejemplo cáncer, sinónimo de fatalidad, desgracia o muerte. Otro tanto cabe decir de sanguijuela, como recoge la RAE: Persona que va poco a poco sacando a alguien el dinero, alhajas y otras cosas. O con garrapata, el diminuto parásito que se alimenta de la sangre de animales, incluido el hombre. A día de hoy, el cáncer se ha liberado de la carga luctuosa que mantuvo hasta anteayer. Los otros dos términos siguen vigentes para definir la actitud predadora de ciertas personas para quienes la codicia es la pulsión que prioriza sus instintos primarios.

Es habitual en la ideología conservadora utilizar el cáncer como arma para trasladar su sentido luctuoso, incluso demoniaco, a las políticas sociales o al rival que las defiende, sea político o no. Los casos más recientes y repugnantes son las mofas a Teresa Rodríguez por el pañuelo con que se protege de los efectos del cáncer, las amenazas de muerte y los deseos de recaída en el cáncer a Manu Sánchez y familia –ambos casos en las redes sociales– y la comparación con el cáncer de las bajas médicas laborales –ante cámaras y micrófonos– por Feijóo, siguiendo la senda de Garamendi y aplaudido por Ayuso.

El discurso de la patronal lleva a pensar en no pocos empresarios que actúan como garrapatas, extrayendo la sangre de los trabajadores a su cargo, en no pocos casos hasta causar la muerte de los sujetos parasitados 735 muertes por accidente laboral en 2025, 584 durante su jornada laboral y 151 en desplazamientos (accidentes in itinere). Algunos empresarios no se tapan para exigir la cultura del trabajo china (vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir) y otros repiten el modelo desastroso del amianto en la piedra artificial.

Las exigencias de estas garrapatas, atendidas y asumidas por las derechas, generan la proliferación de sanguijuelas alrededor de la sanidad convertida en negocio bajo el eufemismo de colaboración público-privada. Ejemplos: desde los pelotazos de Ábalos o el novio de Ayuso, pasando por la (¿buena?) gestión de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, pasando por el uso de reactivos caducados en análisis clínicos en el hospital de La Axarquía (Vélez–Málaga) o la reutilización de prótesis sanitarias de un sólo uso (Torrejón de Ardoz), hasta los pelotazos a Quirón y/o Ribera Salud por gobiernos autonómicos del PP.

La deriva de acercamiento del PP a Vox en el terreno de los bulos, la desinformación y el radicalismo neoliberal se traduce en distraer al pueblo de sus miserias presentando culpables asequibles a la violencia dialéctica del cuñadismo de bar o a la violencia física de manadas callejeras como son los extranjeros pobres, mujeres o personas con diversidad afectiva, confesional o ideológica. Mientras el pueblo distrae las hambres con estos colectivos, las garrapatas y las sanguijuelas tratan de chupar la última gota de sangre, de sudor y la última lágrima de esas criaturas que, con sus votos o sus abstenciones, convierten las citas electorales en aquelarres suicidas para el conjunto de la ciudadanía.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La democracia no es cuestión de fe, es materia laica, es más que un sistema de gobierno; es la forma acordada en la sociedad para convivir. La democracia representativa, la que tenemos, puede avanzar hacia formas participativas y deliberativas. 

Las creencias sí son cuestión de fe; las grandes religiones tienen varias ramas: el islam, suníes, chiíes, ibadistas, sufistas...; el cristianismo, católicos, ortodoxos, protestantes. En todo caso, entendemos y respetamos que las creencias entran en el ámbito personal. Nada que objetar, salvo si sus seguidores, excusándose en ellas, justifican alguna acción contra la democracia.

La democracia no tiene apellidos, ni ramas; no es dogma de fe, es cuestión de práctica. Está basada en el razonamiento, el diálogo, los derechos humanos y la acción pacífica.

En España asistimos a un intento de vaciarla de contenido y pudrirla. El ejemplo son los pactos realizados por la derecha, PP y Vox en Andalucía, tras los firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León; solo les ha faltado remedar a Lutero y clavarlos en las puertas de las sedes de la soberanía popular, el Congreso y los parlamentos autonómicos donde gobiernan. El pacto contenido en sesenta folios es lo más alejado de los principios democráticos. Léanlos, están en internet.

Todos tenemos unos valores de referencia, un código ético, digamos laico; podemos añadir también los códigos morales consecuencia de creencias religiosas. En ambos casos se pueden extraer conclusiones objetivas: una escala de valores coincidente con el sentido común, la armonía, solidaridad, respeto, la no violencia y otros valores que primarán sobre el egoísmo, intolerancia, miedo, violencia. 

Tal vez, como alguien me recuerda, todo merece un tiempo; creo que no es el caso, pues su contenido es impropio, indigno, infeccioso... Todas las palabras negativas con el prefijo in o im le son aplicables. Un texto infumable que algunos justificarán al amparo de sus creencias, como por ejemplo el humanismo cristiano. Dudo que los textos sagrados de cualquier religión justifiquen tal panfleto, en el que muchas partes del mismo invalidan el todo.

Al leer cada párrafo del acuerdo es fácil establecer el alcance positivo o negativo y, cada cual, como observador y con su capacidad de raciocinio, extraerá valores y consecuencias, próximas al sentido común o a la irracionalidad; sin necesidad de ningún gurú zurupeto, sabremos qué postura y actitud hemos de adoptar. 

Parece sencillo, ¿verdad? No lo es. La democracia requiere proactividad y atención para afrontar los tiempos que vienen, como poco incómodos. No tenemos vocación de mártires ni de agresores y de eso abusan; pero no estamos inermes, pues, como cantara Blas de Otero, “nos queda la palabra”. Recordamos que la democracia es obra del hombre; la palabra, también. Algunos pretenden apropiarse de todo.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

No hay duda de que lo que ocurrió en Los Gallardos (Almería) este jueves fue fruto de una combinación mortífera de meteorología con orografía. Calor y rachas muy fuertes de viento, combinados con poca humedad y vegetación abundante y seca ubicada en una zona de barrancos. El resultado de ese cóctel fue un incendio rápido, muy rápido, que cogió desprevenidos a docenas de vecinos, causando al menos 12 fallecidos. A estas condiciones, que no podían evitarse, se sumó un cuerpo de bomberos forestales lastrado por la falta de personal y de inversión de la Junta de Andalucía.

Sobre las condiciones físicas del incendio, Emilio del Pino, uno de los bomberos que trabajó durante toda la noche del jueves entre las llamas, describe un escenario extremo. "El fuego corría como nunca he visto en 34 años como bombero", asegura este profesional, que trabaja en una brigada de refuerzo y se desplaza a incendios de toda Andalucía. A esta voracidad se sumó que la zona está llena de ramblas con desniveles y recovecos, el típico escenario en el que las llamas saltan con facilidad, los helicópteros antiincendios tienen muchas dificultades para actuar y la maquinaria pesada, como los bulldozer, no pueden intervenir.

Del Pino también destaca la abundancia de cortijos desperdigados por el campo y la presencia de pequeñas urbanizaciones donde la población queda atrapada con facilidad. "Creo que pilló desprevenido a mucha gente. Nuestro trabajo durante la tarde del jueves fue, de hecho, proteger estas casas y aldeas", explica el forestal.

Todos los esfuerzos se centran ahora en controlar el incendio y encontrar a la veintena de desaparecidos. En general, dentro del cuerpo prefieren esperar para exigir responsabilidades por la catástrofe, pero algunos de estos bomberos no pueden dejar pasar que el INFOCA –el dispositivo antiincendios de la Junta de Andalucía– no estaba ni mucho menos preparado para esta temporada de incendios.

Todos los profesionales consultados coinciden en que los retenes –los grupos en los que se divide el cuerpo de intervención terrestre–, que deberían tener siete miembros, están trabajando con tres, cuatro o cinco personas. 

"Los compañeros que han estado en primera línea de Los Gallardos coinciden en que falta personal", afirma Jesús Gil, bombero forestal destinado en Almería y miembro del sindicato CGT. Según explica, si un retén debe tener un conductor de camión, que no siempre puede actuar, y un jefe de grupo que coordina, sufrir un déficit de dos o tres efectivos por la falta de inversión del Gobierno autonómico significa dejar al retén prácticamente sin manos. "Tenemos el INFOCA desmantelado", resume Gil.

También denuncia esta falta de personal el veterano Emilio del Pino, sindicalista de UGT. "Hay retenes que llegan a tener tres componentes de siete, y esos son directamente inoperativos y tienen que unirse a otras unidades. Todavía falta bastante personal", valora. El cuerpo debía estar al 100% el 1 de junio, cuando comienza la época de alto peligro de incendios del plan andaluz. 

La postura oficial de UGT Bomberos Forestales en Andalucía es que "la gestión del incendio ha sido adecuada y que la actuación está siendo sumamente rigurosa y profesional", pero que el cuerpo está incompleto y hacen falta refuerzos para hacer frente a incendios simultáneos en diferentes provincias. "Tendremos la oportunidad de abordar cualquier posible error más adelante", concluyen.

En este caso, el fuego de Almería ha coincidido con otro destacado en Benahavís (Málaga) y tres más pequeños en Sevilla, Córdoba y Huelva. "Venimos denunciando durante un tiempo la importancia de que el dispositivo INFOCA esté completamente operativo, cosa que actualmente no ocurre", subrayan desde el sindicato.

La denuncia de precariedad, que se repite en muchas otras comunidades autónomas, no es exclusiva de la provincia de Almería, sino que es extensible a toda la comunidad y viene de años atrás. Alejandro Yáñez, bombero de las brigadas helitransportadas del INFOCA, no ha acudido a Los Gallardos porque estaba esta semana en el fuego de Benahavís, pero también apunta a los mismo problemas en esa zona.

En Andalucía hay tres brigadas helitransportadas en total, cada una integrada por 11 efectivos, y esta semana cumplen el requisito. "Pero si me llegas a llamar hace mes y medio, cuando nosotros ya estábamos activados al 100%, teníamos un helicóptero con dos personas, otro con cinco y el mío con ocho", asegura Yáñez.

"Al final, todo suma. Hay tragedias que seguirían sucediendo con 20.000 bomberos, pero cuantas más manos, antes se resuelve. A veces es desesperante porque nosotros nos dejamos todo en el monte, pero simplemente no hay recambios para cuando acaba nuestro turno", añade.

Otro debate que se ha abierto este viernes es sobre la decisión de la Junta de Andalucía de no enviar en mensaje de alarma móvil ES-Alert a la zona afectada por las llamas cuando se supo del peligro que corrían los vecinos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, justificó la decisión en que "mandar un solo mensaje era generar confusión" porque, en función de la zona, unos afectados debían evacuar sus casas y otros refugiarse en ellas.

Los bomberos denuncian también la falta de medidas de prevención durante los meses de frío, como talar, podar o construir cortafuegos, ya que un 40% del cuerpo INFOCA se queda sin trabajo fuera de la temporada alta. En las inmediaciones de Los Gallardos, como en buena parte del país, el extremo calor de estos días ha secado el combustible en forma de pasto y matorral que brotó del suelo gracias a las intensas lluvias de este invierno. Según los mapas de riesgo de incendio forestal de Aemet, el municipio de Los Gallardos lleva desde el día 5 de junio en riesgo "extremo", la categoría más alta.

El PP sigue nadando en un mar de contradicciones. Esta semana ha tenido dos temas calientes. Por un lado, Andalucía con Juanma Moreno tragándose la prioridad nacional de Vox que durante la campaña electoral rechazó y metiéndose de lleno en "el lío" del que antes rehuía. Por el otro, el debate sobre la 'ley de nietos'. Feijóo no para de atacarla y la ha calificado de fábrica de votantes para el PSOE. Pero la hemeroteca no falla y es un buen espejo de sus contradicciones: durante una visita a Argentina hace años no dudó en defenderla. Y, aunque visto lo visto ahora parece que se les ha olvidado, también sacaba pecho por ella el propio PP. No ha faltado en este jaleo la presencia de Aznar, que se muestra a favor de la norma contradiciendo al líder del partido. 

Las redes se lo están pasando fenomenal analizando el baile de opiniones de la derecha y sacándole los colores a los de Génova. "Abascal ha ordenado eliminar las palabras ‘Andaluces, levantaos’ del himno porque le agobian", se cachondea ‪@wilma78.bsky.social, "Es más fácil que Feijóo cambie de opinión que que aprenda inglés" ironiza @SarahPerezSanta, "A partir de hoy ya mandan ‘los señoritos a caballo en Andalucía’ (Vox)", se lamenta @heydy.bsky.social.

El partido de España contra Suiza ha dejado lo que los tuiteros han valorado como "el meme" del Mundial. El protagonista es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, celebrando eufóricamente un gol de Oyarzábal, el tercero de la noche. Un meme que, además, está siendo antídoto contra los ataques racistas. "Esta imagen de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando el segundo gol de Oyarzábal, ha reventado el racistómetro. Quiere más a España este niño que todos los patriotas de pulserita de Vox y el PP juntos", valora @EgioVictor.

La orden de detención de Vito Quiles es otro tema que tiene las redes calentitas. Los usuarios han aprovechado para mofarse del agitador ultra con creaciones de lo más ocurrentes.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Juanma Moreno Bonilla ha sido investido presidente este jueves y vuelve al punto de partida. El dirigente que alcanzó el poder en 2018 gracias a la extrema derecha y que cuatro años después convirtió su mayoría absoluta en el símbolo de un PP capaz de gobernar sin depender de los ultras, ha abierto las puertas del Consejo de Gobierno a Vox por primera vez. Concretamente, el portavoz de la formación ultra, Manuel Gavira, ostentará una vicepresidencia y asumirá las competencias de turismo, desregulación, justicia y Administración local, aunque aún está por ver a través de cuántas consejerías. Una decisión que supone un cambio de etapa en Andalucía y consolida la estrategia de pactos impulsada por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en el nuevo ciclo electoral.

Moreno defendió ante los medios que el pacto responde al resultado electoral del 17M, que dejó al PP como fuerza preferida en más de 600 municipios, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. “Sin mayoría en los gobiernos lo que hay es desgobierno”, admitió. El acuerdo incluye un compromiso de estabilidad para toda la legislatura, la aprobación de los cuatro presupuestos y un programa con 150 medidas. Un acuerdo que el presidente andaluz definió como “potente, minucioso, sereno y sensato” y que le permitió ser investido por tercera vez gracias a los diputados ultras.

Así, Vox ha logrado convertir en condición irrenunciable su entrada en el Ejecutivo, además de dos senadores por designación autonómica y una vicepresidencia en el Parlamento, frustrando el objetivo inicial de Moreno de gobernar en minoría con un acuerdo parlamentario. Asimismo, el PP ha aceptado incorporar al pacto uno de los principales emblemas ideológicos de Santiago Abascal: la consigna xenófoba de la "prioridad nacional", aunque la han tratado de revestir con fórmulas jurídicas distintas, como el concepto de "arraigo", para intentar minimizar el choque con el ordenamiento vigente.

El documento andaluz comparte la misma filosofía que los acuerdos ratificados en Castilla y León, Aragón y Extremadura, aunque en este último acuerdo se concreta más en algunos ámbitos, especialmente en inmigración. Entre las medidas, además de la “prioridad nacional” en el acceso a determinados servicios, figura una auditoría anual “de todos los gastos derivados de la inmigración masiva”, la supresión de ayudas públicas a entidades que favorezcan la inmigración irregular, las restricciones de acceso a vivienda pública para inmigrantes en situación irregular, el rechazo al reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, la “supresión de ayudas a ONG que favorezcan la inmigración irregular” y la prohibición del uso del burka y el niqab en edificios públicos dependientes de la Junta.

Otra de las medidas que acompaña el acuerdo es la “creación de un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” y la “reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal”. Asimismo, incorpora la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la aprobación de una “ley de familias” para “fomentar la natalidad”, medidas que también aparecen en los pactos de Castilla y León, Aragón y Extremadura. 

El acuerdo también incorpora la línea más ideologizada de Vox en lo que respecta al medio ambiente. Así, rechaza de manera explícita el Pacto Verde Europeo, reclama la revisión de la Política Agraria Común, se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, apuesta por ampliar los regadíos, acelerar nuevas infraestructuras hidráulicas y defender el principio de las denominadas "cláusulas espejo" para las importaciones agrícolas.

Tras las elecciones del 17M, en las que Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pasaron 23 días hasta que el PP andaluz inició los contactos con los ultras. El barón del PP insistió entonces en que Andalucía necesitaba un acuerdo "justo y razonable" y marcó distancias con algunas de las exigencias de Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, que sus compañeros de partido habían aceptado, pero que Moreno había tachado de mero eslogan político difícilmente compatible con el marco legislativo español. 

La evolución de las conversaciones refleja hasta qué punto el equilibrio de fuerzas ha cambiado tras las elecciones. Sin margen para buscar una abstención del PSOE o de las formaciones de izquierda, Moreno quedó políticamente obligado a entenderse con los 15 diputados de Vox. Tras una primera investidura fallida, el presidente andaluz ha acabado incorporando uno de los principales elementos más ideológicos del programa de Vox, además de incluirlos también en el Ejecutivo, pese a las dudas de algunas voces de la formación de Abascal, por la magnitud del presupuesto.

Moreno había intentado frenar la incorporación de Vox al Gobierno andaluz, tanto en campaña como después. El presidente andaluz construyó buena parte de su perfil político sobre una imagen de moderación diferenciada tanto del sanchismo como de la estrategia de confrontación de Vox. Su mayoría absoluta en 2022 reforzó precisamente ese relato, el de un dirigente capaz de gobernar sin depender de la extrema derecha, lo que le encumbró como una de las referencias del PP con un modelo diferente al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El pacto alcanzado este jueves rompe de manera definitiva esa narrativa. Andalucía dejará de ser la excepción dentro del mapa autonómico del PP para sumarse al modelo de gobiernos compartidos que ya existe en otras comunidades donde Vox ocupa consejerías. Y, aunque las conversaciones se han desarrollado formalmente entre las direcciones andaluzas de ambos partidos, la negociación siempre ha tenido una dimensión estatal. La dirección nacional del PP ha seguido muy de cerca las conversaciones por las implicaciones que tienen para la estrategia de Feijóo de cara a las próximas generales. 

También Vox ha negociado pensando en Madrid. La formación de Santiago Abascal quería evitar un acuerdo de mera investidura que reprodujera la situación de 2019 y aspiraba a consolidar un modelo de coalición semejante al de otros gobiernos autonómicos, donde su presencia en el Ejecutivo garantiza capacidad de influencia durante toda la legislatura.

Vox aspiraba a controlar departamentos con peso político —especialmente Agricultura, además de áreas sociales y culturales— y reclamaba una vicepresidencia, como finalmente ha ocurrido. Aunque no consigue Agricultura, Gavira sí tendrá competencias en diferentes materias clave. El PP intentó limitar tanto el número de consejerías como el contenido de las competencias, consciente de que determinadas áreas tienen una elevada sensibilidad económica y política en Andalucía.

Más allá del reparto de sillones, el acuerdo supone un cambio de paradigma para el PP. El pacto andaluz refuerza la normalización de las coaliciones PP-Vox en las principales instituciones territoriales y convierte a Andalucía —la comunidad más poblada del país— en el mayor escaparate de esa fórmula. El mismo Moreno que quería preservar la imagen de “gestor moderado” que ha cultivado durante dos legislaturas, compartirá gobierno con una formación que ha convertido la inmigración, la "prioridad nacional" y la confrontación cultural en algunos de sus principales ejes políticos.

El popular Juanma Moreno ha sido reelegido este jueves por el pleno del Parlamento autonómico presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox poco después de que esta misma tarde los dos partidos hayan firmado un acuerdo de gobierno.

La investidura se ha producido en una segunda votación, después de que el martes Vox votara en contra, y Moreno ha obtenido el apoyo de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox, y el voto en contra de los 28 del PSOE, los 8 de Adelante Andalucía y los 5 de Por Andalucía.

El acuerdo de las derechas han incluido el concepto de 'prioridad nacional' en el acuerdo que ambas fuerzas han suscrito para la gobernabilidad de Andalucía en la nueva legislatura, un pacto que da entrada a los de Abascal en el Ejecutivo regional con una consejería con rango de vicepresidencia.

El pacto, que se ha conocido este jueves, poco antes de la votación de la investidura, recoge en su punto 18 de los 150 que contiene que se establecerá la "'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas", que pueden ser "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" ligadas a "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Ese "arraigo" se medirá, dentro de la "legalidad vigente", con un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y ligado a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

El pacto PP-Vox contempla también la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

El acuerdo recoge también en el punto 49 la 'prioridad nacional' en el "acceso a la vivienda protegida y al alquiler social", que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio" comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.

Además, PP y Vox han acordado reforzar "los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio" para "garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida" y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.

Por eso se valorará "al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región" y "todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda" como son jóvenes, "nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo" y similares.

El acuerdo recoge también la expulsión del sistema de VPO de quienes han sido condenados "como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años".