La democracia no es cuestión de fe, es materia laica, es más que un sistema de gobierno; es la forma acordada en la sociedad para convivir. La democracia representativa, la que tenemos, puede avanzar hacia formas participativas y deliberativas. 

Las creencias sí son cuestión de fe; las grandes religiones tienen varias ramas: el islam, suníes, chiíes, ibadistas, sufistas...; el cristianismo, católicos, ortodoxos, protestantes. En todo caso, entendemos y respetamos que las creencias entran en el ámbito personal. Nada que objetar, salvo si sus seguidores, excusándose en ellas, justifican alguna acción contra la democracia.

La democracia no tiene apellidos, ni ramas; no es dogma de fe, es cuestión de práctica. Está basada en el razonamiento, el diálogo, los derechos humanos y la acción pacífica.

En España asistimos a un intento de vaciarla de contenido y pudrirla. El ejemplo son los pactos realizados por la derecha, PP y Vox en Andalucía, tras los firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León; solo les ha faltado remedar a Lutero y clavarlos en las puertas de las sedes de la soberanía popular, el Congreso y los parlamentos autonómicos donde gobiernan. El pacto contenido en sesenta folios es lo más alejado de los principios democráticos. Léanlos, están en internet.

Todos tenemos unos valores de referencia, un código ético, digamos laico; podemos añadir también los códigos morales consecuencia de creencias religiosas. En ambos casos se pueden extraer conclusiones objetivas: una escala de valores coincidente con el sentido común, la armonía, solidaridad, respeto, la no violencia y otros valores que primarán sobre el egoísmo, intolerancia, miedo, violencia. 

Tal vez, como alguien me recuerda, todo merece un tiempo; creo que no es el caso, pues su contenido es impropio, indigno, infeccioso... Todas las palabras negativas con el prefijo in o im le son aplicables. Un texto infumable que algunos justificarán al amparo de sus creencias, como por ejemplo el humanismo cristiano. Dudo que los textos sagrados de cualquier religión justifiquen tal panfleto, en el que muchas partes del mismo invalidan el todo.

Al leer cada párrafo del acuerdo es fácil establecer el alcance positivo o negativo y, cada cual, como observador y con su capacidad de raciocinio, extraerá valores y consecuencias, próximas al sentido común o a la irracionalidad; sin necesidad de ningún gurú zurupeto, sabremos qué postura y actitud hemos de adoptar. 

Parece sencillo, ¿verdad? No lo es. La democracia requiere proactividad y atención para afrontar los tiempos que vienen, como poco incómodos. No tenemos vocación de mártires ni de agresores y de eso abusan; pero no estamos inermes, pues, como cantara Blas de Otero, “nos queda la palabra”. Recordamos que la democracia es obra del hombre; la palabra, también. Algunos pretenden apropiarse de todo.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

No hay duda de que lo que ocurrió en Los Gallardos (Almería) este jueves fue fruto de una combinación mortífera de meteorología con orografía. Calor y rachas muy fuertes de viento, combinados con poca humedad y vegetación abundante y seca ubicada en una zona de barrancos. El resultado de ese cóctel fue un incendio rápido, muy rápido, que cogió desprevenidos a docenas de vecinos, causando al menos 12 fallecidos. A estas condiciones, que no podían evitarse, se sumó un cuerpo de bomberos forestales lastrado por la falta de personal y de inversión de la Junta de Andalucía.

Sobre las condiciones físicas del incendio, Emilio del Pino, uno de los bomberos que trabajó durante toda la noche del jueves entre las llamas, describe un escenario extremo. "El fuego corría como nunca he visto en 34 años como bombero", asegura este profesional, que trabaja en una brigada de refuerzo y se desplaza a incendios de toda Andalucía. A esta voracidad se sumó que la zona está llena de ramblas con desniveles y recovecos, el típico escenario en el que las llamas saltan con facilidad, los helicópteros antiincendios tienen muchas dificultades para actuar y la maquinaria pesada, como los bulldozer, no pueden intervenir.

Del Pino también destaca la abundancia de cortijos desperdigados por el campo y la presencia de pequeñas urbanizaciones donde la población queda atrapada con facilidad. "Creo que pilló desprevenido a mucha gente. Nuestro trabajo durante la tarde del jueves fue, de hecho, proteger estas casas y aldeas", explica el forestal.

Todos los esfuerzos se centran ahora en controlar el incendio y encontrar a la veintena de desaparecidos. En general, dentro del cuerpo prefieren esperar para exigir responsabilidades por la catástrofe, pero algunos de estos bomberos no pueden dejar pasar que el INFOCA –el dispositivo antiincendios de la Junta de Andalucía– no estaba ni mucho menos preparado para esta temporada de incendios.

Todos los profesionales consultados coinciden en que los retenes –los grupos en los que se divide el cuerpo de intervención terrestre–, que deberían tener siete miembros, están trabajando con tres, cuatro o cinco personas. 

"Los compañeros que han estado en primera línea de Los Gallardos coinciden en que falta personal", afirma Jesús Gil, bombero forestal destinado en Almería y miembro del sindicato CGT. Según explica, si un retén debe tener un conductor de camión, que no siempre puede actuar, y un jefe de grupo que coordina, sufrir un déficit de dos o tres efectivos por la falta de inversión del Gobierno autonómico significa dejar al retén prácticamente sin manos. "Tenemos el INFOCA desmantelado", resume Gil.

También denuncia esta falta de personal el veterano Emilio del Pino, sindicalista de UGT. "Hay retenes que llegan a tener tres componentes de siete, y esos son directamente inoperativos y tienen que unirse a otras unidades. Todavía falta bastante personal", valora. El cuerpo debía estar al 100% el 1 de junio, cuando comienza la época de alto peligro de incendios del plan andaluz. 

La postura oficial de UGT Bomberos Forestales en Andalucía es que "la gestión del incendio ha sido adecuada y que la actuación está siendo sumamente rigurosa y profesional", pero que el cuerpo está incompleto y hacen falta refuerzos para hacer frente a incendios simultáneos en diferentes provincias. "Tendremos la oportunidad de abordar cualquier posible error más adelante", concluyen.

En este caso, el fuego de Almería ha coincidido con otro destacado en Benahavís (Málaga) y tres más pequeños en Sevilla, Córdoba y Huelva. "Venimos denunciando durante un tiempo la importancia de que el dispositivo INFOCA esté completamente operativo, cosa que actualmente no ocurre", subrayan desde el sindicato.

La denuncia de precariedad, que se repite en muchas otras comunidades autónomas, no es exclusiva de la provincia de Almería, sino que es extensible a toda la comunidad y viene de años atrás. Alejandro Yáñez, bombero de las brigadas helitransportadas del INFOCA, no ha acudido a Los Gallardos porque estaba esta semana en el fuego de Benahavís, pero también apunta a los mismo problemas en esa zona.

En Andalucía hay tres brigadas helitransportadas en total, cada una integrada por 11 efectivos, y esta semana cumplen el requisito. "Pero si me llegas a llamar hace mes y medio, cuando nosotros ya estábamos activados al 100%, teníamos un helicóptero con dos personas, otro con cinco y el mío con ocho", asegura Yáñez.

"Al final, todo suma. Hay tragedias que seguirían sucediendo con 20.000 bomberos, pero cuantas más manos, antes se resuelve. A veces es desesperante porque nosotros nos dejamos todo en el monte, pero simplemente no hay recambios para cuando acaba nuestro turno", añade.

Otro debate que se ha abierto este viernes es sobre la decisión de la Junta de Andalucía de no enviar en mensaje de alarma móvil ES-Alert a la zona afectada por las llamas cuando se supo del peligro que corrían los vecinos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, justificó la decisión en que "mandar un solo mensaje era generar confusión" porque, en función de la zona, unos afectados debían evacuar sus casas y otros refugiarse en ellas.

Los bomberos denuncian también la falta de medidas de prevención durante los meses de frío, como talar, podar o construir cortafuegos, ya que un 40% del cuerpo INFOCA se queda sin trabajo fuera de la temporada alta. En las inmediaciones de Los Gallardos, como en buena parte del país, el extremo calor de estos días ha secado el combustible en forma de pasto y matorral que brotó del suelo gracias a las intensas lluvias de este invierno. Según los mapas de riesgo de incendio forestal de Aemet, el municipio de Los Gallardos lleva desde el día 5 de junio en riesgo "extremo", la categoría más alta.

El PP sigue nadando en un mar de contradicciones. Esta semana ha tenido dos temas calientes. Por un lado, Andalucía con Juanma Moreno tragándose la prioridad nacional de Vox que durante la campaña electoral rechazó y metiéndose de lleno en "el lío" del que antes rehuía. Por el otro, el debate sobre la 'ley de nietos'. Feijóo no para de atacarla y la ha calificado de fábrica de votantes para el PSOE. Pero la hemeroteca no falla y es un buen espejo de sus contradicciones: durante una visita a Argentina hace años no dudó en defenderla. Y, aunque visto lo visto ahora parece que se les ha olvidado, también sacaba pecho por ella el propio PP. No ha faltado en este jaleo la presencia de Aznar, que se muestra a favor de la norma contradiciendo al líder del partido. 

Las redes se lo están pasando fenomenal analizando el baile de opiniones de la derecha y sacándole los colores a los de Génova. "Abascal ha ordenado eliminar las palabras ‘Andaluces, levantaos’ del himno porque le agobian", se cachondea ‪@wilma78.bsky.social, "Es más fácil que Feijóo cambie de opinión que que aprenda inglés" ironiza @SarahPerezSanta, "A partir de hoy ya mandan ‘los señoritos a caballo en Andalucía’ (Vox)", se lamenta @heydy.bsky.social.

El partido de España contra Suiza ha dejado lo que los tuiteros han valorado como "el meme" del Mundial. El protagonista es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, celebrando eufóricamente un gol de Oyarzábal, el tercero de la noche. Un meme que, además, está siendo antídoto contra los ataques racistas. "Esta imagen de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando el segundo gol de Oyarzábal, ha reventado el racistómetro. Quiere más a España este niño que todos los patriotas de pulserita de Vox y el PP juntos", valora @EgioVictor.

La orden de detención de Vito Quiles es otro tema que tiene las redes calentitas. Los usuarios han aprovechado para mofarse del agitador ultra con creaciones de lo más ocurrentes.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Juanma Moreno Bonilla ha sido investido presidente este jueves y vuelve al punto de partida. El dirigente que alcanzó el poder en 2018 gracias a la extrema derecha y que cuatro años después convirtió su mayoría absoluta en el símbolo de un PP capaz de gobernar sin depender de los ultras, ha abierto las puertas del Consejo de Gobierno a Vox por primera vez. Concretamente, el portavoz de la formación ultra, Manuel Gavira, ostentará una vicepresidencia y asumirá las competencias de turismo, desregulación, justicia y Administración local, aunque aún está por ver a través de cuántas consejerías. Una decisión que supone un cambio de etapa en Andalucía y consolida la estrategia de pactos impulsada por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en el nuevo ciclo electoral.

Moreno defendió ante los medios que el pacto responde al resultado electoral del 17M, que dejó al PP como fuerza preferida en más de 600 municipios, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. “Sin mayoría en los gobiernos lo que hay es desgobierno”, admitió. El acuerdo incluye un compromiso de estabilidad para toda la legislatura, la aprobación de los cuatro presupuestos y un programa con 150 medidas. Un acuerdo que el presidente andaluz definió como “potente, minucioso, sereno y sensato” y que le permitió ser investido por tercera vez gracias a los diputados ultras.

Así, Vox ha logrado convertir en condición irrenunciable su entrada en el Ejecutivo, además de dos senadores por designación autonómica y una vicepresidencia en el Parlamento, frustrando el objetivo inicial de Moreno de gobernar en minoría con un acuerdo parlamentario. Asimismo, el PP ha aceptado incorporar al pacto uno de los principales emblemas ideológicos de Santiago Abascal: la consigna xenófoba de la "prioridad nacional", aunque la han tratado de revestir con fórmulas jurídicas distintas, como el concepto de "arraigo", para intentar minimizar el choque con el ordenamiento vigente.

El documento andaluz comparte la misma filosofía que los acuerdos ratificados en Castilla y León, Aragón y Extremadura, aunque en este último acuerdo se concreta más en algunos ámbitos, especialmente en inmigración. Entre las medidas, además de la “prioridad nacional” en el acceso a determinados servicios, figura una auditoría anual “de todos los gastos derivados de la inmigración masiva”, la supresión de ayudas públicas a entidades que favorezcan la inmigración irregular, las restricciones de acceso a vivienda pública para inmigrantes en situación irregular, el rechazo al reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, la “supresión de ayudas a ONG que favorezcan la inmigración irregular” y la prohibición del uso del burka y el niqab en edificios públicos dependientes de la Junta.

Otra de las medidas que acompaña el acuerdo es la “creación de un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” y la “reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal”. Asimismo, incorpora la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la aprobación de una “ley de familias” para “fomentar la natalidad”, medidas que también aparecen en los pactos de Castilla y León, Aragón y Extremadura. 

El acuerdo también incorpora la línea más ideologizada de Vox en lo que respecta al medio ambiente. Así, rechaza de manera explícita el Pacto Verde Europeo, reclama la revisión de la Política Agraria Común, se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, apuesta por ampliar los regadíos, acelerar nuevas infraestructuras hidráulicas y defender el principio de las denominadas "cláusulas espejo" para las importaciones agrícolas.

Tras las elecciones del 17M, en las que Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pasaron 23 días hasta que el PP andaluz inició los contactos con los ultras. El barón del PP insistió entonces en que Andalucía necesitaba un acuerdo "justo y razonable" y marcó distancias con algunas de las exigencias de Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, que sus compañeros de partido habían aceptado, pero que Moreno había tachado de mero eslogan político difícilmente compatible con el marco legislativo español. 

La evolución de las conversaciones refleja hasta qué punto el equilibrio de fuerzas ha cambiado tras las elecciones. Sin margen para buscar una abstención del PSOE o de las formaciones de izquierda, Moreno quedó políticamente obligado a entenderse con los 15 diputados de Vox. Tras una primera investidura fallida, el presidente andaluz ha acabado incorporando uno de los principales elementos más ideológicos del programa de Vox, además de incluirlos también en el Ejecutivo, pese a las dudas de algunas voces de la formación de Abascal, por la magnitud del presupuesto.

Moreno había intentado frenar la incorporación de Vox al Gobierno andaluz, tanto en campaña como después. El presidente andaluz construyó buena parte de su perfil político sobre una imagen de moderación diferenciada tanto del sanchismo como de la estrategia de confrontación de Vox. Su mayoría absoluta en 2022 reforzó precisamente ese relato, el de un dirigente capaz de gobernar sin depender de la extrema derecha, lo que le encumbró como una de las referencias del PP con un modelo diferente al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El pacto alcanzado este jueves rompe de manera definitiva esa narrativa. Andalucía dejará de ser la excepción dentro del mapa autonómico del PP para sumarse al modelo de gobiernos compartidos que ya existe en otras comunidades donde Vox ocupa consejerías. Y, aunque las conversaciones se han desarrollado formalmente entre las direcciones andaluzas de ambos partidos, la negociación siempre ha tenido una dimensión estatal. La dirección nacional del PP ha seguido muy de cerca las conversaciones por las implicaciones que tienen para la estrategia de Feijóo de cara a las próximas generales. 

También Vox ha negociado pensando en Madrid. La formación de Santiago Abascal quería evitar un acuerdo de mera investidura que reprodujera la situación de 2019 y aspiraba a consolidar un modelo de coalición semejante al de otros gobiernos autonómicos, donde su presencia en el Ejecutivo garantiza capacidad de influencia durante toda la legislatura.

Vox aspiraba a controlar departamentos con peso político —especialmente Agricultura, además de áreas sociales y culturales— y reclamaba una vicepresidencia, como finalmente ha ocurrido. Aunque no consigue Agricultura, Gavira sí tendrá competencias en diferentes materias clave. El PP intentó limitar tanto el número de consejerías como el contenido de las competencias, consciente de que determinadas áreas tienen una elevada sensibilidad económica y política en Andalucía.

Más allá del reparto de sillones, el acuerdo supone un cambio de paradigma para el PP. El pacto andaluz refuerza la normalización de las coaliciones PP-Vox en las principales instituciones territoriales y convierte a Andalucía —la comunidad más poblada del país— en el mayor escaparate de esa fórmula. El mismo Moreno que quería preservar la imagen de “gestor moderado” que ha cultivado durante dos legislaturas, compartirá gobierno con una formación que ha convertido la inmigración, la "prioridad nacional" y la confrontación cultural en algunos de sus principales ejes políticos.

El popular Juanma Moreno ha sido reelegido este jueves por el pleno del Parlamento autonómico presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox poco después de que esta misma tarde los dos partidos hayan firmado un acuerdo de gobierno.

La investidura se ha producido en una segunda votación, después de que el martes Vox votara en contra, y Moreno ha obtenido el apoyo de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox, y el voto en contra de los 28 del PSOE, los 8 de Adelante Andalucía y los 5 de Por Andalucía.

El acuerdo de las derechas han incluido el concepto de 'prioridad nacional' en el acuerdo que ambas fuerzas han suscrito para la gobernabilidad de Andalucía en la nueva legislatura, un pacto que da entrada a los de Abascal en el Ejecutivo regional con una consejería con rango de vicepresidencia.

El pacto, que se ha conocido este jueves, poco antes de la votación de la investidura, recoge en su punto 18 de los 150 que contiene que se establecerá la "'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas", que pueden ser "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" ligadas a "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Ese "arraigo" se medirá, dentro de la "legalidad vigente", con un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y ligado a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

El pacto PP-Vox contempla también la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

El acuerdo recoge también en el punto 49 la 'prioridad nacional' en el "acceso a la vivienda protegida y al alquiler social", que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio" comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.

Además, PP y Vox han acordado reforzar "los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio" para "garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida" y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.

Por eso se valorará "al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región" y "todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda" como son jóvenes, "nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo" y similares.

El acuerdo recoge también la expulsión del sistema de VPO de quienes han sido condenados "como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años".

Juanma Moreno afronta este martes la primera votación de su investidura como presidente de la Junta de Andalucía sin demasiadas esperanzas. El líder del PP quiso acelerar el calendario desde el primer momento aprovechando los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó una investidura "cuanto antes". El presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, fijó el debate para los días 29 y 30 de junio pese a que las negociaciones con la extrema derecha seguían abiertas y sin acuerdo.

La decisión convirtió el debate de investidura en un instrumento de presión política. El PP confiaba en que la proximidad de la votación obligaría a la extrema derecha a cerrar un pacto de última hora que evitara una imagen de bloqueo y el riesgo de una repetición electoral. Sin embargo, el cálculo no ha surtido efecto, al menos por ahora. Los conservadores llegan este martes a la primera votación dos escaños por debajo de la mayoría absoluta —53 diputados frente a los 55 necesarios— y con la negativa expresa de Vox, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Los 15 diputados de la formación de Abascal son claves para obtener esa mayoría. 

Durante las últimas semanas ambas formaciones han mantenido conversaciones discretas, con reuniones alejadas de los focos y un notable hermetismo. Moreno insistió incluso el pasado viernes en que seguiría negociando "hasta el último minuto", admitiendo públicamente que todavía no existía ningún acuerdo cerrado. El barón andaluz en funciones situó a la extrema derecha ante la presión de elegir entre permitir su investidura o empujar a Andalucía a una repetición electoral. En Vox sospechan que ese es precisamente el objetivo de Moreno: culparles del bloqueo para forzar una repetición electoral con la que aspirar a la mayoría absoluta.

Con todo, el discurso que enarboló el presidente andaluz este lunes estuvo diseñado para no dinamitar la negociación con Vox, aunque tampoco asumió sus principales banderas. El conservador responsabilizó al resto de grupos de un eventual bloqueo y evitó asumir dos de las principales exigencias de la extrema derecha: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda, y un endurecimiento de la política migratoria.

Por su parte, desde la dirección nacional del PP se quiso trasladar este lunes un mensaje de respaldo a la estrategia seguida por Moreno. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió que el presidente andaluz ha presentado un proyecto "centrado, reformista y de estabilidad" y evitó presionar públicamente a Vox, aunque apeló a su "responsabilidad" para impedir un escenario de bloqueo institucional. En Génova insisten en que corresponde ahora a los de Abascal decidir si facilitan un gobierno del PP o fuerzan una repetición electoral, y sostienen que únicamente se inmiscuirán en la negociación, como ha ocurrido en las anteriores negociaciones, si afecta a asuntos de política nacional fuera del “acuerdo marco”.

Lejos de facilitar la investidura, la formación ultra ha aprovechado la necesidad parlamentaria del PP para elevar el precio del acuerdo. La formación de Santiago Abascal reclama un pacto programático de legislatura con compromisos concretos en materias identitarias y migratorias, además de garantías de estabilidad para toda la legislatura. Y ya anticipa que este martes votará en contra de la investidura. “En primera [votación], no; y en segunda me parece que no”, señaló el portavoz nacional, José Antonio Fúster. “Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, añadió.

A los ultras les molestó que el candidato del PP evitara asumir su “prioridad nacional” y políticas más duras contra la migración irregular, dos de las líneas rojas que la extrema derecha viene imponiendo en otros acuerdos territoriales. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se quejó de ese "olvido voluntario" por parte de Moreno: “No reconoce que hay un problema con la inmigración”, señaló.

Ese equilibrio consistente en mantener un perfil ‘moderado’ sin romper la negociación con Vox explica buena parte de la estrategia del PP andaluz. Moreno necesita los votos de la extrema derecha, pero trata al mismo tiempo de evitar aparecer como un dirigente condicionado por su agenda ideológica, aunque en Génova reconocen que, llegado el momento, le tocará ceder. El mensaje del presidente andaluz, centrado en estabilidad y gestión, no ha servido para desbloquear la negociación, sino que ha permitido a Vox justificar su portazo y elevar todavía más el precio de una eventual abstención o apoyo en segunda votación el próximo jueves.

El PP confía en que el margen de negociación de las próximas horas permita cerrar un acuerdo que salve la investidura. Vox, de momento, mantiene la presión y recuerda que sus votos no serán gratuitos. La formación ultra ya apunta incluso a un horizonte más amplio, recordando que el plazo para investir presidente concluye el 30 de agosto, dos meses después de la primera votación. La precipitación del calendario, lejos de resolver el bloqueo, ha dejado al descubierto el delicado equilibrio sobre el que Moreno aspira a construir su tercer mandato.

A esto se le añade que, durante las celebraciones del Orgullo de este fin de semana en distintas ciudades andaluzas, numerosos asistentes respondieron con abucheos y consignas críticas hacia Vox, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del partido contra las políticas LGTBIQ+ y de igualdad, en las que incluso se pudo ver alguna imagen de Abascal decapitado. “No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención”, señaló la cuenta oficial del partido en Sevilla.

Su portavoz en el consistorio, Gonzalo García de Polavieja, difundió un vídeo en el que pregunta por el presupuesto que le asigna el Ayuntamiento a "un mes de actividades del colectivo homosexual que han concluido con cuatro días de fiesta y desmadre". La ultraderecha defendió que, si aumenta su influencia institucional, pondrá fin a las subvenciones públicas destinadas a este tipo de celebraciones y entidades vinculadas al movimiento LGTBIQ+, reforzando así uno de los ejes culturales de su negociación con el PP. 

“Hay que acabar con la financiación pública de los colectivos LGTBIQ+, absolutamente ideologizados, pues los recursos del Ayuntamiento se deben destinar a servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, la movilidad o la ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos”, planteó el portavoz ultra, que insistió en que las asociaciones “deben sostenerse principalmente mediante las aportaciones voluntarias de sus socios y simpatizantes”.

El nuevo Dedómetro –edición Andalucía 2026 de la Fundación Hay Derecho– analiza los perfiles de 153 máximos responsables de 40 entidades del sector público institucional andaluz (128 entes), el segundo más grande de España después del catalán (271 entes).

La investigación evalúa cinco variables que cualquier persona podría identificar como razonables para asumir la dirección de una organización pública: formación, experiencia profesional, experiencia en gestión, conocimiento específico de la materia e independencia política. Se trata de criterios tan elementales como poco discutidos cuando se habla de calidad institucional y gobernanza empresarial. Precisamente por ello, el estudio busca resaltar una pregunta que rara vez (pre)ocupa en el debate público con la atención que merece: ¿en manos de quién estamos dejando la dirección de empresas y entes públicos?

En promedio, el índice global de mérito y capacidad apenas alcanza un 5,4 sobre 10. Al desglosar los indicadores, se observan realidades muy distintas. La experiencia profesional general obtiene una media de 7,7 puntos, la independencia política 7,5, la formación 7,3 y la experiencia específica sobre la materia 6,1. La experiencia en gestión de organizaciones de complejidad comparable es el peor indicador, con un 3,1 sobre 10 y registra una mediana de cero, lo que significa que una parte muy importante de los responsables analizados ha accedido a la máxima dirección sin experiencia acreditada en el manejo previo de estructuras similares.

Al respecto, uno de los aspectos más llamativos del estudio es la distancia que, en algunos casos, existe entre la misión de determinadas entidades y el perfil de quienes llevan su dirección. No resulta infrecuente encontrar organismos de elevada especialización técnica al frente de trayectorias académicas y profesionales desarrolladas en ámbitos muy distintos. Puede pensarse que esa diversidad puede enriquecer la gestión, aunque también plantea una pregunta legítima sobre el peso que el conocimiento específico del sector ocupa realmente en los procesos de selección.

Asimismo, se observa que la experiencia directiva funciona como un capital institucional transferible entre entidades de naturaleza muy distinta. Existen responsables que pasan de dirigir organismos agrarios a agencias digitales, de entidades de desarrollo empresarial a agencias ambientales o educativas, trasladando consigo una experiencia en gestión que parece valorarse por encima del conocimiento específico del sector.

Este informe también ha medido algo más que los perfiles directivos del sector público instrumental andaluz. Una de las mayores dificultades fue reconstruir la historia de las entidades, identificar a exdirectores, localizar resoluciones de nombramiento, seguir los cambios de adscripción entre consejerías o rastrear modificaciones de denominación. Esta dispersión obligó a un esfuerzo de arqueología digital en boletines oficiales, memorias y portales de transparencia. Un conglomerado que gestiona miles de millones de euros, presta servicios esenciales y cuyos directivos perciben una retribución media de 70.000 euros anuales, debería ofrecer esta información de forma accesible.

Los resultados muestran que estamos frente a una cultura institucional que continúa desarrollándose de forma desigual. De las 40 entidades analizadas, únicamente 10 establecen requisitos formales para acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva, mientras 30 carecen de criterios objetivos suficientemente definidos sobre formación o experiencia. Las entidades que, por su naturaleza, y desde su creación, cuentan con requisitos, como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, obtienen mejores indicadores agregados de mérito y capacidad, una conclusión que difícilmente puede sorprender cuando las reglas delimitan con claridad las trayectorias consideradas adecuadas para dirigir una organización pública. A su vez, entidades que estatutariamente han incorporado requisitos objetivos para acceder a la dirección, como Andalucía Emprende, empiezan a presentar perfiles más consistentes y mejores indicadores.

El análisis por género aporta otra perspectiva relevante. Las mujeres acceden a estos puestos con mejores niveles de formación académica, una experiencia profesional prácticamente equivalente y un conocimiento específico similar sobre las materias que posteriormente gestionarán. La principal diferencia vuelve a localizarse en la experiencia previa en gestión. Una vez alcanzan la máxima responsabilidad permanecen más tiempo en el cargo y no presentan diferencias relevantes respecto de la independencia política, lo que desplaza el foco desde el nombramiento hacia las oportunidades previas para construir una carrera directiva.

La experiencia andaluza otorga a estas cuestiones un significado particular. La trayectoria de la Agencia IDEA permite observar de forma especialmente nítida algunos de los problemas que atraviesan este estudio. Durante años fue uno de los principales instrumentos de política económica de la Junta de Andalucía, gestionando incentivos, préstamos, ayudas empresariales e importantes recursos públicos. Al mismo tiempo, sus estatutos no exigían requisitos específicos para acceder a la Dirección General y la elevada rotación de responsables impidió consolidar una pauta estable de profesionalización. El propio Dedómetro refleja esa alternancia entre perfiles con una sólida experiencia en gestión pública y otros cuya relación con la misión específica de la entidad resulta mucho más discutible. La posterior integración de buena parte de sus funciones en TRADE constituye una oportunidad para comprobar si la reforma institucional ha servido también para reforzar las reglas de acceso y la calidad de la dirección pública.

Ese es, probablemente, el principal interés del Dedómetro Andalucía. Más que ordenar perfiles o repartir puntuaciones, el informe permite observar cómo una administración construye su propia dirección pública. Quién llega, con qué experiencia, bajo qué reglas y con qué continuidad dejan de ser preguntas accesorias para convertirse en indicadores de calidad institucional. Al fin y al cabo, una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas.

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Germán J. Arenas Arias es investigador de la Fundación Hay Derecho. Doctor por la  Universidad de Alcalá, especialista en Políticas Públicas y máster en Derecho  Constitucional por el CEPC-UIMP. Su trabajo académico se centra en el buen gobierno y la  calidad institucional en las democracias contemporáneas.

“No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe que ha evaluado la adecuación de los directivos del sector público nombrados por el ejecutivo andaluz con los cargos que desempeñan. El análisis, que la fundación ha realizado ya sobre otras comunidades autónomas, da a Andalucía un aprobado “por la mínima” y critica cuestiones como la “ausencia de requisitos claros, la falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica”, recoge el documento. El informe no evalúa el desempeño de su trabajo, sino cuánto se ajusta su perfil al puesto para el que han sido nombrados.

Para llegar a esta conclusión, los autores del informe establecen un baremo basado en la experiencia y la formación de los directivos a los que asocian valores numéricos y que van completando en función del currículum de cada uno. El resultado final, que obtienen tras analizar un total de 153 directivos de 40 entidades, se queda en un 5,4 sobre diez. Entre las conclusiones que obtienen, destacan que “30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlo” y hablan de déficits en “la experiencia de gestión” de algunos perfiles. “Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad”, concluyen.

La administración de la Junta de Andalucía es una de las más grandes de España y suma 128 entidades, siendo el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña. En el lado positivo, el análisis de Hay Derecho destaca que las entidades mejor paradas son la Agencia para la Calidad Científica (ACCUA), que ofrece estatutos, concursos públicos reglados y requisitos técnicos estrictos a los candidatos; y el Consejo de Transparencia, que obtiene resultados altos porque su diseño institucional incluye un mandato fijo de cinco años y una designación por mayoría absoluta del Parlamento, lo que blinda la dirección frente a la discrecionalidad del Ejecutivo y de las posiciones partidistas.

Por la cola, de las peor valoradas es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que pierde puntos porque su director general acumula solo dos años de experiencia y formación en un ámbito no relacionado con el tema. También, por la mayor presencia de perfiles más políticos que técnicos en su estructura directiva. Por otro lado, entre las organizaciones peor paradas está la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con más de 120 millones de presupuesto y 500 empleados, pero que, de acuerdo con el análisis, tiene “problemas recurrentes de gestión del parque público de vivienda” que han llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y también pierde puntos por la “designación de responsables cuya experiencia en vivienda era limitada o indirecta”, recoge el informe. 

“Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien insiste también en que para mejorar este indicador “se necesitan reglas estables, transparencia y evaluación” que reduzcan la dependencia de los nombramientos políticos. 

En las conclusiones del análisis, los autores señalan que muchos de los problemas que detectan en la Junta responden a tendencias que se dan a nivel nacional, pero insisten en la necesidad de establecer “condiciones verificables” para el acceso a los cargos más allá de conceptos genéricos como la solvencia profesional. “Este rasgo estructural se traduce en una variabilidad muy elevada en la calidad de los perfiles nombrados. El análisis muestra alternancia entre directivos con trayectorias altamente cualificadas —especialmente en etapas recientes o en determinados organismos— y otros con una adecuación más débil a la misión de la entidad”, señalan. Esto provoca, advierten, “un alto grado de incertidumbre en la dirección pública”. 

Finalmente, el informe, titulado El Dedómetro, edición Andalucía. Estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Andalucía, señala que la comunidad se encuentra en “una posición intermedia dentro de la serie de dedómetros” realizados en otras comunidades. Y aunque comparte con otros territorios la ausencia de un marco generalizado de profesionalización de la alta dirección pública, presenta también singularidades que invitan a ser positivos, como “la aparición reciente de dinámicas de mejora” en los nombramientos que podrían consolidarse si se acompañan de reformas estructurales. 

Además del análisis, el documento recoge una serie de recomendaciones que se resumen en seis ejes principales. El primero, es la creación de procesos de oposición abiertos y competitivos cuando se trata de entidades estratégicas. El segundo, pide blindar legalmente ciertos requisitos mínimos relacionados con el cargo que se va a desempeñar para poder disponer de criterios objetivos y verificables a la hora de juzgar el desempeño.

En relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en el puesto, el tercer eje en el que insisten es la creación de "contratos de desempeño" que especifiquen los objetivos a alcanzar y permitan evaluar su trabajo. En la misma línea, piden también más responsabilidad individual en materia de transparencia, exigiendo que se considere como una infracción la "omisión o falta de actualización de su perfil profesional".

Finalmente, las dos últimas propuestas aluden a la necesidad de crear modelos de currículum normalizados para optar a los puestos y un registro en el que aparezca el listado de las personas que han ocupado la dirección en los últimos diez años. "Esta medida no solo mejora la transparencia institucional, sino que favorece el control público sobre la evolución organizativa, permitiendo detectar posibles dinámicas de politización o rotación excesiva", concluye el documento.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

En política, las acusaciones más graves no se suelen formular de manera directa para evitar problemas judiciales o tajantes desmentidos. Basta con escribir un titular sugerente o realizar un análisis sesgado —en el que se subraya una aparente anomalía y se lanzan preguntas al aire—  para que el ecosistema político haga el resto. Eso es lo que está ocurriendo con el voto CERA de las elecciones andaluzas. Algunos medios de la derecha han presentado la victoria del PSOE entre los residentes en el extranjero como un dato sospechoso y esa insinuación ha empezado después a circular en el terreno político bajo una acusación de fraude o de "pucherazo".

La acusación parte de los resultados del pasado 17 de mayo. En las elecciones andaluzas, el Partido Popular se impuso con holgura aunque no logró la mayoría absoluta y el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. Sin embargo, en el escrutinio del CERA —el censo de españoles residentes ausentes— los socialistas quedaron por delante de los populares. La diferencia fue estrecha: 6.703 votos para los socialistas frente a 6.307 para los conservadores. El escrutinio no ha alteró el reparto de escaños, pero ha servido para alimentar un relato en la derecha cada vez más recurrente: si el PSOE perdió por tanta distancia en Andalucía, ¿cómo es posible que gane entre los andaluces inscritos en el exterior?

La pregunta no se limita a describir una diferencia de comportamiento electoral entre votantes que viven en España y los que están en el extranjero, sino que sugiere que ese contraste se debe a un plan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o, incluso, fruto del amaño por parte de los socialistas Y ahí entra el marco que han construido distintos medios conservadores: la Ley de Memoria Democrática, el aumento del censo exterior por la llamada ley de nietos, la nacionalización de descendientes de españoles emigrados y el supuesto pucherazo. La secuencia se presenta como si formara parte de un mismo engranaje político.

En su digital okdiario, Eduardo Inda —condenado por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por publicar el bulo de que el exvicepresidente, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas— asegura sin pruebas en una tribuna de opinión que “Sánchez no [solo] quiere alterar un poquito el CERA” sino que “lo va a hacer de tal manera que al universo electoral español no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y completa: “A mí el CERA siempre me sonó a trampa porque la mayor parte de esos votantes es gente que vive fuera de España desde hace muchos años y, lógicamente, la política patria les importa un pimiento”.

El pseudomedio The Objective siguió esa misma línea argumental en un debate titulado "Voto CERA: el comodín de Sánchez", en el que se conectaba el crecimiento del censo exterior con la Ley de Memoria Democrática y con la posibilidad de que ese electorado acabe teniendo efectos decisivos. El Mundo también comparte ese enfoque con el titular “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”, convirtiendo el voto exterior en una pieza más del relato sobre las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el tablero electoral, al igual que La Razón que destaca que el PSOE “se quedó a 19 puntos del PP en el voto en urnas”, pero que ganó en el exterior.

La operación emplea el mismo patrón en todos los casos. Primero se selecciona un dato cierto y comprobable: que el PSOE gana el voto CERA. Después se añade que lo hace pese a haber perdido ampliamente en las urnas andaluzas. A continuación se incorpora un elemento de sospecha: el crecimiento del censo exterior por una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por último, se deja caer una conclusión sin formularla siempre de manera expresa: que el PSOE estaría utilizando el voto exterior para compensar en los despachos o en el extranjero lo que no consigue en las urnas en España.

Ese salto ya ha llegado a la política. El diputado del PP Rafael Hernando acusó directamente al Ejecutivo de “estar usando el voto CERA para intentar ganar allí lo que no ganan aquí", tal y como escribió en su cuenta de X. El exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, investigado en la trama Kitchen, firmó una tribuna en okdiario titulada "La ‘ley de nietos’, el CERA y la inmigración masiva ilegal". Ahí escribió en mayo: “La Ley de nietos no modifica el censo de residentes en España pero el aumento del CERA ha convertido a este censo en una variable estratégica capaz de decidir la gobernabilidad de España en un escenario como el actual de polarización y resultados ajustados”.

La afirmación no habla de una irregularidad concreta, ni cita una denuncia ante la Junta Electoral, ni aporta una prueba de manipulación, pero instala en el imaginario colectivo que el voto de los residentes es una herramienta política en manos del PSOE. A esto se le añade que figuras como la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llevan meses alimentando un relato muy parecido, aunque no siempre referido al CERA andaluz, sino a las nacionalizaciones y al censo electoral.

La importancia de este mecanismo no está sólo en lo que se dice, sino en cómo se formula. No hace falta afirmar de entrada que ha habido fraude. Basta con repetir que "llama la atención", que "resulta sorprendente", que "conviene mirar" o que "hay que dar explicaciones". Ese lenguaje permite mantener una apariencia de cautela mientras se construye una sospecha. El funcionamiento, además, es circular. Los medios introducen el tema, sus afines lo viralizan y los políticos lo recogen. Y, cuando sus señorías lo hacen, esos mismos medios pueden volver a amplificarlo como una controversia política ya existente. 

Los precedentes: del 28M a las elecciones extremeñas

La táctica no es nueva. La derecha española ya la ensayó con el voto por correo en la campaña de las generales de 2023. El PP y Vox utilizaron casos aislados de compra de votos y problemas logísticos para extender una sombra general sobre el sistema y Ayuso llegó a hablar de "intento de pucherazo". El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, puso bajo  sospecha a Correos, institución que él mismo presidió en la etapa de José María Aznar en Moncloa. La hipótesis sugerida era que el Gobierno podía beneficiarse de un proceso supuestamente opaco o manipulable.

Un relato similar al de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, cuando el robo de votos por correo en varios municipios fue utilizado por el PP para alimentar la sospecha de que el Gobierno intentaba alterar las elecciones. La investigación y la actuación de la Junta Electoral desmontaron el relato de un fraude político organizado, pero el mensaje ya había circulado: si el resultado no convenía a la derecha, podía deberse a una manipulación.

Ahora el debate no está en el voto por correo, sino el de los residentes en el extranjero, pero opera la misma lógica. La diferencia es que el voto CERA permite además introducir otro elemento político: la legitimidad de esos votantes que no viven en el país y, por tanto, no contribuyen al sistema. Así se acaba cuestionando quién debe tener derecho a votar. Y, de forma indirecta, se presenta a esos ciudadanos como un electorado artificialmente creado por el Gobierno para favorecerse. 

Con todo, la paradoja del CERA andaluz tiene explicaciones electorales que ha desgranado Narciso Michavila, doctor en Sociología, y presidente de GAD3 y considerado el “gurú” del PP en materia de encuestas. En una entrevista en ABC que arranca con una crítica durísima al Ejecutivo —"no tienen límite moral ninguno"—, rechaza una manipulación del voto exterior. "Hay teorías conspiranoicas que aseguran que el voto está totalmente manipulado, pero yo sinceramente no lo veo", sostiene. Su explicación descansa en varios datos.

El primero, el tamaño real del fenómeno: votaron 21.583 de los 302.074 andaluces inscritos en el CERA, una participación del 7,14%. En relación con el conjunto del voto emitido en Andalucía, se trata de una proporción mínima. La diferencia entre PSOE y PP fue de sólo 396 votos —6.703 frente a 6.307— y, como recuerda Michavila, ni siquiera un comportamiento extremo del CERA habría alterado el reparto de escaños.

El segundo elemento es histórico y sociológico. El voto exterior no reproduce necesariamente el comportamiento del votante residente en Andalucía. Según Michavila, los emigrantes andaluces "de toda la vida" proceden en buena medida de entornos rurales, obreros y jornaleros, más vinculados tradicionalmente a la izquierda y al socialismo histórico andaluz. A ese bloque se suman jóvenes que han salido al extranjero para estudiar o trabajar, un perfil que tampoco tiene por qué coincidir con el giro electoral que se ha producido dentro de Andalucía en los últimos años, según Michavila.

El tercer factor es la distinta velocidad de cambio político. Mientras el voto interior se ha desplazado con fuerza hacia el PP de Juanma Moreno, el voto exterior conserva inercias más lentas y fidelidades más antiguas. Michavila recuerda que en 2022, pese a la mayoría absoluta del PP, los populares sólo aventajaron al PSOE por un punto en el voto CERA: 25% frente a 24%. En 2026, por tanto, el resultado no sería una ruptura inexplicable, sino una variación pequeña dentro de un patrón ya conocido. "Sorprende esa diferencia pero es totalmente lógica", resume, desmontando el relato instaurado por algunos medios.

La Costa del Sol está manchada con la sangre que la Cosa Nostra provocó en su guerra contra el Estado italiano de los años 90. Esa es la conclusión de la Dirección Antimafia de Palermo y, en concreto, del fiscal jefe de Palermo Maurizio di Lucia que, después de muchísimos años de investigación, ha intervenido un trozo del pastel del gran patrimonio amasado por Matteo Messina Denaro, el último capo di tutti capi de la Cosa Nostra que falleció en 2023. El sistema de infiltración era el esperado: la adquisición a través de terceros de un gran patrimonio inmobiliario gracias a las facilidades que se daban en Marbella y en otras localidades de su entorno.

Los cálculos que se filtraron hace tiempo le estimaban una fortuna de alrededor de 4.000 millones de euros, desde compañías del sector renovable energético, constructoras, restaurantes, supermercados, inmobiliarias y cualquier otro tipo sociedad del sector empresarial que se puedan imaginar.

La Guardia di Finanza ha logrado detectar una porción de ese patrimonio en España, en concreto en la Costa del Sol. Y lo han conseguido gracias a la colaboración de países como Andorra, Luxemburgo o territorios como Gibraltar. La importancia de esta operación es el tesón de las autoridades italianas en tratar de intervenir por todos los medios esos bienes que se están disfrutando gracias al dinero que la Cosa Nostra amasó traficando con todo tipo de drogas, asfixiando al sector empresarial italiano cobrando pizzo –una especia de impuesto revolucionario que se exigía a comerciantes y empresarios a cambio de no sufrir daños, robos o violencia–y arrebatando miles de licitaciones públicas a competidores legales mediante sus clásicos métodos mafiosos.

Esta operación dirigida desde la Fiscalía Antimafia de Palermo tiene mucho simbolismo. Como se sabe, Matteo Messina Denaro falleció de cáncer de colon el 25 de septiembre de 2023. Pese a los esfuerzos de la hacienda italiana, el patrimonio de su clan mafioso de Castelvetrano no fue encontrado en su totalidad.

Messina Denaro es uno de los principales responsables de la campaña de atentados terroristas que la Cosa Nostra perpetró en los años 90, y hay muchos recuerdos de esa ola de terror en los Tribunales de Palermo. Desde los asesinatos del juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morvillo y sus escoltas, hasta el de Paolo Borsellino, o el atentado del 27 de julio de 1993 en Milán cerca del centro de arte contemporáneo de la ciudad en el que murieron asesinados los bomberos Carlo La Catena, Sergio Pasotto y Stefano Picerno, el agente de policía local Alessandro Ferrari, y el ciudadano marroquí Moussafir Driss, que era un indigente que falleció al ser alcanzado por una lámina de metal mientras dormía en un banco cerca del coche bomba que explotó.

Este último atentado está borrado de la memoria colectiva fuera de Italia, pero en esos términos la Mafia atacaba a sus propios ciudadanos, con Toto Riina, Bernardo Provenzano y Matteo Messina Denaro decidiendo que la Cosa Nostra iba a sostenerse gracias a una auténtica campaña de terror destinada a hacer sucumbir a todo el Estado italiano bajo sus intereses.

Pero no lo consiguieron, y tras caer detenidos Toto Riina en 1993 y Bernardo Provenzano en 2006, sólo quedó libre de ese triunvirato Messina Denaro, que logró esquivar a la justicia italiana desde el año 1993 a 2013.

Con él decidiendo por encima de todos los miembros de la Mafia, hubo un cambio de rumbo en la que ha sido la organización criminal más poderosa en el siglo XX. No hay que olvidar que las famosas familias de Nueva York, y la mafia italoamericana no sólo descendían de la Cosa Nostra; también gran parte de sus decisiones a corto y largo plazo estaban supeditadas a las decisiones de la Cosa Nostra siciliana.

Y como Giovanni Falcone daba instrucciones a sus colegas en su día, los fiscales de Palermo han seguido con métodos de trabajo parecidos: seguir el rastro del dinero. Ahí es donde radica el verdadero poder del crimen organizado, y en él se sostiene un imperio criminal. Por eso, la intervención de estos 200 millones de euros en bienes repartidos por sociedades en las Islas Caimán, Andorra, Mónaco, Luxemburgo y Marbella es un buen ejemplo de la capacidad económica que posee un clan criminal del nivel de la familia Messina Denaro.

Lo que ahora se ha descubierto es que Giacomo Tamburello, narcotraficante siciliano de Campobello di Mazara, ha sido clave para camuflar la fortuna de Matteo Messina Denaro. Varios colaboradores de la justicia de la Cosa Nostra han señalado en distintas ocasiones que Tamburello pagaba a Messina Denaro el diez por ciento de cada alijo de droga que manejaba como muestra de subordinación.

Las sociedades que posee Giacomo Tamburello a través de su hijo y de su exesposa, Maria Antonina Bruno, en España, pasan por inmobiliarias de lujo en la Costa del Sol, manejadas por su hijo Luca, que ahora se encuentra en prisión provisional y que se convirtió en un respetado hombre de negocios de la Costa del Sol.

El presunto testaferro destaca por sus habilidades en el mundo de la banca, ya que según su Linkedin trabajó en Morgan Stanley en Londres, y luego fundó una inmobiliaria en Marbella en 2009 que le sirvió posteriormente para ser la imagen visible en Málaga de la poderosa inmobiliaria de Warren Buffet, Berkshire Hathaway HomeServices.

Esta empresa ya borró el rastro de Tamburello en sus portales tras conocerse la noticia de su detención. En el esquema financiero desarticulado hay sociedades creadas en los años 80 en Gibraltar, algo que no es sorprendente, porque la Cosa Nostra lleva asentada en la Costa del Sol desde que comenzó a despegar como destino turístico a principios de los años 70. Ya en esa época la Fiscalía Antimafia de Palermo conocía las inversiones de blanqueo de los clanes sicilianos e italoamericanos en la Costa del Sol.

Entre Marbella, Málaga y Benahavís se han intervenido 22 propiedades de lujo que se canalizaban a través de sociedades camufladas como inmobiliarias según los investigadores italianos. Las fechas de creación de las sociedades hacen una idea del planeamiento financiero meticuloso de los clanes mafiosos italianos para pasar desapercibidos ante la hacienda española. Todo está estudiado para realizar un crecimiento orgánico empresarial como si se tratase de una empresa normal.

Pero en estos términos, todo era más complejo. Las sociedades de Marbella están interconectadas con otras de Panamá, Gibraltar, Islas Caimán para que el dinero acabase moviéndose hacia Mónaco, Líbano, España, Andorra o Luxemburgo. Todo se realizaba de forma circular para que mover constantemente entre ellas el dinero para complicar la trazabilidad del engranaje. En los tribunales de Palermo confían en que descubrirán aún más millones que pertenecían a Messina Denaro. Saben que el pastel era aún más grande.

La relación tan cercana de Messina Denaro con Giacomo Tamburello, para legarle de alguna forma su herencia en vida y confiarle casi al completo su sustento económico, parte de que Matteo Messina Denaro se escondió muchísimos años en Campobello di Mazara, el pueblo de Tamburello. A tan sólo 8 kilómetros de Castelvetrano.

Debido a la confianza que se ganó Tamburello de Matteo Messina Denaro, Giacomo pudo trabajar de forma independiente en el narcotráfico internacional sin mediación de los clanes de Cosa Nostra tan sólo pagando diez por ciento del beneficio de cada alijo.

Esta información se conoce por declaraciones de un mafioso arrepentido, en concreto de Vincenzo Spezia. Hijo del capo de Cosa Nostra en Campobello di Mazara, un tipo que por sus antecedentes familiares conocía muy bien a Tamburello y a Messina Denaro. Él declaró a los fiscales de Palermo que Giacomo Tamburello era un testaferro de Messina Denaro y que en Málaga habían abierto varias heladerías gracias a varios millones que ganaron traficando con hachís.

Esa sólo fue un avance, pues supuestamente Messina Denaro poseía villas de más de tres millones de euros en Marbella. Pero todo por ahora está en el aire hasta que el hijo y la exesposa de Tamburello sean extraditados a Italia y puedan ser juzgados. Por ahora a la Justicia española le queda resguardar ese patrimonio intervenido aquí y evitar que se repitan más errores procesales flagrantes que merman la confianza internacional de colaborar con las autoridades españolas.

Es imposible, para un ser humano común y corriente, procesar el desmesurado menú de acontecimientos servidos por la actualidad con un tóxico aderezo mediático y una nociva guarnición jurídica. Si el menú produce empacho por excesiva cantidad, la velocidad a la que es consumido lleva inevitablemente al hartazgo. A los entrantes de las elecciones autonómicas, adobados con la negociación entre la derecha radical del PP y la ultraderecha de Vox, se han añadido simultáneamente, los primeros platos, los segundos y el postre, en forma de elaboraciones con base trufada de corrupción, especialidad de PP, PSOE y Vox.

Andaba una distraída en las maniobras para que la izquierda preste un servicio a Andalucía y ofrezca a Bonilla lo que dice querer (abstenerse para que pueda gobernar en solitario) a cambio de revertir el proceso privatizador de la sanidad y la educación públicas. Andaba una con el pesimismo a tope ante la evidencia de lo que en realidad desea Bonilla: volver a los brazos de Vox donde Ayuso y Feijóo tan a gusto se sienten. Prioridad andaluza o prioridad “nazional”: usted elige, señor Bonilla. Andaba una en estas cuitas cuando estalla la bomba del auto de imputación de Zapatero del juez Calama. ¿Lawfare o más corrupción?

Las dos Españas, de nuevo, debatiendo con su mejor argumentario; las dos Españas, otra vez, a garrotazo limpio. Un déjà vu recurrente convertido en deporte nacional, en el máximo exponente de la Marca España, una bandera más de la que el país presume en lugar de avergonzarse. “Pan con pan, comida de tontos”, reza el refrán referido a la monotonía y la falta de variedad propias de la secular dieta política española. Y el pueblo moja sopas.

Durante el fin de semana, las calles se han vuelto a llenar de las dos Españas: una que sale a luchar por su salud, por su educación, por la vivienda… y otra corrupta, con Aguirre y Abascal utilizando la bandera para exigir la salida del Gobierno de la banda corrupta rival. Quítate tú para ponerme yo. A la par de las justas reivindicaciones y las vergonzantes vindicaciones, la España desentendida de la sanidad, la educación y la vivienda se ha vuelto a echar a la calle para llorar o celebrar el resultado final de su equipo de fútbol.

Entre unas cosas y otras, con el estómago más que revuelto, he recurrido a la meditación y la escritura, antieméticos habituales para combatir los empachos o los efectos de la ingesta de alimentos en mal estado. Se está normalizando la indigestión como el resultado natural del proceso alimentario que provoca vómitos de odio y violencia, amén de una suicida regresión social caracterizada por pérdida generalizada de valores éticos y derechos cívicos, anorexia en los recursos básicos para la inmensa mayoría y bulimia en las élites.

El bolo alimenticio atasca las tragaderas con serio riesgo de muerte por asfixia para la parte de la sociedad cuyo trabajo no le permite acceder a proyectos de vida con un mínimo de dignidad y desahogo. Parte de esa sociedad sostiene con sus votos a los culpables de tal situación. Mientras tanto, el mundo hierve en las calderas de Pedro Botero, alimentadas por la ignorancia y la irresponsabilidad, que permiten a criminales como Trump, Putin y Netanyahu atizar el fuego en el que arderán, si es que ya no lo están haciendo, los conceptos de humanidad y civilización, tal y como el mundo los conoció hasta ayer mismo. 

La sociedad española padece el síndrome de la rana que cayó en una olla de agua caliente, se habituó a ella regulando su calor corporal y, cuando hirvió, ya fue tarde para saltar fuera.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Cuando en la política se ha usado el nombre de la Virgen del Rocío y el capote que nos puede echar para llevarse a la gente de calle hacia las mesas electorales, marcando tendencia, o el de otra virgen cualquiera, como en las últimas elecciones, o se habla con una vaca blanca y negra para mover los sentimientos, precisamente humanos, haciendo dejación de propuestas, de proyectos, de programas y de verdaderos compromisos, amparándose sólo en la fuerza, como una sospechosa vis cómica que puede caracterizar a nuestra gente, nos huele peor que aquel tinao de nuestra niñez, que el boyero tenía que limpiar a diario, para aumentar el abono ecológico que se iba transformando en un poderoso fertilizante con el paso de los días y días, cara al sol, sin reparar en el paso del tiempo, en la corraleta de al lado.

La gente de nuestra tierra quiere vivir en paz y hacer el camino del Rocío sin problemas, porque es la fiesta y la tradición quien la mueve y la promueve.

Todos y todas se tiran a las inclemencias del camino, sin más pretensiones que sentirse unidos y, en llegando, sentirse reunidos.

No importa ni cómo ni cuándo comenzó todo, porque sabemos desde hace algún tiempo que “se hace camino al andar”.

No importa saber que en los antiguos tiempos, con todo el Imperio Romano a su favor, la religión se contagiara de supremacismo y considerara a la gente de los pagos como paganos, ya que seguían con sus devociones antiguas, con preferentes fervores hacia deidades femeninas, que seguían alimentando la religiosidad del pueblo llano.

Tampoco importa si las vírgenes eran blancas y patrias o de color y prestadas, ya que la reunión y el encuentro con todos eran lo que producía y regeneraba ese bienestar sin tacha, que no se contamina de dicotomías ni maniqueismos barriobajeros, como puede verse en las competiciones deportivas, preferentemente hijas de la pérfida Albión, que nos hipotecan tiempos nuestros de los días de descanso.

Tampoco importa si es verdad que “la Virgen lleva en el hombro una salamanquesa de plata y oro”, porque viene de muy lejos la función de ese animalito totémico de civilizaciones antiguas, como podría ser la tartésica, que sentaron plaza en estas latitudes y que los tiempos se han negado a ocultar y olvidar.

Tampoco importa si la festividad de la Virgen oscurece totalmente la fiesta del mismísimo Espíritu Santo, porque la preferencia popular haya abierto el baúl de los recuerdos y no la caja de los truenos de aquellas palabras del profeta, poco irénicas, que nos aclaraban que “fuego he venido a traer a la Tierra y no quiero otra cosa sino que arda”.

Quizás lo que importa es que el decálogo se encierra en dos propuestas tan populares, que hemos escuchado hasta la saciedad, porque el Rocío es amistad y vida. Así se resume en dos consideraciones del pueblo, ya demasiado añejas, que de siempre hemos escuchado y que nos decían así: “Yo ni robo ni mato”.

La honradez y el respeto a la vida de los demás, aunque sigan siendo otros, y que nos parecen casi ancestrales, tan antiguos y remotos, pero que pueden seguir moviendo conciencias, son joyas de la convivencia humana que la complejidad política de este mundo tan moderno está tirando por la borda con los prejuicios modernos cifrados en posverdades y crímenes de los desaprensivos, tan modernos y tan ricos y tan poderosos ellos.

Sin embargo, el tanto hacer un camino más que trillado no nos vale si no se ve con claridad que no se puede repetir el paradigma de seguir confiando en aquellos que nos engañan y siguen robando y matando, porque así “de nada nos sirve rezar”.

Una vez más el camino nos recalca la voluntad de seguir adelante y de mejorar cada vez la tierra donde pisamos. Al regreso podemos no tenerlo en cuenta, porque, de todos modos, no nos enseña nada.

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José María Barrionuevo es socio de infoLibre.

La actualidad de las noticias dura un suspiro y, como prueba de ello, tenemos esta semana. La resaca electoral del lunes fue arrasada por completo el martes con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

El tema ha levantado ampollas, y los usuarios de X y Bluesky se han posicionado echando mano, unos, de la ironía y, otros, de la decepción para valorar la situación. Todavía quedan muchas cosas por aclarar de este caso, pero las redes ya han explotado y esto es lo que han comentado sobre el asunto: "Si se hiciera llamar Jota Punto Ele Punto habría sido imposible imputarle", ironiza @prendente.bsky.social, "Ya hay más expresidentes delincuentes que imputados", critica @chemapizca, "Yo por eso rescato gatos y no compañías aéreas", apunta @DonMitxel_I.

La victoria electoral de Juanma Moreno, aunque ha quedado en segundo plano, también ha dado de sí para que los más graciosos de internet hagan de las suyas mofándose de su pérdida de mayoría absoluta y criticando que la población de su comunidad autónoma lo haya elegido como presidente. “A veces me apetece criticar a los andaluces por votar a quienes les están jodiendo la vida. Luego recuerdo que soy madrileño y se me pasa”, reflexiona @BenderOfuscado.

Lo de Marcos Llorente y el protector solar en El Hormiguero ha sido, básicamente, un derbi entre la ciencia dermatológica y el "yo lo siento así". Durante el programa, el futbolista volvió a defender su postura de no usar crema para el sol. Pablo Motos le preguntó si no era peligroso ir contra lo que dicen dermatólogos y oncólogos, y respondió que él tiene una "relación coherente con el sol" y que hay profesionales que defienden ese estilo de vida. Las respuestas en redes no tienen desperdicio. "Qué peligroso es sacar en prime time a un magufo diciendo tal sarta de gilipolleces", valora @ibuprofeno600mg, "Le dais altavoz a un analfabeto con un discurso peligroso. Sois unos irresponsables sin escrúpulos", puntualiza @laCATxonda.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Como persona normal intento explicarme hechos que pueden afectar a mi manera de pensar o de vivir, y a la fuerza caigo en el debate que lleva consigo la política. Surge esta reflexión tras las elecciones andaluzas. Vuelve a ganar el PP, sube Vox, baja el PSOE y, como dato relevante, emerge con fuerza el nacionalismo andaluz de izquierdas. La misma foto de Extremadura y Aragón. Está claro que existe un gran electorado conservador, yo diría ultraconservador, que mantiene firme su voto.

¿Cómo se explica? Una de dos: o los hechos de desmantelamiento de lo público por parte del PP –enseñanza y sanidad– son mentira o, por el contrario, al votante no le importa tener que pagar a un médico o un colegio privado para la educación de sus hijos. Las posibles razones podrían ser que la sanidad pública es mala, los médicos son deficientes profesionales y que la educación estatal tiene pésimos profesores que no enseñan. Pero sabemos que la realidad es otra.

La sanidad pública española es quizás uno de los mejores logros en los últimos 70 años y envidia de muchos países mas adelantados, pero, sin duda, hay que corregir grandes problemas que la agobian. En cuanto a la enseñanza, aunque todavía sigue con déficits, su profesorado, tras aprobar un concurso oposición, tiene tantas o más garantías que cualquiera de la enseñanza privada. Claro que existen deficiencias notorias lideradas por las malditas listas de espera en la salud –que no se deben tolerar– y por la escasez de verdaderos maestros desprestigiados socialmente y muy mal pagados. Surge otro pero: ¿de quién es la culpa?

Es posible que muchos no sepan que ambas prestaciones tan importantes de lo público están en manos de los gobiernos autonómicos. También es posible que muchos desconozcan que el PP y Vox reducen los impuestos a los más ricos y que esto va en detrimento tanto de los niveles de salud como de la enseñanza. Es otra posible explicación del porqué muchos de sus votantes han olvidado la nefasta gestión del cribado de cáncer de mama, gestión que prioriza la fiesta, la de toros incluso –aunque hay más en esta Andalucía alegre–, a la de contratar más profesionales tanto en la enseñanza como en la sanidad. Otra explicación podría ser que el votante actúe mas como hooligan que como ciudadano, sin reflexionar el poder que tiene para cambiar tendencias y maneras de gobernar.

Pero también puede haber otra explicación: la culpa es de Sánchez, que vuelve a equivocarse y manda a los leones a sus ministros en vez de pisar la calle, recorrer los campos y resolver el problema del vecino. Por eso suben los partidos que priorizan la tierra que pisan.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

Lo he elegido como título de esta columna aunque también podría haber servido esta estrofa del tango “Yira, yira”, de Enrique Santos Discépolo. “Yirar” significa, en lunfardo, dar vueltas o deambular sin rumbo fijo, que es algo parecido a lo que lleva haciendo el PP desde que era el Movimiento Nacional durante la dictadura franquista. 

Que, por cierto, ese “nacional” debería escribirse con “z”. 

Porque deambular, el garito de la derechona, deambula. Pero el rumbo lo tiene claro: recortar lo público para forrarse sus amigos y ella con lo privado.

La estrofa dice así: “Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor”. Y eso le cantó aquella noche Abascal a Bonilla. A Feijóo hace tiempo que nadie le ronda.

Y es que hay noches electorales que son boleros y otras que son tangos. Y noches electorales que son boleros para unos y tangos para otros. Y eso fue lo que pasó la noche del domingo 17 de mayo, que incluyó, además, dos réquiems y un aleluya. Y a la que no debería acompañar, como bien dice mi camarada Denny Horror, el conocido eslogan “disfruten lo votado”, sino uno menos vengativo y más esperanzador que cierra su monólogo. Ved el vídeo.

Moreno Bonilla –a quien Abascal Conde llama Moruno Bonilla en un derroche infinito de xenofobia en modo “le dijo la sartén al cazo” por los rasgos nítidamente arábigos del ultra– dijo tras analizar las vísceras de sus encuestas internas que gobernaría en solitario. Pero en el fondo de su corazoncito de bachiller sabía, como sabíamos todos, que no iba a ser así.

Retrasos en la comunicación de resultados de cribados de cáncer con muertes incluidas, presuntos desvíos de fondos a la sanidad privada y a las universidades romanas, apostólicas y privadas, denuncias judiciales por prevaricación y fraccionamiento de contratos… Estaba claro que todo esto le iba a pasar factura al PP en las urnas, igual que lo estaba que no la que se merecía, porque existe el voto a la contra manque duela. O el “que se jodan”. Y el no saber votar. Valen las tres expresiones, pero pido perdón por la tercera a mi compinche Jaime Miquel, desde donde sea que me esté leyendo por su férrea defensa –compartida– de la teoría de los votos y los paisanos.

Y ahora, por mucho que diga que tiene margen de maniobra para gobernar en solitario, Juanma va a tener que desayunar sapo una buena temporada. Diría que cuatro años. O lo que surja.

El bolero podría definirse como el arte de sufrir con una orquesta que asiente y te comprende porque no le queda otra. El tango, según Borges, Valle-Inclán o Benavente, como el lamento de un cabrón. La cuestión es que al bolero del PP le acompañó aquella noche un moquero con iniciales para secarse las lágrimas. Al tango de Vox, una navaja automática en el bolsillo del fachaleco. Habrá que ver el alcance del puazo ultra y los daños que provoca en Génova. 

Que, por cierto, ese Génova debería escribirse con “b”.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Andalucía ha votado y los resultados son los que son, los señores y señoras diputados del Parlamento de Andalucía ya tienen su puesto de trabajo asegurado con el dinero de todos los andaluces, y espero que también se sientan orgullosos del honor que eso representa, ahora les toca a ellos ¡A trabajar!

El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla no ha logrado su propósito de obtener la mayoría absoluta y librarse de los líos, pues ya sabe lo que le toca, liarse la manta a la cabeza y a resolver los problemas de Andalucía, que no son pocos, y para ello tienen que respetar y contar con la decisión expresada en las urnas por los ciudadanos, puede buscar apoyos a un lado o al otro, será su decisión y su responsabilidad.

La candidata María Jesús Montero ha recibido un varapalo importante que debería hacer reflexionar a los militantes del PSOE de Andalucía. Las diputadas y diputados elegidos lo que deben hacer es tratar de defender su programa y sus propuestas en defensa de la Sanidad Pública y el resto de servicios desde la oposición.

Lo mismo hay que decirle al candidato Manuel Gavira de Vox, que debería tomar nota de que sus propuestas de “Prioridad Nacional” solo tienen el apoyo del 14% de los andaluces y espero que no saque la conclusión de que los conciudadanos que no les han votado no tienen “Sentido Común”.

Al candidato por Adelante Andalucía, después de felicitarle por su irrupción en la política andaluza, también hay que recordarle que el andalucismo de izquierdas o la izquierda andalucista es lo que es, algo menos del 10%, y que se puede usar esa fuerza para colaborar o para competir, para hacer política o para politiquear.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, que agrupaba un conglomerado de partidos, debería juntar a todos esos partidos y reflexionar sobre lo que está haciendo mal o que no está haciendo la izquierda andaluza a la izquierda del PSOE. De momento, no les voy a pedir que hagan nada hacia fuera, para ellos y para la ciudadanía creo que es más importante que se aclaren las ideas, la estrategia, la táctica, los liderazgos y colaboren para poder ser útiles; en política, la irrelevancia no sirve de nada a los ciudadanos.

Todos los partidos, a excepción de Vox, que se dedica a lanzar sus rimbombantes frases propagandísticas, sin explicar el contenido más allá de una serie de propuestas ilegales como pretender dejar fuera de la sanidad o de los servicios sociales a una parte de los trabajadores que sacan adelante el país, solo por el hecho de no haber nacido aquí o no tener unos papeles. Son los mismos votantes de Vox que quieren expulsarles los que les contratan en negro y por míseros jornales para que les recojan la aceituna, los tomates o las fresas. Es difícil esperar nada razonable de esas gentes que miran a un pasado que ni existe ni volverá y que no tienen ningún proyecto para el futuro que, sin duda, este sí llegará. Son los que cuando Trump nos amenaza con aranceles a los productos agrícolas, en vez de colocarse del lado de sus compatriotas, aplauden al mandatario extranjero. Son aquellos que cuando un genocida como Netanyahu amenaza a España, le dan la razón al genocida. Son los patriotas que dicen querer mucho a España, pero les sobramos la mitad de los españoles.

El resto de partidos, todos ellos han hecho bandera de nuestra Sanidad Pública y Universal y del resto de servicios públicos como Educación o Dependencia, es natural que cada uno tenga sus propias ideas y criterios de cómo sostenerlos y potenciarlos, pero no debería ser difícil llegar a algún acuerdo de mínimos para mejorar la salud pública, la educación pública y la atención a nuestros mayores y a los dependientes de Andalucía.

Lo que los andaluces acabamos de elegir son los miembros del Parlamento y se llama así porque es donde se habla, se parlamenta, y puesto que todos ellos reciben un salario del pueblo soberano, deberían parlamentar para mejorar la vida de quien les paga su sueldo.

¿Qué problema habría para el pueblo andaluz si Por Andalucía le presta al PP los dos diputados que le faltan para la investidura a cambio de blindar en una ley la Sanidad Pública y el resto de servicios esenciales? Juanma ha prometido hacer una ley para eso.

Las ventajas son evidentes para todos. Juanma Moreno se quita la presión de la ultraderecha asilvestrada, le ayuda a centrarse, política y socialmente e incluso le vendría muy bien en sus aspiraciones, si las tiene, en la política nacional.

Para Maíllo, habría demostrado que la irrelevancia en los números no significa irrelevancia en la utilidad al servicio de los ciudadanos.

Interpelo a Maíllo porque ese conglomerado de partidos tienen poco que perder y mucho que ganar si demuestran que pueden ser útiles.

El resto de la legislatura, pues a gobernar con eso que llaman geometría variable, unas leyes se pactan con unos y otras normas con los otros, pensando siempre en el bien común por delante de intereses partidistas o personales.

Les prometo que no estoy borracho ni he fumado nada, pero ¿sería o no bonito ver a nuestros empleados, los diputados del Parlamento de Andalucía, trabajando juntos para mejorar la vida de la mayoría de los andaluces?

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Ángel Díez es socio de infoLibre.

Lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía. Lo afirmamos la semana pasada. Que nadie busque extrapolar resultados de unas autonómicas a unas generales. Nadie conduce por carreteras secundarias a la misma velocidad que en una autopista sin salirse de la curva. En cualquier caso, las elecciones del domingo, primera vuelta de las generales (Vol.1), dibujaron un resultado previsible para el PSOE, que se desplomó hasta los 28 diputados; confirmaron la pájara de Vox, que sólo ha crecido cuatro décimas respeto de 2022; anticiparon el error de estrategia de Antonio Maíllo; y nos anuncian —esto sí es interesante— el peor escenario de Feijóo.

El barrigazo de María Jesús Montero el pasado 17 de mayo nos cuenta más cosas del temple de Juan Manuel Moreno Bonilla, que de la debilidad de Pedro Sánchez en Andalucía. La inmolación de Montero es el colofón a una crisis de gobierno en diferido que comenzó hace dos años con los llamados cinco días de abril, cuando el presidente del Gobierno vivió sus días más solitarios, cuando nadie a su alrededor (cuántos corchos flotan) se sintió capaz de contener el asedio judicial que sufría el inquilino de La Moncloa, cuando el PSOE caoba daba por muerto a Young Sánchez y amenazaba con la llegada del futuro terror.

La cadena de demandas e imputaciones que saeteaban su entorno familiar propició que el Secretario General mudara de piel. No sería la primera ni tampoco la última vez que lo haría. Cuanto más ha pedido Feijóo la convocatoria anticipada de elecciones, más fuerte se hacía el presidente desde su trinchera, convertido en adalid de la democracia liberal. Entonces, como ahora, desde esta guillotina afirmamos que habría legislatura larga, con presupuestos o sin ellos. El gallego y su cuadrilla siguen sin tener votos suficientes para parir una moción de censura. El futuro terror tendrá que esperar, así que apunten fecha electoral en el calendario: julio de 2027.

El resultado de María Jesús Montero ha despertado al PSOE caoba, que trata desesperadamente de articularse a través de algunos ayuntamientos (A Coruña, Palencia) y otros tantos gobiernos autonómicos (Asturias y Castilla La Mancha). Barbón se distancia de Sánchez mientras Page alimenta el antisanchismo, el mejor alpiste del que dispone en su comunidad para garantizarse otra mayoría absoluta. Unos y otros saben que lo que se vota en locales y autonómicas nada tiene que ver con lo que pase en unas generales. Que cada palo aguante su vela.

El 17 de mayo también ofrece una lectura interesante, a este lado del Mississipi. Parece ser que el país se ha derechizado, dicen algunos diarios. ¿Es la sociedad o es la industria de la actualidad la que se ha deslizado elegantemente hacia la derecha? Ser o no ser, esa es la cuestión. O no. Querido y desocupado lector, la única certeza que tenemos es que hay un millón de votos dispuestos a ser movilizados si se les ofrece un propósito que los empuje a entregar su papeleta a una candidatura de izquierdas. Ese millón de españoles descansa hoy en la abstención. No se ha ido al PP. A todos ellos sumen también otros 400.000 que sí se fueron al partido de Feijóo y que pueden regresar otra vez al PSOE. Y por cerrar este asunto: en Catalunya habrá presupuestos.

Llegados a este punto, vamos a dejar las cosas claras. PP y Vox no van a sumar el 55% de los votos dentro de 14 meses. El partido está abierto y la izquierda puede volver a gobernar. Dicho de otra manera. La pájara de Abascal persiste desde las elecciones de Castilla y León. Tras la celebración de los últimos caucus de la derecha, el vector autoritario sólo ha crecido cuatro décimas en Andalucía, incluso con la bandera vacía de la prioridad nacional, y el peor resultado del PSOE andaluz con María Jesús Montero está por encima del 22% que logró Moreno Bonilla en las elecciones de 2018, cuando se hizo por primera vez con el gobierno de San Telmo merced al apoyo de Vox y Ciudadanos. Y apunten otro dato importante: si hace cuatro meses no había medio de comunicación que no alertara del 20% de Vox, hoy apenas llega al 17%. En Bambú han pedido tiempo.

Ganar es perseverar y para ganar se necesita tiempo. Lo ha entendido muy bien Adelante Andalucía. Cuatriplica su representación parlamentaria con ocho escaños en la Junta de Andalucía. La gran lección del partido que fundó Teresa Rodríguez y hoy encabeza José Ignacio García nos habla de la importancia del tiempo para que arraiguen las ideas y crezcan los propósitos entre los electores. Lo comprobamos también en Extremadura, donde el tiempo dio sus frutos y los votantes respaldaron un sólido resultado para la candidatura de Irene de Miguel. Los andaluces como los extremeños valoran los proyectos consolidados, que crecen sobre bases y alianzas fuertes y esa es la gran lección que debe aprender Antonio Maíllo. La izquierda también necesita dirigentes que irradien firmeza. No se puede cambiar de estrategia electoral a golpe de resultado. El disparo en el pie de Magariños corre el serio riesgo de volver a repetirse catorce meses después. En Vallecas, no obstante, late una esperanza. Atentos.

La fortaleza de Pedro Sánchez está en la debilidad de Feijóo. Los 53 diputados de Juan Manuel Moreno Bonilla ofrecen el peor de los escenarios para el presidente del PP. El Madrid D.F. vive un momento de decadencia. Ayuso, por primera vez desde que es presidenta, vive desenchufada de la industria de la actualidad tras su regreso de Cancún. El Real Madrid de Florentino Pérez parece haber entrado en pánico y Vox parece sufrir una severa astenia primaveral con alguna crisis alérgica sin que haya puesto fin a su intento de reemplazar al PP. Vox también busca tiempo, minutos muertos, en el partido electoral para reordenar sus cartas y rehacer su estrategia.

Recuerden: lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía, pero también es cierto que tras unas elecciones andaluzas, siempre suceden cosas. Sucede que Ayuso no tiene garantizada una mayoría absoluta, sucede que Feijóo continúa capturado por Vox, sucede que el resultado de Moreno Bonilla asimila al guardián de San Telmo al resto de barones que se han visto obligados a pactar con los ultras. ¿Acaso el presidente de Andalucía no va a seguir la disciplina marcada por Santiago Abascal? Y sucede que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado.

Vive y deja morir. Esa ha sido la mejor estrategia de Pedro Sánchez desde los cinco días de abril, mientras Aznar alentaba a mover y a hacer a los jueces y a los periodistas contra el presidente del gobierno. El último tiro al agua, dos días después de las elecciones andaluzas, lo ha disparado el juez Calama contra Bambi. Mientras Víctor de Aldama se pasea impunemente por el Madrid D.F. se produce la imputación de Zapatero. Si los peones negros logran encarcelar al alma del PSOE, es posible que Feijóo se sienta presionado a ir a una moción de censura. Caballo de Troya. Si no la activa, veremos a Sol y a FAES exigirla. Y si va a la moción, es muy  posible que la pierda y que Pedro Sánchez se lo lleve por delante. El último caso contra Zapatero ¿es una estrategia de la caterva antipolítica o una trampa de Marchena, Miguel Ángel Rodríguez y Aznar para rematar a Feijóo? Pronto lo sabremos. 

Andalucía ha revalidado en las urnas a quien ha convertido la precariedad y el deterioro de lo público en una normalidad asumida. Tras la última cita electoral, la cuestión no es solo por qué ha pasado, sino qué vamos a hacer quienes sabemos que esta victoria traerá más desigualdad. No se trata de llorar la derrota, sino de transformarla en inteligencia política y organización.

En Andalucía, la última noche electoral dejó algo más que un mapa teñido de azul: confirmó que Moreno Bonilla ha consolidado un poder construido sobre el desgaste silencioso de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Las cifras ya se han analizado hasta la saciedad; lo que queda ahora es enfrentarse a la pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una mayoría social vota a quien gobierna contra sus intereses materiales? Encajar la derrota no va de resignarse, sino de convertir este resultado en una lección estratégica.

Las encuestas lo venían anunciando: la derecha se consolidaba mientras se normalizaba el deterioro de lo público y se desplazaba el sentido común hacia la resignación y el sálvese quien pueda. No es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace lógico de un proceso de años en el que una parte importante de la sociedad ha terminado viendo como “gestión eficiente” lo que, en realidad, es desmantelar derechos. Aquí, Antonio Gramsci sigue siendo una brújula: “el poder no se sostiene solo con votos y leyes, sino con hegemonía, con la capacidad de hacer que los de abajo asuman como natural lo que es una construcción interesada”.

El problema no es únicamente que haya ganado Moreno Bonilla; es que ha ganado una manera de mirar Andalucía. Una mirada que presenta los recortes como modernización, la privatización como colaboración y la desigualdad como oportunidad para quien “se esfuerza”. Gramsci habló de la batalla por la cultura, por las palabras, por la interpretación del mundo. Si en esa batalla entramos tarde, fragmentados o ensimismados, la aritmética electoral solo certifica una derrota anterior: la de no haber sido capaces de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en los espacios donde la gente se forma una opinión sobre su propia vida.

Hannah Arendt nos ayuda a entender otra dimensión incómoda: la banalidad del mal político. No hace falta un régimen abiertamente autoritario para erosionar la democracia material de la mayoría; basta con una suma de pequeñas decisiones, de renuncias aceptadas como inevitables, de ciudadanos que “solo votan lo que sienten” sin herramientas para comprender qué hay detrás de cada sonrisa de campaña. No se trata de despreciar a quien vota, sino de asumir que sin una ciudadanía crítica, informada y organizada, la libertad se reduce a un gesto formal cada cuatro años, mientras la capacidad real de decidir sobre la propia vida se encoge.

Por eso este texto no puede permitirse el tono lastimero. Encajar la derrota implica tres movimientos: pensar, cuidar y organizar. Pensar, revisando con rigor qué errores hemos cometido: dónde no hemos llegado, qué lenguajes no han conectado, qué miedos no hemos sabido nombrar ni canalizar. Cuidar, acompañando a quienes hoy sienten que el suelo se les mueve bajo los pies, ofreciendo comunidad donde la derrota invita al repliegue individual. Organizar, volviendo al barrio, al tajo, a la asociación, a la red de apoyo, entendiendo que el nuevo ciclo empieza justo cuando se cierra el recuento.

Ahí entra Václav Havel y su idea de esperanza: no como convicción de que las cosas saldrán bien, sino como certeza de que lo que hacemos tiene sentido, incluso cuando el marcador va en contra. Esa es la esperanza que hoy necesitamos en Andalucía: no ingenua, no consoladora, sino tozuda. La que nos obliga a seguir construyendo alternativa en lo cotidiano, sabiendo que la hegemonía no se rompe en un solo ciclo electoral, pero también que ninguna hegemonía es eterna.

Moreno Bonilla ha ganado, sí. Pero no ha ganado para siempre ni en todas partes. En este momento político, la tarea es no dejar que su victoria electoral se convierta en derrota moral de quienes queremos otra Andalucía. Lo que se abre ahora es un tiempo para disputar, palmo a palmo, la manera en que este pueblo se piensa a sí mismo. Porque si hoy ha elegido al lobo, nuestro trabajo es que mañana esté en condiciones de elegir otra cosa.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

El espectacular avance de Adelante Andalucía este 17M es uno de los asuntos que más ha centrado las reuniones de todos los partidos durante la resaca electoral. Y supone la apertura de la puerta en la comunidad más poblada de España a la vía que ya funciona con éxito en otros lugares del país y que ejemplifican Chunta en Aragón o Compromís en Valencia.

Adelante Andalucía viene a ensanchar ese camino que también transitan con fuerza en sus comunidades partidos como el BNG en Galicia, EH Bildu en el País Vasco y ERC en Cataluña. Formaciones de carácter progresista, pero con un fuerte arraigo identitario y sin dependencia de direcciones en Madrid. 

Adelante Andalucía fue el gran ganador de este domingo al cuadruplicar sus resultados, pasando de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. Ha subido en casi cinco puntos y ha aglutinado el voto de más de 400.000 habitantes. Y tiene gran trascendencia su extensión a casi todas las provincias, cuando antes era un instrumento electoral que operaba solo en Cádiz y Sevilla. Únicamente se quedó fuera en Almería y Jaén, dos provincias con un fuerte carácter bipartidista y donde Vox tiene también mucha fuerza por factores como la agricultura y la migración.

Comparte con otros partidos de la izquierda territorial un punto fresco que atrae a los jóvenes. Como confiesa un veterano dirigente del PSOE de Sevilla: “Mis dos hijos han votado a José Ignacio García”. Este es un rasgo que los diferencia de otros partidos de izquierdas, a los que les cuesta conectar ahora con los jóvenes en un debate público dominado por la ultraderecha. Por ejemplo, en las elecciones de Aragón de febrero la Chunta fue el partido más votado entre los menores de 35 años, según el estudio poselectoral publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Adelante Andalucía comparte con las izquierdas territoriales un uso muy potente de las redes sociales, con un estilo diferente, directo, didáctico y que llega mucho a los jóvenes. Algo que también jugó a su favor Jorge Pueyo, el candidato de Chunta Aragonesista.

Y, además, otro de los factores que ha calado mucho en esta campaña es que el candidato de Adelante Andalucía ha mantenido un relato diferente al de otros dirigentes de la izquierda. Ha evitado el discurso del progresista gruñón que riñe a los votantes y ha apostado siempre por la sonrisa a lo Mamdani. Él mismo ha confesado que se puede ser muy crítico y exigente con las derechas, pero a la vez transmitir la ilusión de la gente de las calles de Andalucía. De hecho, esa filosofía estaba en el spot de su campaña electoral con música de La Plazuela y con esta máxima: “Ya no quiero estar más al lado de la pena”.

Ese espíritu también se materializó en su visita a la Feria de Abril de Sevilla, un lugar muy identificado con las élites del poder en la capital andaluza. Allí se plantó y recibió muchas muestras de cariño de personas que paseaban por el Real. Él mismo dijo que aspiraba a que todo el mundo, de todas las clases sociales, pudiera disfrutar de la feria.

Desde que arrancó la campaña, se vivió como una competición la concurrencia de Adelante y de Por Andalucía, la lista en la que estaban integrados, entre otros, Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Los de Antonio Maíllo consiguieron salvar los muebles y mantener el grupo parlamentario con cinco escaños. Por eso, el ascenso de García no se basa en comerle terreno a sus teóricos rivales, sino precisamente en movilizar a votantes abstencionistas y llegar donde la izquierda estaba fallando. La izquierda crece por primera vez en Andalucía en este ciclo electoral, ganando cuatro escaños y dos puntos.

La propia candidata del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que los socialistas tienen que “aprender” de Adelante Andalucía su “eficacia en comunicación política y en la capacidad” para generar confianza entre la gente en un momento de desgaste de Juanma Moreno.

El crecimiento de Adelante Andalucía se produce en unos meses de vital importancia para la izquierda a nivel nacional, que está buscando fórmulas para el próximo ciclo. García confirmó este lunes que el partido se presentará a las elecciones generales, pero de manera independiente respecto a la “izquierda clásica y tradicional” que está en el Gobierno central.

Según García, Adelante Andalucía estará en el próximo Congreso de los Diputados porque “a mucha gente le entró el gusanillo de votar para que se haga en el Parlamento una política de izquierda, andalucista y en favor del pueblo andaluz”.

Gabriel Rufián (ERC), hombre clave para el futuro de la izquierda, hizo este análisis al conocerse los resultados: “Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a los demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A escuchar y a ayudar”.

Adelante Andalucía se suma a las tesis de las direcciones del BNG, EH Bildu y Esquerra, que quieren ir con sus marcas y no integrarse bajo una fórmula con formaciones de implantación nacional como Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar. 

Desde Izquierda Unida, en cambio, siguen empujando en la idea de crear un frente amplio para las próximas elecciones generales. En este proyecto están embarcados también Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid. Podemos se unió a última hora a la papeleta de Por Andalucía. Desde Sumar quieren acelerar el proceso para buscar candidato. Como señaló este lunes Lara Hernández, es el momento de “pisar el acelerador” para elegir al cabeza de cartel antes del verano.

Maíllo hizo esta reflexión de cara al futuro: “Me preocupa la construcción de una izquierda transformadora federal con proyecto de país. Y me preocupa que se vaya a construir ahora una especie de suma de troceamientos de izquierdas regionalistas. Me preocupa como ciudadano. Apuesto por un proyecto de izquierdas para todo el país. No quiero dejarle ese carril al PSOE y que sea la única propuesta política progresista con ámbito estatal. Queremos hacer política estatal. Si no lo hacemos, sería hacerle un favor al PSOE. Queremos una izquierda estatal. Si no la hay, sería una tragedia para los trabajadores”.