El medio centenar de migrantes acampados en una plaza junto al antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) desalojado el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra han comenzado a recoger sus pertenencias y abandonar el lugar, después de que la Guardia Urbana les haya emplazado a retirarse.

Después de que el pasado miércoles la Policía de la Generalitat desalojara el B9, medio centenar de los casi 400 migrantes que llegaron a vivir en este antiguo instituto se instalaron en la plaza que hay frente al edificio con una veintena de tiendas de campaña.

Los desalojados, la mayoría inmigrantes subsaharianos, han encendido hogueras durante la noche para combatir el frío nocturno, junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos.

A primera hora de esta mañana, la Guardia Urbana de Badalona se ha desplegado en el lugar, emplazando a los migrantes a recoger sus pertenencias y a abandonar la plaza, sin que por el momento se estén produciendo incidentes.

Una vez que los migrantes hayan abandonado la plaza, está previsto que el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Badalona trabaje en la zona.

Los Mossos desalojaron en la mañana del miércoles el edificio del instituto B9 de Badalona tras una orden judicial a instancias del ayuntamiento, que tiene previsto reconvertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana, una ejecución que ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, que se han quedado sin solución habitacional en pleno mes de diciembre.

El desalojo del mayor asentamiento de personas sin techo en Cataluña se saldó con 19 detenidos, la mayoría en aplicación de la ley de extranjería, y 181 personas identificadas.

El pasado 15 de enero, Miguel (nombre falso para preservar su identidad) recibió una llamada en la puerta de su casa en el Barrio del Pilar (Madrid) que todavía recuerda con angustia: tres individuos vestidos de negro, al estilo militar, irrumpieron violentamente en el piso donde vivía con su madre y su hermana para avisarle de que debían desalojar la casa cuanto antes. Al negarse y defender su derecho a permanecer en la vivienda, Miguel estuvo recibiendo durante meses golpes en la puerta, gritos, insultos y toda clase de intimidaciones. Aquellos hombres de negro anónimos llegaron incluso a poner silicona en la cerradura. Enseguida pudieron comprobar que su casera, en su afán de vender cuanto antes el inmueble, había contratado a una de las autodenominadas empresas de desokupación para “vaciarlo” de inmediato. Aunque el inquilino tenía derecho, por la vigencia de su contrato, a seguir residiendo ahí, vivió meses con pánico a salir a la calle por miedo a ser agredido. Según el afectado, muchos desahucios invisibles en España se producen de esta manera.

La empresa de desokupación que se dedicó a hostigar durante semanas a Miguel es la ya conocida D.I.O. Express, una de las tantísimas distribuidas en todo el país y dedicadas a amedrentar y amenazar a inquilinas para expulsarlas de sus viviendas. En su web prometen “desalojos express en 48 horas” con la garantía de haber realizado más de 5.000 desahucios al margen de la ley, para que el propietario pueda esquivar los “largos procesos judiciales” que implica llevar a cabo un desahucio por orden judicial. “En D.I.O. Express, gracias a nuestro equipo multidisciplinar, formado por expertos en negociación y asesoramiento legal, logramos que los okupas abandonen el inmueble sin conflictos ni dilaciones”, prometen. En los últimos años, los sindicatos de vivienda advierten de la proliferación de estos grupos que operan al margen de la legalidad para acelerar desalojos a la fuerza.

Estas entidades calificadas de “parapoliciales” por parte de las activistas provivienda han conseguido hacer del miedo a la llamada “inquiokupación” un negocio muy lucrativo que crece día a día. Aunque la mayoría se definen a sí mismas como “mediadoras” e insisten en sus webs en la legalidad de sus acciones, en la práctica suelen amasar grandes cantidades de dinero a base de amedrentar, violentar y acosar, en su mayoría, a inquilinas en situación de vulnerabilidad. 

Desokupa, por ejemplo, afirma en su perfil público que su labor se centra en la recuperación de inmuebles “a través de acuerdos con okupas” mientras que en realidad se dedican a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales por medio de coacciones y actos intimidatorios. Otras como Desokupacyl presumen de contar con “un equipo altamente cualificado y comprometido, que acometerá el desalojo de manera segura y legal, garantizado un proceso respetuoso y metódico”, si bien su líder, Luis Núñez, fue detenido en Valladolid por extorsión y amenazas tras la denuncia de una empresa.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que normalmente, en contra de la creencia general, las empresas se encargan de desalojar a personas con contratos en vigor y sin estar en situación de impago: “En la mayoría de casos han sido contratados para pisos de alquiler donde los dueños querían hacerse con el piso sin haber finalizado el contrato”, alegan desde esta organización. En muchos otros supuestos, tal y como apunta la abogada del CAES Alejandra Jacinto, quienes contratan son empresas pequeñas y medianas que compran inmuebles con inquilinos con contrato en vigor a un precio muy barato a través de una subasta y quieren venderlos más caros. Otras veces se trata de caseros que han invertido en viviendas donde residen mayoritariamente familias vulnerables con procesos judiciales abiertos sin concluir, ya que en estos casos su precio es mucho mayor de lo habitual.

Tan solo algunas de estas empresas figuran realmente como entidades jurídicas, alertan desde algunas asesorías. “Hay constancia de que hay empresas o grupos que están actuando sin ningún registro como empresa ni ninguna sociedad jurídica que responda sobre esa actividad. Hay que entender que primero surgió la empresa ultra Desokupa, de Daniel Esteve, y a raíz de esa empezaron a surgir otras, muchas de las cuales son low cost, están integradas por personas con muy dudosos historiales profesionales, algunas con antecedentes penales y muchas no registran la sociedad”, aclara Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda.

Las organizaciones por el derecho a la vivienda coinciden en la necesidad de denunciar que buena parte de estas empresas opera de manera ilegal. Esto sucede, por ejemplo, con Desokupa Gador, del que es imposible hallar su identidad legal como empresa en los registros. “Son grupos organizados que funcionan como mafias, personas que están actuando totalmente fuera de la ley, algo ante lo cual hay muchísima permisividad”, desliza Nacho Martín, inquilino en lucha en el bloque de San Ildefonso en Lavapiés, víctima de la empresa de desokupación Serviokupas y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Cuando la empresa quiso echar a las vecinas de su edificio, cuenta Martín, ofrecieron 6.000 euros a cada familia para que se fueran del inmueble. 

En grupos de este tipo que sí figuran como entidades jurídicas, la descripción oficial de sus servicios no suele corresponderse con aquellas actividades que realizan en la práctica. Es el caso de Horus Desokupa: en el registro legal, figuran como una empresa de “actividades de seguridad privada”, aunque en su web dejan claro que se dedican a “desalojos de okupas y mediación con inquilinos morosos o en situación precaria” evitando “procesos judiciales largos y complejos mediante mediación extrajudicial”.

Por su parte, Antiokupa Tarraco, a pesar de que se trataba de una empresa dedicada a ejecutar desalojos extrajudiciales a la fuerza, figura en el registro mercantil como operadora de “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, administración y gestión de fincas rústicas y urbanas, servicios integrales de auxilio en trabajos de metal, construcción, industria, jardinería, mantenimiento”. Fue desarticulada finalmente por los Mossos d’Esquadra en 2024 tras acumular más de 60 denuncias. Como transmitió Tarragona Digital, los miembros de este grupo eran “especialmente violentos” contra personas racializadas y algunos de ellos acumulaban antecedentes por “coacciones, amenazas, lesiones y trato degradante”. El ensayo Poder Inquilino, publicado este año por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, revela que esta empresa instaló GPS en las víctimas para vigilarlas y geolocalizarlas e, incluso, llegaron a sustraer a una niña de tres años de su madre para desalojar una vivienda. Posteriormente, ha sido declarada como organización criminal. 

Con cada una de estas operaciones extrajudiciales las empresas consiguen amasar grandes cantidades de dinero: Idealista afirma que el precio de cada desalojo ronda los 3.000 euros. No obstante, los precios varían en función de la empresa. Por ejemplo, Brigada Desokupa ofrece en su web ejecuciones extrajudiciales “desde 2.500 euros”. En otros casos, como afirman desde el CAES, se ha llegado a dar la circunstancia de que una empresa llegó a cobrar cerca de 1.600 euros por la “visita”, con una prima adicional de éxito o recompensa en caso de que finalmente lograran expulsar a los inquilinos. 

Pero los ingresos que obtienen estas empresas no se circunscriben únicamente a la ejecución de desalojos: algunas venden a través de sus páginas web todo tipo de dispositivos de seguridad, desde alarmas inteligentes hasta puertas blindadas. Por ejemplo, Bastión Desokupación, empresa que también presume de no respetar los tiempos judiciales a la hora de llevar a cabo sus actividades, ofrece “puertas antiokupa”, alarmas resistentes a inhibidores con videovigilancia 24 horas y controles de acceso para impedir que los inquilinos puedan acceder a sus viviendas. 

En los últimos años se han multiplicado las ventas de estos dispositivos, al igual que los llamados “seguros antiokupación”, tanto por parte de estos grupos como por aseguradoras e inmobiliarias. Empresas como Securitas Direct, Prosegur, Segurma, Visegur o Mutua Madrileña, pero también portales inmobiliarios como Idealista. Securitas cuenta con “alarmas antiokupación” con tecnología ZeroVision (un sistema de seguridad que se activa en caso de intrusión y llena el área protegida de humo denso, bloqueando la visión del intruso y dificultando el robo) desde 400 euros el equipo. Mutua Madrileña, por su parte, ha lanzado un seguro antiokupación por 7,5 euros al año: “La garantía antiocupación cubre el pago de un alojamiento alternativo (durante un máximo de seis meses y 800 euros de renta de alquiler) en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar”, promueven desde su página.

En los portales web de todas estas empresas, las aseguradoras presumen de contar con una tecnología avanzada y de una efectividad probada para garantizar la seguridad de los propietarios. En el caso de Securitas Direct, ofrecen protección reforzada en la puerta principal “para detectar al intruso antes de que entre”, puertas “antiokupa” de alta seguridad capaces de resistir intentos de forzado, sofisticados sistemas de alarma, cerraduras especialmente diseñadas para resistir métodos de apertura forzada “como el bumping, el ganzuado o el taladrado con sistema anti-picking” y un largo etcétera de sistemas de protección. Aunque describen con minuciosidad el inmenso abanico de herramientas del que disponen y reiteran constantemente su infalibilidad, en ningún momento deslizan datos sobre el número de viviendas que han logrado “salvar” de intentos reales de “inquiocupación”. Sí dan otros datos cómo los relativos al número de personas que se declaran con miedo a la ocupación o de cuántas familias ya disponen de sus productos, cerca de 5,7 millones en 17 países. 

Lo mismo sucede con los anuncios de este tipo de servicios en Idealista, donde tampoco aparecen cifras relativas a su porcentaje de éxito en casos de ocupación. Ni siquiera proporcionan información sobre el número de viviendas que se han visto afectadas por intentos de ocupación, pese a que en la descripción del Seguro Anti Okupas que ofertan apelan a esta amenaza y la sitúan como un peligro permanente. Por un importe de 39,85 euros anuales, prometen cubrir al casero en caso de poder demostrar pérdidas financieras asociadas con la ocupación ilegal de sus propiedades. Las opiniones de los clientes, exhibidas en las webs de ambas empresas, dejan claro que las personas que han contratado los servicios se han sentido “mucho más tranquilas y seguras” desde que disponen de estos dispositivos, aunque ninguna traslada haber sufrido intentos de ocupación.

A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derecha. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”. 

En este sentido, Palomo asevera que “ha salido todo un negocio, ya no solamente de las empresas de antiokupación, sino también de alarmas y seguros inmobiliarios que garantizan una fuerte protección al propietario: como la Agencia de Negocios de Alquiler, Alquiler Seguro y todas estas que gastan un fuerte patrimonio en publicidad, sobre todo en las radios, para meter mucho miedo a la gente y lo que está haciendo es criminalizar a los inquilinos”, recalca Palomo. Por su parte, desde Acción contra el Odio indican que “la visibilidad de estas empresas corre paralela a los alarmistas discursos sobre la ocupación de vivienda, que hace que la opinión pública crea que hay casi 1.000 veces más ocupaciones de las que existen”. 

El negocio de estas empresas se mantiene a flote gracias a la impunidad de la que a menudo gozan quienes obtienen beneficio de ese miedo pese a llevar a cabo acciones delictivas. Desde organizaciones como PAH Vallekas señalan directamente a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por no actuar con la contundencia necesaria cuando una víctima llama para informar sobre el acoso que está sufriendo.

Palomo afirma que muchos policías, cuando hay un conflicto, “no detectan que hay un delito de amenazas o de coacciones sobre la vivienda y tratan de diluir el asunto en vez de tomar acta de que se está cometiendo un delito o en el peor de los casos vemos que incluso dan la razón a la empresa”. Esta situación se está dando actualmente, afirma, de forma primordial en barrios vulnerables. En septiembre del año pasado, activistas de la PAH de Carabanchel denunciaron la complicidad explícita entre Desokupa y la Policía cuando un trabajador de la empresa liderada por Daniel Esteve llamó a la Policía Nacional para ponerla en aviso, haciendo posible un operativo de cerca de 45 efectivos. El despliegue contó con un frente integrado por 15 trabajadores de Desokupa insertos en el cordón policial.

En los casos en los que las víctimas consiguen sentar en el banquillo a las empresas, es habitual que estas queden absueltas o que la causa acabe archivándose. Miguel cuenta que cuando sus acosadores tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales “se señaló una primera fecha para juicio y, a causa de un extraño error en los juzgados, se juntaron dos causas y ese juicio se suspendió. Después se dijo que nos iban a llamar para un segundo juicio y resulta que ese juicio se llevó a cabo sin nuestra presencia, es decir, sin contar con los perjudicados y demandantes y se sentenció absolviéndolos”, traslada el afectado.

Los desahucios siguen ocurriendo en Galicia. Son muchos menos que en plena gran recesión, prácticamente la mitad, pasando de unos 2.000 anuales hace poco más de una década a alrededor de un millar por año en la actualidad. La reducción se debe fundamentalmente a la disminución de los desalojos por impagos de hipotecas entre ecos de la burbuja de principios de siglo, actualmente escasos.

Los datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre de 2025 acreditan, en cualquier caso, que los desalojos continúan en Galicia. La cifra es relativamente estable, en el entorno de los trescientos por trimestre, y más del 85% son por falta de pago en viviendas alquiladas: 273 entre marzo y junio de 2025 frente a una treintena de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias.

Esta tendencia a la estabilidad o a cierta disminución alcanza también a otro fenómeno vinculado a la vivienda que, paradójicamente, tiende actualmente a tener más eco político y mediático que los desahucios pese a ser objetivamente mucho más escaso: las ocupaciones ilegales de vivienda. Tan cierto es que ocurren como que su peso es residual, atendiendo a los datos oficiales del Poder Judicial.

Durante ese trimestre los juzgados gallegos recibieron 15 nuevos casos por “ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son siete menos que en el trimestre previo y nueve menos que en el mismo período del año anterior. De este modo, los desahucios en el segundo trimestre multiplican por 20 los nuevos casos de ocupación que acaban en demandas judiciales.

La disminución interanual en los nuevos casos de ocupaciones es, por tanto, del 37,5 %. En este indicador, no obstante, precisamente por su escasez las variaciones porcentuales suelen ser poco ilustrativas. Sí lo es más la incidencia del fenómeno por cada 100.000 habitantes, situada en Galicia en 0,6 casos, cuatro décimas por debajo de la media estatal.

En el caso de los desahucios en viviendas alquiladas la incidencia en Galicia se sitúa en 10,1 casos por cada 100.000 habitantes mientras la media estatal está en 10,9. Los lanzamientos por impago de hipotecas registran una incidencia de 1,2, menos de la mitad de la media estatal, de 2,5 por cada cien mil personas.

Un hombre de 73 años se ha suicidado en Barcelona tras ser desahuciado del piso en el que vivía en el barrio del Raval, vivienda a la que acudió horas después alegando que había ido a buscar ropa, aunque acabó precipitándose por el balcón, recoge EFE.

Sobre las once de la mañana de ayer jueves, una comitiva judicial ejecutó el alzamiento de esa vivienda, situada en la calle Robadors de Barcelona.

Horas después, hacia las seis de la tarde, sonó la alarma del piso que había sido instalada tras el desalojo, por lo que agentes de los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar para determinar lo que había motivado que aquella se activara, según han informado a EFE fuentes de los Mossos.

La Policía de la Generalitat halló en el interior del piso al hombre que horas antes había sido desahuciado, quien argumentó que estaba cogiendo ropa.

Sin embargo, el hombre corrió hacia el fondo del balcón y se precipitó desde un tercer piso por el patio interior del inmueble.

Los Mossos, según fuentes policiales, intentaron sujetarlo y contenerlo para que no se tirara, pero no lo lograron y, después, lo auxiliaron sin éxito hasta que llegaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la vivienda era propiedad de un particular, no de un gran tenedor, el cual había presentado una demanda para desalojar a los ocupantes "ignorados" de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia 2 admitió la demanda y abrió un incidente de ocupación, comunicando los hechos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar un informe y adoptar las medidas pertinentes.

El informe de Servicios Sociales señaló que la persona que había sido encontrada dentro de la vivienda el pasado 14 de febrero había renunciado al Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO).

El SIPHO acudió en tres ocasiones al domicilio sin que nadie le abriera le puerta, por lo que dejaron notas de contacto pero al no obtener respuesta, comunicaron la imposibilidad de realizar un informe por renuncia y falta de contacto.

El 26 de ese mismo mes se intentó, en dos ocasiones, notificar el procedimiento judicial, pero no se encontró a nadie en la dirección de la vivienda objeto de la demanda. El 1 de abril se intentó una nueva notificación, pero tampoco había nadie dentro del piso.

En un auto del 9 de abril, el juzgado decidió no suspender el procedimiento al no poder valorarse la vulnerabilidad del inquilino, y un día después se acordó la recuperación inmediata del inmueble, fijando el alzamiento para ayer, 12 de junio.

El 25 de abril se notificó el desahucio a la persona que se identificó como ocupante de la vivienda.

Según el TSJC, la persona que ayer fue desalojada no es la misma a la que se le había notificado el desahucio.

Al hombre que ayer fue desalojado se le notificó que debía abandonar la vivienda y los Mossos, previa autorización de los funcionarios, le entregaron algunas pertenencias como la documentación, teléfono móvil y ropa. Le explicaron que para recoger el resto de sus pertenencias podía ponerse en contacto con la propiedad.

Varios centenares de manifestantes se han enfrentado en la noche del jueves a la Ertzaintza con la quema de contenedores y el lanzamiento de objetos a los agentes, que han respondido con cargas policiales en los alrededores del gaztetxe Etxarri, un centro social okupado en el barrio bilbaíno de Rekalde, cuyo desalojo por orden judicial está previsto para este viernes, según informa EFE.

A primera hora de este viernes, los cuatro jóvenes okupas que permanecían en el gaztetxe Etxarri han salido por su propio pie del edificio después de que la Ertzaintza consiguiera acceder a su interior a través de un garaje adyacente. Estos jóvenes han sido identificados y se les ha abierto un expediente sancionador por vulnerar la Ley de Seguridad Ciudadana, según ha informado el departamento vasco de Seguridad. Esta operación responde a una orden judicial de desalojo del inmueble y ha contado con la presencia de una comitiva judicial.

Para llevar a cabo el desalojo se ha establecido un amplio despliegue policial, que ha incluido veinte furgonetas, numerosos agentes, un helicóptero y drones, motivado por las manifestaciones en contra de esa medida y en defensa del gaztetxe. Más de doscientos jóvenes han presenciado el operativo policial desde primeras horas de la mañana con gritos a favor del local juvenil, sin que de momento se hayan registrado incidentes en un ambiente de calma tensa.

El desalojo se produce después de los enfrentamientos registrados en la noche del jueves entre manifestantes y ertzainas, con el resultado de doce policías contusionados. En esos disturbios, grupos de jóvenes quemaron contenedores y lanzaron objetos a los agentes que respondieron con cargas policiales en unos altercados que se prolongaron durante casi una hora y media.

Los agentes habían acordonado el inmueble, que lleva okupado desde hace unos diez años, para intentar evitar que alguien entrara en el edificio, ante la previsión del desalojo inminente.

La Xunta firmó en 2021 un convenio con el Consello da Avogacía Galega (CAG), la entidad que agrupa a los colegios de abogados de la comunidad, para abrir y mantener durante un año una oficina de "asistencia jurídica" gratuita para "los afectados por la ocupación ilegal de su vivienda y elaborar una guía sobre la cuestión". Doce meses después, el Gobierno gallego admitió que el servicio había recibido apenas 30 consultas, un resultado que la Consellería que tenía entonces las competencias en la materia admitió que podía parecer "discreto", pero que valoró como "satisfactorio".

En los años siguientes, este acuerdo se ha ido renovando en varias ocasiones, pero con novedades. Pasó de 27.000 euros a algo más de 50.000 euros por edición. Junto a la línea antiokupación, también se incluyó otra línea para consultas sobre desahucios, un servicio que la propia Xunta ya había ofrecido en el pasado y después canceló. En 2024 se sumó también el servicio de intermediación con grandes propietarios para personas en riesgo de desahucio, estipulado en la ley estatal de vivienda.

En el último año completo, 2024, la actual Consellería de Vivenda cifró en 109 las consultas totales recibidas en virtud del convenio, financiado con 54.600 euros para atender por teléfono o a través de internet. Sólo tres de ellas tenían que ver con ocupaciones ilegales, una cuestión que tanto la Xunta como el PP mantienen en el primer plano de la política pese a su escasez, acreditada reiteradamente por los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

Después de que el pasado 21 de enero Vivenda ofreciera un balance general del convenio, anunciara su renovación para 2025 por 61.050 euros y divulgara el total de 109 consultas, Praza.gal solicitó al departamento que dirige María Martínez Allegue que facilitara los datos desglosados ​​por el tipo de consultas: riesgo de desahucios u ocupaciones ilegales. Tras reiterar esta petición en dos ocasiones más, el pasado 12 de febrero la consellería ofreció como respuesta un informe del Consello da Avogacía que desglosa porcentualmente hasta 16 tipos de consultas.

Aunque el documento no ofrece cantidades absolutas, el hecho de que la Xunta sí divulgara en enero la suma total permite calcularlas fácilmente. Según el Consello, las consultas sobre "situaciones de ocupación no consentida en domicilios particulares" ascendieron al 3,2 %. Si damos por bueno el citado total de 109, el resultado sería 3,48, de lo que se deduce que a lo largo de la vigencia del convenio tuvieron que responder a tres o, como máximo, cuatro preguntas sobre esta cuestión –los porcentajes del informe no pasan del primer decimal, lo que impide afinar más el cálculo–.

El propio Consello da Avogacía pone de manifiesto que "la mayor parte de las consultas abordan situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda, tanto por procedimientos de desahucio como por ejecuciones hipotecarias o rescisiones de contratos de alquiler". Y el otro grupo que destaca sobre el total es el de las solicitudes de asesoramiento sobre "cuestiones relacionadas con la habitabilidad, las reclamaciones por deficiencias de las viviendas y las obligaciones legales de propietarios e inquilinos".

Así, el grupo de consultas más abundante tuvo como objetivo “evitar la pérdida de la vivienda habitual”, con un 16% del total (unas 17 consultas). A continuación se situaron los que solicitan información sobre “duración de los contratos de alquiler”, subidas de precios o “derechos de los inquilinos” para no tener que abandonar el piso por estos motivos, con un 12% (equivalente a unas 13 consultas).

En la lista también destacan quejas en vivienda de alquiler como impagos en la devolución de fianzas (8%), situaciones de vulnerabilidad general en el acceso a la vivienda (7,2%) o riesgos de desahucio por ejecuciones hipotecarias (7,2%). Sólo las consultas relativas a rehabilitación de viviendas (un 2,4%, es decir, unas dos consultas) fueron menos frecuentes que las vinculadas a ocupaciones ilegales.

En resumen, como muestra el gráfico que acompaña estas líneas, según datos del Consello da Avogacía, más de la mitad de las consultas recibidas durante 2024 (en torno al 52%) estaban vinculadas a las condiciones del alquiler o a ayudas al acceso a la vivienda. Otro 47% estaba vinculado específicamente a personas en riesgo de desalojo. En total, alrededor del 97% de las consultas no estaban relacionadas con las ocupaciones ilegales, que el Gobierno gallego llegó a situar como la "principal" demanda ante el Gobierno español en materia de vivienda.

Cuando los allanamientos de morada y las usurpaciones del derecho de uso de un inmueble, (que es en lo que se concreta la llamada okupación) están  disminuyendo en España, se ha inventado un nuevo término para añadir a ésta y poder decir que está aumentando. 

La morosidad en el pago de alquileres de viviendas se llama ahora inquiokupación, para que la inquietud y recelos sociales no disminuyan y el concepto pueda seguir aprovechándose políticamente por quienes así lo hacen. 

Es cierto que la morosidad está aumentando, un incremento del 4,3% entre 2023 y 2024, según el Observatorio del Alquiler, y es posible que siga aumentando. Lejos de analizar las causas y proponer soluciones, los promotores de odio y miedo se han apresurado a acuñar este nuevo palabro, inquiokupa, criminalizando así a un sector de la población con dificultades para el pago de los alquileres. Indudablemente entre los morosos existirán desaprensivos y delincuentes y hasta mafias organizadas, pero insultar a todos, sin conocer las causas de la morosidad, tiene un gran tufillo de aporofobia y desprecio social. 

Existen entre los caseros abusadores e incumplidores de las leyes, pero nadie inventa un calificativo despectivo para ellos ( ni lo propongo) porque es un sector pudiente con ingresos superiores a la media de la población y en muchos casos muy superiores. 

Uno de cada cuatro inquilinos dedica más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, según un estudio de Fotocasa de noviembre de 2024. El 57% de los inquilinos tiene dificultades de diverso grado para abordar los pagos mensuales. Únicamente el 12% declara no tener ninguna dificultad para pagar regularmente, según el mismo estudio. 

El precio medio del alquiler en España es de 1117 euros mensuales, según el Observatorio del Alquiler. Según otro estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el 34% de los inquilinos tiene ingresos mensuales inferiores a 1500 euros. 

Se podría deducir por estos datos previos que la morosidad es muy alta en nuestro país. Los resultados varían según las fuentes. Una encuesta de Housefy entre 5000 clientes determina que la morosidad llega al 1% y los retrasos afectan al 7%. Sin embargo otra encuesta de la OCU realizada entre arrendadores y arrendatarios concluye que la morosidad afecta al 14% de los inquilinos, mientras que los retrasos se producen en el 8% de los casos.  Sumado a esto, un 2% de los inquilinos se negó a abandonar la vivienda al término del contrato o cuando el arrendador lo reclamaba para sí. 

No existen datos sobre procesos judiciales emprendidos por los arrendadores por morosidad. La cuantía promedio de la morosidad anual es de 7957 euros, según un estudio del Observatorio del Alquiler de 2024, es decir un impago de 7 meses también en promedio. 

Los datos aportados demuestran una dificultad creciente de muchas familias para abordar los pagos de los alquileres, mientras éstos sigan creciendo. En esta situación el invento del nuevo palabro sólo obedece a una campaña basada en la aporofobia, la extensión del miedo y la inquietud social, sin  que se pueda negar la existencia del problema de allanamientos, usurpaciones y morosidad. 

El pacto de Estado necesario para solucionar el problema de la vivienda no va a llegar a tiempo debido a la polarización y utilización política, pero es que además vamos con mucho retraso respecto a otros países europeos en la adopción de medidas económicas para buscar soluciones. Ello es responsabilidad de todos los gobiernos de la democracia y también de la sociedad, que ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo. 

Los datos que aporta el Boletín Especial de la Vivienda Social de 2024, editado por el Ministerio de la Vivienda, así lo corroboran. Nuestro parque de viviendas de alquiler social está en 5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE: un 3,5 % de viviendas de alquiler social en España. 

Desde 2007 a 2021, los países de la UE invirtieron en gasto de protección social para vivienda una media de 160 euros por habitante. España invirtió 34 euros, a una distancia sideral de Reino Unido (433 euros), Irlanda (334 euros), Dinamarca (318 euros) o Francia y Finlandia (274 y 246 respectivamente). Una vergüenza que deja a nuestro estado social muy por debajo de lo que es admisible en un estado que se proclama social y democrático de derecho. 

Mientras las medidas que se propongan se hagan efectivas, no uses el palabro inquiokupa. No contribuyas a las campañas de odio y desinformación. Reservemos nuestras energías para oponernos al primer Okupa del mundo, el que quiere convertir a Gaza en una Riviera para ricos, después de expulsar con medios violentos, si es preciso, a millones de gazatíes. Y que es, no lo olvidemos tampoco, un arrendador despiadado en su imperio inmobiliario.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

A Alberto Núñez Feijóo le preocupan los titulares, hasta el punto de que este jueves se vio obligado a dar explicaciones sobre el volantazo del Partido Popular respecto al nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts, un asunto que ha generado división interna en el propio partido. "Al PSOE le encantaría que el PP le regalase un titular de que nos oponemos a las pensiones y como eso es mentira no lo vamos a hacer. No acepto ninguna sola lección del PSOE", argumentó el conservador en un acto sobre vivienda, en el que también criticó a Vox.

Antes de finalizar su intervención el líder del PP quiso "aclarar" a los medios de comunicación su postura: "Votaremos en conciencia, en favor de los pensionistas, de València y de los usuarios del transporte público. Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos lo contrario, votaremos para no hacerle el juego a su demagogia", justificó. Medidas que ya venían recogidas en el decreto inicial, tumbado por el PP, Vox y Junts la semana pasada, al igual que otras como el traspaso por parte del Ejecutivo central al PNV de la que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio en París, que los conservadores utilizaron como excusa para oponerse inicialmente al decreto.

Es más, su rechazo frontal a que el Gobierno le devolviera el edificio al PNV tuvo una consecuencia directa: la ruptura total entre ambas formaciones pese a que, en el pasado, tanto los diferentes Ejecutivos del PP sí contaron con el apoyo de los jeztales y mantuvieron una relación más o menos fluida. En esta ocasión, en cambio, los conservadores han cerrado esa puerta al plantear una ofensiva judicial para invalidar el traspaso y tras acusar al PNV de ser un "partido aprovechategui" y "miserable" que únicamente busca "hacer caja" con lo público.

El PNV siempre se ha vanagloriado de guardar las formas parlamentarias y no bajar al barro. Pero en los últimos días las pullas contra la formación de Feijóo han sido constantes, tanto en entrevistas como en declaraciones y, especialmente, en redes sociales. La última se produjo este miércoles después de que el PP confirmara su sí en un post de X, al que la cuenta oficial del partido respondió en clave humorística tras asegurarse finalmente el palacete parisino.

El edificio Marceau en París fue arrebatado a los nacionalistas vascos durante la ocupación nazi de Francia y luego quedó en manos del franquismo. Hasta ahora, pertenecía al Gobierno español, que ubicó allí una sede del Instituto Cervantes . Desde el PNV aseguran que la negociación para el traspaso ya avanzó tanto con el Gobierno de José María Aznar como con el de Mariano Rajoy. La oposición del PP de Feijóo ha dejado, no obstante, las relaciones entre ambos partidos en punto muerto para lo que queda de legislatura, o eso afirman los jetzales, aunque finalmente vayan a votar a favor del decreto.

Desde el equipo de Feijóo reconocen ahora que cuestiones como el "palacete del PNV se olvidan", pero "las pensiones no" ya que entre los doce millones de beneficiados por la revalorización hay un grueso importante de votantes del PP. No querían, por tanto, perder "posición política" ni verse "arrastrados" en el momento en el que Sánchez ya tenía los números para sacar adelante el decreto tras asegurarse el sí del partido de Carles Puigdemont. El argumento que dan ahora los conservadores contrasta con la tesis de que en sus encuestas los votantes del PP apoyaban su no al decreto y daban un espaldarazo a su estrategia.

Añaden, además, que han conseguido "forzar" que Sánchez tramite la moción de confianza de Junts —aunque lo cierto es que fue un acuerdo al que se llegó con la formación independentista— pero eso no significa que el presidente del Gobierno se vaya a presentar a esa moción. Es más, ha descartado ya hacerlo. Desde Génova también presumen de haber logrado "trocear" el decreto pese a que, además de que también formó parte de las negociaciones con los de Puigdemont, se mantienen las supuestas líneas rojas del PP, incluidas las medidas antidesahucios para personas vulnerables calificadas por Feijóo como medidas "que favorecen la inquiokupación".

Precisamente el 'sí' del PP al decreto ómnibus llevó a la plataforma de afectados por la okupación e 'inquiokupación' a anunciar, en un primer momento, que iba a dar plantón a Feijóo en el acto organizado este jueves. "Tras conocer la intención de voto del PP en el decreto antidesahucios, [la plataforma] declina asistir a cualquier acto de vivienda organizado por el partido", explicaron en un post de X. Sin embargo, según trasladó una de sus portavoces a Servimedia este jueves, finalmente sí estuvieron presentes en el acto.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tuvo que salir del paso ante las críticas y aseguro que la plataforma conoce "perfectamente" que su posición es que "al okupa no se le protege, se le desaloja". La número dos de Feijóo añadió que su partido seguirá "peleando" para derogar la paralización de desahucios, aunque, al igual que en esta ocasión, votaron a favor en el pasado.

En Génova tampoco ocultan que su posición respecto al decreto generó debate en el seno del partido y que había voces del comité de dirección que preferían la abstención, pero niegan que los barones presionaran en un sentido u otro. Sin embargo, como contó infoLibre, sí que influyó, además del voto de los pensionistas o de los afectados por la dana, el hecho de que las comunidades presididas por la formación conservadora tuvieran que asumir el coste de prorrogar las ayudas del transporte que también decayeron con la norma. Mientras algunas como Madrid anunciaron que mantendrían el descuento del 60% hasta junio, otras como Andalucía solo aplican ahora los descuentos que dependían de su administración.

Los barones del PP, no obstante, hubieran preferido que se aprobara el decreto inicial porque el nuevo texto pactado con Junts no lleva los anticipos por la financiación autonómica. Estas entregas a cuenta son los recursos que el Estado reparte con antelación a las comunidades autónomas, una medida que tiene un impacto de casi 10.000 millones de euros, en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Los autonomías más perjudicadas son Cataluña (1.190 millones menos), Andalucía (1.820 millones) y Madrid (1.280 millones), seguidas de Comunitat Valenciana y Galicia, es decir, cuatro gobernadas por el PP.

Conscientes del malestar interno, en los últimos días Génova había tratado de llevar la iniciativa anunciando proposiciones de ley en el Congreso, recogida de firmas por internet e impulsando una moción en el Senado para exigir al Gobierno la subida de las pensiones, los bonos al transporte y las ayudas a los afectados por la dana que quedó completamente deslucida después de que el propio Sánchez anunciara los detalles del acuerdo con Junts.

La inquiokupación está en todas partes según la derecha. La palabra, que llegó de la mano de Vox, se repite de manera recurrente en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación conservadores y en las redes sociales, que ayudan a crear alarma social dando a entender que cualquiera se puede encontrar a un desconocido usurpando su sillón o, en este caso concreto, a un inquilino que le hace la vida imposible a su casero por no pagar el alquiler. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculó directamente el voto en contra de su partido al decreto ómnibus a las disposiciones anti desahucio que incluía ya que, a su juicio, "daban alas a la inquiokupación" pese a que el PP votó a favor de las mismas en el pasado y lo justificó diciendo que no quería poner en riesgo "algunas medidas positivas".

En su pugna por asumir las principales banderas de Vox, el PP ha comprado el discurso del partido ultra que dibuja España como un paraíso de la okupación por culpa del Gobierno, aunque en realidad con el prefijo añadido nada tiene que ver con el delito de usurpación de vivienda. En este caso el partido de Feijóo —pero también Junts y el PNV, que han pedido que "el Estado asuma las consecuencias de los impagos por la inquiokupación"— busca criminalizar el impago de la renta, motivado en la mayoría de los casos por problemas económicos del inquilino pero que se equipara con la okupación de viviendas para magnificarlo. Un neologismo que ha ganado protagonismo en los últimos meses y que el PP ha institucionalizado en administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, que ha utilizado la expresión "inquiokupación cero" en una campaña de Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

El hecho de mezclar la okupación y los impagos de alquiler en el mismo paquete forma parte del discurso del miedo alimentado por Vox que consigue imponer su marco al resto de actores políticos. Ya lo hizo con los menores extranjeros no acompañados, a los que denominan menas con el objetivo es deshumanizar a las personas migrantes con discursos plagados de datos falsos y prejuicios para generar una falsa alarma social y sacar rédito político. Ahora vuelven a hacer lo mismo, como si fuera lo mismo un delito tipificado en el Código Penal –el de usurpación o allanamiento de vivienda– que un problema derivado, en la mayoría de las ocasiones, de una situación de precariedad del arrendatario, pero avalados también por el PP y sus satélites mediáticos.

"Se les pone el sufijo okupa para generar una categoría que no existe jurídicamente ni está reconocida en la legislación civil ni penal, que sí que habla de inquilinos arrendatarios o de ocupantes sin título, pero que no de inquilinos que 'okupan'", explica a infoLibre Alejandra Jacinto, abogada especializada en vivienda y socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Se crea con el objetivo de criminalizar a esas personas que, como consecuencia de la situación de vulnerabilidad que tienen o ya sea por las prácticas rentistas o los abusos que comete la patronal inmobiliaria, no pueden pagar el alquiler". Jacinto pone el foco en que, en la mayoría de ocasiones, se trata de personas a las que se les ha subido de manera drástica el precio del alquiler aprovechando "la situación de un mercado salvaje y la ausencia de legislación" ya que la mayoría de comunidades autónomas no están aplicando la ley de vivienda.

Un término que, según la abogada, se está institucionalizando hasta el punto de que lo utilizan funcionarios de la Administración de Justicia. "El otro día estaba en un curso del Colegio de Abogados y un secretario judicial de Fuenlabrada hablaba hablaba con total normalidad de situaciones de inquiokupación, cuando no se producen realmente porque, como digo, no tiene anclaje legal ni está tampoco siquiera está en la RAE" añade.

Lo cierto es que el foco de la polémica, que es el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, tiene mucha letra pequeña. Ya que aunque pone freno a los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025, los supuestos son muy concretos: víctimas de violencia de género, personas en situación de dependencia o que cuenten con dependientes o menores a su cargo, y también aquellas en situación de vulnerabilidad marcado por la ley de vivienda como aquellos que cobran menos de 1.800 brutos mensuales. Pero todo esto siempre que el inmueble pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Es decir, sean lo que se denominan grandes tenedores.

"En la práctica, para que un juez entienda que hay vulnerabilidad y pueda suspender un desahucio un año o más, tiene que haber una vulnerabilidad económica probada y justificada y tiene que estar colaborando con servicios sociales para intentar que le provean una alternativa de vivienda", explica Jacinto, que califica de "problemática" esa disposición. "Al final, si no hay una pérdida sustancial de ingresos más o menos repentina, muchos jueces entienden que no hay esa vulnerabilidad económica y dan vía libre al desahucio", explica. En todos los desahucios la decisión final depende de un juez, pero no siempre hay consenso en la materia hasta el punto de que en octubre de 2024 el Tribunal Constitucional recordó la obligación legal de dar máxima protección a inquilinos vulnerables a raíz de un caso en el que el juzgado de primera instancia no había suspendido el desahucio de una familia que cumplía los requisitos de vulnerabilidad.

Desde la derecha se recurre, de manera habitual, a la inseguridad jurídica que se generan este tipo de decretos para los propietarios, pero Jacinto considera que la "inseguridad que debería preocupar a las instituciones" es la "residencial que es la que padece la gente que no sabe si va a poder pagar al mes que viene la vivienda en la que reside". La abogada cree que, en el fondo, sigue "imperando la misma lógica en que en el año 2008" cuando "la gente no podía pagar las hipotecas y se decía que es que la gente había vivido por encima de sus posibilidades": "Se responsabilizaba al que se metía en la hipoteca en vez de a los bancos por haber concedido hipotecas tóxicas sobre endeudando a gente que no tenía esa capacidad de pago", señala.

Sin embargo, esa 'inseguridad jurídica' parece haber calado hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes una medida adicional al las del escudo social tras llegar a un acuerdo con Junts: la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos. Una propuesta que el Ejecutivo no ha desgranado al detalle pero que parece ir en la misma dirección que la que propuso recientemente Feijóo de crear "un seguro de impagos a cargo del Estado" para "ofrecer tranquilidad a los propietarios y oportunidades a los inquilinos".

La abogada considera que la legislación favorece a los propietarios mientras deja sin opciones a las familias más vulnerables. "El problema es lo de siempre, que no hay alternativas de vivienda adecuadas, ni los servicios sociales tienen la capacidad de gestión ni económica, ni bolsas de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales. Quien tiene esa obligación realmente, según la propia ley de vivienda, es la comunidad autónoma, y no están haciendo nada", reflexiona Jacinto. Un trabajador de un centro de Cáritas lo expone así en conversación con este periódico: "Ir a un albergue es el último paso para ellos. Son personas que no han podido comprarse una vivienda y que, llegado el momento, los echan a la calle porque no pueden pagar el mes. Tenemos muchos casos en esta situación".

Este trabajador asegura desde el centro se han puesto en marcha programas y proyectos para tratar de dar alternativas en materia de vivienda y, según su experiencia, la mayoría de las okupaciones las protagonizan personas que han ido a descampados o "chabolas abandonadas" donde "no vive nadie porque se están cayendo" y otros casos, más minoritarios, en los que hay un acuerdo de por medio con el propietario para que se queden en su vivienda "a cambio de cuidarles el césped y hacer el mantenimiento de la casa": "Están en una situación de vulnerabilidad absoluta y no tienen una red familiar de apoyo", resume.

Acompáñame, que vamos a dar un paseo por la ciudad. Recorreremos varios barrios, y mientras caminamos, fíjate bien en las fachadas. No por interés arquitectónico ni monumental, qué va: atiende a las placas colocadas en el exterior de las casas. No hablo de placas conmemorativas de “aquí vivió tal o cual personaje”, sino otras más prosaicas: las placas disuasorias. Así es como las llaman las empresas que las instalan: “placas disuasorias, la primera barrera frente al robo, carteles con alto poder disuasorio frente a intrusos”, se lee en sus ofertas comerciales. Hablo, por supuesto, de los carteles y pegatinas que señalan que una vivienda está protegida por una alarma de hogar.

Las puedes ver en las terrazas de los pisos, o en la valla exterior de los chalets y adosados, coloridas y brillantes, con el logo bien visible de la empresa de seguridad. Fíjate en cuántas hay en este barrio. Luego vete a otro de mayor poder adquisitivo y compara. Cuanto mayor es la renta de una calle, más distintivos de seguridad, más domicilios equipados con alarma de hogar. Y al contrario: pocas verás en los barrios obreros. Proliferan especialmente en los barrios de nueva construcción, en la periferia, allí donde las nuevas promociones de pisos se anuncian siempre con “calidades excelentes”, “viviendas exclusivas”, “pistas de paddle”, con nombres que evocan jardines, huertas y montes. La España de las piscinas, que dice Jorge Dioni. Allá donde habita no el olvido sino la clase media, la que puede seguir llamándose clase media.

Si observas las placas de alarma de cualquier barrio, puedes calcular hasta dónde llega el miedo entre sus vecinos. Hay distritos donde solo las encuentras en los pisos bajos de ventanas enrejadas, o en las primeras plantas a las que sus habitantes temen que pueda trepar un ladrón (un clásico de las noticias locales: el hombre araña, el caco escalador). En otras zonas de la ciudad puedes ver carteles de alarma en las segundas, terceras, cuartas plantas. Incluso en pisos más altos. Funcionan a la manera de esos azulejos que en los pueblos recuerdan la altura que alcanzó una riada histórica: “hasta aquí llegó el agua”. Lo mismo: “hasta aquí llegó el miedo”. Hay barrios donde el miedo alcanza la altura de un quinto o sexto piso, no temiendo ya al ladrón araña sino al que revienta la puerta. “Nuestra alarma con cerradura inteligente”, dice la publicidad, dicen los comerciales que puntualmente baten esos barrios con sus carpetas llenas de recortes de prensa de sucesos y agresivos guiones de venta.

Si tienes tiempo, durante el paseo podemos contar las alarmas de hogar que vemos en cada calle, y luego cruzarlo con otros datos. Con la renta de sus habitantes, para empezar. A mayor renta, más preocupación por la seguridad, sobre todo entre la clase media, que históricamente es la más temerosa, frente a las clases bajas que no tienen tanto que perder (salvo sus cadenas, se decía antes), y las clases privilegiadas que siempre pueden reponer lo perdido. También podemos cruzarlo con los datos de criminalidad en cada barrio. No los datos falsos, inflados, que repiten los comerciales que visitan tu casa o te llaman a la hora de la siesta, sino los datos reales de robos en hogares, y de delitos en general. Nos sorprendería (o no) descubrir que son aquellos barrios más seguros los que más alarmas instalan. Y no son más seguros por estar más protegidos, la relación es la contraria: cuanto más seguros, cuanta menos delincuencia, más obsesión securitaria. Es decir, más miedo. “Hasta aquí llegó el miedo”.

Lo señalaba ya hace décadas Mike Davis en su fundamental Ciudad de cuarzo, un ejercicio de antropología urbana sobre Los Ángeles que prefiguraba el futuro de las ciudades en el mundo global. Hablaba Davis sobre la lente demonizadora a través de la que los blancos de los barrios acomodados ven amenazas por todas partes: “Las encuestas muestran que los habitantes de las afueras de Milwaukee están tan preocupados por los delitos violentos como los del centro de Washington, a pesar de tener una diferencia de veinte veces en los niveles relativos de violencia”.

A la misma conclusión llegamos cuando vemos todas esas pegatinas disuasorias en puertas y balcones. España es el país de Europa con más alarmas de hogar instaladas. Repito, que no te veo muy asombrado: el país de Europa con más alarmas de hogar instaladas. No en términos relativos, alarmas por cada mil habitantes, sino en números totales. Y coincidirás conmigo en que España no es el país más poblado de Europa, ni de los que más viviendas unifamiliares tiene; y sobre todo no es el país con más criminalidad de Europa. Todo lo contrario: no se cuenta entre los países con más delitos, y si quitásemos de la estadística el crimen organizado y el narcotráfico, que tienen especial incidencia en España, resultaría que es uno de los países más seguros de Europa.

Espera, que hay más: somos el cuarto país del mundo en número de hogares con alarma, según las propias empresas del sector. Cuarto país del mundo, casi en el podio. Solo nos superan Estados Unidos, China y Japón, países para empezar mucho más poblados que España. ¿Somos el cuarto país más inseguro del mundo? Ni de lejos, todo lo contrario, estamos entre los de menos criminalidad. Y sin embargo, las empresas del sector insisten en que es un mercado con mucho recorrido: quedan muchas fachadas sin pegatina. Apuestan por duplicar los actuales tres millones de alarmas en una década. Tan notable es el negocio, que en los últimos años se han lanzado al mismo compañías de telefonía, bancos y aseguradoras, todos ofertando a sus clientes una alarma de hogar al contratar una línea, una hipoteca o un seguro.

¿Por qué tantas alarmas de hogar siendo un país seguro, de qué tenemos miedo? La narrativa publicitaria de estas compañías, omnipresente en radios y televisiones, y la narrativa pseudoperiodística de ciertos programas televisivos, responde a la pregunta: si hace unos años la amenaza era el robo, que entrasen en casa cuando no estás, o aún peor, mientras duermes, en los últimos tiempos el foco se ha desplazado hacia un enemigo emergente, el okupa. El que entra en tu casa, no para desvalijarla, sino para quitártela. Toda, contenido y continente. Dejarte sin nada. Con menos que nada: seguirás pagando la hipoteca mientras la disfrutan otros. Tal es el relato publicitario y pseudoperiodístico.

Sin embargo, una vez más los datos desmienten ese temor. Ni somos un país con incidencia importante de robos en hogares, ni mucho menos estamos entre los países europeos con más viviendas okupadas. Es más: el número de okupaciones no crece al ritmo que lo hace su alarma (ni las alarmas). Es muy improbable que alguien okupe tu vivienda, pues en la mayoría de casos se trata de pisos vacíos de bancos y fondos. Pero además es totalmente imposible que okupen tu propia casa (mientras sales a comprar, dice la leyenda urbana circulante), pues sería un allanamiento de morada que implica la inmediata intervención policial, desalojo y castigo. Los conflictos más habituales en relación con la okupación tienen que ver con pisos vacíos (de bancos y fondos en su mayoría), y con inquilinos que no pueden seguir pagando o que tienen cualquier tipo de problema con los propietarios; casos para los que no valdría ninguna alarma de hogar. Ni siquiera la que detecta al intruso y lo envuelve en una niebla cegadora. No, esa tampoco.

De modo que la pregunta sigue viva: ¿por qué tantas alarmas de hogar? Cualquiera diría que estamos ante una aplicación enloquecida de la conocida Ley de Say, según la cual es la oferta la que crea la demanda. O dicho de nuevo con palabras de Mike Davis: “La oferta de seguridad del mercado genera su propia demanda paranoica”. ¿Cómo no voy a poner una alarma de hogar si mi vecino ya la ha puesto y en la tele hablan de okupas a todas horas? ¿Hay algo más sagrado que el hogar, no vas a protegerlo por una cuota mensual que está al alcance de tu economía familiar?

Ahí aparece otro elemento que ha convertido la alarma en símbolo y metáfora de nuestro tiempo, al menos en España: el hogar, el sagrado hogar. El miedo a perder el hogar. Somos, para empezar, un país de propietarios (no repetiré la manida cita del ministro franquista Arrese). Un país donde el principal y a menudo único patrimonio es la vivienda. Donde lo principal y a menudo único que se hereda es la vivienda familiar, lo que permite continuar la cadena próspera en la siguiente generación. Millones de jóvenes y no tan jóvenes que esperan heredar algún día el piso de sus padres, y solo así podrán iniciar su proyecto propio. Somos un país que sufre desde hace demasiados años una interminable emergencia habitacional: primero con la burbuja que nos endeudó por encima de nuestras posibilidades, después con la crisis que se cebó con especial dureza en las familias más vulnerables que perdían su casa, y últimamente con el escándalo del alquiler.

Ese es el sustrato social y cultural en que arraiga una parte importante de nuestro miedo: el terror, más que miedo terror, a perder la casa. Es decir, a perderlo todo. A no poder pagar la hipoteca, por perder el trabajo, por un revés económico, por otra crisis. A que te desahucien, como fueron desahuciadas miles de familias durante la última década y media, y todavía hoy. A perderlo todo, lo fundamental, tu techo, tu principal o único patrimonio, la herencia de tus hijos. Una sociedad traumatizada por la interminable crisis de vivienda es una presa fácil para los asustaviejas que hacen negocio con el miedo. Una alarma no nos va a quitar ese miedo de fondo, pero nos ofrece un sucedáneo de seguridad.

La oferta que genera su demanda, y la traumática crisis de vivienda, son solo dos patas de la explicación. Hay otra aún más importante: que, en efecto, tenemos miedo. Así de simple: que tenemos miedo, mucho miedo. No a que entre un ladrón o un okupa, como tampoco a un mena o un inmigrante, protagonistas habituales de nuestros cuentos de miedo más recientemente, ni tampoco a los pobres, que siguen siendo las clases peligrosas de toda la vida. Eso son solo miedos derivados. Miedos fáciles, algo reconocible a lo que temer, de lo que protegernos, contra lo que comprar seguridad, lo mismo alarmas de hogar que programas políticos neofascistas. Nuestro miedo es mayor, de fondo, total, diríamos que cósmico. Una sensación difusa pero muy presente de vulnerabilidad. Incertidumbre. Estar a merced de no sabemos qué será lo próximo que nos ocurra.

No vamos a analizar ese miedo total con el que vivimos en este incierto siglo XXI que arrancó con el 11-S y desde entonces no ha parado de encadenar crisis, guerras, atentados, pandemia, nuevas guerras, desastres, crisis climática. Para lo que ahora nos interesa, nos vale con reconocer que tenemos miedo. No sabemos bien a qué, pero tenemos miedo. A caer, a perder, a perderlo todo. A la precariedad, que hace tiempo que no es solo laboral ni económica, es vital. Al meteorito, con el que tanto bromeamos desde la pandemia, esa sensación de que cualquier cosa es ya posible. Al futuro, distopizado culturalmente y convertido en promesa de cumplimiento de nuestros peores temores. Al cambio climático, que no entendemos, que no nos lo creemos del todo, que no lo vemos prioritario, pero cuyos primeros coletazos ya nos aterran, ahí está Valencia. Y un miedo global, de época, esa sensación innombrable pero ineludible de que la historia, la Historia con mayúscula, se puso de nuevo en marcha, pero hacia atrás, con el resurgir de fantasmas del pasado: el fascismo, la violencia, la guerra.

La paradoja es que somos, objetivamente, la sociedad más segura de la historia. Al menos en este lado del planeta, en los países más desarrollados, contamos con medios, recursos, tecnología, ciencia, estructuras sociales y políticas, para protegernos de las principales amenazas que han atemorizado a la humanidad desde hace milenios, tanto amenazas de la naturaleza como de salud o por la violencia de otros. Pero la sociedad más segura de la historia se volvió adicta al miedo, obsesionada con la seguridad, asustadiza, fácilmente atemorizable, a merced de los mercaderes del miedo, vendan lo que vendan.

Y como tenemos miedo sin saber bien a qué, necesitamos dirigir nuestro miedo, encontrar un objeto para nuestras ansiedades. Poner rostro a nuestra inseguridad esencial, señalar una amenaza visible, y por tanto combatible. Nos vale lo mismo un inmigrante invasor que un terrorista o un okupa. O un presidente del gobierno “okupa, ilegítimo y cuasi dictatorial”, que hay miedos para todos los gustos y presupuestos. Lo importante es que sea algo reconocible, y de lo que podamos más o menos protegernos a un precio asequible. Contratando una alarma de hogar. Votando a tal o cual partido. Cediendo derechos y libertades a cambio de protección. Abrazando formas de seguridad que son pan para hoy y hambre para mañana, seguridad para hoy y más miedo para mañana, pues las respuestas defensivas-agresivas acaban generando más inseguridad, y la respuesta violenta a una amenaza siempre genera más violencia, más miedo.

Buscamos seguridad, compramos sucedáneos de seguridad, a falta de otras formas de seguridad colectiva, tanto comunitarios como estatales: aquellos que, sin mitificarlos y sin nostalgia, operaban históricamente, y que el neoliberalismo fue liquidando en las últimas décadas. Puedes añadir también las transformaciones radicales y rápidas en ámbitos como el trabajo o la familia, históricamente fuentes de seguridad humana. Todo ello alimenta nuestra sensación de intemperie, de vulnerabilidad.

Ante ese panorama, aquellos que ya no pueden garantizarnos esa seguridad perdida, nos giran la cabeza hacia otros temores. Dicho con palabras de Zygmunt Bauman, que ya estaba tardando en aparecer: “El Estado, habiendo fundado su razón de ser y su pretensión de obediencia ciudadana en la promesa de proteger a sus súbditos frente a las amenazas a la existencia (de dichos súbditos), pero incapaz de seguir cumpliendo su promesa (…), se ve obligado a desplazar el énfasis de la protección desde los peligros para la seguridad social hacia los peligros para la seguridad personal”.

Esa falta de elementos de seguridad colectiva, sean comunitarios o estatales, nos condena a buscar soluciones individuales para problemas sociales. Es decir, sálvese quien pueda. Quien pueda pagarlo, se entiende. Quien pueda pagar, no una alarma de hogar, sino otras formas de seguridad material y existencial que no están al alcance de la mayoría. Y para el miedo que tenemos, el que traemos de años y el que nos añaden y multiplican los muchos creadores y propagadores de miedos, no hay alarma que valga. No hay pegatina que disuada. No hay refugio donde meterse. No hay aumento de plantillas policiales ni de presupuestos de defensa que nos vayan a quitar ese miedo. Son otras seguridades las que necesitamos, las que tenemos que buscar y reconstruir.

Circula hace años una frase que ya no sabemos ni quién dijo primero, pero que todos hemos repetido alguna vez para señalar la dimensión social de tantos problemas que creemos individuales, especialmente cuando hablamos de salud mental: “tú lo que necesitas no es un psicólogo, sino un sindicato”. Algo similar podríamos decir al hablar del miedo: tú no necesitas una alarma de hogar, sino un sindicato, o cualquier otra forma de defensa colectiva y organizada de tus derechos. Tú no necesitas más policía, sino un Estado social fuerte.

Publicidad y tentación son un dúo ganador capaz de destruir paraísos, desatar guerras y, su gran especialidad, anular inocentes voluntades. La publicidad excita el deseo de los productos que convierte en irresistibles tentaciones sobrevalorando su utilidad y su necesidad en la percepción del público consumidor. Su importancia para el consumismo imperante está avalada por la existencia de estudios universitarios que preparan a expertos y expertas en manipulación sociológica y psicológica a través de la publicidad; también por el hecho de que haya grandes empresas que invierten más en publicidad que en todos los demás departamentos. Tanto esfuerzo y dedicación se refleja en las cuentas de resultados.

La temible colaboración pública y privada llevada a cabo en las administraciones públicas gobernadas por partidos neoliberales está transformando servicios públicos y derechos cívicos en productos de consumo que las campañas publicitarias convierten en tentaciones. Este tipo de publicidad se produce a dos niveles, uno meramente publicitario y otro centrado en una propaganda orquestada a cargo de los poderes políticos y mediáticos. Ambos niveles suelen confluir temporalmente para reforzar el ansia consumista del público.

El destrozo en la Sanidad Pública a manos del Partido Popular lleva aparejado el desvío de dinero público a la privada. Las empresas aprovechan el caos y los medios se llenan de anuncios en los que se ofrece cobertura sanitaria por 30 ó 200€ al mes (para todos los bolsillos) por empresas del sector o aseguradoras generales que ofertan un pack ventajoso: coche, piso y salud del asegurado. Cuando éste recurre a la medicina privada, añade a su dolencia la letra pequeña del contrato firmado que lo remite a la Sanidad Pública. La tentación deriva en pecado grave, a veces mortal, con mucho parecido al delito de estafa.

Los mismos someten a la Educación Pública a una demolición controlada a la vez que promocionan la privada, desde la etapa infantil al posgrado. La universidad privada se publicita como alternativa ideal para familias aquejadas de clasismo o con vástagos tocados por déficit intelectual o con exceso de pereza que dificultan su graduación universitaria. Los rectores de la pública advierten sobre la dudosa calidad de la enseñanza impartida en estos chiringuitos, pero el boca a boca (la publicidad más eficaz) convierte en tentación la obtención de grados con el mínimo esfuerzo a cambio de una inversión asumible.

Al mismo mercadeo somete el derecho constitucional a la vivienda la ideología que vende viviendas públicas a los fondos buitres, la que justifica la criminal subida de alquileres y obra nueva, la que se niega a regular los pisos turísticos, la que se opone a intervenir el mercado. Es la misma ideología que apoya los desahucios a la vez que promueve el bulo okupa para convertir en tentación la instalación de una alarma y pagar un suplemento en el seguro de la vivienda por algo que ya se venía cubriendo. Desde el atril del Congreso, los medios de comunicación y las tertulias, se orquestan campañas de propaganda de la okupación sin detallar realidades que irían en detrimento del millonario negocio del miedo.

Que las personas sucumban ante las tentaciones es algo muy humano, algo cultural. Y la aparición de parásitos carroñeros donde hay cacería se relaciona con el instinto animal como algo natural. A quien cae en la tentación de acceder a una vivienda en propiedad, la banca le ofrece en el mismo acto de usura un seguro médico, la financiación ventajosa de la universidad, una alarma y un seguro con cláusula antiokupa. Es tal el negocio hipotecario que el beneficio apuntala otro mayor: el negocio de las armas, la guerra y la muerte.

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Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

Muchas empresas, como son Securitas Direct (que hizo unas campañas muy agresivas metiendo el miedo en el cuerpo a muchos ciudadanos), Prosegur y otras, han visto un filón para pescar clientes alertando de un peligro que apenas existe en España: la “okupacion” de viviendas. Como ejemplo, y perdonad que utilice el artículo de otro medio, el juez Diego Álvarez lo deja claro: https://www.eldiario.es/catalunya/diego-alvarez-juez-hay-alarma-infundada-torno-ocupaciones_1_9279450.html 

Pero también hay otras empresas como Movistar, la Agencia Reguladora del Alquiler, Línea Directa, que han emprendido una carrera de amedrentamiento a la sociedad que no sé si solo obedece a aumentar su cartera de clientes.

Ya sabemos que la mejor forma de que una sociedad permanezca aletargada es inocularle miedo. Un miedo que no es reflejo de la realidad; un miedo generado artificialmente.

Los que intentan resaltar y defender la idea de Thomas Hobbes de que “el hombre es un lobo para el hombre”, siempre he pensado que lo que defienden es la ley de la selva y, por tanto, el que podamos ver a los demás como amenazas y enemigos a los que abatir, o encerrarnos en nuestros círculos más cercanos y aislarnos del resto, es decir: potenciar el individualismo. Parece que lo están consiguiendo.

Todos tenemos una responsabilidad en generar una sociedad sana, incluidas las empresas de comunicación que emiten cuñas publicitarias de las empresas que mencioné arriba como forma de sustento económico.

Cada uno de nosotros ha de ser un factor de influencia más en cómo definir lo que es una conducta ética, que el intentar mostrar al otro como un enemigo. Creo que la sociedad saldría ganando mucho. 

No dejemos que intereses malintencionados “okupen” nuestras mentes. Esforcémonos en ser críticos en todo momento en no dejarnos embaucar por la publicidad, que en un entorno capitalista sólo busca su beneficio económico, aunque ello suponga la muerte de la civilización humana: las empresas en el modelo capitalista son el alacrán de la fábula El escorpión y la rana. Si tenemos raciocinio y no solo obedecemos a los instintos innatos, actuemos todos en favorecer la salud de esta sociedad, que es la nuestra y de la que depende nuestra propia existencia.

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Jesús Abderramán es socio de infoLibre.

El PSOE en Elche ha solicitado realizar un pleno municipal muy necesario.

Claro que sí que hay que realizar plenos sectoriales abiertos con participación pública, no desde luego solo entre ellos para que todo continúe igual, sino abiertos en el mismo día, con la sola identificación y regulados por supuesto con ese máximo entre 1 y 3 minutos, con tiempo suficiente para que la gente pueda expresarse libremente, para que se den cuenta de lo nefastos que son todos los políticos, que no resuelven los problemas de los ciudadanos, ya que solo pretenden hacer ruido unos y otros —ya no les importa en absoluto lo que piensen y manifiesten los ciudadanos—, ya verán cómo no lo harán así.

Tendrían que trabajar mucho tomando notas y no resolviéndolas.

A estas alturas, con estas aún, hundiendo a la gente en la miseria del acceso a la vivienda, cuando han y están gobernando tanto PSOE como el PP y socios de ambos, lo hacen de mal en peor.

¿Qué esperan para derogar el actual Plan estatal y ley de vivienda que está causando todos estos estropicios de todo tipo, que encima ni siquiera contempla el derecho subjetivo a la vivienda como sí lo hace por ejemplo la ley del País Vasco?. Este es el origen de todo el fiasco. Claro que se pueden realizar otras acciones en el ámbito local.

Fíjense y tomen nota de múltiples acciones que pueden realizar:

1) Hacer un convenio con compañías de seguros para facilitar a la gente sin recursos el aval necesario para acceder a un alquiler social. Así como ayudas complementarias.

2) Incentivar a los propietarios con exención del IBI, tasas para reformar viviendas y otras posibles, con destino a familias y personas vulnerables, especialmente con hijos, que la ley de vivienda impide por su casuística.

3) Realizar un convenio con las entidades financieras para que se cumpla el Aval ICO y el Aval de la Generalitat para alcanzar el 100% de financiación y el 95% respectivamente y no se restrinjan ambos programas y queden en agua de borrajas como está empezando a ocurrir.

De forma que ello facilite pinchar la burbuja del alquiler al liberar viviendas por los inquilinos más solventes que pueden y desean pasar a vivienda propia y no pueden por la entrada...

4) Rehabilitar las más de 300 viviendas cerradas en el Barrio de San Antón, ante el evidente fracaso y fiasco del actual plan, tras los 10 años transcurridos más sus prórrogas, con más de 700 viviendas colgadas sin financiación y sin poderlas rehabilitar siquiera, teniendo que malvenderlas sus vecinos presas de la amarga situación, cuando podrán haberse rehabilitado en buena lógica con los fondos europeos NEXT GENERATION, como se va hacer en el barrio Porfirio Pascual, gracias a que sus vecinos se opusieron a correr la misma suerte. Pero, claro, era y es más importante lograr sustanciosos beneficios a costa del gran pelotazo urbanístico sobre los vecinos que han desinformado y utilizado hasta el final unos y otros. Incumpliendo todos los preceptos de información y participación pública.

5) Eximir de tasas las reformas, rehabilitaciones, especialmente flexibilizar los cambios de uso de locales a viviendas.

6) Realizar convenios con las administraciones superiores autonómicas y estatales, para que se recupere el cheque vivienda y la VPT, para facilitar el acceso a la vivienda nueva y que esta se dinamice por los pequeños promotores con exenciones de tasas, y se recupere con la mayor prontitud, con los solares, urbanos y en suelo clasificado,  casas, edificios y bloques históricos en barrios en degradación sin la ITV, obligatoria, actualmente disponibles, sin tener que liberar en principio más suelo especulativo.

7) Exigir a las administraciones competentes que se exima de impuestos o se reduzca al mínimo el ITP e IVA, a la compra de primera vivienda social y habitual, según circunstancias. A la vez que se incentiven las bonificaciones fiscales a los arrendadores que alquilen a estos colectivos y se eliminen las contrarias, así como se penalicen las viviendas vacías.

8) Y, por supuesto, que se modifique la legislación para que la okupación de una vivienda pueda ser desalojada de inmediato por la autoridad competente... Así como activar y obligar a los servicios sociales para que nadie tenga que utilizar estos extremos ante la falta de operatividad de las distintas administraciones públicas y se respete el derecho a la vivienda digna que contemplan la Constitución, la ley de vivienda y los derechos universales.

9) Impulsar la opción de compra, para que cualquier inquilino pueda optar y acceder con las ayudas públicas a la propiedad.

10) Reformar la Ley hipotecaria para que sea obligatorio en las hipotecas el optar por la modalidad de cuotas blindadas para que cualquier subida de tipos de interés no afecte negativamente al normal desarrollo de la cuota pactada. Como ha ocurrido en la anterior crisis del 2008 y en la última, llevando a la desesperación y pérdida de las casas. Encima rescatada la banca privada con recursos públicos sin devolver, sin tener en consideración a la gente.

Seguro que hay más acciones positivas para solucionar este desagradable desaguisado creado indudablemente por la acción política.

Tan fácil que es volver a la VPT, Viviendas de Protección Oficial a precio tasado para que todo el mundo pueda tener opción a tener una vivienda de régimen público de carácter social y habitual, de iniciativa pública o privada. Y pinchar así de una vez la burbuja creada del alquiler. Facilitando de una vez el acceso en propiedad a una vivienda social y accesible además de facilitar seguros públicos para que la gente pueda alquilar viviendas con ayudas públicas.

Así de fácil empezaría a resolverse el desastre de todo tipo causado por los nefastos políticos actuales de un signo y de otro.

Lo peor es que no lo ven y todos los días la alarma es insoportable para todos menos para ellos, que pasan olímpicamente y encima nos toman el pelo con medidas que no tienen nada que ver con la solución del problema real causado por sus incomprensibles políticas.

Todos estos años, desde la burbuja del 2008, mirando para otro lado, abandonando por completo cualquier política social de equilibrio. Cuando las viviendas de protección oficial en sus distintas líneas, públicas, privadas /concertadas y en especial la línea de VPT, resultaban y resultan magníficas, y se han quedado a la cola de Europa.

Sobre todo cuando tenían el milagro español de viviendas en propiedad y han huido de ello, vaya a saber por qué, los mal pensados lo deducirán, ya que el Instituto Nacional de la Vivienda viene de muy atrás. Y claro, hay que privatizarlo todo… u optar por inviables políticas públicas.

Ahora todo al revés, políticas de alquiler que no resuelven nada y liberalización del suelo para dar pelotazos de nuevo las grandes corporaciones y dejar que se adueñen del futuro con el desarrollo privado del suelo especulando a más no poder.

Con la VPT se podría reactivar perfectamente el mercado de adquisición en propiedad, que es la causa principal del problema, pinchando así la actual burbuja del alquiler, trasladando a los solventes con capacidad de compra, apoyados con los avales ICO, y los convenios con la banca para que cumplan el plan. Ya que por desgracia privatizaron la banca pública, Argentaria. Aglutinadora del resto de entidades públicas del régimen anterior, Banco de Crédito a la Construcción, Banco Hipotecario, Caja Postal, Banco Agrícola, etc.

Ojalá la Caja Postal vaya adelante con su proyecto de recuperar esa necesaria banca pública desgraciadamente perdida y regalada por los políticos al mando de los ínclitos ex presidentes González y Aznar. Ya que a pesar de que Caixabank cuenta con los restos públicos del 17% de Bankia, nada o poco hace ni le obligan a hacer para cumplir y desarrollar las políticas públicas necesarias...

Y no hablemos de la curva diabólica del gran negocio de las escaladas y bajadas de tipos de interés, donde sin comerlo ni beberlo ha obtenido el sistema financiero los beneficios más exultantes conocidos, cuando las políticas públicas podrían perfectamente haberlo impedido, obligando a concertar con los clientes la modalidad de cuota blindada, donde los intereses se hubieran regularizado con el tiempo tal cual ha ocurrido en esta nueva oleada o crisis, sin haber afectado tan bruscamente los cambios en las hipotecas variables, causando pérdidas y perjuicios irreparables a mucha gente.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

“A mí es que me da mucho miedo alquilar a gente, porque no hay quien los eche a los tres meses y te dejan la casa destrozada. Ya me ha pasado”. Entro al tren, primer sonido. En lo que dura un café solo, las dos mujeres hablan de la vivienda y después de la inmigración como si fueran una extensión de los programas que se emiten a esa hora en algunas televisiones que son la banda sonora de tantas casas. Si uno se libera de los auriculares y pone atención, puede escuchar estos discursos reproducidos en cafeterías y calles, quizás en su propia mesa compartida, en cualquier momento, antes de que lo certifique un CIS.

El giro de guion de esa escena en la cafetería del Alvia resultó ser que la señora temerosa de alquilar a otros es inquilina desde hace más de una década fuera de su lugar de origen. Pero ella es una buena inquilina, tanto, que la dueña no la quiere dejar escapar. Hablaban de los pisos destrozados como si los hubieran visto. A ver si el problema no es la falta sino el exceso de fe en algunos medios. De los okupas pasaron a la inmigración. A la otra señora la había mirado un día un chico latinoamericano joven y ella había asumido que quería estar con ella por su dinero. Su interlocutora: “es que son así, son más vagos”.

La ignorancia es tan profunda que campa a gritos. Vivimos en un lugar donde a dos personas adultas no les da vergüenza radiar una conversación así en el lugar más público de un tren. No es sólo en las redes de forma anónima. Lo que antes se pensaba pero no se decía ahora para muchos es como hablar del tiempo. “Buenos días, ¡cómo está lo de la okupación! Es que bajas a por fruta y cuando vuelves se han quedado con tu casa. Y los inmigrantes, que lo tienen todo gratis, por eso no dejan de venir”. Entras en cualquier sitio, sonido de fondo.

Mientras unos hablan de supuestos y numerosos pisos destrozados, ya varias generaciones hablan de otro tipo de destrozo. “La imposibilidad de la vivienda nos está destrozando la vida”, se oye, se lee, parece que no los escuchan. No hay futuro con sueldos que no suben y pisos que no dejan de hacerlo. Es una cuenta sencilla, se pueden dar todas las vueltas que se quiera para no abordarla en serio, pero entonces cualquier medida no llegará ni a parche. Cuántas personas estarán medicadas ahora mismo sin haber llegado a la puerta de un psiquiatra simplemente porque esa cuenta no les sale, les impide la vida.

El otro día pasé por una tienda que va a cerrar y me dijeron que “es que nadie quiere trabajar los fines de semana”. Como un reproche. Mucha gente está apuntándose a cualquier oposición porque, puestos a cobrar poco y a que no salga esa cuenta, prefieren poseer sus tardes. Aunque sea para bajar tranquilos a elegir y comprar la fruta con tiempo, y con la seguridad de no poder tener nunca una casa que alguien vaya a okupar mientras tanto.

El manejo de la información es clave para crear ambientes determinados. Importa cómo se cuentan los hechos, pero sobre todo importa qué es lo que cuentas. Editorializar consiste en elegir lo que consideras más relevante de la realidad, privilegiando unos acontecimientos sobre otros. Si algo pasa pero se queda en el tintero es casi como si no hubiera sucedido. Por contra, si se publica importa el doble. No hay nada más ideológico que elegir dónde poner el foco.

El diario ABC, por ejemplo, presta una desmesurada atención a la okupación. Sólo atendiendo a este verano publicó en el mes de junio 17 piezas que giraban en torno a este tema, 15 en el mes de julio y 18 en lo que llevamos de agosto. Para que puedan comparar, El Mundo, en una órbita parecida, dedica entre dos y tres noticias al mes a este asunto. A menudo, además, se cuelan entre las más leídas, algo que nos explica que en cuestión de preferencias el paladar se educa mediante la repetición.

Todas las noticias que el ABC dedica a la okupación tienen un distintivo común: son chocantes, están cojas y carecen de continuidad. En España el delito de usurpación de vivienda, lo que se conoce vulgarmente como okupación, se refiere siempre a viviendas sin un uso habitual por parte de sus propietarios. Siempre que una vivienda se considere morada, el lugar de residencia habitual o esporádica de quien la posee, hablamos de allanamiento. Siempre que existe allanamiento, el desalojo es inmediato, aunque habitualmente no es necesario porque lo que lo motiva es el robo.

Las noticias del ABC referidas a la okupación transmiten la sensación de que si alguien sale de su casa a por el pan, cualquier individuo puede entrar en ella y quedársela, algo que no es cierto. Cuando ustedes vean un titular del estilo, la información tiene trampa, de ahí que rara vez se continúe con el caso para ver en qué ha quedado. La mayoría de casos de okupación en España, unos 15 mil al año, seis mil de ellos situados entre Madrid y Barcelona, se producen en viviendas vacías propiedad de entidades bancarias.

El resto son una amalgama de casos peculiares, donde existían relaciones previas entre los protagonistas o bien es difícil estipular para la policía o el juez a quién pertenecía la vivienda. Casos entre exparejas o familiares o bien viviendas que no constituyen residencia ni tienen una situación registral clara. Elementos que se omiten de la información porque arruinarían su objetivo: crear alarma social dando a entender que cualquiera se puede encontrar a un desconocido usurpando su sillón.

A esto hay que añadir el fenómeno del impago de alquileres, una situación que no tiene que ver con la okupación pero que se incluye dentro del epígrafe para magnificarlo. Algo que se omite es que tres de cada cuatro desahucios que tienen lugar en España tienen relación con el alquiler. A pesar de que su número descendió un 30%, en 2023 tuvieron lugar 26.659 procesos de lanzamiento de los que casi 20.000 tuvieron que ver con el impago.

El descenso del 30% se debe, probablemente, a las medidas de protección de vulnerabilidad económica que implementó el Gobierno desde la pandemia, pero estas cifras, aportadas cada año por el CGPJ, demuestran que en nuestro país te siguen echando de casa si no pagas el alquiler. Las demoras en el proceso, provocadas por la propia lentitud de la administración de justicia, más que por la acreditación de vulnerabilidad, pueden implicar que algunos caseros sufran una situación de carestía, algo que no es lo habitual.

Según un informe del Grupo de Estudios Críticos Urbanos de la UNED, publicado este pasado abril, los propietarios doblan a los inquilinos en su renta media, percibiendo unos 56.000 euros al año frente a los 20.000 que percibe quien vive de alquiler. El mito del casero que alquila para llegar a fin de mes y que se ve conducido a la mendicidad cuando sufre de impago es residual. Solamente el 10% de los caseros percibe menos de 18.000 euros al año, cuando entre los inquilinos esta cifra alcanza el 50%.

Para completar el cuadro cabe señalar que desde el año 2015, dos de cada tres casas registradas en España pertenecen a grandes propietarios. Más de cien mil inmuebles están controlados por treinta caseros entre los que se encuentran socimis, bancos y fondos de inversión. El mercado relacionado con el alquiler ha tendido en estos últimos años a la concentración: en nuestro país ha aumentado la brecha social y uno de los hechos determinantes es la vivienda.

¿Qué pasaría si el ABC dedicara 18 artículos al mes incluyendo estas cifras? ¿Qué pasaría si el ABC publicara 18 artículos al mes contándonos que los recursos que una familia destina al pago de su hogar han pasado de un 4% en 1985 a un 40% en 2024? ¿Qué pasaría si el ABC escribiera 18 artículos para explicarnos cómo los fondos buitre realizan acciones coordinadas para incrementar el precio del alquiler en las ciudades?

¿Qué pasaría si el ABC, el resto de periódicos, de radios y de televisiones se dedicaran a poner nombre y apellidos a los miles de empresarios que incumplen los convenios, que se saltan la legislación laboral, que pagan sueldos de miseria o que directamente cometen delitos contra los trabajadores? ¿Y si hicieran algo parecido con los especuladores y los rentistas que han convertido la vivienda en un lujo?

Pues pasaría que en España no habría un 77% de personas que creen que la okupación es un problema social, ni que uno de cada cuatro españoles crea que existen posibilidades altas de que le okupen la vivienda. Pasaría que la gente viviría con menos miedo a que algo que es muy extraño le suceda, también que las derechas perderían uno de sus caladeros de voto.

Estos años deberían recordarse como el momento en que dos tercios de la riqueza mundial fue a parar al suelo urbano de las ciudades, convirtiéndolas no en lugares para vivir, sino en máquinas especulativas con las que obtener increíbles beneficios, mientras que ese dinero se retraía de la economía productiva y empobrecía, en un movimiento extractivo, a amplias capas de las clases medias y trabajadoras. Sin embargo, atendiendo a las hemerotecas, estos años se fijarán en la memoria como los de la falsa epidemia de la okupación.

La historia de la okupación nos habla sobre cómo los relatos importan más que las cifras, sobre cómo dirigir la atención para que los sucesos se impongan a los problemas de clase, sobre cómo manejar el miedo para convertirlo en un arma política. Pero también sobre cómo la izquierda, en seis años de Gobierno, no ha conseguido ni rascar la superficie del problema de la vivienda, sobre los estrechos límites de la política impuestos por el mercado, sobre cómo quien acepta las reglas impuestas por el contrario acaba perdiendo la partida.

España es un país seguro, según los datos, pero las empresas relacionadas con la seguridad se han empeñado en convencernos de todo lo contrario. Ocupa el puesto 23 en el Índice de Paz Global, indicador con el que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) mide y compara la seguridad de 163 países. Tiene tasas de delito menores que otros países del entorno europeo como Francia, Alemania, o Suecia. Y, según el barómetro del pasado julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que existen en la actualidad únicamente para el 4% de los encuestados.

Los robos con fuerza en domicilios han sido en el primer trimestre del año 20.872, lo que supone un 3,4% menos que en el mismo periodo de 2023, según el Balance Trimestral de Criminalidad del Ministerio del Interior. Pero hay que tener en cuenta que el parque de vivienda de este país es de 26.902.443 pisos, a la luz de la última estimación llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Entrecruzadas las cifras, la de robos no es desde luego una cifra desorbitada sino todo lo contrario. Y están en caída: tanto en el primer trimestre de 2022 como en el de 2023 se superaron las 21.000, mientras este ejercicio no se ha llegado a ese número.

Además, los casos de allanamiento o usurpación de inmuebles bajaron casi un 9% en 2023. Se anotaron 15.289 denuncias por parte de todos los cuerpos policiales, frente a las 16.765 de 2022. Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid se colocaron en la parte alta de la tabla comparativa por comunidades con 6.258, 2.331, 1.640 y 1.516, respectivamente, de acuerdo a la información reflejada en el portal Estadístico de Criminalidad de Interior. Este departamento no discrimina entre esos dos tipos penales que se vinculan a la okupación, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. Con todo, en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2022, se refleja que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento, así como que a lo largo de aquel ejercicio se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación y 96 por allanamiento.

De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 255 condenas por allanamiento en 2022, lo que son 25 menos que en 2021, y 72 menos que en 2017; frente a 4.067 por usurpación, 235 menos que en 2021 y 2.690 menos que cinco años atrás. 

El magistrado Joaquim Bosch explica que no todo es lo mismo: “El allanamiento afecta a la morada, es decir, a la primera vivienda y a la segunda residencia, siempre que se desarrollen actos de la vida personal; mientras la okupación se refiere a inmuebles vacíos”. Y ahonda: “Si en el primer caso se ataca a bienes jurídicos como el uso pacífico de tu vivienda, en el segundo se ataca sólo el derecho a la propiedad en el sentido del posible uso de un inmueble del que uno es titular. Son dos cosas diferentes y tienen penas y tratamientos jurídicos distintos. Mientras el allanamiento de morada es un delito que tiene pena de prisión hasta de dos años, la okupación de inmuebles vacíos es un delito leve y tiene pena de multa”, condensa.

Frente a la realidad numérica descrita hay otra: el 34% de los entrevistados para una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera la okupación un problema importante. Y el economista y profesor de Mondragon Unibertsitatea Julen Bollain ha hecho pública en sus redes otra comparativa significativa: según datos de la European Union Agency for Fundamental Rights, España está en el puesto 21 de la Unión Europea (UE) en robos en domicilio, sin embargo, es el segundo en el ranking por la preocupación en torno a ese asunto. 

¿Qué hay detrás del desajuste? Fuentes de sindicatos vinculados a la vivienda apuntan a “la lluvia fina de mensajes del tipo ‘tienes que proteger tu hogar de los okupas’ o es tal la inseguridad que puedes ‘salir a por el pan y quedarte sin casa’, que cala a través de los medios de comunicación por los anuncios sobre alarmas o seguros o informaciones de dudosa veracidad. La política de ventas y publicidad de las empresas, que a menudo son anunciantes de los medios que ofrecen continuamente reportajes de okupas, está enfocada en muchas ocasiones a generar miedo”, lamentan.

El propio Bollain traslada a infoLibre que “ha habido un descenso en los últimos años de las okupaciones, mientras las alarmas se incrementaban y las empresas batían récord de beneficios. Detrás hay un negocio que se alimenta de la política del miedo y de fijar un relato, que se ha instaurado en el imaginario colectivo, para que la gente se quede tranquila gracias a una alarma, cuando España es un país seguro”, defiende.

El parque de alarmas en España superó por primera vez los tres millones en 2023, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, que estima que el número de conexiones activas a centrales receptoras finalizó el ejercicio con alrededor de 3,1 millones, lo que supuso una elevación del 5,1% respecto al año anterior. En tres años se han acrecentado en 236.200 y el global de alarmas se distribuyó en torno a un 62% para clientes residenciales y un 38% para profesionales. La mayor parte se instalaron en Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía, País Vasco y Comunitat Valenciana.

A finales de 2022, las empresas autorizadas por el Ministerio del Interior y las administraciones autonómicas para operar en ese mercado de centrales receptoras de alarmas fueron 133, aunque, en diciembre de 2023, a tener de lo recogido por Informa, los cinco primeros operadores se hicieron con cerca del 85% del total. Entre las empresas grandes de este área de actividad se encuentran compañías como la filial española de la sueca Securitas Direct, que finalizó 2022 con ingresos de 725 millones, que se elevaron hasta los 800 en 2023, según fuentes del sector. O Movistar Prosegur Alarmas, que en el primer trimestre de 2024, ha engrosado su cartera de clientes, pasando de 454.000 a 505.000, lo que representa un alza del 11%.

Y hay otras empresas que se han sumado a este negocio en expansión, más allá de las que se dedican a los desalojos como Desokupa, del ultra Daniel Esteve: las aseguradoras. Marcas como Línea Directa, Mutua Madrileña, AXA o Caser ofrecen ahora seguros antiokupas. La primera cobra un cantidad fija de 10 euros al año, si se paga como cobertura extra a un seguro de hogar ya en vigor, o por 24, cuando se contrata de forma individual, por ejemplo. Fuentes del ámbito jurídico avisan de que “hay que tener cuidado con lo que ofertan. Si es barato, puede que no cubra todo lo que dicen y conviene leer la letra pequeña”.

La asociación de consumidores Asufin ha alertado de que la mayoría de las coberturas que ofrecen los seguros específicos para la okupación las proporcionan en general los de hogar, como las ligadas a vandalismo, robo, defensa de derechos de la vivienda… con lo que pueden ser redundantes; y de que, lo que ofrecen, es asesoramiento jurídico, "que no la reclamación judicial", que supone gastos de abogados, procurador y costas.

La asociación ha detectado, asimismo, otras "irregularidades" como la confusión sobre los conceptos allanamiento de morada, que “es un delito con muy poca incidencia”, y usurpación, que han visto en las condiciones generales de la contratación y la publicidad exhibida por productos de Línea Directa y Mutua Madrileña –la Dirección General de Consumo del ministerio del ramo no ha recibido hasta la fecha denuncias sobre este asunto–. “Puedes estar pagando 24 euros al año para que no te hagan algo que no te pueden hacer: nadie puede permanecer en tu vivienda habitual y privarte de ella”, señalan las fuentes judiciales sondeadas.

En ese sentido, el juez Joaquim Bosch es rotundo: “Es una leyenda urbana absolutamente falsa lo de que vas a comprar el pan y entran en tu casa. En más de 20 años como juez instructor no he tenido ni un sólo caso de ese tipo y en los foros judiciales, cuando estos temas generan polémica mediática o en las redes, todos los jueces se muestran perplejos”, reconoce. “Eso no ocurre en España –insiste–. Puede haber casos puntuales, pero que se resuelven inmediatamente, o sea que no te quedas sin casa, porque en el allanamiento de morada inmediatamente el juez de guardia ordena el desalojo y la detención de quienes han entrado. Eso lo puede hacer la Policía, si en el momento que entran los ve, pero si quieren curarse en salud, las fuerzas de seguridad saben que tienen que pedir el desalojo al juez de guardia y eso se debe resolver en unas horas”, indica.

El magistrado incide en la idea de que “no es lo mismo eso que un delito leve de usurpación, lo que popularmente se llama okupación de un inmueble vacío, que son propiedad en cerca de un 90% de los bancos, entidades privadas como fondos y en algunos casos de organismos públicos”. Relata que en su juzgado sí ha tenido que afrontar “bastantes casos de usurpaciones porque es un problema que existe, pero tampoco debe magnificarse. Los hay muchísimo más graves y que requieren de respuestas mucho más urgentes”. ¿Qué se hace en esos supuestos? “Se señala un juicio y, en función de la carga de trabajo del juzgado que sea, puede ser una cuestión de meses o incluso de años”, admite. Y apostilla: “Eso es lo que genera un malestar comprensible en los dueños de inmuebles vacíos, pero la mujer que no cobra la pensión del marido o quien ha sufrido una violación, también quieren que se resuelva todo en el acto. La Justicia tiene los medios que tiene y lo hace cuando puede”.

Con todo, insiste en que “los niveles de este delito son bajos y se han mantenido estables” en el tiempo, lo que “es comprensible, habiendo en España millones de inmuebles vacíos, ¿para que vas a entrar en uno habitado?”, se pregunta. A su juicio, “hay un interés en mezclarlo todo, incluso a quienes no pueden pagar el alquiler y se les llama inquiokupas, para generar alarmismo e inseguridad ciudadana, pero no es un problema nacional”, concluye.

En relación a esa espiral, el economista Julen Bollain plantea que “hay muchos intereses cruzados”. Alude a la órbita empresarial y económica, y también a la política. “Este discurso del miedo beneficia a las empresas de alarmas o de seguridad, y a la extrema derecha, con ese fascismo del siglo XXI del penúltimo contra el último que se está estableciendo”. Recurre a un recurso gráfico para hacer ver lo que quiere decir: “La imagen de una persona negra sin nada, un obrero con una galleta y un rico con diez, en la que este último le dice al obrero que el primero le va a quitar la galleta”. En su opinión, “el ver que puedes pisar o machacar a otro y que hay alguien que está peor que tú impulsa a algunos en la sociedad actual para querer seguir adelante y creciendo”.

Cree, asimismo, que “la extrema derecha usa muchas veces ese discurso para alimentar el relato racista que está marcando en toda Europa”, aunque en puntos como España “las tasas de migración estén por debajo de la media de muchos países de la UE y son necesarios”. “Es un relato interesado por parte de ciertos partidos que lo hacen muy bien, como el de las okupaciones, pero que no tiene reflejo en la realidad ni en los datos que ofrece el Gobierno de España”, finaliza.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a aseverar: “Si me encuentro mi casa okupada a la vuelta de unas vacaciones, echo la puerta abajo”. Una frase espinosa que evoca a la selva, con su propia ley. 

Tras años escuchando cada día a las empresas de seguridad invitando a instalar alarmas contra los okupas, ahora aparecen las de seguros ofreciendo pólizas para lo mismo ¿Acaso no funcionan las alarmas?

Una de las aseguradoras ha caído en la trampa de anunciar el precio de su póliza en dinero, ese idioma que nos permite calcular los beneficios que buscan con sus proyectos.

Tan osada que hasta parece al borde de la quiebra, o multimillonaria, escucho a la que no nombraré prometer, por “sólo 2 € al mes”, la solución de los problemas que nos van a crear esos okupas que llevan acechando nuestros hogares desde que alguien decidió escribir esa palabra con “k” por primera vez.

Sin perder ni un instante, aparco a la derecha y me dispongo a contratar una de esas pólizas por si se agotaran las existencias, pero primero apago la radio para que nada me confunda y es entonces cuando me viene a la memoria la obsesión por los números y los porcentajes. Por eso, antes de buscar la web de la aseguradora, decido enviar dos preguntas al buscador.

La primera es sobre el porcentaje de okupación, que resulta ser del 0,06% en relación a los 26.000.000 de viviendas que, según el INE, había registradas en España en 2022.

Después pregunto lo que cuesta sacar a un okupa, y el buscador responde que entre 3.000 y 6.000 €.

Con estos dos datos y lo de los “2 € al mes”, cualquiera puede hacer la cuenta de la vieja, pero como sigo en el coche y despierto, la haré yo mismo, junto a esta cuneta quizás sin muertos, ni viejos ni nuevos.

Partiendo de la base de que toda empresa intenta conquistar la mayor cuota de mercado posible, supongo que si todas las aseguradoras ofrecieran pólizas por “2 € al mes” y consiguieran asegurar los 26 millones de viviendas, su volumen de negocio alcanzaría los 624.000.000 € al año.

Por prudencia, siempre muy necesaria a la hora de montar un negocio, exagero los costes y considero que, debido al problema social de la vivienda que sigue pendiente, los okupas incrementarán su activismo casi un 70%, es decir, hasta el 0,1%. Por último, también supondré que el coste medio para sacar a cada okupa se habrá encarecido más del doble y alcanzará los 10.000 €. Y, para más inri, estimaré también que cada año se repetirá ese mismo número de okupaciones y desokupaciones.

Por tanto, y salvo error material, el coste anual para las aseguradoras sería de 260.000.000 €, lo que les dejaría un margen bruto de 364.000.000 €, algo que parece más que suficiente para absorber cualquier otro gasto imputable y, de propina, percibir cuantiosos beneficios después de pagar los impuestos.

Evidentemente, los importes citados corresponden a la protección del 100% del mercado de la vivienda okupable, es decir, toda.

El otro detalle a destacar de los efectos de una publicidad que nunca se sabrá si anima o desanima a los okupas para continuar con una actividad que convierten en negocio quienes pagan los anuncios es su paralelismo en el tiempo con las campañas sobre lo mismo de los políticos de derechas, que ya llevan seis años en la oposición, qué suplicio. Para ellos también es un negocio basado en verdades tergiversadas y, por tanto, tampoco informan sobre los números reales de las viviendas okupadas.

No me cabe la menor duda de que la publicidad masiva de las empresas de alarmas y de seguros, asustando a la sociedad muy por encima del riesgo real, ha contribuido al aumento de los votos del PP y de Vox en las urnas.

Puestos a consolarnos en medio de tanto escándalo, aunque la mayor parte de los beneficios empresariales se la lleve un número mínimo de privilegiados, lo cierto es que Hacienda no le hace ascos a los impuestos generados por unos negocios de alarmas y pólizas que se basan en mentiras.

Pero lo que no tiene arreglo, y eso sí que es tan peligroso como imposible de calcular, es el número de escaños indignos que, gracias a la coincidencia de sus mensajes políticos engañosos con una publicidad empresarial también engañosa, consiguen unos partidos de derechas en la oposición que transmiten miedo al electorado recurriendo a una versión oportunista de aquel cuento de “Pedro y el lobo”, a sabiendas de que, a ellos, su mentira ni les costará jamás la pérdida del verdadero poder que disfrutan, ni mucho menos la vida.

Porque ni Hacienda, ni la Junta Electoral, ni ninguna otra autoridad puede negar un solo euro de sus retribuciones, que proceden de los impuestos, a esos cargos públicos que han conseguido okupar las instituciones gracias a una mentira masiva que sigue siendo “bombardeada” por tierra, mar y aire, pues la publicidad llega a todas partes.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Los avales ICO, que son parte de la solución, no se desarrollan los convenios con las entidades financieras privadas a falta de una banca pública son apremiantes. Con ello se facilitaría a buen seguro el acceso a miles de ciudadanos, embalsados en el alquiler cuando desearían tener una en propiedad. Ello ayudaría mucho a pinchar la burbuja existente sobre los precios de los alquileres al restar esta numerosa demanda.

Paralelamente incentivaría la construcción y rehabilitación de viviendas por parte de las pymes, generando a la vez empleo. El gobierno de la Generalitat con el PP ha vuelto a incumplir su promesa electoral de reducir el ITP al 3% para jóvenes y colectivos especiales. Se sigue sin facilitar avales públicos a las familias para facilitarles el acceso a la vivienda en alquiler, dejando así un auténtico ejército de errantes demandantes de vivienda social en alquiler; por desgracia algunos no tienen más camino que ser okupas.

Ustedes mismos analicen el Plan VIVE, que emana del nefasto Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que prevé subvenciones directas a los grandes operadores y fondos de inversión con el objeto de alquilar esas viviendas, cuando a todas luces esa subvención o bien la cesión del suelo público prevista permite destinarlas directamente a los propios demandantes de vivienda habitual y social en propiedad.

La encuesta del CIS dice que un 81.8% es partidario de comprar una vivienda propia, ya que es la mejor forma de ahorrar para el futuro y evitar no poder pagar un alquiler hasta su jubilación, más con los contratos limitados a un máximo de 7 años.

Ejemplos actuales tenemos muchos, desde la actuación de los fondos buitres en Madrid y otros lugares a lo último: que desahucian de un convento en Cádiz a sus trabajadores de toda la vida, así como a incapacitados y vulnerables de todo tipo en toda España.

Por desgracia, esta es la actual política de vivienda que unos y otros nos ofrecen. Entre ellas una errónea y enmarañada ley de vivienda que ni siquiera contempla el derecho subjetivo.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

La derecha, y los gobiernos, siempre con la misma cantinela: poner más suelo en el mercado. En los últimos días el PP ha realizado una propuesta para atajar el problema de la vivienda. Pero si nos detenemos en lo concreto observamos que todo son propuestas clásicas, que muchas de ellas se hacen desde la oposición, pero no cuando se gobierna.

Se trata de una retahíla de medidas como: avalar la compra de vivienda para menores de 35 años. ¿Los de más de 35 no tienen derecho? ¿O les desaparece el problema cuando cumplen esa edad? Aumentar el parque de vivienda a precio asequible mediante fórmulas de colaboración público privadas. ¿Qué es precio asequible? Más elementos, que no funcionan por falta de posibilidad de gestión de las administraciones: creación de seguros de impago, incentivos fiscales, reducción del IRPF para aquellos que pongan la vivienda en alquiler y bla bla bla, bla ,bla, bla...

Se sigue insistiendo en tratar la vivienda como si fuera un mercado al uso, “desequilibrio entre la oferta y la demanda”, confundiendo una necesidad social con un bien de uso. Por muchas viviendas que se tengan en el mercado, hay personas, ya sea de forma individual o familias, que no tiene capacidad de tener un hogar, y por tanto las administraciones tienen que atender ese problema que es el que influye en lo que comúnmente se entiende como problema de la vivienda. Las personas que tienen capacidad de compra no son el problema, y por tanto no se trata de limitar el número de viviendas para esos colectivos o para inversores, se trata de atender a los que tienen dificultades.

Por mucho suelo que se ponga en el mercado, por mucha liberalización que se incorpore en la gestión del suelo para agilizar su tramitación, por muchas limitaciones que desaparezcan en la gestión del suelo, por mucho suelo para otras finalidades, como los equipamientos, que se permita utilizar como edificable residencial... Es decir, para la construcción de vivienda, por mucha magnificencia que se le quiera añadir con el rótulo “público/privado”. Por mucho que nos empeñemos por esta vía, y si no que se lo pregunten a los redactores del Real Decreto–ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. En la exposición de motivos se proponía “con la finalidad de abaratar el suelo disponible”. Pues bien, aquí seguimos. No solo no consiguió el propósito, sino que el suelo se fue encareciendo a una velocidad nunca conocida en el mercado residencial. Buena prueba de ello son los conocidos PAU´s, Arroyo Fresno APE 08.16, Sanchinarro UZI 0.09, Montecarmelo UZI 0.07, Carabanchel UZI0.10, Las Tablas UZI0.08, y algunos otros que se incorporan más tarde en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que surgen en esos momentos. 

Finalmente, la propuesta estrella: los desalojos en 24 horas. Esta fórmula que, efectivamente, daría mucha seguridad y posiblemente permitiría que una cantidad nada despreciable saliera al mercado del alquiler. ¿Cómo es que cuando se gobierna nadie la pone en marcha? Es curioso que especialmente el PP, que hace alarde de esta fórmula “exprés”, cuando ha gobernado nunca la ha planteado como regulación jurídica que permita esa recuperación tan rápida de la propiedad de la vivienda al producirse una “okupación” o un impago.

Con estas propuestas únicamente conseguiremos que algunos hagan caja, y además caja rápida, pero no resolveremos el problema real de la vivienda. No sigamos empeñados en insistir con la vivienda como si fuera un producto más de mercado. El problema de la vivienda es un problema social y no una mercancía.

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José María De la Riva Ámez es exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Desokupa, la plataforma ultraderechista dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas y a la que instalar en Madrid una lona gigante contra Pedro Sánchez ha devuelto al primer plano, se ha convertido en un negocio boyante para su líder, Daniel Esteve. Las cuentas oficiales y públicas de la empresa Conciencia y Respeto 1970 SL, buque insignia del grupo, acreditan que entre 2018 y 2021 –las de 2022 aún no están disponibles– Esteve ha cobrado en torno a 200.000 euros por año. Es decir, el doble de lo que la legislación española asigna a quien presida el Gobierno central: 90.000 euros en 2023.

Para Esteve, administrador único de la compañía y a quien la lona antisanchista muestra dando un grito de guerra como si participase en una haka neozelandesa, el ejercicio más dulce fue 2019. Con una facturación de 1.759.060 euros, Conciencia y Respeto le abonó 211.200 euros. El documento contable lo especifica así en el apartado sobre “operaciones con partes vinculadas”: “Retribuciones salariales a Don Daniel Esteve por importe de 211.200,08€”. Traducido a porcentajes, eso significa nada menos que el 12% del importe neto de la cifra de negocio.

Al año siguiente –2020–, las cifras bajaron algo: la sociedad facturó 1.439.740 euros y los gastos totales de personal (10 empleados) quedaron en 499.873 euros. Esteve percibió 201.184 euros.

El último año del que existe balance registrado, 2021, fueron 184.841 euros (el 20,79% del importe neto de la cifra de negocio, 888.799 euros) los que ingresó el administrador de la empresa que en su web asegura haber realizado “más de 7.000 desokupaciones con éxito”. Sin datos que acrediten su veracidad, la página incluye a renglón seguido lo siguiente: “Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Expertos en materia contable y tributaria consultados por infoLibre mostraron su sorpresa al ver cómo las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona, la ciudad donde la SL quedó constituida en julio de 2016, parecen contradecirse a sí mismas. Por un lado, detallan en los tres últimos años las retribuciones de Daniel Esteve. Pero de forma simultánea sostienen que “el personal de alta dirección de la Sociedad no ha percibido remuneración alguna en función de su cargo, como tampoco en concepto de sueldos y salarios y otras remuneraciones.”

Este diario ha intentado de forma repetida desde el miércoles obtener la versión de Daniel Esteve o de algún portavoz de la empresa sobre los ingresos que le proporciona el desalojo forzoso de quienes, generalmente por falta de medios, se atrincheran en una vivienda sin pagar alquiler. El jefe de Desokupa mantuvo el primer día una breve conversación con infoLibre pero colgó el teléfono antes de que fuera posible trasladarle ninguna pregunta sobre los datos económicos de Conciencia y Respeto 1970 SL. Los mensajes verbales y escritos dirigidos posteriormente a quienes atendieron el teléfono en cada ocasión tampoco han dado fruto.

El viernes, horas antes de que viera la luz la resolución de la Junta Electoral de la Zona de Madrid que permite mantener en la calle Atocha la lona que conmina a Pedro Sánchez a irse a Marruecos –y que, como ha publicado este medio, financió de su bolsillo un abogado que se niega a desvelar qué empresa es propietaria de su bufete–, Esteve mostró una enorme capacidad para el marketing. “Hemos superado los 10 millones de euros de impacto en publicidad”, dice en un vídeo colgado por él mismo en las redes sociales.

Esa habilidad para proyectar eslóganes y empatizar con sectores cercanos a la ultraderecha o dolidos por la presencia de okupas en edificios de barrios que difícilmente superan el listón de la clase media ha llevado a Conciencia y Respeto 1970 SL a emprender una auténtica cruzada de patentes: los datos obtenidos por este medio cifran en 12 las marcas registradas por la empresa principal de Daniel Esteve. Y son estas: Club siempre fuertes, Club siemprefuertes by Dani Esteve, Club Siemprefuertes by Desokupa, Desokupa.com –el nombre de su web–, Asociación Alberto 3 huevos siempre fuertes, City lock auxiliares, Desbloquea, Desblokea, Desblokkea, Desocupa y Desokkupa.

El estribillo “siempre fuertes”, expresión con la que el jefe de Desokupa suele acabar los vídeos que sube a redes sociales, convive con la lengua inglesa pese a que su cuenta de Twitter muestra como imagen de fondo un batallón de banderas rojigualdas en lo que parece una manifestación de las convocadas por Vox.

El empresario, que antes fue portero de discoteca y a quien el diario El Mundo presentó en mayo como un políglota –cinco idiomas– de 53 años que se considera generoso con los débiles y que niega tanto ser nazi como votar a Vox, había llegado a anunciar un mes antes la creación de un partido: “Desokupa”. “Que sepáis –se le oye decir en un vídeo grabado mientras conduce– que ha contactado con nosotros una persona de confianza de un empresario milmillonario que está dispuesto a poner el dinero que haga falta”.

De momento, no consta que Esteve haya inscrito en el Registro del Ministerio de Interior un nuevo partido con el que la lista de la ultraderecha política volvería a crecer. En cambio, y como desveló el jueves el diario El País, Desokupa hizo causa común con Vox al culpar en falso a inmigrantes magrebíes del asesinato de una mujer en Madrid. En realidad, quienes acuchillaron a la dueña de una tienda de ropa de la zona más próxima al Rastro fueron dos españoles: un hombre y una mujer que confesaron haberla matado cuando entraron a robar en su negocio.