La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

"No podemos ir a trabajar. No podemos llevar a nuestros hijos al cole. No podemos volver a nuestra casa. Nos esperan por todas partes". Quien habla es Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. Lo hace mientras se seca las lágrimas. Y tras abandonar, de madrugada, la comisaría del distrito madrileño de Usera, a la que había sido trasladado tras ser arrestado en la puerta de su domicilio. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando", insiste tras su puesta en libertad.

La detención del político y activista se produjo, según la Delegación del Gobierno en Madrid, tras la llamada de un vecino a la Policía Nacional alertando de un supuesto intento de robo de un vehículo. Al llegar al lugar, los agentes pararon a dos individuos. El primero se identificó sin problema. Pero el segundo, Mbayé, que en sus redes denuncia las continuas identificaciones a las que se enfrenta en su día a día, se negó. "Mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga", dicen desde la Delegación del Gobierno. Fue entonces cuando bajaron algunos vecinos, produciéndose una "situación de tensión", según el relato oficial, en la que acabaron detenidas siete personas. Todas, por atentado a la autoridad y lesiones.

"Situaciones como la vivida por Serigne suceden cada día, en cada rincón, sin que se genere ningún tipo de reacción mediática o política", explica en conversación telefónica con infoLibre Youssef Ouled, periodista e investigador experto en racismo. Y las cifras que cada año pone sobre la mesa la Federación Sos Racismo, con oficinas desplegadas en seis provincias –Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Navarra–, dan buena cuenta de esta realidad. Solo en 2024, último ejercicio con datos disponibles, se documentaron 68 casos de racismo policial. La gran mayoría, el 72,1%, se correspondían con retenciones por perfil étnico-racial.

No es, ni mucho menos, un problema exclusivo de nuestro país. La última edición del informe Ser negro en la Unión Europea, elaborado por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), ponía de manifiesto que uno de cada cuatro encuestados afrodescendientes habían sido parados por la policía en los últimos cinco años, cifra que aumenta hasta el 34% en el caso de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. Solo en los últimos doce meses, el porcentaje de identificados se situó en el 12%. La gran mayoría de los que sufrieron estas retenciones, un 58%, vieron en ellas una motivación política –una percepción del 66% en el caso de España–.

Es complicado tener una fotografía completa a nivel cuantitativo de esta realidad. Primero, porque no hay, al menos en España, datos oficiales que permitan analizar en todo su alcance la práctica de la identificación y registro por perfil racial. Y segundo, porque existe mucha "infradenuncia" en relación con los ataques racistas. De hecho, según el informe de la agencia europea, solo un 9% de las personas que se habían sentido discriminadas pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades. "Hay muchas denuncias en redes, pero no a nivel formal. Faltan herramientas para poder denunciar, es muy complicado probar que te han parado por un criterio racial", expone Ouled, al tiempo que recuerda que no es sencillo "denunciar" ante la "misma institución" que "está vulnerando tus derechos".

Lo sabe bien Rosalind Williams. En 1992, esta española nacida en Nueva Orleans viajaba a Valladolid con su familia cuando en la estación de tren de la ciudad castellana un policía de paisano le exigió la documentación. "Tenemos instrucción de identificar a gente como ella", soltó el policía. Williams llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo alegando que en los controles policiales "determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración" como "indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne". Ocho años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la mujer. Y sacó los colores al Estado español y a la corte de garantías.

Que hay un problema de perfilación racial es algo que han puesto de manifiesto algunos estudios. Uno elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València exponía que las personas gitanas tenían 10 veces más papeletas de que les identificaran en la calle que las de apariencia caucásica europea, una tasa de desproporción que en magrebíes se situaba entonces en el 7,5 y en afro-latinoamericanos, en el 6,5. Otro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), elaborado en 2015 mediante observación en la estación de autobuses de Granada, reflejaba que por cada persona blanca que se identificaba se paraban a 42 personas negras, 12 con rasgos étnicos gitanos y 10 con apariencia magrebí.

La Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza– establece que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "podrán requerir la identificación" cuando "existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción" o cuando "en atención a las circunstancias concurrentes" se considere "razonablemente necesario" que "acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". Una práctica en la que, continúa, deben respetarse "los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico". Algo que, denuncian cientos de colectivos, no ocurre.

"El de la perfilación racial es un problema que no se reconoce a nivel institucional y, en consecuencia, no se aborda", asevera Ouled. En el caso de Serigne, sindicatos policiales y Delegación del Gobierno han defendido la actuación de los agentes: "Actuó, por tanto, en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención". Los vecinos, sin embargo, aseguran que es otra "identificación injusta por perfil racial". "Ningún otro vecino o vecina del edificio (personas blancas) ha sido jamás identificada ni en la calle ni en la puerta de su casa, y esta es la segunda vez que paran a Serigne en las inmediaciones de su domicilio".

Además de la prohibición expresa de las "redadas racistas" en la llamada ley mordaza, los colectivos llevan tiempo exigiendo, como también lo hizo en 2022 el Defensor del Pueblo, que se implanten de manera sistemática formularios de identificación y registro en los que se deje constancia de la raza y nacionalidad de la persona sometida al control o del motivo de la identificación. "Si los agentes son funcionarios del Estado, debemos saber cómo actúan", expone Ouled. Esto es algo que, de hecho, ya se ha probado en algún municipio. Es el caso de Fuenlabrada. Antes de su uso, su policía municipal identificaba a 9,6 marroquíes por cada español. Medio año después, esa ratio se había reducido a 3,4 por uno, al tiempo que la tasa de acierto –porcentaje de identificaciones que descubrían un ilícito– aumentaba, pasando del 6% previo al 40% ocho años más tarde.

El juez ha rechazado dar especial protección a los audios que presentó la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, si bien ha garantizado que ha dado traslado a las partes a través de "un canal seguro que garantiza la confidencialidad", informa EFE.

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de los audios que aportó su abogado para sustentar la querella contra el ex número dos de la Policía Nacional, de tal forma que la prueba solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El magistrado que investiga la querella ha rechazado la fórmula propuesta por el abogado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex-DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El juez, titular de la plaza 8 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid (antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 8) tiene previsto tomar declaración tanto al ex número 2 de Policía como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

La mujer que denunció al ya exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha encontrado el alivio esperado tras verbalizar la agresión sexual de la que fue víctima. Más bien al contrario. Su abogado sostiene que "está destrozada", asegura que su identidad ha sido revelada y que ha corrido como la pólvora por distintos chats internos de agentes policiales. El impacto mediático de los hechos tampoco ha ayudado a la reparación: algunos medios revelaron este miércoles datos de la querella que daban pistas sobre la víctima y otros cruzaron todas las líneas rojas al desvelar detalles que permitían identificar perfectamente su identidad.

La víctima cuenta ya con protección oficial, una petición que realizó por temor a que se difundieran datos relativos a su domicilio o el de su familia, según expresó su abogado. "Teme que se filtre su domicilio. No está aportado su domicilio real, sino el despacho profesional por motivos de seguridad. Pero este señor tiene muchos tentáculos de poder e igual que ha difundido su identidad puede difundir su domicilio", añadió.

Lo sucedido es en realidad la constatación de un sistema que no está diseñado para blindar la protección de las víctimas una vez dan el paso de denunciar. La falta de garantías tiene además un efecto disuasorio para las mujeres que han sufrido violencia, quienes precisamente tienden a valorar por encima de todo el anonimato y la protección de su identidad. 

En su libro No publiques mi nombre. Testimonios contra la violencia sexual, la escritora feminista Cristina Fallarás señala que "la inmensa mayoría" de los relatos que llegaron a sus redes sociales en los últimos años venían con una petición: "Por favor, no publiques mi nombre". A partir de ese momento, la periodista se hizo eco de las denuncias siempre de forma anónima. Pronto las mujeres "dieron por sentado que los testimonios se colgaban en mi cuenta eliminando sus identidades", escribe. "Creo que esa es precisamente la razón por la que he recibido y sigo recibiendo una cantidad casi insoportable de relatos sobre agresiones sexuales".

Pero una vez la violencia contra las mujeres adquiere una dimensión pública, la protección de la víctima –empezando por su privacidad e intimidad– deja de estar garantizada.

En el año 2018, un error en la publicación de una de las sentencias contra los agresores sexuales de La Manada de Sanfermines permitió acceder a los datos personales de la víctima. La defensa denunció la filtración y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación. Pero el daño ya estaba hecho: en internet se difundieron sin censura datos e imágenes de la joven, muchas con la evidente intención de desacreditarla. 

Aquel mismo año, uno de los responsables de difundir información privada de la víctima no dudó a la hora de publicar su nombre, apellidos, domicilio, centro donde cursaba sus estudios universitarios, fotografías de la mujer e incluso su documento nacional de identidad. Lo hacía bajo el rótulo de Yo no te creo. Cinco años después, el autor fue condenado a tres años de prisión y tres mil euros de multa por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Diciembre de 2023. La joven que denunció al futbolista Dani Alves –finalmente absuelto por la justicia– por un episodio de violencia sexual alerta de que su privacidad corre peligro. El entorno del jugador, incluida su madre, había publicado un vídeo cuestionando el relato de la denunciante y mostrando información personal que permitía identificarla.

La defensa de la joven anunció acciones legales "contra todas aquellas personas o medios" que difundieran las imágenes de la joven o facilitaran "cualquier información, directa o indirecta, que permitiera su identificación", mientras que la Fiscalía Provincial de Barcelona señaló a la progenitora del acusado por un posible delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia.

Se trata en ambos casos de episodios mediáticos, por la especial entidad de los hechos judicializados o por la relevancia de la autoría, pero la difusión de la identidad de las víctimas de violencia sexual es uno de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres cuando toman la decisión de denunciar.

Hace dos años, un juzgado de Valencia condenó a una mujer como autora de un delito contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos por difundir en redes sociales el vídeo de una agresión sexual grupal. Las víctimas eran menores de edad y el caso se dio a conocer como el de La Manada de Burjassot.

Pero la odisea de las víctimas va mucho más allá. Incluso en aquellos casos en los que su identidad es conocida, tienen que soportar el escrutinio público, el descrédito y, en muchos casos, la publicación de parte de los procesos judiciales por los que transitan.

Fue el caso de Jennifer Hermoso, víctima de una agresión sexual por parte de Luis Rubiales. Su equipo legal comunicó en octubre de 2023 su intención de emprender acciones legales con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de la futbolista después de que trascendiera a la opinión pública el vídeo de su declaración ante la Fiscalía, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Queremos recordar que todo procedimiento penal debe desarrollarse con garantías para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas", indicaba entonces su equipo de abogados. Y añadían: "Las continuas filtraciones y la falta de dichas garantías impiden que la jugadora pueda llevar el proceso con normalidad". En aquel momento, fue la propia víctima quien aseguró que su salud estaba en juego como consecuencia de las filtraciones, que no se sentía segura y que tenía dudas sobre si volvería a declarar ante el juez.

No mucho después fue otro gran proceso judicial el que pasó a ocupar titulares: el de la actriz Elisa Mouliaá contra el expolítico Íñigo Errejón. Concretamente, fueron filtrados vídeos del interrogatorio del juez Adolfo Carretero durante la instrucción. En aquel momento, la entonces presidenta del Observatorio del CGPJ, Esther Erice, rechazó públicamente la filtración de los vídeos y enfatizó en que la intimidad de las víctimas debe estar garantizada en este tipo de procedimientos. En la misma línea se manifestó la asociación Jueces y Juezas para la Democracia: su portavoz aseguró que la distribución de las imágenes revictimizaba a la denunciante.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la "divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual", tal y como introdujo la ley del sólo sí es sí. La legislación también prohíbe la difusión de datos que puedan "facilitar su identificación de forma directa o indirecta".

La inspectora que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha aceptado protección policial tras el ofrecimiento realizado por la actual número dos del Cuerpo en funciones, Gemma Barroso, según recoge EFE. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que la comisaria Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.

Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia. 

Según la querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, en julio y tras sufrir "acoso telefónico" y recibir llamadas y mensajes "intimidatorios y culpabilizadores", la inspectora comunicó a la comisaria Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.

Se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.

González está citado el próximo 17 de marzo en calidad de querellado ante el juzgado que lleva el caso.

Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está recibiendo presiones para que dimita por parte de la oposición. Algo que él no piensa hacer a no ser que la víctima denunciante no se haya sentido protegida o entienda que él ha fallado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El PP sostiene que el ministro encubrió la agresión para proteger al ex DAO. "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Un nuevo caso de supuesta agresión sexual ha implosionado de lleno en la sociedad española. Y el acusado es José Ángel González, hasta ahora número dos de la Policía Nacional, lo que ha dejado en shock tanto al cuerpo de seguridad como al Gobierno, mientras que la oposición trata de utilizar la denuncia, de nuevo, contra la coalición frente a su actitud con otros episodios relacionados con el PP como las denuncias contra los alcaldes conservadores de Móstoles (Madrid) y de Algeciras (Cádiz).

El Partido Popular especialmente trata de poner ahora contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que no se enteró de este episodio hasta el martes, cuando el director adjunto operativo (DAO) y uno de sus hombres de confianza en la Policía fue citado por la justicia al admitirse una querella presentada por una subordinada con unos gravísimos hechos denunciados de agresión sexual.

Tanto Marlaska como fuentes del Palacio de la Moncloa insisten en que no sabían nada de esa denuncia y condenan lo sucedido, poniendo énfasis en que le dan credibilidad a la denuncia presentada por la mujer. Y defienden que el Ejecutivo actuó en apenas dos horas apartando de ese puesto a González, además de suspender a Óscar San Juan, persona de confianza del DAO que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

"Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", resaltó Grande-Marlaska en los pasillos del Congreso, donde también dijo durante la sesión de control al Gobierno que sólo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él ha fallado.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, explicó también este mismo miércoles que no se informó hasta el martes al Ministerio del Interior porque se ha querido llevar “con la máxima discreción”: “Este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer [por el martes], con la admisión de la querella, cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso".

El acusado, en sus primeras declaraciones tras estallar el caso, afirmó que fue él quien se apartó del cargo: "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”.

Pero la oposición quiere que caiga la cabeza de Marlaska, al que pidió su marcha entre gritos de “dimisión, dimisión” y aporreos de la bancada en el Congreso. En Moncloa el apoyo es total al titular de Interior, al que respaldó personalmente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en India, donde se encuentra de viaje oficial. Desde allí indicó que el Ejecutivo había actuado con “contundencia y con coherencia”.

La actitud del Partido Popular y sus acusaciones sin pruebas de que Marlaska ha encubierto el caso han provocado una total indignación en Moncloa: “Nos enteramos por la prensa. El PP no puede ser más hipócrita ni ensuciar más la política. El ministro dice la verdad, no damos crédito a que se ponga en duda. Hubiésemos actuado antes si lo hubiéramos sabido. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP”.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que la noticia es “tremenda”: “Hay un problema estructural en la sociedad. Hay hombres que no respetan los derechos humanos. Pero para luchar contra esto lo mejor es que esté el Gobierno actual frente a los que niegan la violencia de género y los que los apoyan”.

Como señala un miembro del Gobierno y parte del núcleo duro de Sánchez: “Es increíble cuando te enteras de la noticia, no das crédito. No sabíamos nada y hay confianza total en Marlaska. Cuando vio la querella, lo echó fuera. No se lo pensó ni un minuto. Le damos credibilidad a la denunciante”. Y hace este análisis sobre el contexto político y la dura sesión de control: “El Partido Popular está en el barro. El clima en el Congreso es irrespirable. Pero llevan así toda la legislatura y no van a cambiar, están echados al monte”. Para añadir: “Marlaska está impresionado, dolido… pero muy seguro de la decisión que ha tomado”.

El Partido Popular acusa al ministro de “encubrimiento” y se ha tirado en bloque contra el Gobierno. La ofensiva de los populares se contradice totalmente con la estrategia seguida por Génova 13 y el PP de Madrid respecto a las acusaciones de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Un caso en el que los populares no sólo no han movido ninguna ficha, sino que han puesto en el centro a la víctima sembrando de dudas su relato después de que se conociera que el partido no llegó a investigar el asunto a pesar de las peticiones de auxilio de la denunciante a dirigentes como Ana Millán y Alfonso Serrano, manos derechas de Isabel Díaz Ayuso.

Génova 13 ha diseñado, además, una ofensiva parlamentaria para poner en el foco a Marlaska durante las próximas semanas, empezando por una solicitud de comparecencia en la comisión de Interior. Asimismo, los populares quieren que pasen por la Cámara Baja el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora de Recursos Humanos (a la que quieren preguntar si tuvo comunicaciones con sus superiores jerárquicos y si activó los protocolos contra el acoso). Los populares, en cambio, no tienen ni siquiera un canal específico de denuncias contra acoso en su partido.

El grupo parlamentario popular también ha registrado dos proposiciones no de ley, tanto para su debate en el Pleno como en la Comisión de Interior, para intentar que el Congreso exija al Gobierno la dimisión del titular de Interior. En este sentido, se ha tramitado una batería de preguntas por parte del PP para saber, entre otras cosas, “desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima”.

Los populares quieren explotar este asunto, como ya hicieron con Francisco Salazar, a pesar de que no aplican la misma vara de medir con sus supuestos casos. Y detrás está la estrategia de ganar espacio en el electorado femenino, que será determinante en las próximas elecciones y que ahora mismo tiene un alto grado de indecisión (más del 17% de mujeres no sabe qué papeleta cogerá en las elecciones generales).

Muestra de esta estrategia son las declaraciones a lo largo de todo el miércoles del número dos de los populares, Miguel Tellado, que llegó a decir sobre Marlaska en el Congreso: "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial".

Parecía la persona idónea para convertirse en el máximo responsable de uniforme dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Era un buen perfil para hacerse cargo de una Dirección Adjunta Operativa (DAO) convertida durante el Gobierno de Mariano Rajoy en punta de lanza de la guerra sucia del PP contra los adversarios políticos. Estaba fuera de la órbita de la mal llamada brigada patriótica. También geográficamente –desarrolló su carrera lejos de Madrid–. Con esta carta de presentación, y con la misión de limpiar la podredumbre, Jota, como le conocen en el cuerpo, se convirtió en jefe operativo de la Policía. "Fue muy bien recibido", cuentan los que le conocen. Ahora, casi ocho años después, José Ángel González Jiménez deja el puesto por la puerta de atrás.

La salida del director adjunto operativo se produce tras la apertura de una investigación contra él en un juzgado de violencia sobre la mujer de la capital. La causa tiene origen en una detallada querella en la que una subordinada suya, con quien había mantenido en el pasado una "relación de afectividad", expone una serie de episodios de violencia sexual y coacciones protagonizados por el hasta ahora jefe operativo policial. Hechos que tienen como punto de partida el 23 de abril de 2025. Aquel día, González, usando de forma explícita "su autoridad institucional", hizo que la víctima, que estaba de servicio, fuera a un restaurante donde él se encontraba comiendo con otro mando policial –el comisario Óscar San Juan– y, de ahí, la llevara a su vivienda oficial.

Fue en ese inmueble donde se produjo la agresión. La querella recoge que González, pese a las "negativas inequívocas, claras y persistentes", introdujo hasta en dos ocasiones sus dedos en la vagina de la víctima, hechos que pueden sustentarse con "una grabación de audio". Y que tras esto, comenzó una larga campaña de acoso e intimidación con mensajes y llamadas del comisario –tanto desde su teléfono personal como desde el oficial de la Dirección Adjunta Operativa–. "Vete a la mierda, vete a la mierda, me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", asegura la víctima que le dijo González en una llamada de finales de mayo. Fruto de todo ello, la mujer se encuentra de baja por problemas de salud mental.

El terremoto en el Cuerpo Nacional de Policía es mayúsculo. Y buena prueba de ello es el cónclave de urgencia organizado por el director general, Francisco Pardo, con todos los mandos. Porque la crisis no se circunscribe al DAO, sino que se extiende más allá. La querella también señala a San Juan, asesor del director adjunto operativo, por encubrir la agresión y presionar a la víctima. Así, por ejemplo, se recoge que el 13 de julio mantuvo una conversación –que fue grabada– con la agente en la que le habría pedido que dijera "a qué destino quería ir", negando saber nada de lo que ella refería respecto a González. San Juan, al que se ha relevado de sus funciones, fue condecorado con la Medalla de Plata tres meses después de aquella conversación, según desveló elDiario.es.

Es la enésima mancha en una Dirección Adjunta Operativa, corazón del Cuerpo –impulsa y coordina las funciones policiales operativas–, acostumbrada a situarse en el centro de la polémica. Y que funcionó, con Mariano Rajoy en la Moncloa, como sala de mando en la guerra sucia contra adversarios políticos del PP. Por aquel entonces, era Eugenio Pino el máximo responsable de uniforme en la Policía. Un ex director adjunto operativo que deberá sentarse en primavera en el banquillo de los acusados por Kitchen, la operación de espionaje parapolicial desplegada sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Y que ya ha sido condenado por revelar datos reservados de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident catalán, sustraídos "de forma ilícita".

La investigación de Kitchen sitúa a Pino como planificador de la operación para sustraer a Bárcenas documentos comprometedores que pudiera tener de la formación conservadora en pleno estallido de Gürtel. Al frente de la misma, puso al comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los máximos exponentes de las cloacas del Estado. Y al tanto de su existencia estaban, según el auto de procesamiento, también los inspectores José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos, según el instructor, eran personas de la "máxima confianza" de Pino. Tanto, que los nombres de los dos también confluyen en la guerra sucia contra Podemos que se investiga en la Audiencia Nacional.

Los documentos aportados en el marco de dicha causa evidencian que todas las maniobras contra la formación morada en pleno auge político de la misma partían del mismo sitio: la Dirección Adjunta Operativa. La llamada Operación Venus, centrada en un entramado empresarial alrededor de la producción del programa Fort Apache –presentado por Pablo Iglesias–, se inició con la remisión desde la DAO del llamado informe Pisa, un documento sin membrete oficial ni firma alguna cuya elaboración se ha terminado atribuyendo a la brigada política. Y lo mismo con la Operación Bolívar sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos. Esta se puso en marcha en base a la declaración de un exministro de Venezuela que fue a recoger Fuentes Gago a Nueva York por orden de la DAO.

Tras la jubilación de Pino, fue Florentino Villabona quien cogió las riendas de la Dirección Adjunta Operativa. Con su llegada, que hizo de la mano del ministro Juan Ignacio Zoido, se esperaba una limpia dentro del cuerpo. Pero más allá de algún gesto aislado, lo cierto es que los policías vinculados a la brigada política que estaban como agregados en embajadas continuaron disfrutando de dichos retiros dorados. El comisario, que tras su jubilación fichó por La Liga como director de Integración y Seguridad, apenas estuvo medio año en el puesto. En julio de 2017, Zoido llevó a cabo una reorganización del Ministerio del Interior que eliminó la figura del DAO, puesto que ya en 2018 se encargaría de recuperar el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

La Dirección Adjunta Operativa se incluyó por primera vez en el organigrama en 2006. Y el primer jefe de la misma fue Miguel Ángel Fernández-Chico. Durante su mandato, Villarejo, cuya empresa Cenyt llegó a tener como empleada a una hija de este alto mando policial ya fallecido, se movió con agilidad en la cúpula policial. Una cúspide a la que llegó, según un documento firmado por él mismo, de la mano de Agustín Linares, quien fuera subdirector general operativo –cargo que existía antes de la DAO y que fue su germen–, investigado en el pasado por uso irregular de fondos reservados. Y en la que se mantuvo con su sucesor en el cargo, Pedro Díaz-Pintado. Tras la detención de Villarejo, Pintado, Linares y Pino emitieron cartas apoyando al comisario y diciendo que su actividad mercantil tenía "plena cobertura policial", si bien luego en el juicio terminaron marcando distancias.

Es uno de los muchos logos que se ven en la cancha o en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, la casa del UEMC Baloncesto Valladolid. Y hubo una época en la que ocupaba un lugar privilegiado en las camisetas del equipo filial. Se trata de Clínica Sur. Una de las marcas con las que opera CMD Salud, un pequeño grupo empresarial que cuenta con más de un centenar de empleados y que se ha quedado desde la pandemia con la mitad del negocio sanitario que ha florecido alrededor de las cárceles españolas. Desde hace años faltan médicos en los centros. Y el Ministerio del Interior está recurriendo a la sanidad privada para cubrir la asistencia de los internos.

Desde la pandemia y hasta finales del pasado diciembre, las direcciones de al menos 17 cárceles, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, habían adjudicado a distintas compañías sanitarias contratos por más de 1,1 millones de euros para que se hicieran cargo de la atención primaria de los presos. Las adjudicaciones incluidas en la factura se limitaban a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica, dejando fuera las que giraban alrededor de especialidades, las que no establecen una cuantía total por el servicio –fijan precio por hora–, las que se cancelaron por incumplimiento de contrato o los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores.

El conglomerado vallisoletano se ha hecho en el último lustro con, al menos, una docena de estos contratos por un total de 510.178,28 euros. El grupo se ha encargado de prestar, por ejemplo, asistencia sanitaria a los reclusos del Centro Penitenciario de A Lama, con más de un millar de celdas. En la Plataforma de Contratación figuran dos adjudicaciones en 2022, otra en 2023 y una cuarta en 2024. Contratos adjudicados por un total de 169.251,06 euros. Como adjudicataria, la sociedad Acció Salut SL.

Constituida en julio de 2006, esta empresa, que forma parte del conglomerado CMD Salud –de hecho, el administrador único de la misma es CMD Salud Castilla y León SL–, cerró 2024 con 46 empleados y una cifra de negocio de 1,8 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además de en la prisión pontevedresa, a esta sociedad también se le adjudicó en 2023 un contrato por 43.819,78 euros para dar servicio de atención primaria a los internos del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento.

En los dos años posteriores, esas labores en este último centro las asumió CMD Salud Castilla y León, a la que en 2024 se adjudicó un contrato de 43.222,12 y en 2025 otro de 50.182,53. En sus últimas cuentas, esta sociedad refleja 21 empleados y una cifra de negocio de 777.853,11 euros. Y, además de los contratos en la cárcel de Alicante, también le han adjudicado trabajos similares en la palentina prisión de Dueñas o en la madrileña de Soto del Real por un montante total de 84.950,82 euros.

Esta sociedad figura asimismo como administradora única de otra de las empresas del grupo: CMD Salud Calidad Integral. Esta firma, que cerró 2024 con 79 empleados en plantilla y facturando 3,1 millones de euros, ha recibido tres contratos para la asistencia sanitaria básica de los reclusos en el último lustro. El más reciente, del año pasado y centrado en la cárcel de Mallorca, está valorado en 41.389 euros. En 2023 recibió uno de 50.245,8 euros para prestar sus servicios en la prisión de Zaragoza. Y en 2022, otro de 27.116,25 euros para el centro penitenciario de Cuenca.

El resto de adjudicaciones para cubrir las necesidades sanitarias básicas de los reclusos en estos últimos años se los han ido repartiendo distintas empresas o médicos de forma autónoma. Dentro del primer grupo destaca, por ejemplo, Medical Service JIM, contratado recientemente para prestar servicio en la cárcel de Málaga II o Córdoba, a la que en 2021 también ofreció sus servicios Quirón Prevención, sobre la que en los últimos tiempos se ha puesto el foco a raíz de los negocios mantenidos con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la lista figuran, del mismo modo, Ansalu Onuba, contratada para la cárcel de Huelva. O Altiplano Salud y Gestión Sanitaria Tressalud, contratados por poco más de 50.000 euros cada una para dar servicio a la prisión de Villena y Valdemoro, respectivamente. Y Emergencias 360 SL, con quien hace solo unos meses rompió contrato la dirección del Centro Penitenciario Puerto III. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa, informa EFE.

El titular de Interior ha dicho también que una vez terminada la inspección, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en el lugar que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del accidente, de la que se ocupa el juzgado de Montoro.

El número de muertos asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, que han aparecido debajo del tren Alvia.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Hay 43 personas ya con autopsias practicadas e identificadas: 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor. 40 de ellos son españoles, así como una rusa, una alemana y una marroquí.

Tanto el ministro como el coronel han explicado que la Guardia Civil recibió aviso del accidente a las 19.47 horas y a las 20.00 horas llegó al lugar la primera patrulla de la Guardia Civil. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que los primeros agentes visualizaron el Alvia a las 20.15 horas.

"La Guardia Civil se trasladó inmediatamente", ha subrayado Marlaska, quien ha recalcado que la reacción del instituto armado y del resto de servicios públicos tuvo una "inmediatez que es propia de una sociedad avanzada como es la nuestra y dotada de un servicio público absolutamente ejemplar".

Los primeros agentes que llegaron se dedicaron a la atención y socorro a las víctimas y activaron el resto de los medios al apreciar "la entidad de la tragedia". Según fueron llegando los demás servicios sanitarios y de emergencias, aseguraron el lugar y habilitaron el paso a esos servicios, además de colaborar en la evacuación de heridos.

El coronel ha explicado que se ha puesto a disposición de la autoridad judicial un primer informe preliminar, que incluye más de 2.500 fotografías aéreas y terrestres de la zona del accidente.

Ha detallado que la inspección ocular realizada se ha dividido en cuatro fases: el recorrido previo del tren Iryo antes de la colisión, los vagones de este primer tren, el espacio que se encuentra entre los dos trenes y los cuatro vagones del Alvia que habían descarrilado.

Las primeras diligencias también comprenden las cajas negras de los trenes, que han sido entregadas por parte de la Unidad de Policía Judicial a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la cual es la que dispone de los mejores medios para proceder a su apertura, ha precisado el coronel.

Sin embargo, esta apertura se llevará a cabo en Madrid con miembros de la Unidad Orgánica y, tras los volcados, se hará una copia que quedará a disposición de la Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas, el coronel ha señalado que se ha tomado declaración al maquinista del Iryo, a varios tripulantes y a determinados viajeros, sin perjuicio de que más adelante, en el transcurso de las investigaciones, se interrogue a más personas, y ha negado poder ofrecer detalles sobre su contenido debido a su carácter reservado.

El coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha detallado el despliegue de efectivos de la Guardia Civil que han intervenido en el accidente, un total de 976: 240 agentes de Seguridad Ciudadana, 239 de la Agrupación de Tráfico, 214 de la Unidad de Reserva, 223 especialistas de la Policía Judicial y 60 de apoyo procedentes de órganos centrales. 

El Gobierno defiende la independencia y la profesionalidad de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre la que cree que no caben dudas, informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de la independencia funcional de la CIAF, porque la propia norma reguladora así lo establece y por el funcionamiento demostrado en los últimos años.

Desde 2007, ha dicho el ministro, la CIAF lleva analizando expedientes, en concreto de 270 siniestros, y "nunca ha habido ninguna duda" de la profesionalidad, el carácter técnico y la finalidad, que es la determinación de las causas de los accidentes para evitar a futuro otros incidentes.

La CIAF es un órgano colegiado, formado por un presidente, Ignacio Barrón, y cinco vocales, de los que tres son ingenieros (de caminos, canales y puertos e industrial y de telecomunicaciones, expertos en infraestructura ferroviaria, material rodante y señalización y comunicaciones). Otro más es experto en seguridad y circulación ferroviaria y un quinto en explotación de los servicios ferroviarios.

Está adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes, pero trabaja en independencia funcional. En su web, este órgano colegiado expone que es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias, o de cualquier organismo interesado.

Grande-Marlaska ha asegurado también, categórico, que nunca se ha manejado la opción del sabotaje como causa del descarrilamiento del tren de Iryo con el que 20 segundos después chocó el Alvia de Renfe.

La ONG PorCausa ha denunciado que España ha firmado cerca de 700 contratos por un valor de 541 millones de euros en tecnología de fronteras, adjudicaciones que en muchos casos se han realizado sin publicidad ni concurso público, a unas pocas empresas y bajo unos pliegos opacos de los que no hay apenas información, según informa EFE. 

El informe Fronteras "Inteligentes", democracias negligentes, realizado junto al Centro Delàs de Estudios por la Paz y el diario Ara y presentado este lunes en Madrid, advierte del peligro de la llamada tecnología de frontera como los radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos biométricas y algoritmos de predicción. 

Para la entidad, este sistema entraña muchos riesgos porque "privilegia la seguridad sobre la protección, el control sobre la acogida y la sospecha sobre el derecho" y en esto España ha sido "un laboratorio" para Europa, convirtiéndose en "pionera en innovación pero también en opacidad". 

Según ha señalado el director de Investigaciones de Por Causa, Gonzalo Fanjul, esta frontera inteligente "no sustituye al muro físico, sino que lo hace invisible" a través de la llamada "tercera generación" del control migratorio, basada en el algoritmo y la biometría después de las primeras fases de muros físicos y de tecnificación y externalización de la frontera. 

Para elaborar el informe, la entidad ha analizado 674 contratos firmados por España entre 2018 y 2025 para la tecnología de frontera que, juntos, suman un valor de 541 millones de euros.

De ellos, el 44,1% fueron adjudicados mediante un procedimiento negociado sin publicidad, en muchos casos bajo el argumento de urgencia o seguridad nacional.

Las empresas beneficiarias de estos acuerdos son "casi siempre las mismas": las diez principales absorben el 72,5% del gasto y lideran el ránking la compañía española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales.

El grueso de los contratos van dirigidos a tecnologías de vigilancia, control fronterizo y ciberinteligencia, infraestructura tecnológica y sistemas biométricos, aunque la opacidad de estos acuerdos hace que sea difícil conocer los detalles. 

El informe repasa la evolución del control fronterizo en España desde el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en 1999 y operado por la Guardia Civil, originalmente creado para luchar contra el narcotráfico pero que después se extendió a Canarias para monitorizar el mar en busca de cayucos.

También el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), operativo desde 2013, o más recientemente la frontera inteligente en Ceuta y Melilla, que incluye el reconocimiento facial y registro biométrico, un proyecto adjudicado en 2021 a consorcios liderados por Thales y Telefónica con un presupuesto de más de 4 millones de euros. 

Destacan el uso por parte de la Policía del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), desarrollado por Thales, para el control migratorio en Canarias con el objetivo de comparar patrones faciales con un base de datos de 4,4 millones de fichas policiales.

El director de investigaciones periodísticas de PorCausa, José Bautista, ha señalado como otro ejemplo en la presentación que, según han sabido por la investigación, en el caso de los migrantes que llegan a Canarias en cayuco, la Policía Nacional les quita el teléfono para, usando el software israelí Cellebrite, acceder a su contenido.

PorCausa denuncia que, con este tipo de tecnologías, la responsabilidad se diluye y la frontera "se vuelve una infraestructura privada financiada con dinero público" y el ciudadano "deja de tener acceso a los criterios por los que sus derechos y aspiraciones son evaluados".

La ausencia de información pública sobre estos modelos impide conocer sus tasas de error o los criterios con que clasifican los rostros y facilita "dinámicas de racialización algorítmica".

Para paliar estos riesgos, proponen varías líneas de actuación, como imponer transparencia, garantizar el control humano en todos los procesos, establecer auditorías independientes y devolver las decisiones al ámbito político, donde estas puedan ser "discutidas, supervisadas y, si es necesario, corregidas".

Viernes, 23 de diciembre. Una dotación del Samur irrumpe, a media mañana, en la Plaza de las Cortes. Allí, a escasos metros de la estatua de Miguel de Cervantes que se alza frente a los leones del Congreso de los Diputados, varios efectivos sanitarios atienden a un hombre de mediana edad en una suerte de campamento improvisado. Se llama Honorio Gómez Alfaro. Pope para los amigos. Está desde la pasada semana en huelga de hambre y quiere mantenerla, como mínimo, hasta el día 30. Lo hace para denunciar el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria. Una falta de médicos que está obligando al Ministerio del Interior a recurrir a empresas privadas para intentar garantizar el acceso de los presos a un derecho fundamental.

"Me veo en la obligación moral de hacerlo. Muchos enfermos no están siendo atendidos", lanza en conversación telefónica con infoLibre. No es la primera vez que emprende un ayuno. Ya lo hizo en numerosas ocasiones estando en prisión. Porque Pope, como todos esos "chavales" para los que pide atención, sabe bien cómo es la vida a la sombra. Curtido en las protestas estudiantiles de finales de los ochenta, aquellas que hicieron famoso al Cojo Manteca, Gómez, que con nueve años huyó de casa y de su padre, ha pasado más de dos décadas tras las rejas. Media vida. "No por delitos de sangre ni terrorismo, sino por delitos comunes", explica. Trapicheo, atentado contra la autoridad o algunos robos "para sobrevivir".

Apasionado de la artesanía, Pope salió de la cárcel sin el dedo meñique, que le fue amputado junto a una parte de la mano. El terrible desenlace no fue consecuencia de la enfermedad degenerativa que padecía, sino que se debió a los múltiples retrasos a la hora de someterle a una intervención quirúrgica que lo hubiera evitado. De hecho, así lo sentenció la Audiencia Nacional en enero de 2020, cuando condenó a Instituciones Penitenciarias a indemnizar con 10.000 euros al hombre: "Los medios sanitarios para paliar la referida enfermedad sufrieron un notorio retraso, por lo que su efectividad quedó enervada por la demora en su aplicación".

Una década después de que Pope volase, al fin, libre, la sanidad penitenciaria continúa teniendo serios problemas. En las cárceles, al igual que ocurre en los centros de salud y hospitales de todo el país, faltan médicos. Y así se plasma en numerosos informes elaborados por los propios centros penitenciarios. "De un tiempo a esta parte se ha venido produciendo una falta paulatina de profesionales médicos", expone, por ejemplo, la directora del Centro Penitenciario de Algeciras para justificar la contratación de una empresa privada que se haga cargo de la asistencia y atención médica de urgencias de los internos.

La licitación, publicada la pasada semana en la Plataforma de la Contratación, tiene un presupuesto base de 59.700 euros. Y permite hacerse una idea del estado en el que se encuentra la prisión gaditana. "La relación de puestos de trabajo consta de nueve efectivos, pero estando solo tres plazas cubiertas", explica el pliego de prescripciones técnicas. E insiste: "Mediante la contratación de asistencia sanitaria externa se pretende paliar la falta paulatina de profesionales médicos en los centros penitenciarios, situación agravada por la epidemia de covid-19 que ha empeorado la situación ya de por sí precaria".

No se trata de un problema puntual. Es un agujero del sistema que el Ministerio del Interior va parcheando a través de la privada. En el último año se han formalizado, por ejemplo, contratos similares de asistencia sanitaria para las cárceles de Alicante, Málaga o Valdemoro –en esta última, solo dos de los diez puestos estaban cubiertos, si bien en ambos casos los profesionales se encuentran de baja–. También se ha buscado externalizar dicha asistencia en el Centro Penitenciario Puerto de Santa María III, donde sólo disponían de tres de ocho efectivos. Aunque en este caso la adjudicación quedó finalmente desierta.

Pese a esta realidad, desde Instituciones Penitenciarias se esfuerzan por dejar claro que los más de 60.000 presos y presas "tienen garantizada la atención sanitaria". Incluso en las situaciones más "complejas", cuando son "derivados a los hospitales de referencia". Y recuerdan que la oferta de empleo público para facultativos de Sanidad Penitenciaria es "constante". El problema, sin embargo, es que muy pocos apuestan por dicha oposición. "Es de las pocas en la que se presenta menos gente que plazas se ofertan", explica en conversación con este diario José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En alguna convocatoria, han llegado a quedar desiertas hasta un 91% de las plazas.

La clave está, según Antón, en las condiciones de trabajo. "¿Quién va a ir a la cárcel para ganar menos dinero?", asevera. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de pagadores. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho.

"Si lo hiciesen, ¿habría problemas para contratar? Pues seguramente sí, nadie tiene ahora superávit de médicos. Pero al menos estarían todos jugando en las mismas condiciones", asevera Antón, quien insiste en que fuera de esos tres territorios la sanidad penitenciaria es, en estos momentos, "un calvario". Mientras tanto, una lona blanca atada frente al Congreso de los Diputados recuerda, al igual que Pope, que "el abandono médico es tortura". Sea en la calle o tras los barrotes, donde en la última década han fallecido, según los datos de Instituciones Penitenciarias, 1.749 reclusos.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

Cavina Vinoteca, un moderno bar de vinos en el barrio de moda de Poblenou en Barcelona, ha recibido excelentes críticas en internet desde que abrió sus puertas el año pasado.

El restaurante es uno de varios proyectos gastronómicos que dirige la familia Oleinikova, encabezada por la matriarca Maria, nacida en Rusia pero hoy ciudadana española. Junto con su hijo y su hija, también dirige una empresa española que exporta vino, cerveza, sidra y licores a Rusia.

Pero OCCRP y sus socios han descubierto que esta empresa no se dedicaba únicamente a las bebidas: también enviaba productos químicos a Rusia, en posible violación de las sanciones de la Unión Europea impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

El año pasado, Maria y sus hijos Irina y Vyacheslav fueron detenidos en una redada policial en España bautizada como Operación Probirka —u Operación Probeta—, en la que se incautaron 13.000 kilos de productos químicos en el Puerto de Barcelona.

La Operación Probeta formaba parte de una investigación española sobre el suministro ilegal de productos químicos a Rusia, según informó en su momento el Ministerio del Interior, pero desde entonces el Gobierno apenas ha dado detalles sobre el caso. Aunque el comunicado mencionaba a una empresa rusa que estaba importando esos productos, la Policía no la identificó públicamente ni aportó datos de los envíos.

Una fuente policial española implicada en la investigación aseguró que las autoridades sospechan que Oleinikova actuaba como “intermediaria” organizando los envíos. (El agente fue autorizado a hablar con la prensa, pero no a ser identificado por su nombre).

Sin embargo, recurriendo a datos de importación rusos, los periodistas descubrieron que Oleinikova no solo opera en España: también es propietaria mayoritaria de una empresa química rusa llamada Catrosa Reactiv, que recibió al menos 36 envíos de productos sancionados desde España entre 2022 y 2024, incluido uno que procedía directamente de Complexe Sancu, la compañía española de exportación de vinos y cervezas que gestionan Oleinikova y sus hijos.

La mayoría de los demás envíos los realizó una empresa española llamada Scharlab S.L., con sede en Barcelona y filiales en Italia y Filipinas, según muestran los datos de importación. Scharlab pertenece mayoritariamente a Werner Scharlau, un alemán residente en España que estuvo entre los detenidos en febrero.

En su página web, Catrosa Reactiv —fundada en 2006 y adquirida dos años después por el marido de Oleinikova— afirma que “opera con éxito en el mercado ruso de reactivos químicos” y suministra productos a laboratorios y materias primas a la industria. El registro mercantil ruso muestra que Oleinikova, con experiencia en investigación científica académica, se convirtió en accionista mayoritaria de la empresa en 2015 y aún mantiene el control.

Se desconoce el destino final de los productos importados desde España por Catrosa Reactiv. Sin embargo, datos filtrados de transacciones obtenidos por los periodistas mostraron que los clientes de Catrosa Reactiv en Rusia desde 2022 han incluido al menos seis entidades sancionadas vinculadas a la producción de armamento, el sector de defensa y el ejército ruso.

Entre ellas figuraba el Instituto Estatal de Investigación Científica de Química Orgánica y Tecnología, también conocido como GosNIIOKhT, sancionado por la UE y EEUU por su implicación en el desarrollo y producción de armas químicas, incluido el agente nervioso tóxico Novichok, que ha sido utilizado por agentes rusos en asesinatos encubiertos en el extranjero.

Desde 2022, Catrosa Reactiv también ha recibido pagos de:

Los reporteros no identificaron en los datos de importación de Catrosa Reactiv sustancias directamente asociadas a armas químicas. No obstante, Miguel Ángel Sierra, catedrático de Química orgánica en la Universidad Complutense de Madrid y exmiembro del consejo asesor científico de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, explicó que los compuestos importados desde Europa estaban sancionados por su carácter de doble uso, incluido el de fabricar explosivos.

“Han sido prohibidos por la Unión Europea porque son productos industriales”, explicó. “Por ejemplo, hay muchos procesos que no se pueden llevar a cabo, como la preparación de explosivos, de productos farmacéuticos y de muchas otras cosas, sin disponer de algunos de estos compuestos”.

La Audiencia Nacional —tribunal que se ocupa de terrorismo y grandes delitos— confirmó a OCCRP que Oleinikova y sus dos hijos se encuentran entre los nueve sospechosos actualmente investigados por “contrabando de sustancias prohibidas”. Todos han sido puestos en libertad mientras continúa la investigación, y ninguno ha sido acusado formalmente de un delito, señaló el departamento de prensa del tribunal.

Oleinikova declinó hacer comentarios para esta historia debido a que el caso sigue bajo investigación de la Audiencia Nacional.

Los comunicados oficiales tras la redada de octubre de 2024 en el puerto de Barcelona no mencionaban los productos concretos confiscados, pero la Policía dijo a OCCRP que se había incautado de 13.000 kilos del disolvente N-Metil-2-pirrolidona (NMP), ampliamente usado en electrónica, productos farmacéuticos y recubrimientos. Los investigadores también encontraron cantidades menores de otros compuestos que podrían usarse en la producción de armas.

Algunos envíos de productos químicos —entre ellos ácido nítrico y acetona, ambos empleados en la fabricación de explosivos, y dietilamina, un compuesto implicado en la fabricación del agente nervioso VX— ya habían salido de España hacia Rusia, según la Policía.

En un intento de obtener una visión completa de los tipos de compuestos que Catrosa Reactiv había estado importando desde la UE, los reporteros revisaron registros rusos de importación en una base de datos comercial.

Los 32 envíos que Catrosa Reactiv recibió de Scharlab contenían 14 compuestos valorados en 15.000 dólares, todos sujetos a prohibiciones de exportación de la UE entre abril de 2022 y junio de 2023 debido a su posible contribución al refuerzo de los sectores de defensa, seguridad e industria de Rusia. Entre ellos figuraban 8.200 dólares en NMP —el mismo disolvente hallado en el puerto de Barcelona—, además de 5.800 dólares en isopropanol y 2.550 en peróxido de hidrógeno.

El envío realizado a Catrosa Reactiv por Complexe Sancu, la empresa española de exportación de vinos gestionada por los hijos de Maria Oleinikova, contenía unos 3.650 dólares en hidrogenocarbonato de sodio —también conocido como bicarbonato sódico o de uso doméstico, baking soda. Pero a pesar de sus usos inocuos, este compuesto fue prohibido para la exportación de la UE a Rusia en abril de 2022 dentro de la categoría de “bienes que podrían contribuir al refuerzo de las capacidades industriales rusas”.

Expertos afirman que los sistemas aduaneros de la UE son insuficientes para gestionar las sanciones extremadamente amplias sobre exportaciones químicas a Rusia, lo que facilita que envíos como los procedentes de España pasen inadvertidos.

En el transporte internacional, los exportadores etiquetan sus productos con identificadores de grupo amplios conocidos como códigos HS, que pueden abarcar una gran variedad de artículos, incluidos tanto productos prohibidos como permitidos. Esto significa que es posible exportar un producto bajo un código HS que no identifique la presencia de una sustancia sancionada concreta.

Elina Ribakova, investigadora sénior en el Peterson Institute for International Economics, un centro de estudios con sede en Washington D.C., explicó que los códigos HS que incluyen productos sancionados deberían marcarse como de alto riesgo y ser revisados con más detalle por los funcionarios de aduanas.

Pero en la práctica, dijo, eso no siempre ocurre: “La cuestión es si el producto está correctamente clasificado bajo su código HS adecuado y si realmente se comprueba”.

Aunque la UE y España han creado códigos adicionales destinados a aportar más detalle a las categorías internacionales de los códigos HS, Ribakova señaló que sigue siendo “muy difícil identificar un producto” ya que tienden a agruparse.

“Los europeos no tienen la infraestructura para comprobar de forma más holística algo que no sea nuclear o un arma muy especializada”, declaró a OCCRP, y añadió que estas limitaciones hacen “relativamente fácil” exportar productos sancionados.

En el caso investigado en España, los exportadores mezclaron lotes de productos prohibidos dentro de envíos mayores de sustancias legales, o consignaron destinos falsos en la documentación aduanera, como Armenia y Kirguistán, para ocultar que en realidad se dirigían a Rusia, según explicaron investigadores a OCCRP.

Uno de los investigadores que trabaja en el caso dijo a OCCRP que las pruebas obtenidas hasta ahora muestran que los envíos en realidad no pasaban por esos países, y que las empresas listadas como destinatarias eran tapaderas.

En su lugar, aseguró, iban por tierra hacia Rusia a través de otros países, como Polonia y Bielorrusia. No está claro cuáles de las personas o empresas investigadas emplearon estas tácticas, si es que alguna lo hizo. Pero los registros de importación de Catrosa Reactiv revisados por OCCRP y sus socios muestran que en 2023 recibió un envío del compuesto sancionado NMP que partió de España pero se canalizó a través de una empresa kirguisa llamada NK Muras LLC.

Los datos muestran que ese envío fue fabricado por una de las compañías investigadas por las autoridades españolas por exportar ilegalmente productos sancionados en el caso de Oleinikova.

Según los registros de importación, el proveedor que actuaba por cuenta del “pedido” de NK Muras era Vlate Logistik LLC, una empresa bielorrusa de transporte y almacenamiento sancionada por la UE en diciembre de 2024 por su cercanía al régimen alineado con Moscú del presidente Aleksandr Lukashenko.

En 2024, Complexe Sancu, la empresa española de exportación gestionada por los hijos de Maria Oleinikova, envió al menos un cargamento de NMP a NK Muras. Los registros disponibles no muestran si ese envío terminó en manos de Catrosa Reactiv.

Datos de transacciones obtenidos por separado por los periodistas indican que Catrosa Reactiv pagó más de 240.000 dólares a NK Muras en 2023 por tres envíos de ingredientes farmacéuticos no especificados.

Ni NK Muras ni Vlate Logistik respondieron a las solicitudes de declaraciones.

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado este jueves por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí Mabel Deu por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, según informa EFE.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, las dos autoridades han sido condenadas a 9 años de inhabilitación especial para cargos públicos ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de Gobierno al considerar que infringieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. También han sido inhabilitadas durante 9 años para el derecho de sufragio pasivo.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de doce años de inhabilitación para las dos exautoridades mientras que la acusación particular, llevada a cabo por la Red Española de Inmigración y la asociación L'Escola, elevaba la pena a quince años.

Tanto el fiscal como las organizaciones sociales pidieron también la pérdida de honor de los cargos que ocupaban, lo cual también se les ha concedido por parte del tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que, además, ha impuesto a las dos acusadas el pago de las costas del juicio a partes iguales.

La Audiencia considera probado que entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 inmigrantes, de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron filiados como tales.

Los magistrados han asegurado que la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), sin "ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno decidió realizar las actuaciones oportunas a fin de lograr la devolución rápida a Marruecos de aquellos menores".

Asimismo, destaca que "de común acuerdo" con la delegada del Gobierno en Ceuta, "conocedora también de que no se ajustaba a legalidad alguna", decidieron practicar la devolución de los menores sin seguir lo establecido en el acuerdo marco de 2007, es decir, "la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Durante la vista oral, que se llevó a cabo el pasado mes de junio en varias sesiones, las dos exautoridades declararon que lo realizaron con el beneplácito del Ministerio del Interior, que estaba informado de todo.

Según explicaron ambas acusadas, los 55 menores fueron devueltos a su país a mediados de agosto de 2021 en base a un acuerdo de 2007 entre España y Marruecos.

Estos 55 niños formaban parte de los más de 1.200 menores que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo con motivo del acceso a la ciudad de más de 12.000 personas por el espigón fronterizo de la frontera sur del Tarajal

Mabel Deu, que ya no está en la política ha vuelto a su actividad como docente en un instituto, y Salvadora Mateos se encuentra actualmente jubilada desde su destitución en el cargo a finales de octubre de 2022.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha manifestado este jueves que sigue creyendo en la inocencia de la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y de la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu (PP), condenadas por prevaricación tras la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021.

En un comunicado, el presidente ceutí ha dicho que cree "en la inocencia de la señora Deu y de la señora Mateos", ambas condenadas por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.

El jefe del Gobierno autonómico ha puntualizado que "como tantas veces he manifestado, conocí, compartí y respaldé las actuaciones llevadas a cabo estando todos convencidos de que se actuaba al amparo de la ley y atendiendo al interés superior del menor, en una situación de emergencia humanitaria nunca antes conocida".

Vivas ha añadido que el "colapso prolongado que estamos viviendo en el área de Menores de la Ciudad, la imposibilidad de evitar las entradas, la inviabilidad práctica de los retornos y las dificultades para efectuar los traslados a la Península con la agilidad requerida inducen a pensar en la necesidad de plantear una reforma de la normativa aplicable en materia de extranjería".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cargado este jueves en el Senado contra el PP por utilizar de forma "partidista" la catástrofe de los incendios con una versión "distorsionada" de la realidad que "menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión", según informa EFE.

Al inicio de su intervención, a petición del PP, en la comisión de Interior de la Cámara alta para explicar la gestión de su departamento en los incendios de este verano, el ministro ha atribuido la actitud de los populares a una estrategia "de acoso y derribo al Gobierno basada en la manipulación y el ruido".

Tras asegurar en reiteradas ocasiones que la gestión de los incendios forestales corresponde a las comunidades, Marlaska ha desgranado la colaboración del Estado y la UE en la lucha contra el fuego y ha dejado claro que "todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición" de las autonomías: "Eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia".

El titular de Interior ha relatado que desde que el 8 de agosto se declarasen los primeros incendios, hubo medios del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio para la Transición Ecológica "actuando en los incendios donde se les solicitó" y que, si bien se declaró fase de preemergencia el 12 de agosto, este escenario "no afecta a las competencias de dirección de estas emergencias, que corresponden a las comunidades autónomas".

Con todo, el ministro ha enumerado los medios estatales y autonómicos desplegados en Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, entre ellos siete helicópteros, seis aviones, 42 camiones y drones o las más de 40 activaciones de la UME, "el mayor número de activaciones de la UME simultáneas en un periodo de tiempo similar".

Durante su intervención ha recordado las aeronaves de países europeos que se incorporaron a la lucha contra el fuego y ha destacado el trabajo de los más de 5.000 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados, especialmente la labor de la Guardia Civil en la protección de los municipios y la evacuación de más de 36.000 personas.

La emergencia no se dará por cerrada, ha añadido, hasta que se den por extinguidos todos los incendios y se desplieguen las ayudas necesarias aprobadas en las zonas afectadas, por lo que es el momento de trabajar con responsabilidad y con altura "no ya política, sino moral", con datos contratados, reflexión conjunta y "apertura de miras".

En este punto, ya al final de su primera intervención, Marlaska ha vuelto a dirigirse al PP para reprocharle que "los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo", ni tampoco medidas de pulseras telemáticas, sino un gran pacto de Estado con una "estrategia integral y anticipatoria". Los incendios forestales, ha zanjado, suponen un complejo "desafío" que implica a todas las administraciones públicas, a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios.