La Audiencia Nacional ha avalado el cambio de denominación de la bandera del Tercio 'Gran Capitán' 1º de La Legión de Melilla, que en enero de 2023 dejó de llamarse 'Bandera Comandante Franco' y pasó a denominarse 'Bandera España' en aplicación de la ley de Memoria Democrática.

En una sentencia dictada el pasado 17 de diciembre, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco contra la resolución adoptada por el Ministerio de Defensa que retiró de esta enseña el nombre del dictador.

A juicio de estos magistrados, el cambio de denominación de esta bandera está amparado por el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que enumera "las medidas que tienen por finalidad eliminar los elementos de división entre la ciudadanía y supongan exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial".

La Audiencia Nacional rechaza los argumentos de la Fundación Francisco Franco, que consideraba que esta bandera tiene el nombre de uno de los fundadores de la unidad militar "en memoria un hecho histórico que garantizó la españolidad de Melilla y la vida de los melillenses en 1921" y que la ley, que abarca el período de 1936 a 1978, no busca borrar todo lo que guarde relación con Franco, sino suprimir elementos de división entre los ciudadanos.

También argumentaba esta organización que el cambio de nombre de unidades militares no forma parte del artículo 35 y que no se había seguido el trámite previsto en el artículo 36.

La Audiencia Nacional desestima su recurso citando la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2023, en una sentencia sobre el cambio de nombre de la calle General Asensio Cabanillas en Madrid, en la que se sostenía que la figura del general era "inseparable de la sublevación militar y del curso de la Guerra Civil en las que tuvo una participación destacada".

La exaltación "proscrita" entonces por la ley de Memoria Histórica, de 2007, "es la que producen actos de las Administraciones Públicas que objetivamente realzan, ensalzan, dignifican o suponen un reconocimiento elogioso de cualquiera de los hechos que identifica su inciso final o todos ellos: la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura".

Así, los magistrados dan la razón a la Administración Central, que argumentaba que "el mero enaltecimiento del máximo dirigente del régimen anterior es contrario a los principios y fines" de la ley de Memoria Democrática y que por ello se le debe poner fin.

También apuntó la Administración que "la persona que lideró el alzamiento en 1936 y el posterior régimen político supone un símbolo de esas fases de la historia de España en la totalidad de su persona y personalidad" y por ello no cabe excluir sus vicisitudes militares previas a 1936.

Además, la Sala rechaza presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, como también le pedía la Fundación Franco, pues no estima que haya dudas razonables sobre la constitucionalidad de esta norma, al tiempo que señala el cambio de denominación siguió el procedimiento adecuado.

La Comisión Europea ha cargado este lunes contra la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizador del festival de Eurovisión, al señalar que fue un "error" vetar la bandera europea del evento celebrado en Suecia y que no es su papel decidir qué banderas pueden exhibirse según la situación geopolítica, según ha recogido Europa Press.

Después de que el vicepresidente comunitario, Margaritis Schinas, criticara que se impidiera el acceso a la gala del festival con la bandera de la UE, el portavoz principal del Ejecutivo europeo, Eric Mamer, ha insistido en que "no hay razones" para que el símbolo europeo fuera vetado del Malmoe Arena que acogió la 68º edición del concurso.

En rueda de prensa, Mamer ha subrayado que "no es el papel" de la UER pronunciarse sobre la situación geopolítica y el impacto que tenga que los asistentes a la gala lleven la bandera europea, alegando la tensión internacional.

Así las cosas, Schinas estará en contacto este lunes con representantes de la UER, en una "discusión dinámica" en la que abordará esta polémica, ha explicado el portavoz. "Dejará claro que no hay razones para no permitir la bandera y pediremos a la BEU que la permita y asegure que se exhiba", ha señalado, reiterando que es un "error" vetar una insignia que representa "la libertad y diversidad cultural" del continente.

"Es la bandera de la UE y del Consejo de Europa que tiene 46 miembros y según nuestro punto de vista es completamente lamentable que la bandera de todos los miembros de la UE no se pudiera exhibir", ha subrayado.

La edición de este año del festival de Eurovisión, que ganó Suiza, ha estado marcada por la participación de Israel en el concurso, en medio de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Ante las protestas y manifestaciones los días previos, la organización decidió vetar en el recinto las banderas que no fueran de los países participantes o de la comunidad LGTBI, quedando fuera la de la UE.

El propio vicepresidente comunitario criticó durante el mismo sábado que Eurovisión es "una celebración del espíritu europeo" y que la bandera de la UE es precisamente un "símbolo" que va en esa línea.

El posible auge de la extrema derecha en las elecciones europeas del próximo mes de junio es sólo uno más de los fantasmas que recorren el planeta este año. Mientras en EEUU Donald Trump se acerca a las urnas de noviembre sumando victorias en las primarias republicanas, en Indonesia y El Salvador ya han ganado el exgeneral Prabowo Subianto y el autoritario Nayib Bukele, al tiempo que en Países Bajos el ultra Geert Wilders negocia, con dificultades, la formación de un gobierno.

De hecho, las encuestas se hacen eco de un aumento de la intención de voto en Europa a los partidos que integran Identidad y Democracia (ID), el grupo de Marine Le Pen y Matteo Salvini, y a Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde están integrados Vox y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Según las proyecciones de diciembre de 2023 elaboradas por Europe Elects, portal de referencia en información electoral europea, ID puede llegar al 12,3% de los votos, lo que le daría 91 escaños, mientras que ECR reuniría un 11,3% de apoyos, que se traducirían en 80 escaños. Ahora ID tiene 62 escaños y ECR 66. Sumados ambos –171–, se convertirían en la segunda fuerza tras el Partido Popular Europeo, al que la encuesta otorga 180 escaños.

Pero, como advierten este mismo miércoles en la revista Fortune Clifford Young y Chris Jackson, presidente y vicepresidente de Ipsos, una de las principales empresas mundiales de investigación de mercados, el fenómeno es global. En su artículo mencionan el “síndrome del caudillo [en castellano]”. Según la última encuesta que ha hecho Ipsos para medir la evolución del populismo en 28 países –un sondeo que lleva repitiendo desde 2016–, el 63% de los preguntados coincide en que su país necesita un líder fuerte al que no le importe romper las reglas para sacarlo de su supuesto declive. La sensación de estancamiento económico y la desigualdad, aseguran, se unen a la nostalgia por el pasado para crear un cóctel de éxito.

Qué explica el alza de los partidos populistas es una pregunta recurrente que ha dado lugar a múltiples análisis. Cinco investigadores europeos acaban de publicar en el British Journal of Political Science de la Universidad de Cambridge un informe que, sobre la base de 36 estudios anteriores, confirma la relación causal entre la inseguridad económica y el avance del populismo. Esa inseguridad va más allá del desempleo o de las crisis económicas; se define como el “riesgo de pérdida económica al que se enfrentan los trabajadores y los hogares ante los acontecimientos imprevisibles de la vida social”. Una forma novedosa de descontento, resaltan, que no tiene que ver con los resultados económicos a corto plazo. De los 36 estudios, seleccionados por su robustez estadística, se desprende que un tercio del reciente ascenso de los populismos se debe a esa sensación de incertidumbre económica que en algunos países no ha hecho más que aumentar.

Tanto uno de los autores del estudio, Manuel Serrano-Alarcón, del Centro de Investigación de Dinámicas Sociales y Políticas Públicas Dondena, de la Universidad Bocconi de Milán, como el economista de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, coinciden en destacar como “muy significativa” esa contribución del malestar económico al cambio en el comportamiento electoral de tantos ciudadanos en todo el mundo.

En realidad, la relación entre las crisis financieras y el avance de los extremismos políticos es claro, aunque sólo sea desde el periodo de entreguerras del siglo pasado, cuando la depresión de 1929 –entre otros factores– arrojó a Alemania e Italia en brazos del nazismo y el fascismo. Pero, como destaca Serrano-Alarcón a infoLibre, ahora se ha podido verificar un “vínculo causal sólido” –no una mera correlación–. Con importantes diferencias geográficas.

Así, el deterioro económico sufrido por la clase trabajadora de Estados Unidos por culpa de las importaciones de China está detrás de buena parte del éxito de Donald Trump desde 2016. Aunque hay matices adicionales: los votantes blancos descontentos buscaron remedio en los republicanos y en Trump, pero los votantes no blancos se inclinaron por los demócratas. También hay que tener en cuenta la “brutal” desigualdad que caracteriza a la sociedad estadounidense, tercia Manuel Alejandro Hidalgo.

En general, la robotización está radicalizando a los ciudadanos de las economías avanzadas, mientras que los países de la eurozona, al igual que EEUU, están más expuestos al impacto de las importaciones baratas de otras áreas. Por su parte, los del Europa del Este lo estuvieron al desplome de sus respectivas divisas con la crisis financiera de 2008. En Brasil la inseguridad del mercado laboral tuvo mucho que ver en la victoria de Jair Bolsonaro en 2018 –más en los hombres que en las mujeres–. Y en Hungría Manuel Alejandro Hidalgo cree que el peso de la culpa puede atribuirse más bien a la escasa tradición democrática del país.

¿Y en España? Ninguno de los 36 estudios analizados por Manuel Serrano-Alarcón y sus colegas se refería a la extrema derecha nacional. “No había ninguno con la suficiente robustez estadística para incluirlo”, revela el investigador.

Sin embargo, Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa, traza con precisión el recorrido que ha llevado a Vox a convertirse en el tercer grupo del Congreso tras PP y PSOE. Nacido un mes antes que Podemos, en diciembre de 2013 –es decir, en lo peor de la crisis financiera, con una tasa de paro del 26% y la austeridad y los recortes en plena ebullición–, no consiguió entrar en el Parlamento Europeo en 2014. “Aunque se quedó sólo a 1.200 votos de conseguirlo”, advierte no obstante Guillermo Fernández.

De ese fracaso no se recuperó hasta 2018, tras el intento fallido de referéndum en Cataluña, cuando sectores conservadores decepcionados por la gestión del conflicto que hizo el Gobierno del PP ven en Vox y su discurso nacionalista español la respuesta a la “alarma patriótica” activada por los independentistas. La manifestación de la Plaza de Colón en Madrid se celebró apenas siete días después del 1-O catalán.. Siete meses más tarde, la moción de censura que dio el Gobierno a Pedro Sánchez, apoyada en Unidas Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes y que la derecha consideró casi “un acto ilegítimo”, explica la “efervescencia” de Vox, que ya ese verano multiplica su militancia, en octubre llena el Palacio de Vistalegre de Madrid y en diciembre entra en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

Como desveló Stuart Turnbull-Dugarte, profesor de la Universidad de Southampton, ni el nivel de ingresos ni la desconfianza política ni el rechazo a la inmigración son el principal motor del voto a Vox, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la extrema derecha europea. Al menos en aquellas elecciones andaluzas, el rechazo al procés fue el catalizador que introdujo a la ultraderecha por primera vez en un parlamento autonómico. Entonces la economía española empezaba a respirar tras cuatro años en la UCI poscrisis.

Guillermo Fernández ve en la recesión económica de 2008, seguida de una pésima gestión europea basada en la austeridad, la mecha que prendió el populismo en el continente. Pero añade un segundo componente, la “crisis de representación” a la que llevaron los numerosos casos de corrupción destapados no sólo en España sino también en otros países como Francia. Si además coincide con la crisis de los refugiados, y con los atentados yihadistas –Bataclán, Charlie Hebdo, ambos en 2015–, la mezcla se convierte en explosiva. La “inseguridad cultural” se suma a la económica. Finalmente, el Brexit –votado en referéndum en 2016 y ejecutado en 2020– y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos –en noviembre de 2016– dieron el impulso definitivo al populismo global. En enero de 2017, la extrema derecha europea celebró un macroevento en la ciudad alemana de Coblenza, al que ya acudió Vox y donde Marine Le Pen, Matteo Salvini, Frauke Petry –de la AfD alemana– y Geert Wilders anunciaron la llegada de la “primavera de las naciones”, recuerda Guillermo Fernández.

El politólogo no pone en duda que un tercio del auge populista proceda del desencanto económico de muchos ciudadanos, pero añade que el resto de la fórmula se asienta sobre la idea de que la “identidad nacional” está en riesgo. “Tu nación, tus valores corren peligro”, se esgrime. Para Le Pen, la amenaza viene de los emigrantes. Para Wilders, de los musulmanes, en concreto. Para Santiago Abascal, de los independentistas.

Una tesis repetida señala que la extrema derecha ha ganado impulso combinando su base tradicional de clase media con nuevos votantes de la clase trabajadora, los perdedores de la globalización y la modernización. Antes, la clase trabajadora tenía la oportunidad de ingresar en la clase media, un ascensor que se ha detenido o incluso descendido en las democracias avanzadas.

Otros dicen que los nuevos apoyos electorales de la ultraderecha proceden de trabajadores que han perdido la protección laboral de la que gozaban, pero que no se encuentran precisamente entre los más perjudicados por la crisis económica.

Para Guillermo Fernández, el perfil del votante de ultraderecha, tanto en Francia como en España, al menos, no es el del ciudadano más vulnerable. Sino el de quien se siente en peligro por la supuesta “pinza” que han creado entre las élites, sobre todo las progresistas, y los más pobres, entre los que se encuentran los inmigrantes. Se trata de una clase media y media/baja que tiene vivienda propia, pero en el extrarradio de las capitales porque no puede vivir en el centro, aunque trabaje en él, y que se percibe dañada por los ricos, que sí se lo pueden permitir, y por las clases más bajas que reciben ayudas. En Madrid, pone como ejemplo, “existe un cinturón verde, que vota a Vox y que no está en, digamos, Fuenlabrada –el antiguo cinturón rojo–, sino más allá, en Humanes, en Arroyomolinos e incluso en La Sagra (Toledo)”.

Cierto que la situación de estos ciudadanos empeoró con la crisis económica, pero además “se sienten poco escuchados, olvidados”. Es a ellos a los que la extrema derecha “ofrece un relato y la ilusión de que los miran”, sostiene el politólogo.

Es la misma tesis que apunta Stuart Turnbull en su análisis de las elecciones andaluzas de 2018: el perfil del votante de Vox no coincidía entonces con el prototipo del perdedor de la globalización, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos. Además, a los ultras españoles los votan también las clases altas –Vox fue la segunda fuerza en Pozuelo, Boadilla, Las Rozas y Torrelodones, en el noroeste rico de Madrid, el pasado 23 de julio–, como ocurre en Francia, donde a los apoyos del norte empobrecido se les suman muchos de la riquísima Costa Azul.

En esa misma dirección, hay estudios que sostienen que la pérdida de estatus influye más en la deriva hacia la extrema derecha que, por ejemplo, el desempleo. Se trata de una doble devaluación, económica y cultural, de las capacidades y valores de la clase trabajadora, que se refuerza mutuamente y cuya brecha con las demandas de la economía posindutrial y globalizada es cada vez mayor, tal y como detallan Serrano-Alarcón y sus colegas europeos.

Además, Fernández Vázquez, introduce otro elemento: “La idea de que no hay futuro, o que el futuro va a ser muy malo, peor que el presente; por eso se idealiza un pasado de supuesta grandeza, el Make America great again va de eso”.

Porque, de eso no hay duda, se proclama, el presente sufre de una absoluta decadencia. Es una tendencia general que se da en España y en el resto del mundo, no importa si en fases de apogeo o de crisis: la diferente percepción entre la economía personal y la nacional. Lo revela el último barómetro del CIS: el 63,4% de los encuestados dice que su situación económica personal es buena –el 59,8%– o muy buena. El 24,2% dice que es mala o muy mala. Por el contrario, el 59,2% cree que la situación económica general de España es mala o muy mala. La misma disociación se producía en plena crisis financiera, hace una década, en 2019, en la prepandemia, o en 2022. Pero, a diferencia de esos años, el desajuste se repite ahora “cuando se ha creado más empleo nunca y la economía no está ni de lejos tan mal”, aclara Manuel Alejandro Hidalgo.

A su juicio, las derechas populistas tienen más éxito en países con niveles bajos de protección social. El estado del bienestar, con políticas destinadas a desempleados, pensionistas, trabajadores precarios o familias numerosas, reduce el atractivo de la extrema derecha. Las políticas redistributivas o la Seguridad Social protegen frente a la inseguridad económica y reducen el apetito por el populismo en los trabajadores en descenso. “Eso queda para un estudio posterior: ¿esas políticas de protección social reducen el voto a la ultraderecha?”, invita Manuel Serrano-Alarcón.

Guillermo Fernández advierte de que la extrema derecha “está aquí para quedarse”. A diferencia de lo que ha ocurrido con los partidos a la izquierda de la socialdemocracia europea –Unidas Podemos, Francia Insumisa, el Movimiento 5 Estrellas–, que están en retroceso o se mantienen con dificultades, la derecha radical amenaza con un triunfo en las europeas de junio y puede dar la sorpresa en Portugal el próximo día 10. Manuel Serrano-Alarcón precisa que la mayoría de los estudios con los que ha trabajado para su análisis se refieren a los populismos de derecha, y es por tanto donde han encontrado resultados más concluyentes. “Lo que nos obliga a ser más cautos con los populismos de izquierda”, advierte. En cualquier caso, el estudio mantiene que, mientras la inseguridad económica es una sólida materia prima para la extrema derecha, la izquierda radical consigue sus apoyos entre los damnificados por la automatización, la incertidumbre laboral y los fallos en la redistribución de la riqueza.

También las recientes protestas de los agricultores y ganaderos son una buena muestra de que la extrema derecha ha plantado sus cimientos en suelo europeo. Como en otras capas de la población, al empeoramiento de sus condiciones económicas se le añade el sentimiento de olvido, o incluso desprecio, de las “élites urbanitas”, dice Guillermo Fernández. Y la ultraderecha tiene una oferta política adaptada a ese agricultor: “Somos los únicos que hablamos de los problemas del campo”. Es más, el politólogo cree que la derecha radical dispone de una estrategia para convertirse en el partido del sector primario. “Por eso en los folletos de Vox se leía Vota campo”.

No obstante, Guillermo Fernández Vázquez rechaza que la historia vaya a repetirse y los años 30 de este siglo repliquen los años 30 del siglo XX. “No creo que Vox sea una especie de franquismo 2.0 o neofranquismo”, defiende. “Para ellos no se trata”, continúa, “de volver a antes de 1975, sino de reinterpretar la Constitución de 1978 para regresar a antes de esa fecha”. De forma que la meta a la que aspiran es una “democracia limitada o militante”, en la que sean ilegales los partidos comunistas o independentistas, por ejemplo. “Lo que quieren”, resume, “es ganar en 2024 las batallas que perdieron en 1976 o 1977”.

Los intelectuales que han dedicado años a desentrañar el fenómeno del nacionalismo, sea en España o fuera, tienen algo de tedax, de desactivadores de bombas. Saben que ese material compuesto de nación, bandera, himno y orgullo explota con facilidad en manos temblorosas o emocionadas, así que lo manejan con suma frialdad y aconsejan lo mismo a todo el que tenga que acercarse. Así lo hace el historiador Pablo Batalla –autor de Los nuevos odres del nacionalismo español (Trea, 2021), un ensayo que desentraña el boom de la nueva fiebre rojigualda–, cuando infoLibre le pide respuestas en torno a las cuestiones que estructuran este artículo, que grosso modo se sintetizarían en este enunciado: ante una legislatura donde lo español va a tener mucho protagonismo, ¿hay margen para que la izquierda enarbole una idea de España propia y alternativa a la de la derecha con la que poder hacerse fuerte en el debate? ¿O están los progresistas condenados a la derrota si el campo está atiborrado de banderas rojas y amarillas? La izquierda y la cuestión española, en suma.

Batalla evita las respuestas categóricas. Toda afirmación tiene su pero. Todo negro, su blanco. Toda luz, su sombra. ¿Un territorio que condena a la derrota? El historiador –que se reconoce a sí mismo parte de la "izquierda alternativa" o "a la izquierda del PSOE"– no cree que lo nacional tenga que ser campo ajeno para la izquierda, aunque sí admite que es una zona erizada de dificultades. No da fórmulas mágicas sobre cómo encarar la cuestión, pero sí deja una idea: "No rehuir la cuestión, pero tampoco convertirla en el gran leit motiv". A su juicio, si es posible cambiar de conversación, mejor; si no es posible, hay que entrar en el tema evitando dos tentaciones. La primera, la imitación del adversario, lo que Batalla llama el estilo "soy español, ¿a qué quieres que te gane?". La segunda, el "nacionalismo inverso", esa visión fatalista según la cual España es un país horrible e irreformable.

Batalla se muestra consciente de las dificultades. La incorporación del repertorio rojigualda nunca será natural para al menos una parte de la izquierda por la sencilla razón de que –recuerda– así era la bandera que llevaban los que se cargaron la República y la también española enseña tricolor. No obstante, y sin quitarle relevancia, no le parece que la causa histórica justifique que la izquierda "se parezca a la caricatura" que hace de ella la derecha, según la cual dice "Estado español" por no atreverse a pronunciar la palabra "España". "Decir 'Estado español' nos hace parecer marcianos ante el pueblo al que queremos convencer", afirma el historiador, para quien parecerse a ese pueblo exige adoptar sobre lo nacional la misma "actitud serena" que prima entre la mayoría.

Si el nacionalismo fuera una religión, dice, la mayoría se movería entre dos puntos: 1) Un "agnosticismo" para el que la españolidad es poco importante en la identidad. 2) Un "nacionalismo no practicante" que puede llevar a la celebración de las victorias de un Nadal o un Fernando Alonso o a hablar con "orgullo" de España cuando sale uno fuera, pero que no impide pensar que es más importante el salario mínimo que las hazañas de Hernán Cortés.

Ahí, entre ese "agnosticismo" y ese "nacionalismo no practicante", es donde tiene que estar la izquierda, según Batalla. "Serenidad", sintetiza el también autor de La ira azul. El sueño milenario de la Revolución, que cree que desde esa actitud los partidos que sostienen el Gobierno tienen margen para desmentir esa idea tópica de que la izquierda no quiere o no siente a España. ¿Cómo? Por ejemplo, reivindicando su condición de país avanzado en derechos sociales –pionero en matrimonio entre personas del mismo sexo–, o en donación de órganos, o donde la xenofobia cala comparativamente poco [ver aquí una información sobre cómo encaran el debate "nacional" el Gobierno y sus partidos integrantes].

“¿España? ¡Puf…! ¡Qué pregunta más graciosa! A mí España no me gusta. O sea, a mí me gusta la gente de España”. Esta es una de las respuestas recabadas en el artículo Patriotas sociales. La izquierda ante el nacionalismo español (Revista de Sociología, 2017), obra de tres investigadores de la Universidad Pablo de Olavide que desarrollaron el proyecto Nacionalismo español: praxis y discursos desde la izquierda con el objetivo de paliar el déficit de conocimiento sobre ese Monstruo del Lago Ness que es la relación entre la izquierda y la idea de España. ¿Conclusiones? La generalizada frialdad de las izquierdas ante la liturgia nacional imperante no implica ausencia de patriotismo ni de vínculo afectivo con España, si bien se trata de un patriotismo menos difícil de transmitir en proclamas populistas que compitan con el españolismo puro y duro.

Antonia María Ruiz, una de las tres autoras, señala que la izquierda aún sufre de "problemas estratégicos" a la hora de encarar la cuestión nacional y de desarrollar ante la misma un patriotismo de acervo cívico que rivalice con el esencialismo nacionalista. El origen, por supuesto, está en la historia. Esta es la explicación de Ruiz, en tres apartados. 1) El franquismo impulsó una visión católica, centralista y de derechas de lo español, que incluía el uso en monopolio de los símbolos nacionales por parte de los "buenos españoles" –término, por cierto, hoy del agrado hoy de Isabel Díaz Ayuso (PP) y Santiago Abascal (Vox)–. 2) En la transición y primera democracia, tanto en la izquierda –por aversión– como en la derecha –por disimulo– se generalizó una actitud distante frente a cualquier cosa que oliera a nacionalismo, por estar asociado al franquismo. 3) La derecha, con José María Aznar al frente, impulsó una campaña para regresar "sin complejos" a lo español, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, y empezó a acusar al PSOE de "balcanizar" y "romper" España. 4) Se acabó generando una confrontación en torno al asunto nacional en el que la derecha ha vuelto a "apropiarse" de los símbolos.

Ruiz ve a los sectores progresistas condicionados no sólo por la historia del siglo XX, sino también por su alianza con los nacionalismos periféricos y por el conflicto, especialmente agudo en el PSOE, entre federalistas y centralistas. Eso es lo que conduce a los mencionados "problemas estratégicos" para evitar que la derecha lleve la voz cantante con un discurso que, más que de "unidad", en realidad es de "centralismo". "Mientras a la derecha le cuesta poco mantener a sus bases unidas y satisfechas, en la izquierda surgen tensiones y divisiones, por lo que hay una inferioridad estratégica", añade.

Ruiz cree que hay margen para un discurso alternativo, un "nacionalismo democrático y social" que han practicado –con sus diferencias– el Partido Laborista británico tras la Segunda Guerra Mundial o el Barack Obama de 2008. Y que ha tenido ecos en Podemos, que señalaba que el patriotismo está en defender los servicios sociales, justo en contraste con los que "llevan la bandera" pero "no pagan impuestos". Esa idea de nación de trabajadores solidarios es, a juicio de Ruiz, la que mejor se opone a la de la derecha.

La profesora de Sociología cree que la amnistía le pone "difícil" la respuesta al Gobierno no sólo porque despierta la rivalidad entre "centralistas y federalistas", muy viva en su seno, sino también porque entre los federalistas –como ella misma– no se observa que sea una medida a favor de toda la sociedad catalana dentro de un proyecto democratizador del funcionamiento del Estado, sino una cesión diseñada por la élite nacionalista que lidera Carles Puigdemont, beneficiario de la medida.

Javier Carbonell, profesor en Sciences Po, en París, no cree que la izquierda tenga un problema grave con la idea de España, porque a su juicio –coincide con Batalla– la mayoría del pueblo español vive su españolidad de forma bastante laxa. Ahora bien, sí cree que en el caso catalán se ha impuesto el "marco" de la derecha. Y la izquierda, lisa y llanamente, "no puede ganar" esa "batalla de las ideas". "Si te fijas, el PSOE apenas está justificando la amnistía. Sumar algo más, pero el PSOE lo que hace es intentar convertirlo en un conflicto de baja frecuencia, que no esté todo el rato en los medios", añade.

Carbonell ve el debate sobre lo español como un ring de boxeo en el que la izquierda "sabe defenderse" –por ejemplo con una crítica al uso de los símbolos nacionales de forma sectaria por parte del PP y Vox–, pero apenas ataca. Y no porque no tenga con qué hacerlo, sostiene. ¿Ejemplos? Cita dos: "La idea de que defender España es defender los servicios públicos"; o que "España puede ser una superpotencia en renovables luchando contra el cambio climático", en una especie de "ecologismo nacionalista". "Hay –concluye– muchas apuestas posibles de país, pero normalmente la izquierda las aborda con timidez. Incluso la apuesta por esa España plurinacional y plurilingüe no tiene, sobre todo en el PSOE, suficiente convencimiento".

Xosé Manuel Núñez Seixas, autor de Suspiros de España. El nacionalismo español (1808-1908) (Crítica, 2018), establece una premisa: a la izquierda española no le pasa nada extraordinario. "La izquierda alemana también experimenta grandes dificultades a la hora de apelar a la nación, la bandera y las emociones patrias, por la identificación del nacionalismo con la defensa de la superioridad germana en el pasado. La izquierda belga hace tiempo que ha renunciado a algo parecido a un mensaje patriótico para toda Bélgica. El laborismo británico tiene dificultades para argumentar la conveniencia de la Unión –de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte–", enumera.

¿Y los países como Italia o Francia, con su patriotismo fundacional antifascista? "Esa identificación hace tiempo que flaquea en ambos países, mientras que el proyecto republicano y la idea de nación cívica han sido apropiados por la derecha y en particular la derecha radical. Eso incluso ocurre en Portugal con el legado discutido del 25 de abril", señala. En este punto, Pablo Batalla recuerda las inmensas polémicas nacionales en Francia en torno al –a ojos de la derecha– insuficiente respeto por el himno de jugadores de la selección de fútbol francesa como Benzema, que no canta la letra.

O sea, que en todos lados cuecen habas, viene a decir Núñez Seixas. Entonces, ¿no hay casos casos fuera en los que los sectores con visiones más laicas de la nación se puedan inspirar? Cualquier comparación sería equívoca, dice el historiador, antes de apuntar algunas posibilidades: "La izquierda liberal canadiense también tiene problemas para integrar el nacionalismo quebequés, pero el bilingüismo está plenamente aceptado y los mecanismos del federalismo cooperativo también. El laborismo británico es mucho más abierto a reconocer la pluralidad nacional de Gran Bretaña, al tiempo que propugna los intereses y la conveniencia de 'vivir juntos', con el better together, y es estandarte de la tolerancia multicultural. En Finlandia la convivencia de dos culturas y lenguas –finlandés y sueco–, además de los derechos de las minorías laponas en el norte, gozan de gran aceptación, por la derecha y la izquierda...".

Sin abandonar la premisa de que España es un caso entre muchos, el autor de Historia mundial de España sí subraya una "peculiaridad" que incrementa las "dificultades de la izquierda para identificarse de modo proactivo y emocional con la identidad española". Se trata de "la larga pervivencia del franquismo y su uso hiperbólico de los símbolos y la retórica nacionalista".

¿Significa todo lo anterior que la cuestión nacional delimita un terreno de juego impracticable para la izquierda? "En teoría, no. La izquierda y las fuerzas progresistas en general pueden enarbolar una idea de España que destaque valores como la ciudadanía, los valores democráticos, el bienestar y el respeto a la pluralidad dentro de un marco compartido de intereses, afectos y adscripciones identitarias". Pero, por supuesto, hay un pero. "En la práctica, en toda disputa acerca de la nación vencen las versiones orgánico-historicistas, aquellas que apelan a la cultura, la lengua, el pasado, las emociones fuertes, por ser las que más capacidad movilizadora tienen. Y ahí la derecha siempre tiene ventaja, tanto en nacionalismos de Estado como subestatales, pues apela a referencias siempre cargadas de simbolismo y efectivas como lemas de movilización –los muertos, los héroes, la lengua, el pasado...–. No hay más que ver esa resurrección de la bandera carlista, que sus promotores creen que era la de los tercios de Flandes".

El historiador señala que, a lo largo del periodo democrático, los sectores progresistas han dado múltiples "bandazos" en busca de un "mensaje nacional" que vaya "más allá de la apelación a los derechos sociales y ciudadanos". Lo desarrolla: "En 1982 Felipe González propugnaba en sus mitines el uso de la bandera rojigualda constitucional; se eligió el 12 de octubre como fiesta nacional en vez del 6 de diciembre para reafirmar el peso de la Historia, y no la fecha de la refundación democrática de España; se intentó identificar España como modernidad, después como nación de naciones –retomando ideas del exilio–, o como nación política integrada por varias naciones culturales, después se intentó con el concepto de patriotismo constitucional, pero más identificado con la Constitución en sí y su literalidad que con los valores por ella encarnados; Zapatero se refirió a la España plural, y hace unos años Pedro Sánchez resucitó el concepto de nación de naciones".

Mientras en el PSOE han convivido dos almas, "jacobina" y "federal", a su izquierda "el problema siempre ha sido mayor", continúa Núñez Seixas. "La actitud a adoptar ante la cuestión nacional siempre ha sido motivo de división y contradicciones, tanto en tiempos del PCE como de Izquierda Unida, y después de Podemos y Sumar: desde defender España como 'país de países', con énfasis en la pluralidad cultural y lingüística, y reconocer en teoría el derecho de secesión a cada una de las 17 comunidades, aunque se prefiera una República federal –que no se sabe si será simétrica o asimétrica, confederación o asociación de repúblicas libres...–, hasta postular que la izquierda debe abrazar la nación como espacio de solidaridad y derechos compartidos".

Autor de Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (Trea, 2109), el mensaje de Diego Díaz Alonso viene a ser: sí, vale, la izquierda tendrá problemas... pero, ¿la derecha no? Dice: "El 23J volvió a poner de manifiesto que las ideas nacionalistas españolas más excluyentes y monolíticas son fuertes, pero siguen siendo minoritarias frente a un heterogéneo bloque alternativo en el que coinciden muchas sensibilidades con más bien poco en común excepto el rechazo a la idea de España que pueden encarnar PP y Vox. Este bloque alternativo lo conforman los votantes de las izquierdas españolas y de las izquierdas nacionalistas periféricas, pero también los votantes de las formaciones nacionalistas catalanas y vascas de derechas o centristas".

Así que la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, añade, "representa a un bloque sociológico muy plural, con visiones muy diferentes sobre el Estado de las autonomías o la monarquía, pero que se cohesiona en el temor al retroceso que podrían suponer PP y Vox en el poder". Un temor justificado tanto por la posible "marcha atrás en la descentralización del Estado o el reconocimiento de la pluralidad lingüística del país, algo que quizá preocupe sobre todo a los nacionalistas, como en otros aspectos que desde los gobiernos de Zapatero se han venido identificando con una cierta nueva idea de España, hoy asociada al universo del PSOE y Unidas Podemos/Sumar: un país abierto y tolerante, a la vanguardia en el feminismo y los derechos Lgtbi".

Esta identificación llega a tal punto, explica el historiador, que "las banderas moradas y arcoíris" son hoy "nuevos símbolos nacionales del progresismo que se siente español, pero no a la manera de PP y Vox".

¿Desde cuándo el ser humano empezó a tener conciencia de pertenecer a un rebaño? Lo desconozco, pero casi me atrevería a asegurar que desde el momento en que la tuvo empezaron los enfrentamientos entre humanos por algo distinto que la subsistencia.

El ser humano, en cuanto a animal, separado de la racionalidad, puede terminar enfrentándose con otros congéneres por razones de supervivencia, territorio o manada, como cualquier otro animal; sin embargo, en cuanto queda ligado a la racionalidad se empieza a diferenciar del resto de los componentes del reino animal y los enfrentamientos con sus congéneres suelen generarse por cuestiones más ligadas a la razón [en su acepción de facultad de discurrir] que al instinto.

Podemos retrotraernos en el tiempo, hasta dónde la memoria histórica nos alcance, y repasar los motivos que han llevado al homo sapiens a enfrentarse con los de su especie. Banderas, religión y, en definitiva, poder. Las banderas por lo que representan, el nacionalismo, yo soy mejor que tú porque he nacido aquí, tengo más honor que tú porque me emociona mi himno que es más sagrado que el tuyo; la religión, soy mejor que tú porque mi dios es el verdadero… La racionalidad es capaz de encontrar el motivo para enfrentarse con el prójimo y poderlo justificar. Pero la racionalidad no actúa de manera espontánea y en la misma dirección dentro de un grupo y, por tanto, hay que dirigirla, hay que domesticarla para que pueda ser manipulada y empleada en beneficio del componente del grupo más inteligente, más desaprensivo y con más ansias de poder. El poder, fin último de cualquier contienda.

A lo largo de los siglos se nos han ido justificando razones para la guerra. La geografía, en su término más absoluto, es una ciencia descriptiva, cuando le ponemos el apellido de política nos descubre uno de los principales motivos de enfrentamiento entre humanos, las fronteras. ¿Qué necesidad impone la existencia de fronteras? Una frontera es esa línea imaginaria, o no, por la cual a un lado hay una serie de individuos que impiden el paso de otros que nacieron en el lugar equivocado. Desde la aparición del homo sapiens se empiezan a diferenciar dos ramas, con ADN idéntico, pero con funciones muy diferenciadas, los amos y los esclavos.

Me atrevo a denominarlos así porque, de esta manera, me ahorro el tener que describir cual es la función de cada uno, con su denominación queda perfectamente definida. No caben más clasificaciones, esta dualidad está extendida en toda la faz de la tierra, no importa el país, ni la raza, ni la religión. No importa si hablamos del primer mundo o del tercero, del norte o del sur, en todos los sitios los individuos que forman parte de la especie humana se dividen en esas dos, digamos, subespecies: amos y esclavos. Seguramente alguien podrá pensar que esos términos son anacrónicos y en absoluto lo son. Es cierto que, gracias a las revoluciones industriales, en la actualidad los esclavos que hemos tenido la suerte de nacer en el primer mundo disfrutamos de un cierto grado de libertad. Libertad siempre constreñida por las fronteras, no solo las físicas, también por las espirituales que se esconden dentro de la religión que, en muchas ocasiones, son mucho menos permeables. Los amos idearon las banderas como símbolo identificativo de sus “propiedades” y determinaron donde y cuando situar las fronteras, quienes las pueden atravesar y el coste de los “aranceles”. Cuando se trata de fronteras físicas, el arancel es económico, cuando la frontera es espiritual [religión] el arancel puede ser muy heterogéneo, ¿en cuántas facetas la religión condiciona la vida de una persona?

No olvidemos nunca que, en todas las civilizaciones, el poder ha estado siempre en manos del amo [Rey, Caudillo, Cacique…] y del sumo sacerdote [Cardenal, Papa, Hechicero, Escriba…]; en definitiva, en manos de los que idean las banderas y ponen las fronteras, por las cuales los esclavos se enfrentan entre sí para mayor gloria y poder de sus amos.

José Ramón Berné Marín es socio de infoLibre

En otros países, sin embargo, las protestas contra las medidas de confinamiento y restricción de movimientos impuestas por las autoridades tienen un color muy distinto. En general, tampoco eran los más afectados por la emergencia del covid-19. Salvo los conatos de desórdenes públicos y de asaltos a supermercados que se registraron en algunos barrios urbanos del sur de Italia, quienes más han protestado, se han concentrado y han organizado caceroladas y otros sucedáneos de revuelta popular no son los más afectados. Son los más fastidiados, pero subjetivamente cabreados: por incitación de las redes sociales, por predisposición política, por frustración por no poder continuar con su vida normal, cuando llegaba el buen tiempo. La geografía de las movilizaciones así lo sugería: barrios acomodados y céntricos en España, zonas rurales y semiurbanas muy republicanas en los Estados Unidos. Había entre ellos, sin duda, pequeños empresarios y autónomos perjudicados por el parón económico. Y son minorías, aunque en algunas ciudades convenientemente aireadas por algunos medios de comunicación. Y, sobre todo, en España con banderas. Muchas banderas, españolas con o sin lazo negro. La patria, esa comunidad imaginada que supuestamente nos ayudará a superar la pandemia. Coronapatriotismo.

Es conocido de las ciencias sociales que no siempre protesta y se moviliza quien quiere, sino quien puede. Hacen falta recursos y redes comunicativas, hoy hiperabundantes. Y se requiere un lema movilizador. Ahí resurge la patria. Un observador ingenuo habría pensado que en tiempos de desolación global, ante un virus que no entiende de fronteras, idiomas y razas, la patria y el Estado-nación pasarían a segundo plano. La cruda realidad es que el patriotismo se convierte en una apelación y un refugio permanente, en un sentido o en otro. Los gobernantes contumaces en la desidia externalizaron fácilmente las culpas: el virus sería foráneo, producto de laboratorios chinos, inoculado por gentes extrañas de hábitos exóticos, a quienes les daría por comer murciélagos. Otros territorializaron las soluciones, centralizaron de paso la gestión de la crisis, y buscaron sutiles lemas bélicos: luchemos unidos contra un invasor. Otros más apelaron a lo bien que gestionarían ellos la crisis sanitaria si tuviesen todo el poder, y externalizaban así implícitamente la culpa: el vecino o el opresor nos contagia, y nos tiene manía a la hora de distribuir recursos. Al final, el Estado-nación, esa entidad decimonónica que periclitaría en la posmodernidad, según pronosticaban muchos observadores a fines del siglo pasado, sigue siendo el marco desde el que se arbitran políticas públicas que se juzgan eficaces. Cierres de fronteras, confinamiento estatal a la par que privado y familiar. La nación frente al virus.

Las guerras u otros momentos de crisis profunda no crean ex novo identidades nacionales, pero sí contribuyen a reforzarlas, a acentuar algunos de sus rasgos o a hacer más visible su presencia. Algo similar es observable en una situación excepcional como esta crisis sanitaria, que nos convierte a todos y todas en una inmensa retaguardia bélica de un frente imaginario. Donde la patria no está en discusión, o es sobreentendida, no parece resurgir en forma de ubicuas banderas en balcones y establecimientos. En Italia, por ejemplo, la tricolor resurgió en la esfera pública como símbolo de esperanza, de refugio en tiempos difíciles. Donde el sistema federal gozaba de una larga tradición de funcionamiento, y donde los mecanismos cooperativos están engrasados, se gestionó la crisis de forma descentralizada y razonablemente ágil, como en Alemania.

En España, sin embargo, no ha habido una eclosión de banderas rojigualdas como síntoma de solidaridad, sino de división. Así se puso en evidencia en las diversas caceroladas y protestas contra el Gobierno de Sánchez. Se ha optado preferentemente por los aplausos a los sanitarios, por los gestos de solidaridad con los afectados y los débiles, o por mensajes implícitos que inciden en parar unidos al virus, aprovechando la crisis para generar mayores vínculos entre las personas y, se supone, los territorios. Pero los símbolos nacionales españoles, en particular la bandera, se asocian únicamente a la petición del que se vayan protagonizada por lo que algunos ya han denominado el 15-M de los Borjamaris.

En tiempos de crisis, agitar sentimientos identitarios en un sentido o en otro presenta un potencial político demasiado tentador para cualquier pescador en aguas revueltas. A fin de cuentas, el alicorto cálculo político de quienes tremolan las banderas con saña, pensando no ya en el virus invasor (que parece que algunos anticuerpos muy españoles sí derrotaron), sino en que la crisis pasará antes o después, es que la ocasión la pintan calva para eliminar la antipatria que dejó pasar al coronavirus, en vez de sembrar las fronteras de pimentón. Y para otros más, es una buena oportunidad para seguir externalizando problemas, culpando una vez más al opresor de discriminación territorial. Se buscaron lemas grandiosos, agravios simbólicos en cifras de mascarillas; pero no siempre se recuerda que la frontera entre lo sublime y lo ridículo es a menudo muy delgada.

Toda gestión pública es debatible y mejorable, la oposición está para fiscalizar la acción de gobierno, y a menudo los reflejos territoriales en la gestión de la crisis han puesto en evidencia reminiscencias de otrora. Por ejemplo, la recurrente elección de la provincia, después matizada, como marco territorial de referencia para la desescalada. La recentralización de las medidas contra la crisis del Covid-19 puede ser vista como una señal de coordinación necesaria, pero también como un mensaje de desconfianza hacia las capacidades de gestión de las comunidades autónomas. Un síntoma de que falta cultura federal: las cesiones en materia de demarcaciones territoriales de gestión (áreas sanitarias, movilizad interprovincial, etc.) han sido a menudo resultado de la necesidad de negociar apoyos parlamentarios para prolongar el estado de alarma.

Que las banderas sólo sean enarboladas por algunos también muestra que el bicho ha cambiado en buena medida la vida y rutinas cotidianas de la gente, cuando no las ha arruinado y las ha sembrado de dolor. Pero que no ha mudado en la misma manera los hábitos simbólicos y las culturas políticas, sin duda más lentos en sus inercias. Al mismo tiempo, se pone en evidencia que buena parte de las élites políticas no parecen haber percibido cuáles son las preferencias actuales de la mayoría social. Del mismo modo que gran parte de la ciudadanía no sabe aún qué planes hacer para julio, agosto o septiembre, quizá quienes promueven caceroladas o siembran cizaña en las redes deberían tener en cuenta que, tal vez, esta crisis no se acabe en cinco, seis o diez meses. Y, por tanto, cualquier cálculo político, e identitario, a medio plazo puede convertirse en un bumerán, cuando no en un polvorín.

Al final, la línea entre coronapatriota y coronaidiota  es más delgada de lo que parece. Y ni lemas, ni himnos, ni banderas inmunizan, que se sepa, contra el virus en las aglomeraciones, por muy patriotas que sean los anticuerpos.

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Xosé M. Núñez Seixas es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela

En ciertos lugares han salido en tropel la calaña más rastrera, ruin, indigna, innoble, abyecta, miserables sin escrúpulos vociferando "Libertad, Libertad, Libertad", denigrando su verdadero significado: la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Pero esa gentuza no solo denigran su significado, lo tergiversan, porque su grito camuflado es: "Vivan las caenas", grito de 1814 pidiendo el retorno del absolutismo al regresar el segundo mayor genocida español, el Borbón Fernando VII, estos energúmenos de hoy vociferaban y desean vivir con privilegios e impunidad, tal como vivían con el mayor genocida de España, el enano del Pardo, F. Franco, lo hacen envueltos en una bandera bicolor, la que nos representa a todos los españoles, aunque en el corazón de muchos y en el mío, es la Tricolor, pero ellos la enarbolan como lo que fue en 1936, el mismo bastión de guerra utilizado por la Marina española en 1785 en sus enfrentamientos con otras realezas europeas para distinguirse en la lejanía, ya que todas enarbolaban estandartes blancos, y a un marino español se le ocurrió colocar la bicolor, que aparece oficialmente en todos los edificios gubernamentales desde 1908.

Y que Franco tomó en la incivil guerra, oficialmente el 30 de agosto de 1936, cuando en un principio utilizó la tricolor, como se puede ver en el Museo del Ejercito de Toledo, un estandarte bicolor con tres franjas iguales, y el aguilucho se colocó en 1938. Pero lo que más duele es la mala utilización de la enseña nacional, por ello se termina repudiando y despreciando, a ella y a todos aquellos que la llevan en pulseras, colgada en el automóvil, mascarillas, en la cadena del reloj, en la del perro, balcones y ventanas, algunos las respetamos sin aspavientos, porque es la que nos representa, pero está empezando a asquear por su mala utilización al enarbolarse a modo de arma y bastión guerrero al igual que desde agosto de 1936, no con el corazón como yo siento la Tricolor.

Así están haciendo en las provocadoras manifestaciones no autorizadas convocadas por Vox, iniciada en el Barrio de Salamanca, en La Moraleja, Pozuelo de Alarcón de Madrid, posteriormente en otras provincias españolas como Salamanca, en Cataluña..., y localidades distintas, poblaciones, zonas o barrios de alto estatus social conocidos por albergar “personajillos” de una catadura moral y ética realmente deplorable e insolidaria, estos se manifiestan con la total pasividad de las Fuerzas del Orden (F.O.), cuando estas mismas F.O., en escenas captadas por vecinos, mostraron una brutalidad fuera de lugar hacia una persona que paseaba o hacía ejercicios en estado de confinamiento. En cuanto a las personas que impunemente se manifestaron, captadas por imágenes de ellos mismos, de la prensa y supongo que de las F.O., sería conveniente que pasaran a disposición judicial y las condenaran, dado que la actitud de los manifestantes era un peligro para ellos al no guardar la distancia requerida (que realmente no me preocupa si se contagian ellos) pero también ponían en peligro a las F.O. presentes, demostrando que para ellos son sus servidores, y están para eso para servirles y si enferman y mueren, no les importa lo más mínimo.

Pero las imágenes profusamente divulgadas por la prensa, F.O. y redes sociales están ahí, deberían servir para presentar una denuncia ante los Juzgados y que actuaran en consecuencia contra las personas presentes, así como al partido convocante, lo mismo que hicieron con Isa Serra, parlamentaria que estuvo presente ante un desahucio, y solo por el hecho de estar presente ha sido condenada y multada, sin poner en peligro la vida de nadie, como esos provocadores y presuntos causantes de la expansión del covid-19 en las F.O., con el posible colapso de los hospitales y los centros de salud de Atención Primaria en un futuro próximo.

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre

Esos intentos tuvieron lugar después de que Aznar, Rato, Mayor Oreja, Zaplana y Acebes anunciaran, asustados por la reforma del Estatut de Cataluña y por el diálogo con ETA, que España se rompía y que Zapatero traicionaba a los muertos. Los mismos años en los que la bandera española sólo se veía –fútbol aparte, por supuesto– en las manifestaciones casposas de la derecha, ya fueran contra el matrimonio igualitario, contra la libertad de las mujeres para ser madres o, por supuesto, contra aquel nuevo estatuto catalán o el diálogo con los terroristas para su rendición.

Años más tarde, Sánchez quiso también reivindicar simbólicamente su patriotismo, poniendo tras de sí una gran bandera durante un discurso. Se le echaron a la yugular los de siempre por esa supuesta impostura. Sánchez no tenía derecho a usar su propia bandera, porque no es un patriota. Esta misma semana, Cayetana Álvarez de Toledo, en la mejor tradición tremendista y agresiva del aznarismo, ha dicho –leyéndolo– que “Zapatero no merece siquiera el nombre de expresidente, que habría que retirárselo”.

En fin, solo son patriotas ellos. Solo cabe su patria “de pacotilla”, como la llamó el mismo Zapatero. Su “patriotismo” quiere ser proporcional al tamaño de la bandera, a la uniformidad del pensamiento reaccionario, al rechazo al distinto y al disidente. Como resultado de 40 años de dictadura, solo conciben una patria meapilas, cerrada, uniforme y atormentada. Una patria inexistente, porque los españoles somos, para desvelo de los conservadores, mayoritariamente abiertos, tolerantes, diversos y hedonistas.

Pero en la izquierda estamos aún lejos de sacudirnos el complejo. Me crucé el otro día con el exembajador de Panamá en Madrid Milton Enríquez, que improvisó el año pasado un pequeño discurso sobre España. El vídeo se hizo viral y está disponible en Internet. Era un mero listado de hechos: Cervantes, Calderón de la Barca, Velázquez, Goya, los orígenes del Derecho Internacional, los orígenes de los Derechos Humanos, la mayor longevidad del mundo, número uno en transplantes, mayor red de tren de alta velocidad del mundo, uso extensivo de energías renovables y de cultivo orgánico, segundo país más visitado del mundo... El embajador tan solo refirió datos conocidos más o menos por todos nosotros.

Por supuesto, a todos esos elementos, nosotros podemos añadir otros muy progresistas: segundo país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, el país proporcionalmente más solidario del mundo, uno de los países sociológicamente más tolerantes y abiertos, un país laico, cínico y descreído a pesar de la milenaria tradición religiosa, un país protector, extraordinario en servicios provistos por el Estado.

“¿Por qué se quejan entonces?”, se pregunta el embajador. El cree que son tres los motivos: la leyenda negra promovida por los enemigos de España para minar la moral popular durante las guerras imperiales; la resistencia de los españoles a la jactancia; y, por último, en enconado enfrentamiento político, que resalta lo que está mal y no lo que está bien.

Vuelvo a Un fracaso heroico, la vibrante crónica del Brexit, escrita por Fintan O’Toole, que referí aquí la semana pasada. Al terminarla, se lamenta el autor de la ausencia de un sentimiento nacional progresista en Inglaterra:

“Precisamente porque el nacionalismo está tan pobremente articulado y es tan contradictorio, [los progresistas] pueden hacerlo suyo. Y sin duda hay material suficiente en las tradiciones inglesas radicales, socialistas y liberales para inspirar un sentimiento más positivo de la identidad nacional. Hay sin duda, en esta que es una de las grandes culturas mundiales, suficiente ingenio, energía, creatividad y humor para infundir a la identidad inglesa esperanza y alegría en lugar de dolor y autocompasión”.

Léase español en lugar de inglés, y la conclusión puede servirnos también a nosotros. Hay un patriotismo mucho más coherente con nuestra tradición y nuestra cultura, esperanzado y alegre, que ellos, los patrioteros, no podrán siquiera balbucear.

Pero qué podemos esperar de esos energúmenos que la utilizan como enseña guerrera. Su origen fuese ese, un símbolo/pendón guerrero desde el 27 de mayo de 1785. Carlos III la empleó para diferenciar los barcos en combate, ya que los reyes de Europa enarbolaban una bandera blanca con su escudo y únicamente estando cerca distinguían su pertenencia. Isabel II la hizo oficial como bandera nacional en 1843, pero hasta el 25 de enero de 1908 no se decreta que ondee en todos los edificios públicos desde la salida hasta la puesta del sol. Poco arraigo y fe tenían en ella.

Estamos en los preámbulos de elecciones y la falta de respeto de la mayoría de esos partidos retrógrados se acrecienta. En determinados lugares cantan el himno de las SS españolas (La Falange). Incluso en una localidad pequeña en un acto vandálico pintaron un banco en la Plaza de la Constitución y por la megafonía de un coche cantaron ese himno con algunos brazos en alto. Qué respeto muestran a la enseña, pues al pintar ese banco no se han parado a pensar que muchos culos se sentarán sobre él y sobre “su enseña”, ya no son solo energúmenos, son descerebrados.

En las elecciones de todas las naciones democráticas no se enarbola la bandera como algo de un partido, enarbolan las enseñas de las distintas opciones políticas. Pero la derecha española lo usa en plan guerrero. No comprenden que las diferencias de los partidos son de conceptos, el cómo actuar en lo social para la sociedad o para oscuros intereses privados. Son rivales políticos, no enemigos a los que hay que aniquilar, como desean algunos, pregonan ley y orden, pero no hablan de justicia. Ya hay suficientes jueces que actúan visceralmente como ellos. En Estados Unidos, país que tienen como ejemplo, su bandera tuvo un origen igual a la tricolor. Cada Estado tiene la propia que enarbola conjuntamente, incluso con DNI, carné de conducir o matrículas de vehículos diferentes, y nadie se rasga las vestiduras por ello. Es más, se sienten orgullosos de esa variedad.

Establezcamos la analogía sobre ambas banderas:

Bandera tricolor = libertad, igualdad y ley.

Bandera rojigualda (dos colores) = ley y orden. ¿Y justicia?

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José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre

Cuarenta y un años después de que, por vez primera, el Tribunal Supremo de EEUU sentenciara en 1969 que quemar una bandera constituye un acto protegido por la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) llegó en 2010 a ese mismo punto, aunque la bandera que había ardido aquí era rusa. De paso, también una foto de Vladímir Putin acabó pulverizada por las llamas.

Hoy, noviembre de 2018, un juez ha aceptado imputar por delito de odio y ultraje a la bandera al cómico Dani Mateo. Y no por quemar una enseña sino por sonarse –o fingirlo– la nariz en ella durante un programa televisivo de humor. La brecha entre la jurisprudencia europea sobre el delito de odio y los ultrajes a los símbolos patrios y la línea seguida en España cobra así nuevo protagonismo: porque el Tribunal de Estrasburgo lleva años avalando actuaciones que el Código Penal español, pendiente de reforma en esa materia, permite aún tipificar como delito de odio o ultraje. El anuncio efectuado este lunes por la fiscal general del Estado, María José Segarra, de que la Fiscalía limitará las acusaciones por delito de odio –castigado con cárcel– irrumpe en el debate en un momento que distintos juristas califican en privado como de "clara involución".

Dictada el 2 de febrero de 2010 tras el recurso de un partido al que las autoridades de Moldavia prohibieron en 2004 organizar una manifestación porque en una protesta anterior ya habían terminado en llamas la bandera rusa y la efigie gráfica de Putin, aquella sentencia del TEDH [puedes leerla en inglés pinchando aquí] se convirtió en uno de los pilares de la doctrina de la Corte de Estrasburgo sobre libertad de expresión. Libertad legítima, dice la sentencia, incluso en su faceta más controvertida: la que se plasma en muestras que pueden "ofender, conmocionar o perturbar". 

De hecho, el caso moldavo aparece varias veces citado en la resolución  por la que el TEDH condenó en marzo de este año a España a indemnizar con más de 12.000 euros a cada uno de los dos individuos previamente condenados por quemar en 2007 fotos del rey durante una protesta en Girona.

En 2015, el Tribunal Constitucional había denegado el amparo a los dos autores de la quema de imágenes de Juan Carlos de Borbón y su esposa. Y lo hizo justamente invocando la doctrina del Tribunal de Estrasburgo. El TEDH, dijo entonces el Constitucional, considera obligado “sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”.

Pero la sentencia de marzo sobre las fotos evidenció dónde sitúa la corte europea el límite infranqueable que separa la libertad de expresión de la incitación al odio. Y esgrimió de nuevo argumentos muy similares a los del caso de Moldavia reseñado al comienzo: "La inclusión en el discurso de odio [que es lo que adujo el Gobierno español] de un acto que, como el que se reprocha en este caso a los demandantes, es la manifestación simbólica del rechazo y de la crítica política de una institución y la exclusión que se deriva del ámbito de protección garantizado por la libertad de expresión conllevaría una interpretación demasiado amplia de la excepción admitida por la jurisprudencia del TEDH –lo que probablemente perjudicaría al pluralismo, a la tolerancia y al espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna sociedad democrática".

El discurso del odio, razonó el tribunal, es un término "que se entiende que abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia". Quemar fotos del jefe del Estado, como quemar una bandera, no pertenece a esa categoría, sostiene Estrasburgo.

Ahora, ocho meses después de la sentencia de las fotos de Juan Carlos de Borbón y con el humorista Dani Mateo imputado por ultraje a la bandera y delito de odio tras el sketch en que se sonó la nariz en una enseña nacional, el constitucionalista Miguel Presno se hace una pregunta en su blog: "Si es libertad de expresión, como ha dicho el TEDH, quemar la bandera de un Estado o la foto del rey de España para exteriorizar aversión o discrepancias políticas, ¿cómo no va a ser libertad de expresión llevar a cabo esas conductas con una mera intencionalidad satírica u humorística? ¿Es libertad de expresión quemar una bandera nacional y no lo es sonarse con ella, o aparentar sonarse, los mocos?".

Dudas de constitucionalidad

Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Presno declara abiertamente las "muchas" dudas legales que le suscita el artículo 543 del Código Penal, que castiga con multa de siete a 12 meses “las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad”. "Sería interesante –dice en una conversación telefónica con infoLibre– que algún juez planteara una cuestión de constitucionalidad". Además, y por definición, argumenta el jurista, "los símbolos no tienen honor, el honor lo tienen las personas".

Presno no recuerda "ningún precedente" similar al de Dani Mateo. Todo lo más, y por analogía, el de la pitada al Himno en 2015 durante la Final de la Copa del Rey, con el Camp Nou como escenario y el actual monarca como destinatario del desaire. O del ultraje. O de la ofensa. O como se quiera llamar a una actuación que levantó una enorme polvareda mediática igual que casi todo lo que conecta fútbol y política y que, esta vez, desinfló a efectos penales no el Tribunal de Estrasburgo sino la propia Audiencia Nacional. 

El pinchazo penal a la condena de la pitada llegó también esta primavera. Y la aguja fue la sentencia con que, el pasado 4 de mayo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió al promotor de la protesta sonora. En diciembre de 2017, un juez de la misma Audiencia Nacional le había impuesto una multa de 7.500 euros por injurias a la Corona y ultraje a España.

"La libertad de expresión –se lee en esta sentencia– vale no sólo para la difusión de ideas y opiniones acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellos que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de la población". La ponente que de esa forma recogió y plasmó lo que ya es una vieja doctrina  –la misma frase, con alguna variante, figura en distintas sentencias españolas y europeas– fue Ángela Murillo.

Y Murillo no se cuenta precisamente entre aquellos jueces a los que, con o sin matices, analistas y portavoces conservadores acusan de arropar a independentistas o antisistemas. Porque la ponente de la sentencia que confirmó la pitada al himno como una actuación amparada por la libertad de expresión es la misma magistrada a la que la Corte europea asestó una verdadera bofetada hace tres semanas al concluir que el contenido y el tono de sus diálogos con Arnaldo Otegi durante el caso Bateragune confirman que el dirigente vasco no tuvo un juicio justo. Fue en esa vista, que perseguía dirimir si Otegi había utilizado la organización Bateragune como pantalla y marca blanca para reconstruir Batasuna, donde Murillo le emplazó a explicitar si condenaba rotundamente la violencia. Cuando el acusado respondió que no pensaba contestar, Murillo replicó de inmediato: “Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta”. Su vehemencia le costó a la postre una condena de Estrasburgo a España por parcialidad.

En la sentencia sobre la pitada, Murillo y los otros dos magistrados de la sala pusieron el acento en una frontera que casos como el de Dani Mateo envuelven en una niebla no se sabe si más jurídica que política o viceversa: la que separa lo social o moralmente reprochable de lo susceptible de ser calificado como delito. Lo que Santiago Espot, el promotor de la pitada hizo, dice la sentencia, fueron "actos profundamente reprobables, merecedores de los calificativos más abyectos". "Pero –añade el texto sin solución de continuidad– carecen de encaje en las previsiones típicas contenidas en nuestro Código Penal". 

Adolfo Carretero, el juez que ha admitido la denuncia del sindicato policial Asipol contra Dani Mateo tras el sketch emitido por La Sexta en que se sonaba la nariz en una bandera de España, protagonizó en 2012 uno de los episodios de cerco a la libertad de información más relevantes de los últimos años. Titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid y de conocida ideología conservadora, Carretero mantuvo imputada entre abril de 2012 y el mismo mes de 2013 a la periodista de la Cadena SER que difundió el vídeo del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en Colombia. 

Este sábado, fuentes cercanas al magistrado han recalcado que Carretero imputó a la periodista Pilar Velasco "porque no le quedó más remedio" después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial le obligase a ello al acceder a la petición de los abogados de Ignacio González. Carretero tomó declaración como imputada a la periodista, algo a lo que se había negado en dos ocasiones previas, en abril de 2012. El 22 de abril de 2013 la misma sección de la Audiencia madrileña ordenó archivar la imputación de revelación de secretos que pesaba sobre la informadora. A González le faltaban esta vez cuatro años menos un día para pisar la cárcel como preso preventivo por un caso de corrupción cuyo estallido nadie presagiaba entonces.

La secuencia de los hechos pivota sobre cuatro fechas esenciales. El 10 de febrero de 2012, la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid dictó un auto en el que estimaba el recurso de Ignacio González. La Audiencia adujo lo siguiente: que la hipótesis de la defensa del político era que la periodista "sabía" que las imágenes del vídeo habían sido "obtenidas ilícitamente"y que tales hechos podrían constituir un delito de revelación de secretos y que, por tanto, era "preciso tomar declaración en calidad de imputada a la periodista (...), tal y como se solicita, para así preservar su derecho constitucional de defensa". [Puedes consultar el auto pinchando aquí]. 

La segunda fecha en esta cronología es la del 20 de abril de ese mismo año: Velasco declaró como imputada ante Carretero, defendió su derecho al secreto profesional para no revelar su fuente y subrayó el interés público de la noticia. El 10 de septiembre de ese mismo año, el juez Carretero denegó la petición de los abogados de la periodista para que la imputación fuese sobreseída. Y no fue hasta el 22 de abril de 2013 cuando la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid dictó un auto por el que decretó el sobreseimiento libre –es decir, definitivo– para la informadora. 

Este periódico no ha podido averiguar por qué Carretero denegó en septiembre de 2012 la solicitud de sobreseimiento una vez había prestado declaración Velasco. Su rechazo hizo que la periodista permaneciera imputada un año. 

El juez ante el que ahora declarará Mateo en calidad de investigado abrió en enero de 2009 la investigación sobre el espionaje a González durante el viaje que el año anterior había efectuado a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Fue allí donde se grabó el vídeo cuya difusión le costó la imputación a la periodista de la SER Pilar Velasco. Las imágenes mostraban al político madrileño entrando en un inmueble con bolsas blancas de plástico en la mano y saliendo luego sin ellas.

Un hermano del magistrado, Agustín Carretero, igualmente juez de carrera, ocupaba entonces y como gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid un alto cargo en el Gobierno de Ignacio González. Luego, fue nombrado director general de Calidad en octubre de 2013.

El interrogatorio del juez

El auto de la Audiencia que en abril de 2013 exoneró a Velasco vio la luz acompañado de un voto particular firmado por uno de los miembros de la sala. Su autor, Juan José López Ortega, no discrepaba de la desimputación. Todo lo contrario: lo emitió porque entendía que la Audiencia debería haber reflejado el riesgo que para la libertad de información supuso aquel caso y el suplicio judicial infligido a la periodista. "El interrogatorio a que se le sometió tras ser imputada –narra el voto particular– no parece haber tenido por objeto, únicamente, aclarar cuáles fueron sus responsabilidades en la edición de la noticia, sino que directa y reiteradamente se le preguntó por sus fuentes informativas".

Cómo llegó el vídeo a su poder –prosigue el relato del voto– "fue la pregunta que le hizo dos veces el juez de instrucción y le repitió otras cuatro el letrado de la Comunidad de Madrid". Y ello, pese a que el comienzo de la declaración el abogado de la reportera había dejado constancia de que la amparaba el derecho al secreto profesional.

Carretero archivó las diligencias del espionaje en mayo de 2017, un mes después de que Ignacio González hubiese ingresado en prisión por los –presuntos– graves delitos de corrupción destapados en la Operación Lezo.

Ahora, y apenas ocho meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenciase que quemar fotos del rey no es un delito sino un acto protegido por la libertad de expresión, el mismo Adolfo Carretero que imputó a la periodista de la SER interrogará el próximo lunes a Dani Mateo como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad y tipificado en el artículo 543 del Código Penal, y así como de un delito de odio, correspondiente al artículo 510 del Código. El delito de ultraje lleva aparejada penas de multa. El de odio puede implicar una condena de hasta cuatro años de prisión.

La imputación de Pilar Velasco no fue el primer pasaje conflictivo en la vida profesional de Carretero. En 2008, le habían colocado en el centro del huracán las escuchas al grupo del que en esa época ya era conocido como el sheriff de Coslada:sheriffde Coslada Ginés Jiménez, jefe de la Policía Local del municipio madrileño en ese momento y que terminó absuelto por la Audiencia madrileña esta primavera. En febrero de 2009, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) concluyó que Adolfo Carretero, que había ejercido como juez en Coslada, no favoreció el archivo de denuncias interpuestas contra agentes bajo el mando de Ginés Jiménez.

Este viernes, infoLibre intentó sin éxito contactar con los portavoces de Alternativa Sindical de la Policía (Asipol). El sindicato denunció a Dani Mateo pero no consta que haya emprendido ninguna actuación contra el también humorista Toni Soler, que, como muestra de solidaridad tras la avalancha de ataques recibidos por su colega de La Sexta, desplegó en TV3 la versión catalana del gag. Lo hizo sonándose los mocos en una senyera. El delito de ultraje no distingue entre símbolos estatales y autonómicos.

La proposición de ley del PP para proteger los símbolos nacionales y castigar la exhibición de lazos amarillos y esteladas en espacios públicos ha cosechado este martes las críticas del resto de grupos parlamentarios del Congreso, con acusaciones de demagogia y reproches por fomentar la crispación, informa Europa Press.

La iniciativa, una de las primeras "leyes" que registró el PP en el Congreso con Pablo Casado de presidente, ha sido defendida en el Pleno del Congreso por la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, quien la considera "una oportunidad única" de defender la convivencia.

"Tienen una gran responsabilidad, nos van a demostrar si son un partido socialista avanzado que defiende las libertades de todos los españoles, pero si dicen que no, no sólo van a traicionar a la democracia, sino a sus propios principios –ha advertido al PSOE–. No dejen que los independentistas obliguen a la gente a huir de sus pueblos, demuestren que son demócratas. Si dicen no, serán unos traidores".

Esta "proposición de Ley de Defensa de la Convivencia Social, la Neutralidad institucional y los Símbolos nacionales" tiene un doble objetivo: respetar la neutralidad de los espacios públicos, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, y proteger tanto los símbolos nacionales (el rey, las banderas de España y de las comunidades, el escudo y el himno) como los oficiales (la bandera europea y las enseñas y escudos provinciales y locales).

"No queremos maestros con lazos de odio"

La iniciativa afecta principalmente a las autoridades públicas, tanto los altos cargos como los funcionarios, porque son quienes tienen potestades públicas. "No queremos maestros en las escuelas con un símbolo sectario de odio", ha subrayado Monserrat, que sólo ha recabado el respaldo de su socio electoral navarro de UPN.

Los partidos independentistas han descalificado la propuesta porque, según ha dicho Joan Tardà, de ERC, es "otra vuelta de tuerca para resolver de forma represiva la cuestión catalana". Sergi Miquel, del PDeCAT, ve la iniciativa como "la gesticulación más franquista" que se ha visto en el Congreso en los últimos años y ha vinculado su debate con la proximidad de las elecciones andaluzas.

Para el portavoz del PNV, Mikel Legarda, la ley es "una suerte de Ley de Seguridad Ciudadana bis para los cargos públicos", mientras que la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, la ha tachado directamente de "fascismo".

Unidos Podemos, por boca de la diputada de En Comú Mar García Puig, ha acusado a los conservadores de "dañar mucho la España que quieren defender" y ha llegado a tachar de "carca" al líder del PP, Pablo Casado. "El PP es un partido podrido hasta la médula –ha añadido el diputado de Compromís, Ignasi Candela–. Con su corrupción, lecciones de patriotismo, ni una".

Usan los símbolos cuando pierden el poder

Ni siquiera Ciudadanos ha apoyado la iniciativa. Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario naranja, cree que es una propuesta "demagógica" que el PP "debía de tener un cajón" y que ahora repesca porque ha perdido la Moncloa. "¿Qué decía el gobierno del PP cuando se pitaba el himno?", ha preguntado.

Además, no entiende que el PP reivindique la no utilización política de los espacios públicos al mismo tiempo que pacta con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "No se puede titubear a la hora de defender el espacio común de todos los españoles", ha remachado Gutiérrez.

Por último, el PSOE ha descalificado la iniciativa del PP al considerar que "busca emponzoñar" y "atizar el fuego del conflicto" con este tipo de propuestas.

El socialista Artemi Rallo ha aprovechado para recordar que el 2002, mientras el entonces ministro Federico Trillo izaba la bandera más grande de España en Madrid, en el PP se movían los fondos que se recogen en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. "Esa es la doble moral del PP cuando enarbola los símbolos", ha concluido.

El PP defenderá este martes en el Congreso que las autoridades y los empleados públicos no puedan exhibir —ni se lo permitan a particulares— en espacios públicos ningún símbolo no oficial salvo que sea religioso.

La medida forma parte de la proposición de ley que el partido de Pablo Casado registró en el Congreso para tratar de frenar la utilización de lazos amarillos,frenar el símbolo con el que una parte de los políticos catalanes y muchos ciudadanos llevan un año reclamando la liberación de los presos del procés. El PP quiere prohibirlos en cualquier dependencia o espacio público, incluidas playas y el mar territorial, y pretende castigar no sólo a los altos cargos y a los funcionarios que los coloquen o los luzcan en su vestimenta si no también a los que no se lo impidan a los ciudadanos particulares.

Los únicos que no se verían obligados a cumplir esta norma serían los diputados y senadores, cuya actividad es inviolable.

Con esta propuesta, que el Congreso debatirá este martes en sesión plenaria, los conservadores reclaman protección para la figura del rey, la bandera de España y las de las comunidades autónomas, el escudo constitucional y el himno nacional, así como “las banderas, escudos e himnos autonómicos y locales de carácter oficial”, además de “la bandera, himno y otros símbolos representativos oficiales de la Unión Europea”.

Para poder perseguir los lazos amarillos —o cualquier otro símbolo que el independentismo pueda crear con el mismo objetivo— la iniciativa considera “nulos” los símbolos contrarios a la ley, lo que incluye todos aquellos que no respeten el “principio de neutralidad institucional” o sean “partidistas”. Pero establece una excepción: “Quedan excluidos de la presente ley los símbolos de carácter religioso amparados en el artículo 16 de la Constitución Española”. El articulo en cuestión protege la “libertad religiosa y de culto”.

Si la propuesta prosperase, se abriría la puerta a la persecución en espacios públicos de símbolos ideológicos —una bandera no oficial, por ejemplo— pero se permitiría la exhibición de los que tuvieran naturaleza religiosa —como una una cruz—. Y se perseguiría cualquier actuación en contra del rey, de la bandera o del himno. Sería legal exhibir una estrella de David pero no la enseña republicana.

Libertad ideológica y de expresión

El PP no observa ninguna colisión entre esta medida y los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución en sus artículos 16.1 y 20.1, respectivamente. Su argumento es que “las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión”, un criterio que hace extensivo a las autoridades y a los empleados públicos, que no podrán incluir símbolos no oficiales en su vestuario. Para el partido de Pablo Casado, respetar la libertad ideológica es impedir los símbolos ideológicos en los inmuebles y los espacios públicos.

“Resulta perfectamente constitucional y conforme con los derechos fundamentales”, sostiene el PP, “exigir a los altos cargos y empleados que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier colocación en espacios públicos de símbolos, gráficos o lemas partidistas, es decir, no neutrales, que rompen la convivencia social”.

La iniciativa del PP incluye toda una gama de sanciones para perseguir a las autoridades que no protejan los símbolos o permitan la utilización de los que no son oficiales. Los castigos oscilan entre los que penalizarían las infracciones leves —una simple amonestación en caso de “mera negligencia o descuido”—, a las graves —pérdida de la indemnización por cese si se cometen dos faltas leves— y las muy graves: destitución e inhabilitación de entre cinco y diez años.

En cuanto a los empleados públicos, el partido de Casado propone castigos de los previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, que en el caso de las faltas muy graves pueden conllevar el despido.

Toni Soler, de 'Està passant' se suena los mocos con la senyera, en solidaridad con Dani Mateo, que lo hizo con una bandera de España.

El humorista Toni Soler, del programa Està Passant de TV3, se limpió los mocos con una imitación en papel de la bandera autonómica de Cataluña en solidaridad con Dani MateoDani Mateo, el cómico que hace unos días lo hizo en una bandera de España. Desde el espacio de la televisión pública catalana aseguran que se hizo porque están "a favor de Dani Mateo y del humor, por eso también nos hemos limpiado los mocos con una bandera".

La acción de Mateo en La Sexta levantó una gran polémica, hasta el punto de que la cadena retiró el vídeo de su portal de internet y el humorista quedó despojado de algunos contratos publicitarios. Por eso, desde el programa humorístico de TV3 han querido mostrar su apoyo al cómico haciendo una réplica de su gesto. Soler, después de limpiarse la nariz con la senyera, está a punto de arrojar el papel en una reproducción de las urnas de plástico utilizadas en el referéndum ilegal del 1-O: "Esto en Tabarnia lo peta", aseguró.

En un documento del Ministerio de Defensa en el que se explican los símbolos de España, se dice, tras señalar que entre los sublevados proliferaban diferentes banderas, que: “…el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general Cabanellas, firmó un Decreto, el 29 de agosto de 1936, por el que se recuperó la bandera tradicional.” El subrayado es mío. Porque no es totalmente cierto. Lo que se hacía en ese decreto era evitar que en el bando golpista proliferaran las banderas, pero existía una bandera nacional, que existió hasta del 1 de abril de 1939, que fue la bandera legítima del Estado republicano, adoptada en virtud del Decreto de 27 de abril de 1931. De hecho, no sería hasta el Decreto de 11 de octubre de 1945 cuando el régimen franquista aprobó el Nuevo Reglamento de Insignias, Banderas y Distintivos. El Gobierno debería ser cuidadoso con esos matices que parecen “blanquear” el golpe de estado franquista.

Lo cierto es que el golpismo intentó presentarse como legítimo heredero de la tradición monárquica, para entroncarse con una idea de España involucionista pero continuista y apegada a la tradición, y de ese modo tratar de justificar el golpe de estado y cuanto vino después. En esta misma línea y con estos mismos objetivos se produjo la “recuperación” del escudo de los Reyes Católicos. De hecho la mencionada página del Ministerio de Defensa asegura que: “En febrero de 1938, se dispuso que el escudo central fuera el de los Reyes Católicos colocado sobre el pecho de un águila negra y timbrado con una corona real abierta”. Falso. En su desesperado intento de remontar el régimen que estaba diseñando tan atrás como fuera posible, adoptó como escudo una falsedad que no se sostiene. Y eso sin contar con que en esa fecha aún subsistía el régimen republicano legal español, surgido de las urnas y no impuesto por la fuerza de las armas. Ese escudo sólo tenía valor para los golpistas y no sería el oficial hasta el mencionado Decreto de 11 de octubre de 1945.

Por otro lado, el escudo de los Reyes Católicos fue acordado en la Concordia de Segovia (1475) y contenía los diferentes escudos de los reinos que cada uno de ellos (Isabel y Fernando) aportaban a esa unión. Por parte de Isabel, Castilla y León (que se acordó fueran los primeros por la izquierda superior y los últimos por la derecha inferior) y por parte de Fernando, Aragón y las Dos Sicilias. Cuando en 1492 conquistan Granada, deciden ampliar el escudo colocando una granada abierta en el extremo inferior de escudo. Si bien este escudo presenta los símbolos del yugo y el nudo gordiano (Fernando) y la flechas (Isabel), no incluyen las columnas de Hércules con el lema “Plus Ultra”. Y ello porque no se supo a ciencia cierta que se había descubierto un nuevo continente “más allá” hasta 1507. Tampoco incluye el escudo de Navarra, ya que ésta se fusiona con el resto de los reinos peninsulares en 1513. Isabel falleció en 1504. Imposible, por tanto, que un escudo de los Reyes Católicos recogiera la heráldica de territorios que no pertenecían aún a la incipiente monarquía “de las Españas”. El texto del Ministerio de Defensa tampoco dice nada de esto y parece dar viso de certeza y verosimilitud a lo que es una simple chapuza histórica.

Otro ejemplo de esta visión sesgada de nuestra historia, aparece en la web del archivo histórico del Ejército del Aire. Cuando habla de la Guerra Civil se refiere al bando golpista como “Bando Nacional” y en un momento determinado afirma que el archivo histórico de 1936 a 1939 “…constituye una fuente de extraordinaria importancia para completar los estudios de la Guerra Civil a través de la actividad aérea del bando nacional,…”. Es evidente que completar estudios con la versión de un solo bando no ayuda a la necesaria imparcialidad de un estudio histórico. Llamar además al bando sublevado “bando nacional” es utilizar terminología franquista que trataba de arrebatar a los republicanos la legitimidad nacional que le correspondía. Además, hasta hace unos meses se recogían en dicha web biografías de pilotos sublevados tratados como héroes e incluso reseñando como heroicos los bombardeos a la  población civil. Y hay quien se extraña de que haya muchos españoles a los que la palabra “nacional” les produzca un escalofrío por la espina dorsal.

Dicho lo anterior y viendo cómo desde el Gobierno, cuarenta años después del fin de la dictadura, se siguen manteniendo relatos sesgados de la historia, me pregunto si realmente hemos hecho lo posible por cerrar las heridas del pasado, no sólo olvidar como si nada hubiera pasado, postura que se propugna desde los partidos del ámbito conservador español, sino cambiar realmente los valores sociales que nos representan, los símbolos que deberían representarnos. Ante esta pasividad de los diferentes gobiernos no es de extrañar ni el revuelo que ha causado todo el asunto del Valle de los Caídos con el traslado de los restos del dictador, ni que muchos militares hayan firmado un atroz documento defendiendo a quien, desde los medios oficiales de los diferentes ministerios, no se censura oficialmente su conducta y las de los con él sublevados.

Es preocupante que persistan mentalidades golpistas en el Ejército que lleven a la firma por casi mil militares de un manifiesto completamente ajeno a la verdad y la razón. Pero lo es mucho más que los diferentes gobiernos de la democracia, de distintos signos e ideologías, no hayan acabado en las publicaciones oficiales con estos restos del franquismo que alientan esa visión manipulada de una época de España que deberíamos olvidar y enterrar dignamente, empezando por encontrar a los “desaparecidos” por ese régimen golpista y criminal.

El Partido Popular va a lanzar este martes en redes sociales la campaña "#España en tu balcón" coincidiendo con la Fiesta Nacional del 12 de octubre, ya que, a su entender, es una festividad para que los españoles "luzcan orgullosos" los valores que representa la enseña de España, que "representa a todos", informa Europa Press.

Así lo ha anunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado. Esta campaña va acompañada del siguiente mensaje: "¡Cuelga en tu balcón la bandera que nos une y muéstralo en redes utilizando este hashtag! #España en tu balcón".

El número dos del PP ha explicado que su formación quiere "normalizar" el uso de los símbolos nacionales y la bandera de España "representa a todos". "Queremos animar al resto de fuerzas políticas a que se unan a esta campaña", ha resaltado, para añadir que los "enemigos" de la unidad de España saben lo "importante" que son los símbolos y por eso "se colocan lazos amarillos" e "insultan al Estado de Derecho".

García Egea ha indicado que quieren poner en marcha esta campaña para "quitar esos tópicos" a la bandera de España que los nacionalistas y una "parte de la izquierda" ha ido poniendo encima de la mesa. "Casado está consiguiendo liderar la España de los balcones que hace un año se echó a la calle en Cataluña para reivindicar nuestros símbolos nacionales y la unidad de España", ha declarado.

El tuit en catalán del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aparecía sin la bandera y el escudo españoles –a diferencia de un mensaje anterior en castellano de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils– se debió a "un error humano", por lo que la diferencia entre ambos –mantenida durante unas dos horas en la red social– no tenía detrás "ningún tipo de intencionalidad política".

Así lo han explicado fuentes de Presidencia del Gobierno después de que el equipo del presidente haya corregido un tuit en catalán publicado en la cuenta oficial de Pedro Sánchez en Twitter, del que se había eliminado los símbolos de España, que sí se mostraban en un primer mensaje en castellano.

En cuanto los colaboradores del presidente se percataron del error, lo subsanaron publicando un nuevo tuit en catalán por el 17A en el que sí se mostraban sobre la foto que acompaña el texto el escudo y la bandera de España, tal y como aparecían en la versión en castellano.

A primera hora de este viernes, la cuenta oficial de Sánchez en Twitter publicaba dos mensajes de recuerdo y homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de hace un año. El primero de los tuits estaba escrito en castellano y sobre la imagen que acompañaba el texto aparecían el escudo y los colores de la bandera española, símbolos que desaparecieron en un tuit posterior escrito en catalán.

"Siempre con las víctimas", es el lema impreso sobre una fotografía aérea de Las Ramblas que acompaña el mensaje escrito en la cuenta del presidente, que subraya en el primero aniversario del ataque: "La unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie. Este #17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo. Firmes ante la sinrazón del terrorismo. #BCNciutatdepau, España es país de PAZ".

Este mensaje se reprodujo una hora después en la cuenta del presidente en catalán, pero con la ya señalada diferencia: de la foto desaparecieron el escudo y los colores de la bandera española.

Críticas del PP

Desde el PP se percataron de las diferencias y algunos de sus diputados ya publicaron sus respectivos tuits criticando el mensaje en catalán: "La amoralidad del relativismo moral de don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España gracias a una moción de censura que apoyaron los separatistas", ha escrito la diputada Pilar Marcos.

A las 11.00 horas, dos horas después de la publicación del tuit en catalán, Moncloa lo ha corregido y ya ha incluido la bandera y el escudo de España, tal y como aparecía en la versión en castellano del mensaje del Sánchez.

Eso era antes, cuando aún se compraba en el kiosco y se leía con cierta parsimonia. Hemos sustituido la lectura paciente por la ilusión de leer. Bastan cuatro tuits o un par de minutos de permanencia en una pieza para creerse informado. El gran reto del periodismo en la era de Internet es ser imprescindible en la sociedad democrática, ofrecer hechos veraces en medio de un mar de mentiras. Y en eso estamos.

Escribía de fútbol, de una competición global que tras unas eliminatorias previas reúne a los mejores en una sede (Rusia), o en varias (el Mundial de 2026 se celebrará en Canadá, EEUU y México, un golpe bajo a los muros físicos y mentales de Donald Trump).

En la selección de los mejores existe una discriminación positiva para evitar que lo jueguen siempre los países ricos. Se busca garantizar la globalidad del deporte con representaciones África y Asia, y de una Latinoamérica más allá de Brasil, Uruguay y Argentina. Gracias a estos equilibrios, Panamá ha podido jugar su primer Mundial y celebrar su gol en la derrota por 6-1 frente a Inglaterra como un triunfo nacional.

El fútbol despierta sentimientos nacionalistas, como los JJ.OO. (y Eurovisión, que ya es decir). Es así desde la vieja Grecia. Competir bajo unas normas iguales para todos. En vez de invadir países en nombre de una raza, o de un pueblo presuntamente superior, de matar a los rivales por cualquier nimiedad, en el fútbol se pita penalti o se saca tarjeta roja. Y más ahora con un VAR que parece el Tribunal de la Haya.

El psicólogo Eduardo Bofill organizaba juegos en una playa de Monrovia, dentro de un arrabal llamado West Point, en el que se hacinaban decenas de guerrilleros de diversos grupos que habían sido enemigos en la guerra civil de Liberia. El juego impone normas iguales para todos, crea cultura de grupo. A Bofill le permitió generar confianza para poder ayudar desde sus necesidades, no desde las nuestras.

En los Mundiales se exhiben banderas nacionales, se gritan proclamas y se cantan himnos, algunos con sangriento pasado colonial. Cuando las cámaras repasan el rostro de los jugadores antes de los partidos, los más patriotas (término que detesto) vigilan los labios de sus jugadores. No vaya a ser que se nieguen a cantar como Karim Benzema. Para él, La Marsellesa no es liberación.

Los países pequeños cantan más alto, con una pasión impropia de su tamaño. Los jugadores españoles no cantan porque el himno no tiene letra, al menos hasta que gobierne Albert Rivera con Marta Sánchez de ministra de Cultura. Los aficionados españoles tampoco cantan, tararean variaciones festivas del chunda-chunda, que también dice mucho de lo que somos. Nuestra marcha de alabarderos no vale para unir un país ni para presentarse en sociedad como selección. Siempre me gustó Canto a la libertad de José Antonio Labordeta.

O Ya puestos:

Son tiempos del nosotros y el ellos, sin otredades que las carga el diablo. No por el fútbol, más allá de sus hooligans, sino por la política reducida a turbamulta. La crisis exacerbó el discurso xenófobo, que se basa en ideas simplistas, por lo demás falsas: vienen (los migrantes) para quitarnos el trabajo; reciben más ayudas; aumenta la delincuencia; con ellos viajan violadores, drogadictos y terroristas.

Muchas de estas barbaridades salen de la boca del Irresponsable en Jefe (Trump), y también de líderes europeos como Matteo Salvini y compañía. La idea de crear zonas cerradas fuera de la UE para clasificar a los migrantes está en línea con el disparate ambiental en el que vivimos.

Resulta divertido comparar las fotos de la selección francesa de los años noventa y la actual en la que abundan los jugadores de color. Debe ser duro para Marine Le Pen. Sucede también en Bélgica. En Alemania hubo polémica con Özil y Gündogan, ambos de origen turco, por fotografiarse con Erdogan. En España, las críticas se centran en Gerard Piqué porque tiene la sana costumbre de decir lo que piensa y encima es catalán. La España tribal le pita sin importar su compromiso con la selección.

El secreto del fútbol es que basta una pelota más o menos redonda y un pedregal más o menos llano para organizar un partido. No exige grandes inversiones. Lo puede practicar cualquiera. La calle es la universidad de valores para millones de niños y niñas, que todavía se llama fútbol femenino y empieza a despegar.

El fútbol es la oportunidad de una vida mejor para millones de africanos. ¿Recuerdan a Samuel E’too cuando firmó por el Barcelona?: “Correré como un negro para vivir como un blanco”.

Ya sé, pan y circo, dirán los irreductibles. Cierto, pero comprar el eslogan es también una simplificación. La gente no se olvida de sus problemas. Argentina, que ha dado tres de los cinco mejores jugadores de la historia –Di Stéfano, Maradona y Messi–, vive los reveses de su selección como un fracaso de país. El martes se salvó de la quema de la eliminación. Hubiera sido una catástrofe nacional. En Argentina todo el mundo es de su selección, por encima de su club.

Sus dificultades, la derrota ante Croacia, no se puede separar del hundimiento de su economía, del retorno del FMI de infausto recuerdo en las crisis de los años 80. El fútbol no tapa miserias. Tampoco puede con la desgracia de que te gobierne Macri y la alternativa sea Cristina Fernández de Kirchner.

El fútbol provocó una guerra entre Honduras y El Salvador, pero también calla trincheras durante 90 minutos (120 minutos si hay prórroga). Se puede practicar con limpieza o suciedad, como el célebre Estudiantes de la Plata. Estos días hemos visto imágenes de los seguidores japoneses recogiendo su basura de las gradas. Es una cuestión de educación cívica. También lo hacen los seguidores de Senegal, menos dados al orden ciudadano. De los españoles ni hablamos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete hombres, todos ellos mayores de edad, acusados de propinar puñetazos y golpes a varios jóvenes que estaban esperando en la cola de Teatro Barceló, en la capital, donde se ponía el himno de España para defender la unidad del país frente al independentismo, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 13 de octubre, coincidiendo con la colocación por parte de la discoteca de una bandera nacional gigante en la fachada del edificio —antigua Pachá—, con la que se quería mandar un mensaje "integrador" bajo el lema España somos todos, según sus responsables.

Además, con motivo de la declaración de independencia en Cataluña, según se difundió en redes sociales e Internet, la discoteca hacía sonar entre las sesiones el himno de España, han informado las mismas fuentes policiales.

Según una nota de la Policía, los detenidos están acusados de un delito de desórdenes públicos con el agravante de motivación ideológica, dado que, aparentemente estaban a favor de la independencia en Cataluña y se dedicaron a pegar a los que estaban en la cola para asistir a la sesión del día.

La investigación se inició a raíz de los hechos ocurridos en la madrugada del 13 de octubre, cuando un grupo formado por al menos siete individuos propinaron puñetazos y patadas a varios jóvenes llegando incluso a arrojarles objetos del mobiliario urbano.

Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que los agresores acudieron al establecimiento al que, al parecer, asistían otros jóvenes de ideas contrarias a su ideología. Tras una intensa investigación los agentes lograron identificar y localizar a siete individuos implicados en los hechos que fueron detenidos en sus domicilios ubicados en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara.

Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.