El PP cree que los lazos amarillos son "ofensivos" y que los ciudadanos tienen derecho a quitarlos

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, considera que los "lazos amarillos" y otros símbolos independentistas resultan "ofensivos" para una parte de la sociedad catalana y cree que los ciudadanos tienen "todo el derecho del mundo" a quitarlos de los espacios públicos, porque lo que está en juego es "la libertad".

A su juicio, la intención de los Mossos de sancionar a quienes quitan lazos amarillos o las palabras del president Quim Torra amenazando con "atacar" al Estado demuestran que el Govern independentista no está por el acatamiento de la Constitución: "Son actitudes absolutamente inadmisibles que requieren una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez mucho más contundente de la que se ha dado hasta ahora", sostiene.

En una entrevista con Europa Press, Cosidó afirma que en la polémica de los lazos amarillos lo que está en juego es "la libertad de millones de catalanes" y critica que esos símbolos sean "alentados" por las instituciones catalanas pese a no ser constitucionales y resultar "ofensivos" para "una parte importante de la sociedad".

"No puede ser que poner unos símbolos que resultan ofensivos sea alentado desde las instituciones y que aquellos que los retiran sean perseguidos –opina–. Los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo (a quitarlos)".

Preguntado si esto puede derivar en un enfrentamiento entre catalanes, ha señalado que los poderes públicos "por supuesto" que tienen que garantizar la convivencia, pero en su opinión esa convivencia sólo se puede garantizar en libertad, porque "lo contrario es una dictadura". "Las dictaduras muchas veces gozan de una gran paz social, pero a costa de no tener libertad", apostilla.

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Según Cosidó, los Mossos d'Esquadra se "extralimitan" tratando de sancionar a quienes quitan los símbolos y ha recordado que "la primera obligación del Gobierno es garantizar la seguridad de esos catalanes que se sienten españoles, darles amparo para que no se sientan desasistidos".

El dirigente del PP cree que hay medidas que el Gobierno de Sánchez puede tomar para frenar esta situación y menciona enviar un requerimiento a la Generalitat o convocar a la comisión bilateral de seguridad para analizar si la actuación de los Mossos es o no correcta –precisamente el ministro Fernando Grande Marlaska la ha convocado para principios de septiembre–, o incluso instar a la fiscalía a actuar. "Se ha demostrado que tenemos un Estado de Derecho que funciona, una legislación potente y capacidad de actuación, pero tiene que haber también voluntad política", sostiene.