Leo que la Casa Blanca gestionó más de 13.000 millones de dólares sin transparencia. Se hurtó, a conciencia, el control del Congreso de los EEUU. Este organismo va a investigar adónde fue a parar ese descomunal montante procedente de la factura venezolana de hidrocarburos, gestionada por Trump y su gabinete.

La corrupción ya es un fenómeno global. Forma parte de la geopolítica como uno de los principales factores que infectan la política. De hecho, la verdadera res pública muestra estertores de muerte. Los mecanismos de control de los que se han dotado las naciones democráticas ya no tienen autoridad.

Lo estamos observando con gran inquietud. La ONU es pisoteada sin capacidad alguna de reacción; los más altos órganos de justicia son atacados por quienes, paradójicamente, alardean de pertenecer a países demócratas; Israel, que se autoproclama una democracia, tiene un Gobierno acusado de cometer un genocidio contra mujeres y niños indefensos; Ucrania, con un Zelenski mal aconsejado, bombardea Rusia, aún sabiendo que nunca podrá ganar esta estúpida guerra, en la que Europa y la OTAN tienen cartas de culpabilidad, y no solo Rusia; y Trump atacó Irán con una acción vergonzosa e irresponsable que tuvo repercusiones en todo el mundo.

No pasa nada. El poder se ríe de las leyes internacionales. Un verdadero desastre. Habrá que indagar las razones que expliquen la magnitud de esta debacle. Quizás la respuesta sea tan simple como la sustitución de la verdadera política por las leyes que dictan las finanzas o, dicho de otra forma, por el poder de los grandes intereses financieros. Los ricos del mundo dominan. Su objetivo es hacer caja. Para su mentalidad, la política cuesta dinero, subleva a los pobres y, lo que es peor, controla un poder que consideran de su exclusiva propiedad.

Dominan los medios de comunicación, que han transformado en instrumentos de propaganda, en una burda copia de Goebbels. No quieren ciudadanos que piensen, solo siervos y, como mucho, súbditos obedientes. Transforman incluso el significado de las palabras: fascismo por neoliberalismo capitalista; democracia por comunismo; y, lo que es peor, los bulo y las mentiras por verdades. Para cumplir este objetivo y dirigir —no gobernar— eligen a mediocres populistas que destruyen —nunca debaten— al opositor y cumplen el papel de empleados de banca. Premian al desclasado permitiéndole sentarse a su mesa o presentándolo en su corte financiera.

Pero el gran problema es que tienen mucho poder, no tienen escrúpulos para seguir manteniendo sus bulos y saben que las revoluciones que podrían arrebatárselo nadie, o muy pocos, las desean. El contrapoder que debería oponérseles sigue, históricamente, dividido. 

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

Pedro Sánchez se ha convertido ya en el presidente español al que más le gusta jugar en los campos políticos internacionales. Las elecciones en España ya están a la vista, pero el Gobierno va a librar varias batallas con toda su artillería allende los Pirineos para situar a dirigentes en puestos clave para el futuro.

El propio Sánchez confirmó este jueves que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concurre a la carrera para hacerse con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de Naciones Unidas. Lo que suma trabajo a la diplomacia española, que tiene también entre manos ayudar a Luis Planas a hacerse con las riendas de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a Pablo Hernández de Cos a llegar a lo más alto en el Banco Central Europeo (BCE).

Díaz da este paso después de escuchar a las organizaciones sindicales en un momento en el que las derechas mundiales quieren desviar el rumbo de la OIT, una organización esencial para los derechos de los trabajadores. El plazo para la presentación de las candidaturas concluye a mediados de agosto y la elección se producirá el 16 de noviembre, pero el ganador no iniciará el mandato hasta octubre del año que viene. Por lo tanto, la vicepresidenta segunda no dejará el Gobierno. De hecho, esa toma de posesión se produciría previsiblemente con un nuevo Ejecutivo en España tras las elecciones generales del año próximo.

La vicepresidenta segunda ya lleva tiempo preparando esta carrera y ha intensificado su agenda internacional. De aquí a noviembre, le toca lo más complicado: ganarse la mayoría entre los 56 votantes. Entre ellos, hay representantes de 28 países, 14 de los sindicatos y 14 de los empresarios. 

La lucha se prevé muy reñida y, por el momento, solo aparece un único contrincante, Gilbert F. Houngbo, el togolés que dirige la organización desde el año 2022. La propia Díaz fue muy crítica con el actual mandato el mes pasado durante su intervención en sesión plenaria en Ginebra: “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”.

Las palabras de aquella sesión marcan el camino de su candidatura: “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”. “Frente a ese modelo de ley de la selva, lo que estamos señalando justamente es tener un instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencia leal entre las empresas”, argumentó en Suiza.

“Sin normas, es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, clamó la vicepresidenta segunda, quien ahondó en que la OIT no se puede convertir en mera “mercancía”. Asimismo, quiere poner en el centro del debate de la OIT la regulación de la IA y de la digitalización que está trastocando el mercado laboral.

Díaz va a la carrera, como dicen en su equipo, con su trabajo como mejor aval: la subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional, la aplicación del sistema de los ERTE que salvó miles de puestos de trabajo durante la pandemia, una reforma laboral que ha demostrado que se puede crecer mejorando la dignidad de los trabajadores y un número récord de más de 22 millones de empleados en el país. La vicepresidenta segunda se puede convertir en la primera mujer en dirigir la OIT, una organización fundada en 1919.

España también lleva tiempo trabajando para que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haga con la FAO. La elección se producirá en verano del año que viene, pero el Gobierno ya ha arrancado los trabajos diplomáticos, que están encabezados por el titular de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares.

El propio Albares ha explicado durante estas semanas la filosofía de este movimiento: “Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y es también un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en Naciones Unidas en momentos en que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental”.

Esa vocación europea de la candidatura también se debe a que la FAO no está en manos de un dirigente de este continente desde 1975. Por eso, varios países de la UE trabajan para hacerse con la FAO tras el mandato del chino Qu Dongyu. España intentó sin éxito lograr ese puesto en 2011 a través del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Planas podría competir en esta batalla con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina.

El Gobierno confía en el abultado currículum de Planas, que es ministro del ramo desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura de junio de 2018. Asimismo, ha ocupado cargos como embajador de España en Marruecos y ante la UE, lo que le ha permitido forjar aliados a nivel internacional durante décadas.

Y España también va a librar una de las grandes batallas continentales: la Presidencia del Banco Central Europeo. El Gobierno respaldará finalmente a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos (BIS), que es uno de los grandes favoritos entre los expertos para suceder a Christine Lagarde.

Hernández de Cos cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos, algo casi utópico en mitad del clima de polarización política, y encabeza quinielas como las del Financial Times. A favor de su candidatura está su marcado perfil técnico, además de presentarse como un pragmático entre los halcones y las palomas. España tendrá que competir duramente con Francia y los Países Bajos, que ansían ese puesto, pero Moncloa confía en que se premie, entre otros aspectos, la buena marcha de la economía nacional.

La diplomacia española no para. Con Sánchez a la cabeza. A pesar de que queda menos de un año para que acabe la legislatura, el Gobierno quiere atar algún gran puesto más a nivel internacional. Todo en un momento de auténtica incertidumbre internacional y en el que se juega el nuevo orden mundial. Y en el Ejecutivo esperan marcar algún gol más, como ya hicieron con Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y con Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversión.

Este jueves se ha confirmado la candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con ello ponía fin a meses de rumores que apuntaban en esa dirección, pero no terminaban de confirmarse. Este organismo, con sede en Ginebra, es una agencia vinculada a Naciones Unidas que se dedica a promover el trabajo decente y los derechos laborales, elaborando convenios, informes y recomendaciones internacionales.

Díaz se presentará frente al actual presidente de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, que ostenta la presidencia desde 2022 y no ha anunciado que se vaya a retirar. Por el momento no se han anunciado más candidaturas, aunque el plazo estará abierto durante el mes de agosto y las elecciones tendrán lugar el 16 de noviembre. En la votación participan 28 representantes de los gobiernos, 14 de los sindicatos y otros 14 de las patronales; todos ellos componen el Consejo de Administración, encargado de la elección. 

A lo largo del día, las organizaciones sindicales han celebrado la noticia. “El sindicato considera la opción de Yolanda Díaz muy buena, ya que ha demostrado tener en su agenda todas las cuestiones importantes relacionadas con el mundo del trabajo”, señalaba UGT. Por su parte, Comisiones Obreras apuntaba su respaldo a la candidatura y hacía un llamamiento “para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social”. Pero además de convencer a los representantes sindicales, tendrá que hacer lo mismo con patronales y representantes de los distintos países.

Fuentes conocedoras señalan que por ahora la candidatura está en un momento muy incipiente y aún no se han concretado los detalles de cómo será la campaña. Sin embargo, sí confirman que la ministra seguirá desarrollando sus funciones en el Ejecutivo sin cambios, ya que ante una hipotética victoria, la toma de posesión del cargo no tendría lugar hasta noviembre de 2027.

Otras fuentes señalan que, pese a la posible cercanía de los sindicatos a la candidatura de Díaz, en el ámbito patronal obtener apoyos no será tan sencillo. De hecho, en febrero de este año el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazaba con acudir precisamente a la OIT al considerar que Trabajo se saltaba las recomendaciones sobre el diálogo social. "Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional del Trabajo a denunciarlo", señalaba Garamendi tras referirse al diálogo social como “bipartito” e insistir en que los acuerdos entre Ejecutivo y sindicatos no eran diálogo social.

Desde el ámbito sindical y también desde Trabajo se ha criticado en varias ocasiones la gestión actual de la OIT. En junio, Yolanda Díaz acudió a la sede de la organización y pronunció allí un discurso que ahora encaja con la noticia de su candidatura. "La OIT se debe tomar en serio a sí misma. El mandato de la OIT está en crisis, pero si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo”, señaló la ministra con motivo de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026.

Uno de los problemas del organismo está en el hecho de que Estados Unidos haya cortado parte de la financiación, aunque sin abandonar del todo la OIT, como ha hecho con otros organismos internacionales. Este distanciamiento ha generado una deuda que asciende a 280 millones de euros, el 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización.

En cuanto al apoyo que pueda tener entre los distintos gobiernos, no todos participan en los comicios y los países con derecho a voto son casi una treintena: Alemania, Bangladés, Barbados, Brasil, Brunéi, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malawi, Níger, Omán, Perú, Polonia, Corea del Sur, República Dominicana, Reino Unido, Sudán y Uruguay. Cabe destacar que Díaz se reunió en junio con sus homólogos de la mayoría de estos países, al término de su visita a la cumbre de la OIT en Ginebra. Además, mantiene una posición próxima al gobierno de Lula da Silva en Brasil y en junio acudió a la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, donde se reunió con los ministros de Trabajo de Uruguay y de República Dominicana.

La última vez que las tres partes llegaron a un gran acuerdo fue en 2021, para poner en marcha la reforma laboral y lejos quedan ya las prórrogas de los ERTE, consensuadas de forma tripartita hasta seis veces. Desde entonces, la patronal no ha respaldado las últimas cinco subidas del SMI, ha rechazado la reforma de la ley de riesgos laborales, los permisos por fallecimiento o cuidados paliativos y también mantiene un rechazo frontal a la intención de Trabajo de regular de forma más estricta el control horario y las horas extraordinarias.

La patronal culpa al Ejecutivo de la falta de acuerdo y esto puede ser un escollo en el camino hacia la OIT, ya que se trata de un órgano en el que también tienen participación y derecho a voto los empresarios.

Tras confirmarse la candidatura, el entorno de Podemos también se ha mostrado crítico. "Implica que a alguien, después de haber estado en un gobierno, se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", afirmó el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a la vez ha señalado que Díaz se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Por su parte, Pablo Echenique, publicaba un mensaje en la red social X que ahondaba en la misma crítica. “Hoy es necesario recordar que existe una izquierda que no se vende. Una izquierda que sabe que trabajar para el PSOE tiene premio y no hacerlo tiene castigo”, apuntó.

También el Partido Popular, a través de X, se ha expresado de forma crítica. Su cuenta oficial ha compartido el mensaje del presidente del Gobierno con un texto que rezaba: "Ya sabemos la contraprestación por callar a todo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT). No obstante, Díaz continuará en el Gobierno debido a que la elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no empezaría hasta octubre de 2027.

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representando "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas", ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky, después de que el presidente anunciara su candidatura.

En su mensaje, la ministra sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad".

"Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI", deja claro Díaz.

Una OIT, añade, que tenga en el diálogo social un pilar básico y que cuente siempre con quienes fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta, para garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas.

El pasado 7 de julio de 2026 marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos y la salud. Porque no es lo mismo reclamar atención política, financiera y médica por una enfermedad olvidada que denunciar la violación de un derecho fundamental y humano. Esa es la diferencia después del 7 de julio.

La noticia debería haber llegado por altavoces a cada una de las más de mil millones de personas afectadas en el mundo por una o varias de las 21 enfermedades tropicales desatendidas (ETD), según la clasificación de la ONU. Es una lista larga donde resuenan algunas como la leishmaniasis, la lepra, la filariasis linfática o el Chagas. La mayoría de estas dolencias comparten rasgos de exclusión, estigma y discriminación. Suelen causar estragos en entornos de pobreza, poblaciones tradicionalmente olvidadas y con un fuerte impacto en mujeres y niños.

Si algunas de ellas, como la enfermedad de Chagas, antes estaban muy localizadas en sus zonas endémicas rurales por la presencia del vector transmisor, hoy son una realidad y un problema de salud global y hasta urbano por los movimientos migratorios y los cambios climáticos. Solo en España se estima que puede haber 80.000 personas con la enfermedad de Chagas, que, además, puede transmitirse de madre a hijo.

Y, a partir del pasado 7 de abril, las ETD son algo más: son materia de derechos humanos. Ergo, no tratar debidamente estas enfermedades será una violación de los derechos humanos y no solo un problema de negligencia sanitaria o política.

La resolución aprobada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue impulsada por un grupo de países africanos liderado por Malawi. Asimismo, contó con el apoyo de decenas de organizaciones.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en 1948, al final de un mundo en guerra. El artículo 25 —de un total de 30— se refiere directamente al derecho a la salud. A falta de un informe que detalle en qué consistirá la inclusión de las ETD en los derechos humanos, podemos anticipar un impacto en el fortalecimiento del trabajo de incidencia de los grupos y asociaciones de personas afectadas. Porque no es lo mismo reclamar la falta de atención médica que denunciar la violación de un derecho humano legalmente respaldado. Ese es el punto que marca un antes y un después del 7 de julio.

Para quienes investigan —entre los que hay miles de españoles y españolas—, para quienes dan formación y para quienes desarrollan herramientas terapéuticas y logísticas contra las ETD, estamos en un tiempo nuevo. No solo trabajan por una cuestión de justicia y equidad en salud, sino por un derecho humano oficialmente reconocido.

Y hasta aquí la parte naíf de la noticia. Porque, sinceramente, ¿quién cree que los Estados estén ahora mismo temblando por la noticia? ¿Creen que están calculando los recursos y compensaciones millonarias que tendrían que abonar a cada persona que no haya sido tratada apropiadamente de una ETD? ¿Alguien se imagina ver condenado al Gobierno de un país por no dedicar más atención al compromiso de eliminar las ETD? Imaginen a Donald Trump y Elon Musk riéndose juntos. A que da mucha grima.

Bien es cierto que, en materia legal, no es lo mismo un problema de salud pública que uno de derechos humanos. Este tipo de derechos son inalienables y pertenecen a cada una de las personas.

Stalin —vaya personajes que se están viniendo a este artículo—, según dicen, inventó aquella frase de que “la muerte de mil millones de personas es solo una estadística, pero la muerte de una puede ser una desgracia”. Él sabía de esas cosas. En parte, la resolución de la ONU les cambia el nombre a las enfermedades desatendidas: ya no son «helmintiasis, filariasis, pian u oncocercosis». Ahora se llaman Yusuf, Amelia, Ibrahim, Wole o Chantal. Atenderlas no es solo un deber de salud pública, sino un derecho de Yusuf, Amelia, Ibrahim, Wole o Chantal. Un derecho de cada uno de nosotros.

No es tiempo de hacerse muchas ilusiones. Otra vez, nos encontramos en un mundo en guerra, con una financiación creciente hacia el sector armamentístico y un recorte fundamental a la ayuda en salud global —échenle la culpa a Trump y Musk, pero miren cómo les siguen muchos otros—.

Y, sobre los derechos humanos, solo hace falta ver lo que está ocurriendo en Gaza, frente a nuestros ojos, así como en otras partes del mundo, al norte, sur, este y oeste. Si buscan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontrarán un papel carbonizado o esparcido en añicos. Y ya las violaciones de tales derechos ni siquiera se enmascaran ni disimulan. Al menos, todavía.

Estamos en el “todavía”, en uno de los peores momentos para los derechos humanos. Así que la aprobación de que las ETD formen parte de ellos parece más bien el regalo envenenado de un banco en quiebra que elige a un incauto director sin informarle del estado de las cuentas.

Pero el tiempo pasa y los muertos pesan. Veremos la vuelta a la cordura, en ese ciclo pendular incesante del ser humano entre la violencia y el sentido común; entre lo mío y lo de todos. Volveremos a la idea del todos, al «otro mundo posible». Volveremos a leernos cada artículo de los derechos humanos como si fuera la única frontera del mundo. Entonces, alguno preguntará: «¿Cómo llegamos a consentir aquello?», como se preguntan en silencio tantos millones que supieron antes y no hicieron nada.

Lo importante será que, cuando llegue ese día, en los artículos de la Declaración estarán ya las ETD, donde siempre debieron estar, con la cara, los ojos y la boca de cada una de las personas afectadas, pero por fin atendidas. Por una mañana, por una tarde, la del 7 de julio, no se nos prohibió soñar. «Pasó una mañana, pasó una tarde. Fue el día primero».

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F. J. Sancho Mas es periodista y escritor. Es experto en temas de cooperación internacional y salud global.

De las páginas de Le Monde y de The New York Times a conexiones en directo en la BBC y en la CNN. El operativo para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius en Canarias ha sido seguido en todo el mundo, con especial atención por parte de organizaciones supranacionales y diferentes gobiernos. Y se ha convertido en un sistema pionero y en un ejemplo para el futuro.

España está recibiendo durante estos días felicitaciones de instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, además del Vaticano. Una actitud que choca directamente con la política interior, donde la oposición sigue lanzándose al cuello contra el Ejecutivo.

El Gobierno ha trabajado en el operativo de la mano de la OMS, una organización multilateral que está en el punto de mira de la ultraderecha, especialmente por la actitud de Donald Trump (Estados Unidos), que decidió sacar a su país del organismo. Precisamente, esta entidad ha remarcado el papel de España no solo por obligación legal internacional, sino también por su solidaridad en estos tiempos.

La imagen de esa colaboración se dio este mismo martes en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente, Pedro Sánchez, se reunió con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Precisamente este último subrayó el “liderazgo remarcable” de España durante el operativo, calificando incluso de “hermana” a la titular de Sanidad, Mónica García.

La OMS agradeció también a Sánchez por “ejercer el deber moral de mostrar solidaridad con los pasajeros del barco en un momento tan difícil”: “El mundo necesita este tipo de amabilidad y de compasión. Apoyarnos los unos a los otros, además de cumplir las obligaciones jurídicas”. “Me reconforta que haya gente en el mundo que hace las cosas porque están bien. Lo ha demostrado la gente de España”, añadió el director general de la Organización Mundial de la Salud. Todo bajo la filosofía española de “vamos, vamos”, como decían los ministros durante todo el operativo.

España ha caminado también de la mano de la Unión Europea, que pidió a Sánchez que se hiciera cargo de la situación. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, felicitó al Ejecutivo por el desembarco “rápido y eficiente”: “Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas sobre el terreno. Trabajamos mano a mano con España, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades”.

Desde el Consejo Europeo, António Costa, además, se pronunció sobre el operativo, mostrando su "pleno apoyo y gratitud al Gobierno de España y a los socios internacionales por su respuesta al hantavirus en estrecha coordinación”. "Un excelente ejemplo de cooperación multilateral para enfrentarnos con eficacia a emergencias sanitarias. Nuestra máxima prioridad es proteger a los pasajeros y la tripulación”, apostilló.

En pleno desembarco el lunes, la ONU también mostró su agradecimiento a España. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó al Gobierno y trasladó: "Aunque el riesgo actual para la salud pública que plantea el virus sigue siendo bajo, es importante que las medidas sanitarias internacionales garanticen la seguridad de todos, incluidos los pasajeros y la tripulación del MV Hondius".

El apoyo a España ha llegado estos días incluso desde el propio papa. "¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius!", manifestó León XIV en español tras el rezo del Regina Coeli. Para añadir: "¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!". El pontífice cerrará su viaje a España con una parada en el archipiélago los días 11 y 12 del mes próximo.

Esas palabras a España también han llegado por parte de Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos, bajo cuya bandera navega el crucero. El nuevo líder de este país expresó su más sincero agradecimiento a España y al presidente Sánchez “por haber hecho esto posible”, además de destacar la “constructiva” colaboración entre los dos gobiernos durante esta compleja operación.

Frente a estos agradecimientos, a nivel interno, la oposición sigue confrontando con Moncloa y Sanidad. El propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, compareció este martes en el Parlamento autonómico y lanzó esta acusación: "Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno". Una alusión en la que denuncia que supuestamente el Ejecutivo central sabía que había contagiados dentro del barco.

"Lo único que pedíamos era respeto, dignidad, lealtad y sinceridad, y del Gobierno de España y del PSOE hemos recibido mentira y ocultación", arremetió Clavijo (Coalición Canaria). Para remachar: “La afrenta y la mentira nunca las olvidaré”.

Sánchez, en cambio, evitó entrar en el choque y no contestó directamente a Clavijo, sino que subrayó esta filosofía: "España es de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de emergencia o de salud global como hemos vivido o estamos viviendo en relación con el hantavirus".

Pero, en privado, fuentes del Palacio de la Moncloa lamentan la falta de lealtad de Clavijo: “No lo podemos entender”. Asimismo, califican de “graves” las acusaciones del presidente canario y recuerdan que el estado de los pasajeros no se sabía hasta que se hicieron las pruebas diagnósticas. 

A la vez, el Partido Popular y Vox siguen su cruzada contra el Ejecutivo de Sánchez a pesar de las palabras a nivel internacional. La portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, acusó a Sánchez de utilizar "cada tragedia para recortar libertad, sacar rédito político y que no se hable de la desbordante corrupción que protagonizan él y su entorno político y familiar más cercano".

China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial, informa EFE.

El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a "coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.

Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, —sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí—, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría "morir toda una civilización, para no volver jamás".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

El bombardeo de la escuela iraní de Minab, que mató a 168 personas, en su mayoría niñas, "causó un horror visceral" y los resultados de las investigaciones que está emprendiendo Estados Unidos deben hacerse públicas, reclamó este viernes el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, según recoge EFE. 

"Pido que la investigación se concluya lo antes posible, y que sus resultados se hagan públicos. Debe haber justicia ante el terrible daño perpetrado", señaló Türk en un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos solicitado por Irán con el apoyo de China y Cuba y centrado en ese ataque.

El bombardeo de la escuela el 28 de febrero, en el primer día de la actual guerra y que según las primeras investigaciones fue perpetrado por fuerzas estadounidenses, "mostró claramente quién paga el mayor precio en las guerras: civiles sin voz en las decisiones que llevan a los conflictos, en este caso estudiantes, profesores, empleados y sus seres queridos", señaló el alto comisionado austríaco.

"Sean cuales sean las diferencias que tengan los países, no se resuelven asesinando a escolares, y para eso existen leyes de la guerra, para proteger a niños y otros civiles en medio de un conflicto, así como escuelas e infraestructuras civiles", destacó.

Türk hizo un llamamiento a Estados Unidos e Israel a que pongan fin a sus ataques a Irán, pero también pidió a las autoridades iraníes que "dejen de atacar a sus vecinos y respeten y protejan los derechos humanos de su población", ante las denuncias de un aumento de la represión dentro del régimen de los ayatolás.

El alto comisionado insistió en que los ataques estadounidenses e israelíes contra zonas densamente pobladas, que han destruido infraestructura civil, plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional. 

El conflicto, del que se cumple casi un mes, "amenaza con expandirse e incrementar el sufrimiento de los civiles", y con tener graves consecuencias económicas en todo el mundo, acrecentando la pobreza y el hambre, subrayó Türk. 

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela en Minab, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra".

Una investigación del diario The New York Times concluyó este mes que Estados Unidos es responsable de la tragedia, que se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense cuando atacó una base militar iraní adyacente a la escuela.

El nuevo gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes que retira su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena, la socialista Michelle Bachelet, para dirigir la ONU, impulsada por la anterior Administración junto a México y Brasil.

En un comunicado oficial difundo a los medios, el ministerio chileno de Asuntos Exteriores explicó: "Hemos llegado a la convicción de que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación". "Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura", agregó.

El nuevo Ejecutivo chileno señaló, no obstante, que "en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet", en el caso de que ella decida continuar con su candidatura, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue Directora ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por el expresidente progresista chileno Gabriel Boric, pocos meses antes de traspasar el poder, el pasado 11 de marzo.

Bachelet, de 74 años, parte entre las favoritas para dirigir la ONU, pues todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general del organismo a escoger a un latinoamericano para el puesto, que por primera vez en la historia podría recaer en una mujer. Durante la campaña electoral chilena, el ultraderechista Kast (60) ya dejó entrever que no apostaba por ella por los signos de oposición a su candidatura por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, al que el nuevo mandatario se muestra afín.

El anuncio coincidió con las críticas este martes al Gobierno chileno por el alza histórico a los precios del combustible, que repercutirá de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y que ha desencadenado malestar y protestas en todo el país.

Los peces migratorios de agua dulce son una de las poblaciones de vertebrados más amenazadas debido a la construcción de presas, la pesca furtiva, la sobrepesca, el cambio climático y la degradación de los hábitats. En un informe publicado este martes, Naciones Unidas estima que su población se ha desplomado en un 81% desde la década de 1970 y docenas de especies están en peligro de extinción, entre ellas medio centenar de especies europeas y 13 que habitan en España.

La conclusión principal del análisis es que estos peces migratorios de río, que a lo largo de su vida atraviesan cuencas fluviales de dos o más países, son extremadamente vulnerables a los cambios en el ecosistema porque necesitan recorrer largas distancias para completar su ciclo de vida. Construir una presa, modificar el cauce de un río, un vertido contaminante o atravesar una zona de pesca intensiva es suficiente para reducir drásticamente su población, y recorrer distancias tan grandes, bajo diferentes jurisdicciones, multiplica las posibilidades de que se enfrenten a estos fenómenos y dificulta su protección.

"Muchas de las grandes migraciones de fauna silvestre del mundo tienen lugar bajo el agua. Este estudio pone de manifiesto que los peces migratorios de agua dulce se encuentran en grave peligro, y que para protegerlos será necesario que los países colaboren con el fin de mantener los ríos conectados, productivos y llenos de vida", opina en un comunicado Zeb Hogan, el investigador líder del informe.

El estudio ha sido realizado por el comité de Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, en inglés) para evaluar si hace falta añadir a su lista de especies en peligro nuevos integrantes, e identifica en total 325 especies, de las que 24 ya estaban hasta ahora incluidas. 50 de ellas habitan en Europa, 205 en Asia, 55 en Sudamérica, 42 en África y 32 en Norteamérica. Para llegar a esta conclusión, han analizado el estado de más de 15.000 especies de peces.

El convenio CMS es vinculante y obliga a los más de 150 países adscritos, entre ellos España, a adoptar medidas de conservación. De las 325 especies que proponen incluir en la lista de protección, 13 viven en ríos y lagos españoles: el sábalo, la lamprea de arroyo, el salmón del Atlántico, el jarabugo, el pejerrey, la lisa dorada, el corcón, el morragute, la lubina, el barbo de Graells, el múgil y la madrilla. La anguila europea también se encuentra en la lista desde la versión anterior de 2011.

La mayoría de las especies en riesgo en España habitan en el Guadiana, el Miño y el Bidasoa, y los tres primeros peces citados –el sábalo, la lamprea y el salmón– figuran además entre 30 especies prioritarias que requieren "una inclusión inmediata" dentro de la lista difundida este martes por la ONU.

Graciela Gómez, profesora en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, opina que la migración de estas especies es esencial para que puedan alimentarse o desovar, y que estas barreras rompen su ciclo y ponen en peligro la alimentación humana, la pesca y la salud de los ecosistemas. "Es una crisis de biodiversidad silenciosa, mucho más grave de lo que la sociedad percibe. Su desaparición amenaza seriamente la salud de nuestros ecosistemas locales y la seguridad alimentaria de muchas comunidades, que dependen históricamente de estas migraciones", escribe Gómez en Science Media Centre.

En función de la situación de urgencia de cada especie, la lista CMS tiene dos rangos de protección. El Apéndice I incluye especies migratorias en peligro de extinción en la totalidad o en una parte significativa de su área de distribución y obliga a los Estados a prohibir su captura –o reducirla al mínimo imprescindible– y a tratar de rehabilitar su hábitat. El Apéndice II supone que una especie necesita de cooperación política entre dos o más países a la hora de protegerla porque las amenazas se suceden a lo largo de toda la cuenca. Algunos animales pueden formar parte de los dos apéndices, si es necesario.

Los autores concluyen también que en el último medio siglo la población de peces migratorios de agua dulce ha caído un 81% en todo el mundo, "lo que los convierte en uno de los grupos de especies silvestres más amenazados del planeta". Los que más han sufrido han sido las variedades de mayor tamaño, conocidas como megapeces, cuya población se ha desplomado en un 94%. Esta última cifra incluye tanto a los migratorios de agua dulce como de agua salada.

Entre los problemas que afectan a estos animales, destacan las barreras fluviales en forma de presas o azudes, que impiden el paso de los peces que remontan el río, o hieren o matan a los ejemplares que se cuelan en las turbinas. La anguila europea es un ejemplo: necesita remontar los ríos para alimentarse antes de regresar al Mar de los Sargazos para desovar. En el caso de las presas hidroeléctricas, alteran drásticamente el caudal de los ríos en función de si descargan o recargan agua, afectando también al movimiento de los peces.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, pidió este lunes que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos.

Albanese, que hizo este llamamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló a los ministros israelíes de Defensa (Israel Katz), Seguridad Nacional (Itamar Ben-Gvir) y Finanzas (Bezalel Smotrich).

En su nuevo informe ante el Consejo, consideró la tortura una versión individual del genocidio que sufre el pueblo palestino y dijo que "Israel ha dado en la práctica una licencia para torturar", antes de recordar que desde octubre de 2023 Israel ha detenido a 18.500 palestinos, incluidos niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha perpetrado maltratos contra muchos de ellos.

Albanese señaló que cerca de un centenar murieron bajo custodia, 4.000 siguen en paradero desconocido y "miles estuvieron detenidos sin cargos, en condiciones inhumanas", denunciando palizas, abusos sexuales y denegación de alimentos y cuidados médicos.

La experta comparó estas torturas con el genocidio que ha sufrido Palestina en su conjunto, ya que, a nivel individual, produce los mismos efectos que se busca infligir a un grupo: "destruir las condiciones que dan sentido a la vida, quitándole dignidad humana". "El pueblo palestino en la actualidad, ya sea en detención, bajo los bombardeos en Gaza o aterrorizado por criminales en uniforme o escuadras de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, está sufriendo el dolor de esta destrucción intencionada", declaró la relatora.

Albanese recalcó que desde el inicio del conflicto el abuso contra los detenidos se ha convertido en una "política estatal" de Israel, sostenida por una "cultura de la tortura". En ese país, "las autoridades presumen abiertamente del sádico tratamiento usado contra los detenidos palestinos, permitiendo además que periodistas y civiles accedan a ver e incluso filmar esas humillaciones", aseguró.

La relatora italiana, que ha sufrido campañas de desacreditación por parte de Israel y también críticas desde Estados Unidos, aseguró en el inicio de su intervención haber sido víctima de "interminables amenazas, insultos y represalias". "Pese a ello, sigo firme en mi decisión de dar testimonio, contar la verdad, y rechazar la complicidad con estos crímenes incesantes", aseguró.

En sus conclusiones, Albanese advirtió que el desprecio al derecho internacional "no se detiene en Palestina", como ya se está haciendo patente "con lo que ocurre con la gente de Irán, Líbano, los países del Golfo y Venezuela, para después probablemente devorar al resto del mundo". 

La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló este lunes que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra "podría llegar a las 17.000", ya que hay otras 10.000 posibles, aún no identificadas. "La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7.000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10.000 personas aún no han sido identificadas", destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

La relatora japonesa señaló que sigue siendo complicado dar cifras sobre esa represión y comentó que ha oído hablar de hasta 40.000 víctimas, pero "sin documentación que explique cómo se llega a esos números".

Respecto a las cifras oficiales de las autoridades iraníes, que hablan de unos 3.000 fallecidos, Sato subrayó que no solo son sensiblemente menores a las que dan organizaciones de la sociedad civil, sino que "añaden la narrativa según la cual muchas fueron asesinadas por terroristas, mercenarios o manifestantes violentos".

Sobre la actual guerra, la relatora insistió en que los ataques de Estados Unidos e Israel "son ilegales según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", aunque subrayó que la situación "aún está evolucionando", por lo que es pronto para concluir si alcanzan o no el nivel de crímenes de guerra. "Sí estoy segura de que son ilegales y de que ya hay muchos civiles muertos, hospitales destruidos, escuelas atacadas e infraestructuras dañadas. Es algo sobre lo que ofreceré más detalles en mi próximo informe", prometió.

Sato concluyó que "está claro que los ataques son ilegales, pero también está claro que Irán tiene graves problemas de derechos humanos, ambas cosas pueden coexistir", por lo que rechazó el argumento dado este lunes por la delegación de Irán ante la ONU según la cual los informes sobre abusos del régimen habían sido utilizados para justificar la agresión al territorio iraní. "No estoy de acuerdo con quienes establecen esa conexión, no es necesario elegir entre condenar los ataques o reconocer los problemas de derechos humanos en Irán", insistió.

La relatora afirmó que la guerra probablemente está exacerbando la represión en Irán y auguró que "si el conflicto termina con una República Islámica debilitada, es posible que haya una represión muy fuerte", como ya ocurrió el pasado año tras la llamada guerra de los doce días. 

Una comisión internacional de derechos humanos de la ONU sobre Irán dijo este lunes que Israel cometió un crimen de guerra el pasado junio cuando -en el contexto de las hostilidades que lanzó contra Irán y que duraron doce días- "atacó intencionalmente" un objetivo civil, la prisión de Evin, según recoge EFE.

En ese ataque murieron al menos ochenta personas, entre ellas ocho mujeres y un niño, precisó la presidenta de la comisión, Sara Hossain, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

Hossain denunció que las autoridades iraníes no protegieron a los detenidos en la prisión de Evin y se negaron a revelar la suerte o el paradero de algunos detenidos trasladados desde allí, en "actos que constituyen desapariciones forzadas". Asimismo, apuntó que tras ese periodo de conflicto armado, las ejecuciones en Irán aumentaron fuertemente y que se llegaron a registrar 1.639 únicamente en 2025, con 464 ejecuciones ocurridas inmediatamente después de que los ataques cesaran, entre julio y septiembre.

Solo en octubre, 222 personas fueron ejecutadas, lo que representó un récord mensual en los últimos 25 años.

"La principal conclusión de nuestras investigaciones es clara: la intervención militar externa no garantiza la rendición de cuentas ni aporta un cambio significativo. Por el contrario, corre el riesgo de intensificar la represión interna por parte de un Estado que recurre a medidas represivas para sofocar la disidencia", declaró Hossain.

En este sentido, señaló que se teme que la actual guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán pueda ocasionar nuevamente un incremento de la represión y terminar castigando a aquellos que se atreven a expresar opiniones distintas a las de la línea oficial.

Igualmente, sobre el conflicto que se está desarrollando, la comisión señaló como preocupantes las declaraciones públicas de altos funcionarios de Estados Unidos apuntando a que "las normas de intervención" establecidas y reconocidas internacionalmente no se aplican a sus hostilidades en Irán. "Seguimos vigilando el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes en el conflicto y recopilando pruebas", advirtió Hossain.

La comisión también se pronunció sobre la represión de las protestas ciudadanas que se iniciaron en Irán en los últimos días de 2025 y continuaron en las primeras semanas de este año, y mencionó la cifra de 7.000 posibles víctimas mortales, así como 50.000 detenidos, aunque no precisó si se tiene información de cuántos seguirían en prisión.

La Unión Europea (UE) celebró este jueves la adopción de la resolución 2817 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que condena los ataques perpetrados por Irán pero no hace referencia a los iniciados por Estados Unidos e Israel contra ese país.

"La UE se hace eco del firme apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania, y condena enérgicamente los ataques de Irán contra sus territorios", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Agregó que esos ataques, "dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del Derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Recordó que los 27 países de la UE han patrocinado esa resolución, presentada por Baréin en nombre de los Estados miembro del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El portavoz dijo que, así, la UE ha reafirmado su solidaridad con esos países, tal y como se expresó también en la reunión telemática conjunta de los ministros de Exteriores de la UE y el CCG celebrada el 5 de marzo, y en la videoconferencia entre los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los líderes de los países de Oriente Medio el día 9.

En el comunicado, el portavoz reiteró el llamamiento de la UE a Irán para "que cese inmediatamente sus ataques".

"La seguridad y la estabilidad de la región del Golfo, así como la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, son pilares fundamentales de la estabilidad de la economía mundial, intrínsecamente vinculados a la seguridad europea y mundial", recalcó.

Además, aseguró que la UE "proseguirá sus esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión y lograr una solución duradera de paz y estabilidad en el Golfo y en toda la región de Oriente Medio".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución en contra de "los ataques atroces" de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto actual.

El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que "exige" a la República Islámica que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos". 

La Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24, como ha recogido EFE.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses han abandonado la base de Rota en las primeras horas de esta madrugada con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EEUU, según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos, han emprendido rumbo noreste, han cruzado parte de la Península y las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y han aterrizado en la base militar gala de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de posición y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se produce después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EEUU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra.

Además, ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese acuerdo permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La titular de Defensa ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las dos bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha afirmado el ministro en una entrevista televisiva.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación en Irán después de los ataques lanzados por EEUU e Israel, confirmó a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

Irán, por su parte, respondió con ataques a Israel y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia a las 16:00 horas (21:00 GMT) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo.

Según un portavoz de la presidencia rotatoria, la reunión se convoca tras "la solicitud de varios miembros" del Consejo de celebrar un encuentro de emergencia para este sábado.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió hoy en un comunicado "el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada urgente".

Guterres advirtió de que, de no producirse medidas de contención, la situación podría derivar en "un conflicto regional de consecuencias imprevisibles". 

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto", según recoge EFE.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

"Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio".

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

"Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la "escalada actual" en Oriente Medio es "peligrosa para todos" y que "debe cesar", además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un mensaje en su cuenta de X sostuvo que el "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional".

"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", señaló el mandatario.

Es algo que considera "absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio".

Por otro lado, Macron indicó que "las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican" y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible.

En un momento que califica como "decisivo", aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la "seguridad del territorio nacional" y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

"Francia también está dispuesta a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan", precisó.

En los últimos días, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y República Checa han exigido la destitución de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Y lo han hecho por unas declaraciones que ellos y todo el mundo saben que son falsas. Es el último episodio de una campaña dirigida a silenciar la voz que con más autoridad, rigor y persistencia ha denunciado el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza con la complicidad de gobiernos, medios de comunicación y empresas occidentales. 

El pasado sábado 7 de febrero, Francesca Albanese participó por videoconferencia en un congreso organizado por la cadena de televisión Al Jazeera. Como es habitual en sus intervenciones, Albanese no se limitó a señalar los crímenes del Estado de Israel, sino a todo el sistema que ha sostenido durante décadas la ocupación de Palestina y en los dos últimos años, el genocidio. «El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya proporcionado excusas políticas, cobertura política y apoyo económico y financiero es un desafío», dijo con calma ante la cámara. Y continúo: «El hecho de que la mayoría de los medios occidentales hayan amplificado la narrativa a favor del apartheid y el genocidio es un desafío. Al mismo tiempo, ahí reside una oportunidad. Porque si bien el derecho internacional ha sido atacado en su núcleo, también es cierto que nunca antes la comunidad global había reconocido los desafíos que todos enfrentamos. Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos ni armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común». Así desgranaba ese sistema al que hacía alusión como enemigo de la humanidad. 

Sin embargo, poco después, empezaba a moverse por las redes sociales un vídeo burdamente editado y manipulado en el que parecía que Albanese acusaba a Israel de ser el enemigo de la humanidad. Pese a que no había que dedicar más de 20 segundos a contrastar que era mentira comparándolo con el vídeo original de la conferencia –que Albanese también compartió en sus redes sociales–, la maquinaria de la desinformación ya estaba en marcha. Decenas de medios de todo el mundo replicaron la mentira y varios días después, como se puede constatar en Google, siguen sin rectificar. De esta manera han conseguido que hasta ChatGpt, el asistente de IA más usado en el mundo, dé por verdadera esta falsedad, confirmando paradójicamente la denuncia de la propia Albanese: que los algoritmos y buena parte de los medios de comunicación occidentales están al servicio del relato israelí, legitiman el genocidio y reescriben la historia.

También parte de los gobiernos. En Francia, un grupo de diputados de la derecha han publicado una carta acusándola de “antisemita” y pidiendo al mismo ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que “trabaje” para “que se la despoje de todas sus funciones en la ONU”. Barrot no sólo ha hecho propia la reclamación, sino que le ha atribuido nuevas falsas declaraciones: «Francia condena sin reservas las indignantes y culpables declaraciones de la señora Francesca Albanese, que no se dirigen al Gobierno israelí, cuyas políticas son legítimamente criticadas, sino a Israel como pueblo y nación, lo cual es absolutamente inaceptable». Y continuó: “Sus palabras se suman a una larga lista de posturas escandalosas, como la justificación del 7 de octubre, pero también las invocaciones al lobby judío, o incluso los paralelismos entre Israel y el Tercer Reich». Albanese ha condenado en infinidad de ocasiones los atentados cometidos el 7 de octubre y nunca ha comparado Israel con el Tercer Reich, pero estas calumnias forman ya parte del listado de infamias que la relatora de la ONU ha tenido que soportar en los últimos años. 

A la turba de difamadores se le ha sumado su homólogo alemán, Johann Wadephul, quien ha publicado en X: “Respeto el sistema de los relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ya se ha comportado de manera inadecuada en múltiples ocasiones en el pasado. Condeno sus declaraciones recientes sobre Israel. Su posición es insostenible”. 

El último en sumarse ha sido el Ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, quien ha publicado un comunicado con el siguiente mensaje: “La paciencia tiene un límite. La relatora especial Francesca Albanese debe dimitir de su posición”. Altos representantes de sendos Gobiernos que no han pedido la dimisión de Netanyahu ni de ningún miembro del Gobierno israelí tras más de dos años de genocidio y que, paradójicamente, sí exigen la de quien lo denuncia y quien reclama el cumplimiento del derecho internacional.

Desde la publicación de su libro Refugiados palestinos en el derecho internacional, en coautoría con el jurista Lex Takkenberg y publicado por Oxford University Press en 2020, Albanese ha sufrido las consecuencias de denunciar los crímenes cometidos por Israel. Aún no era relatora de la ONU y ya sufrió acusaciones de antisemitismo, una de las estrategias más empleadas por Israel para silenciar las voces críticas y para blindar su impunidad: acusar de antisemitismo a quienes critiquen las políticas del Gobierno de Tel Aviv. Es decir, igualar antisemitismo –odio y discriminación de las personas judías– con antisionismo –críticas al Gobierno o al proyecto colonial de Israel–. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cuenta desde hace una década con un presupuesto multimillonario para hacer lobby en Estados Unidos y en la Unión Europea con el objetivo de que incorporen en sus legislaciones y castiguen como delito de odio la crítica al sionismo y al Estado de Israel. Y lo ha conseguido: 25 de los 27 Estados miembros de la UE han adoptado esta definición, incluida España. Y lo han hecho pese al rechazo de la mayoría de los intelectuales judíos más respetados del mundo, algunos de los cuales han respaldado públicamente el trabajo de Francesca Albanese a lo largo de su carrera, como el italo-israelí Alon Confino, exdirector del Instituto de Estudios del Holocausto, Genocidio y Memoria en Estados Unidos, y Amos Goldberg, profesor de Historia Judía y Judaísmo Contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

No hay precedentes de una campaña de acoso, criminalización, hostigamiento y demonización de un representante de la ONU como la que está sufriendo Francesca Albanese por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo palestino. Las sanciones que la Administración Trump le ha aplicado, como a seis jueces y cinco fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio, suponen una suerte de muerte civil: no puede tener acceso a cuentas bancarias, ni puede cobrar por su actividad profesional –independientemente de su trabajo como relatora, que desempeña pro bono (sin remuneración)–, ni puede contratar seguros médicos, ni usar programas informáticos de empresas con sede en Estados Unidos ni viajar a su casa de Washington.

Las acusaciones de apoyar el terrorismo que han publicado algunos medios o de “militante de Hamás”, como ha titulado esta misma semana el sionista Corriere della Sera, comprometen su seguridad y la de su familia, además de atentar contra su reputada carrera como jurista internacional. El hecho de que el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, la insultase llamándola "bruja" supone una reactivación del señalamiento de las mujeres libres, críticas y con presencia pública. Y la campaña transnacional a la que estamos asistiendo, liderada por altos mandatarios para lograr su destitución como relatora –basándose no solo en una acusación falsa y fácilmente desmontable, sino peor: haciendo ostentación de que se pueden usar las instituciones públicas para silenciar la verdad mediante una mentira–, supone un nuevo y grave ataque a la credibilidad de los regímenes democráticos europeos, ya muy debilitados por su persistente apoyo a Israel mientras sigue ejecutando un genocidio. 

La maquinaria de odio, inquina y manipulación que Israel y sus aliados mantienen contra Albanese desde hace años es resultado de un estéril intento de opacar su extraordinaria capacidad para evidenciar los numerosos coautores que tiene el genocidio de Gaza, la puntería de sus informes para nombrar a las empresas que se enriquecen con la ocupación y los crímenes de Israel, su lucidez discursiva para demostrar que el movimiento de solidaridad con Palestina ha generado una nueva conciencia que, además, es la respuesta global más potente a la ola reaccionaria y antidemocrática que sufrimos y, también, que se ha convertido en un referente que inspira a millones de personas a defender los derechos humanos. 

La potencia transformadora de su discurso es un desafío para el sistema que, sí, es enemigo de la humanidad. Por eso, es crucial que los Estados verdaderamente comprometidos con la democracia y la legalidad internacional den un paso al frente en su defensa y le ofrezcan mecanismos para recuperar los derechos que le han usurpado las sanciones de Trump. Y que la sociedad civil entone un "Todas somos Francesca Albanese", porque la demonizan a ella para disciplinar a todas las que se atrevan a poner el cuerpo para defender la justicia, el derecho internacional y la dignidad; quieren silenciarla para poder avanzar en el genocidio y la ocupación sin testigos incómodos ni protesta social, quieren expulsarla de la ONU porque representa la esperanza en un mundo regido por órganos de decisión democráticos y multilaterales, y porque frente a la internacional de las élites del odio, Albanese llena siempre los aforos con personas que creen que no hay nada más poderoso que la ternura de los pueblos, como la llamaba Eduardo Galeano. Es decir, la solidaridad.

La Unión Europea se mostró este jueves favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto", informa EFE.

En un comunicado conjunto entre Marruecos y la Unión Europea, reunidos este jueves en su primer Consejo de Asociación desde 2019, la UE "pide a las partes que participen en las conversaciones sin condiciones previas y sobre la base del plan de autonomía propuesto por Marruecos, con el fin de alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Una autonomía verdadera podría representar una solución más viable y anima a las partes a que presenten sus ideas en apoyo de una solución definitiva mutuamente aceptable", apuntan la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita.

A su llegada al Consejo de Asociación con Marruecos, Kallas había avanzado que la posición renovada de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental refleja la última resolución sobre esta cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del pasado mes de octubre, y "subraya el apoyo continuado de la UE para un proceso liderado por la ONU para encontrar una solución sostenible" a este conflicto.

En este contexto, la UE se mostró favorable a los esfuerzos de los representantes de Naciones Unidas "para facilitar y dirigir las negociaciones basándose en el plan de autonomía propuesto por Marruecos".

"La UE ha acogido con satisfacción la voluntad de Marruecos de comprometerse de buena fe con todas las partes interesadas a fin de aclarar las modalidades de este plan de autonomía y explicar cómo se desarrollaría la autonomía en el marco de la soberanía marroquí", se indica en el comunicado.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, no se refirió a la actualización de la posición europea a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE a primera hora de la mañana, pero sí valoró el encuentro con Marruecos y aseguró que España seguirá trabajando para que la relación entre los Veintisiete y Rabat siga al "máximo nivel".

Marruecos, dijo Albares, "aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa"; para España es su segundo cliente fuera de la UE y un país "con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar", añadió.

Según indicó el Consejo de la UE en un comunicado, el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos supone una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre asuntos políticos, económicos y comerciales, democracia y derechos humanos, así como sobre cooperación, incluyendo la migración, la transición ecológica, la innovación, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, los contactos interpersonales y la seguridad. 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar a personas migrantes y subrayó que ayudará a "reforzar la cohesión social".

"Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes", señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de personas que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk. 

Esta noticia también ha saltado a la prensa internacional. El periódico The New York Times en su versión en español publicó la noticia, realzando su importancia y presentando a España como un referente frente al auge de la extrema derecha y su consecuente racismo en el resto del mundo.