China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial, informa EFE.

El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a "coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.

Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, —sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí—, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría "morir toda una civilización, para no volver jamás".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

El bombardeo de la escuela iraní de Minab, que mató a 168 personas, en su mayoría niñas, "causó un horror visceral" y los resultados de las investigaciones que está emprendiendo Estados Unidos deben hacerse públicas, reclamó este viernes el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, según recoge EFE. 

"Pido que la investigación se concluya lo antes posible, y que sus resultados se hagan públicos. Debe haber justicia ante el terrible daño perpetrado", señaló Türk en un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos solicitado por Irán con el apoyo de China y Cuba y centrado en ese ataque.

El bombardeo de la escuela el 28 de febrero, en el primer día de la actual guerra y que según las primeras investigaciones fue perpetrado por fuerzas estadounidenses, "mostró claramente quién paga el mayor precio en las guerras: civiles sin voz en las decisiones que llevan a los conflictos, en este caso estudiantes, profesores, empleados y sus seres queridos", señaló el alto comisionado austríaco.

"Sean cuales sean las diferencias que tengan los países, no se resuelven asesinando a escolares, y para eso existen leyes de la guerra, para proteger a niños y otros civiles en medio de un conflicto, así como escuelas e infraestructuras civiles", destacó.

Türk hizo un llamamiento a Estados Unidos e Israel a que pongan fin a sus ataques a Irán, pero también pidió a las autoridades iraníes que "dejen de atacar a sus vecinos y respeten y protejan los derechos humanos de su población", ante las denuncias de un aumento de la represión dentro del régimen de los ayatolás.

El alto comisionado insistió en que los ataques estadounidenses e israelíes contra zonas densamente pobladas, que han destruido infraestructura civil, plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional. 

El conflicto, del que se cumple casi un mes, "amenaza con expandirse e incrementar el sufrimiento de los civiles", y con tener graves consecuencias económicas en todo el mundo, acrecentando la pobreza y el hambre, subrayó Türk. 

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela en Minab, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra".

Una investigación del diario The New York Times concluyó este mes que Estados Unidos es responsable de la tragedia, que se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense cuando atacó una base militar iraní adyacente a la escuela.

El nuevo gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes que retira su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena, la socialista Michelle Bachelet, para dirigir la ONU, impulsada por la anterior Administración junto a México y Brasil.

En un comunicado oficial difundo a los medios, el ministerio chileno de Asuntos Exteriores explicó: "Hemos llegado a la convicción de que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación". "Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura", agregó.

El nuevo Ejecutivo chileno señaló, no obstante, que "en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet", en el caso de que ella decida continuar con su candidatura, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue Directora ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por el expresidente progresista chileno Gabriel Boric, pocos meses antes de traspasar el poder, el pasado 11 de marzo.

Bachelet, de 74 años, parte entre las favoritas para dirigir la ONU, pues todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general del organismo a escoger a un latinoamericano para el puesto, que por primera vez en la historia podría recaer en una mujer. Durante la campaña electoral chilena, el ultraderechista Kast (60) ya dejó entrever que no apostaba por ella por los signos de oposición a su candidatura por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, al que el nuevo mandatario se muestra afín.

El anuncio coincidió con las críticas este martes al Gobierno chileno por el alza histórico a los precios del combustible, que repercutirá de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y que ha desencadenado malestar y protestas en todo el país.

Los peces migratorios de agua dulce son una de las poblaciones de vertebrados más amenazadas debido a la construcción de presas, la pesca furtiva, la sobrepesca, el cambio climático y la degradación de los hábitats. En un informe publicado este martes, Naciones Unidas estima que su población se ha desplomado en un 81% desde la década de 1970 y docenas de especies están en peligro de extinción, entre ellas medio centenar de especies europeas y 13 que habitan en España.

La conclusión principal del análisis es que estos peces migratorios de río, que a lo largo de su vida atraviesan cuencas fluviales de dos o más países, son extremadamente vulnerables a los cambios en el ecosistema porque necesitan recorrer largas distancias para completar su ciclo de vida. Construir una presa, modificar el cauce de un río, un vertido contaminante o atravesar una zona de pesca intensiva es suficiente para reducir drásticamente su población, y recorrer distancias tan grandes, bajo diferentes jurisdicciones, multiplica las posibilidades de que se enfrenten a estos fenómenos y dificulta su protección.

"Muchas de las grandes migraciones de fauna silvestre del mundo tienen lugar bajo el agua. Este estudio pone de manifiesto que los peces migratorios de agua dulce se encuentran en grave peligro, y que para protegerlos será necesario que los países colaboren con el fin de mantener los ríos conectados, productivos y llenos de vida", opina en un comunicado Zeb Hogan, el investigador líder del informe.

El estudio ha sido realizado por el comité de Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, en inglés) para evaluar si hace falta añadir a su lista de especies en peligro nuevos integrantes, e identifica en total 325 especies, de las que 24 ya estaban hasta ahora incluidas. 50 de ellas habitan en Europa, 205 en Asia, 55 en Sudamérica, 42 en África y 32 en Norteamérica. Para llegar a esta conclusión, han analizado el estado de más de 15.000 especies de peces.

El convenio CMS es vinculante y obliga a los más de 150 países adscritos, entre ellos España, a adoptar medidas de conservación. De las 325 especies que proponen incluir en la lista de protección, 13 viven en ríos y lagos españoles: el sábalo, la lamprea de arroyo, el salmón del Atlántico, el jarabugo, el pejerrey, la lisa dorada, el corcón, el morragute, la lubina, el barbo de Graells, el múgil y la madrilla. La anguila europea también se encuentra en la lista desde la versión anterior de 2011.

La mayoría de las especies en riesgo en España habitan en el Guadiana, el Miño y el Bidasoa, y los tres primeros peces citados –el sábalo, la lamprea y el salmón– figuran además entre 30 especies prioritarias que requieren "una inclusión inmediata" dentro de la lista difundida este martes por la ONU.

Graciela Gómez, profesora en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, opina que la migración de estas especies es esencial para que puedan alimentarse o desovar, y que estas barreras rompen su ciclo y ponen en peligro la alimentación humana, la pesca y la salud de los ecosistemas. "Es una crisis de biodiversidad silenciosa, mucho más grave de lo que la sociedad percibe. Su desaparición amenaza seriamente la salud de nuestros ecosistemas locales y la seguridad alimentaria de muchas comunidades, que dependen históricamente de estas migraciones", escribe Gómez en Science Media Centre.

En función de la situación de urgencia de cada especie, la lista CMS tiene dos rangos de protección. El Apéndice I incluye especies migratorias en peligro de extinción en la totalidad o en una parte significativa de su área de distribución y obliga a los Estados a prohibir su captura –o reducirla al mínimo imprescindible– y a tratar de rehabilitar su hábitat. El Apéndice II supone que una especie necesita de cooperación política entre dos o más países a la hora de protegerla porque las amenazas se suceden a lo largo de toda la cuenca. Algunos animales pueden formar parte de los dos apéndices, si es necesario.

Los autores concluyen también que en el último medio siglo la población de peces migratorios de agua dulce ha caído un 81% en todo el mundo, "lo que los convierte en uno de los grupos de especies silvestres más amenazados del planeta". Los que más han sufrido han sido las variedades de mayor tamaño, conocidas como megapeces, cuya población se ha desplomado en un 94%. Esta última cifra incluye tanto a los migratorios de agua dulce como de agua salada.

Entre los problemas que afectan a estos animales, destacan las barreras fluviales en forma de presas o azudes, que impiden el paso de los peces que remontan el río, o hieren o matan a los ejemplares que se cuelan en las turbinas. La anguila europea es un ejemplo: necesita remontar los ríos para alimentarse antes de regresar al Mar de los Sargazos para desovar. En el caso de las presas hidroeléctricas, alteran drásticamente el caudal de los ríos en función de si descargan o recargan agua, afectando también al movimiento de los peces.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, pidió este lunes que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos.

Albanese, que hizo este llamamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló a los ministros israelíes de Defensa (Israel Katz), Seguridad Nacional (Itamar Ben-Gvir) y Finanzas (Bezalel Smotrich).

En su nuevo informe ante el Consejo, consideró la tortura una versión individual del genocidio que sufre el pueblo palestino y dijo que "Israel ha dado en la práctica una licencia para torturar", antes de recordar que desde octubre de 2023 Israel ha detenido a 18.500 palestinos, incluidos niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha perpetrado maltratos contra muchos de ellos.

Albanese señaló que cerca de un centenar murieron bajo custodia, 4.000 siguen en paradero desconocido y "miles estuvieron detenidos sin cargos, en condiciones inhumanas", denunciando palizas, abusos sexuales y denegación de alimentos y cuidados médicos.

La experta comparó estas torturas con el genocidio que ha sufrido Palestina en su conjunto, ya que, a nivel individual, produce los mismos efectos que se busca infligir a un grupo: "destruir las condiciones que dan sentido a la vida, quitándole dignidad humana". "El pueblo palestino en la actualidad, ya sea en detención, bajo los bombardeos en Gaza o aterrorizado por criminales en uniforme o escuadras de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, está sufriendo el dolor de esta destrucción intencionada", declaró la relatora.

Albanese recalcó que desde el inicio del conflicto el abuso contra los detenidos se ha convertido en una "política estatal" de Israel, sostenida por una "cultura de la tortura". En ese país, "las autoridades presumen abiertamente del sádico tratamiento usado contra los detenidos palestinos, permitiendo además que periodistas y civiles accedan a ver e incluso filmar esas humillaciones", aseguró.

La relatora italiana, que ha sufrido campañas de desacreditación por parte de Israel y también críticas desde Estados Unidos, aseguró en el inicio de su intervención haber sido víctima de "interminables amenazas, insultos y represalias". "Pese a ello, sigo firme en mi decisión de dar testimonio, contar la verdad, y rechazar la complicidad con estos crímenes incesantes", aseguró.

En sus conclusiones, Albanese advirtió que el desprecio al derecho internacional "no se detiene en Palestina", como ya se está haciendo patente "con lo que ocurre con la gente de Irán, Líbano, los países del Golfo y Venezuela, para después probablemente devorar al resto del mundo". 

La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló este lunes que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra "podría llegar a las 17.000", ya que hay otras 10.000 posibles, aún no identificadas. "La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7.000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10.000 personas aún no han sido identificadas", destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

La relatora japonesa señaló que sigue siendo complicado dar cifras sobre esa represión y comentó que ha oído hablar de hasta 40.000 víctimas, pero "sin documentación que explique cómo se llega a esos números".

Respecto a las cifras oficiales de las autoridades iraníes, que hablan de unos 3.000 fallecidos, Sato subrayó que no solo son sensiblemente menores a las que dan organizaciones de la sociedad civil, sino que "añaden la narrativa según la cual muchas fueron asesinadas por terroristas, mercenarios o manifestantes violentos".

Sobre la actual guerra, la relatora insistió en que los ataques de Estados Unidos e Israel "son ilegales según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", aunque subrayó que la situación "aún está evolucionando", por lo que es pronto para concluir si alcanzan o no el nivel de crímenes de guerra. "Sí estoy segura de que son ilegales y de que ya hay muchos civiles muertos, hospitales destruidos, escuelas atacadas e infraestructuras dañadas. Es algo sobre lo que ofreceré más detalles en mi próximo informe", prometió.

Sato concluyó que "está claro que los ataques son ilegales, pero también está claro que Irán tiene graves problemas de derechos humanos, ambas cosas pueden coexistir", por lo que rechazó el argumento dado este lunes por la delegación de Irán ante la ONU según la cual los informes sobre abusos del régimen habían sido utilizados para justificar la agresión al territorio iraní. "No estoy de acuerdo con quienes establecen esa conexión, no es necesario elegir entre condenar los ataques o reconocer los problemas de derechos humanos en Irán", insistió.

La relatora afirmó que la guerra probablemente está exacerbando la represión en Irán y auguró que "si el conflicto termina con una República Islámica debilitada, es posible que haya una represión muy fuerte", como ya ocurrió el pasado año tras la llamada guerra de los doce días. 

Una comisión internacional de derechos humanos de la ONU sobre Irán dijo este lunes que Israel cometió un crimen de guerra el pasado junio cuando -en el contexto de las hostilidades que lanzó contra Irán y que duraron doce días- "atacó intencionalmente" un objetivo civil, la prisión de Evin, según recoge EFE.

En ese ataque murieron al menos ochenta personas, entre ellas ocho mujeres y un niño, precisó la presidenta de la comisión, Sara Hossain, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

Hossain denunció que las autoridades iraníes no protegieron a los detenidos en la prisión de Evin y se negaron a revelar la suerte o el paradero de algunos detenidos trasladados desde allí, en "actos que constituyen desapariciones forzadas". Asimismo, apuntó que tras ese periodo de conflicto armado, las ejecuciones en Irán aumentaron fuertemente y que se llegaron a registrar 1.639 únicamente en 2025, con 464 ejecuciones ocurridas inmediatamente después de que los ataques cesaran, entre julio y septiembre.

Solo en octubre, 222 personas fueron ejecutadas, lo que representó un récord mensual en los últimos 25 años.

"La principal conclusión de nuestras investigaciones es clara: la intervención militar externa no garantiza la rendición de cuentas ni aporta un cambio significativo. Por el contrario, corre el riesgo de intensificar la represión interna por parte de un Estado que recurre a medidas represivas para sofocar la disidencia", declaró Hossain.

En este sentido, señaló que se teme que la actual guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán pueda ocasionar nuevamente un incremento de la represión y terminar castigando a aquellos que se atreven a expresar opiniones distintas a las de la línea oficial.

Igualmente, sobre el conflicto que se está desarrollando, la comisión señaló como preocupantes las declaraciones públicas de altos funcionarios de Estados Unidos apuntando a que "las normas de intervención" establecidas y reconocidas internacionalmente no se aplican a sus hostilidades en Irán. "Seguimos vigilando el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes en el conflicto y recopilando pruebas", advirtió Hossain.

La comisión también se pronunció sobre la represión de las protestas ciudadanas que se iniciaron en Irán en los últimos días de 2025 y continuaron en las primeras semanas de este año, y mencionó la cifra de 7.000 posibles víctimas mortales, así como 50.000 detenidos, aunque no precisó si se tiene información de cuántos seguirían en prisión.

La Unión Europea (UE) celebró este jueves la adopción de la resolución 2817 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que condena los ataques perpetrados por Irán pero no hace referencia a los iniciados por Estados Unidos e Israel contra ese país.

"La UE se hace eco del firme apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania, y condena enérgicamente los ataques de Irán contra sus territorios", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Agregó que esos ataques, "dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del Derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Recordó que los 27 países de la UE han patrocinado esa resolución, presentada por Baréin en nombre de los Estados miembro del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El portavoz dijo que, así, la UE ha reafirmado su solidaridad con esos países, tal y como se expresó también en la reunión telemática conjunta de los ministros de Exteriores de la UE y el CCG celebrada el 5 de marzo, y en la videoconferencia entre los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los líderes de los países de Oriente Medio el día 9.

En el comunicado, el portavoz reiteró el llamamiento de la UE a Irán para "que cese inmediatamente sus ataques".

"La seguridad y la estabilidad de la región del Golfo, así como la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, son pilares fundamentales de la estabilidad de la economía mundial, intrínsecamente vinculados a la seguridad europea y mundial", recalcó.

Además, aseguró que la UE "proseguirá sus esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión y lograr una solución duradera de paz y estabilidad en el Golfo y en toda la región de Oriente Medio".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución en contra de "los ataques atroces" de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto actual.

El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que "exige" a la República Islámica que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos". 

La Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24, como ha recogido EFE.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses han abandonado la base de Rota en las primeras horas de esta madrugada con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EEUU, según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos, han emprendido rumbo noreste, han cruzado parte de la Península y las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y han aterrizado en la base militar gala de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de posición y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se produce después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EEUU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra.

Además, ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese acuerdo permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La titular de Defensa ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las dos bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha afirmado el ministro en una entrevista televisiva.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación en Irán después de los ataques lanzados por EEUU e Israel, confirmó a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

Irán, por su parte, respondió con ataques a Israel y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia a las 16:00 horas (21:00 GMT) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo.

Según un portavoz de la presidencia rotatoria, la reunión se convoca tras "la solicitud de varios miembros" del Consejo de celebrar un encuentro de emergencia para este sábado.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió hoy en un comunicado "el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada urgente".

Guterres advirtió de que, de no producirse medidas de contención, la situación podría derivar en "un conflicto regional de consecuencias imprevisibles". 

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto", según recoge EFE.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

"Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio".

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

"Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la "escalada actual" en Oriente Medio es "peligrosa para todos" y que "debe cesar", además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un mensaje en su cuenta de X sostuvo que el "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional".

"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", señaló el mandatario.

Es algo que considera "absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio".

Por otro lado, Macron indicó que "las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican" y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible.

En un momento que califica como "decisivo", aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la "seguridad del territorio nacional" y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

"Francia también está dispuesta a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan", precisó.

En los últimos días, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y República Checa han exigido la destitución de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Y lo han hecho por unas declaraciones que ellos y todo el mundo saben que son falsas. Es el último episodio de una campaña dirigida a silenciar la voz que con más autoridad, rigor y persistencia ha denunciado el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza con la complicidad de gobiernos, medios de comunicación y empresas occidentales. 

El pasado sábado 7 de febrero, Francesca Albanese participó por videoconferencia en un congreso organizado por la cadena de televisión Al Jazeera. Como es habitual en sus intervenciones, Albanese no se limitó a señalar los crímenes del Estado de Israel, sino a todo el sistema que ha sostenido durante décadas la ocupación de Palestina y en los dos últimos años, el genocidio. «El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya proporcionado excusas políticas, cobertura política y apoyo económico y financiero es un desafío», dijo con calma ante la cámara. Y continúo: «El hecho de que la mayoría de los medios occidentales hayan amplificado la narrativa a favor del apartheid y el genocidio es un desafío. Al mismo tiempo, ahí reside una oportunidad. Porque si bien el derecho internacional ha sido atacado en su núcleo, también es cierto que nunca antes la comunidad global había reconocido los desafíos que todos enfrentamos. Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos ni armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común». Así desgranaba ese sistema al que hacía alusión como enemigo de la humanidad. 

Sin embargo, poco después, empezaba a moverse por las redes sociales un vídeo burdamente editado y manipulado en el que parecía que Albanese acusaba a Israel de ser el enemigo de la humanidad. Pese a que no había que dedicar más de 20 segundos a contrastar que era mentira comparándolo con el vídeo original de la conferencia –que Albanese también compartió en sus redes sociales–, la maquinaria de la desinformación ya estaba en marcha. Decenas de medios de todo el mundo replicaron la mentira y varios días después, como se puede constatar en Google, siguen sin rectificar. De esta manera han conseguido que hasta ChatGpt, el asistente de IA más usado en el mundo, dé por verdadera esta falsedad, confirmando paradójicamente la denuncia de la propia Albanese: que los algoritmos y buena parte de los medios de comunicación occidentales están al servicio del relato israelí, legitiman el genocidio y reescriben la historia.

También parte de los gobiernos. En Francia, un grupo de diputados de la derecha han publicado una carta acusándola de “antisemita” y pidiendo al mismo ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que “trabaje” para “que se la despoje de todas sus funciones en la ONU”. Barrot no sólo ha hecho propia la reclamación, sino que le ha atribuido nuevas falsas declaraciones: «Francia condena sin reservas las indignantes y culpables declaraciones de la señora Francesca Albanese, que no se dirigen al Gobierno israelí, cuyas políticas son legítimamente criticadas, sino a Israel como pueblo y nación, lo cual es absolutamente inaceptable». Y continuó: “Sus palabras se suman a una larga lista de posturas escandalosas, como la justificación del 7 de octubre, pero también las invocaciones al lobby judío, o incluso los paralelismos entre Israel y el Tercer Reich». Albanese ha condenado en infinidad de ocasiones los atentados cometidos el 7 de octubre y nunca ha comparado Israel con el Tercer Reich, pero estas calumnias forman ya parte del listado de infamias que la relatora de la ONU ha tenido que soportar en los últimos años. 

A la turba de difamadores se le ha sumado su homólogo alemán, Johann Wadephul, quien ha publicado en X: “Respeto el sistema de los relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ya se ha comportado de manera inadecuada en múltiples ocasiones en el pasado. Condeno sus declaraciones recientes sobre Israel. Su posición es insostenible”. 

El último en sumarse ha sido el Ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, quien ha publicado un comunicado con el siguiente mensaje: “La paciencia tiene un límite. La relatora especial Francesca Albanese debe dimitir de su posición”. Altos representantes de sendos Gobiernos que no han pedido la dimisión de Netanyahu ni de ningún miembro del Gobierno israelí tras más de dos años de genocidio y que, paradójicamente, sí exigen la de quien lo denuncia y quien reclama el cumplimiento del derecho internacional.

Desde la publicación de su libro Refugiados palestinos en el derecho internacional, en coautoría con el jurista Lex Takkenberg y publicado por Oxford University Press en 2020, Albanese ha sufrido las consecuencias de denunciar los crímenes cometidos por Israel. Aún no era relatora de la ONU y ya sufrió acusaciones de antisemitismo, una de las estrategias más empleadas por Israel para silenciar las voces críticas y para blindar su impunidad: acusar de antisemitismo a quienes critiquen las políticas del Gobierno de Tel Aviv. Es decir, igualar antisemitismo –odio y discriminación de las personas judías– con antisionismo –críticas al Gobierno o al proyecto colonial de Israel–. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cuenta desde hace una década con un presupuesto multimillonario para hacer lobby en Estados Unidos y en la Unión Europea con el objetivo de que incorporen en sus legislaciones y castiguen como delito de odio la crítica al sionismo y al Estado de Israel. Y lo ha conseguido: 25 de los 27 Estados miembros de la UE han adoptado esta definición, incluida España. Y lo han hecho pese al rechazo de la mayoría de los intelectuales judíos más respetados del mundo, algunos de los cuales han respaldado públicamente el trabajo de Francesca Albanese a lo largo de su carrera, como el italo-israelí Alon Confino, exdirector del Instituto de Estudios del Holocausto, Genocidio y Memoria en Estados Unidos, y Amos Goldberg, profesor de Historia Judía y Judaísmo Contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

No hay precedentes de una campaña de acoso, criminalización, hostigamiento y demonización de un representante de la ONU como la que está sufriendo Francesca Albanese por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo palestino. Las sanciones que la Administración Trump le ha aplicado, como a seis jueces y cinco fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio, suponen una suerte de muerte civil: no puede tener acceso a cuentas bancarias, ni puede cobrar por su actividad profesional –independientemente de su trabajo como relatora, que desempeña pro bono (sin remuneración)–, ni puede contratar seguros médicos, ni usar programas informáticos de empresas con sede en Estados Unidos ni viajar a su casa de Washington.

Las acusaciones de apoyar el terrorismo que han publicado algunos medios o de “militante de Hamás”, como ha titulado esta misma semana el sionista Corriere della Sera, comprometen su seguridad y la de su familia, además de atentar contra su reputada carrera como jurista internacional. El hecho de que el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, la insultase llamándola "bruja" supone una reactivación del señalamiento de las mujeres libres, críticas y con presencia pública. Y la campaña transnacional a la que estamos asistiendo, liderada por altos mandatarios para lograr su destitución como relatora –basándose no solo en una acusación falsa y fácilmente desmontable, sino peor: haciendo ostentación de que se pueden usar las instituciones públicas para silenciar la verdad mediante una mentira–, supone un nuevo y grave ataque a la credibilidad de los regímenes democráticos europeos, ya muy debilitados por su persistente apoyo a Israel mientras sigue ejecutando un genocidio. 

La maquinaria de odio, inquina y manipulación que Israel y sus aliados mantienen contra Albanese desde hace años es resultado de un estéril intento de opacar su extraordinaria capacidad para evidenciar los numerosos coautores que tiene el genocidio de Gaza, la puntería de sus informes para nombrar a las empresas que se enriquecen con la ocupación y los crímenes de Israel, su lucidez discursiva para demostrar que el movimiento de solidaridad con Palestina ha generado una nueva conciencia que, además, es la respuesta global más potente a la ola reaccionaria y antidemocrática que sufrimos y, también, que se ha convertido en un referente que inspira a millones de personas a defender los derechos humanos. 

La potencia transformadora de su discurso es un desafío para el sistema que, sí, es enemigo de la humanidad. Por eso, es crucial que los Estados verdaderamente comprometidos con la democracia y la legalidad internacional den un paso al frente en su defensa y le ofrezcan mecanismos para recuperar los derechos que le han usurpado las sanciones de Trump. Y que la sociedad civil entone un "Todas somos Francesca Albanese", porque la demonizan a ella para disciplinar a todas las que se atrevan a poner el cuerpo para defender la justicia, el derecho internacional y la dignidad; quieren silenciarla para poder avanzar en el genocidio y la ocupación sin testigos incómodos ni protesta social, quieren expulsarla de la ONU porque representa la esperanza en un mundo regido por órganos de decisión democráticos y multilaterales, y porque frente a la internacional de las élites del odio, Albanese llena siempre los aforos con personas que creen que no hay nada más poderoso que la ternura de los pueblos, como la llamaba Eduardo Galeano. Es decir, la solidaridad.

La Unión Europea se mostró este jueves favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto", informa EFE.

En un comunicado conjunto entre Marruecos y la Unión Europea, reunidos este jueves en su primer Consejo de Asociación desde 2019, la UE "pide a las partes que participen en las conversaciones sin condiciones previas y sobre la base del plan de autonomía propuesto por Marruecos, con el fin de alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Una autonomía verdadera podría representar una solución más viable y anima a las partes a que presenten sus ideas en apoyo de una solución definitiva mutuamente aceptable", apuntan la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita.

A su llegada al Consejo de Asociación con Marruecos, Kallas había avanzado que la posición renovada de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental refleja la última resolución sobre esta cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del pasado mes de octubre, y "subraya el apoyo continuado de la UE para un proceso liderado por la ONU para encontrar una solución sostenible" a este conflicto.

En este contexto, la UE se mostró favorable a los esfuerzos de los representantes de Naciones Unidas "para facilitar y dirigir las negociaciones basándose en el plan de autonomía propuesto por Marruecos".

"La UE ha acogido con satisfacción la voluntad de Marruecos de comprometerse de buena fe con todas las partes interesadas a fin de aclarar las modalidades de este plan de autonomía y explicar cómo se desarrollaría la autonomía en el marco de la soberanía marroquí", se indica en el comunicado.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, no se refirió a la actualización de la posición europea a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE a primera hora de la mañana, pero sí valoró el encuentro con Marruecos y aseguró que España seguirá trabajando para que la relación entre los Veintisiete y Rabat siga al "máximo nivel".

Marruecos, dijo Albares, "aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa"; para España es su segundo cliente fuera de la UE y un país "con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar", añadió.

Según indicó el Consejo de la UE en un comunicado, el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos supone una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre asuntos políticos, económicos y comerciales, democracia y derechos humanos, así como sobre cooperación, incluyendo la migración, la transición ecológica, la innovación, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, los contactos interpersonales y la seguridad. 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar a personas migrantes y subrayó que ayudará a "reforzar la cohesión social".

"Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes", señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de personas que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk. 

Esta noticia también ha saltado a la prensa internacional. El periódico The New York Times en su versión en español publicó la noticia, realzando su importancia y presentando a España como un referente frente al auge de la extrema derecha y su consecuente racismo en el resto del mundo.

Sin embargo, el “gallito” de Trump reiteró sus señalamientos contra el régimen chavista, denunciando la existencia de cámaras de tortura en Venezuela y burlándose de quienes se manifiestan en respaldo del expresidente venezolano.

¡Imbécil donde los haya, este Trump!

Por otro lado, los gobiernos de Cuba y Venezuela publicaron una lista de 55 muertos durante la operación Resolución Absoluta, entre ellos 32 militares cubanos del grupo de élite conocido como las Avispas Negras, responsables de la seguridad de Maduro.

Luego, el “superpoderoso” ministro chavista Diosdado Cabello ha elevado a más de 100 los asesinados, militares y vecinos, como daños colaterales en la operación militar norteamericana.

Pero ni los jefes militares estadounidenses ni los de Venezuela dieron explicación alguna de cómo murieron muchos civiles venezolanos y/o militares cubanos durante los ataques de EE.UU. 

Mientras, el gobierno de Cuba confirmó el domingo que 32 de sus ciudadanos, "quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior", habían muerto en los ataques estadounidenses en Caracas para secuestrar a Maduro. ¿Asesinatos que quedarán impunes?

Por su parte, hipócritamente, la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en honor "a los jóvenes mártires que dieron su vida en la defensa de nuestro país". Y luego, ¿no hace nada ni protesta ni investiga este atroz ataque?

El equipo gubernamental de Trump justifica esta operación militar e intenta disipar su preocupación por la no aprobación del Congreso de EEUU. (Los ataques contra Venezuela y la detención de Maduro por parte de la Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense).

Pero eso no le ha parado los pies ni las manos. Aunque en un futuro podría convertirse en un asunto espinoso para la administración Trump. Por ley, el presidente necesita de dicha aprobación si se trata de una operación militar estadounidense contra Venezuela. 

Y es que el atrevimiento de Donald Trump es insaciable, pues ni corto ni perezoso aludió hace unos días a que él (y su país) gobernaría Venezuela durante un tiempo ahora que Maduro había sido derrocado.

Algunos analistas afirman que la administración Trump debe afrontar las consecuencias por sus acciones en Venezuela. Si no, podría haber repercusiones muy graves para otros conflictos latentes a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad de la ONU para mantener un orden internacional basado en normas se ve claramente cuestionada. Pero hasta ahora no han podido hacer nada. 

Ningún gabinete de abogados, o fiscales, de USA, Venezuela, UE o la ONU, ha denunciado la muerte (asesinato) de varios vecinos a la residencia del matrimonio Maduro, y no digamos de los guardias del presidente, que eran cubanos.

Una cosa es secuestrar a un presidente (captura ilegal). Y otra es asesinar además a personas inocentes, entre otros daños colaterales mortales que se deben investigar y penar.

Se debe exigir responsabilidad penal a Trump y a su equipo de gobierno a nivel nacional e internacional.

¿Y el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, de qué va, vacilando y humillándose ante Trump? Menos mal que aún hay algunos países serios en la OTAN. Los especialistas no dudan de que el ataque de EEUU a Venezuela supone una violación de la Carta de la ONU. Y más con la responsabilidad criminal de los 100 fallecidos (asesinados) en la “Operación Resolución Absoluta”. Pero creen que es muy improbable que Washington se enfrente a algún tipo de sanción por su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. 

Por su parte, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha denunciado en el Consejo de Seguridad la "violación flagrante" de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y ha reivindicado el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Nicolás Maduro.

Varios diplomáticos de la ONU han acusado a EE.UU. de un "ataque armado ilegítimo carente de toda justificación jurídica contra Venezuela", que implicó "bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente y de su mujer." 

Y para más inri están la intimidación militar a Groenlandia porque le apetece a Trump; los insultos y amenazas a Irán, y de paso a Colombia y a México. Todo para él y para el trumpismo y sus negocios de petróleo, operaciones inmobiliarias, venta de armamento, extracción de metales raros, etc.

Varios países (de la OTAN) acusan a Trump de incitar a la violencia y amenazar la soberanía de Groenlandia en una carta enviada a la ONU. En la misiva remitida al Consejo de Seguridad acusan a Trump de violar el derecho internacional (lo mismo que les dijo Irán a los enviados del mandatario yanqui).

Y es que el payasete Trump, en sus delirios imperiales, quiere "cargarse" la ONU y la OTAN actuales. No les sirven ya para sus intereses expansionistas.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno palestino denunció este miércoles la "ruptura de todas las reglas y normas del derecho internacional" con la destrucción a manos de las autoridades israelíes de infraestructuras en la sede de la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) en Jerusalén Este.

El portavoz de la agencia, Jonathan Fowler, calificó este martes de "un ataque sin precedentes" la demolición a manos de Israel de varios edificios de esta organización en su sede, y dijo que debería ser "una señal de alarma". "Se trata de un ataque sin precedentes contra la UNRWA y sus instalaciones, y también constituye una grave violación del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas", dijo Fowler en un mensaje de voz a EFE. "Esto es una gran fuente de preocupación, ya que debería ser una señal de alarma: lo que le ocurre hoy a la UNRWA puede ocurrirle a cualquier otra misión internacional o diplomática en todo el mundo. Esto tiene que terminar", recalcó.

Según su relato y el de fuentes de la gobernación de Jerusalén, pasadas las 7:00 (5:00 GMT) de la mañana del martes, un contingente de soldados y policías irrumpieron en la sede de la UNRWA en el barrio de Sheij Jarrah, en el ocupado Jerusalén Este, y tras expulsar a los guardias de seguridad dieron paso a una excavadora que comenzó a demoler las instalaciones.

El Ministerio palestino resaltó que se trata de una "clara violación de las obligaciones de Israel como potencia ocupante", ya que este país ocupa Jerusalén Este, territorio palestino, desde 1967, y se anexionó esta parte de la ciudad en 1980. "El Ministerio subraya que ninguna legislación o decisión promulgada por las autoridades de ocupación tiene efecto jurídico alguno sobre la condición jurídica de la UNRWA ni sobre su presencia y actividades en el territorio palestino ocupado", asevera la entidad gubernamental en el texto.

Este asalto se produce después de que el pasado 14 de enero fuerzas israelíes irrumpieran en un centro de salud de la UNRWA dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este y ordenaran su cierre. También está previsto que se corte el suministro de agua y electricidad a todas sus instalaciones, incluyendo los sus centros de salud y educación, en las próximas semanas. "Esto es consecuencia directa de la legislación aprobada por el parlamento israelí en diciembre (de 2025), que reforzó las leyes anti-UNRWA adoptadas en 2024", denunció en X el jefe de la UNRWA, Philipe Lazzarini.

En enero de 2025, entraron en vigor dos leyes que convertían a la UNRWA en ilegal en territorio israelí y establecían una política 'de no contacto' con organizaciones gubernamentales y otras entidades israelíes; lo que en la práctica dificulta que siga operando también en Cisjordania y Gaza ocupadas.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad -garantizada como entidad de la ONU- y decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este.

El Secretario General ONU, António Guterres, exigió este martes a Israel que cese "inmediatamente" la demolición de la sede y le instó a que "devuelva y restaure el complejo". Guterres condenó "enérgicamente" las medidas adoptadas por las autoridades israelís contra la sede de la agencia de la ONU en Sheikh Jarrah, un barrio predominantemente palestino del este de Jerusalén.

"Este recinto es inviolable e inmune a cualquier otra forma de interferencia", afirmó en un mensaje en X.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció la ruptura "inmediata" de relaciones de Israel con siete agencias de las Naciones Unidas y entidades vinculadas a esta organización, entre ellas ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones, informa EFE.

"Tras examinar y debatir la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales", anunció Saar en un comunicado detallando las siete entidades.

Noticia en ampliación

El Ejército de Israel ha demolido más de 2.500 edificios en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según un análisis de imágenes satelitales de Planet Labs publicado este lunes por The New York Times (NYT), informa EFE.

La investigación del periódico neoyorquino revela que Israel no solo ha demolido edificios en las zonas de la Franja que están dentro de la conocida como 'línea amarilla', el punto al que se retiraron las tropas como parte del acuerdo del alto el fuego, sino también en el resto del enclave, incluso a más de 200 metros de esta nueva frontera, donde viven los gazatíes bajo control de Hamás.

Esos derribos se observan en las imágenes satelitales analizadas por el NYT, en las que se ven cómo edificios que estaban intactos poco después de la entrada en vigor de la tregua en barrios que no están en la 'línea amarilla' han quedado ahora reducidos a escombros.

Lo cierto es que medios palestinos y gazatíes han venido difundiendo vídeos en estos tres últimos meses de tregua sobre demoliciones prácticamente diarias de edificios residenciales en diferentes puntos de la Franja.

De hecho, una evaluación de la ONU ya señaló que, el 11 de octubre de 2025, más del 80% de las estructuras de Gaza estaban dañadas o destruidas por los bombardeos israelíes.

La versión del Gobierno de Benjamin Netanyahu es que estas demoliciones se han llevado a cabo en túneles subterráneos utilizados por Hamás y la Yihad Islámica y en edificios residenciales con trampas explosivas con el objetivo de desmilitarizar el enclave.

Para el grupo islamista Hamás, estas demoliciones suponen "una violación" del acuerdo de 20 puntos del alto el fuego auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que también se adhirió Israel.

"El acuerdo es claro. Destruir casas y propiedad de la gente no está permitido. Son acciones hostiles", dijo recientemente Hussam Badran, un alto cargo de Hamás en Qatar, al canal catarí de noticias Al Jazeera.

El punto tres de este plan recoge: "Se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas".

Al menos seis niños han muerto a causa del frío y la falta de refugio adecuado en la Franja de Gaza en lo que va de invierno, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave, tras el fallecimiento de un bebé y un niño de 4 años, informa EFE.

"Un bebé de 7 días y un niño de 4 años murieron a causa del frío extremo, lo que eleva a seis el número total de muertes infantiles por frío desde el comienzo del invierno", detalló el Ministerio en un comunicado, sobre dos defunciones registradas ayer.

El viernes, otro bebé de dos meses falleció en la ciudad de Gaza, según Sanidad, debido al fuerte descenso de temperaturas y "la falta de calefacción y refugios seguros y la escasez de mantas y ropas de invierno".

Desde finales de noviembre las temperaturas se han desplomado en Gaza, además de intensas lluvias y viento como ocurrió el pasado jueves, que inundaron tiendas de campaña y dañaron ropa, mantas y pertenencias de los palestinos.

Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, y que han causado más de 71.400 palestinos muertos, gran parte de la población continúa malviviendo en tiendas de campaña; mientras la ONU pide al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes.

Además, pese al alto el fuego, Israel ha matado al menos a 442 palestinos en Gaza, donde aún controla el 54% de la Franja desde la denominada ‘línea amarilla’; desde donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega, sin pruebas, se acercan demasiado a las tropas.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva divisoria, que debería ser temporal según el acuerdo, intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

La Unión Europea y algunos de sus países miembros, así como la ONU, censuraron este viernes el bloqueo de internet y la telefonía que está marcando la decimotercera jornada de protestas de Irán, donde miles de personas, ahora incomunicadas, claman contra la situación económica del país y contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Las conexiones se perdieron en la tarde del jueves, por lo que, sin redes sociales, aplicaciones de mensajería o páginas web disponibles, llega a cuentagotas la información sobre las protestas que se suceden desde el 28 de diciembre en decenas de ciudades de un vasto país que tiene más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 86 millones de habitantes.

En este viernes de escasa comunicación, en el que la ONG Iran Human Rights (con sede en Oslo, Noruega) notificó 51 muertos en los trece días de protestas, el servicio en farsi de la BBC ofrece, por ejemplo, breves vídeos que muestran riadas de personas caminando por las calles iraníes en las masivas protestas del jueves.

En las imágenes, los manifestantes hacen sonar las bocinas de sus coches o queman un gran cartel con fotos de comandantes asesinados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La BBC persa también recoge una conversación con un residente de la ciudad de Shiraz, que pudo decir al medio, antes de que se le acabara la pasajera conexión, que en su zona "todos hicieron fila para obtener gasolina y pan" durante la jornada de hoy.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunció las restricciones de acceso a internet tras ser criticada por la embajada iraní en Bélgica, que tachó a la política comunitaria de "hipócrita" por apoyar a los manifestantes iraníes y ser laxa con la guerra de Gaza.

"Debe ser estupendo poder tuitear desde Europa y usar internet libremente para discrepar públicamente con los líderes, sin ser arrestados, golpeados, y sin que se inutilicen las telecomunicaciones del país. Eso es lo que pide la gente en las calles de Irán...", escribió Metsola este viernes en su cuenta personal de X.

También se pronunció la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, para quien es "inaceptable" la represión de las autoridades iraníes contra las protestas de "manifestantes pacíficos".

"Cortar el acceso a internet mientras se reprimen violentamente las protestas deja al descubierto a un régimen que teme a su propio pueblo", manifestó Kallas en la red social BlueSky.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a investigar de forma "rápida" y "transparente" todas las muertes que se están produciendo en las masivas protestas de Irán.

"Los responsables de cualquier violación (de los derechos humanos) deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales", subrayó Türk, quien señaló su preocupación tanto por los "actos violentos" que se están produciendo en Irán como por el "bloqueo" de internet y de las comunicaciones.

Y, en una declaración conjunta, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, condenaron "enérgicamente" el "asesinato" de manifestantes en Irán y pidieron "moderación" a las autoridades de Teherán.

"Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad iraníes y condenamos enérgicamente el asesinato de manifestantes", señalaron los tres mandatarios.

También este viernes, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, respondió -en un mensaje reproducido por la televisión local- al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste venga advirtiendo de que Washington irá "al rescate" de los iraníes si el régimen, como "acostumbra", "dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos".

"Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; Estados Unidos enfrenta numerosos problemas internos", recomendó Jameneí.

Además de aseverar que "la mano de Trump está manchada con la sangre de más de 1.000 iraníes que murieron en la agresión estadounidense-israelí" de junio de 2025 (la conocida como "guerra de los doce días"), el líder iraní se refirió a los ciudadanos que estos días se manifiestan en las calles de las ciudades del país.

Algunos son "alborotadores que vandalizan la propiedad nacional y complacen al presidente de Estados Unidos", dijo el ayatolá, contra quien se han escuchado consignas en las manifestaciones, contestadas con gran despliegue policial.

Mientras tanto, Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, alentó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes y pidió a Donald Trump que esté "preparado" para "intervenir" en el país y "ayudar" al pueblo iraní.

"El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido (a Trump) que nos ayude. Usted ha demostrado, y yo sé, que es un hombre de paz y un hombre de palabra. Por favor, esté preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán", escribió en X el hijo del último sha de Irán (Mohammad Reza Pahlaví, que reinó hasta la revolución islámica de 1979).