¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando la ciudadanía se entregó en brazos de su poderoso poder. No han faltado en estos años los agasajos, las celebraciones, las festividades, los aniversarios. Todo ha sido un rosario de alegrías que con el paso del tiempo han ido mermando hasta quedarse como una mojama, hasta convertirse en  filete seco  y casi salobre, que a fuerza de secado ha perdido su salero. Alguien dijo que “un hombre se divorcia, cuando encuentra a otra mujer; y una mujer se divorcia, cuando se encuentra a sí misma”. Cuando la vida se complica, no se puede perder mucho tiempo en buscar culpables y aventar infidelidades. No podemos decir que el poder se ha entregado a los brazos rollizos de los mercados y ha olvidado las ternuras que le propiciaba la ciudadanía, pero sí podemos pensar que se ha instalado, como se ve fácilmente, al levantar nuestras vistas y nuestras mentes, en la corte del imperio.                                                                                                                       

Alguien nos contó que “mirando alrededor, se daba cuenta de que era utilizada”, pero también era una mujer de las que aman demasiado. Cuando se ama demasiado se puede entrar en una espiral casi suicida, una relación casi autista que cada día cobra más distancia. Estamos a pocos pasos de una gran distancia, sin apenas levantar la vista, porque se comprende, se da por sabido, que “las cosas son como son”, sin caer en la cuenta de poder pensar: “hasta que dejan de serlo”.                                     

Conocemos a infinidad de hombres “buenos en su trabajo, incluso”, pero que se creen dueños de todo su salario y disponen de él a su antojo, sin reparar en que han adquirido un compromiso conyugal o familiar. Hay muchísimos casos en que la mujer se ha tenido que tirar a la calle para fregar suelos, por lo menos, para poder sacar su casa y su prole adelante. Cuando la mujer recupera su conciencia y no renuncia a sus obligaciones familiares, empieza a pensar que no tiene que aguantar mentiras ni penurias.

 La ciudadanía ha tomado conciencia, la ciudadanía se ha encontrado consigo misma y se echa a la calle. Los que siguen con la matriz de súbditos no sienten que están siendo utilizados ni se percatan de que su querido poder ha encontrado cómo alegrar su vida, sin reparar en las privaciones a las que condena a su propia compañera de vida y viaje. Puede haber sucedido que incluso los súbditos no hayan oído la voz del pueblo que nos dice que “del amo y el mulo mientras más lejos más seguro”. Tampoco parece que no nos hayamos enterado de que no se trata de cambiar de amo, sino de que los amos dejen de serlo. Sobre todo, si se trata de un asalto a voto armado, sobre todo, de mentiras, de cheques en blanco y de leyes del embudo.

No sabemos si la historia se repite o si la historia es infinita o si, al menos, es cíclica. Desde los ya pasados siglos vienen los ecos de aquel “buen vasallo, si tuviese buen señor”, que ha llegado de boca en boca hasta nuestros días. Es el boca a boca, quien lleva y trae la información, la noticia, el dicho o el canto popular, que rueda entre todos y se presta a convocar un corro de oídos, que están como nuevos, porque no han sido atendidos. Un corro amplio que ansía que le hablen de sus cosas importantes, donde se escucha más que se habla, donde se aprende más que se enseña, donde, incluso, se piensa más que se aplaude.

La ciudadanía puede ser ignorante de muchas cosas, pero no puede consentir por mucho más tiempo ser ignorada. Por eso la ciudadanía abandona el ordeno y mando del imperio y se reúne en la plaza, para escuchar y aprender y no para oír palabras vacías y oscuras, que el poder tilda “de meridiana claridad”, y que se clonan hasta el infinito. La ciudadanía sale de sus casillas, se encuentra consigo misma y se resuelve en visible, porque la visibilidad le cura aquella alergia que le producía el haber sido ignorada.

Si el poder se encastilla, se tira al monte, se camufla en el maquis de los mercados, será difícil su aproximación al pueblo. Además nadie lo reconocería por haber estado tanto tiempo alejado de su gente, pues quiso que lo dejaran solo. Sobre todo, se perderá el vivo murmullo de la plaza al atardecer, a la hora en que las golondrinas se congregan, en corro, antes de retirarse a descansar a sus nidos para soñar.

Quizá por todos los derrumbes de derechos, por toda la construcción de privilegios, por toda la proliferación de corrupciones y por toda la ingeniería financiera, la ciudadanía está ya que no se quiere casar con nadie. No quiere que le engañen más y por eso, no quiere promesas de rebaja, sino programas que sepan cubrir las verdaderas necesidades de la gente, sin rebajas ni componendas frágiles y que les haga acudir a las urnas, en la única ocasión en que se les concede participar, a pesar de las leyes tan conservadoras que jalonan la participación ciudadana. No podemos perder otros cincuenta años.

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

"La generación inquilina es toda la población que no puede acceder a una vivienda en propiedad. Pero esta exclusión no es por voluntad propia o por falta de esfuerzo, sino que tiene que ver con los condicionantes estructurales de la economía y la política". Así explica el sociólogo Javier Gil (Madrid, 1985) el concepto que sirve de título para su último libro: Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad (Capitán Swing, 2026). "Igual que existe un salario mínimo, se necesita un alquiler máximo", señala el investigador del CSIC, que ve en la cooperación y en las plataformas sociales una herramienta clave para mostrar las grietas del planteamiento económico que nos ha llevado a la crisis de vivienda. El libro trata de mostrar los resortes de poder que hay detrás de la impresionante rentabilidad del mercado inmobiliario y la capacidad real de la política para frenar esas dinámicas. "La retirada deliberada del Estado de determinados ámbitos económicos es precisamente lo que ha abierto el espacio para que entren actores privados como los fondos de inversión", protesta en un momento del texto.

Además de una generación que ha perdido el pulso al mercado inmobiliario, habla de un sistema económico que ha hecho más grande el problema. ¿Cómo ha ocurrido esto?

La sociedad de propietarios es un proyecto central para el desarrollo de las economías capitalistas desde los años setenta, que transformó a la clase trabajadora en propietaria como un proyecto ideológico y político para mantener la cohesión social en un contexto de pérdida de derechos. Pero en 2008 ese sistema estalla. La vivienda empieza a entenderse como un elemento especulativo y financiero y se concentra en manos de los inversores.

¿Aquí empieza el nuevo paradigma de desigualdad?

Eso hace que suban los precios de la vivienda y que la población no pueda acceder a una casa porque el precio, empujado por una demanda especulativa, se desacopla de los salarios. Aquí surge esta generación inquilina que no puede comprar esas casas, pero tiene que vivir en las viviendas de los inversores.

El problema es que los activos se gestionan de manera agresiva para obtener mucha rentabilidad y eso provoca la frustración de las aspiraciones sociales y del bienestar de las nuevas generaciones. 

Hay una brecha de riqueza entre quienes son propietarios y quienes no, pero ¿existe también una lucha generacional?

En 1987, comprar una casa equivalía a tres años de salario; ahora mismo, una persona joven necesita 14 años. En 2004 el banco te financiaba el 120% o el 110% de la hipoteca y eso nos llevó al estallido de la burbuja. Vemos que las generaciones más mayores vivieron en sociedades donde los bancos, la política, los gobiernos o el Estado facilitaban que te compraras una casa. Y eso ya no sucede.  Pero esto no tiene que ver con boomers o millennials, sino con las sociedades en las que ha vivido cada generación.

El problema de la vivienda no es algo que tenga que ver con los méritos individuales de las personas o de las generaciones, el problema es estructural. El problema no es el jubilado que vive en una vivienda de su propiedad, sino el inversor que la está comprando para ponerla en alquiler porque tiene dinero y se lo puede permitir.

¿La vivienda es un canal para multiplicar el patrimonio de quienes más tienen?

De un lado están las empresas, fondos de inversión inmobiliaria e incluso los hogares de renta alta, que tienen dinero, acceso al crédito y compran casas en las que no van a vivir y con las que se hacen más ricos. Y por otro lado está la generación inquilina de la que hablo, una mayoría social que con los salarios no puede acceder a la propiedad ni al crédito.

En el libro dice que “cuando el sistema premia la posesión de activos y castiga el esfuerzo, la promesa meritocrática se quiebra". ¿Ha sido este uno de los detonantes del descontento o el voto a la extrema derecha? 

Esto rompe con los valores centrales de nuestra sociedad y genera desafección porque, aunque tengas trabajo, aunque hayas estudiado, el sistema no puede ofrecerte el principal elemento de estabilidad vital, que es la vivienda.

La población siente que el sistema ya no funciona, se cuestiona la propia democracia o prolifera el voto a la extrema derecha. Porque de alguna manera la gente piensa que la promesa que les habían hecho de que si trabajaban, estudiaban y se esforzaban, podían acceder a un bienestar y a una vida digna, ya no funciona.

¿La solución pasa por cambiar las coordenadas de nuestro sistema económico?

La vivienda es un tema donde hay muchísimo dinero en juego. Yo hablo de "planificación rentista" y de "gobernanza rentista" porque hay una política supranacional en las instituciones, en los bancos centrales, en la Comisión Europea, etc., donde se encuentra la raíz del problema, y la gente empieza a verlo ahora y a traducir su malestar en acción colectiva o en cauces de acción política.

Aquí los gobiernos autonómicos también tienen mucha responsabilidad. Lo estamos viendo en el enfrentamiento ahora mismo en política de vivienda entre Cataluña y Madrid. La política de vivienda de Madrid es la política de la especulación, es favorecer que cada vez haya más concentración de la propiedad, más especuladores, más fondos de inversión, más libre mercado, inquilinos con menos derechos, etcétera. En cambio, Cataluña está aprobando políticas superinnovadoras en materia de vivienda.

¿La crisis ha cambiado nuestra sensibilidad cuando hablamos de intervenir el mercado?

Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Berlín. Donde se celebró un referéndum para expropiar a los grandes caseros del país y salió con un 56% de los votos a favor. Entonces, políticas o medidas que hace diez años nos parecerían impensables porque a priori son contrarias al sentir habitual de la gente, empiezan a ganar popularidad en un contexto de crisis de vivienda y generan un cambio de opinión que abre la puerta a políticas nuevas.

Señala que el Estado tiene un papel importante y que "igual que existe un salario mínimo, se necesita un alquiler máximo". ¿Por qué no hay medidas más ambiciosas? ¿No se está midiendo bien el problema que supone la vivienda para la gente?

No lo estamos midiendo bien no porque no se pueda medir, sino porque no quieren que se mida. Porque quieren precisamente que se pueda seguir generando mucha rentabilidad de la inversión inmobiliaria.

El salario mínimo busca garantizar que en esta sociedad, si trabajas, puedas vivir dignamente. Y eso es un elemento central de nuestras sociedades, que más o menos se cumple en la mayoría de los países del norte global. Con la vivienda eso se está rompiendo, porque lo que empezamos a ver es que da igual que trabajes, da igual que tengas múltiples trabajos, porque la situación de la vivienda no te va a garantizar una vida digna. ¿De qué sirve que tu salario suba un 10% si tu casero te sube el alquiler un 60%?, porque eso es lo que ha subido en Madrid durante los últimos cinco años.

Aboga por la "cooperación" frente a la "economía de activos" y propones "reconstruir la vida comunitaria en torno a los bloques de vecinos" ¿Qué puede hacer la comunidad?

Las luchas sociales cada vez son más importantes, porque los ataques al estado del bienestar están más presentes y se harán necesarios más vínculos sociales. De la misma manera que se debe reconstruir el lazo comunitario, entre vecinos, hay que reconstruir formas organizativas comunitarias que permitan la acumulación de fuerzas para no empezar siempre las luchas desde cero. 

Este viernes terminó el plazo de consulta pública que el Ministerio de Economía lanzó para recoger las opiniones sobre la creación de una cuenta de ahorro e inversión promovida desde lo público. El objetivo de esta medida es mover el dinero de los ciudadanos que tienen fondos de baja remuneración —1,2 billones en España— hacia otros productos financieros más rentables, pero sin un riesgo demasiado alto.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba también la creación de un fondo soberano llamado España Crece, que estará dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación y buscará también atraer capital privado. A la vez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponía el foco en los influencers que dan consejos de inversión en redes, los denominados finfluencers. “Promocionar un servicio o un producto financiero no es como promocionar zapatos”, advertía el director de la entidad, Carlos San Basilio. No hay que olvidar que estos consejos pueden tener consecuencias muy graves para quien pone todos sus ahorros en la misma cesta.

Por ello, tanto Europa como España empiezan a mirar hacia la inversión y las finanzas —campos áridos y poco conocidos para muchos mortales— como una de las patas para promocionar el mercado interno de la Unión Europea, tal como se ha pedido desde organismos como la OCDE o en el famoso informe de Enrico Letta y Mario Draghi. Sin embargo, el camino a recorrer parece largo. “En esta estrategia se combinan varias circunstancias. En primer lugar, se ha acumulado un volumen de ahorro no solo en las rentas altas, sino también en las medianas, y los gobiernos están tratando de canalizarlo, de forma que eso derive en un aumento de la actividad productiva”, explica Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada. En corto, que ese dinero que está “quieto” genere valor más allá del puramente especulativo y ayude a despegar a empresas, a financiar la economía con ahorro a largo plazo o a impulsar determinados sectores europeos.

En el documento publicado por el Ministerio de Economía señalan que el objetivo de productos como la cuenta remunerada es que entidades y brókeres ofrezcan un paquete de varios instrumentos de inversión con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo para pequeños inversores. En cuanto al fondo soberano, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que sería un instrumento destinado a “entrar en el capital de las empresas que así lo deseen” y lo ejemplificaba con las pymes y startups. “Tenemos un gran ecosistema de startups, pero necesitan financiación y escala, y ahora mismo les cuesta conseguirla dentro de la UE”, concluía.

En opinión de Torres, la intención es buena, aunque el resultado podría no ser tan evidente. “Yo creo que lo que pueda tener de bueno el movilizar el ahorro está muy limitado, porque en nuestras economías el sistema financiero no está orientado prioritariamente a financiar la actividad productiva”, y apunta a que promover instituciones o bancos “que estuvieran directamente comprometidos con la actividad productiva, como mejorar infraestructuras, servicios públicos o financiación para jóvenes” sería más eficaz.

Los pasos de España se enmarcan dentro del plan europeo denominado Unión de Ahorros e Inversiones, que busca crear mecanismos para que los ciudadanos de la unión inviertan sus ahorros en sectores estratégicos para Europa. De hecho, según Bruselas, 10.000 millones de euros ahorrados por los hogares están en depósitos donde no producen rendimientos. Y en el fondo de la idea, aparece de nuevo la incertidumbre geopolítica como motivación: “La Unión de Ahorros facilitaría la financiación en ámbitos como la descarbonización, la innovación tecnológica y la mejora de la seguridad, todos ellos esenciales para mantener la competitividad de Europa en el mundo”, señala el documento publicado por el Consejo de Europa. Y es que muchos pequeños ahorros juntos son el objetivo de las nuevas políticas europeas que quieren apelar a un mercado interno de 450 millones de ciudadanos.

En la jerga financiera, se denomina dumb money (dinero tonto, en inglés) al capital de pequeños inversores individuales que entran puntualmente en el mercado motivados por consejos, tendencias o redes sociales. Pero lo cierto es que la coordinación a través de foros y redes terminó por dejar patente su importancia y desmentir ese apelativo de “dinero tonto”. Por eso, controlar a quienes dan consejos de inversión se ha convertido en otro de los objetivos de las políticas financieras.

La palabra finfluencer seguramente no les diga nada, pero si les hablo de creadores de contenido dedicados a dar consejos sobre inversión, tal vez se hayan tropezado con alguno mientras paseaban por las redes sociales. Hay para todos los gustos: desde cuentas de divulgación, a otras de dudosa fiabilidad. Hay perfiles que tan pronto asesoran sobre una rutina de gimnasio, como te hablan de emprendimiento; hay coleccionistas de bolsos Hermès; prescriptores que te enseñan a invertir en 30 días o cuentas que te recomiendan una app para comprar criptomonedas de forma “supersencilla”.

El problema es distinguir quién es quién en este mar de consejeros y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha empezado a vigilarlos de cerca y pretende hacerles responsables de sus consejos de inversión. También, por el riesgo que suponen para los pequeños inversores aficionados. De esta forma, el regulador prevé sanciones de hasta 500.000 euros por abuso de mercado en función de si es falsa la información que se da, de si la recomendación se hace es por conflictos de interés no declarados o por publicidad encubierta.

“Los riesgos de seguir los consejos de los prescriptores son altísimos y más cuando se trata de criptomonedas, porque son un producto sin respaldo”, explica Verónica Rodríguez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). “Hay que sospechar de cualquier promesa de inversión que te ofrezca una rentabilidad notablemente superior a la media del mercado, por encima del 5% o 6%, y a corto plazo”, explica. Además, puntualiza que no es imposible obtenerlas, pero suelen ser productos de alto riesgo, más recomendados para expertos que para particulares que se juegan sus ahorros.

Muchos seguramente piensen que lo que narra Asufín no les puede pasar o que las finanzas son cosas más serias, que suelen pasar por la oficina de un banco o un gestor. Pero resulta que hace no mucho, en 2021, un youtuber sentado en su casa hizo perder 1.200 millones de dólares en apenas 24 horas a varios fondos de cobertura de Wall Street. Se llama Keith Gill y su perfil en redes, Roaring kitty (gatito que ruge), consiguió que miles de pequeños inversores se organizaran a través de foros como Reddit para comprar masivamente acciones de GameStop, una empresa que los grandes fondos daban por perdida y contra la que habían apostado en corto.

El directo de Keith Gill provocó una subida histórica en el precio de la acción, hizo perder unos miles de millones a los fondos que apostaban a la baja y dejó claro que Internet tenía mucho que decir en el sistema financiero moderno. Pero no todos los influencers tienen alma de Robin Hood, ni sus consejos son desinteresados o sus intereses públicos.

Otra cosa que dejó patente este episodio, que incluso inspiró la película Dumb Money (2023), es que muchos pequeños inversores coordinados y juntos —dueños del citado “dinero tonto”— podían jugar un papel relevante en el mercado.

Por cierto, el fondo de inversión en cuestión terminó liquidando sus activos y cerrando en 2022 y también mucha de la gente que durante un momento se pensó millonaria terminó perdiendo su dinero. Porque, como concluye Rodríguez, “esa es la principal premisa que no podemos olvidar cuando se habla de inversiones”.

Temo, por el contrario, que hayas dado pruebas, Ingenuo, de un gran desconocimiento de las condiciones del desarrollo intelectual y moral de los pueblos. Te figurabas que las injusticias sociales estaban ensartadas como las perlas, y que bastaba sacar una para que se desgranase todo el rosario; y esa es una concepción muy ingenua. Acariciabas la idea de establecer de un golpe la justicia en tu país y en todo el universo. Eres un buen hombre y honesto, pero sin mucha filosofía experimental. Examínate a ti mismo y reconocerás que has tenido tu malicia y que, en medio de tu ingenuidad, había un poco de astucia. Creíste hacer un buen negocio moral. Pensabas "Heme aquí justo y valiente una vez por todas. Luego podré descansar en la estimación pública y en las alabanzas de la Historia". Y ahora que has perdido tus ilusiones, ahora que sabes lo duro que es corregir entuertos y que siempre hay que empezar de nuevo, piensas en volver a tus aficiones y preocupaciones cotidianas, y renunciar a lo que tu candor y buena voluntad te proponía. No has aprendido nada de tus errores si a esa conclusión llegas. Hay que empezar de nuevo, ¡siempre hay que empezar de nuevo, otros errores cometerás, otros obstáculos encontrarás; si así lo haces, ya no te creerás sublime, y este es el primer paso.

Con afecto, 

Un ciudadano ingenuo.

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José Amella es socio de infoLibre.

En una democracia que se presume madura, los cargos públicos deberían ser, ante todo, servidores de la ciudadanía. Sin embargo, en España hay una percepción generalizada de que la clase política vive en una órbita legal distinta a la del resto de los ciudadanos. No se trata únicamente de una cuestión moral o estética, sino de un entramado de prebendas y privilegios legales, económicos y administrativos que consolidan una desigualdad estructural entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Aforamientos, indultos, pensiones especiales, asesores, coches oficiales y puertas giratorias conforman un sistema que, lejos de reforzar la confianza en las instituciones, erosiona la credibilidad democrática.

El artículo 14 de la Constitución Española debería ser el pilar inamovible de la convivencia: "Los españoles son iguales ante la ley", sin embargo resulta evidente la existencia de una clase política con reglas propias, protegida por un marco legal que la separa del común de los ciudadanos. El resultado es una democracia formalmente representativa, pero socialmente desconectada. La indignación no surge de la existencia de cargos públicos –imprescindibles para el funcionamiento del Estado– sino de la percepción de que quienes los ocupan no comparten las mismas obligaciones, riesgos ni sacrificios que el resto, y que existe una estructura de casta que ha blindado para sí misma una serie de privilegios que resultan inalcanzables para el ciudadano que paga sus impuestos y cumple sus deberes. 

Vamos a referirnos a algunos de esos numerosos y socialmente inaceptables privilegios de la clase política:

A) Uno de los privilegios más polémicos es el aforamiento. Miles de cargos públicos en España no son juzgados por los tribunales ordinarios, sino por instancias superiores. La justificación oficial es proteger la función pública de denuncias espurias o presiones políticas. En la práctica, el aforamiento introduce una justicia de dos velocidades: mientras el ciudadano común responde ante un juez ordinario, el político lo hace ante tribunales especiales, con procedimientos más complejos y lentos. Esto no solo genera la sensación de impunidad, sino que debilita el principio básico de igualdad ante la ley. 

B) A ello se suma la figura del indulto, concebida como una medida excepcional de clemencia, y que representa la última frontera de la impunidad. En manos del Poder ejecutivo, esta figura se convierte en un instrumento discrecional que en determinados casos ha beneficiado a políticos o personas cercanas al poder o a sus intereses políticos. 

C) Otro ámbito sensible es el de las pensiones y beneficios tras el cese. Muchos altos cargos acceden a pensiones vitalicias o a regímenes de cotización privilegiados, muy alejados de las condiciones del sistema general. Mientras millones de ciudadanos deben acumular décadas de cotización para aspirar a una pensión digna, algunos responsables públicos disfrutan de prestaciones excepcionales tras periodos relativamente breves en el cargo. Esta asimetría no solo es injusta: resulta socialmente corrosiva. 

D) La estructura de asesores, ayudantes y personal de confianza constituye otro de los pilares del privilegio político. Es indudable que la gestión pública requiere apoyo técnico y administrativo; lo cuestionable es la importante magnitud y opacidad de estos equipos. Si sumamos el personal eventual de la Administración General del Estado y el de las Comunidades Autónomas, España mantiene a más de 2.500 personas cuyo único mérito es la confianza de un político, con un coste total que supera los 240 millones de euros al año. Estos nombramientos responden más a afinidades partidistas que a criterios de mérito y capacidad, generando redes clientelares financiadas con fondos públicos. 

E) A los recursos humanos se añaden los privilegios materiales: coches oficiales, escoltas, dietas, tarjetas de gastos y otras prebendas asociadas al cargo. Algunas están justificadas por razones de seguridad o representación institucional, y muchas otras se han normalizado como símbolos de estatus. En cuanto a la flota de coches oficiales, España es uno de los países europeos con mayor número de vehículos de alta gama destinados al transporte de cargos públicos El problema de estos privilegios no es únicamente económico, sino ético: cuando el político se acostumbra a una vida de comodidades sufragadas por el erario, se distancia psicológicamente de la experiencia del ciudadano al que dice representar. 

F) Otro fenómeno realmente dañino para la confianza pública es el de las puertas giratorias: la posibilidad de ocupar durante o después del mandato puestos retribuidos en consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas o privadas relacionadas con el sector que se regulaba desde el cargo. Las puertas giratorias permiten que exministros y exsecretarios de Estado aterricen en consejos de administración de empresas que ellos mismos regularon meses antes. Aunque no siempre impliquen ilegalidad, sí plantean un conflicto de intereses evidente. La sospecha de que decisiones políticas se tomen pensando en futuros beneficios personales socava la legitimidad del sistema.

Para combatir legalmente este sistema de privilegios no hace falta retórica, sino voluntad política y legislativa, siendo necesarias medidas como las siguientes:

El mantenimiento de los privilegios antes descritos es una afrenta a la dignidad del ciudadano que sufre problemas como la inflación, el precio de la vivienda y la precariedad laboral. La reforma de estos estatus no es una cuestión de ahorro presupuestario –que también– sino una cuestión de higiene democrática. Hasta que el político no viva bajo las mismas leyes y condiciones que el resto, seguirá existiendo una España de primera (clase política) y una España de segunda (ciudadanos comunes) y la desafección política seguirá creciendo. La lucha social contra los privilegios no es un gesto populista, es una exigencia democrática. Reducirlos no empobrecería a la política; por el contrario, la dignificaría, acercándola de nuevo a quienes con sus impuestos y su confianza la sostienen.

En todo caso ninguna reforma será suficiente sin un cambio cultural, y la necesaria asunción de que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. La política debería ser un servicio temporal, no una carrera blindada por privilegios. La igualdad ante la ley, la austeridad en el uso de recursos públicos y la separación clara entre interés general e interés particular no son consignas ideológicas, sino principios básicos de una democracia saludable.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.

Muchas de las tensiones que atraviesan hoy nuestras ciudades y entornos naturales comparten un mismo patrón: la tendencia a considerar determinados problemas colectivos como algo ajeno. Esa distancia subjetiva entre el problema y la conducta individual es, a menudo, el eslabón que falta en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

El reciente brote de peste porcina que ha afectado a zonas como Collserola es un buen ejemplo. Ante el riesgo de propagación entre jabalíes y cerdos domésticos, las autoridades han restringido accesos y usos recreativos del parque. La medida busca proteger un sector económico estratégico y evitar consecuencias ambientales y sanitarias de gran alcance. Sin embargo, no han faltado incumplimientos: personas que sortean vallas o acceden por caminos secundarios al considerar exageradas las limitaciones. Al no existir riesgo directo para la salud humana, una parte de la ciudadanía concluye que la cuestión no le concierne, aunque sí pueda afectarle a medio plazo en forma de impacto económico, territorial o alimentario.

Algo similar ocurre con la gestión de los residuos urbanos. Muchos municipios afrontan contenedores desbordados, bolsas abandonadas en la vía pública y puntos de recogida selectiva mal utilizados. Paralelamente, crecen las quejas por el incremento de tasas de residuos o por la opacidad del sistema de reciclaje. Aunque existan dudas razonables sobre la eficacia o transparencia de determinados modelos, esa desconfianza se traduce, en algunos casos, en comportamientos abiertamente incívicos: depositar los residuos fuera del contenedor, eludir la separación selectiva o delegar la responsabilidad en un sistema del que se desconfía, pero que se continúa saturando.

La lista podría ampliarse: vehículos abandonados que ocupan durante meses el espacio público, vertederos incontrolados en las periferias urbanas, mobiliario urbano deteriorado o equipamientos colectivos dañados. En todos estos casos se combinan decisiones técnicas, administrativas, políticas y económicas —a menudo poco explicadas— con conductas individuales que se justifican en esas mismas dudas y que sitúan el problema fuera del propio ámbito de responsabilidad.

Es legítimo cuestionar cómo se calculan determinadas tasas, si la gestión de una crisis sanitaria es proporcionada o si la administración actúa con la diligencia debida en la retirada de un vehículo o en la clausura de un vertedero ilegal. Lo que resulta difícil de justificar es que esa crítica se traduzca en una retirada de la propia responsabilidad: tirar residuos donde no corresponde, abandonar un coche, descargar escombros en un descampado o ignorar una restricción temporal de acceso a un espacio natural.

Cuando esto sucede, se produce una paradoja: se señalan los efectos —más impuestos, más restricciones, más costes de limpieza, pérdida de calidad del espacio público— sin reconocer el papel que tienen las prácticas cotidianas en la generación de esos mismos efectos.

Una parte del problema reside en que el factor humano sigue siendo el gran ausente en la formulación de muchas políticas públicas. Se habla de normativas, sanciones, competencias y presupuestos, pero menos de percepciones de riesgo, de confianza en las instituciones, de fatiga normativa o de la tendencia a diluir la responsabilidad individual cuando el daño se reparte entre muchos.

Incorporar seriamente ese factor humano implica asumir que la información no basta si no se vincula de forma clara la conducta individual con sus consecuencias colectivas; que la transparencia no es un adorno, sino una condición para sostener el cumplimiento voluntario; y que las medidas deben ir acompañadas de una pedagogía cívica continuada, no solo de campañas puntuales o de la amenaza de sanción.

También exige reconocer que el cuidado de lo común —de un parque natural, de una calle limpia, de una red de contenedores, de unas infraestructuras compartidas— no puede delegarse exclusivamente en la administración. El espacio público es, por definición, responsabilidad compartida.

Quizá la pregunta de fondo no sea si un problema “nos afecta directamente” o no, sino de qué manera lo hace y hasta qué punto nos sentimos concernidos por él. Porque, aunque el impacto pueda parecer lejano o difuso, nuestras decisiones diarias —cumplir o no una restricción, utilizar correctamente un contenedor, denunciar o tolerar un vertedero o un vehículo abandonado— forman parte de la ecuación. Ignorar ese vínculo es, en sí mismo, una forma de agravar el problema que luego reclamamos que alguien resuelva por nosotros.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga. Dra. en Seguridad y Prevención.

Democracia es el sistema por el que el poder político está en el pueblo y que las leyes aprobadas en las cámaras de representación son decisiones públicas que afectan al pueblo en su conjunto y que deben ser acordadas y deliberadas entre todos para que el resultado sea la mejor decisión posible para todos y todas y no solo para una parte.

La Democracia es, por tanto, un sistema político en el que las decisiones públicas son asunto del pueblo, y no solo de los partidos. La democracia busca el objetivo del bien común mientras la Demagogia, cosa que algunos partidos utilizan para “hipnotizar al pueblo y engañarlo”, solo persigue su propio interés particular. De ahí que haya que exigir a los partidos que no hablen tanto de democracia, sino que hagan Democracia, es decir que incorporen el elemento deliberativo, la participación ciudadana y sobre todo el espacio público, pues el objetivo debe ser el acuerdo en base a razones y argumentos que puedan ser compartidos por todos, esto es universales, lo que excluye la posibilidad de emplear cualquier argumento de autoridad o puramente particular, como las creencias religiosas extremas o de un clero determinado; para ello lo más democrático es separar Estado e Iglesia y la neutralidad de las instituciones públicas respecto a cualquier creencia religiosa.

Una perfecta Democracia es aquella que no solo pide que se vote, sino que le pide que participe en el proceso deliberativo de las decisiones que se tienen que tomar, en las leyes que se tienen que aplicar, para ello hay que exigir que se creen cauces de participación, no solo las elecciones (por cierto sobre las que hay que cambiar el sistema de reparto pues es desigual y no todos los votos valen igual) sino para el diálogo con las instituciones, mediante referéndum si es necesario, y sobre todo deliberando, con el fomento del asociacionismo, el salir a la calle de nuestros representantes, ser más accesibles y sobre todo mesas y debates sobre la gestión y cómo gastar el dinero recaudado, lo que se denomina presupuestos participativos, pero no solo en un tanto por cien, sino en un 100%. Tal vez así, seguro, evitaríamos la corrupción.

En una Democracia, es fundamental distinguir entre el lenguaje que es apropiado en el ámbito público y el que solo es válido en el privado. Es más, en una Democracia el interés por llegar a acuerdos y consensos en el ámbito público implica ser capaces de argumentar en la esfera pública razones que puedan ser compartidas y aceptadas universalmente con una deliberación y en base a razones en el espacio público.

Todo esto que estoy indicando e incluso exigiendo tal vez por ley pueda ser difícil de llevar a cabo, por eso es importante la escuela pública como formadora de la ciudadanía, pues es esta la que tiene la función de formar ciudadanos capacitados para actuar de forma autónoma y responsable en los pueblos, en las ciudades, en la sociedad política, y solo esta le puede dar los conocimientos necesarios para desenvolverse por sí mismos en la sociedad, para que, conscientes de sus derechos y obligaciones, sean capaces de pensar y actuar de acuerdo a su personalidad y criterios, esto es fundamental para una verdadera democracia, pues solo la escuela pública se opone al adoctrinamiento, de ahí su neutralidad.

Por último, indicar que, en un democracia, la libertad de conciencia solo es posible si el ciudadano tiene a su disposición el conjunto de conocimientos necesarios y las capacidades críticas convenientes para pensar y actuar por sí mismo sin tutelas ni dependencias ideológicas.

¿Realmente, algunos de los partidos que nos van a gobernar buscarán la democracia en las próximas elecciones, o solo sus intereses particulares? Reflexionemos.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

Construir un modelo de cuidados que se ajuste a la realidad social de las personas con discapacidad y dependencia, y no al revés. Ese es el precepto básico de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que hemos aprobado en el Consejo de Ministros, ya de camino a su tramitación parlamentaria.

Los cambios que proponemos ratifican nuestra voluntad de garantizar el derecho al cuidado en nuestro país, dejando atrás la oscura época de los recortes y blindando un sistema cercano y comunitario, que se adapta a cómo las personas, no sólo necesitan, sino también prefieren ser cuidadas. Estamos hablando de un sistema para el siglo XXI: menos burocracia, más prestaciones, más derechos y más tecnología para enfrentar los retos del futuro.

Durante mucho tiempo hemos visto cómo las decisiones sobre hacia dónde debía avanzar nuestro sistema de cuidados —que echó a andar allá en 2006, con el hito que supuso la aprobación de la ley de dependencia— se han visto marcadas por lógicas de operatividad o limitación de costes, cuando no directamente de recortes como los sufridos durante la época de la austeridad del Partido Popular.

Uno podría preguntarse por qué. La realidad es que los últimos años atestiguan que para algunos el valor de las personas sólo se estima en función de su productividad económica. Por eso expulsan a los márgenes a las personas mayores; las expulsan hacia modelos residenciales obsoletos y aislados, fuera de nuestras comunidades.

De ahí que cambiar el modelo no requiera sólo continuar con la senda de aumento de financiación que ha sido característica tanto en la anterior legislatura como en esta —recordemos que hablamos de un aumento de más del 150 % desde 2020; una asignación triplicada desde 2014— sino, sobre todo, de conseguir sustraer al sistema de cuidados de las tendencias economicistas y asistencialistas en que estaba sumido.

Porque no son las personas las que deben servir al sistema, no son los y las usuarias las que deben ajustarse a lo que se pone a su disposición. Es lo público lo que debe servir a la gente y son los modelos los que deben ajustarse a sus necesidades.

Por eso aligeramos los trámites facilitando pasarelas entre el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad; flexibilizamos el sistema habilitando compatibilidades entre servicios como los centros de día y el empleo, y ampliamos prestaciones con la inclusión de la figura del asistente personal profesional en la cartera pública.

Las imágenes que estamos viendo estos días, desde Washington a Torre Pacheco, esconden todas la misma lógica, que no se aleja de la que describía anteriormente: que hay quienes están dispuestos a ensañarse con los más débiles mientras se blinda la riqueza y el poder obsceno que acumulan unos pocos. Y que hay dirigentes políticos dispuestos a sembrar el odio e incendiar países enteros para perpetuar ese reparto de la riqueza y esas posiciones de poder. Porque creen que la política existe para servirles a ellos.

Este Gobierno debe ser ejemplo de todo lo contrario: una democracia que sirva a la gente trabajadora, a quienes necesitan de lo público para no ser explotados ni ignorados, para hacer valer su derecho al bienestar, a la igualdad social, a la protección frente a los poderosos. De eso va esta reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la protección de los derechos de las personas consumidoras ante los abusos de las grandes multinacionales, o la defensa del multilateralismo y el derecho internacional que exige la Agenda 2030: frente a quienes aplauden este mundo plagado de conflictos, genocidios e injusticias, reivindicamos el derecho democrático a una existencia digna, pacífica, en libertad.

Escribía Galeano: enseña el sistema que la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y que la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. El Estado social que debemos construir parte exactamente de la refutación de esa creencia. Del empeño en redistribuir el poder, el tiempo y la riqueza para que la libertad y la justicia vuelven a ser valores universales y hermanados. Esta no es solo la única manera de contrarrestar la furia reaccionaria tan de moda en el planeta. También es la manera de construir una democracia que sirva a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.

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Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Qatargate y el Huaweigate en la Eurocámara, la investigación al antiguo comisario europeo Didier Reynders por blanqueo de dinero, decenas de casos de corrupción política en España, exministros griegos detenidos por evasión fiscal y operaciones inmobiliarias fraudulentas o el desvío de fondos europeos en la República Checa para la construcción de infraestructuras. Son algunos de los recientes escándalos de corrupción en la Unión Europea que han generado grandes titulares mientras en Bruselas su persecución acaba de sufrir una herida no mortal pero si profunda.

Las encuestas muestran que tres de cada cuatro ciudadanos europeos creen que la corrupción no deja de medrar en sus países y, pese a este contexto, las futuras reglas comunitarias para ahondar en la persecución de estos delitos vinculados con malas praxis políticas punibles están bloqueadas. Un bloque de gobiernos capitaneados por la principal potencia comunitaria acaba de rechazar la mayor armonización europea.

Alemania, Italia, Hungría, Austria o Luxemburgo forman una minoría de bloqueo en las negociaciones sobre la futura directiva europea para combatir la corrupción, nuevas reglas que salen de una propuesta realizada por la Comisión Europea en 2023 para reemplazar a acuerdos existentes en la UE pactados entre los Estados Miembros a nivel de Interior y Justicia.

Cinco países gobernados por formaciones del Partido Popular Europeo, por los ultra conservadores y la extrema derecha. La CDU alemana con su nuevo canciller recién elegido, Friedrich Merz, los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y el sempiterno soberanista húngaro Viktor Orbán. Tres países ejerciendo de ariete contra la persecución de la corrupción europea, reventando un acuerdo que se veía cercano y que, coinciden las fuentes consultadas, la Presidencia polaca del Consejo había acercado durante su semestre de mandato.

Pero toda este negociación de meses ha saltado por los aires en Bruselas sin tener en cuenta la imagen pública de impunidad entre políticos que se transmite a los ciudadanos. “Escándalo tras escándalo, los políticos reciben emails de los ciudadanos preocupados por la corrupción”, se lamenta la eurodiputada neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, quien denuncia que “es una vergüenza que los Estados Miembros no actúen”. Hermida-van der Walle es la ponente que elabora y negocia la posición de la Eurocámara.

A partir del 1 de julio se retomarán las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos, pero otro país ocupará la presidencia de turno del Consejo, Dinamarca, lo que frenará de nuevo el proceso legislativo de la UE porque su Gobierno puede tener otros intereses y no considerar una prioridad, como sí han hecho los polacos, la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción a nivel europeo.

La principal causa del bloqueo de la Directiva Anti-Corrupción es la categorización del abuso de poder como un delito en toda la UE. Se trata del artículo 11 dentro de la propuesta realizada por la Comisión Europea y la que más presiones en contra ha recibido durante las negociaciones en Bruselas. El Parlamento Europeo sí apoya incluir obligatoriamente este acto como un hecho penal en los 27 y fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre señalan: "Tenemos el apoyo de todos [los grupos políticos]".

Los legisladores del Partido Popular Europeo, de los Conservadores y Reformistas Europeos, donde están los ultracatólicos polacos del PiS y los representantes de Meloni, o los de Patriots of Europe, el grupo de Orbán, Vox, el partido de Le Pen o de Matteo Salvini están en el mismo barco que los socialdemócratas, liberales, verdes o la izquierda. Hay unanimidad en la Eurocámara para que el abuso de poder sea un delito penal. Pero Gobiernos de esos mismo grupos parlamentarios están en contra.

El Ejecutivo capitaneado por Giorgia Meloni ha empujado durante las negociaciones para rebajar su importancia. El objetivo italiano es que la falta sólo implique con severas sanciones administrativas. “Quieren decriminilizarlo”, denuncia una segunda fuente parlamentaria, “y Alemania ha apoyado a Italia en esta cuestión, con Hungría también”.

“Con su posición obstruccionista, el gobierno alemán de la CDU está evitando que la UE adopte medidas efectivas contra la corrupción”, critica el eurodiputado verde Daniel Freund. El germano lamenta además que su país vaya “hombro con hombro con Giorgia Meloni y Viktor Orbán para bloquear los mayores esfuerzos anti-corrupción”, lo que considera un “acto irresponsable”.

La ponente Hermida-van der Walle es muy crítica con la posición de estos países. “Los ciudadanos tienen altas expectativas sobre sus gobiernos luchando contra la corrupción”, dice para infoLibre, “es el momento de que cumplan con estas expectativas”

La política y los intereses domésticos de los países se imponen a la presión de la opinión pública o de la Eurocámara. El nuevo gobierno democristiano de Merz también objeta el punto de que los tribunales nacionales envíen a Bruselas y compartan sus estadísticas sobre los delitos de corrupción relacionados con fondos europeos. Es otra de las medidas incluidas en la propuesta de la Comisión y, tal y como explica esta segunda fuente parlamentaria, “Alemania lo está bloqueando porque no quieren cambiar la forma en la que comunican sus estadísticas”. En los tribunales de ese país, si el delito no está relacionado con fondos europeos, no se registra para esos datos oficiales.

“El Gobierno alemán debería estar liderando la lucha contra la corrupción en la UE y no frenándola”, denuncia el eurodiputado Daniel Freund. Junto a Berlín, Roma y Budapest, se han sumado Viena y Luxemburgo a la minoría de bloque anticorrupción. Las fuentes europeas consultadas confirman que ahora mismo, dentro del Consejo, las posiciones entre los 27 “están muy divididas para aceptar un acuerdo sobre una directiva efectiva que prevenga, persiga y penalice la corrupción”.

De este grupo contrario a perseguir la corrupción en la UE se han descolgado los Países Bajos, inicialmente también miembro de la minoría de bloqueo. Con un gobierno interino, pendiente de elecciones y la reciente unión entre Verdes y el Partido del Trabajo de izquierdas para concurrir conjuntamente a los próximos comicios, una moción de los socialdemócratas apoyada en su Parlamento ha forzado el cambio de posición.

La eurodiputada Hermida-van der Walle, de orígenes españoles, confirma a infoLibre que ella “seguirá negociando hasta que haya un buen acuerdo” porque, “la corrupción no se puede tolerar, ocultar o ignorar” y la UE “necesita seguir trabajando en una directiva fuerte”. Pero las nuevas reglas europeas contra la corrupción política tendrán que esperar. No se aprobarán antes del verano y está por ver que haya voluntad política entre los 27 para sacarlas en otoño.

No siempre conectado con estos debates, pero sí estrechamente vinculado con ellos, aparece de cuando en cuando el tema de la extensión del voto a las personas menores de la edad establecida, entendida como una vía dirigida a lograr dos objetivos principalmente: el fortalecimiento y la juvenilización del demos, por un lado y, por otro, la reparación de una injusticia que se comete con estas personas dejándolas excluidas del disfrute de un derecho humano universal y víctimas de una discriminación por motivo de edad. 

Que los niños ni tienen ni deberían tener derecho a votar es algo que, para la mayoría de las personas, resulta evidente. Sin embargo, debido a que el sufragio está caracterizado como el más emblemático de todos los derechos políticos de una democracia representativa, desde distintos sectores se llama a un debate serio sobre las razones que existen para excluir a los niños del sufragio y si estas razones resultan consistentes. Históricamente, se sabe que el derecho al sufragio ha estado vetado para ciertos grupos de personas. Algunas de las que fueron prohibiciones en el pasado se han ido superando, como en el caso de los hombres no propietarios, o de las mujeres en general y más recientemente en España, las personas con discapacidad. Sin embargo algunas restricciones permanecen, como las referidas personas extranjeras, las condenadas a ello por sentencia judicial firme… o los niños. De estos tres grupos, solo hay uno donde la justificación se basa en una animadversión irracional, como es la negación del sufragio a los niños, niñas y adolescentes. 

La razón de fondo que se esgrime para esa exclusión es la cuestión de la competencia: se piensa que los niños carecen de competencia política. Se añade a esto la presunción de que los niños no tienen las capacidades intelectuales necesarias para emitir juicios informados y maduros. La cuestión sería entonces acordar qué es lo que constituye la capacidad de votar, es decir, qué puede entenderse como la capacidad de experimentar los beneficios del derecho al voto y los daños de la privación de ese derecho. Son tres los criterios que se aplican a demostrar que las personas menores de 18 años deben ser excluidas del electorado: el criterio de racionalidad (que estaría desarrollada totalmente cuando las personas jóvenes se vuelven adultas); el conocimiento político-teórico y el conocimiento político pragmático. 

Frente a ello, el profesor Pablo Marshall argumenta lo siguiente: En relación a la racionalidad, no se ha demostrado todavía que los adultos, y en particular los que tienen entre 18 y 30 años, posean una capacidad racional mayor que la de los adolescentes. Con respecto al conocimiento político –teórico y pragmático- diversos estudios han demostrado que las y los adolescentes tienen un manejo equivalente al que los adultos han adquirido con el tiempo, mediante la propia práctica del sufragio, y especialmente semejante al de los electores de entre 19 y 20 años. Concluye el autor que la fijación de la edad electoral a los 18 años resulta arbitraria, ya que excluye a un grupo de individuos que sí tienen capacidad electoral según los criterios expuestos, al menos en lo que respecta a los mayores de 16 años. Según Marshall, si se excluye a los menores de 18 años por una carencia de capacidad electoral, se debe estar dispuesto a excluir por las mismas razones a aquellos que superan esa edad y que carecen de dicha capacidad, cualquiera sea el estándar que se use para evaluarla, por una razón de simetría. Hoy por hoy, para ser elector no hace falta saber leer, ni darse a entender por escrito, tampoco es necesario tener interés en política, ni haber efectuado estudios básicos, no se requiere ser inteligente, racional o informado. La única regla que cautela la concurrencia de la capacidad electoral es la edad, cosa que resulta injusta. 

La falta de representación directa de los niños, niñas y adolescentes en el nivel político tiene como repercusión inmediata que sus intereses genuinos son desconocidos para la población en general y carecen de interés prioritario en la toma de decisiones para la implantación de las políticas públicas. Un ejemplo palmario lo tenemos en España, donde nada menos que casi un tercio de la población infantil y adolescente del país se encuentra por debajo del umbral de pobreza desde hace muchísimos años. Hecho que no carece de repercusiones económicas para todo el conjunto de la población.

Desde el punto de vista de una deseable democracia inclusiva, la incorporación de las personas menores de edad se evaluaría según su potencial impacto en la participación política general. Si su inclusión proporcionara un input de legitimación basado en mayor participación electoral, podría estar justificada. Si, por el contrario, se observara que la participación general decrecería a consecuencia de su inclusión y en consecuencia también la legitimidad política del gobierno, no debería incluírselos entre los electores. Tomando en cuenta la composición actual de la pirámide demográfica de España, puede observarse que la franja de los 16 y los 17 años, representa un 2,2% de la población en general, y el 2,5% de quienes actualmente componen el censo electoral, por lo que la incorporación de este grupo más joven, entendida como primer paso para el reconocimiento del derecho al sufragio universal de todos los niños y niñas, tendría pocas posibilidades de causar perjuicio a la democracia española y sí muchas de aumentar su legitimidad. 

En su libro Así termina la democracia, el profesor de historia y ciencia política David Runciman afirma que el atractivo de la democracia moderna es doble: por un lado ofrece dignidad a las personas, que tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y que estas se tomen en serio. En segundo lugar, produce beneficios a largo plazo, ofrece a ciudadanas y ciudadanos la esperanza de ser partícipes de las ventajas que aportan la estabilidad, la prosperidad y la paz. Conceder a las personas el derecho al voto es el mejor modo de hacerles saber que importan. Pero cuando casi todas las personas adultas podemos ya votar, nos dice este autor, es inevitable que busquemos nuevas vías para procurarnos un mayor respeto. En su opinión, para ampliar por la base el cuerpo democrático es necesario, en primer lugar, comprender la naturaleza de los problemas que enfrentan nuestras democracias, y de modo particular la división generacional, que se ha convertido en un factor cada vez más relevante ante el notable envejecimiento de las poblaciones, especialmente en los países más industrializados. En consecuencia su propuesta consiste en reducir la edad de votar a los seis años, extendiendo el derecho al voto a cualquier niño o niña que se halle escolarizado a tiempo completo. Esta medida sería comparable a las otras dos grandes extensiones del sufragio para incluir a los hombres trabajadores en el siglo XIX y las mujeres en el XX y podría “vigorizar nuestra democracia, mejorarla, variarla, dejarla un poco menos osificada, un poco menos predecible, un poco menos rancia”. 

A la vista de lo que hasta aquí se ha expuesto podría deducirse que faltan razones para excluir a los niños de esa manifestación emblemática de la democracia que es el sufragio universal. Aunque resulte obvio recordarlo, disponer de un derecho no conlleva la obligación de ejercerlo. El sufragio se entiende como un derecho personalísimo de aquellos considerados libres e iguales, y que harán uso del mismo cuándo y cómo juzguen ellos mismos conveniente.

Ciudadanía (cualidad y derecho de ciudadana o ciudadano), participación (acción y efecto de participar, de tomar parte en algo) y democracia (gobierno del demos, esto es, del pueblo) son tres conceptos estrechamente vinculados, de tal modo que puede decirse que cada uno de ellos necesita al otro para ser verdadero, para realizarse. La democracia necesita de la participación y la participación da vida a la ciudadanía. Si pensamos en los niños, niñas y adolescentes, el punto débil de esta ecuación se encuentra en su exclusión del demos cualificado para la participación política, lo que a su vez es uno de los componentes de ciudadanía. 

Una exclusión que no encuentra sentido si no es sobre un sentimiento se encuentra fuertemente arraigado en toda la ideología que como adultos mantenemos en nuestro imaginario colectivo respecto a la incompetencia de los niños. Se podría empezar, para ello, por el reconocimiento de las prácticas de ciudadanía política surgidas de la iniciativa de los propios niños y niñas, pero también, por qué no, de la competencia política que despliegan cuando se les llama a participar en foros, consejos o parlamentos de distinto tipo, y también de su comportamiento político a la hora de emitir su voto en aquellos países que ya han rebajado la edad del voto a los 16 años. 

La defensa del derecho al sufragio universal de niños, niñas y adolescentes no será el bálsamo que lo cura todo, pero sí una forma de reparar la injusticia que supone su exclusión radical del mismo, a la vez de una manera de caminar juntos hacia una sociedad democrática que, para sobrevivir, necesita renovarse y perfeccionarse continuamente. 

Rebajar la edad para votar a los 16 años no conseguirá por sí solo el reconocimiento de los todos niños, niñas y adolescentes como actores políticos, ni solucionará los problemas que afectan a las democracias, pero tampoco perjudicarán a unos ni a otras, y será un paso razonable para lo que debe ser un objetivo compartido, esto es, gozar de un sufragio verdaderamente “universal” y de una democracia inclusiva.

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Lourdes Gaitán Muñoz es socia de infoLibre.

“Hemos entrado en una escalada de medidas arancelarias entre las dos mayores potencias del mundo, un escenario de empobrecimiento para todos”, sentenció el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esta semana en su comparecencia ante el Congreso. Esas dos potencias son China y Estados Unidos y el tono entre ambas se ha ido elevando en las últimas semanas.

Washington comenzó imponiéndole al país asiático un arancel del 10% (a la vez que fijaba un 20% para México y Canadá). Tras este primer contacto, se desataron las tensiones. China amenazó con una reacción y, tras el denominado por Trump como “día de la liberación”, el arancel se elevó el pasado 2 de abril otro 20%. En respuesta a esto, Pekín puso en marcha una respuesta que implicaba aranceles del 34% a los productos estadounidenses. En el último capítulo de este pulso, Estados Unidos respondió este jueves elevando el porcentaje hasta el 125% (en algunos productos llega incluso al 145%) y China contraatacó con otra serie de incrementos que gravan sus importaciones desde EE UU con otro 125%. 

Para un exportador, una tasa del 100% sobre su producto equivale a doblar su precio y, aunque la empresa pudiese repercutir parte de este coste sobre sus márgenes, el aumento en el precio seguiría siendo considerable. “Un producto sale del mercado cuando es muy caro”, explica el economista de la Universidad de Navarra, David Echeverry. Pero matiza que si los productos de los competidores también se encarecen (y podría ser el caso, dado que los aranceles de Trump afectan a multitud de países, aunque este miércoles pusiese en pausa a algunos de ellos), el producto podría seguir en el mercado aunque perdiese cierta cuota de venta. “Se comprará menos, posiblemente, pero si es un producto necesario, lo seguirán comprando”, concluye.

Para Jan Jonckheere, profesor de OBS Business School los productos que se gravan con tasas tan altas quedan “claramente” fuera del mercado. “Los importadores podrían decidir asumir parte o el total de este coste extra, pero con un 80% o 100% es poco probable”, explica. Además, puede ocurrir que los exportadores desistan y busquen otros mercados menos hostiles, explica. Esto equivaldría casi a cancelar la relación comercial. “Uno de los objetivos de Trump es llevar la producción de muchos artículos de vuelta a EE UU, pero esto no es realista a corto plazo porque instalar una nueva fábrica puede tardar como mínimo dos o tres años, y necesita unas inversiones importantes que pocas empresas querrán hacer en un mundo tan turbulento”, concluye.

Los aranceles, una herramienta comercial que sirve para proteger la industria de una región frente a competidores extranjeros, ocupan ahora el centro de la política internacional y la pregunta es hasta dónde podrá llegar este pulso. “No hay techo específico. Es un juego de reciprocidades”, explica Echeverry. Hacer previsiones cuando es Donald Trump quien capitanea el barco es difícil y los analistas coinciden es que puede pasar cualquier cosa. “La lección que puede extraerse de este episodio, por muy surrealista que sea, es que lo importante para el presidente es la postura, no la realidad. La postura está clara: un presidente salva a EE UU de una situación de sumisión a las potencias extranjeras malvadas”, explica Alexis Bienvenu, gestor de fondos de La Financière de l’Échiquier (LFDE). “La realidad es que los consumidores estadounidenses van a sufrir inmediatamente un enorme aumento de los precios de los productos importados y, por extensión, un probable descenso del consumo”, remata el experto.

Las consecuencias ya se empiezan a asomar en el horizonte. “La espiral arancelaria dará lugar a presiones inflacionarias y con precios más altos baja el consumo”, explica el economista de la Universidad de Navarra. Es decir, los productos se encarecerán, los consumidores gastarán menos y la caída en las ventas y los márgenes empresariales comenzará a notarse en indicadores como el crecimiento de los países o el empleo. “Incluso si el gobierno de EE UU detiene la espiral, hay un daño irreparable en el grado de confianza con el cual operan los empresarios. Con el descenso en la inversión se puede dar una desaceleración económica que puede llegar hasta la recesión”, concluye. “Podrían llegar incluso a la recesión, por no mencionar las probables represalias, que afectan directamente a las exportaciones estadounidenses”, coincide el gestor de LFDE.

En cualquier caso —y más allá de las variables macroeconómicas— es el consumidor el que terminará pagando (o dejando de comprar) los artículos, por lo que será en las estanterías donde se empiecen a confirmar lo que hasta el momento son solo previsiones.

Incertidumbre es la palabra más repetida desde que el presidente Donald Trump dio un vuelco a la política comercial estadounidense. El propio Carlos Cuerpo se refería a esta situación incierta como “uno de los mayores males que puede sufrir la economía” y señalaba esto como uno de los factores culpables del descalabro que llevan sufriendo las bolsas mundiales durante toda la semana.

En el plano nacional, este miércoles el Banco de España ha tenido que rectificar y en este contexto ha rebajado las expectativas de crecimiento. “Nuestra última previsión era del 2,7%, que es un crecimiento alto. Lo lógico es que la revisemos a la baja”, apuntó el gobernador de la institución monetaria, Jose Luis Escribá. Sin embargo, no puntualizó la magnitud del recorte: “sabemos que lo que está ocurriendo puede generar efectos muy negativos sobre la actividad económica en el mundo de una forma asimétrica, pero también es verdad que todavía no tenemos elementos precisos de cómo se va a materializar, hasta qué punto y con qué secuencia temporal”, concluía. 

Cuando en la primavera de 2015 Pablo Iglesias y Albert Rivera se disputaban la hegemonía del cambio en el que se denominó el debate del Tío Cuco, España vivía la efervescencia de la nueva política, que había irrumpido ya en las urnas europeas un año antes, y estaba a punto de hacerlo en el Congreso de los Diputados. El éxito de Podemos y Ciudadanos fue la materialización política del cansancio social con la clase dirigente, manifestado en la calle en 2011 en el movimiento del 15M como prolegómeno de lo que vendría después. 

La izquierda fue la primera en recibir el golpe con una abstención masiva en las elecciones generales de ese mismo año. La derecha tardaría poco más. Dio una efímera mayoría absoluta a Mariano Rajoy pero, sólo unos meses después de formar Gobierno, el apoyo al Ejecutivo caía en picado. En 2014, millones de electores defraudados por la oferta política bipartidista optaban ya por Podemos y Ciudadanos. Los cimientos del sistema empezaban a tambalearse.

Si acudimos a la fuente del CIS, descubriremos que en 2011 el paro y la economía eran las principales preocupaciones ciudadanas, aunque la clase política escalaba al tercer lugar con un 20% de menciones. Entre 2012 y 2015, el paro sigue ocupando el primer lugar, las referencias a la clase política se mantienen estables, pero a su lado crecen de manera exponencial las menciones a la corrupción y el fraude, que en conjunto suman el 50%, unas cifras nunca vistas. La traducción en votos podemos verla en el cuadro siguiente.

En 2013, la fidelidad de PP y PSOE caía a cifras en torno al 50%, unos índices de lealtad inusualmente bajos, con el 20% de sus votantes en la indefinición, el 15-20% en la abstención y el 5-10% declarando que votaría en blanco en caso de nuevas elecciones generales. 

En aquellos días el instituto Logoslab expuso en una ponencia universitaria presentada en julio de 2013 las siguientes claves:

Todo esto podemos verlo resumido en los cuadros siguientes. En el primero, vemos cómo la corrupción y la clase política emergen como problema; el segundo, la pésima valoración del gobierno y oposición; y en el tercero, cómo la culpabilización se reparte entre PSOE y PP. Nadie se salva.

Un análisis posterior al 15M mostraba cómo la radiografía del político en esos años estaba ya caricaturizada hacia un gestor (citamos literalmente) “ineficaz, sin visión de país, privilegiado, derrochador, que se rodea de un equipo en el que se premia la fidelidad a su persona y no la preparación, que no tiene en cuenta a los sectores sociales más débiles, poco realista, utópico o proclive a emitir vagas promesas. Y como colofón, poco confiable o manchado por la corrupción”. Con una tendencia entre los españoles cada vez mayor a generalizar, a meter a todos en el mismo saco. Esa mancha en la clase política fue entonces acicate para el surgimiento de movimientos sociales y nuevos partidos, y es en la actualidad caldo de cultivo para el avance de populismos y la extrema derecha. En un artículo anterior nos referíamos al daño que está haciendo el marco de “Estado fallido” y la renuncia al concepto de “pueblo” por parte de los dos grandes partidos, al dejarlo en manos de quienes juegan en los límites del sistema. Hay que preguntarse a quién beneficia que los índices de desafección actuales superen todos los registros históricos y las graves consecuencias que puede tener para nuestra convivencia y la salud de nuestra democracia. 

Hoy, diez años después de aquellas elecciones europeas que auparon a Podemos y Ciudadanos, estamos peor que nunca. La desafección vinculada a la clase política (políticos en general, mal comportamiento de los políticos, lo que hacen los políticos, la falta de confianza en los políticos, la inestabilidad política, el gobierno y los partidos) ha aumentado (suma de tres principales problemas) del 22% de menciones al 64%, situándose además como 1º, 2º y 3º posición en el ranking del principal problema de nuestro país (primera respuesta). 

Detrás de los políticos tenemos el difícil (para muchos imposible) acceso a la vivienda, que en 2015 apenas era citado por un 1,9% de españoles y que ahora se ha convertido en un auténtico frente de batalla para los españoles, con un 23% de menciones y subiendo, cifra que crece entre los jóvenes alcanzando valores cercanos al 30%.

La brecha generacional se está agudizando y es uno de los principales motores del descontento ciudadano.  El reciente estudio del CIS del mes de octubre sobre Ideología y Polarización, con 4.000 entrevistas, señalaba que un 26% de españoles se mostraba dispuesto a vivir en un país “poco democrático” si con eso se le garantizaba un mejor nivel de vida, pero es que entre los más jóvenes subía hasta un 38%. Las actitudes en este segmento están en claro retroceso en temas como la identidad sexual, el feminismo o la igualdad.

El otro tema de preocupación que completa la terna de asuntos que más están removiendo las posiciones de los españoles es la inmigración. Como ocurre con la vivienda, en 2015 era una cuestión de bajo impacto, con apenas un 2% de alusiones mientas hoy se ha convertido en un asunto capital llegando en septiembre al 34% (principal problema en primera respuesta). Es un tema de debate ciudadano, especialmente sensible en territorios como Canarias, donde la crisis migratoria se está manifestando con especial virulencia, y que ya ha provocado la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, y se ha colado en la agenda de la Unión Europea. Apunta a ser uno de los asuntos controvertidos en los próximos años. 

En el otro lado de la balanza, la corrupción, que en 2015 estaba en el 51%, pasó a ser residual en 2020 y desde entonces se ha mantenido a la baja pese a los frentes judiciales que se le han abierto al gobierno; los problemas económicos (problemas de índole económica, subida de los carburantes, los bancos, las subidas de impuestos, las hipotecas y las subidas de tarifas energéticas) que llegó a estar en el 59% en 2022, están hoy en los números más bajos, en torno al 20-22%. Y los problemas relacionados con el paro y la calidad del empleo, que eran la principal causa de insatisfacción en 2015 con el 84% de menciones, están en la actualidad contenidos en el 37%. Podemos verlo en el cuadro siguiente.

La foto del CIS de noviembre nos muestra a Gobierno y oposición con un grado de respuesta que nos recuerda a los números de 2013, a un PP en sus números más bajos desde que Feijóo sustituyó a Casado, con el líder gallego en un 5,7 de valoración entre sus propios votantes, cuando llegó a estar en el 7,3. Nos enseña también a un Partido Socialista que envía a la abstención, el voto en blanco y partidos minoritarios, a cerca de un millón de electores. En el lado izquierdo, Sumar y Podemos siguen sin resolver sus problemas (en la actualidad obtendrían 12 o 13 escaños frente a los 31 que lograron yendo juntos), y en el derecho, Vox saca provecho de todo lo anterior y se sitúa, con 44 escaños, como la llave de gobierno. Hoy lograría 11 diputados más que en las pasadas elecciones generales, cifra que podría aumentar según se incorporen nuevos electores al censo electoral, dado que Abascal triplica a Feijóo en preferencia como presidente en el segmento más joven.

La participación sería hoy del 65%, quedándose a 11 de la que se registró en abril de 2019, otro síntoma más de que las cosas no van bien. Este es el panorama actual.

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

Delante de las cámaras, en el centro de difusión de datos, estaban Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Fernández Díaz. Era la noche del 25 de mayo de 2014, con un país sumido en una durísima crisis económica. Y los españoles experimentaron algo por primera vez en la época democrática: el PP y el PSOE no sumaban entre los dos el 50% de los votos en las elecciones europeas. No había precedentes. Aquella noche se dio por enterrado oficialmente el bipartidismo en una España dominada por este sistema desde 1978.

Este sábado, se cumple una década de aquella mítica fecha, coincidiendo también con la campaña de las europeas del 9 de junio. El PP, con Miguel Arias Cañete como número uno de la lista, obtuvo en 2014 un 26,09% de los votos, mientras que el PSOE, que llevaba a Elena Valenciano de cabeza de cartel, se quedó en el 23,01%. Entre los dos aglutinaron el 49,1% de las papeletas, lo que supuso una dramática caída de 31,8 puntos respecto a las europeas de cinco años antes (en 2009 concentraron el 80,90%).

El mapa político cambiaba esa noche del 25M por completo. En tercera posición, quedaba Izquierda Unida, que superaba el 10% de los votos. Y, especialmente, aparecía una nueva formación que abanderaba el fin del bipartidismo: Podemos. Los morados se presentaron por primera vez ante las urnas e irrumpieron con el 7,98%, obteniendo cinco diputados (entre ellos, Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez y Pablo Echenique). En la derecha también emergieron con fuerza otras opciones como UPyD, con un 6,51%, y Ciudadanos, con un 3,16%. 

Y ese resultado electoral desencadenó unos efectos sin precedentes en el panorama político, en el que el PP y el PSOE vieron amenazado su reinado absoluto de décadas. En este contexto, se produjo la abdicación del rey Juan Carlos apenas unas semanas más tarde. Pero también el socialismo se sacudió internamente ante el fantasma de la pasokización: Alfredo Pérez Rubalcaba dimitió como líder del PSOE y convocó las primeras primarias directas de los militantes, que ganó Pedro Sánchez frente a Eduardo Madina. 

El escenario se llenó de nuevos rostros que simbolizaban esa nueva España que se abría con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Alberto Garzón, Rita Maestre, Albert Rivera o Inés Arrimadas, entre otros. Llegaban aires nuevos y paralelos tanto desde el 15M y como de la operación del establishment de la derecha por si se derrumbaba un PP inmerso en los recortes y en casos de corrupción.

Se puso en rumbo el camino para el fin del bipartidismo dominante también en el Congreso de los Diputados, donde se vio seriamente golpeado en los comicios de diciembre de 2015 al registrar sólo un 50,71% de apoyos cuando cuatro años antes había tenido un resultado del 73,39%. Los parlamentarios socialistas y populares pasaron de 296 a 213 en solo una legislatura. Esa fragmentación sin parangón y la falta de una cultura de acuerdos llevaron a tener que repetir las elecciones en junio de 2016, donde subieron el PP y el PSOE ligeramente hasta el 56,06%. Pero la cultura de coalición todavía no se logró imponer y acabó con el dramático episodio de la abstención de los diputados socialistas para hacer presidente a Mariano Rajoy. 

Si el bipartidismo había acabado con su dominio absoluto en votos, todavía faltaba una muralla nunca derribada sobre la unión parlamentaria para armar mayorías frente a la lista más votada. Este camino se abriría con la moción de censura de junio de 2018, que hizo jefe del Ejecutivo a Pedro Sánchez tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. 

Los populares entraron en un fuerte declive entonces y su desplome hizo que el bipartidismo encarara su fase más baja, especialmente por la pujanza en la derecha de Ciudadanos y la irrupción de Vox. En las elecciones de abril de 2019, el PSOE y el PP sólo obtuvieron el 45,36%, su cifra más baja (que supuso también solo 189 diputados entre los dos). La repetición electoral de noviembre de ese año hizo subir algo a las formaciones, pero también se quedaron por debajo del 50% (con un 48,81%). 

Y a partir de ese momento también el bipartidismo vio cómo se acabó la fórmula tradicional de gobernar en La Moncloa en solitario con el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que dio lugar al primer Ejecutivo de coalición en España desde la II República. Una fórmula que han tenido que aceptar los grandes partidos y que se ha repetido tras las últimas elecciones generales con un nuevo acuerdo entre los socialistas y la formación de Sumar. Los partidos por debajo de los dos grandes también exigen entrar en los gobiernos y renuncian a influir sólo desde fuera. La fórmula de coalición también se ha impuesto de forma mayoritaria en todas las autonomías donde no hay mayoría absoluta: Asturias, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Canarias y Castilla y León.

Las generales del pasado 23 de julio supusieron, no obstante, un incremento del bipartidismo, ya que el PP (33,06%) y el PSOE (31,68%) aglutinaron el 64,74% (casi 16 puntos más que en noviembre de 2019). Es, por tanto, la cifra más alta que se recuerda desde la legislatura de 2011. Asimismo, ahora en la Carrera de San Jerónimo hay 258 diputados de estos dos partidos, 49 más que en la anterior legislatura.

Las elecciones del 9J suponen un nuevo examen para el bipartidismo, justo cuando se cumplen diez años de aquel 25 de mayo. La noche no será tan trágica para los dos partidos como aquel día, a tenor de las encuestas. Según el barómetro preelectoral publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas, la suma de los dos principales partidos andará en una horquilla de entre el 60,7% y el 65,4%. Por lo tanto, habrá recuperado algo de brío pero será insuficiente para volver a los viejos tiempos.

La bajada de los dos principales partidos no abrió, en cambio, la vía de las grandes coaliciones como sí ha sucedido en otros países de la Unión Europea, aunque fue la fórmula con la que trató de convencer Mariano Rajoy a Pedro Sánchez en 2015. El socialista nunca ha querido esa alianza, como también siempre rechazó Pablo Casado en el PP, al entender que esto podría abrir precisamente un escenario en el que un tercer partido lidere la oposición y se ponga en condiciones de llegar al Palacio de La Moncloa.

La caída del bipartidismo también tuvo efectos directos en las dinámicas internas de los partidos y de las instituciones como la implantación de primarias en muchos procesos internos, la normalización de ejercicios de transparencia como la publicación de los ingresos y de las declaraciones de bienes de los representantes públicos y la generalización en muchas formaciones de consultas entre los militantes para validar grandes decisiones y acuerdos de gobierno. Aunque también han fracasado algunas de las experiencias que trajeron los nuevos partidos como el intento de hacer públicas y retransmitir en directo las negociaciones entre distintas formaciones. El bipartidismo ya no es lo que era, pero sigue manteniendo la joya de la corona: la Presidencia del Gobierno la retienen el PP o el PSOE.

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado su visto bueno a que RTVE compense en su Canal 24 horas a los rivales del PSC en las elecciones catalanas de este domingo por la entrevista al presidente Pedro Sánchez que La 1 emitió en prime time el 29 de abril, tras el periodo de reflexión de cinco días para decidir si continuaba o no en la Moncloa, según recoge Europa Press.

Aquella entrevista fue recurrida por el PP, ERC y Ciudadanos al considerar que alteraba el reparto de tiempos establecido en el Plan de Cobertura de RTVE para la campaña electoral de las catalanas y la JEC les dio la razón ordenando el martes a RTVE que buscase una compensación "en análogo formato y horario" para los demás candidatos a la Generalitat, excluyendo al socialista Salvador Illa.

Pero RTVE alegó que ya no podía compensar a los demás candidatos en La 1 en los pocos días que restan de campaña electoral, máxime cuando RTVE tiene comprometido reservar un día para la semifinal de Eurovisión y cuando los telediarios exigirían desplazar a Madrid a todos los políticos catalanes, lo que sería muy dificultoso.

Su propuesta alternativa es emitir entrevistas a las 10 de la noche, prime time, pero en el Canal 24 horas, algo que recurrieron ERC, En Comú, el PP y Ciudadanos al considerar que no se cumplía fielmente con las compensaciones que estableció la JEC.

En una resolución recogida por Europa Press, el organismo arbitral admite que la propuesta de RTVE no es "plenamente satisfactoria", pues aunque "se ajusta al formato y horario" en que se emitió la entrevista con Pedro Sánchez, se opta por "una cadena diferente" y no se puede negar que "la audiencia del Canal 24 Horas es muy inferior al de La 1".

Pero teniendo en cuenta "circunstancias relevantes" como los "problemas logísticos" para realizar en directo esas entrevistas en La 1 y "el compromiso adquirido con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para la retransmisión en directo en ese horario del Festival de Eurovisión", la JEC concluye que la solución adoptada por RTVE es "una compensación razonable y suficiente", por lo que procede a desestimar los recursos.

Eso sí, insta a RTVE a informar de esas entrevistas en la segunda edición del Telediario de La 1 de los dos días restantes de campaña, así como a publicarlas en la Plataforma RTVE Play. El acuerdo es firme en vía administrativa sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses de su notificación.

Con más de cuatrocientos mil seguidores en su canal de Telegram y cincuenta y dos mil en otro que sirve como chat para sus seguidores más acérrimos, Luis Pérez —popularmente conocido como Alvise— podría ser la sorpresa de los comicios europeos, ya que el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas le da una intención directa de voto de casi un punto —0,9%— por delante de formaciones como Junts Per Catalunya o de la alianza de Ara Republiques, conformada por ERC, EH Bildu, BNG y Més. Pérez, exasesor de Toni Cantó y reconocido difusor de bulos en redes sociales, es uno de los mayores agitadores de la alt-right española, un concepto acuñado en Estados Unidos en referencia a una "derecha alternativa", para lavar la imagen de movimientos como el Tea Party, que alentó la radicalización de las bases del Partido Republicana y allanó el camino a Donald Trump.

Pérez no ha dado detalles sobre quién le acompañará en la lista, ni ha presentado un programa electoral. Tampoco sobre quién o cómo se financia. Desde infoLibre le hemos preguntado al respecto, sin obtener respuesta. La opacidad marca su candidatura, la antipolítica es su principal baza. Los pocos detalles que ha dado han sido a través de su canal de Telegram o de sus redes sociales, en las que afirma que, si sale electo, "sorteará públicamente cada mes el 100% de su sueldo" —no concreta cómo—, también afirma haber "fichado" a asesores del presidente argentino Javier Milei, "en materia jurídica y electoral" y subraya que busca defenderse, desde su aforamiento, de las supuestas "coacciones" a las que está sometido. Fuentes especializadas en análisis digital explican a este periódico que que conseguir el acta le podría beneficiar de cara a la "cantidad de pleitos legales" que tiene y también apuntan a que podría tener "vínculos con la policía", de ahí a que pueda acceder tan a menudo a informes confidenciales.

Además de su lenguaje beligerante contra toda la izquierda que apela siempre al 'a por ellos', sus mensajes se completan con bulos, racismo, xenofobia, machismo y ataques personales, y sus publicaciones, en las que suelen se caracterizan por su protagonismo exacerbado con un discurso marcado siempre por el "yo frente a todos", se unen con supuestas "informaciones en exclusiva" que suelen ser fotografías de políticos de izquierdas o de sus familiares —llegó a publicar una fotografía que más tarde borró de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— en lugares públicos. También fue uno de los principales impulsores de las manifestaciones de Ferraz, buscando capitalizar las protestas alentando a las masas y victimizándose por las injusticias policiales. 

Para Juan Francisco Albert, director del centro de análisis sobre radicalismo reaccionario Al Descubierto, Pérez busca situarse siempre como "la victima" y pretende "instalar el relato de que "hay todo un sistema que va a por él". A su juicio, y pese a tener una legión de "fans", cree que "está muy solo" porque "se ha quedado sin aliados" pese a que "originalmente tuvo muchos apoyos": "Hay organizaciones que se sirvieron de él e intentaron controlarlo, pero han comprobado que es incontrolable. Va a la suya", explica. A juicio de Teresa Ciges, periodista y consultora de comunicación política y estrategia digital, con su estrategia en redes busca amplifica la ira, la hostilidad y la polarización con él como protagonista: "Quiere protestar contra el Gobierno, pero su principal interés es el posicionamiento e incrementar su notoriedad"

Los comienzos de Alvise Pérez en política llegaron de la mano de Ciudadanos. Desde diciembre de 2018 hasta la campaña electoral de abril de 2019 fue asesor en el Congreso de Toni Cantó, hasta que este fue designado como candidato en las autonómicas valencianas. En aquellos comicios Ciudadanos quedó en tercera posición y Pérez se convirtió en el jefe de gabinete de Cantó. Sin embargo, su relación se fue enfriando tras las polémicas generadas por el discurso extremista Pérez en redes. El expolítico de Cs le acabó degradando y situó un coordinador de gabinete por encima a los seis meses. Semanas después, a punto de expirar su contrato, dimitió.

Desde entonces, Alvise Pérez ha incrementado su faceta en redes construyendo una comunidad de fieles a los que 'alimenta' con bulos por los que se ha sido denunciado en muchas ocasiones. Aunque Vox se ha servido su contenido para atacar a sus rivales y este ha confraternizado abiertamente con los de Santiago Abascal, ahora la formación ultra también es objeto de sus críticas. De hecho, en uno de sus últimos mensajes en su canal se refería a ellos como "sectarios" y "parásitos". "Que el pueblo español valore qué significa que PP y Vox nos estén ridiculizando y poniendo a caldo como 'frikis de internet' ante los periodistas del Congreso, en vez de centrarse en echar al Gobierno más criminal de la historia reciente de nuestra", escribía.

El director de Al Descubierto explica que Pérez ejercía "originalmente" más como portavoz que como que agitador. "Vox lo tenía cerca, pero no sabemos lo que pasó exactamente para acabar tan mal", prosigue. Fue especialmente beligerante con la formación de extrema derecha en plena pandemia, cuando buscó devaluar el apoyo del diputado Juan Luis Steegman a la campaña de vacunación acusándole de haber cobrado "sumas millonarias de las farmacéuticas".

El acoso llego a tal punto que Vox, mediante un comunicado oficial, se vio forzado a refutar la versión difundida por Pérez. "Alvise incluso se pasa de agitador y mentiroso para la extrema derecha", afirma Albert, que le define como un "conspirador de manual". Una de las patas de Vox son los conspiranoicos, pero no ha apostado demasiado por esto en comparación con otras extremas derechas", prosigue el experto. Otras voces apuntan a que el choque con Vox se ha visto alimentado por las acusaciones de "fraude electoral" en las elecciones.

La encuesta del CIS, pese a ser un organismo que, a juicio de Pérez, no tiene credibilidad, ha sido ampliamente difundida por el agitador en sus canales, afirmando que estaría incluso cerca de conseguir dos escaños que arrebataría a Podemos o a Sumar. Lo cierto es que para las formaciones nuevas es más sencillo obtener representación en Europa que en unas generales por el sistema de reparto, que es de circunscripción única. Sin embargo, se necesitan muchos votos para lograrlo.En las elecciones del 2019, el último escaño se eligió con 367.981 votos. A la coalición de partidos nacionalistas y regionalistas en la que estaban PNV, Geroa Bai o Coalición Canaria le costó más de 600 mil votos su único escaño y Junts Per Catalunya, con Carles Puigdemont de candidato y casi un millón de votos, solo obtuvo dos actas.

Ciges advierte de que por muchos seguidores que tenga Alvise Pérez, "las campañas no se ganan únicamente en el mundo digital" como se vio, por ejemplo, con la candidatura de 'Barcelona és capital' en 2019 que, según explica Ciges, "hicieron una campaña magnífica a través del entorno digital, con el SEO trabajado y publicidad muy bien hecha" pero finalmente no consiguió el acta. La experta creee que la única baza que juega en favor de Pérez es que "puede activar y movilizar a un electorado abstencionista", especialmente si es joven.

Por su parte, Juan Francisco Albert confiesa que "no se acaba de creer" el resultado del CIS. "Alvise encaja en la figura de estrellas digitales pero tiene dificultades a la hora de movilizar a su electorado", asegura. Así, el exerto destaca que aunque "tiene fans" actualmente "hay una sobreoferta de candidaturas de extrema derecha" con Vox como el partido más fuerte. "Por mucha fama que tenga, lo veo difícil. Además de que unas 100 mil personas de su canal son bots, es decir, personas no reales, Vox no está tan débil. Está decadente pero resistió en Euskadi y en Cataluña puede no irle mal", razona.

Aunque el director de Al Descubierto cree que Pérez no conseguirá el escaño, considera que "la derecha española está sentando las bases para que aparezca un partido que imite al de Milei". Ese sería el objetivo de Pérez, ya que Albert destaca que ese "estilo liberal" del presidente argentino "es contradictorio con la derecha española" con un PP "haciendo capitalismo de Estado" y con Vox cuyas actitudes son más de corte "fascista". "Puede que un años veamos una opción política en esa línea", augura, aunque también aclara que el fenómeno Milei "está muy vinculado al contexto argentino" por la crisis endémica, lo que no sucede en España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en la exministra de Sanidad y actual eurodiputada Dolors Montserrat para encabezar de nuevo la lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, según ha anunciado el líder del PP en un acto en Figueres (Girona), según recoge Europa Press.

En los comicios de 2019, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, eligió a Montserrat como cabeza de lista en las europeas y cinco años después Feijóo ha decidido que sea de nuevo ella la número uno de la candidatura del PP. El 9 de junio se medirá con la socialista Teresa Ribera, vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otros candidatos.

Entre las nuevas incorporaciones figuran la de la almeriense Carmen Crespo, exalcaldesa de Adra, hasta ahora consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el Gobierno de Juanma Moreno y antes delegada del Gobierno en Andalucía; y Alma Ezcurra, diputada en la Asamblea de Madrid y coordinadora general de la Fundación Reformismo XXI.

Ambas han relegado a la cuarta posición a González Pons, actual vicesecretario de Institucional del PP y jefe de campaña de las europeas, que hace cinco años fue como número dos de la lista, por detrás de Montserrat.

Otro de los fichajes es el ex secretario general de Ciudadanos Adrián Vázquez, que irá en el puesto 10. De esa lista formarán parte también otras dos eurodiputadas de Cs, Susana Solís (es la número 15) y Eva Poptcheva (número 23).

También es novedad el fichaje del economista Fernando Navarrete, hasta ahora director de gabinete del gobernador del Banco de España, que irá de cinco en la candidatura; Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, que ocupará el puesto 12; o Borja Giménez Larraz, hijo del expresidente del PP aragonés Manuel Giménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA en 2001 y que figura en el número 19.

Algunos cargos ocuparán ahora una posición peor que en 2019, como el navarro-mallorquín López-Isturiz, que fue de número 3 hace cinco años y ahora va en el puesto 17; la exministra Pilar del Castillo, que pasa del 5 al 9; la madrileña Isabel Benjumea, del 10 al 18; el andaluz Juan Ignacio Zoido, del 4 al 14; o el madrileño Pablo Arias, del 11 al 16. Otros se mantienen más en la misma posición, como el vasco Javier Zarzalejos (número 6) o Francisco Millán (8).

Escalan a un mejor puesto la balear Rosa Estarás, que ahora va de 7 y fue hace cinco años de 9. De la lista se caen dirigentes como el octogenario José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores, o Leopoldo López, padre del opositor venezolano.

Asimismo, el filósofo y fundador de Basta ya, Fernando Savater, cerrará la candidatura del PP para las elecciones europeas. "Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos", dijo Feijóo hace unos días.

El propio Feijóo ha anunciado este lunes en un acto en Figueres (Girona) que Montserrat repetirá como candidata y ha dicho que es un "honor" y un "aval" para su partido que la exministra de Sanidad Dolors Montserrat –"catalana hasta la médula"– sea la cabeza de lista, después de haber "desvelado" en Bruselas estos últimos cinco años "las mentiras" del separatismo y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP ha señalado que con esta candidatura busca apuntalar algunas materias de ámbito comunitario como son el Estado de derecho, la agricultura, ganadería, pesca, la economía y la política internacional.

Además, ha asegurado que han elaborado una candidatura para seguir en la defensa del Estado de derecho español en el marco de las instituciones europeas, así como en el respaldo a los intereses españoles en las grandes negociaciones en la UE, que tan importantes son para los sectores profesionales estratégicos, según ha informado el partido en un comunicado.

El PP aspira a subir al menos media docena de escaños en las elecciones europeas del próximo año, recuperando sobre todo voto que apostó por Ciudadanos en los comicios de 2019. Su objetivo es volver a ser la primera fuerza en España en esta cita con las urnas, un puesto que le arrebató el PSOE hace cinco años.

El PSOE ganó las europeas hace cinco años con 20 escaños (32,82% de los votos) mientras que el PP fue segunda fuerza con 12 actas (20,13%), seis puntos menos que en 2014, donde los populares habían cosechado 16 eurodiputados. Tras el Brexit, los 'populares' lograron un nuevo escaño como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, hasta lograr los 13 actuales. Ahora, aspiran a ser primera fuerza, por delante de los socialistas.

Los primeros 35 integrantes de la lista del PP son los siguientes:

1.- Dolors Montserrat 2.- Carmen Crespo 3.- Alma Ezcurra 4.- Esteban González Pons 5.- Fernando Navarreteç 6.- Javier Zarzalejos 7.- Rosa Estarás 8.- Francisco Millán 9.- Pilar del Castillo 10.- Adrián Vázquez Lázara 11.- Gabriel Mato 12.- Raúl de la Hoz 13.- Esther Herranz 14.- Juan Ignacio Zoido 15.- Susana Solís 16.- Pablo Arias 17.- Antonio López Isturiz 18.- Isabel Benjumea 19.- Borja Giménez Larraz 20.- Elena Nevado del Campo 21.- Nicolás Pascual de la Parte 22.- Maravillas Abadía 23.- Eva Potpcheva 24.- Carlos Iturgaiz 25.- María Jesús Molina Hurtado 26.- Marián Cano 27.- Santiago Sánchez 28.- María Luisa Peón 29.- Ramón Moreno 30.- Beatriz Caro 31.- Cleopatra R' Kaina Liesfi 32.- Carmen Quintanilla 33.- Lucía Peral 34.- Fernando Sánchez Costa 35.- Ignacio García Marina.

El exsecretario general de Ciudadanos Adrián Vázquez ha confirmado este miércoles que concurrirá a las próximas elecciones europeas del 9 de junio en la lista de Partido Popular, de la que también formarán parte de otras dos eurodiputadas naranjas Susana Solís y Eva Poptcheva.

Según ha adelantado el diario El Mundo y recogido Europa Press, Vázquez y Solís irán en puestos de salida, acompañando a Dolors Montserrat dentro de los 20 primeros lugares de la lista, mientras que Poptcheva, figurará en el siguiente tramo de la candidatura.

"En un momento crítico de nuestra democracia hay que estar del lado de la defensa del Estado de Derecho y los valores fundacionales de la Unión", ha escrito Vázquez en un mensaje de la red social X.

Vázquez, que dimitió de la Secretaría General de Ciudadanos el pasado mes de marzo, justifica su salto al PP con el argumento de que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo en "este momento es la única alternativa política" capaz de "reconstruir" la "convivencia cívica y constitucional".

"Anuncio con orgullo que concurriré en sus listas al Parlamento Europeo para contribuir a ese objetivo", prosigue el mensaje de Vázquez, quien también aprovecha para agradecer a Feijóo la confianza depositada en él y "reconocimiento" a su trabajo de los últimos años.

Fue el pasado 22 de marzo cuando Vázquez dimitió de su cargo de secretario general de Ciudadanos, en el que permaneció poco más de un año. La decisión se consumó tras el fracaso de las negociaciones que el partido naranja había abierto con el PP para concurrir juntos a las elecciones catalanas y las europeas.

Entonces Vázquez aseguró que no podía comprometerse con una causa en la que ya no creía y tampoco "ser un obstáculo". Él era partidario de esa alianza electoral con los conservadores a la que se oponía otro sector del partido en especial su máximo responsable en Cataluña, Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a las catalanas del próximo 12 de mayo.

Vázquez asumió la Secretaría General de Ciudadanos en enero de 2023, después del proceso de refundación puesto en marcha tras las elecciones andaluzas de 2022 para intentar remontar las sucesivas debacles electorales.

Ganó las primarias formando una dupla con Patricia Guasp, que asumió la portavocía política de la formación. Aquel proceso interno abrió heridas en el seno de la formación, que se partió en dos al plantear Edmundo Bal una candidatura alternativa a la de Vázquez y Guasp, apoyada por el aparato del partido.

Formado en relaciones internacionales, Vázquez (Madrid, 1982) se desempeñó como asesor de Ciudadanos en la Eurocámara antes de convertirse en eurodiputado.

Este miércoles también se ha anunciado que el filósofo Fernando Savater cerrará la lista del PP para las elecciones europeas. Lo ha hecho el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, a través de su cuenta de X. En su mensaje el presidente de los conservadores se congratula del fichaje de Savater para este puesto simbólico.

"Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos", ha escrito Feijóo, quien también apela a la unidad.

"Es la hora de unirnos, fuera y dentro de la política. En la calle y en las urnas. Por la igualdad y las libertades", ha enfatizado el líder de los 'populares'.

No es la primera vez que el filósofo y escritor vasco, que ha participado en numerosas iniciativas antinacionalistas en los últimos años, forma parte de una lista electoral, aunque ahora lo haga en un puesto meramente simbólico.

En las generales de 2015, Savater se presentó al Senado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el partido que impulsó junto a Rosa Díez, Albert Boadella y Mario Vargas Llosa, entre otros. Al año siguiente intentó conseguir acta de diputado bajo las mismas siglas compitiendo como número cinco en la lista de Madrid, que encabezó Gorka Maneiro, que ahora forma parte de la candidatura de Izquierda Española para los comicios del 9 de junio.

El PP y Ciudadanos han confirmado este viernes la ruptura de las negociaciones para ir juntos a las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio, un fracaso que ha terminado con la dimisión del secretario general del partido naranja, Adrián Vázquez, que había liderado esas conversaciones por parte de su partido, según informa Europa Press.

El adelanto electoral en Cataluña anunciado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el pasado 13 de marzo había abierto una intensa negociación entre PP y Cs para explorar la posibilidad de concurrir conjuntamente. Los populares, que presumen de haber incorporado estos años a "más de 200" dirigentes naranjas, dejaron claro desde el primer momento que esa integración sería bajo sus siglas.

Después de ocho intensos días de contactos —se iniciaron hace dos meses con la vista puesta en europeas—, la negociación había encallado en las últimas horas, sobre todo tras las declaraciones públicas del líder de Cs, Carlos Carrizosa, reacio a integrarse en el PP y diluirse dentro de las siglas del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Este viernes, pocas horas antes de la reunión del Comité Nacional de Cs, Carrizosa había vuelto a reiterar públicamente su rechazo a una integración dentro del PP y había subrayado que era una cuestión "fuera de discusión". Además, había dejado claro que a su partido no le daba "miedo" ir solo a las urnas.

La división interna dentro de los naranjas ha sido visible en los últimos días. Así, el planteamiento de Carrizosa ha chocado con el expresado por Adrián Vázquez, quien este mismo jueves afirmó que era el "momento de un frente amplio" para las catalanas y europeas. Incluso apeló a dejar de "mirarse el ombligo", unas palabras que se interpretaron como un mensaje directo a su compañero catalán.

Solo tres horas antes de esa reunión de la Ejecutiva de Cs, fijada para votar si concurría con el PP a las elecciones, la formación ha difundido un comunicado confirmando la ruptura de las negociaciones con el partido de Feijóo.

"Desde las direcciones nacionales del partido Ciudadanos y el Partido Popular queremos lamentar la imposibilidad de haber podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento", señala el citado comunicado.

Además añade que, aunque el contexto político "exige medidas excepcionales", las "tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes".

En todo caso, las direcciones de ambos partidos "agradecen la buena disposición de quienes han estado sentados en la mesa hasta el último minuto para tratar de conseguir un consenso" y "se emplazan a seguir colaborando" en aquellas cuestiones "compartidas, como son la defensa los principios constitucionales, la defensa del Estado de Derecho y los valores europeos", concluye el texto enviado a los medios.

Por su parte, fuentes el PP han lamentado que esas negociaciones no hayan fructificado" y han reconocido "el trabajo de las personas implicadas para alcanzar un acuerdo que finalmente no ha sido posible debido a las tensiones internas en el seno de Cs".

"En este momento trascendental que vive España, considerábamos oportuno plantear que Cs se sumara a la única alternativa constitucionalista real al desgobierno de un presidente que solo ofrece cesiones al independentismo a costa del Estado de derecho y cuyo Gobierno se encuentra salpicado por una trama corrupta", han asegurado las mismas fuentes.

El fracaso de las negociaciones ha provocado la dimisión de Adrián Vázquez como secretario general de Cs, después de poco más de un año en el cargo. El anuncio lo ha trasladado a través de una carta, en la que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree ni quiere ser un obstáculo".

"He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", asegura Vázquez, para añadir que se marcha con "la tristeza de la decepción pero también desde la tranquilidad de quien lo ha intentado hasta el final".

Tras la despedida de Inés Arrimadas como presidenta de Cs el 14 de enero de 2023, Vázquez asumió la Secretaría General del partido. Los meses previos, la formación afrontó un proceso de refundación para intentar remontar las sucesivas debacles electorales.

Una vez confirmada la ruptura de las negociaciones, el PP sigue teniendo pendiente elegir su candidato a las catalanas. Por el momento, Feijóo mantiene la incógnita sobre si optará o no por el actual presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández.

Génova ha relegado estos días esa decisión asegurando que la prioridad era buscar un acuerdo para la integración de Cs. En cualquier caso, fuentes del partido reconocen que "no hay prisa" porque el plazo límite para registrar candidaturas finaliza el 8 de abril.

En los últimos días, algunos cargos han expresado su apoyo cerrado al presidente del PP catalán, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y exdiputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

Paralelamente, Alejandro Fernández recibió el pasado fin de semana el apoyo de entidades constitucionalistas como Convivencia Cívica Catalana, S'Ha Acabat! o Asamblea por una Escuela Bilingüe, así como expresidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), entre otros.

Vox ha fichado al exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta para su lista a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, según ha confirmado a Europa Press el propio Girauta, que se declara "encantado" con la propuesta.

La integración de Girauta es, por el momento, una propuesta que el líder de Vox, Santiago Abascal, tendrá que trasladar a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en una reunión prevista para este domingo en Vitoria. Una vez recibida, la Ejecutiva de Vox tendrá que aprobarla.

La idea de Abascal es que Girauta se ubique en la lista detrás del actual líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, y del actual eurodiputado Hermann Tertsch. Vox tiene buenas perspectivas para las elecciones europeas de junio y algunas encuestas señalan que podría doblar su representación actual.

 Girauta, nacido en Barcelona y de 63 años de edad, se ha declarado "encantado" con la proposición del líder de Vox. "Es un honor", dice a Europa Press. Sobre sus compañeros de lista, el también abogado y periodista resalta la "admiración" que siente por sus "amigos de muchos años".

Tras militar en el PSC hasta 1986 y ser después candidato del PP en distintas elecciones de 2003 y 2004 sin conseguir escaño, Girauta se involucró en Ciudadanos y fue uno de los rostros más visibles del partido naranja.

Primero logró ser eurodiputado en 2014 y al año siguiente se presentó al Congreso y fue portavoz 'naranja' en la Cámara baja entre 2015 y 2019. Tras el fiasco de las generales de noviembre de 2019 y la marcha de Albert Rivera, Girauta siguió su camino a los pocos meses y se dio de baja del partido naranja en mayo de 2020, cuestionando el apoyo de la dirección de Inés Arrimadas a los estados de alarma.

Desde entonces ha centrado su actividad en medios de comunicación y redes sociales, defendiendo un discurso muy crítico con el PSOE de Pedro Sánchez y con sus pactos con los independentistas, mientras que se acercaba a postulados de Vox y participaba en algún acto con ellos.

El de Girauta no es el primer fichaje de Vox procedente de las filas de Ciudadanos, pues en las generales de julio de 2023 incorporaron para su lista al Congreso por Barcelona a Carina Mejías, actualmente diputada de la formación.

Cataluña se lanza a las urnas. Y lo hace en un contexto diferente a las anteriores citas electorales, con una pugna muy dura dentro del independentismo y con un PSC como gran favorito ahora mismo en las encuestas. Todo eso con el vaso comunicante de que Junts y Esquerra son socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde acaban de sacar de la mano la proposición de ley de amnistía.

Los parámetros electorales en Cataluña no son iguales que en el panorama nacional. Y uno de los focos estará puesto en el llamado durante años voto constitucionalista, que se nutrió en parte de las localidades en la periferia de Barcelona y que fue determinante para que Ciudadanos fuera la primera fuerza en las elecciones tras la aplicación del artículo 155 en 2017. Un nicho del que se nutrió luego Salvador Illa para que los socialistas catalanes se impusieran el 14 de febrero de 2021, en una cita en plena época pandémica.

Ahora ese espacio puede volver a ser decisivo en la correlación de fuerzas de las elecciones, un electorado en el que incluso ha intentado entrar en las últimas convocatorias Esquerra Republicana. La apuesta por la independencia está en sus niveles más bajos desde hace años, pero los partidos soberanistas volverán a tirar de esa pulsión. El PSOE espera que sea exitosa su estrategia “transversal” que pasa por la hoja de ruta del reencuentro, mientras que el PP, Cs y Vox confían en pescar en ese caladero atacando a Illa con el supuesto descontento por la aprobación de la medida de gracia. Un maremágnum que nadie se atreve a pronosticar cómo acabará.

Lluís Orriols, vicedecano del grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, hace el siguiente análisis: “La cuestión identitaria sí va a importar, esas coordenadas siguen siendo fundamentales para entender la política catalana. Pero es cierto que detectamos en las últimas contiendas electorales que las orillas ideológicas son cada vez más porosas. Las transferencias del 23J de votantes de ERC y de Junts hacia el PSC fueron considerables. El tema identitario es importantísimo, pero no estamos en ese momento tan rígido como hace cinco años”.

“Sobre el desgaste de la amnistía, hay que tener en cuenta que las opiniones públicas catalana y española están muy diferenciadas. En el contexto nacional es muy divisiva y genera una oposición muy grande entre los españoles, incluyendo votantes socialistas, aunque cada vez la racionalizan más”, agrega. Para continuar: “En el caso catalán no es así, existe un mayor consenso. Y lo que es más importante: los votantes del PSC están mayoritariamente a favor”.

A lo que apostilla Orriols: “Esta cuestión se vive de forma distinta en Cataluña. No va a tener un efecto de desgaste para el PSC. Lo que sí puede provocar es que Carles Puigdemont pueda ser un actor muy revulsivo. De hecho, ERC también adelanta porque sabe que él puede ser muy dañino electoralmente para ellos. Hay muchos votantes de Esquerra que tienen mejor opinión del expresidente que de Aragonès”.

El Centre de Estudis d’Opinió de la Generalitat preguntó por la ley de amnistía en noviembre durante las negociaciones: el resultado fue de un apoyo de seis de cada diez catalanes. La norma era avalada también por los votantes del PSC en su mayoría, aunque el electorado estaba más dividido que en las otras formaciones (un 49% a favor frente a un 41% en contra). El apoyo a favor por partidos fue: ERC (94%), Junts (94%), CUP (94%), los comunes (83%) y PSC (49%).

En cambio, el respaldo es minoritario, según este barómetro, entre los electores de Cs (33%), PP (20%) y Vox (6%). Ese porcentaje de apoyo del 60% se invierte precisamente cuando se ve a nivel general, como recogía la encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser el pasado mes de diciembre, en la que se reflejaba que el 60% de los españoles consideraba injusta y un privilegio esta medida de gracia. Pero también reflejaba que sí contaba con mayoría de respaldo en Cataluña y Euskadi (las dos autonomías que van ahora a elecciones en abril y mayo).

En La Moncloa, en Ferraz y en el PSC, según las fuentes consultadas, rechazan que la amnistía vaya a recortar posibilidades de victoria a Salvador Illa. De hecho, insisten en que los catalanes van a premiar esa hoja de ruta por la convivencia y ese intento de curar las heridas dentro de Cataluña y con el resto de España. “Estamos en un cambio de ciclo”, sostiene una alta fuente del Gobierno. En el círculo de Sánchez dicen que el proyecto de Illa es “muy transversal” y descartan que la amnistía les perjudique. Además, ante la hipótesis de que puedan perder apoyos por esta norma, insisten en que les beneficia “lo que hay al otro lado”. Una cosa puede ser que algunos votantes no estén de acuerdo al cien por cien y otra que quieran que “ardan” las calles apoyando a PP y Vox, como analizan los socialistas. 

Lo que sí creen altos dirigentes del PSC es que el PP subirá respecto a los anteriores comicios “porque se comerá lo que queda de Cs y habrá trasvase de Vox”. Pero no sostienen que ese incremento pueda llegar desde su electorado. Desde Génova 13 marcan las diferencias con los socialistas. “Lo que no haremos es pedir el voto a los constitucionalistas para dárselo a los independentistas”. Esperan que ese mensaje cale durante estas semanas, como ya ha empezado a lanzar el propio Alberto Núñez Feijóo. Los populares están en conversaciones con Ciudadanos para presentarse de manera conjunta bajo las siglas del PP, como recuerdan fuentes del partido. En Cs, señalan en la dirección, creen que es pronto para saber si pueden quitarle votos al PSC por la amnistía.

Para el politólogo Toni Aira, el factor determinante sobre la dinámica vendrá marcado por si se presenta Carles Puigdemont, que ha amagado con hacerlo. “Entonces será inevitable que el eje Cataluña-España lo centro todo, salvo sorpresa”. Ciudadanos tuvo su gran momento en 2017, recuerda, pero también lo condiciona a que el PSC vivía un muy mal momento: “Entonces no levantaban cabeza. Pero clásicamente cuando al PSOE le va bien y está en Moncloa, el PSC también lo recoge”. 

“Hay que tener en cuenta que una parte del voto naranja ya ha vuelto al socialismo y también que otra parte puede entender que votar al PSC es la forma más útil de frenar al independentismo”, reflexiona el director del Máster en Comunicación Política Institucional de la UPF-BSM. “Y también el PP le va a hacer el bocadillo a Cs por la parte del voto más a la derecha. Va a subir bastante”, remacha. Pero dice que todo dependerá también de la campaña y la dialéctica que se instaure: “Cs es una marca del pasado y muy quemada”.