El Tribunal Supremo ha condenado a 8 meses de inhabilitación y multa al diputado de ERC Joan Josep Nuet Joan Josep Nuetpor un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Se le juzgó por haber votado, como secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña en la XI Legislatura, en la que era diputado de SíQueEsPot, a favor de la determinadas resoluciones independentistas pese a las advertencias del tribunal de garantías.

Para el Supremo "no cabe duda de que el Tribunal Constitucional es el órgano competente, como intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones deben ser obedecidas", a lo que añade que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva" como contempla la propia ley orgánica que regula este órgano.

Así, concluyen que "el mandato era claro, preciso y el acusado dispuso de fuentes de conocimiento altamente cualificadas para acomodar su conducta a las exigencias dispuestas".

"La desobediencia fue consciente, reiterada en el voto de admisión a trámite y en las negativas a la reconsideración y el acusado no podía plantear, como sí lo hizo en otras ocasiones a las que nos referiremos, alternativas al cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal Constitucional –abunda el Supremo en su sentencia–. O acataba o desobedecía, no tenía otra alternativa, y optó por desobedecer".

Durante su declaración en el juicio que se celebró ante el alto tribunal el pasado 25 de marzo, dada su condición de aforado ante este órgano, Nuet explicó que su intención al apoyar determinados acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña durante el procés, ente ellos los que facilitaron la tramitación de las leyes de desconexión con España, no era la de contravenir los mandatos del tribunal de garantías sino, más bien al contrario, tratar de que el independentismo "transitara por vías constitucionales".

En concreto, se le condena por un delito de desobediencia grave de los artículos 410.1 del Código Penal, igualmente la Sala integrada por Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer condena al diputado al pago de las costas procesales ocasionadas en esta causa.

La sentencia razona que Nuet, "bien como justificación de su conducta, bien como causa de inculpabilidad, o incluso como causa de exención de pena", afirmó durante el juicio haber actuado en ejercicio de sus funciones de diputado del Parlamento de Cataluña.

Frente a ello, argumenta que la conducta sometida a juicio se realiza en la Mesa del Parlamento, órgano rector colegiado del Parlamento con tareas específicas referidas a la organización del trabajo del órgano (artículo 37 del reglamento de la Cámara), que son "de carácter gubernativo y de organización del trabajo parlamentario, ajenas a la finalidad prevista en la proclamación de la inviolabilidad parlamentaria".

La resolución, de 25 páginas, remite a la argumentación de la sentencia del procésprocés que condenó por desobediencia a varios miembros del Gobierno de Carles Puigdemont y concluye que para atribuir esta conducta a Nuet existe "abundante prueba documental, las actas de la Mesa del Parlamento, así como las propias declaraciones del acusado que ha reconocido el sentido de su voto y los aspectos fácticos de carácter objetivo que resultan de los escritos de acusación".

Para el Supremo, el delito de desobediencia "se comete cuando dolosamente se dejen de cumplir las prevenciones, órdenes y mandatos emanados de una autoridad, dictados en el ámbito de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido".

Recuerda también que una reiterada jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el tipo penal del artículo 410 del Código Penal exigiendo que la orden emane de una autoridad competente, que sea una orden directa y terminante, dictada conforme a la legalidad, y que sea conocida por el sujeto obligado a cumplirla quien, de forma expresa, no cumple con obligación impuesta, hechos que entienden que se han producido en este caso.

Consciente de que el 1-0 era ilegal 

Así, los magistrados declaran probado que el acusado era plenamente consciente de que referéndum de autodeterminación contrariaba abiertamente la Constitución y las órdenes dictadas por el Tribunal Constitucional en varias resoluciones que le fueron notificadas personalmente y de las que había sido informado.

"No obstante, el acusado en su condición de miembro de la Mesa, llamado a calificar los escritos y documentos parlamentarios y admitirlos, o inadmitirlos, a trámite (art. 37 del Reglamento del Parlamento), votó favorablemente a la tramitación del proyecto de ley, desobedeciendo las obligaciones impuestas por el Tribunal Constitucional, órgano competente, para su disposición".

Respecto al órgano de garantías, el Supremo reitera lo dicho en sentencias anteriores en el sentido de que el citado órgano "como máximo intérprete de la legalidad constitucional, es la garantía última y efectiva del conjunto de derechos fundamentales y de la correcta ordenación del ejercicio del poder entre las distintas fuentes del mismo, delimitando las correspondientes áreas de Gobierno entre el Estado y las comunidades autónomas".

Añade que su existencia "es consustancial al sistema democrático como salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales y árbitro para la resolución de conflictos de poder", por lo que su legitimidad "no puede ser arbitrariamente reconocida o negada en función de la coincidencia o el rechazo con los intereses políticos que laten en el ejercicio del poder".

Sobre la multa impuesta, el tribunal atiende a la gravedad del hecho y constata para ello "el contenido de la desobediencia desarrollada por el acusado y la reiteración de las órdenes dispuestas por el Tribunal Constitucional", teniendo en cuenta además la actitud del acusado y las condenas impuestas en otros procedimientos con un objeto similar.

Nuet recurrirá al TC y pedirá suspender cautelarmente su inhabilitación

El diputado de ERC en el Congreso recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) su condena a ocho meses de inhabilitación por desobediencia al tramitar resoluciones independentistas en la Mesa del Parlament, y pedirá suspender cautelarmente su condena mientras el tribunal estudia el recurso.

Lo ha explicado su abogado, Enrique Leiva, en declaraciones a los periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y ha afirmado que tenía esperanzas de lograr una sentencia absolutoria.

Ha criticado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) no detalle más su papel en diferencia a otros miembros de la Mesa, y sobre Nuet ha dicho: "Su ánimo nunca fue el de desobedecer pero para el tribunal no tiene importancia".

Ha estacado que la sentencia "da mucha relevancia" a la admisión a tramite de la ley del referéndum, lo que fue contrario a los autos del Tribunal Constitucional (TC), que requirió a la Mesa para que impidiera cualquier medida relacionada con el 1-O.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hará el juicio por presunta desobediencia de la anterior Mesa del Parlament los días 28 y 29 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, ha informado este martes.

En una diligencia de ordenación recogida por Europa Press, el letrado de la Sala Civil y Penal del tribunal ha acordado realizar el juicio en estos cuatro días en sesiones de mañana –que empezarán a las 9 horas– y tarde –que comenzarán a las 16 horas–.

Serán juzgados por el alto tribunal catalán los exmiembros de la Mesa Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí), Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet y Boya se enfrentan a una petición de la Fiscalía de un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de desobediencia, al considerar que presuntamente hicieron caso omiso de las prohibiciones del Constitucional, además del pago de una multa de 30.000 euros.

Todas las partes en el juicio se reunieron el viernes en el TSJC para fijar la fecha de las sesiones, después de que se aplazara la anterior fecha prevista –del 19 al 22 de noviembre– por problemas de agenda de algunos abogados.

El TSJC también inadmitió definitivamente que sean testigos en el juicio la portavoz de Cs en el Congreso y expresidenta del partido en el Parlament, Inés Arrimadas; el presidente del PP en el Parlament en la anterior legislatura Xavier García Albiol; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el que fuera presidente de SíQueEsPot Lluís Rabell, informó el viernes el alto tribunal.

Sí que comparecerán como testigos en el juicio –a petición de las acusaciones– los exmiembros de la Mesa José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, según el auto en el que se acuerda la admisión de pruebas para el juicio, consultado por Europa Press.

De Gispert y Benach

Otros testigos serán los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, el exsecretario general del Parlament Pere Sol, y la letrada Mercè Arderiu.

A petición de Mireia Boya declararán como testigos el diputado de la CUP Carles Riera, los exdiputados de la formación Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra, el diputado de ERC Ferran Civit, así como el exdiputado de SíQueEsPot Albano Dante Fachin y los exdiputados de JxSí Lluís Llach y Antoni Castellà.

Joan Josep Nuet fue reelegido este domingo coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)  con 62 votos a favor, el 66,6% de quienes participaron en la votación, imponiéndose a su contrincante Xavier Pujols, coordinador general de EUiA de Santa Coloma de Gramenet, que obtuvo 24 votos.

En la votación participaron 93 de los 100 miembros del Consell Nacional de la formación. Además de los votos a los dos candidatos, hubo otros cuatro en blanco, un nulo y dos abstenciones.

La mitad de los miembros del Consell Nacional fueron elegidos el sábado mediante voto directo de los delegados asistentes a la VII Asamblea, que ratificó en el cargo al ahora diputado en el Parlament.

La militancia renovó así su confianza en el coordinador general del partido después de que la lista para el Consell Nacional encabezada por Nuet haya sido elegida previamente con el 72% de los votos.

En su discurso de clausura de la asamblea, Nuet destacó que la unión de la veteranía de los movimientos obreros que representa EUiA y la nueva política hará que la izquierda sea "imparable".

También respondió a la propuesta del PSC de concurrir en un futuro a las elecciones en coalición con el nuevo partido que promueve Ada Colau y reprochó a los socialistas catalanes que hayan votado junto al PP en la moción de censura presentada contra el alcalde de Sentmenat (Barcelona), que desalojó de la alcaldía a la Assemblea de Sentmenat, una coalición de la que forma parte EUiA.

Por último, manifestó que los conceptos soberanía y fraternidad no son incompatibles porque "sin pueblos libres no habrá clase trabajadora libre" y recordó que su formación apuesta por una república catalana libremente federada con el resto de pueblos del Estado español, como recoge el documento político del partido aprobado el sábado.

No han sido años fáciles, en los que bastaba con seguir la corriente. Aunque las heridas no hayan sido ni tan visibles ni tan profundas como los costurones que el proceso soberanista en Cataluña ha dejado en otras formaciones. Pero no hubo forma de escapar a las tensiones internas, ni siquiera en un partido, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que tenía claro que debía ondear la bandera del derecho a decidir, aferrarse a ese mástil y no separarse de él para mantener la cohesión en tiempos convulsos. 

Los ecosocialistas sienten que han hecho las cosas bien, y que no era sencillo sacar la cabeza en un contexto a ratos adverso y agotador. Que han llegado a puerto sanos y salvos, con una alianza potente –eso dicen las encuestas– para las elecciones catalanas y para las generales de finales de año, Catalunya Sí que es Pot (Cataluña Sí Se Puede). Una candidatura que consolida su pacto con Esquerra Unida i Alternativa (EUiA, la marca catalana de IU) y que incluye a Podemos y Equo, y que para el 27-S tendrá como cabeza de cartel al líder vecinal Lluís Rabell. Por detrás de él no figurará ninguno de los dos coordinadores nacionales de ICV, pese a que la formación aporta estructura y trayectoria. No estarán ni Joan Herrera ni Dolors Camats, y eso que los dos llevan poco más de dos años, desde la asamblea de Viladecans (Barcelona) de abril de 2013, al frente del partido. 

Ese ha sido el fuerte peaje pagado por los ecosocialistas a cambio de integrarse en una coalición amplia y con posibilidades de disputarle la hegemonía al soberanismo. Sacrificar a sus dos principales figuras, sacarlas del Parlament. Aunque se mantiene el "compromiso" en ICV de "no descapitalizarse", según expresa uno de los dirigentes más veteranos, por la dificultad en formar a "cuadros solventes". Herrera probablemente cogerá billete de vuelta a Madrid, al Congreso, la Cámara de la que fue diputado de 2004 a 2010, y en la que se sentía cómodo. Catalunya Sí que es Pot repetirá para las legislativas. 

De la escuela de Ribó, Saura y Guillot

Puede sonar a boutade, pero ICV no es Izquierda Unida. Ni es como Izquierda Unidano escomo . Procede del histórico PSUC, se fue configurando como una fuerza roja y verde y es heredera de los fuertes liderazgos de Rafael Ribó y Joan Saura. Y de su estilo. Saura, conseller de los tripartitos con el PSC y ERC, procedió a su progresivo relevo tras los comicios de 2010. Primero ubicando en un lugar preeminente, en la Secretaría General, al joven Herrera, y luego desapareciendo de la cúpula, junto a otro de los hombres fuertes, Jordi Guillot, en 2013, en la asamblea que aupó a su discípulo y a Camats como coordinadores nacionales. Ambos aprendieron de sus predecesores una consigna clave y útil en estos años de turbulencias: discutir de puertas para dentro "con seny y con ánimo de pacto, sin llegar a la guerra civilseny ". Lo cuentan sus aliados y viejos conocidos de EUiA, como una virtud incontestable frente a una IU "más volcánica y telúrica", más aferrada a los principios y más propensa a radiar sus acalorados debates internos. 

Mano izquierda es lo que ha hecho falta en pleno auge del soberanismo. ICV (como EUiA) apostó por el derecho a decidir y se subió al tren de Artur Mas. Pactó con CiU, con ERC y la CUP la pregunta del referéndum del 9-N y, pese a las resistencias iniciales, participó en la consulta alternativa. Pero no se ha subido al carro de la lista unitaria independentista, con la que siempre estuvo en desacuerdo. 

ICV ha tenido que surfear el temporal esquivando el peligro de ruptura interna. Porque el partido tiene entre sus bases tanto a federalistas como a independentistas. De hecho, no marcó una directriz a sus bases ante el plebiscito del 9-N. Las distintas sensibilidades se percibían incluso en sus dos principales figuras. Camats, de perfil más soberanista, votó sí-sí (independencia) y Herrera, sí-no (sí a un Estado propio, no a la secesión). "Los dos son reflejo de ICV y del esfuerzo de unidad", elogia un joven cargo público. 

Corriente independentista

Las fugas de militantes, en cualquier caso, no han sido tan voluminosas, dicen en la cúpula, como en el PSC –que ha visto salir a su ala independentista–, ni se ha partido en dos, como CiU, que directamente ha implosionado. Algunos abandonos, no obstante, sí han sido notables. Unos porque consideraban que la dirección se había quedado corta en su posición respecto al procés, como la exdiputada Carme García y Raül Romeva –ahora cabeza de lista de la candidatura de Mas, ERC y las entidades secesionistas, Junts pel Sí–. Otros, por lo contrario, como el portavoz de ICV en Barcelona, Quim Mestre, que fue fichado por el candidato del PSC al Ayuntamiento de la capital catalana, Jaume Collboni, como número seis de su plancha. Además, al partido le ha nacido una corriente soberanista, Compromís per la Independència, al que se adscriben Sara Vilà y el veterano Jaume Bosch, ambos con escaño en el Parlament. Una china en el zapato que no existe en EUiA. 

"El proceso soberanista ha sido muy duro por la polarización en Cataluña, pero nosotros hemos defendido nuestra hoja de ruta y no nos movemos de ahí, del derecho a decidir, y eso nos ha permitido la cohesión interna, aunque no sin tensiones. Al final, es una convicción de todos de que la convocatoria de un referéndum es la solución. Un referéndum pactado con el Estado y con pleno reconocimiento internacional, no como el 9-N. Eso es lo que nos ha permitido ir todos juntos a las elecciones del 27-S", analiza uno de los dirigentes con más trienios en la casa. Otro responsable emergente, próximo a Herrera, comparte el diagnóstico: "Contribuyó que hicimos una conferencia sobre el modelo nacional, donde apuntábamos hacia un sistema confederal. Y acertamos haciendo esa convención. Porque CiU o el PSC no tenían el punto de llegada tan definido. Nuestra preocupación era que no se rompiese ICV. Y lo hemos conseguido. Con excepciones como la fuga de Raül, que es un caso aislado y venía de lejos. Tiene mucho mérito". 

La salida de Romeva

En marzo de este año, justo tras esa convención, Romeva decidió irse. Romper su carné por discrepancias con la línea política adoptada sobre la cuestión catalana. Había sido eurodiputado de ICV durante diez años (2004-2014). Su portazo sentó mal en la casa, aunque no sorprendió, porque ya en los últimos años se había escorado hacia el soberanismo. Que ahora encabece la lista de Junts pel Sí "blinda" al partido, porque, según entiende la cúpula, el eje izquierda-derecha sigue funcionando y porque a fin de cuentas se hará campaña contra Mas y sus recortes. 

La cúpula de ICV ha vivido con cierto "agotamiento" la dinámica del debate soberanista, omnipresente en los últimos años. Pero también se felicita de que se haya ido abriendo un boquete en el muro, entrando en la agenda los temas sociales. La dirección ecosocialista juzga que también ha hecho los deberes. Sorprendida por el aldabonazo del 15-M en 2011 –"nos envejeció a todos", confiesa un dirigente–, empezó a plantearse la apertura. Caminar hacia un nuevo sujeto político, consciente de que la coalición con EUiA, a pelo, estaba agotada, posición que también compartian sus aliados. La apuesta se consagró en la asamblea de Viladecans, en 2013, cuando se solemnizó el llamamiento a la construcción de un frente de fuerzas de izquierdas y movimientos de carácter alternativo "capaz de protagonizar un cambio de régimen y un proceso constituyente". "Sumar y unir", dijo Herrera. 

Entonces Podemos aún no había nacido. Tardaría unos meses más. En enero de 2014, a pocos meses de unas europeas a las que los ecosocialistas acudieron con sus socios de siempre, con IU y EUiA, además de Anova. ICV no cambió de pareja, pese a que en su momento había prometido ir a los comicios a la Eurocámara con su aliado natural, Equo. Pero si hay algo que es santo y seña del partido, para bien o para mal, es su pragmatismo. Y en aquellas fechas, en los primeros meses de 2014, como había ocurrido antes de las generales de 2011, el viento soplaba a favor de IU. Tanto que no puso pegas a ocupar el puesto número tres de la candidatura –hueco que cubrió el joven diplomático Ernest Urtasun, discípulo de Herrera–, y no el segundo, como en 2009 y 2004. No hubo dificultades. La lista obtuvo seis escaños. Sólo uno más que Podemos. 

El 24-M y la ruptura de la agenda

La relación con la formación de Pablo Iglesias, no obstante, según cuenta un conocido fontanero de ICV, fue fluida desde un principio. Lo que no quita para que el diálogo de cara a las municipales del 24-M fuera por momentos complejo, como cuando tuvo que ceder la cabeza de Ricard Gomà, presidente del grupo municipal en la capital catalana, para allanar el acuerdo dentro de Barcelona en Comú, que quería una lista sin aspirantes que hubieran ejercido responsabilidades de gobierno, y Gomà las había tenido con los alcaldes socialistas Joan Clos y Jordi Hereu. La ola a favor de la candidatura municipalista permitió, en palabras de un joven dirigente, "romper la agenda", situando la cuestión social en el debate, a lo que ayudó que el entonces regidor, el convergente Xavier Trias, jugase la carta "del orden, y no del soberanismo". 

Los resultados de la coalición, formada finalmente por ICV-EUiA, Podemos, Procés Constituent –la plataforma del economista Arcadi Oliveres y la monja Teresa Forcades– y Equo, fueron incontestables. Primera fuerza en la ciudad. Ada Colau, alcaldesa. La ecosocialista (y exdiputada en el Congreso) Laia Ortiz, segunda teniente de alcaldesa. 

Esos buenos datos fueron el germen de Catalunya Sí que es Pot. Podemos tenía claro que sí quería buscar la confluencia en ciertos territorios, como en Cataluña (con ICV y EUiA), en Galicia (con las mareas), en Valencia (con Compromís) y en Baleares (con MÉS), pero no a nivel estatal con IU y Equo. Y el primer banco de pruebas serían las catalanas del 27-S.

¿Tabla de salvación?

Antes de que hubiera conflictos por la composición de la candidatura –y se veían venir: Pablo Iglesias definió a los jefes de ICV y EUiA como "viejos lobos de la política"–, Joan Herrera y Dolors Camats dieron un paso "al lado". Renunciaron a repetir como diputados en el Parlament. El nombre que pusieron encima de la mesa fue el de Joan Coscubiela, portavoz de ICV en el Congreso. En la dirección relatan que lo que se pretendía evitar era un proceso de presión de los aliados, que exigieran la cabeza de los coordinadores. Se prefirió la "mirada larga", primar el objetivo de la unidad, "buscar el encaje más sencillo, conocido el percal de las municipales". Al final, la opción no fue Coscubiela. Ni Oliveres, a quien se ofreció la cabecera de cartel, pero la rechazó (y después se descolgó Procés Constituent). Es Lluís Rabell, quien era presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

Coscubiela estará no obstante en la candidatura, probablemente como número tres. Y Herrera podría emprender viaje de vuelta a Madrid, al Congreso. "No digo ni que sí ni que no", ha dado por respuesta. La entente Podemos-ICV-EUiA también está cerrada para las generales. 

En la dirección de ICV niegan que se haya buscado la alianza con Podemos como "tabla de salvación", para evitar unos malos resultados el 27-S. "Hemos subido y bajado muchas veces, pero ahora se trataba de formar parte de algo nuevo, formar parte de ese embrión", señala un veterano. Lo completa otro compañero de filas: "El debate no era si desaparecíamos o no, podíamos haber mantenido grupo municipal y parlamentario, pero lo que queríamos era ir a otro sujeto político". "La confluencia es el camino hacia el PSUC del siglo XXI", analizaba Herrera en una entrevista con La Vanguardia el pasado 27 de julio. 

En ICV se recuerda que cuando sí se jugaba la "supervivencia" fue a finales de los noventa, cuando rompió con IU y pasó apuros, por ejemplo, para sacar diputado en el Congreso en 2000. Joan Saura lo consiguió. EUiA, en cambio, discrepa de esa lectura complaciente. Cree que este 27-S ICV sí habría estado en peligro como proyecto de no haber conquistado el pacto con Podemos. El "peaje", para amarrar su salvación, ha sido el sacrificio de sus dos líderes, cuyo futuro, no obstante, es incierto. De momento, se mantendrán al frente de ICV hasta la siguiente asamblea. Pero sin escaño en Barcelona. A medio plazo, el relevo natural sería el eurodiputado Ernest Urtasun, de sólo 33 años. 

ICV sin IU en generales... tal vez

Claro que también podría pensarse que a Podemos le conviene el pacto, ya que ICV y EUiA cuentan con "cuadros con experiencia" y, a ojos de Iglesias, ha hecho los deberes mejor que IU. Los ecosocialistas intentan mostrarse prudentes con la dirección federal de Cayo Lara, sin azuzar el fuego. Sostienen que en Cataluña ha primado la dinámica territorial, el ecosistema propio, que es el que habría facilitado la convergencia. "Pero también es verdad que nosotros no somos IU. No tenemos al PCE detrás ni a mucha gente de IU, a la que Podemos conoce bien, como a la cúpula madrileña [ya expulsada]. También damos una imagen más moderna. Y llevamos insistiendo en que traducir Podemos por Podem no es suficiente, que Cataluña tiene su propio clima. Y, por último, ya apostamos por la construcción de algo nuevo desde 2013", cuenta un cargo público. 

Un dirigente de EUiA discrepa de esa interpretación. Niega que ICV haya estado mejor equipada que IU. Recuerda que no participó "activamente" en el 15-M, y que ICV ha sido tradicionalmente un "partido de cuadros", y se ha comportado, en su funcionamiento interno, como una formación "clásica". "Nosotros en cambio llevamos dándole vueltas a la refundación desde la asamblea federal de 2008. Sí es verdad que somos una fuerza más plural, más compulsiva, más telúrica, más volcánica, y nos llegan más los impulsos de la calle. Ellos son más tácticos, más pragmáticos", prosigue. 

Si nada se mueve, la novedad vendrá también en las generales. Por vez primera, ICV podría no ir en coalición con IU, aunque sí con EUiA. Escenario que se produciría en caso de que la suma que ha propiciado Catalunya Sí que es Pot se consolidase. Aunque la papeleta tal vez más complicada la tenga EUiA, que también quiere mantener ese pacto con Podemos para las legislativas. ¿Se equivoca Podemos con su veto a IU? La cúpula de ICV evita meterse en polémicas. Quiere centrarse en el 27-S y recalca sus buenas relaciones con la federación de Lara y con sus cuadros.

De todos modos, IU sigue pensando que el 27-S redefinirá las posiciones de todos los actores. Entonces será el momento del examen y de hacer otra vez los números. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias; el de ICV, Joan Herrera; y el de EUiA, Joan Josep Nuet, se reunirán este viernes en la sede de los ecosocialistas en Barcelona para buscar una "confluencia" en las elecciones catalanas del 27 de septiembre y en las generales previstas para finales de año, según informó Europa Press.

Fuentes de Podemos aseguraron que el partido está "esperanzado" con llegar a este acuerdo y no descartaron que se cierre este mismo viernes. Al encuentro también asistirán la líder de Podemos en Cataluña, Gemma Ubasart; la colíder de ICV, Dolors Camats; y el eurodiputado ecosocialista Ernest Urtasun.

Además, ICV convocó un Consell Nacional del partido este mismo día por la tarde, donde está previsto que la dirección intervenga ante los medios.

Iglesias se encuentra en Cataluña desde el jueves. Tras la reunión, se verá con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La cita de Iglesias y Herrera llega después de que una encuesta de El Periódico de Catalunya recoja que una alianza de izquierdas con la participación de Podemos e ICV podría disputarle al presidente Artur Mas la victoria electoral el 27S.

El PSOE se opuso este miércoles en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por la juez María Servini, junto con otras autoridades del régimen, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco.

El PSOE enmendó la moción consecuencia de la interpelación que el diputado de IU Joan Josep Nuet dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que se reclamaba al Gobierno que reconsiderara su negativa a esta entrega. Propuso que, a cambio, se inste a la Fiscalía que investigue si los hechos de los que se acusa a una veintena de reclamados son constitutivos de delito en España.

Según esgrimió el diputado socialista Nacho Sánchez Amor en el hemiciclo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya han defendido en pasadas ocasiones la prescripción de los delitos de los que se les acusa por lo que la interpretación de la legislación excluye la extradición.

Sánchez Amor reconoció que este hecho deja "una sensación amarga" pero recordó que actuar así es aplicar las leyes aprobadas en democracia y, por tanto, proceder de forma distinta a la de los verdugos. "En una democracia los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado", subrayó.

Que se cumpla la ley de 2007

El representante socialista reclamó la puesta en marcha de otra vía, distinta a la judicial, que pueda servir para la reparación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. "Hay que explorar otras vías, pongamos en marcha lo que establecía la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ha sufrido una derogación de facto por parte del grupo que ejerce la mayoría", dijo.

Así, su enmienda reclama que se dé "inmediato cumplimiento y desarrollo" a esta norma y se recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y la labor de localización de fosas y se proceda al entierro digno de los que yacen en montes y cunetas y a la retirada de todas las menciones conmemorativas de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. El PSOE también pide el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos y se prohíba que se celebren allí actos de naturaleza política.

Por su parte el PP, en boca del diputado Pedro Gómez de la Serna, recordó al resto de partidos de la izquierda presentes en el hemiciclo, y en particular al representante de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que el último gran genocidio sufrido en España es "el terrorismo de ETA" y otras organizaciones terroristas.

El parlamentario conservador cuestionó la entrega de los reclamados por la juez Servini. "Me niego a pensar que la justicia argentina sea de mayor calidad que la española", dijo, y remarcó que esta cuestión, está jurídicamente resuelta.

Revocar el acuerdo

Nuet reclamó que el Congreso inste al Gobierno a revocar el acuerdo del 13 de marzo de 2015 por el que denegó la extradición de esas 20 personas reclamas por la jueza María Servini, tres de las cuales ya han fallecido, y entre las que se encuentran los exministros Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Además, IU-ICV-CHA quiere que la Cámara emplace el Ejecutivo a "cumplir de inmediato la orden de detención preventiva cursada por Interpol" contra los 17 reclamados que continúan vivos, de manera que sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional en cumplimiento de las leyes españolas de Extradición Pasiva, de Cooperación Internacional en Materia Penal y del Tratado Bilateral de extradición vigente ente España y Argentina.

Su iniciativa contará con el apoyo del Grupo Mixto, PNV y CiU mientras que UPyD adelantó que se abstendrá en la votación, que se hará mañana jueves. Nuet se comprometió a dialogar con el PSOE para transaccionar la enmienda presentada.

Según explicó, no acceder a la entrega supone amparar la impunidad y proteger a personas sospechosas de haber cometido delitos internacionales. En su opinión, el acuerdo del Consejo de Ministros deja en "profundo desamparo" a los familiares de las víctimas. "Hagan un favor a nuestra historia, convivencia y reconciliación, pongamos a los verdugos ante los jueces y que sean ellos los que tengan la última palabra", dijo.

La excandidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Tania Sánchez hizo este miércoles un llamamiento a los militantes socialistas defraudados por el proceso de elección del candidato a sumarse a su proyecto.

En su intervención en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa en el hotel Ritz de la capital, dijo que considera "razonable" la petición de militantes socialistas de unas primarias, y sostuvo que "sería más que razonable que se escuchara a sus bases de les dejara participar y tomar la decisión colectivamente".

"Creo que si no lo hacen así un gran número de militantes socialistas quizás se defrauden, se desesperen", al tiempo que hizo un llamamiento a todos ellos a participar en el acto ciudadano convocado para este sábado, 21 de febrero, para empezar a preocuparse de los problemas de la gente y no de los partidos.

De hecho, el exaspirante a la candidatura del PSOE para la Alcaldía de Madrid Enrique del Olmo asistió al acto, y la plataforma que apoyó su candidatura, Gana Madrid, es una de las organizaciones representadas en el proyecto de Tania Sánchez, junto a Equo y Por Un Mundo + Justo. A propósito de la situación de la que era su formación y, en concreto, sobre si no se ha precipitado en su salida, dijo que cuando tomó la decisión junto a otros compañeros de "hacer una apuesta política por la unidad desde la dura constatación de la inviabilidad de hacerlo" en IU, lo hicieron con la "firme voluntad de dejar de hablar de los problemas de los partidos para volver a hablar de los problemas de la gente".

El proyecto de "las gentes de Madrid"

"Por tanto, no hablaré de los problemas de una organización donde para mí está la mejor militancia de Madrid y desde luego gente que, sin duda, ha de ser protagonista del cambio y que yo espero encontrármelos por el camino", ha agregado. "Hoy es tiempo de hablar de la gente y no de los partidos", apostilló.

Asimismo, criticó el proceso de designación de los candidatos del PP, al señalar que le cuesta comprender que una sola persona pueda decidir quién es el candidato sin contar con los militantes ni las estructuras.

También Sánchez manifestó este miércoles durante el desayuno –en el que fue presentada por la periodista de la Ser Pilar Velasco– que quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid y que "urge romper" con las "fragmentación" de la izquierda y construir "propuestas alternativas unitarias". "Creo que urge romper con esa fragmentación tratar de unificar propuestas alternativas unitarias, ese es el empeño y en lo que nos vamos a poner a trabajar", dijo Sánchez en respuesta a preguntas de los periodistas.

Sánchez explicó en su intervención [consúltala aquí en PDF] que este "no es el proyecto de Tania Sánchez, sino el de las gentes de Madrid que llevan años clamando en sus calles mientras sus gobernantes son sordos y ciegos". "Es un proyecto colectivo de mayorías sociales con ganas de ser mayoría política, por eso quienes llevamos años encontrándonos en luchas y coincidiendo en propuestas hemos lanzado una convocatoria ciudadana para este sábado", sostuvo.

Estos colectivos convocan "a las gentes de Madrid" a "unificar las fuerzas de cambio en un proyecto que no sólo mira al futuro sino que se detiene en la urgencia del momento actual", señaló, al tiempo que subrayó la necesidad de "un plan de rescate ciudadano que paralice los desahucios y atienda a los sectores más empobrecidos", de hacer de Madrid una región "más igualitaria, en la que garantizar los derechos sociales", de frenar el "mercadeo" con los servicios públicos y de "poner en el centro de la política presupuestaria las necesidades del bienestar colectivo".

Según Sánchez, la región cuenta con una ciudadanía "madura para recuperar las instituciones y ejercer la política con mayúsculas" y "a ese Madrid de sueños colectivos" es al que han convocado este sábado en el acto que tendrá lugar a las 12 horas en las sede de UGT de Madrid "para ir juntos al cambio" y al que llaman a la "unidad para construir la alternativa al PP".

Sin hoja de ruta

"Una alternativa unitaria para el cambio" que hay que construir a "contrarreloj" y para la que no hay hoja de ruta, reconoció Sánchez. El calendario, recordó, "sí o sí" acaba el 16 de abril, cuando termina el plazo para presentar candidaturas, y "cómo acabe dependerá de la ciudadanía y de la gente que se ponga a trabajar en ello".

En este sentido, señaló que nadie sabía cómo iba a empezar Ganemos Madrid y Guanyem Barcelona (ahora Barcelona en Comú), "que tienen estupendas expectativas", porque "los proyectos ciudadanos se construyen caminando y no tienen hojas de ruta pactadas, negociadas y cerradas desde el minuto uno".

"Yo lo que aspiro y hemos defendido desde el minuto uno, y es el proyecto y la propuesta, parte de entender que la ciudadanía quiere una alternativa única frente al PP, clara, concisa, democrática y con un programa directo, y espero que seamos capaces de lograrlo, pero en cualquier caso dependerá del protagonismo de la gente", dijo en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de converger con Podemos.

Además, a lo largo de su intervención, manifestó su voluntad de ser presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer de la región el centro de cambio del modelo productivo del país, capaz de convertir una economía especulativa en una economía productiva que genere riqueza y empleo para toda la región, y de "conjugar crecimiento económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental".

"Yo me atrevo a decir que quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer de esa estrategia de futuro y de cambio una realidad", subrayó Sánchez, quien agregó que no tiene intención de hacerlo sola sino mediante el diálogo con los actores sociales y políticos, de donde saldrá el "proceso colectivo de transformación".

Al acto asistieron el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, que pertenece al mismo sector de IU donde se ubicaba Tania Sánchez y el exconcejal de IU del Ayuntamiento de Madrid, el primero en abandonar la formación, Jorge García Castaño, y el aspirante a la candidatura del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid Enrique del Olmo. Entre las caras conocidas se encontraba la del exrector de la Universidad Complutense Carlos Berzosa, y el doctor Luis Montes –ahora en el Consejo Ciudadano de Podemos Madrid–; los diputados nacionales Laia Ortiz (ICV) y Joan Josep Nuet (EUiA, marca catalana de IU); Pablo Aldama, coportavoz de Equo Madrid; la exdiputada autonómica de IU María Espinosa o el excoordinador de IU en Chamberí Hugo Martínez Abarca –ambos en el proyecto de Sánchez–.

Varios miles de personas llenaron desde las 19.00 horas de este martes la plaza Sant Jaume de Barcelona y algunas calles aledañas reclamando "votar" el 9 de noviembre, tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC). Protestas similares se produjeron simultáneamente en otras localidades catalanas.

Los concentrados entonaron gritos como "¡Votaremos!", "Queremos votar" y "¡Democracia!", muchos de ellos ataviados con camisetas amarillas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), estelades y casi todos con paraguas por la fuerte lluvia. También se vieron carteles en forma de urnas. Con esta protesta, se inicia también la campaña a favor del sí a la independencia bajo el lema Ara es l'hora, impulsada por la ANC y Òmnium Cultural.

En la lectura del manifiesto, la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, reivindicó que votar es democracia, e insistió: "El 9-N votaremos y ganaremos".

Por eso, Forcadell mostró su apoyo al Govern para que se celebre la consulta porque "una amplia mayoría reclama votar", porque considera que votar es democracia, y porque ha recordado que casi todos los ayuntamientos catalanes defienden el 9N. Por su parte, la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, también insistió en que el 9 de noviembre se celebrará la consulta: "Iremos a votar", aseguró en una breve intervención.

"Ni un paso atrás"

Además de los gritos a favor de votar, en la concentración han sonado gritos de "independencia" y varios de los manifestantes reclamaron al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no dé "ni un paso atrás" tras la suspensión del TC.

En una de las fachadas de la plaza Sant Jaume se desplegó una gran pancarta con el lema "Un país pequeño que entre todos haremos muy grande", junto al reloj digital que refleja la cuenta atrás hacia el 9-N, y que partidos contrarios a la consulta han reclamado retirar tras la suspensión.

Los concentrados también se expresaron con silbidos cada vez que durante la lectura de los manifiestos se ha pronunciado el nombre del Tribunal Constitucional, y en varias ocasiones han entonado Els segadors –himno catalán– y la canción L'Estaca, del cantautor Lluís Llach.

En otros puntos de Cataluña

Al acto asistieron, entre otros, el líder de ERC, Oriol Junqueras; el coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull; el dirigente de Unió y secretario de Universidades de la Generalitat, Antoni Castellà; el coordinador de ICV, Joan Herrera; el coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, y el dirigente de la CUP Quim Arrufat. 

A la misma hora se celebraron concentraciones ante los ayuntamientos de las capitales provinciales (Tarragona, Lleida y Girona) y de otras localidades de Cataluña.

Artur Mas mantendrá viva en su calendario la consulta soberanista del 9 de noviembre hasta que las instituciones de Cataluña se pongan "en riesgo". Entonces, si la amenaza al autogobierno es real por parte del Estado, el president de la Generalitat frenará su desafío y, previsiblemente, activará su plan B, las elecciones plebiscitarias, que podrían convocarse para finales de 2014 o principios de 2015. El nuevo Parlament, que el Govern espera que cuente con una sólida mayoría soberanista, de en torno a 100 de los 135 diputados de la Cámara, podría declarar unilateralmente la independencia de España, un escenario que el propio Mas no descartó hace una semana. 

Esta es, a grandes rasgos, la hoja de ruta de los próximos meses que está en la cabeza de la cúpula de Convergència i Unió, según distintas fuentes consultadas por infoLibre. Todo ello asumiendo que el 8 de abril el Congreso pegará un sonoro portazo a las pretensiones de la mayoría catalana: el 85% de la Cámara –PP, PSOE y UPyD– rechazará en bloque traspasar a la Generalitat la competencia para convocar referendos, haciendo uso el artículo 150. 2 de la Constitución. Obturada esa vía, entrará en escena la Ley de Consultas Populares no Refrendatarias y Participación Ciudadana, una norma todavía en barbecho pero que se pretende aprobar definitivamente y publicar, para su entrada en vigor, a primeros de septiembre. "Inmediatamente después", Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Se baraja que ambos momentos coincidan después de la Diada (el 11 de septiembre) y antes del plebiscito secesionista en Escocia, el 18. 

Una planificación que comparten y reconocen los demás partidos integrantes del frente proconsulta –ERC, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA, la federación catalana de IU) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)–. La razón, como explican a infoLibre fuentes convergentes, es simple: se pretende apurar los tiempos, con la intención de reducir al mínimo la capacidad de reacción del Gobierno central. Al convocar el referéndum automáticamente después de la publicación de la Ley de Consultas, este se firma con cobertura legal, pues el Tribunal Constitucional no habría tenido tiempo para pronunciarse sobre la norma. Si Mas quisiera convocar el plebiscito con el mismo plazo que el de los procesos electorales ordinarios (54 días), entonces el decreto se publicaría y entraría en vigor el 16 de septiembre. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, con toda seguridad, recurrirá la Ley de Consultas y la convocatoria del referéndum ante el TC. Y este, a su vez, también con toda seguridad, anulará ambas. Ya el 11 de septiembre de 2008 el Alto Tribunal tumbó un referéndum similar promovido por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe. "La comunidad autónoma del País Vasco [...] no es titular de un poder soberano", decía aquella sentencia 103/2008. La estrategia del Govern, según fuentes del entorno del president, es "tensar" la cuerda con el Estado a partir de la prohibición del TC. Cargar contra el fallo y contra el Ejecutivo de Rajoy. 

"El presidente va a cumplir la ley"

El presidente del Gobierno ha asegurado que tiene también su propia hoja de ruta para frenar a Mas, pero nunca ha querido desvelarla. Se ha atenido a afirmar lacónicamente lo que volvió a responder el pasado viernes desde Bruselas: "Saben que el presidente va a cumplir la ley porque sería verdaderamente notable que no fuera así". ¿Qué puede hacer? La Moncloa tiene todos los instrumentos legales al alcance, desde los recursos a los tribunales hasta la solución más extrema, echar mano del artículo 155 de la Constitución, que prevé que si una comunidad no cumpliera con sus "obligaciones" o atentara "gravemente al interés general de España", el Gobierno central puede, con la mayoría absoluta del Senado, adoptar las "medidas necesarias" para forzarla a obedecer. La Ley Fundamental no especifica cuáles son esas medidas, pero cabría, por ejemplo, la suspensión o merma de la autonomía. Pero, como advierte Joan Josep Nuet, coordinador de EUiA, "ni siquiera haría falta llegar a eso": "Si el Estado somete a Cataluña a una completa asfixia financiera, se acabó. Antes de apretar el botón nuclear, el 155, hay armamento convencional".  

Es este el momento en que, según CiU, las instituciones de Cataluña se verían "en riesgo". Y ahí detendría su ofensiva con el referéndum del 9-N. 

O eso pretenden los convergentes. Pero a partir de aquí el escenario no está tan claro ni todos los miembros del frente proconsulta comparten estrategia. El nexo común que les separa del Govern es su abierto recelo a unos comicios plebiscitarios y su apuesta por apurar los cauces que permitan preguntar a los ciudadanos. "Nuestra prioridad es que la gente vote. Y creemos que la consulta debe celebrarse bajo el paraguas de la legalidad catalana o española", apuntan a este diario fuentes de ERC. Pero si el TC anula la Ley de Consultas y el referéndum es declarado ilegal, ¿qué hacer? "Alguna alternativa legal habrá. Que lo prohíba el Estado no es óbice para que se pueda realizar. La cuestión es buscar garantías legales, y no todas pasan por Madrid". 

ICV también maneja como primera alternativa que la consulta tenga lugar. Lo dice un máximo dirigente ecosocialista: "Nosotros ponemos como condición que haya urnas en todos los barrios y ciudades. Pero claro, tendríamos la dificultad de la zona metropolitana de Barcelona", donde el PSC, que rechaza todo referéndum si no está pactado con el Estado, aún conserva importantes alcaldías como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà. Los socialistas también gobiernan capitales como Lleida o Tarragona. ICV no quiere revelar aún qué alternativas caben en ese caso: "Lo estamos estudiando y en su momento se dirá. Pero nosotros estamos por la radicalidad democrática". Según el análisis de este alto cargo rojiverde, es incluso una "frivolidad" el planteamiento de CiU de tensar la cuerda para luego frenar. 

EUiA pone más pegas

La CUP, que sostiene que no es necesario en ningún caso el permiso del Estado –y por eso se abstuvo el pasado 16 de enero, cuando el Parlament aprobó solicitar a Madrid la competencia para convocar la consulta– tampoco se sitúa en la eventualidad de unas nuevas elecciones. "Creemos que hay que respetar la voluntad mayoritaria de los catalanes. Si físicamente no se impide la consulta, con policía, se puede celebrar, porque políticamente importa poco el veto del Estado", argumentan desde la organización. 

Quien pone más reparos a la celebración de la consulta aun con el no del Estado es EUiAno . Nuet advierte de que si el TC anula la ley y la convocatoria, los funcionarios públicos "no pueden ponerse al servicio" del referéndum, porque se expondrían a ser cesados, al no acatar una resolución. "Es prematuro saber qué pasará. Todo el mundo tiene ideas, pero no hay ninguna estrategia acordada. Una vez que el TC frene el plebiscito, es más que discutible que se saquen las urnas si no hay un acuerdo con el Estado y si no hay un reconocimiento internacional. Tras el veto, habrá que ver el pronunciamiento de instituciones y de la sociedad civil. Eso será clave para saber qué hacer", afirma el líder de EUiA. La propia IU ya acordó hace un mes que siempre respetaría el marco legal. La federación catalana reclama pues "consenso" dentro del bloque proconsulta (político y social) para "articular un mecanismo de respuesta al TC". "Pero nosotros no avalaremos propuestas que rechacen el diálogo, ni contribuiremos a estrategias de división. La sociedad española es más que la mayoría absoluta del PP". 

Rajoy, de hecho, ganaría si prendiese la discrepancia dentro de los partidarios del 9-N. A eso jugaba el Gobierno, a confiar en que hubiera ruptura. Y por ahora se ha mantenido la unidad de acción. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Mas, y Unió Democràtica, la formación del democristiano Josep Antoni Duran i Lleida, han pasado rachas de tensión, pero la federación no ha saltado por los aires, al menos hasta el momento. 

Pese a las pretensiones de cada grupo, lo cierto es que cunde la sensación de que CiU no se atreverá a sacar las urnas a la calle. Que le "temblarán las piernas" a Mas, en palabras de la CUP. Justo por esa imagen de "partido de orden" que ha cultivado la federación durante la democracia, el PSC también está convencido de que el president frenará. "Hacer la consulta sin amparo legal sería el último despropósito, aunque Mas perdió el rumbo hace tiempo", estima un dirigente muy cercano al primer secretario, Pere Navarro. "No me imagino a CiU saltándose la ley y comportándose como un partido antisistema. Lo que le interesa son las plebiscitarias", abunda otro miembro de la dirección socialista. "La Assemblea Nacional Catalana [la asociación impulsora de la hoja de ruta secesionista] está bien, pero no se puede hacer un sucedáneo de consulta. Si la gente ve que aquello no es legal, no tendrá sentido", opina un dirigente antes encuadrado en el PSC y que ahora se ha aproximado al flanco soberanista. La ANC, la entidad privada dirigida por Carme Forcadell, prevé en su borrador de hoja de ruta, que deberá aprobar el 5 de abril, que se puedan abrir las urnas aun sin el plácet del Estado. Y considera que debe haber elecciones si no es posible. 

ERC: "Por separado podemos sumar incluso más"

Los convergentes ya piensan en nuevos comicios autonómicos, una vez deshecha la posibilidad del referéndum, un plan B que el propio Mas ha destacado en varias ocasiones. El president siempre ha dicho que cree conveniente esperar al final de legislatura, hasta 2016, pero CiU cuenta con que no podrá aguantar el pulso y tendrá que convocar elecciones a finales de 2014 o principios de 2015, poco antes de las municipales de mayo o coincidiendo con ellas. Su previsión es acudir con ERC y socialistas desvinculados del PSC, y juntos podrían sumar "unos 80 diputados" –ahora CiU dispone de 50 y ERC, de 21–, y a ellos habría que agregar "los 15-20" que podrían aportar ICV-EUiA y CUP (con 13 y 3 escaños en esta legislatura). De este modo, siempre según las expectativas del Govern, se conformaría un Parlament "con unos 100 parlamentarios" proclives a la secesión, una base sólida para proclamar, como adelantaba Mas hace una semana, la declaración unilateral de independencia. Su socio, Duran i Lleida, reconocía que no se puede descartar esa tesis: "Uno puede pensar que depende de cómo vayan las cosas todo puede acabar en una declaración unilateral, pero no es la posición oficial de CiU".

De nuevo, los partidos ponen pegas a ese escenario. ERC, como reconocen sus dirigentes y sospechan también desde otras fuerzas, no se inclina por acudir a las urnas de la mano de CiU. Sus expectativas electorales están al alza y, descartado que todos los defensores de la consulta concurran juntos (ICV-EUiA y CUP lo rechazan de plano), cree que ir en solitario podría asegurarle la hegemonía del proceso secesionista. "Ya se habló de que fuéramos juntos en las europeas y no ha pasado –puntualizan los republicanos–. ¿No fueron acaso plebiscitarias las elecciones de 2012? Por separado incluso podemos sumar más. Y además está Unió", que sí tendría más reservas a compartir lista con Oriol Junqueras.

"La declaración unilateral es una tontería. Y no van a conseguir 80 escaños. Es un error de Mas, como le pasó en 2012, cuando pensaba que iba a tener la mayoría absoluta y se pegó un batacazo", sentencia en el entorno más estrecho del líder de ICV, Joan Herrera. EUiA repudia la idea de emancipación por las bravas: "No estamos nada de acuerdo porque eso espolea las actitudes extremas en un lado y en otro. No vamos a ir a un escenario como el de Ucrania y Crimea", dice Nuet. Incluso sectores hoy próximos a ERC consideran que la declaración unilateral "no es el mejor camino". "Si el Parlament diera una mayoría claramente soberanista, exigiría negociar con el Estado sobre el cómo proceder a la secesión", valora una prominente cabeza de esta órbita. 

PSC: "Los catalanes no irán al suicidio"

Los socialistas anticipan que será la propia sociedad catalana la que no estará dispuesta a "hacer el ridículo". "Hoy creemos que la gente va viendo que la independencia tiene costes, no irá al suicidio. Y nosotros incidiremos en que la estrategia de Mas es un fracaso y peligrosa para Cataluña", señalan desde la dirección de Navarro, que también adelanta que la patronal, muy influyente en el ánimo de CiU y del Govern, contribuirá a recoger amarras. No obstante, la tendencia favorable a la segregación crece. Según el último estudio del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 59,6% de los catalanes quiere que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de Europa. El 87,3% aceptaría el resultado del referéndum, fuese el que fuese. 

La hoja de ruta tiene, por tanto, bastantes cabos sueltos, por mucho que sobre el papel el camino trazado por CiU y el Govern aguante. Pero ya lo advierten distintos interlocutores: "Cuando uno hace el cuento de la lechera siempre le salen las cuentas. Pero de eso a saber cómo será el escenario real hay un mundo". 

Las heridas que está dejando la candidatura europea de Izquierda Unida están empezando a ser algo más que superficiales. No sólo estuvo a punto de romper la mayoría que sustenta a Cayo Lara, no sólo enojó profundamente a Izquierda Abierta –el partido de Gaspar Llamazares–, no sólo incomodó ostensiblemente a las direcciones de Esquerra Unida i Alternativa (Cataluña) y Madrid. Ahora hay otra víctima más: la caída en desgracia de un histórico dirigente de la casa, Ramón Luque. El coordinador federal le ha apartado de la coordinación de la campaña de los comicios. Su sustituto es el secretario de Organización, Miguel Reneses. 

La organización conoció la noticia el pasado lunes, día 17, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, la primera cita tras el Consejo Político del 1 de marzo, el que alumbró, tras muchísimas tensiones, la candidatura encabezada por Willy Meyer. Desde ese momento, Luque vio vaciada su Secretaría de Acción Electoral: sólo se encargaría, de cara al 25-M, de los "estudios electorales". O sea, del análisis de las encuestas. Un mero apoyo al auténtico jefe de campaña y hombre fuerte de IU, Reneses. 

Los presentes entendieron el gesto como un "descabezamiento" de Luque. Como un "castigo directo" del coordinador a quien, dentro de la mayoría, había apostado abiertamente por que la lista la liderase la castellonense Marina Albiol. Él era uno de los que defendía la necesidad de la renovación frente al mensaje de continuidad que se imprimía con la repetición, por tercera vez consecutiva, de Meyer. 

El siguiente gesto que esperan los miembros de la ejecutiva es que Luque deje definitivamente su secretaría y oficialice su dimisión en la reunión, el próximo 29 de marzo, de la Presidencia Ejecutiva Federal, el órgano intermedio de poder que componen unos 70 miembros. Pero él no quiere decir nada. Pese a la insistencia de infoLibre, el dirigente catalán declinó contestar: "Hasta la Presidencia, no hablaré". 

Repescado desde Cataluña por Llamazares en 2007

Luque, malagueño de origen (1952), pero emigrante en Barcelona, en L'Hospitalet, desde 1964, es uno de los rostros imprescindibles de la primera línea de fuego de IU desde 2008. Con Llamazares y con Lara de jefes. Con los dos. El primero lo fichó para su ejecutiva una vez dejó su cargo en 2007 como director general de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, en la época del tripartito de PSC-ERC-ICV-EUiA. Él lo apoyó en sus primarias contra la candidata postulada por el PCE, Marga Sanz, y se convirtió después en su responsable de campaña. Tras el desastre de las generales, en el traumático proceso de catarsis interna, formó parte de la corriente Nacional II, que formaban las direcciones de Madrid, Aragón y Cataluña. Un grupo bisagra entre los gasparistas y la jefatura comunista que luego acabó perdiendo fuelle. 

La nueva dirección de Lara, nacida en diciembre de 2008, integró a todas las familias de IU. También a la N-II, y con ella a Luque, quien retuvo las competencias electorales. Él fue quien estuvo al frente de la maquinaria de campaña en las europeas de 2009 –en los que la federación salvó los muebles y mantuvo sus dos eurodiputados–, las autonómicas y municipales de mayo de 2011 y las generales de noviembre. Estuvo, por tanto, en el timón de mando de todos los comicios que fueron confirmando el ascenso y consolidación de IU. De su salida de la travesía del desierto. No copó titulares ni fotos, pero su contribución en las campañas fue clave. Siempre del lado del líder, siempre en la trastienda de la estrategia y de las caravanas. Reneses, como responsable de Organización, tuvo un rol también determinante, pero no era el director de orquesta. 

El buen resultado de las generales de 2011, en las que la coalición liderada por IU pasó de dos a 11 escaños, hizo que Lara le premiara en la ejecutiva surgida de la X Asamblea, celebrada en Madrid en diciembre de 2012. Luque sumó a su Secretaría Electoral la importante cartera de Acción Política (que anteriormente dirigía José Luis Centella, líder del PCE). Así, se consolidaba como uno de los hombres fuertes del aparato, uno de los dirigentes más cercanos al coordinador, integrante del primer anillo de poder. De su núcleo duro. Un hombre al que todas las familias le reconocían su carácter contemporizador, de bisagra, hábil y estratega, de trato afable (a veces también muy temperamental). Y cordial con los medios. 

Pero las diferencias y las heridas dentro de la mayoría comenzaron a aflorar en septiembre pasado. Luque dejó entonces la Secretaría de Acción Política. Y se quedó con sus competencias de siempre. Hasta ahora. 

Que prime la política "y no el hígado"

La batalla de la lista europea se vivió soterrada en Olimpo, la sede federal, durante meses. Una pelea "sorda", pero intensa, en la que se ventilaba no sólo la pugna Meyer-Albiol, sino el combate "entre lo viejo y lo nuevo", entre dos formas de gestionar y gobernar IU, tal y como describieron miembros de la mayoría de Lara. Luque fue uno de los protagonistas, porque apoyó a la joven diputada castellonense frente a un Meyer que contaba con importantes agarraderas: las direcciones de Andalucía y Madrid –las dos mayores–, parte de la cúpula federal y, sobre todo, el propio coordinador. El resultado es conocido: el eurodiputado encabezará de nuevo la lista y Albiol se queda en el cuarto puesto. La solución de consenso entre los dos sectores de la mayoría fue articular una campaña "dual", en la que el uno y la cuatro hicieran tándem. Y, para visualizar la apuesta por la renovación y la mirada a los sindicatos y movimientos sociales, se bloquearon las plazas 2 y 7 para la sindicalista Paloma López y el activista Javier Couso, una reserva que despertó un mayúsculo cabreo en Izquierda Abierta. Pese a que la ruptura del ala mayoritaria se soslayó in extremis, perduró el sabor a división y la sensación de que el método de elaboración de la candidatura había sido un fiascofiasco. 

De ahí que la lectura que algunos dirigentes extrajeron tras la ejecutiva del lunes fue clara: caída por pérdida de confianza. EUiA, la federación de la que procede Luque y que lidera el diputado en el Congreso Joan Josep Nuet, espera poder reconducir las diferencias de aquí a la Presidencia Federal del 29 de marzo, aunque no oculta su malestar. "No se ha gestionado bien todo esto. Se podía haber conducido de forma más elegante, donde ninguno perdiera galones –indicaba ayer un máximo responsable de la federación catalana–. Pero no se habló ni pactó nada y nos lo encontramos el lunes directamente. Estamos todavía inmersos en una nociva política de acción-reacción, fruto de cómo se dio el debate. En el castigo a Ramón se junta un poco de todo, pero está claro que es una posición personal de Cayo, que ve todo esto de forma reactiva". Los gasparistas son aún más contundentes en el juicio: se trata de una "depuración" y una "crisis de dirección". 

Respuesta oficial: "Adecuación de las responsabilidades de campaña"

EUiA no quiere perder un puesto clave dentro de la ejecutiva federal, el nodo de poder de IU. Sus capitanes confían en que "la sangre no llegue al río". "No estamos dispuestos a que haya un auto de fe. Queremos que esto se haga de forma colectiva. Y que prime la política. Y no el hígado".

La dirección resta importancia a lo ocurrido el pasado lunes en la ejecutiva. Un portavoz oficial explica sucintamente que se trata, simplemente, de una "adecuación de las responsabilidades de campaña". "Ramón seguirá en la batalla de la campaña", añade.

Las tensiones por la candidatura europea ya se han llevado por delante al número dos de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Carlos Gutiérrez. IzAb, mientras, sigue su lucha ante la Comisión Federal de Garantías, sin descartar tribunales. Y justo este sábado se sabrá si Chunta Aragonesista (CHA) optará por ir el 25-M de la mano de IU o, como parece más previsible, de Equo y Compromís. Los comicios están convirtiéndose, de partida, en un auténtico quebradero de cabeza para Lara y su equipo. Él mismo reconoció "terroríficas presiones", pero quizá no se imaginaba aún el discutible desenlace.

La dirección de Izquierda Unida no se esperaba el revés. Todo el debate de la Conferencia sobre el Modelo de Estado estaba canalizándose con normalidad, incluso más rápido de lo previsto, con un altísimo nivel de consenso en las piezas nucleares del documento presentado por la ponencia. Pero al final la quiebra de la unidad emergió, insospechadamente, en torno a la consulta. O, más en concreto, en torno al "marco legal" de la consulta. La resolución resumen que IU sometió a votación encontró un notable rechazo de los delegados (un 52,78%, entre abstenciones y noes) debido a que el texto especificaba que cualquier referéndum de autodeterminación deberá respetar la legalidad. 

Cerca de las tres de la tarde de ayer sábado, el tono general era de satisfacción. Sí, IU había superado el reto: había conseguido ponerse de acuerdo en torno a un proyecto de Estado federal, republicano, laico, solidario, plurinacional, democrático y participativo, con un reconocimiento pleno del "derecho a decidir de los pueblos". La ponencia, que coordinaba Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, había asumido de partida 1.076 de las 1.178 enmiendas presentadas, y había con ello engrosado el documento, incorporando cuestiones que habían quedado más cojas, como el feminismo, la memoria histórica o el pacifismo. Pero, junto al texto largo, el que desarrolla todo el modelo que defiende IU, y que fue aprobado por amplísima mayoría –116 votos a favor (72,95%), 17 en contra y 26 abstenciones–, se pidió el respaldo a una resolución, cuya redacción venía a resumir el espíritu de la Conferencia. Y ahí fue donde la dirección tropezó. 

El texto de la resolución, de apenas dos páginas y a la que tuvo acceso infoLibre [léelo aquí en PDF], es una síntesis de los ejes capitales del documento amplio. El último de ellos es la "transición al Estado federal mediante un proceso constituyente", que genere "una fuerte alianza social y de clase". 

"El principio democrático implica abrirse a la posibilidad de consulta para que la ciudadanía manifieste sus preferencias sobre la relación jurídico-política entre las unidades territoriales federadas y el Estado español –reza el texto–. En este sentido, cualquier consulta deberá realizarse en el marco legalcualquier consultadeberá realizarse en el marco legal". Este último inciso provocó la discordia. Algunos delegados, como la excoordinadora valenciana Glòria Marcos o el andaluz José Antonio Mesa, plantearon que aceptar este punto implicaba transigir con el sistema nacido en la Transición y que IU quiere combatir. La ponencia, en cambio, defendía que ese respeto a la legalidad ya venía recogido en el acuerdo firmado, en mayo de 2013, por IU y su federación catalana, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y sus socios de ICV, pacto por el que la formación de Cayo Lara asumió solemnemente el derecho a decidir. Este debe basarse, se decía en aquel escrito, en la "voluntad de negociación con el Estado utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma". 

Había otro argumento que esgrimían los miembros de la ponencia, según las distintas fuentes consultadas por este diario: la necesidad de respetar el "marco legal" a la hora de celebrar la consulta ya había sido refrendada por el Consejo Político Federal, el máximo órgano de dirección. O sea, que esa posición ya estaba "asumida y digerida". 

La oposición a ese extremo se visualizó en el escrutinio. La resolución recabó 85 votos a favor (47,22%), 60 en contra (33,33%) y 35 abstenciones (19,44%). Un respaldo más que justo al texto original. El caudal de desaprobación se concentró en parte de Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña, Izquierda Abierta –el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz– y el Colectivo de Unidad de Trabajadores (CUT), la formación del líder jornalero y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

"Quizá terminamos demasiado rápido"

"Quizá ha habido confusión. O falta de explicación", reconocían los colaboradores de Lara. En realidad, apenas hubo defensa de ese punto, porque una de los miembros de la ponencia, la valenciana Marga Sanz, se limitó a leer la resolución, y después apostilló José Luis Centella, mano derecha del coordinador. Lo que quería defender la dirección, indicaron todas las fuentes consultadas, es que un referéndum no puede realizarse si no está permitido, que no se pueden sacar las urnas a la calle si hay una prohibición expresa del Tribunal Constitucional –como seguramente pasará si Artur Mas convoca la consulta para el 9 de noviembre de 2014–. A eso hace referencia, argumentaban, "el marco legal". Ello no quita para que IU defienda, por otro lado, el cambio del sistema, un proceso constituyente que construya de nuevo el Estado, que articule un nuevo modelo de convivencia y en el que se recoja explícitamente el derecho a decidir de pueblos, naciones, nacionalidades y regiones de España. Las tesis de la dirección eran compartidas por EUiA y, de hecho, su coordinador, el diputado Joan Josep Nuet, era uno de los miembros de la ponencia.

"El único elemento que ha sido cuestionado ha sido esa frase. Pero es verdad, no esperábamos esta contestación. Lo que ha subyacido es que la legalidad no puede bloquear la voluntad de un pueblo. La votación significa rebelarse contra ello", reflexionaba un integrante de la ponencia. Uno de los asistentes atribuía el patinazo a una "falta de comprensión" que utilizó la "minoría independentista". Ricardo Sixto, secretario federal de Comunicación, lamentaba la "mala interpretación" que se había hecho de ese punto del texto. "Quizá lo teníamos que haber explicado más, haber buscado una redacción que se acomodase más a todos. Quizá terminamos demasiado rápido". Se preveía que la Conferencia concluyera sobre las cinco de la tarde. Y se remató dos horas antes. 

"Lo vimos al final y sin un debido debate. Y no podemos hablar de aspirar a una república federal, que sería trascender por completo el actual marco legal y luego enmarcar dentro de él esa resolución. El derecho a decidir está por encima de leyes temporales o parciales", razonaba uno de los delegados que votó en contra. "Ha sido un fracaso de la dirección. Políticamente ha perdido –añadió un integrante del CUT–. No lo explicaron y por eso perdió más votos. Se merece el revolcón por presentar iniciativas sin contar con los demás". 

Un "borrón" que la dirección relativiza

Los componentes de la ponencia sintieron el revés de la votación final como un "borrón" en un cónclave que se había desenvuelto hasta entonces sin sobresaltos. Aunque advertían de que una cuestión "anecdótica", dentro de una discusión que había concitado un consenso muy amplio. De hecho, algunos de los debates que se sustanciaron en el plenario discurrieron sin confrontación. Por ejemplo, había quien planteaba que era mejor un sistema unicameral (al final se votó la propuesta inicial: dos Cámaras, aunque reforma profunda del Senado), o que los territorios debían tener representación internacional (extremo que se rechazó). 

En efecto, la cuestión del "marco legal" de la consulta era el punto negro de una resolución que, por lo demás, sintetizó el espíritu del documento largo. IU escribe que quiere formular un "nuevo proyecto de Estado ante un modelo exhausto, incapaz de dar respuesta a la realidad plurinacional que avanza como seña de identidad de un Estado compuesto". La formación de Lara aspira a construir "una España federal, en un proceso constituyente donde el debate territorial se vincule al debate de clase, donde los derechos de ciudadanía se liguen indisociablemente a la arquitectura del Estado". Ya lo dijo el coordinador en su discurso de apertura de la Conferencia: el problema de fondo en el conflicto territorial es que "unas clases sociales expolian a otras clases sociales". 

Diego Valderas y el eurodiputado Willy Meyer, en la Conferencia sobre Modelo de Estado de IU, ayer sábado, 8 de febrero en el hotel Convención de Madrid | EFE

El objetivo central de la alternativa de IU es "llamar a un proceso constituyente, democrático y participativo que represente y defienda los intereses de la mayoría social trabajadora". El federalismo, indica el texto, pivota sobre la idea de "pacto y negociación multilateral", para ir avanzando hacia un "Estado plurinacional en el marco de la capacidad de decisión de los pueblos, desde la asociación libre y voluntaria". IU siempre subraya que el derecho a decidir no sólo se refiere a la autodeterminación de los territorios (que también) sino a que los ciudadanos puedan votar sus "derechos sociales, políticos, laborales, territoriales y culturales". 

Una alternativa frente a los "métodos guerracivilistas" del PP

Tres ejes vertebran la resolución. El primero es la justificación, alude al "agotamiento de la Constitución de 1978", de todo el régimen nacido en la Transición –monarquía, modificación del artículo 135 de la Carta Magna para establecer el pago de la deuda como "prioridad absoluta", el cansancio del modelo autonómico y la "crisis de representatividad política–, lo que exige la apertura del citado proceso constituyente. El segundo es la definición de la alternativa, el Estado "plurinacional, federal, solidario, laico y republicano", que reconozca las "realidades nacionales de los diversos pueblos de España", que "garantice la igualdad de derechos y la integración de toda su ciudadanía, vivan donde vivan", que se contemple una fiscalidad progresiva y justa y un sistema de financiación que prime la equidad, la suficiencia, la solidaridad interterritorial y la eficiencia y que se apueste por una amplia "descentralización política y administrativa". 

El último pilar es el que atañe al derecho a decidir. IU entiende que la segregación de un territorio no debe producirse con una mayoría ajustada, del 51%, sino que ha de ser consecuencia de "un pacto que establezca reglas claras del juego democrático y de mayorías cualificadas". 

El derecho a decidir, en sí mismo, no suscita controversia en IU. Sostiene que ello posibilitará el encaje de las distintas pretensiones. "Estamos convencidos de que con un proyecto común mejor vamos a convencer a los pueblos para que vivan juntos –explicó a los medios Nuet, líder de EUiA, mediada la Conferencia–. La clave de ese convencimiento es el amor, es la propuesta, no es la amenaza, la violencia o la obligación. Lo que no tiene futuro en España es volver a los métodos de la Guerra Civil, que es lo que nos está planteando el PP. Por eso nosotros planteamos el convencimiento de que vivir juntos es mejor, pero haciendo cambios. Con la España de Rajoy mucha gente se asusta, pero con el proyecto de IU mucha gente se va a ilusionar. Un proyecto común vale la pena y puede ser mayoritario, y vamos a luchar por él". 

Todo pasa ahora por el Consejo Político Federal

En resumidas cuentas, el modelo de IU se alza como una alternativa frente al planteamiento del PP, que "rompe y disgrega"; el del PSOE, que representa el "centralismo federal", y el de los independentistas. Según esgrimió Nuet, el de la federación ejemplifica la propuesta del "punto de encuentro" y del pacto por un nuevo país sumado a un "proyecto democrático y social de altura". "Lo social y lo democrático son indivisibles. El derecho a decidir y el modelo de país desde el punto de vista social, contra la austeridad y la troika, son dos caras de la misma moneda". 

Las enmiendas asumidas "completan y mejoran" el documento largo, como se encargó de apuntar uno de los miembros de la ponencia, José Miguel Nuin, coordinador de IU en Navarra. Las modificaciones ahondan en la igualdad, el feminismo, el pacifismo, la memoria histórica, la denuncia del Concordato con el Vaticano, el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia, la defensa del municipalismo, el empoderamiento de la ciudadanía "frente a las élites", el desarrollo de instrumentos de "democracia económica" (sector público "fuerte")... 

"No ha habido divisiones ni grandes elementos nuevos", resumió Nuin. Aunque sí la china en el zapato de la resolución, la comidilla que se extendió tras la clausura de la Conferencia. Ahora, todos los documentos, la ponencia –con las enmiendas incorporadas– y la resolución final deberán pasar por el filtro de la próxima reunión del Consejo Político Federal. Será el 1 de marzo. Una cita que se prevé clave por otro asunto que ayer no asomó en el debate: la aprobación de la candidatura para las elecciones europeas de mayo. El cabeza de la lista, por cierto, sigue sin estar claro. Aunque el nombre de Willy Meyer es por el que se inclinan las apuestas. Él ni se ha postulado oficialmente.

"Nosotros no nos hemos marchado nunca del Estado federal. Algunos ahora hablan algo del Estado federal, bienvenidos sean". La expeditiva afirmación, de Cayo Lara, resume el sentir que cunde en Izquierda Unida respecto a la propuesta de España federal del PSOE. No se fía, no gusta, no se la cree. La formación de izquierdas sostiene que su propio planteamiento es más ambicioso y auténticamente "federal", "con mayúsculas", como subrayó ayer viernes el coordinador.

Y, sin embargo, el texto aprobado por el Consejo Territorial de los socialistas el pasado 6 de julio en Granada y el documento que este sábado validará IU en su Conferencia sobre el Modelo de Estado llevan el mismo apellido, federal. Bajo un mismo adjetivo se amparan dos concepciones de la izquierda de una España mucho más descentralizada, con competencias más delimitadas, con elementos comunes –la defensa de la igualdad de derechos, por ejemplo–, pero también con evidentes y profundas diferencias: el derecho a decidir (que IU defiende y el PSOE no), la derogación del nuevo artículo 135 de la Constitución (que IU ansía y el PSOE quiere complementar) o el recambio de la monarquía por la república (que IU persigue y el PSOE no se plantea). 

Lo primero que cabe preguntarse es el porqué. Qué razones llevan a una formación y a otra a plantear una revisión del modelo actual. "Ha llegado el momento de llenar los vacíos, precisar lo que quedó impreciso, actualizar lo que ha quedado obsoleto y corregir lo que ha demostrado ser disfuncional o simplemente no ha cumplido adecuadamente su papel", elevar una alternativa a la "tentación centralista" (del PP) y la "tentación secesionista" de los soberanistas catalanes, argumentó el PSOE en su Declaración de Granada. 

IU, como ayer indicaba Lara en rueda de prensa, también quiere ofrecer un documento que emerja como solución frente a las posiciones "recentralizadoras" del Ejecutivo y las pretensiones "independentistas". Pero también considera que la "mayoría social" debe alzar su voz contra las "políticas neoliberales" y el "secuestro de la democracia". Ello conduce al combate a medidas como la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada por PSOE y PP en el verano de 2011, y que impone un techo al déficit y a la deuda. O a iniciativas de profundización democrática. Con estos mimbres arranca una conferencia monográfica hoy, con 1.200 enmiendas al texto base, de las que se prevén aceptar "un 85%", según uno de los ponentes, Joan Josep Nuet, coordinador de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA, la marca catalana de IU) porque "enriquecen, mejoran y amplían" el borrador original, aunque sin variarlo sustancialmente. De las 180 restantes, la dirección quiere transaccionar "unas 60" y rechazar las demás. 

Una propuesta que enlaza con 1996

El PSOE enhebró su Declaración de Granada después de que los soberanistas redoblaran su apuesta y en paralelo a la acogida que el PSC hizo del derecho a decidir. A partir de septiembre de 2012, comenzó un proceso de diálogo con las federaciones que culminó en la cumbre de julio del año pasado. Un giro estratégico, la defensa del federalismo, que hasta entonces el partido no había desarrollado, como tampoco había planteado una reforma constitucional de alcance.

IU, en cambio, reivindica sus credenciales. En 1996, IU aprobó su documento de modelo de Estado federal –cuyo borrador redactó el andaluz Luis Carlos Rejón–, en los tiempos de Julio Anguita, que se actualizó someramente bajo el mandato de Gaspar Llamazares. Ese texto de 1996 es el que ha servido como base de la ponencia que este sábado se discutirá en el hotel Convención de Madrid.

Por eso Lara presumió de la historia de la federación, como hacen otros destacados dirigentes, de cómo ya alertó hace años del "agotamiento" del sistema nacido de la Transición, de su "crisis de legitimidad". "No tiene credibilidad la propuesta del PSOE, que de congreso en congreso saque a relucir la palabra federal. Su propuesta no tiene credibilidad en los labios de Alfredo Pérez Rubalcaba", resaltaba a infoLibre Ramón Luque, secretario ejecutivo de Acción Política y Electoral de IU. 

La definición acabada que de España hacen PSOE e IU es, de entrada, divergente. La federación de Lara, al apellido federal, suma estos otros adjetivos: Estado republicano, plurinacional, solidario, democrático y participativo y laicorepublicanoplurinacionalsolidariodemocrático y participativolaico. Los dos primeros calificativos no son compartidos por los socialistas. 

El cambio que propone IU, mucho más rupturista que el del PSOE, parte de un proceso constituyente completo, una construcción casi de cero del Estado aunque, transitoriamente, quepa una "reforma constitucional" en un primer momento, toda vez que ese proceso constituyente "no se puede hacer de la noche a la mañana", como reconoce Nuet. Los socialistas sugieren, sin embargo, una modificación de la Carta Magna de 1978. Una reforma profunda, que toca varios palos, pero reforma. 

Una diferencia radical es la asunción del derecho a decidir. IU lo abrazó definitiva y públicamente en mayo pasado, en un acto conjunto con EUiA y sus socios de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), y ahora lo traslada a su documento. Ese punto, según Nuet, no ha suscitado controversia interna. De entre las 1.200 enmiendas presentadas al texto que se debatirá hoy, "no las hay en relación con que se elimine el derecho a decidir, como tampoco las hay que apuesten por la independencia directa". 

Mayorías cualificadas

Pero además la federación tiene una concepción más amplia del citado derecho a decidir, que alcance "además de a los ciudadanos en cuanto habitantes de un territorio [el derecho de autodeterminación puro], a los ciudadanos en cuanto poseedores de derechos democráticos y sociales". IU quiere, pues, un "Estado de alta intensidad democrática", en el que "más que preguntar a los ciudadanos", se trata de entregarles "la capacidad de decidir mediante consultas populares", en el que se construyan los presupuestos "de manera participada" o en el que más que "defender los derechos de los ataques del marcado", se erijan los "diques de resistencia juntos, en igualdad de condiciones". 

IU, por descontado, defiende la consulta catalana –EUiA, junto con ICV, es una de las fuerzas promotoras del referéndum previsto para el 9 de noviembre–, porque "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza", en palabras de Lara. Pero también entiende que la secesión no puede producirse con una mayoría absoluta del 51%. Se necesitarían "mayorías cualificadas", como adelantó ayer Lara, porque no se entendería que votase a favor de la independencia un 51%, con una abstención, por ejemplo, del 50%, puesto que cifras tan ajustadas sólo alimentan la confrontación y las fracturas. Nuet no cree que hoy, en el debate, salgan porcentajes exactos, umbrales a partir de los cuales se debería proceder a la segregación, pero sí unas "reglas del juego mínimas", la necesidad de "mayorías reforzadas" y de "un marco de estabilidad", ya que no tiene sentido que "haya referéndum de autodeterminación todos los años, porque eso sería una salvajada". 

El reconocimiento del derecho a decidir por parte de IU impone otra distinción radical: esa nueva España con la que sueña IU contempla dos escalones de poder básicos. Uno, el Estado federal, Dos, los Estados miembros o unidades federadas, con soberanía, una atribución que el PSOE no recoge, puesto que no plantea una modificación del artículo 2 de la Constitución, que especifica que la soberanía emana del conjunto del pueblo español. Los socialistas no incorporan el rótulo de "Estado plurinacional" que quiere IU. Tan sólo dice que la nueva Constitución reflejará la denominación que de cada comunidad hagan sus respectivos estatutos. La formación de Lara, por añadidura, cree en un Estado federal asimétrico. 

Senado y descentralización de la Justicia

El PSOE, como IU, sí recogen en sus textos la necesidad de recoger las "singularidades" de los territorios, los hechos diferenciales. La federación, no obstante, sí profundiza en la necesidad de "enraizar" el "plurilingüismo" en todo el Estado, como un patrimonio clave del país. 

La federación de Lara dedica un capítulo amplio a la descripción del "Estado democrático y participativo". Una república que contemple, entre otros, la introducción de los referendos vinculantes –también los que sirvan para derogar leyes–, la exigencia de plebiscito para "cualquier reforma constitucional a petición de un cierto número de electores", la rebaja de firmas necesaria para presentar una iniciativa legislativa popular, una reforma electoral proporcional, la opción de revocar a los cargos públicos o la "transparencia absoluta" de todas las instituciones públicas. En el caso del PSOE, para hallar los aspectos de profundización democrática, por los que también aboga (no los mismos que IU), hay que acudir al documento de la Conferencia Política, celebrada el pasado noviembre. Esto es así porque Ferraz disoció las cuestiones puramente territoriales (que llevó a Granada) del resto de propuestas (que se aprobaron en la Conferencia). 

Ambas formaciones de izquierda apuestan por la fórmula de Parlamento bicameral. Y, a la hora de dibujar el nuevo Senado, fortalecido con más competencias propias, también dejan cabos sueltos. Ni el PSOE ni IU optan por el modelo de senadores elegidos por los gobiernos –al estilo Bundesrat alemán– o por los parlamentos regionales. 

Asimismo, tampoco cierran ni PSOE ni IU la descentralización de la Justicia. Los dos la quieren, y los dos afirman que puede contemplarse la creación de Consejos de Justicia autonómicos –creados a imagen y semejanza del Consejo General del Poder Judicial–, pero no lo pintan como condición indispensable. 

El Tribunal Constitucional juega el papel, para IU, de "salvaguarda del pluralismo", encargado de los recursos de amparo, del control de constitucionalidad de las leyes y de la resolución de los conflictos de competencias. Lara ayer se mostró de acuerdo en recuperar, como quieren PSOE y PP, el recurso previo de inconstitucionalidad, para evitar que se repita la situación del Estatut, que tras ser incluso refrendado por los catalanes en 2006, fue mutilado por el TC cuatro años más tarde. "Nos ahorraríamos muchos problemas, no me parece que sería una mala medida", aseguró. 

Los dos documentos apuntan algunas claves de la financiación autonómica y local, siempre en un marco de mayor equidad y eficiencia, y garantizando la cohesión y el bienestar social. Ninguno despliega un sistema de financiación completo, como es obvio. La Declaración de Granada recoge, a petición del PSC, el principio de ordinalidad, que persigue que las comunidades no pierdan posiciones en el ranking tras aportar a la caja común. Lara, por cierto, apoyó la publicación de las balanzas fiscales, pero más importante es conocer las "balanzas sociales". "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales del PP y PSOE en alianza con CiU", rubricó. 

El apoyo básico en la "igualdad" de derechos

Aní echa raíces un punto clave en el texto de IU:  la defensa de la "igualdad" de derechos. Que cualquier ciudadano en cualquier territorio tenga los "mismos derechos básicos fundamentales", como glosó Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y otro de los ponentes de la conferencia, que ayer compareció con Lara. La "igualdad" es otro de los aspectos nucleares en la propuesta socialista. El coordinador, no obstante, volvió a reprobar a Rubalcaba: no se puede "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364", pues en la Carta Magna actual hay derechos que no se cumplen, a juicio de la federación. 

Uno de los elementos que vendrían a reforzar la "igualdad" para los socialistas sería la aprobación de un 135 bis. O sea, que aparte de preservar el equilibrio presupuestario, se garantice la "estabilidad social", de forma que se asegure un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones) y sea un mandato "imperativo" en la distribución de los recursos del país. Y para apuntalar la convergencia territorial, para que se reduzcan las diferencias de desarrollo entre CCAA, el PSOE sugirió la creación de un Fondo de Solidaridad.

IU, en cambio, es partidaria de derogar directamente el nuevo 135, "que permita volver a colocar los intereses de la gente antes que los intereses de los mercados".

En definitiva, según la lectura de IU, el del PSOE es una "propuesta federal hecha desde Madrid, como una carta otorgada, mientras que la de la federación está construida desde abajo, con la que se que quiere cautivar a los pueblos de España ofreciéndoles un proyecto avanzado donde las identidades se expresen de forma libre pero donde predomine ese proyecto federal conjunto", opina Nuet. El dirigente catalán cree que los socialistas, con su Declaración de Granada, simplemente "gesticulan" para no quedarse "atrapados", cuando lo que debe hacer, a su juicio, es "mirar a la izquierda". 

Aquello que parecía meridianamente claro no lo es tanto. O no lo es en declaraciones públicas, al menos. Izquierda Unida y su coordinador federal, Cayo Lara, siempre se ha manifestado a favor de la consulta soberanista en Cataluña pero radicalmente contrario a la independencia, porque su formación defiende un Estado federal. Pero este sábado, esa nitidez se desvaneció en el caso de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), la federación catalana de IU, que dispone de autonomía y entidad jurídica propia. Se le disparó un aluvión de preguntas a su coordinador, Joan Josep Nuet, sobre el sentido del voto en la doble pregunta de la consulta soberanista, y él en todo momento se resistió a aclarar que su partido votaría no a la secesión de Cataluña, con el argumento de que esa posición debe ser pactada con su socio en la comunidad, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), y anunciada conjuntamente con ellos. 

Nuet compareció junto con Lara en rueda de prensa en el hotel Auditórium de Madrid, donde se celebra durante todo el fin de semana el IV Congreso del Partido de la Izquierda Europea (PIE). Y además de las cuestiones relativas al cónclave, de las que se encargó básicamente Maite Mola, vicepresidenta del PIE, la conferencia se halló colonizada por el referéndum catalán, cuya fecha y doble pregunta está pactada entre CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP. "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" es la primera cuestión que deberían responder los catalanes en caso de que la consulta se celebrara el 9 de noviembre de 2014 –el Gobierno ya ha afirmado taxativamente que no la habrá y que no hay nada que negociar con la Generalitat–. Y la segunda pregunta, si se contestara que sí a la primera, es esta: "¿Quiere que este Estado sea independiente?". 

Lara, el pasado jueves, horas después de que Artur Mas solemnizara el acuerdo rodeado de los líderes de CiU, ERC, ICV, EUiA y la CUP, señaló que albergaba una "duda razonable" de que el primero de los interrogantes recoja "todas" las sensibilidades que hay en esa comunidad. Y sobre la segunda, recordó que IU no quiere la independencia de Cataluña, sino un Estado "federal, solidario y republicano". 

Eso hoy no lo dejó tan claro Nuet. El coordinador de EUiA sí aseguró que su organización votaría sí a la primera de las preguntas. Y la respuesta a la segunda se decidirá "conjuntamente" con ICV. "Lo que haga ICV lo hará EUiA y lo que haga EUiA lo hará ICV, porque así estamos trabajando", dijo. ICV aún no ha definido su postura respecto a la segunda cuestión, porque dependerá de la "actitud" del Estado ante las demandas catalanas, tal y como han reiterado los coportavoces del partido ecosocialistas, Joan Herrera y Dolors Camats. Esa imprecisión se debe también a que una parte de las bases de ICV son claramente independentistas.

El primer interrogante producirá "un terremoto político"

Nuet recalcó que EUiA defenderá "a capa y espada" su modelo, el Estado federal, que España y Cataluña sigan "juntas", aunque de forma distinta al estatus actual, y por tanto no concibe "ninguna respuesta que no deje claro" que apuesta por ello. De hecho, si en la primera pregunta la respuesta es sí, se debe a que cree que cabe su propuesta, que Cataluña sea un "Estado federado de España". 

¿Por qué no se dice entonces que se votaría no a la independencia? "Lo vamos a decidir en nuestros órganos de dirección. Y lo vamos a decidir conjuntamente con ICV" y se hará público de forma conjunta. "La respuesta será inequívocamente federal. No concebimos una respuesta que ponga en duda ese concepto", que es "profundo" y lo defenderá "a rajatabla". "Cuando digamos qué es lo que votamos en la segunda pregunta, a nadie le quedará duda de que nuestra opción es el federalismo y seguir juntos en España", respondió ante la presión de los periodistas. 

Nuet quiso poner el acento en la trascendencia del primer interrogante: "La respuesta a la primera pregunta va a ser masiva [a favor del sí]. Va a ser la participación más importante de la historia de la democracia. Cuando eso ocurra, se va a producir un terremoto político, que obliga a discutir constituyentemente qué queremos ser. Sólo eso, y eso es lo más importante, obliga a que todo el mundo se mueva, y el PP se va a mover, por supuesto, porque nadie puede poner ventanas al campo, no se puede parar la democracia, y el PP no la va a parar. Esta formación va a hacer las cosas sí o sí con IU y también con ICV". 

Si hay plebiscitarias, EUiA estará en la trinchera contraria a CiU

Lara seguía la sucesión de preguntas en la misma mesa, con semblante serio y visiblemente incómodo, no atajó la controversia. "Vamos a salir todos de dudas el 25 de enero", en la Conferencia de Modelo de Estado de IU, en la que se pondrán "apellidos" a esa España federal que defiende la federación. El líder apostilló que no hay que perder el norte, que la cuestión de la consulta está "tapando el debate de clases", el "sufrimiento de los ciudadanos". "Este debate anula el debate social. Si nos descuidamos, no terminaremos hablando de otra cosa". Llegó incluso a acusar al PP y al presidente, Mariano Rajoy, de "dar largas", porque tenía la opción de haberse "plantado" con Cataluña hace "dos años". 

IU, en cualquier caso, y así lo sancionó Lara, apostará por que la consulta sea posible, de forma que cuando la proposición de ley pactada por las cuatro formaciones promotoras llegue al Congreso, Izquierda Plural apoyará que se tramite la transferencia de la competencia de convocar referendos a la Generalitat, por la vía del artículo 150. 2 de la Constitución. Eso, respaldar el derecho a decidir, forma parte de los compromisos firmados entre IU e ICV. "Somos gente seria", proclamó. 

¿Y si no hay consulta? ¿Avalaría EUiA unos comicios plebiscitarios, como ya se barrunta CiU? "Las elecciones no las convocamos nosotros, y es potestad del president. Pero no sustituyen a la consulta, ni mucho menos", dijo Nuet, quien advirtió de que en caso de que las hubiera, pedirán el "castigo" a las políticas "neoliberales de CiU". "La gente no es tonta, ya le dio calabazas cuando pidió una mayoría extraordinaria [para las elecciones anticipadas de 2012]. Cuando toque pasar cuentas, sabemos dónde estaremos. CiU en una trinchera y nosotros, en otra", remachó. 

El IV Congreso del PIE también se pronunciará oficialmente sobre este asunto, aunque de modo genérico. Como anunció Nuet, se aprobará una mínima referencia de respaldo a las "consultas democráticas y pacíficas de los pueblos". 

"De la Conferencia sobre Modelo de Estado que estamos preparando y de la que se hablará hoy, deben salir los apellidos del Estado federal que defendemos. Con un discurso que debe ser reconocible y entendible en todos y cada uno de los territorios del Estado y que debe ser garante de derechos básicos esenciales para todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residan". 

Cayo Lara leerá este sábado esta frase, o con una redacción similar, en su exposición del informe de coyuntura ante la Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, el órgano intermedio de poder que compone una setentena de dirigentes. Y, en efecto, IU comenzará a precisar los apellidos de su modelo de Estado federal. La formación de Lara siempre ha defendido el federalismo –ahí no radica la novedad–, pero sí tenía desactualizado su proyecto. La última revisión era de principios de siglo, en los tiempos en los que Gaspar Llamazares era coordinador, así que había que darle una vuelta en profundidad.

Lo decidió la X Asamblea Federal, hace casi un año: mandató organizar un cónclave monográfico sobre el modelo de Estado, para dotarse de una propuesta más "acabada" capaz de responder al desafío soberanista y la respuesta del Estado. Los trabajos, aunque con retraso, ya han echado a andar. Y hoy la Presidencia evaluará un primer borrador que ahonda en ese nuevo perfil de España que quiere IU, el "Estado federal, republicano, plurinacional y solidario", que se sustenta sobre las soberanías compartidas entre el Gobierno central y los Estados federados, el derecho a decidir, una profundización democrática –que contempla incluso que los ciudadanos puedan pedir referendos vinculantes– , un Senado con mucho más poder, una financiación más clara y una Justicia totalmente descentralizada. El texto va un paso más allá de la Declaración de Granada, aprobada por los socialistas el pasado 6 de julio, y en la que también componen el mosaico de una España federal. 

La propuesta, de 46 páginas y a la que ha tenido acceso infoLibre, ha sido discutida por la ponencia –que integran los dirigentes Diego Valderas (Andalucía), Joan Josep Nuet (Esquerra Unida i Alternativa, Cataluña), Marga Sanz (Valencia), José Miguel Nuin (Navarra), Adolfo Barrena (Aragón) y Javier García (CUT)–, por los secretarios ejecutivos de la dirección federal y los coordinadores territoriales. La redacción enviada ayer a los dirigentes lleva la firma de Valderas, vicepresidente de la Junta andaluza y responsable regional de Política Autonómica. Este sábado, la Presidencia lo debatirá y de ella pasará a las federaciones, para que prosiga la discusión y se incorporen más enmiendas. El texto final llegará a la Conferencia sobre el Modelo de Estado prevista para el próximo 25 de enero, en Madrid. Acudirán al cónclave el Consejo Político Federal al completo (262 miembros), 65 delegados de los territorios, 25 invitados por la cúpula federal y otro más por cada uno de las federaciones. 

Apuesta por una "ruptura democrática"

IU parte de la reflexión de que la crisis política responde en realidad a una crisis sistémica muy profunda, que no tiene su origen en "unos territorios roben a otros", sino que el problema esencial es que "unas clases sociales roban a otras". Como elementos que explican la "fatiga" del modelo de Estado, se encuentran la recesión económica, la corrupción, la "preeminencia del rol institucional en detrimento de la participación popular, el diktat del poder financiero, la configuración de un Estado "transicional y no definitivo" en 1978, la no resolución de la dimensión "plurinacional" del Estado... Todo ello hace necesario, para IU, una "ruptura democrática", un proceso constituyente, una "revolución" de la política que conduzca a una nueva arquitectura del Estado. 

La salida, según entiende la formación de Lara, es el federalismo, que "hace posible la democracia y la participación ciudadana, el autogobierno local y regional, la cooperación y la solidaridad interterritorial, el restpeto y la integración de diferentes identidades, la compatibilidad entre autodeterminación y pertenencia a una organización política común". 

IU aclara que su propuesta no encuentra su mayor "reto" en la necesidad de encajar la concepción "plurinacional" del Estado, ni en concretar una financiación autonómica "más justa y solidaria", sino en enfrentar el "proceso de desmantelamiento de la democracia y de los derechos sociales y laborales que los poderes económicos están ejecutando". Y ahí la federación inserta su concepto del derecho a decidir, que no es sólo la consulta soberanista en Cataluña –que sí defiende y ya lo firmó por escrito–, sino algo más amplio y de mayor alcance, como el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus "derechos democráticos y sociales, por cuanto son estos los que están siendo liquidados por el capitalismo global". Es "decidir el Estado social". 

Otras reglas del juego

Para que se pueda ejercer ese derecho a decidir IU se compromete a impulsar un "proceso constituyente republicano", articulado como "herramienta democrática para ejercer el derecho a decidir desde una perspectiva social y de clase". Se trata de generar "otras reglas de juego basadas en la democracia participativa", en el "empoderamiento de las personas", desde una óptica "anticapitalista y republicana" que desmitifique, dice, la Transición. 

"No hay tema en que los ciudadanos puedan quedar al margen. Nuestro concepto de construcción ciudadana se vertebra de abajo arriba", proclama la dirección. Es lo que llama "Estado de alta intensidad democrática", en el que más que preguntar a los ciudadanos es darles la "capacidad de decidir mediante consultas populares". 

Partiendo de esos pilares, ¿qué propuesta concreta elabora IU? 

Uno, un Estado republicano. Dos, un "Estado plurinacional", que reconozca la diversidad de naciones y culturas del Estado. Tres, un "Estado solidario", que significa un "poder público, fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los derechos de todos", que promueva no sólo un Estado del bienestar, sino un "Estado con justicia social". Un Estado solidario implica, para IU, que se fije un sistema fiscal y de financiación "equitativo y solidario", que garantice como objetivo irrenunciable" que cualquier español reciba la "misma calidad de los servicios públicos básicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones". Y para ello cada comunidad autónoma –unidad federada, según la organización que quiere IU– debe contar con los "recursos necesarios". Lo que plantea IU, por tanto, es un suelo social mínimo, unos derechos sociales básicos garantizados en todo el Estado. 

Cuatro, un Estado "democrático y participativo". Aquí la federación introduce las propuestas más novedosas. Entre ellas, cambiar el referéndum consultivo y plebiscitario (el que existe hoy) por el referéndum vinculante, que pueda incluso derogar leyes. Los referendos podrían ser convocados por los Gobiernos estatal, autonómicos y locales –ahora es una prerrogativa del Ejecutivo central– o promovidos por un "número razonable de firmas en cada ámbito territorial". IU también quiere que se exija convocar un referéndum en cualquier reforma constitucional siempre que lo pida "un cierto número de electores", una modificación que tiene su raíz en el cambio "alevoso" de la Carta Magna lanzado por PSOE y PP en 2011. 

La federación plantea imposibilitar que el Tribunal Constitucional pueda tumbar cualquier decisión adoptada por referéndum, como pasó con el Estatut, para lo que pide el recurso previo de inconstitucionalidad. Más ideas: desaparición de los "límites" a la iniciativa legislativa popular –o sea, que no excluya las materias de ley orgánica o de reforma de la Constitución– y rebaja de las firmas necesarias; sistema electoral proporcional y eliminación de la provincia como circunscripción; posibilidad de la revocación de los gobernantes; abolición de fueros procesales y privilegios; transparencia "absoluta" de todas las instituciones públicas, de los partidos y de los cargos...

Y cinco, un Estado completamente laico. 

IU detalla cómo debe articularse la "convivencia" en este Estado federal. La piedra nuclear, además del referéndum, es el pacto de constitucionalidad entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que la soberanía no sea una e indivisible y la tenga el Estado, sino que exista cosoberanía o soberanías compartidas, plasmadas en la Constitución federal y las constituciones (o estatutos) de las unidades federadas. El reparto de competencias emana de una decisión cosoberana de las comunidades que se federan. El Estado "no perjudicará" ni a la mayoría social ni a las CCAA, y estas a su vez tendrán los mismos derechos. Es más, el Estado "imposibilitará", según entiende IU, que se produzcan involuciones de derechos y libertades en las unidades federadas.

Dudas sobre la composición idónea del Senado

La formación de Lara dedica un epígrafe a la Justicia, en el que propone una amplia descentralización. En líneas generales, a nivel estatal quedaría el Tribunal Supremo, con potestad para la unificación de doctrina, y el Tribunal Constitucional, como "salvaguarda del pluralismo" y como árbitro de los conflictos entre el Estado y las CCAA. El documento refleja dudas respecto al papel de la Audiencia Nacional, y se recuerda de hecho que una parte importante de la izquierda ha apostado por su supresión directa. Los Tribunales Superiores de Justicia serían la última instancia judicial en cada territorio. IU señala que "puede contemplarse" la creación de Consejos de Justicia: pequeños CGPJ a escala autonómica. 

¿Y el Senado? IU, como ya hacía el PSOE, no se inclina por un modelo de composición concreto. Se fija en el sistema alemán, donde los senadores son elegidos por los Gobiernos de los Länder, en el austriaco, donde son designados por sus asambleas regionales, o en un mixto. La Cámara alta, según propone IU, ganaría mucho poder: tendría derecho de veto respecto a los proyectos de ley del Congreso que afecten negativamente a las competencias de las CCAA; competencia para declarar en los estados de alarma, excepción y sitio; poder para decidir sobre cuestiones relativas a la estructura del Estado, participación en la designación de miembros de órganos constitucionales, competencia de decisión en materia de financiación autonómica. 

El documento hace una reserva expresa del mundo local, como otra de las patas nucleares del Estado. IU reconoce a los ayuntamientos autonomía política y financiera, "pues sin poder económico no existe el poder político". Se articula así una defensa frente a la reforma municipal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

En la parte final del texto IU afronta la financiación, si bien desglosa los principios generales (equidad y eficiencia) y los objetivos: cohesión, bienestar social, progreso y adaptabilidad. Estado y unidades federadas estarían "en pie de igualdad". La formación de Lara que el nuevo sistema ha de bascular no sobre el coste del servicio prestado, sino establecer un estándar de calidad y "universalidad de los servicios públicos que sea homogéneo" en toda España. 

La última parte es la vinculación con la Unión Europea. Es decir, cómo los Länder españoles deben ser partícipes de la fijación de la posición del Estado en la UE, en los asuntos relativos a sus intereses. 

"Como si Elena Salgado fuera Rosa Luxemburgo"

El borrador sobre el modelo de Estado no es el único documento que estudiará la Presidencia Federal de este sábado. Van varios más. Los más significativos son el informe de gestión de Lara y la propuesta de campaña política redactada por José Luis Centella, el coordinador del órgano. En el primero, Lara hace un repaso de la coyuntura con una frase rotunda: "Jamás un Gobierno hizo tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo". Y desgrana cómo el Ejecutivo, la troika y el poder financiero siguen dando un "golpe de Estado a los derechos sociales, laborales, sindicales, económicos y civiles", una hoja de ruta neoliberal "asumida" por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que el expresidente justifica "como la tabla de salvación" frente a la amenaza de un Gobierno tecnocrático impuesto desde Bruselas, "como si Elena Salgado fuera Rosa Luxemburgo", se mofa el coordinador. 

Lara detecta una “fatiga” en la contestación social, algo que también incluye Centella en su informe. Por eso propone dar un “giro global” a las tareas que ha venido desarrollando IU. En síntesis, plantea ahondar en una propuesta que se asiente en cuatro pilares: alternativa política, económica, social y de defensa de lo público. El coordinador de la Presidencia explicita que no se trata de redactar un programa electoral completo, sino de vertebrar un discurso “con ideas fuerza, basadas en valores y principios que movilicen el imaginario colectivo para la acción”. Un discurso que debe tomar carne en una plataforma "de seis o siete ideas fuerza" que se concrete de forma participativa e “interactiva” con la acción institucional de IU. Para ello, sugiere realizar una campaña de “encuentros, asambleas, acciones e iniciativas institucionales” en diciembre-enero que enfaticen la política de IU y amplíe sus “alianzas en la base”.

La cúpula lleva asimismo a la Presidencia su propuesta de calendario para los próximos meses y el encaje del proceso de las elecciones europeas de mayo de 2014. El hito clave antes de Navidad es el IV Congreso del Partido de la Izquierda Europea (PIE), el 13, 14 y 15 de diciembre, en Madrid. El 11 de enero, reunión del Consejo Político Federal; el 25, la Conferencia de Modelo de Estado y el 8 de febrero, otra cita del Consejo, presumiblemente para sancionar definitivamente la candidatura y el cabeza de lista. El 22 de febrero IU ha incluido en su agenda la asamblea programática electoral, en la que pretende demostrar en un gran foro público su camino de convergencia con otras fuerzas y movimientos sociales y la redacción de un programa común de cara a los comicios a la Eurocámara. Dicho de otro modo: en menos de tres meses, IU debe tener todo listo para las europeas. 

Desde que marcara un hito en 2012, al acariciar la jefatura del Gobierno en Grecia al frente de Syriza, Alexis Tsipras ha ganado enteros como un referente ineludible de la izquierda alternativa europea, una figura emergente, un político joven que había humillado a los socialdemócratas helenos. Y ahora él, Tsipras, es visto como candidato común por sus homólogos europeos, como el candidato de la izquierda anticapitalista a la presidencia de la Comisión Europea, que desde 2004 ocupa el conservador portugués José Manuel Durão Barroso. 

Su nombre fue mentado expresamente esta mañana por Pierre Laurent, el presidente del Partido de la Izquierda Europea (PIE) que este viernes se hallaba en Madrid y que compareció en rueda de prensa en la sede federal de IU junto a su coordinador, Cayo Lara; al secretario general del PCE, José Luis Centella, y al líder de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Joan Josep Nuet. Y es que hoy Madrid acogía la reunión del Consejo de Presidentes del PIE, último escalón importante antes del IV Congreso que se celebrará en la capital entre el 13 y el 15 de diciembre de 2013. Tsipras, dijo, es uno de los nombres que "por supuesto" está en "todas las bocas" de los dirigentes del PIE y "en Bruselas". Tras la rueda de prensa, Laurent, en su primera intervención ya a puerta cerrada, elevó esa sugerencia a sus compañeros. Y el acuerdo prosperó. El Consejo de Presidentes propuso formalmente a Tsipras como candidato, a falta de que el cónclave de diciembre lo sancione. El líder de Syriza aceptó gustoso. 

A partir de ahora, se abre un proceso de consultas "dentro y fuera del PIE", según indicó a este periódico el eurodiputado de IU, Willy Meyer. "Tenemos que hablarlo con nuestros compañeros del PIE que no están en el Grupo de la Izquierda Europea-Izquierda Verde Nórdica [GUE-NGL], que son básicamente los nórdicos o el irlandés Sinn Féin". Pero esa propuesta es, en cualquier caso, "crítica con el procedimiento". "Lo que nosotros queremos es que los ciudadanos puedan elegir directamente al presidente de la Unión, y ahora mismo eso no pasa. Son los miembros del Consejo Europeo los que eligen al presidente de la Comisión por un periodo de cinco años. Por tanto, nuestro candidato común hará campaña por Europa denunciando el procedimiento y ofreciendo la alternativa", agregó el europarlamentario. 

Tsipras asumió "encantado", como un "honor" su nominación, aunque reclamó a sus compañeros que su candidatura no fuera "de exclusión". En teoría, el líder de Syriza no tendría por qué encabezar su lista en Grecia, porque el presidente de la Comisión no tiene por qué ser un miembro de la Eurocámara. En cualquier caso, para que Tsipras pudiera convertirse en el jefe del Gobierno comunitario la izquierda alternativa tendría que arrasar en la UE, cuestión poco probable. 

"Llevar con más fuerza la voz" a Bruselas

En la comparecencia de la mañana había emergido el nombre de Tsipras producto de las preguntas de la prensa. Porque todo venía por la casi segura candidatura del alemán Martin Schulz como representante de los socialdemócratas alemanes. Fue a Schulz al que precisamente el pasado lunes la ejecutiva federal del PSOE acordó avalar. ¿Seguiría el PIE el mismo camino? Laurent entonces contó a los periodistas que ese asunto se abordaría en el Consejo de Presidentes y que la decisión final no llegaría, en cualquier caso, hasta el IV Congreso del PIE, en diciembre. "No creemos que se trate de una gran innovación democrática, pero quizá puede ser la ocasión de llevar con más fuerza la voz de la izquierda europea". El jefe del PIE, también secretario general del Partido Comunista Francés (PCF), señaló que la izquierda europea dispone de "muchos nombres de calidad", entre los cuales figura Tsipras, al único al que citó. El líder heleno llegó a la sala de prensa justo en ese momento, recién aterrizado en la capital. El auditorio rió. Aunque los periodistas le emplazaron a que él mismo dijera si se postula o no, Maite Mola, vicepresidenta del PIE y moderadora de la comparecencia, evitó que se pronunciara porque no había estado presente ni en la discusión ni en la respuesta de Laurent. 

Horas después, la noticia se confirmó. Tsipras había sido postulado oficialmente por sus compañeros.  

Una consulta sobre la deuda soberana

Pero más allá de la cuestión de la candidatura, la reunión sirvió para consensuar las ideas fuerza que las izquierdas alternativas machacarán durante la campaña de las elecciones europeas de mayo de 2014. El PIE lo conforman 27 formaciones y 11 más figuran como observadoras. Los cuatro portavoces insistieron en alertar del "auge del fascismo" en el Viejo Continente, en la necesidad de combatir las políticas de austeridad impuestas por la troika, en la prioridad de que los ciudadanos decidan si prefieren que se siga pagando la deuda soberana o si es mejor "rescatar a las personas". Una consulta sobre la deuda, pues. "Que la gente decida si sigue siendo la troika y los bancos los que hacen los Presupuestos del Estado o los vamos a hacer sin la losa de la deuda", resumió Centella. IU ha venido reclamando una auditoría de la deuda soberana, insistiendo en que parte de ella es "ilegítima". 

"Debemos mostrar resistencia frente a las políticas de austeridad, pero también debemos trabajar para construir la izquierda europea, para que desempeñe un papel locomotor, para unir a todas las fuerzas que se opongan a las políticas de austeridad de toda Europa. Tenemos que rechazar esta trampa que constituye la posibilidad de elegir entre las políticas de austeridad o el populismo de la extrema derecha", aseguró Laurent, también secretario general del Partido Comunista Francés. Lara clamó igualmente contra el "desmantelamiento del Estado social que tanto costó construir", contra el "auge del fascismo y la desafección", una realidad "gravísima" porque "pone en cuestión el modelo democrático" que, con todas sus "dificultades", es el sistema en el que hay que profundizar, convirtiéndolo en "democracias participativas" y caminando hacia la "Europa social".

"Alfombra" para la extrema derecha

"Cuando se devalúa la democracia –advirtió Centella–, cuando se criminaliza a los movimientos sociales, cuando no se pone en valor la memoria histórica, se está poniendo la alfombra por la que desfilará el fascismo". Nuet aludió asimismo al espantajo del "fascismo y del populismo", pero también a la amenaza de los "nacionalismos identitarios", que se erigen como una "salida a la crisis basada en un espejismo y que generan xenofobia, violencia, separación y dolor innecesario". "Queremos levantar la bandera del europeísmo, decir que vale la pena Europa, pero otra Europa". Nuet hizo hincapié en el reconocimiento del derecho a decidir, posición lógica por su condición de coordinador de EUiA, marca catalana de IU. 

¿Pero es real esa amenaza del "fascismo" en España?, se les preguntó. El líder del PCE respondió en primer término: "Me preocupa más el fascismo ideológico y cultural que el electoral, que es el que hace que se criminalicen valores de solidaridad y la defensa de los derechos humanos. Lo importante es si hay un auge de una ideología que quiere revisar la historia. El fascismo electoral siempre viene precedido del fascismo ideológico, de que la ciudadanía crea que hay que buscar un salvador porque la política no resuelve los problemas. Y ahí la derecha, también en España, está siendo tolerante, cuando no cómplice". Era inevitable no pensar en los capítulos de apoyo de alevines del PP a símbolos franquistas, el ataque ultra a Blanquerna o en el mercadillo fascista que organizó el Ayuntamiento de Quijorna (Madrid), gobernado por los conservadores. 

Lara avisó, no obstante, de que no hay que plantear las europeas como una "batalla de la izquierda frente al fascismo", sino que hay que combatir "las causas profundas", que están en las "políticas neoliberales que aplica el capitalismo en su hoja de ruta". "El fascismo es hijo del capitalismo. Si no combatimos las causas, el capitalismo seguirá siendo una fábrica de fascistas". 

Los llamamientos a la unidad de las izquierdas no son, por otra parte, nuevos, porque ya Tsipras y Laurent apelaron en Madrid, a finales de mayo, al frente común. IU está intentando articular un bloque social y político y atar sus alianzas con Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y con las izquierdas nacionalistas, caso de Anova, Chunta y Batzarre. 

Los juristas lo llaman cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas. O sea, preceptos de una Constitución que jamás de los jamases pueden cambiarse. Francia o Italia, por ejemplo, nunca dejarán de ser una república, ni Alemania podrá abandonar su fisonomía federal. En España no hay ningún límite. Toda la Carta Magna de 1978 se puede revisar –salvo que se esté en una guerra o bajo los estados de alarma o sitio, claro–, no existen artículos intocables. Nada es irreformable. Podría cambiarse el modelo territorial, liquidar la Corona o apostar por un sistema unicameral, suprimiendo el Senado. Pero lo cierto es que apenas se ha tocado el texto en estos casi 35 años transcurridos desde su aprobación. Más aún: hoy, cuando más se habla de reforma constitucional, más complicada parece, y así lo ven los grupos parlamentarios. 

PSOE, IU, CiU, PNV y UPyD consideran "necesario" dar una vuelta a la Constitución, en un sentido u otro, con unas exigencias u otras. Pero todos creen que es "imposible" por la discrepancia de criterios y, sobre todo, por el juego de mayorías. Porque todos señalan que con un PP asentado en una cómoda mayoría absoluta y enrocado en el rechazo total a la revisión de la Carta Magna, no cabe pensar en cambios a corto y medio plazo. Aunque, como observan socialistas, IU o UPyD, la reforma acabará llegando, antes o después, demandada cada vez con más fuerza por la calle o por la cada vez más enconada situación de Cataluña. En cuestión está, de hecho, el modelo territorial, el encaje que los constituyentes diseñaron para las autonomías, o el modelo social, democrático y económico. O la Jefatura del Estado, en un debate sobre monarquía o república más vivo que nunca. 

Los principales grupos de la oposición en el Congreso han respondido a las preguntas de infoLibre sobre la necesidad y la posibilidad de una modificación de la Carta Magna. Y sobre qué líneas rojas marca cada uno. Aspecto este último donde algunas formaciones se muestran cautas porque entienden que lo importante es comenzar la discusión, sin que nadie ponga mínimos o cuestiones de partida. La mayoría de fuerzas políticas, asimismo, entiende que es un buen punto de partida para el diálogo el informe que el Consejo de Estado aprobó en 2006 a requerimiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en el que el máximo órgano consultivo del Ejecutivo se pronunciaba sólo sobre cuatro aspectos (sucesión al trono, proceso de construcción europea, inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y reforma del Senado).

El único grupo que ha rehusado contestar ha sido el mayoritario, el PP

, que se remitió a declaraciones públicas de uno de los portavoces adjuntos en el Congreso, Leopoldo Barreda, y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La Moncloa se aferra a que, como "se puso de manifiesto" en el último debate del estado de la nación, no existía un "mínimo consenso" entre los grupos para proceder a la revisión de la Ley Fundamental de 1978. La número dos de Mariano Rajoy recalcó este argumento en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, el pasado viernes. 

01. ¿HAY QUE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN?

Respuesta categórica: sí. Lo creen Ramón Jáuregui, delegado del PSOE para la Conferencia Política; Joan Josep Nuet, portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión Constitucional del Congreso; Aitor Esteban, portavoz del PNV en la Cámara baja, y Carlos Martínez Gorriarán, diputado y mano derecha de Rosa Díez en UPyD. Alguna duda más expresa Jordi Jané, portavoz adjunto en la Constitucional por CiU y vicepresidente cuarto del Congreso. 

El Consejo Territorial de los socialistas –el foro que reúne al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a sus barones– aprobó el pasado 6 de junio la llamada Declaración de Granada, en la que defiende la "profunda revisión" y "actualización urgente" de la Constitución de 1978 por tres razones: llenar los "vacíos" que dejó la Transición, garantizar el Estado del bienestar y frenar tanto la "tentación centralista" como la "secesionista". En Granada galvanizó la apuesta del PSOE por un Estado federal, que respete las identidades y los hechos diferenciales de las CCAA y preserve al tiempo la igualdad de todos los ciudadanos. "El modelo territorial español muestra serias deficiencias, y no sólo por la cuestión de Cataluña. Es necesario que se abra un foro donde discutamos de ese modelo territorial, donde hablemos de política, donde cada grupo haga sus propuestas –defiende Jáuregui–. No creo que ningún grupo haya elaborado un documento tan profundo y serio como el nuestro. Creemos que el modelo federal es el mejor camino, y el que va a ir ganando posiciones". 

Desde IU, Nuet no sólo habla de reforma de la Constitución, que ve "imprescindible", sino de la necesidad de emprender una "segunda Transición", un "proceso constituyente en toda regla" que aborde tres campos: el modelo social, el modelo "democrático" –que atañe a asuntos como transparencia, participación ciudadana, referendos, Ley Electoral...) y el modelo territorial. La federación defiente, por tanto, un "cambio de régimen" que engarza con un proceso de cambio "también en Europa". Martínez Gorriarán aduce que una modificación a fondo del marco jurídico se hace insoslayable por la gravedad de la "crisis política" y la necesidad de responder a ella con "soluciones de altura", convencido de que "cuanto más retrase, más profunda será". "La política inmovilista del PP supone una constante erosión de la Constitución, pero su reforma se va a plantear necesariamente por temas como la secesión de Cataluña, la corrupción, la división de poderes...". 

"Irresponsabilidad" para el PP

El peneuvista Esteban cree que el estudio de la Ley de 1978 es "necesario", porque la práctica de estos 35 años y la jurisprudencia de los tribunales ha implicado una cierta adulteración del texto original, especialmente en lo que afecta al reparto de competencias. Jané, por su parte, se hace eco de los titubeos expresados en los últimos meses por expertos juristas: unos sostienen que para permitir la "consulta legal y pactada" que quiere el president de la Generalitat haría falta la reforma de la Constitución; otros, como el expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente, discrepan y ven que no es obligatorio. "No necesariamente es preciso tocar la Carta Magna, porque hay otros cauces para permitir la consulta, como la delegación de la competencia de convocar referendos por la vía del artículo 150. 2 o por medio de la Ley de Consultas no Refrendatarias. Una reforma constitucional sería posible para reconocer el derecho a decidir, pero no es imperativo. No deberíamos ir a una vía más rígida, sino a una reinterpretación del Título VIII", el que configura el Estado autonomico. 

La posición del PP dista años luz del resto de la Cámara. Barreda señaló hace diez días que es una "irresponsabilidad" proponer una reforma de la Constitución para "satisfacer posiciones radicales" como la de algunos partidos catalanes y pidió a los socialistas poner fin a "la subasta federal de ocurrencias". Sáenz de Santamaría se ha limitado a afirmar, en repetidas comparecencias, que las posiciones de los grupos son "contradictorias" y que toda relectura de la ley de 1978 requiere como un "requisito básico e imprescindible" un "principio de acuerdo" entre los partidos. 

02. ¿QUÉ HAY QUE MODIFICAR? 

Las tesis de las distintas fuerzas políticas, en efecto, son difícilmente asimilables. El PSOE, aparte de alumbrar el manifiesto de Granada en su reunión del 6 de julio, dio el visto bueno a un documento más largo y prolijo, Hacia una estructura federal del Estado, en el que detallaba los cambios a impulsar. A saber: incorporación del mapa autonómico, reconocimiento de los hechos diferenciales, distribución clara de competencias, supresión del Senado para pasar a una "Cámara de representación territorial", una nueva financiación autonómica que recoja el principio de ordinalidad –que CCAA que más aportan a la caja común, que Cataluña, no pierdan posiciones en el ranking–, descentralización de la Justicia, revisión de la fórmula de cálculo del Cupo vasco y de la Aportación navarra, garantía de los principios sociales básicos, modificación del control constitucional de los estatutos de autonomía... 

"¡La del PSOE es la reforma que nosotros siempre hemos propuesto toda la vida! –exclama Nuet–. El avance hacia un modelo federal del Estado es un enunciado que compartimos, y es un marco de trabajo. Pero ahora se queda corto". El diputado de IU relata a continuación qué modificaciones son precisas: suprimir el nuevo artículo 135 que introdujeron PSOE y PP en 2011 para meter en vereda el déficit y la deuda, garantizar los derechos sociales, impulsar un referéndum sobre monarquía o república, permitir los referendos en las CCAA, aprobar otra Ley Electoral, fomentar la participación y la transparencia ciudadanas, separación de Iglesia y Estado, desarrollo de las soberanías compartidas (que el pueblo español no sea el único soberano), reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, articulación de una república federal asimétrica...

IU piensa incluso que en ese marco cabe plantearse la "convivencia común con Portugal". Todo este cuadro debe componerse respecto a una "nueva Europa", donde "Estados, naciones, regiones, pueblos y ciudadanos configuren el nuevo proyecto europeo social y democrático, no al servicio de intereses económicos o de un poder oligárquico". "Planteamos un marco ambicioso y global. España, o se reinventa, o desaparece", abunda. No obstante, IU deberá definir con exactitud su modelo de Estado federal en su próxima conferencia monográfica, prevista para el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Madrid. 

División de poderes

UPyD tiene en mente también una reforma federal. Pero en un sentido diametralmente opuesto a la izquierda. "Hablamos de un Estado federal simétrico, bien articulado y con competencias claramente distribuidas, en el que sólo haya tres niveles de Administració: Gobierno central, comunidades y ayuntamientos". Martínez Gorriarán explica que competencias como educación o sanidad volverían al Estado, para procurar que haya "un sistema, y no 17; una legislación, y no 17", si bien su gestión sí sería una potestad de las CCAA. La formación magenta defiende fusiones de municipios, potenciación del "mercado nacional", "unidad normativa", configuración de un Senado distinto, supresión de los derechos forales de País Vasco y Navarra –"Han sido un factor de desestabilización de la igualdad"–, etc.

Pero hay otros aspectos que UPyD querría plantear también, como la división de poderes (el refuerzo de la independencia de la Justicia y del Parlamento), el laicismo o el debate de la monarquía. "No decimos que república o nada, como dice la izquierda arcaica, sino que hablamos de transparencia de la Jefatura del Estado. En nuestro partido, de hecho, hay republicanos convencidos y monárquicos convencidos. Se trata de el país analice qué más le conviene, pero el debate es inevitable, porque la Corona está muy desacreditada y no se puede hacer la política del avestruz. Las constituciones no son instrumentales ni son textos sagrados, cada cierto tiempo hay que tocarlas", indica Martínez Gorriarán, para quien la propuesta del PSOE es errónea por cuanto "profundiza en la desigualdad del Estado de las autonomías". 

CiU y PNV tienen menos definido su modelo. Jané insiste en que la prioridad de los convergentes es la consulta –"Sin saltarnos la ley"–, porque "es muy mayoritaria la opinión popular", y la mejora de la economía. La federación anhela el reconocimiento de un Estado "más asimétrico", que abogue por "la diversidad". El PNV, en el mismo sentido, recalca que no valen soluciones simétricas, el café para todos. "No se puede aplicar la misma medicina a distintos territorios". Los peneuvistas desean el "reconocimiento de la nación vasca y de su representatividad" como puntos de partida. "Pero como no se va a proceder a modificar la Carta Magna mañana por la mañana, no hemos pensado qué más cuestiones introducir", admite Esteban. 

03. ¿ES POSIBLE LA REFORMA?

No caben muchas dudas para los grupos: no, hoy por hoy no es posible. El Gobierno, quien puede cerrar o abrir esa puerta gracias a su sólida mayoría absoluta, lo ha descartado ya. Sáenz de Santamaría se ha venido escudando en el último debate del estado de la nación, el pasado febrero, en el que "subieron a la tribuna distintos portavoces y de varios de ellos se oyeron propuestas de reforma constitucional de muy diferente signo, por no decir contradictorias entre sí. Unos, hacia una mayor centralización del Estado. Otros, hacia una mayor descentralización. Otros, propuestas de reforma federal [...]. Ahí no había un mínimo consenso entre los grupos [...]. Falta la base, que es un principio de acuerdo en una reforma constitucional".

"Si el Gobierno y el PP no quieren, entonces no será posible la reforma –constata Jáuregui–. Pero entonces, ¿no se hace nada que el PP no quiera, quiere decir que no tengamos que pedirlo? Desde nuestra humilde representación proponemos un modelo, y yo creo que la política española se va a acabar conduciendo a ese punto, hacia ese modelo federal. No me cabe ninguna duda. El PP no quiere hacer caso, no quiere moverse, pero está enconando el problema". Para el diputado y exministro, el "inmovilismo" del Ejecutivo hace que la "iniciativa la lleven los independentistas". "Estamos actuando muy torpemente quienes no pensamos como ellos, por eso es importante tener la iniciativa, poner el foco en otros espacios y temas, no bailarles el agua", reflexiona. 

Nuet achaca la parálisis a la mayoría absoluta del PP, aunque también al "sistema bipartidista en su conjunto". Si ambas cosas no se rompen, "es muy difícil". "El movimiento del PSOE contribuye, su propuesta es más realista, aunque no es suficiente". Martínez Gorriarán señala igualmente la caída del dominio de los dos grandes partidas como un motor fundamental, pues los que ascienden en las encuestas, IU y UPyD, sí son partidarios de la modificación constitucional.

Como ocurrió en la Transición

CiU y PNV culpan al PP, aunque recelan del PSOE. Ni Jané ni Esteban le ven con "voluntad real" de cambiar la arquitectura del Estado. Los convergentes consideran, pese a todo, que hay que "escuchar todas las propuestas". "No se puede descalificar nada de entrada, más cuando Rubalcaba se ofreció a explicar su iniciativa a Mas". Esteban apostilla que los socialistas actúan "como el gatopardo de Lampedusa, que quiere cambiar todo para que todo siga igual, sin ir a la raíz de los problemas". 

Los grupos de la oposición, sin embargo, subrayan que, por mucho que el debate quiera obviarse, al final habrá que abordarlo, porque nace "de la calle" o de comunidades como Cataluña, incómodas con su encaje actual. "Cuando haya otro juego político, cambiará la cosa. Y lo abrirá la sociedad por abajo. O hay respuestas o el modelo de la Transición muere, el proyecto de convivencia común se agotará. Hoy en día el ciudadano vive en una combinación de indignación por varias razones (exigencia de más democracia, más derechos sociales y otro modelo de Estado)", alerta Nuet. Los partidos confían en que, aunque las posiciones sean difícilmente convergentes, se pueda hallar un común denominador. "En 1977 algo de eso había, de posiciones encontradas. Pero al final se llegó a un texto aceptable para todos. El PSOE, por ejemplo, defendió por boca de Luis Gómez Llorente, en 1978, la forma republicana de gobierno, aunque luego apoyó el texto constitucional. Si hablamos de la Carta Magna, el consenso es obligado, y el pragmatismo final, también. No es fácil el acuerdo, pero hay que intentarlo". "Los problemas se intentan solucionar llegando a puntos de encuentro, y desde el PNV hemos demostrado que somos capaces de acordar, que podemos tener programas de máximos y de mínimos pero sabemos acordar", arguye Esteban. 

04. ¿QUÉ LÍNEAS ROJAS HAY?

Cada partido dibuja su propia reforma constitucional, pero es plenamente consciente de que no todos sus planteamientos prosperarán si hay acuerdo. Ello explica cierta cautela de los portavoces. "No tenemos mínimos ni líneas rojas. Hay que abrir un espacio de reforma constitucional para resolver los problemas. Es mala disposición reclamar la reforma y empezar predicando mínimos", clama el socialista Jáuregui. El diputado de UPyD cree, igualmente, que "no es correcto plantear" condiciones. "Debemos ir a un debate inclusivo, abierto. Escuchar. Que se incluyan posiciones razonables, pluralistas. Nos parece horrible el hábito de chantajear", completa. 

El parlamentario de IU y coordinador de Esquerra Unida i Alternativa señala que, para que su formación pudiese apoyar una modificación de la ley de 1978, debe producirse un "mínimo movimiento" en cada uno de sus tres campos claves: modelo de Estado, modelo social y modelo democrático. CiU se dice "abierta" a cualquier planteamiento que se ponga encima de la mesa sobre el Senado, el bicameralismo, derechos fundamentales, integración de la realidad europea..., aunque remacha siempre que su prioridad absoluta pasa "por la consulta". El PNV, por su parte, "nunca" daría el visto bueno a una nueva Constitución que no reconociese "la nación vasca". "Lo demás se iría viendo y estudiando". 

05. ¿ES ÚTIL EL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO?

El Consejo de Estado aprobó el 16 de febrero de 2006 el informe que le había encargado el Gobierno de Zapatero sobre cuatro puntos tasados de reforma constitucional: sucesión a la Corona –donde proponía eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer–, la inclusión de la denominación de las autonomías y del proceso de construcción de la Unión Europea y, finalmente, la eterna reforma del Senado, donde planteaba reforzar su papel legislativo y reducir su tamaño. El expresidente José María Aznar, por aquel entonces miembro del órgano consultivo, rechazó el dictamen y redactó un voto particular discrepante. 

Todos los grupos consultados, a excepción del PNV, opinan que ese informe es un óptimo arranque para el diálogo. "Es un buen punto de reflexión, es obligado tenerlo en cuenta aunque probablemente se queda corto", resuelve Jáuregui. "No hay que ignorar lo que dice el Consejo, aunque en muchas ocasiones se le ignora, como pasó con su propuesta de reforma de la Ley Electoral. Se le preguntó por cuestiones concretas, sí, pero hay que rescatarlo, ver qué opinaba y aprovechar todo lo aprovechable, aunque sea insuficiente", sanciona Martínez Gorriarán.

La sentencia del Estatut de 2010

A juicio de Jané, hay elementos "vigentes" del documento, como la sucesión a la Corona o la incorporación de la realidad de la UE, si bien una revisión de la Carta Magna "debería hoy abordar nuevos retos, como ese encaje de la España plurinacional y diversa". El diputado de IU recuerda que ese dictamen es anterior a la sentencia del Estatut de Cataluña, que supuso "un antes y un después" en el conflicto territorial. Nuet coincide en que aquel fallo del Tribunal Constitucional de 2010 fue "la chispa que encendió la bomba", una "salvajada jurídica y política" que aún colea. "La campaña del PP contra Cataluña, la irresponsabilidad de un partido contra una comunidad, la seguimos pagando". Nuet considera que el texto de 2006 es una "reflexión inteligente y realista, ventilada con indiferencia por PSOE y PP, y fue un error. Entonces se podía haber abordado el debate con más racionalidad y no con las presiones extremas que tenemos hoy". "Ese informe era una broma. No, en absoluto, no sería un punto de partida ahora", contrapone, crítico, Esteban. 

El portazo propinado por el PP a la reforma de la Constitución dificulta un retoque de la Carta Magna en los próximos meses. Pero no hay que perder de vista, como rememoran los pequeños grupos, que algo semejante se decía en la última legislatura de Zapatero. Y ahí está el nuevo artículo 135: pactado de la noche a la mañana, casi encima de las elecciones de 2011, con el consenso de los dos grandes partidos y el rechazo de los demás. 

El presidente del Congreso, Jesús Posada, expulsó este martes de la tribuna de oradores del hemiciclo a cuatro diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por tratar de leer la moción que fue vetada ayer por el PP sobre las "mentiras" de Mariano Rajoy en el caso Bárcenas.

El último fue Alberto Garzón, el portavoz de Economía.

Pero antes les había pasado lo mismo a Ricardo Sixto, Caridad García y Joan Josep Nuet. 

Los diputados de Izquierda Plural habían abandonado este martes el hemiciclo en protesta por esa decisión de la Mesa del Congreso de impedir el debate y votación de las mociones del PSOE e IU-ICV-CHA . Sólo quedó en el hemiciclo Nuet, que debía intervenir en el debate sobre una proposición de ley de CiU para exigir el catalán como requisito para ser juez en Cataluña. Al subir a la tribuna, y tras confirmar su voto a favor de la iniciativa, Nuet pasó a leer la moción vetada sobre el caso Bárcenas, lo que motivó una primera llamada de atención de Posada: "Si sigue por ese camino le tendré que llamar al orden", le dijo.

El diputado de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA-IU) insistió y Posada le llamó al orden una vez, luego otra y a la tercera, conforme establece el Reglamento, le echó de la tribuna. Nuet apenas leyó una frase: "El Congreso manifiesta su rechazo al comportamiento al presidente del Gobierno...".

"Miedo" del PP

A continuación le tocó el turno al portavoz del PSOE en el debate, Àlex Saez, que comenzó protestando por el hecho de que el PP hubiera hecho uso de su mayoría para impedir el debate de las mociones para exigir responsabilidades políticas a Rajoy. "Ándese con ojo, que si sigue el mismo camino le tendré que llamar al orden", le avisó Posada. En el caso del PSOE, la llamada de atención del presidente de la Cámara resultó efectiva y el diputado socialista catalán pasó a hablar de la iniciativa que se estaba debatiendo.

La segunda, Caridad García. La diputada subió a la tribuna para hablar sobre el préstamo gratuito de libros de texto, de UPyD. La portavoz de Educación de Izquierda Plural siguió la misma estrategia asegurando que "mentir y engañar es grave, y hacerlo en sede parlamentaria es gravisimo".

Posada la conminó a centrarse en la cuestión, pero García insistió en que "de lo que hay que hablar en este Parlamento es de democracia y transparencia": "Creo que aquí hubiera sido necesario hablar de las mentiras que aquí se han dicho en sede parlamentaria", añadió, aludiendo al caso Bárcenas. Tras la segunda llamada al orden, la diputada persistió: "Me pregunto qué miedo tienen ustedes a hablar de democracia y transparencia". Posada entonces hizo la tercera llamada al orden y la expulsó de la tribuna. 

Cuarto, Sixto. Le tocaba intervenir sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad. El parlamentario de IU comenzó subrayando que el Reglamento del Congreso, al igual que las leyes, están para cumplirlas y para expresar, a renglón seguido, su "más profundo rechazo" por el "incumplimiento" de la mayoría del PP de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara. Fue entonces cuando el presidente del Congreso le llamó al orden por primera vez, pese a reconocer que había tenido "un buen comienzo". "Presidente, voy por el camino que tenía que ir, no podría ir por otro", le replicó enseguida el diputado de IU, y apuntó, además, que no había faltado en ningún momento al "decoro" del Congreso con sus palabras. Posada procedió a explicarle que le había llamado al orden porque se había apartado de la cuestión que se estaba debatiendo en esos momentos en el hemiciclo y porque preveía que iba a seguir el mismo camino que sus otros dos compañeros anteriormente expulsados.

"¿Qué democracia es esta?"

Frente a esto, Sixto se defendió echando en cara al presidente del Congreso que en el pasado no llamara la atención a una diputada de UPyD que aprovechó su alocución para desviarse del tema que se estaba discutiendo y, por el contrario, ahora no permita este tipo de digresiones. "Lamentamos que no continúe con esa política y que la costumbre de la Cámara cambie en este momento", prosiguió. Y, hecha esta aclaración, el diputado de IU continuó con el "ritual" de sus compañeros y pasó a tratar de leer la moción vetada, pero volvió a ser llamado al orden dos veces más y acabó siendo expulsado de la tribuna.

Pero la tarde también se calentó con el PSOE. Celia Villalobos, la vicepresidenta primera de la Cámara, irritó al Grupo Socialista al pedir que en Andalucía, donde gobiernan PSOE e IU, se aplique la democracia y la libertad que reclamaba un diputado socialista en medio de la sesión plenaria. La airada queja del PSOE se debe a que Villalobos no estaba en un escaño del Grupo Popular, sino que estaba presidiendo el pleno en ausencia del presidente, Posada.

El incidente se desató en medio de la trifulca desatada por las reiteradas protestas de la oposición por el veto del PP a las mociones de PSOE e Izquierda Plural. El diputado Chesús Yuste, de Chunta Aragonesista (CHA), estaba siendo llamado al orden por Villalobos cuando ponía ese veto como ejemplo para ilustrar su posición en favor de una reforma reglamentaria defendida por el PNV para evitar que el grupo mayoritario impida unilateralmente debatir propuestas de la oposición.

En medio de las protestas desde los bancos de la oposición se oyó al diputado socialista Manuel Pezzi exigiendo a Villalobos que dejara hablar al diputado de la CHA. "¿Qué democracia es ésta? Libertad", exclamó desde su escaño. Villalobos se revolvió y replicó: "¡A ver si lo aplica usted en Andalucía!", lo que enardeció al Grupo Socialista, exigiendo una rectificación. "Silencio, por favor –dijo la vicepresidenta, tratando de calmar los ánimos–. Por gritar más no van a tener la razón".

El secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, pidió la palabra para denunciar el "papelón" de la vicepresidenta y preguntarle por qué menciona a Andalucía en un debate sobre el Reglamento del Congreso. Villalobos explicó que acababa de leer una noticia acerca de que la Mesa del Parlamento de Andalucía había rechazado por mayoría una iniciativa del PP y que por eso quería decirle al diputado que hablaba de libertad que se lo aplicara en su comunidad. Como los socialistas seguían protestando y también pedía la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, la vicepresidenta optó por retirar su comentario y dar por zanjado el incidente. "Si les ha molestado, pido disculpas", añadió.

La sesión había comenzado con las protestas desde el escaño de los portavoces de PSOE e Izquierda Plural, Soraya Rodríguez y José Luis Centella, que llegaron a calificar la decisión del veto a las mociones de "golpe institucional" propio del franquismo, pero Posada renunció al debate y pasó al siguiente punto. Rodríguez aseguró que excluir esas dos mociones del orden del día del pleno supone "mutilar" la sesión y dejar sin propuestas a dos fuerzas políticas que suman más de ocho millones de votos. A su juicio, Posada debe configurar el orden del día de acuerdo con los grupos parlamentarios porque hacerlo en coordinación con el Gobierno es propio del "franquismo".

"No tienen candidato, ni programa ni apoyos"

Centella afirmó que vetar esas mociones supone "secuestrar" el Parlamento y "dar un golpe institucional muy grave": "Es un grave atentado a la democracia", proclamó, advirtiendo al PP de que tarde o temprano se debatirá en el Congreso la decisión de Rajoy de "ocultar la verdad" al Parlamento sobre el caso Bárcenas.

Desde el PP, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, replicó que las mociones son un "fraude de ley" que la Mesa del Congreso "se ha visto en la obligación" de rechazarlas porque la única forma de pedir responsabilidades al presidente del Gobierno es presentando una moción de censura. El dirigente del PP acusó a la oposición de incumplir el Reglamento "deliberadamente" y ha vuelto a retar a presentar esa moción de censura. "No lo hacen porque no tienen candidato, ni programa ni apoyos", remachó. Pese a las acusaciones vertidas y la exigencia de que se leyera el acuerdo de la Mesa del Congreso vetando las iniciativas, Posada se negó a responder y dio por resuelta la discusión, pasando al siguiente punto.

España vive una situación de "opacidad generalizada". Es el diagnóstico de Jesús Lizcano, presidente de Transparencia internacional España, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo de expertos que estudió el anteproyecto de Ley de transparencia. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes que carece de legislación en la materia.

El proyecto de ley, cuyas enmiendas a la totalidad se votan este jueves en el Congreso de los Diputados, lleva más de ocho meses atascado en la Cámara baja. En este tiempo, el plazo para la presentación de enmiendas se ha ampliado en más de treinta ocasiones. Y a pesar de su largo recorrido, el texto suscita aún numerosas críticas: "La norma no reconoce un derecho completo. Prácticamente, sólo obliga a publicar presupuestos, contratos y licitaciones", señala Victoria Anderica, directora de campañas de Access Info Europe.

A la espera de conocer el resultado del trámite parlamentario y de la aprobación final de la Ley de transparencia, los expertos coinciden en señalar que existen numerosos espacios opacos en las instituciones españolas. Datos a los que acceder resulta extremadamente complejo, si no imposible.

El acceso de los ciudadanos a la información

¿Qué ocurre cuando un ciudadano demanda información a la administración? Según los informes de tuderechoasaber.es, sólo una de cada ocho peticiones recibe una contestación satisfactoria. En más de la mitad de ocasiones –54%–, la pregunta no obtiene respuesta alguna. Y en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el silencio administrativo tiene valor negativo.

Por contra, la legislación países como Serbia en materia de transparencia recoge, de forma expresa, que la Administración dispone de un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud para ofrecer al ciudadano una respuesta.

"En España, la denegación de información es la norma y conseguirla es cuestión de suerte", concluye Anderica, quien añade que a pesar del reconocimiento de tribunales internacionales al derecho de acceso a la información, el Gobierno insiste en que el reglamento jurídico español no lo reconoce.

Entre los datos que señala como imposibles de conseguir hay cuestiones de todo tipo: las cifras a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid alude para justificar la privatización de la sanidad por motivos de ahorro económico, las estadísticas sobre los centros escolares públicos, las resultados de las inspecciones de sanidad a locales de hostelería y el total de dinero público entregado a las entidades financieras figuran en el listado, entre otros ejemplos.

Transparencia de los partidos políticos

"Los partidos son instituciones relativamente opacas", afirma Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. En su opinión, sería deseable poder conocer con mayor claridad de dónde provienen los ingresos de estas organizaciones y en qué se gastan. "Los partidos no están regulados, se autorregulan. Y aunque están sometidos al control del Tribunal de Cuentas, el ámbito de discrecionalidad es casi completo", añade.

Dentro de ese ámbito de discrecionalidad, la sombra de la sospecha planea especialmente sobre los gastos de representación: "¿Son una especie de sueldo encubierto o son partidas bien empleadas?", se pregunta el experto. "Ante un partido político, el ciudadano debería poder exigir cuentas: ¿Cuánto se dedica al pago de salarios?, ¿Cómo se financian los viajes?", concluye.

Monarquía

Varios expertos coinciden en señalar que la Casa del Rey dio un paso adelante con la publicación de un breve desglose de su presupuesto a partir del año 2011. "A raíz del incidente de Botswana y del caso Urdangarín, la Casa tuvo esa iniciativa", apunta Vallespín, quien la valora de forma positiva.caso Urdangarín "Desde la publicación de su presupuesto, la Casa del Rey ya no es opaca", opina Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Sin embargo, no todas las voces están satisfechas con ese avance: Joan Josep Nuet, diputado de Izquierda Plural, asegura que la Casa del Rey únicamente tendrá "una aparición 'light'" en a futura Ley de transparencia. "En el proyecto de ley actual no hay ninguna medida concreta, sólo tenemos compromisos teóricos del Gobierno", añade. El proyecto de ley en marcha equiparará según el Gobierno, el nivel de transparencia de la monarquía con el del Congreso y el Senado, aunque aún no se ha determinado cómo se hará.

El cálculo total puede terminar siendo complejo, ya que a las asignaciones directas hay que sumar las partidas que diferentes ministerios dedican a cubrir gastos relacionados con la Casa del Rey, como dispositivos de seguridad, desplazamientos o mantenimiento de residencias y dependecias usadas por la familia real. El patrimonio del rey sigue siendo, además, un tema tabú que en otras monarquías europeas se aborda con naturalidad.

Iglesia católica

Al igual que ocurre en el caso de la monarquía, aún no está definido en el proyecto de Ley a qué requerimientos de transparencia se verá sometida la Iglesia católica, según explica Nuet. El diputado asegura que ha habido reuniones entre el Ejecutivo y la Iglesia para precisar hasta qué punto quedará la institución sometida a la nueva legislación, aunque el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanala, ha negado este extremo: "Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial sobre este asunto", ha dicho este miércoles.

Durante el año 2013 el Estado entregará de forma directa más de 13 millones de euros al mes a la Iglesia católica. Una cantidad de cuyo destino final se conoce poco o nada. "La Iglesia recibe una ingente cantidad de dinero público de forma directa e indirecta, y debería dar cuenta de ello", concluye Nuet. Y es que las distintas partidas de fondos públicos que reciben la Iglesia y las organizaciones religiosas por los servicios que prestan en áreas como la Educación, sanidad o servicios sociales suman 11.000 millones de euros según organizaciones como Europa Laica.

Otras instituciones

"Esperamos que la nueva ley clarifique datos sobre los ingresos y los gastos de algunos órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial", señala Yolanda Gómez. En la lista de instituciones que estarán previsiblemente sujetas a un control están también el Congreso de los Diputados y el Senado.

"Hasta ahora el único compromiso del Gobierno es que en la medida que reciben fondos públicos van a aparecer en la ley, pero aún no se sabe qué significa eso. Y lo importante no es figurar en el texto, sino la forma en la que queden reguladas", añade Nuet.

Empresas que contratan con la Administración

Las empresas que contratan con la Administración y que reciben la mayor parte de sus ingresos de fondos públicos también se mueven en el terreno de la opacidad. "Ahora que estamos sufriendo los recortes, nos preguntamos por qué se hicieron determinadas obras", explica Vallespín, que cree que en ocasiones puede haber intereses ocultos detrás de las licitaciones, "a pesar de que se supone que son decisiones de carácter técnico", apunta.

La futura Ley de Transparencia será además supervisada por una agencia de evaluación que dependerá directamente del Ministerio de Administraciones Públicas, otro de los aspectos que más critican los diferentes expertos conultados, entre los que hay dudas acerca de la independencia de este organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa que se apruebe.

Cayo Lara, Joan Herrera y Joan Josep Nuet hablaron de "día histórico" y en el ambiente se notaba que lo era, por la concurrencia de medios de comunicación y por el tema de discusión, el referéndum sobre el futuro de Cataluña. Los tres, los líderes de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), firmaron este miércoles una declaración conjunta a favor del derecho a decidir y el modelo de Estado, el primer acuerdo entre formaciones catalanas y una fuerza estatal que defiende que Cataluña puede decidir qué "modelo de convivencia" quiere con España. Un derecho, el de la consulta, que compete sólo a los catalanes, según reivindicó el propio Lara, por lo que los demás españoles no deberían ser preguntados. 

Los tres jefes de las tres fuerzas presentaron el texto, de cinco páginas, llamado a sentar las bases, con "gran ambición", de la "redefinición del modelo de convivencia", que pretende aparcar los "enfrentamientos estériles" entre Madrid y Cataluña y que busca ofrecer un "horizonte de esperanza", una vía de escape al conflicto, según prologó Nuet. 

"Acuerdo", diálogo, "pacto", consenso son, de hecho, las palabras más reivindicadas por IU, ICV y EUiA. En eso consiste, alega el documento, el derecho a decidir, en la "voluntad de negociación con el Estado utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma", en conseguir la "máxima legitimidad democrática, política y jurídica posible frente a aquellos que niegan toda posibilidad de ejercer ese derecho". La declaración consagra tres compromisos fundamentales de los tres firmantes: apoyar "el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de los otros pueblos del Estado que manifiesten su voluntad de ejercer ese derecho", reclamar el diálogo entre las fuerzas estatales y las formaciones catalanas para "acordar la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y propiciar las reformas legislativas necesarias para su convocatoria" y trabajar "conjuntamente" por un modelo de Estado "federal, plurinacional, social y republicano, que incorpore el derecho a decidir". La iniciativa también señala que el derecho a decidir alcanza igualmente "a los derechos sociales que definen la realidad" actual. 

"No hay que tener miedo"

Indudablemente, la expectación se centraba más en las palabras de Lara, porque IU es la que más ha tenido que moverse, pese a que el derecho de autodeterminación formase "parte del ADN" de la organización, aunque nunca hubiera sido tan clara en este aspecto. "No hay que tener miedo" a que hable Cataluña, intentó sosegar el coordinador de IU, porque aunque las posiciones se "enquisten", "siempre hay márgenes para el acuerdo". "Queremos frenar la polarización. Que no piense Cataluña que no hay nadie al otro lado", porque allí, "al otro lado", subrayó, hay una "fuerza disponible" que la entiende y que es IU. "No hay federalismo sin pacto. Lo que proponemos es un pacto, un entendimiento necesario. Y el acuerdo es posible", incidió. 

En el turno de preguntas, sin embargo, Lara sufrió algo más. Se le recordó que en enero, cuando el Parlament aprobó la declaración soberanista con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, él sostuvo que no Cataluña no podía decidir "unilateralmente" su futuro. El coordinador señaló primero que el debate es "más rico y más amplio" que decir sí o no a la independencia, y que por tanto no cabe hablar de "futuribles" cuando ni la consulta está pactada ni se sabe qué se preguntaría a los catalanes, en caso de realizarse. Pero después sí asumió que a quien compete decidir es a Cataluña: "No corresponde al resto de españoles" pronunciarse sobre lo que opinen los catalanes. "Los demás tendrán que opinar, pero no se trata de que los demás tengamos otro referéndum u otra consulta. Sobre las conclusiones de Cataluña, lógicamente después habrá que hablar. Pero eso no significa otro referéndum para decir si la mayoría de los ciudadanos del conjunto de España opina una cosa diferente al pueblo catalán". De fondo, pues, está el debate jurídico, quién es el sujeto de soberanía, los españoles o los catalanes. Las palabras de Lara apuntaban a lo segundo. 

El texto también habla de esos dos tiempos a los que aludía el líder de IU: "La celebración del referéndum no supone el final del proceso. Una vez conocida la decisión de la ciudadanía de Cataluña, deberán acordarse los cambios constitucionales necesarios para hacer posible la voluntad popular". 

Estar de acuerdo con la celebración de la consulta no significa, no obstante, que IU defienda la independencia de Cataluña. El coordinador se afanó en dejar claro que el acuerdo no piensa en la "partición" de Cataluña, sino en el "derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de otros pueblos del Estado que manifiesten su voluntad de ejercer ese derecho". Así consta en el texto. 

Herrera, por su parte, recalcó que las tres formaciones creen que la "democracia" es el instrumento idóneo para resolver el conflicto, y que por eso la propuesta es de encuentro, "amplia, transversal, exigente, pero no identitaria". Este texto, abundó, es "el pacto que Cataluña debería tener con el Estado". "Esto no es una reflexión, es un acuerdo" frente a la "hostilidad y beligerancia" que CiU y PP o la lógica de "seguidismo" que, a su juicio, exhibe el PSOE. 

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Sin embargo, las posiciones en Madrid y Barcelona son hoy diametralmente opuestas. ¿Qué hacer? Herrera precisó que hay que "encontrar el escenario de acuerdo", caminar hacia una "solución política". Si se agotan las vías de diálogo, "veremos", señaló lacónico, sin dejar de recordar que en Cataluña hay una "voluntad mayoritaria" a favor del referéndum, que a veces se utiliza, por cierto, para "tapar los recortes". 

Más taxativo fue, desde luego, Nuet. "La consulta se tiene que hacer sí o sí, es irrenunciable. No la podrá frenar ni el Ejército ni una Constitución monárquica. Nuestra apuesta es que se modifiquen las leyes para que pueda seguir existiendo un proyecto común", justo el que pretende impulsar la declaración conjunta frente a la "dinámica suicida" en la que se han embarcado PP y CiU. 

El contexto marca la impronta de la iniciativa, lógicamente. Porque hablar del derecho a decidir remite inevitablemente a Cataluña, al apoyo a la consulta soberanista. ICV y EUiA la defendieron desde el principio, sin que crease ninguna zozobra interna, como sí ocurrió en el PSC. El propio Lara también la respaldó, siempre añadiendo que la federación reivindica una España federal en la que quepan todas las comunidades y no haya desgajamiento de ninguna de ellas. Dicho de otro modo: IU no está de acuerdo con la independencia de Cataluña, sí con avanzar hacia un modelo federal. 

Sin embargo, IU, ICV y EUiA siempre manifestaron que no se podía circunscribir el derecho a decidir al referéndum sobre la independencia de Cataluña. Que había que hablar del derecho a decidir sobre muchas otras cuestiones. Que se pudiera preguntar a los ciudadanos, por ejemplo, sobre las imposiciones de la troika o sobre los recortes. 

Por eso el texto, que se hará público mañana, habla del "derecho y la libertad de los pueblos de decidir libremente su encaje" con el Estado. Facultad que las tres fuerzas reconocen a Cataluña o a cualquier otra comunidad de España. Y se concibe ese derecho a decidir como el mayor exponente de "radicalidad democrática", resaltan fuentes de ICV. "No hay que concebir el texto en clave de independencia de la vieja cultura nacionalista, sino como un empoderamiento de la ciudadanía, también para la construcción del Estado", señalan desde IU. 

Las tres formaciones confieren una enorme importancia a la presentación del documento –avanzada ayer por Nuet y Herrera en Barcelona– porque en la práctica se solemniza por primera vez que una fuerza de carácter estatal, IU, se suma a la propuesta de consulta a los catalanes. Nuet lo reseñó en la comparecencia en la capital condal: la federación de Lara, enfatizó, se consagra como un "espacio amigo" de las demandas catalanas y una apuesta inequívoca a favor del derecho a decir, exigencia que ya no tiene vuelta atrás, informa Europa Press. 

Un trabajo "compartido" y a tres bandas

La negociación se ha llevado a cabo en los últimos meses. Pero el origen hay que buscarlo, explican a infoLibre fuentes de ICV, en una conferencia en Madrid el año pasado, en plena precampaña de las elecciones catalanas, cuando Herrera emplazó a IU a hacer suya la propuesta del derecho a decidir e incidió en que es importante defender el Estado federal más allá de Cataluña. IU, como cuentan los colaboradores de Lara, siempre reivindicó la España federal y ya estaba sumida en el debate sobre el modelo territorial. De hecho, en su X Asamblea, el pasado diciembre, ya se conjuró para discutir largo y tendido de este asunto en un foro monográfico que finalmente se celebrará el próximo otoño. IU, por tanto, no era ajena a la reflexión sobre la articulación territorial de España, que en su configuración actual "está agotada", y al desafío soberanista planteado por Artur Mas.

"El modelo de Estado es una cuestión nodal en estos momentos. Y hay comodidad total con lo que propone ICV. Hay una coincidencia natural, un reconomiento mutuo, un trabajo compartido en el grupo parlamentario", relata un miembro de la Ejecutiva federal. De modo que las tres formaciones comenzaron a trabajar. Primero se produjo una reunión en Madrid entre Joan Herrera, Laia Ortiz y Joan Coscubiela por ICV; José Luis Centella por IU y Joan Josep Nuet por EUiA. Allí se comprobó que "merecía la pena ir andando ese camino juntos", y que esa declaración conjunta iba en la línea de las alianzas que la federación de Lara quiere seguir tejiendo. Luego, los órganos de dirección de cada una de las tres formaciones dieron el visto bueno a un primer borrador y delegaron la redacción en Coscubiela, Centella, Nuet y Josep Vendrell, el nuevo secretario general de los ecosocialistas catalanes. La última versión es la que se conocerá mañana miércoles, presentada por Herrera, Lara y Nuet.