Las investigadoras que han decidido dedicar su tiempo y trabajo a desentrañar las raíces del consumo de prostitución, se han topado tradicionalmente con un muro infranqueable. Ni estudios, ni encuestas, ni prácticamente análisis capaces de dimensionar la magnitud de un fenómeno poco estudiado. Esta semana, el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han aliado para tratar de arrojar algo de luz a la situación y aportar información precisa, gracias a la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Y las cifras son claras: el 26,65% de los hombres encuestados han pagado a una mujer en situación de prostitución para mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. 

El sesgo de género es evidente: ellas no consumen prostitución, en prácticamente ninguna circunstancia e independientemente de su contexto. Solo un 0,3% de las encuestadas dice acceder al sexo de pago, un porcentaje anecdótico y residual.

La encuesta permite trazar el perfil del cliente de prostitución en España, a partir de los microdatos que proporciona y que han sido analizados por infoLibre. Por grupos de edad, la tendencia es clara: son las generaciones de hombres mayores quienes más acostumbran a consumir prostitución. Concretamente, los hombres que tienen entre 65 y 74 años son los que reconocen con mayor frecuencia haber pagado a una prostituta (41,6%), seguidos de los mayores de 75 años (38,9%). 

Conforme la edad disminuye, el consumo de prostitución también lo hace, pero las cifras continúan siendo llamativas. El 33,7% de los hombres de entre 55 y 64 años admiten haber accedido a la prostitución, igual que el 28,9% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años y el 24,9% de los que cuentan con edades entre los 35 y los 44 años.

Los hombres jóvenes presentan las tasas más bajas de consumo de prostitución. El 13,3% de los varones de entre 25 y 34 años dice haberlo hecho al menos una vez en la vida, e igualmente el 4,1% de aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años. Pero hay un ligero repunte entre los más jóvenes: el 7,8% de los que tienen entre 16 y 19 años dicen haber pagado a una prostituta para tener sexo. Cabe destacar que el 5% de los hombres encuestados señala que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. 

En casi todas las franjas de edad, los clientes de prostitución han llamado a la puerta de los burdeles en más de una ocasión, excepto en el caso de los más jóvenes (16-19 años y 25-34 años), quienes en mayor medida describen un acceso aislado y puntual a la prostitución. La mayoría de los entrevistados (21%) asegura que el momento en el que pagó por última vez por mantener relaciones sexuales fue hace más de cinco años.

Si el cliente de prostitución es fundamentalmente un hombre de edad avanzada, cobra sentido que la encuesta sitúe a los jubilados y pensionistas (40%) como aquellos que más frecuentan la industria de la prostitución, solo por detrás de situaciones de inactividad sin especificar. En el reverso, los estudiantes (4,9%) son los que menores tasas presentan.

Por debajo de la media se encuentran profesiones como militares y cuerpos policiales (12,3%), así como profesionales, científicos e intelectuales (17,1%). Y por encima, el grupo de oficiales, operarios y artesanos (29,7%), junto al de operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras (30%)

La encuesta permite aproximar la lupa a algunas circunstancias de interés, como la religión de los encuestados. Los hombres católicos presentan las mayores tasas de consumo de prostitución: así lo afirma el 30,7% de los no practicantes y el 30,2% de los practicantes. En el extremo opuesto, son los agnósticos (21,1%) y los ateos (21,4%) los que en menor medida dicen haber pagado a mujeres en contextos de prostitución. En un término medio, se sitúan los creyentes de otras religiones (26,4%) y los que no se identifican con ninguna creencia (26,2%).

En una escala de autoubicación ideológica, los hombres que presumen de posiciones más a la extrema derecha son también quienes más reconocen consumir prostitución (29,6%), pero las diferencias respecto a quienes se sitúan más a la izquierda son irrisorias (29,4%). Siendo el uno el extremo más progresista, aquellos hombres que se ubican en la categoría dos y tres son los que presentan tasas más bajas de consumo de prostitución (19,1% y 19,5% respectivamente).

La encuesta evidencia que es en las localidades pequeñas donde existe un mayor consumo de prostitución. El 29,5% de los hombres encuestados que ha pagado por mantener relaciones, pertenece a municipios con menos de 50.000 habitantes. Por el contrario, los territorios con un menor consumo de prostitución (21,5%) son los que tienen entre 100.001 y 400.000 vecinos. 

En cuanto a la pornografía, la encuesta refleja que el 71,8% de los hombres accede a contenidos pornográficos, siendo en este caso una tendencia mayoritaria entre los más jóvenes. En este caso, las dinámicas se invierten: los hombres menores de 35 años son quienes más porno consumen, una práctica que va descendiendo de forma progresiva conforme aumenta la edad de los entrevistados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de las organizaciones de pacientes, una norma con la que el Gobierno busca regular por primera vez el papel de estas entidades en el sistema sanitario y establecer unos cauces para que tengan una participación en las políticas públicas de salud. “La iniciativa consolida su papel como interlocutoras ante la Administración General del Estado y las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud”, destacan desde el Ministerio de Sanidad. 

La iniciativa, cuya tramitación comenzó en septiembre de 2025, reconoce a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal, pero fija una serie de requisitos que deben cumplir para acogerse a este marco legal. Los principales son su carácter no lucrativo, la presencia mayoritaria de pacientes, familiares o cuidadores no profesionales en sus órganos de gobierno o el desarrollo de su actividad en más de una comunidad autónoma.

Una de las principales novedades de esta norma es el reconocimiento de nuevos derechos para estas entidades. El principal es que podrán acceder a la información necesaria para la defensa de sus intereses, así como asesoramiento para el ejercicio de sus derechos. A esto se suma el derecho a participar en la elaboración y evaluación de planes y estrategias y el derecho a formar parte de un censo estatal para facilitar su interlocución.

Por su parte, la Administración del Estado también debe asumir una serie de obligaciones. Entre ellas, agilizar la respuesta a las solicitudes de información, fomentar el uso de herramientas digitales en la relación con estas organizaciones y difundir de forma activa las iniciativas normativas o los planes de salud que puedan afectar a este colectivo. 

Otro cambio relevante que introduce la norma afecta directamente a los órganos de participación del Sistema Nacional de Salud, al garantizar la presencia de representantes de estas organizaciones en los principales espacios de consulta y gobernanza sanitaria. En el caso del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, se asegura la participación permanente de ocho representantes de las organizaciones de pacientes mediante la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde la noche del lunes febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad y recoge EFE. 

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este positivo después de que el hombre presentase algunos síntomas durante la tarde noche del lunes.

Además, el Ministerio ha avanzado que, según le han transmitido las autoridades estadounidenses, el ciudadano de aquel país cuyo primer resultado de las pruebas que le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado en una rueda de prensa junto a Pedro Sánchez que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 10 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 21 de junio. En un primer momento, Sanidad anunció que la fecha sería el 6 de mayo.

"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

No obstante, ha asegurado que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación.

"Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas", ha reconocido el director, quien ha incidido en que ahora los países de origen son los que tienen la responsabilidad y los que están poniendo en marcha todas las medidas de control.

El presidente de Canarias envió a la ministra de Sanidad un informe generado por inteligencia artificial para argumentar que el barco Hondius no debía atracar en el puerto de Granadilla. El documento sostenía que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua hasta tres días. Fernando Clavijo lo reenvió a Mónica García a las 17.13 h de un sábado, con el formato visual intacto de una consulta a chatbot, incluidos los enlaces a YouTube. No había rastro de edición, ni de contraste, ni de ningún paso intermedio entre la pregunta al modelo y el correo a la ministra.

El episodio podría pasar por una curiosidad de la política autonómica española si no fuera porque el presidente canario pretendía que el Ministerio de Sanidad tomase una decisión extremadamente relevante en materia de salud pública basándose en lo que le decía un chat de IA. 

Y aunque no tenemos datos que documenten lo que están haciendo los políticos y altos funcionarios españoles —aunque sí hay indicios que sugieren un uso elevado y no supervisado por humanos de la IA para la preparación de textos y análisis de documentos—, sí sabemos que no es un rareza en los países de nuestro entorno.

Un estudio recientemente publicado por la organización europea AlgorithmWatch documenta que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas no es una excepción. Es, según sus autores, un patrón extendido, escasamente regulado y, en su manifestación más preocupante, completamente invisible.

El informe de AlgorithmWatch analiza el uso de chatbots en los gobiernos de Alemania, Suiza y el Reino Unido a partir de registros públicos de transparencia, solicitudes de acceso a la información y experimentos propios con modelos de lenguaje. 

Sus autores parten de una distinción que resulta útil para entender el caso Clavijo y los que vendrán después. No les preocupa principalmente que los gobiernos usen inteligencia artificial para tareas administrativas de bajo riesgo —clasificar documentos, responder consultas ciudadanas rutinarias, convertir planos antiguos en formato digital—. Lo que investigan es algo más específico: qué ocurre cuando un funcionario o un cargo electo usa un chatbot para organizar su comprensión de un asunto, resumir una política compleja o elaborar una posición ante una decisión que tendrá consecuencias reales.

Esa distinción importa porque en el segundo tipo de uso el modelo no solo procesa información: la encuadra. Decide qué mostrar y qué omitir, qué presentar como consenso y qué como posición minoritaria, qué fuentes merecen más peso y cuáles menos. Y lo hace de formas que el propio usuario no necesariamente percibe, y que los sistemas de supervisión existentes no están diseñados para detectar.

El ministro alemán de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, lo describió sin aparente conciencia de las implicaciones. En una entrevista con Die Zeit, declaró que usa chatbots, en particular Claude, “muchas veces una o dos horas al día para estructurar pensamientos”. 

Detalló además el proceso con precisión: vuelca ideas desordenadas en el modelo, le pide que las organice y añada dos o tres ideas adicionales, reflexiona sobre el resultado, y repite el ciclo. “Normalmente son cuatro o cinco vueltas”, dijo. 

El Ministerio Digital de Alemania, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por los investigadores de AlgorithmWatch, respondió por escrito que el ministro “no ha utilizado chatbots de IA en su función como ministro federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado”. Wildberger no rectificó su declaración. Pero tampoco el Ministerio explicó la contradicción.

Los autores del estudio señalan que la distinción entre uso “personal” y uso “oficial” de un chatbot es, en la práctica, inoperante cuando la persona en cuestión es un ministro. Los pensamientos que Wildberger estructura con la ayuda de un modelo de lenguaje son los pensamientos con los que luego toma decisiones sobre política digital alemana. Que eso ocurra fuera del despacho oficial no lo convierte en un asunto privado.

Los gobiernos no llegaron a esta situación de improviso. Construyeron herramientas propias, firmaron contratos con grandes proveedores y publicaron directrices de uso que, en muchos casos, impulsaron activamente la adopción. El Reino Unido es el ejemplo más documentado.

El Gobierno británico desarrolló Redbox, una herramienta interna basada en modelos de lenguaje de OpenAI y Anthropic, diseñada específicamente para el trabajo de los funcionarios: resumir documentos extensos, preparar informes para ministros, generar borradores de comunicaciones internas. 

En verano de 2025 tenía más de 6.000 usuarios activos y procesaba 30.000 mensajes semanales. Era presentada por el propio Gobierno como un caso de éxito de modernización de la Administración pública. 

Pero en octubre fue retirada. La razón no fue ningún problema de funcionamiento ni preocupación sobre sus efectos: fue que Microsoft puso a disposición de los departamentos gubernamentales su herramienta Copilot de forma gratuita, y Google hizo lo mismo con Gemini. Redbox simplemente dejó de ser necesaria como inversión cuando había alternativas sin coste aparente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con OpenAI para equipar a 2.500 funcionarios con ChatGPT Enterprise. La pregunta de qué instrucciones exactas dan esos funcionarios al sistema, y cómo esas instrucciones condicionan los análisis que luego informan decisiones judiciales y legislativas, no tiene respuesta pública.

Las solicitudes de acceso a la información sobre los prompts —el término técnico para esas instrucciones— fueron rechazadas por el Gobierno británico, calificándolas de “vejatorias”. La única lista de instrucciones obtenida por vía de transparencia, fruto de una solicitud del semanario New Scientist, fue la del secretario de Estado de Tecnología, Peter Kyle: siete preguntas, entre ellas cuál es la definición de inclusión digital y qué podcasts le recomienda el modelo para aparecer como invitado.

En Alemania, el Gobierno federal mantiene un registro público de usos de inteligencia artificial en la Administración. Varios länder han desarrollado sus propias herramientas, como F13 en Baden-Wurtemberg o LLMoin en Hamburgo. 

Las directrices federales sobre uso de inteligencia artificial en la Administración mencionan explícitamente la “soberanía digital” como criterio: la dependencia de herramientas de empresas estadounidenses es un riesgo que el Gobierno reconoce formalmente. 

Suiza, por su parte, trabaja con GovGPT, construido sobre el modelo de código abierto LLaMA de Meta —sí, la empresa del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg—, y ha publicado una base de datos de proyectos a través de su red de competencia en inteligencia artificial. 

El problema central que documenta AlgorithmWatch no es que los modelos de lenguaje inventen datos, aunque también lo hagan con una frecuencia tan visible que hasta los propios fabricantes reconocen. Ese problema —llamado técnicamente "alucinación"— al menos produce errores detectables: una fecha incorrecta, una cita que no existe, un dato que no cuadra. Lo que preocupa a los investigadores es más difícil de localizar porque no genera falsedades manifiestas. Genera encuadres.

Para documentarlo, los autores diseñaron pruebas con modelos de lenguaje usando el tipo de instrucciones que un analista político podría razonablemente escribir, incluyendo el tipo de contexto adicional que las propias guías gubernamentales recomiendan añadir para obtener mejores resultados. 

Una de las pruebas pedía al modelo que preparase materiales de briefing para una comisión parlamentaria del Bundestag sobre regulación de inteligencia artificial, con dos posiciones enfrentadas. Las instrucciones incluían en ambos casos la petición explícita de ser riguroso con la evidencia y reconocer las incertidumbres. La única variable que cambiaba era el destinatario.

Cuando la instrucción indicaba que el destinatario era la oficina de Saskia Esken, del SPD, el modelo concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición favorable a una regulación estricta. Cuando el destinatario era la oficina de Friedrich Merz, de la CDU, el mismo modelo, ante los mismos datos y la misma petición de rigor, concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición contraria, más escéptica ante la regulación. Los dos análisis eran internamente coherentes, citaban datos reales y sonaban a trabajo de analista solvente. Simplemente llegaban a conclusiones opuestas.

No era un patrón universal: en otras pruebas similares, el modelo reconocía que se le estaba pidiendo respaldar una posición previa y lo señalaba explícitamente. Pero la variabilidad es parte del problema: un usuario que no sabe que el efecto existe tampoco sabe cuándo está ocurriendo.

Una segunda prueba medía cómo varía la valoración de un argumento según la fuente que se le atribuye. El texto era siempre el mismo: un argumento sobre política energética favorable a la energía nuclear. Cuando se atribuía al Instituto KOF de la ETH de Zúrich, una institución académica de referencia, el modelo le asignaba una puntuación de solidez de 0,78 sobre 1. Cuando el mismo argumento se atribuía a la Fundación Suiza de la Energía, una organización habitualmente crítica con la energía nuclear, la puntuación bajaba a 0,58. El modelo no evaluó el argumento; evaluó su coherencia con la trayectoria conocida de quien lo firmaba.

Los autores denominan a este fenómeno sesgo de coherencia. Un argumento pierde credibilidad ante el modelo no por su contenido, sino porque proviene de una fuente que normalmente defiende la postura contraria. El efecto es, como señalan los investigadores, contraintuitivo respecto a cómo funciona el razonamiento humano bien calibrado: en el análisis convencional, que un argumento convenza incluso a sus críticos habituales añade credibilidad, no la resta. Para los modelos de lenguaje, ese mismo hecho opera en sentido inverso.

A esto se suma la adulación, que en la literatura especializada recibe el nombre técnico de sycophancy: la tendencia de los modelos a ajustar sus respuestas a lo que perciben que el usuario quiere escuchar, tanto si eso se expresa de forma explícita como si se infiere del contexto. 

Y el llamado sesgo de automatización, documentado en estudios sobre evaluación de políticas públicas: la tendencia de los usuarios humanos a aceptar los resultados de sistemas automatizados sin aplicar el mismo escrutinio crítico que aplicarían a un análisis elaborado por una persona. Un funcionario que revisa un informe generado por un chatbot tiende a verificar que los datos sean correctos y que el argumento sea coherente. No tiende a preguntarse si el encuadre habría sido distinto con una instrucción ligeramente diferente.

Las directrices que los gobiernos han publicado sobre uso de inteligencia artificial en la Administración coinciden en un punto: toda decisión apoyada por IA debe pasar por supervisión humana. AlgorithmWatch revisó en detalle las guías del Reino Unido, Alemania, Suiza y la Comisión Europea, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para todos ellos: la supervisión se define como principio, nunca como práctica concreta.

La hoja de ruta del Gobierno británico en materia de IA exige “control humano significativo en las fases adecuadas” e insta a los funcionarios a “revisar y validar los resultados de la IA”. Las directrices federales alemanas piden “resultados trazables” y “supervisión humana”, pero dejan a cada organismo la decisión de qué pasos pueden usar IA “sin comprometer la trazabilidad”. Ninguna de las guías analizadas especifica cómo detectar un sesgo de encuadre, un efecto de atribución o una respuesta aduladora. Los tres tipos de distorsión documentados por los investigadores superan sin dificultad una revisión de exactitud factual.

La pregunta sigue siendo qué se supervisa exactamente. Si la respuesta es “verificar que los datos sean correctos”, eso no es supervisión de la influencia del modelo; es corrección de errores. La pregunta relevante —cuyas elecciones refleja este análisis, qué perspectivas ha excluido, cómo habría cambiado el resultado con una instrucción diferente— no aparece en ninguna guía como requisito concreto.

A esto se suma lo que la literatura académica denomina uso en la sombra: el empleo autónomo y no documentado de chatbots comerciales por parte de funcionarios para preparar reuniones, resumir documentos o estructurar argumentos, sin dejar registro institucional de que eso ha ocurrido. 

Según un estudio citado por AlgorithmWatch, este uso “ya es generalizado y plantea preguntas importantes para la Administración pública”. Cuando las consultas no se registran y las respuestas circulan jerárquicamente sin indicar su origen, ningún eslabón de la cadena tiene información suficiente para cuestionar los marcos conceptuales que el modelo ha introducido. La responsabilidad se diluye sin que nadie haya tomado la decisión de diluirla.

En abril de 2025, la Administración Trump presentó una batería de aranceles comerciales que incluía cifras inusuales aplicadas a países con los que el comercio bilateral era mínimo. Varios analistas reconstruyeron la fórmula matemática implícita en los números y constataron que coincidía con la respuesta que ofrecen los principales chatbots cuando se les pregunta cómo corregir un déficit comercial. 

Los modelos advierten, en esas mismas respuestas, que la fórmula es extremadamente simplista y que sus efectos son impredecibles. Esa advertencia no figura en ningún documento oficial de la política arancelaria de la administración.

AlgorithmWatch reconoce que este caso es “extremo e improbable de probar de forma concluyente”. Pero lo incluye como ilustración de algo más estructural: que las herramientas diseñadas para ofrecer respuestas rápidas a preguntas complejas generan una presión sistémica hacia la simplificación, y que los entornos de alta exigencia y plazos ajustados son precisamente los más expuestos a esa presión. 

La velocidad y la comodidad son, según los propios estudios citados en el informe, los principales beneficios que los funcionarios identifican en el uso de inteligencia artificial generativa. Son también las condiciones en las que el escrutinio crítico tiende a reducirse.

Clavijo no diseñó una política arancelaria. Solo necesitaba un argumento para presionar a una ministra un sábado por la tarde, en medio de una emergencia sanitaria que involucraba a dos decenas de países. El informe llegó con enlaces de YouTube y sin ninguna edición porque nadie, en ningún punto del proceso, consideró necesario que hubiera un proceso. 

Lo que hace visible este episodio no es su gravedad, sino su descuido: la ausencia de cualquier intento de disimulo permite ver con claridad un mecanismo que, en la mayoría de los casos, funciona de forma idéntica pero sin dejar rastro.

La evacuación de los pasajeros del crucero Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, se producirá "en un solo movimiento" durante el fondeo del buque en el interior del dique del puerto de Granadilla (Tenerife) a lo largo de la mañana del domingo.

Será una operación precisa para aprovechar "la ventana de oportunidad" que supondrá el buen estado previsto de la mar y del viento, que empeorará a partir del lunes, ha informado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, este viernes.

Ha explicado a los periodistas que, tras el fondeo del barco, se evacuará a los pasajeros y se les trasladará en falúas hasta unos autobuses 'burbuja', que los llevarán directamente hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur para ser embarcados en aviones que los llevarán a sus respectivos países.

Cabello ha señalado que este protocolo ha sido diseñado por Sanidad Exterior, y el objetivo es que no se produzca ningún contacto con la población.

La condición indispensable para que pueda producirse este operativo es que los aviones que tienen que repatriar a todas las personas estén en tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo, "porque todo debe producirse en un único movimiento", ha subrayado el portavoz.

El barco se posicionará frente a la costa de Tenerife en la madrugada del domingo, entre las 03:00 y las 05:00 horas, y tan pronto como amanezca fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde "se dan las condiciones marítimas óptimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible", pero en ningún caso tocará tierra.

Los prácticos portuarios garantizarán la estabilidad del barco para que se produzca la evacuación de las personas en falúas hasta el muelle, donde se dispondrá un dispositivo con distintas barreras de seguridad que garantizan que no se produce "ningún contacto ni con la población ni con nadie en la isla de Tenerife".

Una vez en tierra, los pasajeros serán trasladados en "guaguas (autobuses) burbuja encapsuladas", hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur, en donde estarán los aviones que los llevarán a sus respectivos países.

"Ni siquiera se van a detener en el control de pasaportes. El control se realizaría en el propio puerto; de ahí, guagua encapsulada, escolta, entrada al aeropuerto, pista, avión y despegue", ha resumido el portavoz.

Para Cabello, el elemento clave de esta operativa es que en la noche del sábado o la mañana del domingo estén todos los aviones listos, para así poder "alinear todo este dominó: una pieza depende de la siguiente y no puede fallar nada".

Está confirmada la presencia de cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España, si bien se van a agrupar los nacionales de nueve países de la Unión Europea y de tres países extracomunitarios en un solo vuelo.

También es posible que el armador y Países Bajos asuman la responsabilidad de algunos otros vuelos correspondientes a parte de la tripulación.

Además, es muy importante que todo el proceso se realice en un único movimiento, porque está previsto que las condiciones del mar cambien "de forma muy importante a partir del lunes", se habla de "un mar de fuerza 9", que impediría la operativa, según Cabello.

Las condiciones favorables de la mar no se recuperarían hasta finales de mayo, según esas previsiones.

"Exigimos que se garantice la operativa aérea y, si no puede garantizarla la Unión Europea, que la garantice el propio Estado español mediante recursos militares u otros medios", ha subrayado.

Una vez evacuado el pasaje, se continuará el procedimiento de desinfección del barco, repostaje y disposición del cadáver que permanece en el crucero y zarpará hacia Países Bajos con al menos treinta de sus sesenta tripulantes.

Cabello indicó que en el barco hay 147 personas de 23 nacionalidades, todas asintomáticas desde el 28 de abril, y se calcula que entre 80 y cien sean desembarcadas, ya que un número indeterminado de tripulantes, al menos treinta, seguirán a bordo.

Cabello ha informado además de que Sanidad Exterior va a desarrollar un protocolo específico de protección para cada perfil profesional de los trabajadores implicados en la maniobra, desde los conductores de las guaguas hasta el personal de atraque, pasando por la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, fue el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar —según la OMS— entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

Los catorce españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid —que cuenta con una de las unidades de aislamiento de alto nivel (UATAN) más importantes de Europa, en caso de ser necesaria—, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.

Además, la UATAN del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros.

Esta unidad de Tenerife es la única en Canarias y una de las 17 que existen en España, motivo por el que la isla era el lugar más apropiado para la operación.

Respecto a la tripulación, en principio se baraja que sea Países Bajos como país de bandera y del armador del barco quienes asuman sus necesidades, así como la desinfección del buque, que no es una tarea compleja y que se desconoce si se hará en alta mar o una vez regrese su país de origen.

La OMS, por su parte, trabaja en hallar el origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Granadilla (Tenerife), sino que solo fondeará por lo que no tocará costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para analizar la situación y el procedimiento a seguir con los pasajeros del MV Hondius que llegarán a Canarias, para su control y traslado posterior a Madrid, en el caso de los 14 españoles, y a sus países de origen, en el caso del resto del pasaje.

Desde Sanidad señalan que el fondeo del barco es una opción que ya se contemplaba por las características técnicas del puerto de Granadilla, que no está preparado para el desembarco de personas.

"El buque en ningún caso atracará, solo fondeara, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha o nave nodriza que pueda ir a recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha asegurado Clavijo a la salida del encuentro celebrado en el Ministerio de Sanidad.

"En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías", ha incidido el presidente canario, quien ha señalado que se utilizarán equipos de protección individual "para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión".

Además, ha reclamado que el buque "esté el menor tiempo posible" fondeado, por lo que si "no tiene ningún tripulante que necesite atención médica, automáticamente desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y sus traslados a sus países, que continúe hacia los Países Bajos".

Clavijo ha insistido en su desacuerdo con que el buque haya salido de las costas de Cabo Verde en dirección a Canarias y ha lamentado que no le hayan dado en el encuentro "el informe en el que se negaba Cabo Verde a la atención, ni tampoco la petición de la Organización Mundial de Salud" le hizo a ese país, tras lo que se acordó que el crucero navegara hasta el puerto de Granadilla.

Según le ha transmitido la ministra, es una decisión del Gobierno de España, previa petición de la Organización Mundial de Salud, que era "un deber ético y moral".

"Nosotros no estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y por lo tanto no podemos hacer nada", ha añadido Clavijo, quien ha señalado que está pendiente de que el presidente Pedro Sánchez hable con él: "Espero y deseo que me haga la llamada".

En el encuentro, que ha calificado como "necesario", Clavijo ha pedido al Gobierno que le vaya transmitiendo toda la información sobre la evaluación de la salud de los pasajeros a lo largo de la travesía, "para poder ir viendo si algún pasajero muestra síntomas o si están en perfecto estado".

Por su parte, los ministros García y Torres han manifestado su compromiso para que los traslados se efectúen con las mayores garantías para los enfermos y para la población.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Torres ha declarado que, pese a las "discrepancias" de carácter jurídico, el encuentro ha culminado "con buenos resultados", y el barco se quedará fondeando en Canarias, presumiblemente en la noche del sábado al domingo.

Según Torres, el Ministerio de Sanidad ha sido quien ha planteado desde el comienzo de la reunión que el barco no atracara en Granadilla, un puerto que, además, tiene unas características "específicas" y se encuentra a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife.

Y ha añadido que tanto él como la ministra han estado "en contacto permanente" con el presidente canario, a quien han trasladado "toda la información que ha llegado al Gobierno de España".

Mónica García ha destacado "la necesidad de actuar desde la responsabilidad institucional". "En una situación de salud pública como esta, la coordinación y la confianza entre instituciones forman parte de la respuesta sanitaria", ha aseverado la responsable de Sanidad, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

Este jueves están previstas otras dos reuniones técnicas entre los ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias, que forman parte de los siete encuentros de coordinación que hoy el Gobierno de España mantendrá con las delegaciones del Gobierno y, a nivel europeo, con los responsables de la seguridad sanitaria y Protección Civil de la UE.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha asegurado este jueves que no habrá "ninguna posibilidad de contacto" en el traslado de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ni tampoco para la población canaria en general.

Está previsto que el crucero llegue a Tenerife a mediodía del próximo domingo, pero, en lugar de atracar en el puerto de Granadilla (Tenerife), solo fondeará, por lo que no tocará costa canaria, y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Barcones ha comparecido en una rueda de prensa en la sede de Protección Civil junto al director general de Salud Pública, Pedro Gullón, para informar sobre las últimas novedades y el protocolo que seguirá el buque a su llegada a Canarias.

"No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios", ha explicado Barcones en la rueda de prensa.

La secretaria general de Protección Civil ha explicado que la zona en la que se desplegará el dispositivo estará "completamente aislada de la población civil y perimetrada", así como los vehículos y la zona del aeropuerto.

El desembarco del crucero, al ser a través de lanchas, se producirá en tandas de unas cinco personas a la vez.

Preguntado al respecto, Gullón ha explicado que el desembarco del cadáver del fallecido por hantavirus que se encuentra en el crucero se realizará siguiendo los "protocolos establecidos" por Sanidad Exterior, y separado del que se seguirá para las personas sanas.

"Se trata de un procedimiento bastante habitual, por desgracia, porque en los buques suelen fallecer personas", ha indicado Gullón, que ha añadido que este hecho no cambia "el riesgo en salud pública", aunque sí "en términos logísticos".

Según ha dicho la secretaria general de Protección Civil, el Gobierno y las comunidades autónomas están ultimando el protocolo en relación con las cuarentenas de los viajeros españoles, en función de las últimas fechas en las que tuvieron contacto con los pasajeros infectados.

"Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario desde el punto de vista de salud pública", ha dejado claro.

Además, el Gobierno está manteniendo reuniones bilaterales con Países Bajos para acabar de concretar las medidas de desinfección del barco, y si estas se harían o no en España.

En cualquier caso, Barcones ha subrayado que se trata de medidas de desinfección que no son "excesivamente complejas".

Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

Los laboratorios han confirmado el virus en uno de los tres fallecidos, la mujer neerlandesa que viajó en un avión desde la isla de Santa Elena a Sudáfrica, así como en dos de los tres pacientes que fueron evacuados este miércoles a Países Bajos, otro que se encuentra hospitalizado en Zúrich (Suiza) y el británico que fue ingresado en la UCI en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

Los cuatro sospechosos son el primer fallecido en la crisis, el 11 de abril, del que según indicó la OMS no se tomaron muestras porque entonces no había sospechas de hantavirus, así como la pasajera alemana que murió el 2 de mayo, uno de los tres evacuados a Países Bajos y una azafata de avión hospitalizada en Ámsterdam.

El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que pudo contagiarse en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, donde coincidió en circunstancias aún no aclaradas con la mujer neerlandesa fallecida poco después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que esa enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que fondee el sábado junto a la isla canaria de Tenerife.

La agencia también investiga el posible origen del brote, que según indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, podría ser un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés fallecido.

En una rueda de prensa celebrada para informar específicamente de esta crisis sanitaria ante su impacto multinacional, los expertos de la organización aseguraron que no hay similitudes entre el hantavirus y el coronavirus causante de la covid-19, por lo que no hay motivos para pensar en una nueva gran epidemia.

El Gobierno prepara la llegada a España de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras Sanidad insiste en que se garantizará tanto su atención médica como la protección de la salud pública, el Ministerio de Defensa asegura que la cuarentena no será obligatoria.

Fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible” a su regreso y recalcan que, si fuera necesario, el Ejecutivo aplicará todas las medidas legales disponibles para proteger a la población. Estas declaraciones llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, será voluntaria para los pasajeros que permanezcan asintomáticos dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado, ha dicho la ministra.

El crucero, que partió desde Cabo Verde rumbo a Canarias, tiene previsto llegar este fin de semana al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, los ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz previa evaluación médica en el puerto. De ahí, pasarán al Hospital Central de la Defensa donde serán, atendidos.

Es aquí donde radica el "conflicto" entre ministerios, ya que desde Defensa aseguran que los pasajeros no serán ingresados en la unidad de enfermedades infecciosas, sino alojados en habitaciones individuales bajo supervisión médica especializada, mientras que la ministra de Sanidad, aseguró este miércoles que serían trasladados a la unidad de aislamiento de alto nivel que el hospital posee.

Pese a esta desavenencia entre ambos ministerios, desde el Gobierno aseguran que trabajan de forma coordinada para garantizar que el operativo se desarrolle bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para los afectados como para las tripulaciones y el personal sanitario.

Mientras tanto, dos de los pacientes evacuados con síntomas fueron trasladados a Países Bajos tras una compleja operación logística en Gran Canaria, donde tuvieron que cambiar de aeronave debido a problemas técnicos con el soporte eléctrico del paciente y restricciones de vuelo ya que el avión debía repostar en Marruecos, pero el país africano se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto canario.

La llegada del barco también ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad desplegadas en Tenerife. La asociación profesional de guardias civiles, JUCIL, ha reclamado protocolos específicos de actuación y equipos de protección adecuados para los agentes que participen en el desembarco, ante el riesgo biológico que supone la operación.

También el Gobierno canario ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos "ciertos" para el personal sanitario y la población y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben "muchos infectados".

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado a los medios de comunicación que tiene más preocupación ahora que cuando comenzó la reunión de este miércoles por la tarde con representantes del Ministerio de Sanidad, al que se ha pedido información por escrito para un nuevo encuentro.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene sus críticas al Gobierno central por aceptar que el crucero sea atendido en las islas, defendiendo que los pasajeros podrían haber sido repatriados directamente desde Cabo Verde. Este jueves, Clavijo se reunirá en Madrid con los ministros de Sanidad y Política Territorial para coordinar la respuesta institucional ante una situación que sigue generando tensión entre administraciones.

Abril es el mes de la concienciación y de la sensibilización frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Cada día, más de un millón de personas en todo el mundo contraen una ITS y, por desgracia, estas cifras van en aumento.

A nivel mundial, se conocen más de 30 patógenos que se transmiten durante el contacto sexual. De ellos, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la tricomoniasis, la hepatitis B, el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son los que más contribuyen a la carga global de morbilidad.

Por ejemplo, se estima que 520 millones de personas de entre 15 y 49 años presentan infección por el virus del herpes simple tipo 2 (HSV-2), la principal causa del herpes genital. Y solo en 2002, ocho millones de adultos de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis.

Es posible que las ITS estén aumentando a nivel mundial debido a una combinación de factores conductuales, sociales y biológicos. Aquí analizamos algunos de ellos.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud destaca una caída significativa en el uso del preservativo entre adolescentes y jóvenes. La utilización inconsistente de esta eficaz herramienta para prevenir la mayoría de ITS se correlaciona directamente con el aumento de casos, a menudo asintomáticos.

El uso generalizado de anticonceptivos orales, que no protegen contra estas infecciones, unido al acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, como la píldora del día después, ha reducido la preocupación por los embarazos no deseados y la motivación para usar preservativos.

Existe una menor preocupación por contraer el VIH. Aunque la profilaxis preexposición (PrEP) ha demostrado eficacia en la reducción de la transmisión del virus, su uso generalizado puede promover indirectamente encuentros sexuales sin protección, lo que podría acelerar la propagación de las ITS.

A pesar de que la mortalidad relacionada con el VIH ha disminuido, aproximadamente 39 millones de personas aún están infectadas con el virus, produciendo casi 630.000 muertes anuales, predominantemente en África subsahariana.

Las apps de citas facilitan un mayor número de contactos sexuales, un cambio más rápido de pareja y una mayor prevalencia de relaciones sexuales sin protección.

Algunos estudios sugieren que estas aplicaciones permiten a los usuarios acceder a redes sexuales más diversas y amplias, lo que aumenta la probabilidad de contraer y transmitir infecciones. Concretamente, el repunte de casos de sífilis y gonorrea, sobre todo en Europa, se ha relacionado con encuentros casuales facilitados por apps móviles.

La resistencia a los antibióticos está transformando algunos patógenos causantes de ITS en súperbacterias cada vez más difíciles o imposibles de tratar. Es el caso de la gonorrea, la clamidia y Mycoplasma genitalium. La aparición de cepas resistentes a los medicamentos disminuye la eficacia del tratamiento, provoca mayores tasas de infección y aumenta complicaciones a largo plazo como la infertilidad y la enfermedad inflamatoria pélvica.

Entre 2022 y 2024, la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima, los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea, aumentó drásticamente del 0,8% al 5% y del 1,7% al 11%, respectivamente, detectándose cepas resistentes en varios países. Por su parte, la resistencia a la ciprofloxacina alcanzó nada menos que el 95%.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha revelado un panorama complejo en las respuestas nacionales a las infecciones de transmisión sexual. Si bien la mayoría de los países cuentan con estrategias, importantes obstáculos para la implementación de medidas preventivas y pruebas, así como la falta de datos, dificultan los esfuerzos para frenar las epidemias de clamidia, gonorrea y sífilis.

En muchas regiones, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, la ampliación de los programas de vigilancia, sobre todo para infecciones asintomáticas, ha dado lugar a una mayor detección y notificación de casos.

La falta de una educación sexual sólida en las escuelas y en el hogar, junto con la difusión de información errónea o falsa, provoca que muchas personas tengan conocimientos insuficientes e ideas incorrectas sobre prevención. Esto afecta especialmente a los jóvenes y los adultos mayores que inician nuevas relaciones.

La evidencia indica que los recortes o el estancamiento de la financiación para los servicios de salud sexual limitan directamente la capacidad de los centros médicos para proporcionar pruebas, tratamiento y rastreo de contactos, lo que conlleva un aumento de la transmisión y mayores costes sanitarios a largo plazo.

La reducción de la inversión en servicios de salud sexual y pruebas de detección de ITS, especialmente durante la pandemia de covid-19, redujo el acceso a los test y la atención médica. En España, los diagnósticos de ITS disminuyeron en un promedio del 56%, con las disminuciones más pronunciadas en clamidia y gonorrea. Los descensos se mantuvieron cinco meses después del inicio de la pandemia.

El incremento de la esperanza de vida, una mejor salud general y la disponibilidad de medicamentos para la disfunción eréctil, como el viagra, permiten a los adultos mayores mantener una vida sexual activa. Además, el aumento de las tasas de divorcio y el fallecimiento de los cónyuges implican que más personas mayores se incorporan al mundo de las citas, a menudo con múltiples parejas de las que desconocen su historial sexual. Un estudio realizado entre 2020 y 2023 reveló que los diagnósticos de ITS en Estados Unidos aumentaron casi un 24% entre las personas de 65 años o más.

Las epidemias y los brotes de patógenos de transmisión sexual emergentes y reemergentes plantean graves problemas para la población y suponen una carga adicional para los profesionales e investigadores de la salud pública.

Así, la shigelosis y el virus de la hepatitis A, tradicionalmente transmitidos por alimentos y agua contaminados, han establecido recientemente vías de transmisión sexual, principalmente entre hombres que tienen relaciones con otros hombres.

Otros patógenos emergentes, como los virus del zika y el ébola, pueden transmitirse a través de los fluidos genitales, mientras que el virus de la hepatitis C se puede contagiar por contacto con sangre durante las relaciones sexuales.

El miedo al estigma es un factor determinante en el aumento de las tasas de infecciones de transmisión sexual, ya que actúa como una poderosa barrera sociopsicológica que disuade a las personas de hacerse pruebas, recibir tratamiento y revelar su estado a sus parejas.

La vergüenza, el miedo a las repercusiones sociales y el juicio moral asociados con las ITS conducen directamente a un retraso en la atención médica, lo que a su vez alimenta la continua propagación de estas infecciones.

Las infecciones asintomáticas son un factor importante en el aumento del número de ITS en todo el mundo, porque actúan como una fuente de transmisión silenciosa. Dado que las personas con ITS sin síntomas a menudo desconocen que están infectadas, no buscan tratamiento, lo que permite que las infecciones persistan, se transmitan a sus parejas y provoquen complicaciones de salud a largo plazo.

En definitiva, el aumento de las infecciones de transmisión sexual subraya la importancia de adoptar medidas proactivas y pone de manifiesto la urgente necesidad de intensificar la concienciación pública, la prevención, las pruebas diagnósticas y los tratamientos para abordar este creciente problema de salud pública.

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Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leerlo aquí.

El rechazo de los sindicatos médicos a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco ha truncado la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Sanidad con el comité de huelga.

El ministerio volverá a convocar un nuevo encuentro el próximo lunes, según ha explicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje en X, al que los sindicatos han adelantado que acudirán. "Hoy los sindicatos médicos han dado plantón al Ministerio de Sanidad despreciando a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediador y no se han sentado en la mesa de negociación para avanzar y desescalar el conflicto", ha lamentado la ministra en un mensaje en la red social X, que concluye: "Por nuestra parte que no quede, volveremos a convocarles a una nueva reunión el lunes mismo y no nos levantaremos hasta que se desbloquee la situación".

En un comunicado de prensa, el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— ha informado de que ha acudido a la convocatoria del Ministerio de Sanidad, pero que la reunión no ha llegado a celebrarse. "Al inicio, los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto", explica el comunicado de prensa de los sindicatos convocantes de la huelga.

El pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron proponer a los sindicatos médicos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por un conflicto que se acerca a su tercera semana de huelga al mes.

Esta propuesta se puso sobre la mesa después de que no fructificara la vía de diálogo abierta con el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica para encajar las reivindicaciones del sector que trascienden el ámbito competencial del estatuto marco. En su mensaje de X este miércoles, la ministra lamenta que "a pesar de la buena fe de diálogo y acuerdo, parece que (los sindicatos) no quieren bajarse del bloqueo y del conflicto".

El comité de huelga rechazó este martes la mediación de la POP, que estaba invitada a la reunión, por considerar que no es neutral —al ser parte afectada—, ni especialista en cuestiones laborales, que son la clave de esta negociación. Con este argumento ha acudido al Ministerio este miércoles, motivo por el que ambas partes se han emplazado a "nuevos encuentros sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones", según el comunicado sindical, que mantiene su calendario de huelga una semana al mes hasta junio. La próxima, del 27 al 30 de abril.

Esta era la segunda reunión con Sanidad para retomar el diálogo, tras semanas (desde diciembre) con las negociaciones en punto muerto. El comité de huelga mantiene sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.

Estos sindicatos rechazan el acuerdo al que llegó Sanidad en enero con FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde para reformar el actual estatuto marco, en vigor desde 2003 y que regula las condiciones sanitarias de todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

Por eso, según señala El Ministerio de Sanidad en un comunicado, el departamento de Mónica García, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, para adaptarlo a la situación actual y poder recuperar el estatus que le otorgó la OMS en 2016 de país libre de circulación endémica durante 36 meses.

Entre los objetivos de ese plan está reforzar la cobertura de vacunación ya que la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión. En 2024, las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda.

El comité considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024.

En ese año se confirmaron 227 casos de sarampión en España. Se registraron treinta brotes en doce comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada.

De esos 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis, según Sanidad, que ha incidido en que para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95 % con ambas dosis.

La cifra de casos aumentó en 2025 a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados. Sanidad ha querido aclarar que esta decisión de la OMS no afecta a la rubeola, respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

En total, el sarampión presenta una circulación persistente en trece países europeos. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

El Ministerio de Sanidad ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordene a la Comunidad de Madrid elaborar el registro de objetores al aborto, después de no haber respondido al requerimiento que le hizo en este sentido y ser la única autonomía que se ha negado a hacerlo.

"La Comunidad de Madrid es la única que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio", destaca el departamento que dirige Mónica García en su demanda, a la que ha tenido acceso EFE.

Por ello, solicita a la sala de lo contencioso del TSJM que, como medida cautelar, ordene a Madrid elaborar este registro no sólo porque así lo mandata la ley del aborto, también porque esta comunidad, junto con el resto, votó a su favor en un Consejo Interterritorial celebrado en 2024. 

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2% inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad nuestro país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos, según recoge EFE. 

Este ligero descenso rebajó a 129 el número de trasplantes ejecutados por millón de población (p.m.p) frente a los 132,8 del año precedente en el que España fulminó todos sus récords, según el balance de la ONT que han presentado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil.

Un volumen que fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que arroja una tasa de 51,9 por millón de población, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6.

A las que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Cifras "absolutamente abrumadoras y difíciles de superar por otros países", ha resaltado la ministra, que ha destacado que España, con 17 trasplantes y 8 donantes diarios, "nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa".

Y que además se corresponden con un país longevo como el nuestro, ha añadido Domínguez-Gil; sólo Estados Unidos se acerca a la tasa de donantes española con un 49,2, con la diferencia de que allí, el perfil de persona que da sus órganos al fallecer es eminentemente joven, víctima por lo normal de accidentes de tráfico, armas de fuego o de fentanilo.

Por el contrario, en España el 60 % de los donantes fallecidos superan los 60 años, el 32 % los 70 y un 5 % los 80, siendo el más longevo registrado uno de 93 años. Sólo el 3 % murió en las carreteras, siendo la principal causa el accidente cerebrovascular (52 %).

El nuevo balance de la ONT dibuja así una tendencia a la estabilización de la actividad en España, que lleva 34 años superando su propio máximo mundial, con excepción de 2020 en el que bajaron como consecuencia de la pandemia.

A retos como este tratará de responder la futura estrategia de la ONT 2026-2030 que estará en marcha este año; uno de sus principales objetivos será el de aumentar la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes, reduciendo las negativas a donar (22 %), ampliar los criterios de aceptación de órganos para uso clínico o impulsar la donación renal de vivo.

Así, volvió a superar por segundo año consecutivo la cifra de 6.300 trasplantes; del total, 3.999 fueron renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos (el mayor número de la historia), 103 de páncreas y 11 de intestino.

Pese al descenso del trasplante hepático (-5 %) y pulmonar (-11 %), el renal se mantuvo estable y aumentaron de forma significativa los cardíacos un 12 %, de páncreas un 6 % y de intestino un 175 %.

Además, aunque la donación en asistolia (sin latido tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria) se realiza en 25 países, España es el único que trasplanta con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, que supusieron el 56 % del total con 1.416, un 8 % más que en 2024.

Con esta técnica se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardíacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara, algo que fue posible por la generalización de un complejo procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) con firma española que sólo realizan 9 países en el mundo.

Gracias al esfuerzo de la ONT por priorizar pacientes con dificultades para recibir un órgano, en 2025 se realizaron 298 trasplantes en urgencia cero y 180 en niños y se trasplantaron 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares.

Pese a todo, se mantiene un número importante de pacientes en lista de espera: 5.163, de los que 77 eran niños.

Doce comunidades superaron los 50 donantes p.m.p y 7 sobrepasaron los 60; Cantabria volvió a encabezar la tabla con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3).

Entre las que superan los 5 millones de habitantes, destacó la actividad de la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4), aunque las que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

La ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, el 23 % del total. A su vez, el 6,5 % de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su autonomía de residencia.

El Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) ha multiplicado por cinco el número de inscritos desde 2012 hasta alcanzar un total de 520.508, unas cifras que le sitúan en el decimotercero a nivel mundial y el quinto en Europa.

En este mismo periodo, se ha producido un aumento significativo en el número de trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados efectuados en España, pasando de los 462 procedimientos de 2012 a los 748 en 2024 y con la previsión de que en 2025 se haya duplicado la cifra de 23 años atrás.

Son las cifras que este lunes ha publicado el Ministerio de Sanidad tras firmar con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras la renovación del convenio de colaboración que mantienen desde hace tres décadas para seguir impulsando la donación y el trasplante de médula ósea, también conocido como de progenitores hematopoyéticos (TPH).

A través de este convenio, que se renueva periódicamente desde hace 30 años, el Redmo, que permite la identificación de donantes de médula ósea para pacientes con enfermedades hematológicas -como leucemias, linfomas o mieloma múltiple- que no disponen de un donante compatible en su entorno familiar, se integra en el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión de la FIJC y en colaboración con la ONT.

El Redmo cerró el año pasado con 520.508 donantes, disponibles para cualquier paciente de España o del resto del mundo, y un inventario de 60.886 unidades de sangre de cordón umbilical, el tercero del mundo y el primero de Europa por volumen de unidades almacenadas.

Gracias al proyecto Ready to Ship (R2S), el 7% de estas unidades (las de mayor calidad), se han caracterizado y preliberado para ser utilizadas para trasplante en el momento en que puedan requerirse de forma urgente.

Un "éxito" que ha sido posible gracias al Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), promovido por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS y en el que también han participado la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Desde que el plan se adoptara en 2012, el número de donantes inscritos en el Redmo se ha multiplicado por cinco, un volumen que le convierte en el decimotercer registro a nivel mundial y en el quinto en Europa.

Asimismo, gracias al PNMO, se ha producido un incremento exponencial en la donación efectiva de los donantes españoles, que ha pasado de 35 donaciones en 2012 hasta las 481 donaciones de 2025, lo que sitúa el Redmo entre los registros más eficientes a nivel internacional, con cerca de una donación anual por cada 1.000 inscritos.

También se ha logrado rejuvenecer el perfil del donante (los nuevos tienen una media de edad de 30 años), con una composición más adecuada a las necesidades de los pacientes, así como mejorar los tipajes HLA (caracterización inmunológica), lo que permite una mayor visibilidad de los donantes en los procesos de búsqueda, y reducir el tiempo de identificación de donantes compatibles, que actualmente se sitúa en 26 días de media.

Del mismo modo, han aumentado los niveles de autosuficiencia (TPH de donantes no emparentados que se realizan con donantes del Redmo, en lugar de donantes de otros registros, lo cual permite agilizar los procesos de obtención de médula ósea y contribuye a la sostenibilidad del programa de TPH), que ha pasado de un 3% en 2012 a un 27% en 2025 y se ha llegado a una mayor equidad en el acceso a esta terapia en todas las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes el procedimiento de consulta pública previa para modificar el Real Decreto que regula la relación laboral de los médicos residentes, con el objetivo de evitar que sus jornadas superen los límites máximos permitidos, según informa EFE. 

El Real Decreto 1146/2006, que ajusta estas horas, no ha sufrido casi cambios, solo experimentando "ajustes menores" desde su entrada en vigor, según ha lamentado Sanidad en un comunicado.

Ninguno de estos ajustes ha abordado aspectos clave como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia, lo que a ojos del ministerio hace necesaria su revisión en el contexto normativo actual. 

Concretamente, uno de los problemas que se pretende corregir con esta modificación es la realización de jornadas laborales que superan los máximos establecidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, circunstancia que la normativa vigente no evita de forma efectiva. "Actualmente, existe un debate a nivel internacional sobre la organización de los servicios de salud que permita proteger la salud del personal sanitario y facilitar la retención y atracción de talento", ha reconocido Sanidad.

El ministerio ha recordado que está en curso la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales.

Sin embargo, dicha ley no es aplicable al personal en formación, es decir, a los conocidos como MIR, FIR, BIR e EIR, entre otros.

En este sentido, Sanidad ha apuntado que la duración actual de la jornada de los residentes "no resulta necesaria ni para el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de los deberes establecidos en el Real Decreto en vigor".

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 13 de enero de 2026.

La gripe ha comenzado a remitir y ha bajado su incidencia en una semana a 400,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 10 por ciento menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,3, según recoge EFE.

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana previa a la de Navidad -entre el 15 y el 21 de diciembre- refleja un aumento del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia ha subido de 811,8 a 834,1.

Dicho incremento se debe fundamentalmente a la covid, que se ha duplicado en este periodo de 5,7 casos por 100.000 habitantes a 10,8 y del VRS, cuya tasa ha pasado de 43 a 55,1.

Por el contrario, descienden los diagnósticos de gripe en los centros de salud, de los 444,1 de la semana previa a 400,4; lo hacen en todos los grupos de edad, excepto en los de 70 a 79 años y mayores de 80, en los que suben levemente.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 21,7 ingresos por cada 100.000 habitantes frente a los 22,2 de la semana anterior por el conjunto de virus respiratorios.

Por gripe, la tasa continúa estable en 9,2 ingresos por cada 100.000 habitantes (9,3 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, aunque con un ligero descenso de la incidencia de 58,1 a 52,7, seguidos de las personas de 70 a 79 (25,6).

En los niños menores de un año los ingresos han caído en picado de 43,5 a 16, no así en los de 1 a 4 años, en los que sube hasta los 14,9.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid siguen en una tasa general de 0,2, aunque en bebés menores de 1 año se eleva a 1, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, sigue en ligero ascenso (de 2,6 a 3,1), pero la subida continúa es pronunciada aún en los menores de 1 año, en lo que ha aumentado de 58,6 a 74,9 en una semana.

Hace tan solo unas semanas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron mandar una serie de recomendaciones para intentar mitigar la presión de la gripe como el uso de mascarillas cuando se tuvieran síntomas y, obligatoriamente, en centros hospitalarios.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado de la reunión de este miércoles con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación, según ha informado EFE.

Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta for mal que les ha presentado el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), según ha informado Sanidad en una nota de prensa. La Confederación y el Sindicato han acusado al Ministerio de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Sanidad lamenta que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado que el "Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes -con los otros sindicatos- y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas". Los miembros del comité de huelga han abandonado entonces la reunión "una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

El departamento que dirige Mónica García insiste en que el nuevo texto que ha elaborado a raíz del preacuerdo con las cinco organizaciones del ámbito incorpora todas las demandas e importantes avances como la mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.

Pero ha vuelto a dejar claro que ni va a invadir competencias autonómicas, porque sería incompatible con el marco constitucional, ni a promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

CESM y SMA consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'", cuando -prosiguen- ha sido el Ministerio el que ha planteado la ruptura y ha anunciado que no se iba a abordar el orden del día fijado previamente. Esta actitud "supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso", sostienen. También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".

En esa propuesta que les trasladó el pasado 1 de diciembre, y sobre la que no se han pronunciado, Sanidad plantea un marco específico para la realización de la jornada de guardia, que deberá ser objeto de negociación en la mesa sectorial correspondiente, cuya implantación se realizará en cada centro mediante la programación funcional, dentro de los límites establecidos.

Según la oferta, a la que ha tenido acceso EFE, el acuerdo regulará los aspectos esenciales de esta jornada, incluyendo la organización de la prestación, los criterios de planificación y asignación, la retribución, los descansos, las posibles exenciones y el régimen de adscripción del personal.

Asimismo, establece que la organización de las guardias deberá incorporar criterios de flexibilización y conciliación, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.

No obstante, promueve una evolución progresiva del modelo de organización del trabajo, "orientada a reducir la dependencia estructural de las guardias y a favorecer una planificación más racional de los recursos humanos, la protección de la salud laboral y la conciliación del personal".

De este modo, serán los servicios de salud los que deberán planificar la dotación de personal de los centros y unidades con el fin de garantizar la adecuada cobertura de la atención urgente y el cumplimiento de los límites de jornada y descansos establecidos, "asegurando en todo caso la plena prestación del servicio público esencial sanitario y el estricto respeto a dichos límites". Además, "se podrá contemplar, en el marco de la negociación, la realización de guardias a solicitud del personal".

La retribución deberá ser "adecuada a la naturaleza, responsabilidad y penosidad del trabajo, manteniendo una relación proporcionada con la retribución de la jornada ordinaria". Y se garantiza que, en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, "el personal perciba, desde el primer día, el 100 % de sus retribuciones ordinarias mediante el complemento retributivo correspondiente".

Del mismo modo, se refuerza la movilidad, que requerirá, "con carácter general, el consentimiento" del interesado; sin él, quedará limitada "a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados" por un máximo de siete días anuales.

Por ultimo, reconoce "el derecho del personal a conocer, con al menos seis meses de antelación, la planificación y distribución de su jornada ordinaria y de guardia".

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que se ha suspendido la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley han rechazado explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del (SNS). Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS. Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones han suspendido la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la "deslealtad" del Ministerio por haber abierto una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.

Esta huelga de los sindicatos del ámbito es independiente de las tres convocadas este año por CESM y SMA, a los que Sanidad ha convocado el próximo miércoles para tratar de desencallar la situación.

También es independiente de la que ha programado para mediados de enero la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), integrada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales médicas, de la que no forman parte ni CESM ni SMA, pero que también exige un convenio específico para estos profesionales.

Por ahora, Apemyf ya ha adelantado que ese paro "sigue adelante". Pero a diferencia de los médicos, los sindicatos del ámbito, además del Ministerio, rechazan de plano un estatuto médico.

En su nota conjunta, los cinco reiteran que los avances acordados hoy en asuntos como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente y que beneficia, por ejemplo, a las enfermeras, han sido fruto del trabajo realizado en ámbito de negociación y "no en otros foros paralelos no legitimados" para acordar las condiciones del personal del SNS.

Tras el encuentro, han manifestado su "moderada satisfacción" por el resultado y por el "cambio de actitud" del Ministerio y "particularmente por la disposición de la ministra" para facilitar la consecución de acuerdos concretos "en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando".

Así, y a la espera de constatar que todos los avances comprometidos se materializan en una nueva versión del texto, estas organizaciones han reconocido que "esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil" dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo "del conjunto del personal estatutario del SNS".