El rechazo de los sindicatos médicos a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco ha truncado la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Sanidad con el comité de huelga.

El ministerio volverá a convocar un nuevo encuentro el próximo lunes, según ha explicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje en X, al que los sindicatos han adelantado que acudirán. "Hoy los sindicatos médicos han dado plantón al Ministerio de Sanidad despreciando a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediador y no se han sentado en la mesa de negociación para avanzar y desescalar el conflicto", ha lamentado la ministra en un mensaje en la red social X, que concluye: "Por nuestra parte que no quede, volveremos a convocarles a una nueva reunión el lunes mismo y no nos levantaremos hasta que se desbloquee la situación".

En un comunicado de prensa, el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— ha informado de que ha acudido a la convocatoria del Ministerio de Sanidad, pero que la reunión no ha llegado a celebrarse. "Al inicio, los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto", explica el comunicado de prensa de los sindicatos convocantes de la huelga.

El pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron proponer a los sindicatos médicos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por un conflicto que se acerca a su tercera semana de huelga al mes.

Esta propuesta se puso sobre la mesa después de que no fructificara la vía de diálogo abierta con el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica para encajar las reivindicaciones del sector que trascienden el ámbito competencial del estatuto marco. En su mensaje de X este miércoles, la ministra lamenta que "a pesar de la buena fe de diálogo y acuerdo, parece que (los sindicatos) no quieren bajarse del bloqueo y del conflicto".

El comité de huelga rechazó este martes la mediación de la POP, que estaba invitada a la reunión, por considerar que no es neutral —al ser parte afectada—, ni especialista en cuestiones laborales, que son la clave de esta negociación. Con este argumento ha acudido al Ministerio este miércoles, motivo por el que ambas partes se han emplazado a "nuevos encuentros sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones", según el comunicado sindical, que mantiene su calendario de huelga una semana al mes hasta junio. La próxima, del 27 al 30 de abril.

Esta era la segunda reunión con Sanidad para retomar el diálogo, tras semanas (desde diciembre) con las negociaciones en punto muerto. El comité de huelga mantiene sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.

Estos sindicatos rechazan el acuerdo al que llegó Sanidad en enero con FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde para reformar el actual estatuto marco, en vigor desde 2003 y que regula las condiciones sanitarias de todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

Por eso, según señala El Ministerio de Sanidad en un comunicado, el departamento de Mónica García, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, para adaptarlo a la situación actual y poder recuperar el estatus que le otorgó la OMS en 2016 de país libre de circulación endémica durante 36 meses.

Entre los objetivos de ese plan está reforzar la cobertura de vacunación ya que la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión. En 2024, las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda.

El comité considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024.

En ese año se confirmaron 227 casos de sarampión en España. Se registraron treinta brotes en doce comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada.

De esos 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis, según Sanidad, que ha incidido en que para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95 % con ambas dosis.

La cifra de casos aumentó en 2025 a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados. Sanidad ha querido aclarar que esta decisión de la OMS no afecta a la rubeola, respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

En total, el sarampión presenta una circulación persistente en trece países europeos. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

El Ministerio de Sanidad ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordene a la Comunidad de Madrid elaborar el registro de objetores al aborto, después de no haber respondido al requerimiento que le hizo en este sentido y ser la única autonomía que se ha negado a hacerlo.

"La Comunidad de Madrid es la única que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio", destaca el departamento que dirige Mónica García en su demanda, a la que ha tenido acceso EFE.

Por ello, solicita a la sala de lo contencioso del TSJM que, como medida cautelar, ordene a Madrid elaborar este registro no sólo porque así lo mandata la ley del aborto, también porque esta comunidad, junto con el resto, votó a su favor en un Consejo Interterritorial celebrado en 2024. 

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2% inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad nuestro país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos, según recoge EFE. 

Este ligero descenso rebajó a 129 el número de trasplantes ejecutados por millón de población (p.m.p) frente a los 132,8 del año precedente en el que España fulminó todos sus récords, según el balance de la ONT que han presentado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil.

Un volumen que fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que arroja una tasa de 51,9 por millón de población, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6.

A las que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Cifras "absolutamente abrumadoras y difíciles de superar por otros países", ha resaltado la ministra, que ha destacado que España, con 17 trasplantes y 8 donantes diarios, "nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa".

Y que además se corresponden con un país longevo como el nuestro, ha añadido Domínguez-Gil; sólo Estados Unidos se acerca a la tasa de donantes española con un 49,2, con la diferencia de que allí, el perfil de persona que da sus órganos al fallecer es eminentemente joven, víctima por lo normal de accidentes de tráfico, armas de fuego o de fentanilo.

Por el contrario, en España el 60 % de los donantes fallecidos superan los 60 años, el 32 % los 70 y un 5 % los 80, siendo el más longevo registrado uno de 93 años. Sólo el 3 % murió en las carreteras, siendo la principal causa el accidente cerebrovascular (52 %).

El nuevo balance de la ONT dibuja así una tendencia a la estabilización de la actividad en España, que lleva 34 años superando su propio máximo mundial, con excepción de 2020 en el que bajaron como consecuencia de la pandemia.

A retos como este tratará de responder la futura estrategia de la ONT 2026-2030 que estará en marcha este año; uno de sus principales objetivos será el de aumentar la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes, reduciendo las negativas a donar (22 %), ampliar los criterios de aceptación de órganos para uso clínico o impulsar la donación renal de vivo.

Así, volvió a superar por segundo año consecutivo la cifra de 6.300 trasplantes; del total, 3.999 fueron renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos (el mayor número de la historia), 103 de páncreas y 11 de intestino.

Pese al descenso del trasplante hepático (-5 %) y pulmonar (-11 %), el renal se mantuvo estable y aumentaron de forma significativa los cardíacos un 12 %, de páncreas un 6 % y de intestino un 175 %.

Además, aunque la donación en asistolia (sin latido tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria) se realiza en 25 países, España es el único que trasplanta con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, que supusieron el 56 % del total con 1.416, un 8 % más que en 2024.

Con esta técnica se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardíacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara, algo que fue posible por la generalización de un complejo procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) con firma española que sólo realizan 9 países en el mundo.

Gracias al esfuerzo de la ONT por priorizar pacientes con dificultades para recibir un órgano, en 2025 se realizaron 298 trasplantes en urgencia cero y 180 en niños y se trasplantaron 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares.

Pese a todo, se mantiene un número importante de pacientes en lista de espera: 5.163, de los que 77 eran niños.

Doce comunidades superaron los 50 donantes p.m.p y 7 sobrepasaron los 60; Cantabria volvió a encabezar la tabla con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3).

Entre las que superan los 5 millones de habitantes, destacó la actividad de la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4), aunque las que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

La ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, el 23 % del total. A su vez, el 6,5 % de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su autonomía de residencia.

El Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) ha multiplicado por cinco el número de inscritos desde 2012 hasta alcanzar un total de 520.508, unas cifras que le sitúan en el decimotercero a nivel mundial y el quinto en Europa.

En este mismo periodo, se ha producido un aumento significativo en el número de trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados efectuados en España, pasando de los 462 procedimientos de 2012 a los 748 en 2024 y con la previsión de que en 2025 se haya duplicado la cifra de 23 años atrás.

Son las cifras que este lunes ha publicado el Ministerio de Sanidad tras firmar con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras la renovación del convenio de colaboración que mantienen desde hace tres décadas para seguir impulsando la donación y el trasplante de médula ósea, también conocido como de progenitores hematopoyéticos (TPH).

A través de este convenio, que se renueva periódicamente desde hace 30 años, el Redmo, que permite la identificación de donantes de médula ósea para pacientes con enfermedades hematológicas -como leucemias, linfomas o mieloma múltiple- que no disponen de un donante compatible en su entorno familiar, se integra en el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión de la FIJC y en colaboración con la ONT.

El Redmo cerró el año pasado con 520.508 donantes, disponibles para cualquier paciente de España o del resto del mundo, y un inventario de 60.886 unidades de sangre de cordón umbilical, el tercero del mundo y el primero de Europa por volumen de unidades almacenadas.

Gracias al proyecto Ready to Ship (R2S), el 7% de estas unidades (las de mayor calidad), se han caracterizado y preliberado para ser utilizadas para trasplante en el momento en que puedan requerirse de forma urgente.

Un "éxito" que ha sido posible gracias al Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), promovido por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS y en el que también han participado la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Desde que el plan se adoptara en 2012, el número de donantes inscritos en el Redmo se ha multiplicado por cinco, un volumen que le convierte en el decimotercer registro a nivel mundial y en el quinto en Europa.

Asimismo, gracias al PNMO, se ha producido un incremento exponencial en la donación efectiva de los donantes españoles, que ha pasado de 35 donaciones en 2012 hasta las 481 donaciones de 2025, lo que sitúa el Redmo entre los registros más eficientes a nivel internacional, con cerca de una donación anual por cada 1.000 inscritos.

También se ha logrado rejuvenecer el perfil del donante (los nuevos tienen una media de edad de 30 años), con una composición más adecuada a las necesidades de los pacientes, así como mejorar los tipajes HLA (caracterización inmunológica), lo que permite una mayor visibilidad de los donantes en los procesos de búsqueda, y reducir el tiempo de identificación de donantes compatibles, que actualmente se sitúa en 26 días de media.

Del mismo modo, han aumentado los niveles de autosuficiencia (TPH de donantes no emparentados que se realizan con donantes del Redmo, en lugar de donantes de otros registros, lo cual permite agilizar los procesos de obtención de médula ósea y contribuye a la sostenibilidad del programa de TPH), que ha pasado de un 3% en 2012 a un 27% en 2025 y se ha llegado a una mayor equidad en el acceso a esta terapia en todas las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes el procedimiento de consulta pública previa para modificar el Real Decreto que regula la relación laboral de los médicos residentes, con el objetivo de evitar que sus jornadas superen los límites máximos permitidos, según informa EFE. 

El Real Decreto 1146/2006, que ajusta estas horas, no ha sufrido casi cambios, solo experimentando "ajustes menores" desde su entrada en vigor, según ha lamentado Sanidad en un comunicado.

Ninguno de estos ajustes ha abordado aspectos clave como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia, lo que a ojos del ministerio hace necesaria su revisión en el contexto normativo actual. 

Concretamente, uno de los problemas que se pretende corregir con esta modificación es la realización de jornadas laborales que superan los máximos establecidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, circunstancia que la normativa vigente no evita de forma efectiva. "Actualmente, existe un debate a nivel internacional sobre la organización de los servicios de salud que permita proteger la salud del personal sanitario y facilitar la retención y atracción de talento", ha reconocido Sanidad.

El ministerio ha recordado que está en curso la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales.

Sin embargo, dicha ley no es aplicable al personal en formación, es decir, a los conocidos como MIR, FIR, BIR e EIR, entre otros.

En este sentido, Sanidad ha apuntado que la duración actual de la jornada de los residentes "no resulta necesaria ni para el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de los deberes establecidos en el Real Decreto en vigor".

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 13 de enero de 2026.

La gripe ha comenzado a remitir y ha bajado su incidencia en una semana a 400,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 10 por ciento menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,3, según recoge EFE.

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana previa a la de Navidad -entre el 15 y el 21 de diciembre- refleja un aumento del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia ha subido de 811,8 a 834,1.

Dicho incremento se debe fundamentalmente a la covid, que se ha duplicado en este periodo de 5,7 casos por 100.000 habitantes a 10,8 y del VRS, cuya tasa ha pasado de 43 a 55,1.

Por el contrario, descienden los diagnósticos de gripe en los centros de salud, de los 444,1 de la semana previa a 400,4; lo hacen en todos los grupos de edad, excepto en los de 70 a 79 años y mayores de 80, en los que suben levemente.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 21,7 ingresos por cada 100.000 habitantes frente a los 22,2 de la semana anterior por el conjunto de virus respiratorios.

Por gripe, la tasa continúa estable en 9,2 ingresos por cada 100.000 habitantes (9,3 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, aunque con un ligero descenso de la incidencia de 58,1 a 52,7, seguidos de las personas de 70 a 79 (25,6).

En los niños menores de un año los ingresos han caído en picado de 43,5 a 16, no así en los de 1 a 4 años, en los que sube hasta los 14,9.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid siguen en una tasa general de 0,2, aunque en bebés menores de 1 año se eleva a 1, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, sigue en ligero ascenso (de 2,6 a 3,1), pero la subida continúa es pronunciada aún en los menores de 1 año, en lo que ha aumentado de 58,6 a 74,9 en una semana.

Hace tan solo unas semanas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron mandar una serie de recomendaciones para intentar mitigar la presión de la gripe como el uso de mascarillas cuando se tuvieran síntomas y, obligatoriamente, en centros hospitalarios.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado de la reunión de este miércoles con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación, según ha informado EFE.

Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta for mal que les ha presentado el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), según ha informado Sanidad en una nota de prensa. La Confederación y el Sindicato han acusado al Ministerio de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Sanidad lamenta que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado que el "Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes -con los otros sindicatos- y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas". Los miembros del comité de huelga han abandonado entonces la reunión "una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

El departamento que dirige Mónica García insiste en que el nuevo texto que ha elaborado a raíz del preacuerdo con las cinco organizaciones del ámbito incorpora todas las demandas e importantes avances como la mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.

Pero ha vuelto a dejar claro que ni va a invadir competencias autonómicas, porque sería incompatible con el marco constitucional, ni a promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

CESM y SMA consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'", cuando -prosiguen- ha sido el Ministerio el que ha planteado la ruptura y ha anunciado que no se iba a abordar el orden del día fijado previamente. Esta actitud "supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso", sostienen. También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".

En esa propuesta que les trasladó el pasado 1 de diciembre, y sobre la que no se han pronunciado, Sanidad plantea un marco específico para la realización de la jornada de guardia, que deberá ser objeto de negociación en la mesa sectorial correspondiente, cuya implantación se realizará en cada centro mediante la programación funcional, dentro de los límites establecidos.

Según la oferta, a la que ha tenido acceso EFE, el acuerdo regulará los aspectos esenciales de esta jornada, incluyendo la organización de la prestación, los criterios de planificación y asignación, la retribución, los descansos, las posibles exenciones y el régimen de adscripción del personal.

Asimismo, establece que la organización de las guardias deberá incorporar criterios de flexibilización y conciliación, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.

No obstante, promueve una evolución progresiva del modelo de organización del trabajo, "orientada a reducir la dependencia estructural de las guardias y a favorecer una planificación más racional de los recursos humanos, la protección de la salud laboral y la conciliación del personal".

De este modo, serán los servicios de salud los que deberán planificar la dotación de personal de los centros y unidades con el fin de garantizar la adecuada cobertura de la atención urgente y el cumplimiento de los límites de jornada y descansos establecidos, "asegurando en todo caso la plena prestación del servicio público esencial sanitario y el estricto respeto a dichos límites". Además, "se podrá contemplar, en el marco de la negociación, la realización de guardias a solicitud del personal".

La retribución deberá ser "adecuada a la naturaleza, responsabilidad y penosidad del trabajo, manteniendo una relación proporcionada con la retribución de la jornada ordinaria". Y se garantiza que, en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, "el personal perciba, desde el primer día, el 100 % de sus retribuciones ordinarias mediante el complemento retributivo correspondiente".

Del mismo modo, se refuerza la movilidad, que requerirá, "con carácter general, el consentimiento" del interesado; sin él, quedará limitada "a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados" por un máximo de siete días anuales.

Por ultimo, reconoce "el derecho del personal a conocer, con al menos seis meses de antelación, la planificación y distribución de su jornada ordinaria y de guardia".

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que se ha suspendido la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley han rechazado explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del (SNS). Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS. Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones han suspendido la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la "deslealtad" del Ministerio por haber abierto una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.

Esta huelga de los sindicatos del ámbito es independiente de las tres convocadas este año por CESM y SMA, a los que Sanidad ha convocado el próximo miércoles para tratar de desencallar la situación.

También es independiente de la que ha programado para mediados de enero la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), integrada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales médicas, de la que no forman parte ni CESM ni SMA, pero que también exige un convenio específico para estos profesionales.

Por ahora, Apemyf ya ha adelantado que ese paro "sigue adelante". Pero a diferencia de los médicos, los sindicatos del ámbito, además del Ministerio, rechazan de plano un estatuto médico.

En su nota conjunta, los cinco reiteran que los avances acordados hoy en asuntos como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente y que beneficia, por ejemplo, a las enfermeras, han sido fruto del trabajo realizado en ámbito de negociación y "no en otros foros paralelos no legitimados" para acordar las condiciones del personal del SNS.

Tras el encuentro, han manifestado su "moderada satisfacción" por el resultado y por el "cambio de actitud" del Ministerio y "particularmente por la disposición de la ministra" para facilitar la consecución de acuerdos concretos "en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando".

Así, y a la espera de constatar que todos los avances comprometidos se materializan en una nueva versión del texto, estas organizaciones han reconocido que "esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil" dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo "del conjunto del personal estatutario del SNS".

"A las tres de la mañana ya no sabía si lo que estaba diciendo era verdad o si estaba exagerando por puro cansancio". Así recuerda la anestesista Itziar Insausti un momento de crisis que vivió la semana pasada. Llevaba más de veinte horas seguidas de trabajo en el Hospital de La Paz cuando los cirujanos la llamaron para valorar a un paciente con una infección grave. No era una urgencia inmediata, pero sí una operación que, si se retrasaba demasiado, podía costarle la vida al enfermo. "Yo era la anestesista más senior de la guardia y me tocaba decidir si lo operábamos ya o si podíamos esperar a primera hora de la mañana, cuando todos estuviéramos descansados", explica. "Pero estaba tan agotada que no tenía certeza de si mi criterio era real o era fruto de la fatiga. Después de 20 horas ya no sabes si decides bien".

La urgencióloga Mar Laínez describe una escena similar en su servicio en el Hospital de Móstoles. "Cuando llevas desde las ocho de la mañana trabajando y siguen entrando pacientes a las dos, a las cuatro o a las seis de la madrugada, no puedes más. A esas horas no eres la misma médica, no tomas decisiones igual de rápidas y el paciente lo nota. Es inhumano trabajar 24 horas seguidas con este nivel de estrés", denuncia. Ambas acumulan años de carrera, noches enlazadas y decisiones críticas bajo una fatiga que reconocen como el mayor enemigo dentro del hospital. "En todas mis salidas de la guardia me llevo en la cabeza a algún paciente con el que dudo si habría actuado mejor estando descansada", confiesa Laínez. Sus voces reflejan el malestar que ha empujado a miles de médicos a una huelga nacional de cuatro días, celebrada esta semana, para rechazar el borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. La protesta ha coincidido con un nuevo intento de negociación entre el Comité de Huelga —formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz— y el equipo de la ministra Mónica García. Un encuentro, celebrado este jueves, que terminó sin avances relevantes. Aunque Sanidad ha retirado el ultimátum de mantener su propuesta y se ha comprometido a seguir negociando el próximo 17 de diciembre, los sindicatos insisten en que el contenido del texto sigue sin incorporar ninguna de las cuestiones de fondo que les han llevado al conflicto.

La situación de desacuerdo resulta especialmente llamativa porque al frente del Ministerio de Sanidad se encuentran dos dirigentes que conocen de primera mano esa realidad asistencial. Tanto la ministra, Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, han sido médicos en activo hasta hace relativamente poco tiempo y han trabajado en hospitales públicos sometidos a las mismas dinámicas que denuncian los profesionales en huelga. Esa trayectoria previa, que durante años les ha situado del lado de las reivindicaciones laborales y de la crítica a la sobrecarga del sistema, ha intensificado la frustración ante un texto que consideran insuficiente. "Precisamente porque saben lo que es una guardia, duele más que no hayan ido más lejos", lamenta Insausti.

Las experiencias que describen ambas facultativas reflejan las razones por las que los médicos han llegado a este punto. Los sindicatos denuncian que el problema central es que siguen existiendo jornadas que pueden alargarse hasta 24 horas seguidas, unas condiciones que consideran "insostenibles" tanto para quien trabaja como para quien es atendido. "Somos la única categoría sanitaria que está 24 horas seguidas trabajando. Vemos pasar tres turnos de enfermeras, de técnicos y de celadores y nosotros seguimos ahí, sin relevo", recuerda Insausti.

Por ello, una de las principales reclamaciones es eliminar estas guardias encadenadas. Según los profesionales, el borrador del nuevo Estatuto Marco no corrige esta situación, sino que la maquilla al establecer que "la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo en los días laborables". "El Ministerio dice que ya no habrá guardias de 24 horas, pero es falso, ya que entre semana las llaman de 17 horas, pero se hacen a continuación de una jornada ordinaria de siete u ocho horas, y los fines de semana directamente lo permiten", denuncia Insausti.

Otra de las cuestiones que reclaman con fuerza es que las guardias sigan considerándose "jornada complementaria". Dicha categoría provoca, según los sindicatos, que estas horas se paguen por debajo de la jornada ordinaria y que, además, no cuenten como tiempo de trabajo real. Es decir, no tienen el reconocimiento que sí tendría una hora extraordinaria. "Las guardias no cuentan para nada, no computan para jubilarte y no te reducen la jornada, pero sin ellas no llegas a fin de mes porque el sueldo base es muy bajo", denuncia Laínez.

La regulación de la jornada real es otro punto clave. Los médicos denuncian que el borrador deja intacta la expresión "necesidades del servicio", un concepto amplio que, en la práctica, actúa como una cláusula de escape. Esta fórmula permite a los centros sanitarios ampliar horarios, imponer más guardias de las previstas o modificar los turnos cuando falte personal, algo frecuente en servicios tensionados como urgencias, anestesia o cuidados intensivos. Según los profesionales, esta coletilla convierte en ineficaz cualquier límite horario teórico porque "basta con invocarla para programar semanas de cincuenta o sesenta horas, cubrir ausencias inesperadas o compensar plantillas insuficientes". "Si la ley deja esa puerta abierta, seguiremos con cinco guardias al mes y con déficits estructurales que se tapan a base de cansancio médico", advierte Insausti.

En cambio, el Ministerio de Sanidad defiende que su propuesta supone "el mayor avance en veinte años" y "un intento real" de mejorar las condiciones de un sistema que arrastra carencias desde hace tiempo. El departamento de Mónica García subraya que el texto introduce por primera vez un límite explícito a la jornada, que reduce la duración máxima de las guardias y que refuerza los descansos obligatorios.

El debate competencial también está dificultando alcanzar ciertos acuerdos respecto a los puntos más sensibles de la negociación. El equipo de Mónica García insiste en que el Estatuto Marco es una ley básica que debe respetar el reparto territorial de la sanidad, y que determinadas reclamaciones —como las retribuciones o las políticas de contratación— dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Los médicos, sin embargo, sostienen que ese argumento no puede servir para bloquear los cambios esenciales. Recuerdan que el Estado sí tiene la capacidad de fijar las bases del régimen estatutario, los límites de jornada, la definición de lo que es una guardia y los descansos mínimos que garanticen la seguridad del paciente.

"Las jornadas ordinarias de 35 horas dependen de cada comunidad, igual que el precio de la hora de guardia, pero la regulación  del tipo de descanso obligatorio y los límites de tiempo de trabajo es algo que tiene que fijar el Estado", aclara Laínez. Para los sindicatos, el problema no es jurídico sino político, ya que durante dos décadas "ningún Gobierno ha querido reordenar un sistema que sobrevive gracias a la disponibilidad ilimitada de sus médicos". "Defender nuestras condiciones laborales es defender la seguridad del paciente. Eso es exactamente lo que hacemos cuando vamos a la huelga", recuerda la urgencióloga.

El enfrentamiento actual no puede entenderse sin mirar atrás. El Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario se aprobó en 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, apenas se ha tocado pese a que el sistema sanitario se ha visto afectado por un aumento de la presión asistencial, plantillas ajustadas, un incremento constante de las urgencias y una estructura organizativa que no se parece a la de hace veinte años. Además, la descentralización ha provocado que cada comunidad autónoma haya ido gestionando sus recursos humanos de forma distinta, lo que ha generado un mosaico desigual de horarios, retribuciones, ratios de personal y niveles de estabilidad. 

Para Insausti, esta reforma es "la única oportunidad" para corregir un marco que ha quedado obsoleto. "No puede ser que cada comunidad funcione con reglas propias sin unos mínimos comunes. Pedimos un texto que impida jornadas de 24 horas y que reconozca nuestro trabajo como lo que es." Laínez coincide en que la normativa vigente ha dejado a los profesionales expuestos a decisiones unilaterales de cada consejería. "El Estatuto actual no protege. Permite diferencias abismales y fomenta la precariedad. Necesitamos una actualización real, no un lavado de cara."

Los médicos han protagonizado este martes la primera de las cuatro jornadas de huelga con la que rechazan la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y mantienen el pulso con el Ministerio de Sanidad, apoyados por varios gobiernos autonómicos, informa EFE.

La jornada ha sido calificada de éxito por los sindicatos convocantes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que cifran el seguimiento entre un 85 y un 90% y denuncian los "servicios mínimos abusivos" en la mayoría de las comunidades que, a su juicio, ofrecen datos de participación "maquillados sistemáticamente".

Las consejerías autonómicas han registrado datos desiguales -del 35% en Cantabria al 7,75% de La Rioja-, aunque varios gobiernos regionales gobernados por el PP han apoyado las reivindicaciones de los médicos y han pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique su propuesta.

Esta es la tercera huelga en seis meses y ha estado marcada por las concentraciones organizadas por diversos colectivos médicos frente a hospitales y centros de salud, las más numerosas en Madrid y Barcelona, impulsadas por Amyts y Metges de Catalunya (MC), respectivamente.

En un comunicado de prensa, CESM insiste en que "toda la profesión está exigiendo una norma que plasme una mejora notable de sus condiciones laborales", pues los convocantes de la huelga reclaman un estatuto propio -independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud- que reconozca sus particularidades, y rechazan la última propuesta del Ministerio de Sanidad, que sin embargo sostiene que ha incluido todas las reivindicaciones que son de su competencia.

Así lo ha recordado este martes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, quien ha expresado su "máximo respeto" por la huelga y ha vuelto a tender su mano para sacar adelante la reforma de un estatuto marco que data de 2003, y que supondrá mejorar -defiende- las condiciones laborales en aspectos como las jornadas, las guardias o la movilidad.

El seguimiento ha sido desigual según los datos facilitados por la mayoría de los gobiernos autonómicos al término de los turnos de mañana en centros de salud y hospitales.

En Cantabria, el consejero de Salud, César Pascual, ha subrayado el impacto asistencial de la huelga, que cifra en un 35%, y ha pedido a la ministra que retire la propuesta porque "lo único que está generando es conflicto en el sector y no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario". El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha cifrado el seguimiento en el 34,4%.

En Andalucía, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha cifrado en un 32% el seguimiento y ha mostrado su comprensión con los profesionales ante una propuesta, la del Ministerio, "absolutamente fuera de lugar y de la defensa de su interés general".

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno que escuche las reivindicaciones de los médicos y los respete "como se merecen".

En Castilla y León, la Consejería habla del 25,8% de seguimiento, y en Extremadura alcanzaba el 23,17% al mediodía, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que ha pedido al Gobierno escuchar y rectificar. Con datos de las 13:00 horas, la Consejería de Salud de Murcia ha cifrado en un 23,5% el seguimiento.

La Consejería de Sanidad de Canarias cifra el seguimiento en un 18,53%, una cifra similar a la facilitada por la Xunta de Galicia, del 18,24% en el turno de mañana, motivo por el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha reprochado “la falta de voluntad” negociadora del Ministerio de Sanidad.

En Aragón, el paro ha sido seguido por el 15,66% de los médicos de la jornada de mañana; en Asturias, por el 11,03%; y en La Rioja, un 7,75%, según las autoridades sanitarias autonómicas.

En Cataluña, el sindicato mayoritario, Metges de Catalunya (MC) secunda esta huelga de cuatro días y ha cifrado el seguimiento en un 45 % en las primeras horas, a falta de datos de la Generalitat.

En Barcelona, la manifestación convocada por Metges de Catalunya (MC) ha partido de la Delegación del Gobierno en dirección a plaza Sant Jaume, con una pancarta con el lema 'A ti también te afecta'.

Los concentrados, unos 800 según la Guardia Urbana, han reclamado también a la Generalitat la constitución de un espacio propio de negociación, donde se discutan condiciones de trabajo y aspectos asistenciales y organizativos.

En Madrid, unos 700 médicos y facultativos, según cálculos que la Delegación del Gobierno, han secundado la convocatoria del sindicato madrileño Amyts.

Los participantes han partido pasadas las 10:30 horas del Congreso de los Diputados tras la pancarta 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa'.

La protesta ha terminado frente al Ministerio de Sanidad, donde los congregados han tildado de "traidora" a la ministra por negarles un convenio propio y cronificar su precariedad.

Decenas de médicos del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado a las puertas del centro, en una de las diversas concentraciones que están previstas por toda España a lo largo de los próximos días en coincidencia con la huelga.

El Ministerio de Sanidad ha extendido sus sospechas sobre la gestión privada de centros hospitalarios públicos y ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón.

Lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al Grupo Quirón de haber incrementado su presupuesto en los últimos años "de manera absolutamente obscena".

Según ha dicho, se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas" sobre todo en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año", ha apostillado.

Sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera, así como los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "cualquier otra información relevante".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

Por su parte, la presidenta madrileña ha criticado lo que considera una "causa política" orquestada en torno al Hospital de Torrejón y ha censurado que se eleve a "escándalo europeo" mientras se ignoran los problemas sanitarios de otras regiones.

"Si se eleva a caso de escándalo de esta magnitud esto, ¿qué hacemos con la Sanidad de Castilla-La Mancha o la de Aragón? ¿Qué hacemos con la Sanidad de Ceuta, de Melilla? No digamos la de Cataluña, que duplica listas de espera", ha cuestionado la presidenta, que cree que "los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Según Ayuso, en el Hospital de Torrejón no ha habido "negligencias médicas" y tampoco se alcanzan las listas de espera de "otras zonas" que arrojan cifras "mucho peores", y ha indicado que este martes se ha conocido "un segundo informe" de la Consejería de Sanidad que concluye "que no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial".

Se trata de un informe que se suma al primero sobre este asunto que concluye que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras destaparse el caso.

Sumar y Podemos han reiterado sus críticas al modelo de gestión del hospital de Torrejón, lo que la formación morada ha calificado de "crímenes contra el interés general", según el diputado Javier Sánchez, que ha recordado que su partido ya registró hace un año una proposición de ley para derogar la norma que permite la gestión privada de estos centros.

Desde Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid) ha reprochado que Ayuso haya "heredado" el modelo de Esperanza Aguirre de "licitar y particionar" contratos públicos, en tanto que Aína Vidal (Comunes) ha cargado contra cualquier protocolo que trate la salud como si "fuera en Excel y no un derecho", y Alberto Ibañez (Compromís) ha afirmado que "los gobiernos del PP matan" por un modelo que prioriza "las ganancias de multinacionales". 

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas "irregularidades" en el Hospital de Torrejón de Ardoz, según informa EFE.

"Vamos a denunciar ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el hospital de Torrejón. La sanidad es un derecho. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que NUNCA más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid", ha adelantado el propio secretario general del PSOE-M a través de sus redes sociales.

Fuentes del PSOE-M han trasladado a EFE que van a interponer la denuncia el martes por la mañana contra Gallart como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Además, la denuncia también se formulará "contra todos aquellos que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.

El grupo Ribera señaló en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno ultima la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, para aprobarla a principios del 2026 y ha recalcado que esta norma "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará dicha colaboración.

"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", ha incidido tras insistir en que la nueva ley "es mucho más amplia" y "pone coto al ánimo de lucro" con unas normas claras.

"Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. O sea, no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", ha explicado.

Mónica García confía en que la ley esté aprobada en esta Legislatura y ha puntualizado que "estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene".

Por otra parte, ha recordado que el Ministerio de Sanidad también trabaja en un real decreto de listas de espera que dará trazabilidad al proceso que inicia un paciente desde que va a su médico de atención primaria hasta que pasa al especialista, se le hacen pruebas y termina en una operación, ya que "ahora mismo las listas de espera son cajas negras y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera".

En este sentido ha acusado a la Consejería de Sanidad de Madrid de "maquillar" los datos sobre listas de espera quirúrgica que son publicados cada seis meses por el Ministerio de Sanidad y donde la comunidad madrileña no aparece como de las más elevadas.

"Nosotros sabemos que la lista de espera quirúrgica puede ser maquillada", ha dicho García, al tiempo que ha reiterado que en el caso de Torrejón, tanto el Ministerio como el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes.

Además el Ministerio mandará a la alta Inspección para que haga una investigación en el hospital y ha lamentado que este tipo de prácticas que priorizan el beneficio frente al paciente se estén produciendo "también" en el grupo Quirón, "favorecido" por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad", ha indicado.

García ha recordado que "desde que está la señora Ayuso" al frente de Madrid, en los últimos años 5.000 millones de euros han ido a parar al grupo Quirón.

El reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los fármacos adelgazantes como "esenciales" para combatir la obesidad ha reabierto un debate largamente postergado. La OMS calcula que esta enfermedad causó 3,7 millones de muertes en 2024 y su decisión vuelve a subrayar la urgencia de tratarla como una patología crónica que requiere financiación, seguimiento y una estrategia pública sostenida.

Tras revisar los estudios disponibles y concluir que existe evidencia suficiente de su eficacia y seguridad, el organismo ha incluido medicamentos de enorme popularidad (y elevadísimo precio) —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— en su lista modelo de fármacos esenciales, integrada actualmente por 532 productos. Con ello, insta a los sistemas públicos de salud a garantizar que estos tratamientos sean "universalmente accesibles" y "asequibles", aunque advierte de que aún persisten las dudas sobre sus efectos a largo plazo.

En contraste con el impulso de Naciones Unidas, el Ministerio de Sanidad mantiene una postura mucho más restrictiva. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha rechazado financiar Mounjaro —indicado para diabetes y control del peso— y ha descartado también sufragar nuevas versiones de Ozempic, debido al elevado impacto presupuestario que tendría para el Sistema Nacional de Salud. Ambos fármacos continuarán cubiertos únicamente para los usos contra la diabetes ya autorizados, mientras se aplaza su incorporación como tratamientos más amplios contra la obesidad.

Pese a las decisiones del Ministerio, los datos disponibles muestran que España sigue por encima de la media europea en prevalencia de obesidad. El estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO) sitúa al país como el sexto de la Unión Europea con mayor proporción de población con exceso de peso y el séptimo en obesidad. El problema es especialmente acusado en la infancia, ya que cerca del 36% de los niños entre seis y nueve años presentan exceso de peso, una de las cifras más elevadas del continente.

A pesar de ello —y aunque la OMS define la obesidad como una "enfermedad crónica compleja"—, España no la reconoce oficialmente como patología. Para Alicia del Llano, directora de proyectos de la Fundación Gaspar Casal, "esta falta de reconocimiento dificulta combatir el estigma, garantizar una atención continuada y financiar los medicamentos adelgazantes como se hace con la diabetes tipo 2".

En la misma línea, Inka Miñambres, miembro del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), recuerda que "la obesidad cumple todos los criterios para ser considerada una enfermedad". "Tiene una base fisiopatológica conocida, alteraciones biológicas claras, signos y síntomas definidos, técnicas diagnósticas disponibles y un tratamiento establecido", detalla. Pese a ello, España sigue sin dar el paso. Italia, en cambio, se convirtió en octubre en el primer país europeo en reconocerla por ley como "enfermedad crónica", destinando 2,7 millones de euros a su prevención y tratamiento.

Otro de los argumentos centrales del Ministerio para no financiar estos fármacos es su coste. Fuentes de Sanidad explican a infoLibre que no se ha alcanzado un acuerdo con las farmacéuticas para una rebaja significativa de precios, lo que haría viable asumir su financiación generalizada sin comprometer otros tratamientos esenciales.

Sin embargo, el impacto económico de la obesidad sobre el sistema público también es considerable. Un análisis de estudios realizado por Jaume Puig-Junoy, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, estima que el gasto sanitario asociado a la obesidad y el sobrepeso pudo alcanzar los 25.700 millones de euros anuales en 2022. Miñambres insiste en que dotar al sistema de medios para abordar la enfermedad reduciría las listas de espera y el riesgo de patologías cardiometabólicas, digestivas, respiratorias, neurológicas, musculoesqueléticas, infecciosas e incluso varios tipos de cáncer.

Aunque una caja de Ozempic ronda los 128,15 euros y el Mounjaro puede superar los 358 euros, Del Llano sostiene que una financiación selectiva sería eficaz. "La evidencia muestra que tiene sentido financiarlo por tramos, sobre todo, para los colectivos más vulnerables que carecen de acceso a una nutrición de calidad y a estos medicamentos", añade. El último informe ALADINO confirma la brecha: en hogares con menos de 18.000 euros anuales, la obesidad y el sobrepeso infantil alcanzan el 23,4% y 23,1%, respectivamente, frente al 10,9% y 18,3% de las familias que superan los 30.000 euros. Una diferencia que ilustra hasta qué punto las condiciones económicas determinan la salud infantil.

Aunque los tratamientos como Ozempic ganaron impulso tras ser utilizados por figuras como Elon Musk o Kim Kardashian, los especialistas insisten en que no son "una solución mágica" y requieren supervisión médica. "Son fármacos seguros si se integran en un tratamiento integral de la obesidad y se prescriben dentro de un programa de seguimiento continuado", explica Miñambres.

No obstante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de un uso ilegal creciente que ha provocado problemas de suministro. En 2024 se registraron 116,8 millones de unidades de falta de stock de Ozempic, un 41,7% menos que el año anterior, pero aún cifras muy elevadas.

En cualquier caso, Del Llano insiste en que ningún avance será suficiente sin una estrategia nacional de prevención. Recuerda que los medicamentos solo funcionan cuando se enmarcan en un plan amplio que fomente la actividad física, la alimentación saludable y cambios de hábitos mantenidos en el tiempo. "El verdadero punto de inflexión no vendrá de un medicamento, sino de políticas públicas que faciliten entornos saludables y permitan a la población moverse, comer mejor y prevenir la enfermedad", concluye.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han conseguido consensuar en la Comisión de Salud Pública un plan común de medidas para mitigar el impacto de la gripe y otros virus respiratorios, que recupera el uso de mascarilla en centros sanitarios, entre otras.

"Aprobamos con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

El acuerdo llega después de que la Comunidad de Madrid presentara este martes un documento propio de recomendaciones que han sido debatidas por el resto de directores generales de Salud Pública en su reunión de hoy, tras lo cual deberán elaborar el texto definitivo del protocolo con base en el acuerdo alcanzado.

El plan contra la gripe y otros virus respiratorios recomienda ponerse mascarilla siempre que se tengan síntomas, y también cuando se acuda a centros sanitarios y sociosanitarios en momentos de alta transmisión, y en estos casos además se aconseja optar por el teletrabajo si se está enfermo o autoaislarse.

El documento marco para el control de las infecciones respiratorias agudas aprobado por la Comisión de Salud Pública este miércoles mantiene finalmente el uso de cubrebocas como una recomendación, con una propuesta gradual de intensificación de uso a medida que avance la epidemia, pero sin que llegue a ser obligatoria.

Según el texto definitivo consensuado con las últimas aportaciones de varios directores generales de Salud Pública, el ámbito de aplicación del plan será definido por cada comunidad; las autonomías también estimarán cada uno de los cuatro escenarios de riesgo planteados en función de su situación epidemiológica, estableciendo para ello los umbrales epidémicos según su serie histórica.

Después, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, revisarán de manera periódica la evolución de los indicadores para valorar, mantener o modificar la definición de los escenarios.

A cada uno de los escenarios le corresponde una batería de medidas, que se aconsejan aplicar de forma escalonada e incremental, de forma que en cada nivel se cumplan las del anterior y se enumeren las medidas adicionales a implementar en cada momento.

- En esta etapa se llevará a cabo la preparación para afrontar la epidemia; se difundirán recomendaciones de vacunación, se evaluarán las coberturas vacunales de la temporada previa y se identificarán grupos no vacunados.

- Se elaborará además material informativo que recoja las principales medidas recomendadas de vacunación, medidas higiénicas, mascarillas, ventilación e interacciones sociales dirigidas a la población general y a colectivos específicos como empresas, escuelas o centros sanitarios.

- En residencias, se seguirán en todos los escenarios las pautas de la 'Guía de actuación para la prevención y el control de brotes de infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables', de 2023, que reforzó la protección en estos entornos.

Entre otras medidas, establece que los trabajadores con síntomas lleven mascarilla de forma continuada o que las personas que los tengan eviten las visitas.

- Facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un corto periodo de tiempo.

- Las personas con síntomas deberán usar mascarilla quirúrgica y adoptar medidas higiénicas, especialmente si entran en contacto con personas vulnerables.

- En el ámbito sanitario, los profesionales, pacientes y acompañantes deberán llevarla en unidades con pacientes con riesgo elevado de enfermedad grave.

- Personas con síntomas: uso de mascarilla, higiene respiratoria y lavado de manos frecuente.

-Se recomendará el autoaislamiento y se valorará la posibilidad de teletrabajo si las condiciones del domicilio y el estado de salud del enfermo lo permiten.

- Mascarillas para todo el que entre en contacto con personas con alto riesgo de enfermedad grave.

- Limpieza frecuente de superficies que puedan estar contaminadas (tiradores de puertas, barandillas, botones de ascensores, etc.).

- Ventilación frecuente de espacios cerrados de uso común.

- Las personas vulnerables deberán evitar acudir a lugares concurridos y deberán usar mascarilla en sus interacciones sociales.

- En el ámbito sanitario, pacientes, acompañantes y trabajadores de centros sanitarios que entren en contacto con otros pacientes en salas de espera, pasillos, ascensores y otros lugares de tránsito que faciliten la transmisión del virus deben ponerse mascarilla.

- Reforzar coordinación entre territorios.

- Valorar adopción de medidas adicionales y excepcionales.

Los cuatro escenarios de riesgo vienen definidos en virtud de una serie de indicadores, extraídos de varias fuentes de información, entre ellas, el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias agudas en España (SiVIRA; los datos de capacidad asistencial y registros de ocupación hospitalaria, el registro de procesos de incapacidades temporales (IT) y el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo).

Se considerará además el impacto en las capacidades asistenciales (especialmente la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, y el número de consultas infecciones en urgencias) y de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control. 

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que se sumen antes del 1 de diciembre al protocolo común contra los virus respiratorios que no pudo poner en marcha la temporada pasada por el rechazo del PP, algo en lo que volverá a insistir el próximo viernes en un nuevo Consejo Interterritorial, según informa EFE.

La ministra Mónica García se ha dirigido por carta a los distintos consejeros para emplazarles a lograr un acuerdo sobre un plan que permita "ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio, reforzar la confianza ciudadana y reducir los riesgos, los ingresos hospitalarios y la mortalidad", según la misiva a la que ha tenido acceso EFE.

Esta carta fue remitida la semana pasada, antes de que la comunidad de Aragón anunciara ayer que obligará a ponerse mascarilla en sus centros sanitarios ante la expansión de la epidemia de gripe.

Sobre este asunto ya se había intentado hablar en la cumbre que celebraron el pasado 12 de noviembre, que finalmente estuvo copada por los cribados de cáncer; ese día, según recuerda en la carta, "se volvió a poner de manifiesto la necesidad de coordinar acciones entre todos los servicios de salud y el Ministerio de Sanidad para afrontar la epidemia estacional de virus respiratorios".

Y volverá a hacerlo este viernes en una reunión telemática del Interterritorial en la que al final de su orden del día, al que ha tenido acceso EFE, figura el punto "Información sobre las recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la Temporada 2025-2026, que se someterá a revisión en la próxima Comisión de Salud Pública".

La temporada pasada, Sanidad intentó sacar adelante un protocolo común de actuaciones homogéneas en todo el territorio para contener la expansión de la gripe y otras enfermedades que se había consensuado previamente a nivel técnico tras meses de trabajo; sin embargo, no superó el filtro posterior del Consejo Interterritorial, donde las comunidades del PP lo rechazaron de plano. 

Con él, el Ministerio quería evitar, además del colapso del sistema sanitario que cada invierno producen los virus respiratorios, situaciones como la del año anterior, cuando acabó imponiendo el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios en todas las comunidades.

Sin embargo, el veto de las populares al plan propició que finalmente el documento acabara publicándose en la web del Ministerio como una guía de recomendaciones, entre las que figuraba el uso gradual de mascarilla en función de la intensidad de la epidemia o contemplar la baja de trabajadores de centros residenciales que estén en contacto con personas vulnerables.

"El año pasado, por causas ajenas a nuestra voluntad, no se pudo implementar dicho protocolo, y su publicación como mera recomendación limitó su alcance", lamenta la ministra.

También este año, las comunidades del PP han vuelto a rechazarlo, en concreto en la Comisión de Salud Pública que se celebró el 13 de noviembre, pese a lo cual Sanidad considera "prioritario retomar el diálogo para consolidar el consenso técnico ya alcanzado" hace un año.

"Parte de la salud de la ciudadanía depende de la confianza institucional, especialmente en situaciones epidémicas que pueden tener efectos significativos en la salud pública y en el funcionamiento de los servicios", concluye antes de invitarles a "seguir trabajando" para conseguir el acuerdo en próximas reuniones de la Comisión.