El Domingo de Resurrección no será la última estación del viacrucis. Este año, se convertirá en la primera. Al menos, para PP y PSOE. Ambas formaciones se enfrentarán tras el parón de la Semana Santa a dos de los casos de corrupción política que más les han impactado. Por un lado, el caso Mascarillas. Por otro, la operación Kitchen. Juicios que sentarán en el banquillo de los acusados a exministros conservadores y socialistas. Y que discurrirán en paralelo durante todo el mes de abril. Uno, en el Tribunal Supremo. Otro, en la Audiencia Nacional.

La primera causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. Es el punto de partida de una trama corrupta que podría haberse extendido también a la adjudicación de obra pública –extremo que aún está siendo investigado–. Y el origen de todos los quebraderos de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Al fin y al cabo, el caso ya ha salpicado a los dos últimos secretarios de Organización socialistas: Ábalos y Santos Cerdán.

El instructor da por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración. Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que disfrutaba una expareja de Ábalos, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública.

Un centenar de personas se sentarán frente al tribunal durante trece largas sesiones. Juicio al que los tres acusados llegan en posiciones muy distintas. Ábalos y Koldo están en prisión. Aldama, en libertad. Para los primeros, Anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, frente a los siete años que solicita para el empresario. Una diferencia de trato que responde, fundamentalmente, a la colaboración de Aldama durante la instrucción, que básicamente ha consistido en reconocer hechos y en confirmar y contextualizar los que ya tenían los investigadores.

La vista oral del caso Mascarillas sería, sin duda, una buena baza en la batalla política para el principal partido de la oposición, quien ejerce, al igual que Vox, la acusación popular. Si no fuera porque la misma se solapará durante todo el mes de abril con otra que afecta de lleno al PP: Kitchen. Este juicio, que se centra en la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para la formación conservadora que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas en plena investigación de Gürtel, arrancará un día antes que el de Ábalos en la Audiencia Nacional. Y en él estarán presentes como acusación popular tanto PSOE como Podemos.

Once personas ocuparán, en este caso, el banquillo de los acusados. Entre ellas, las que conformaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy la cúpula del Ministerio del Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Y un nutrido grupo de comisarios e inspectores estrechamente vinculados con las cloacas –José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Diez Sevillano y José Luis Olivera–. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández Díaz, Martínez y Pino 15 años de prisión.

El escrito de acusación describe el funcionamiento de la trama desde la primera mitad de 2013. Fue entonces cuando "desde la cúpula" de un Ministerio del Interior se "ideó" una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a obtener "tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenes que pudieran resultar "incriminatorias" para el PP, todo a fin de evitar que las mismas fueran aportadas formalmente al procedimiento judicial que se seguía en la Audiencia Nacional.

Para llevar a cabo dicha operación parapolicial, se contactó con Ríos, quien como chófer de Bárcenas tenía un "gran conocimiento" de los "movimientos y actividades" de la familia y "hacía gestiones privadas propias" para la misma. Al mismo tiempo, desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, que lideraba Pino, se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre el extesorero y su esposa. En dichas vigilancias, recoge Anticorrupción, llegaron a participar ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del cuerpo. Unas labores que se financiaron con cargo a los fondos reservados de Interior. Así, Anticorrupción calcula que se sacaron de la caja de fondos reservados al menos 57.939,43 euros para recompensar a Ríos.

En ambos juicios prestarán declaración como testigos miembros y exmiembros del Gobierno. En el caso Mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes en el pasado estuvieron al frente de los Ejecutivos balear y canario –dos territorios en los que penetró la trama– testificarán por escrito. Y en Kitchen, declararán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido o la extitular de Defensa María Dolores de Cospedal. Todos ellos, el 23 de abril.

La ex secretaria general del PP llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamente en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. De la existencia del mismo, que no ha sido suficiente para reabrir la investigación, se enteró de casualidad la acusación popular del PSOE, que denunció que el mismo no había sido puesto a disposición de las partes. Tanto el oficio de junio de 2022 como el informe de octubre de 2023 formarán parte del juicio en la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ha rebajado casi a la mitad, de 79.942 euros a 39.000 euros, las costas que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz debe abonar por el coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según recoge EFE. 

La letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Supremo ha considerado indebidas parte de las costas, estimando parcialmente la impugnación hecha por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía contra el cómputo de las costas, que ambos consideraban tanto indebidas como excesivas.

El decreto, dictado este jueves, reduce el importe de la minuta del abogado y el procurador al excluir del cómputo diferentes recursos, incluidos los 18 de apelación resueltos por el Supremo, cuyas costas solo se imponen en casos de mala fe o temeridad. 

El segundo motivo por el que se impugnó la tasación fue por costas excesivas y en este caso el Supremo ha acordado seguir tramitando la impugnación pidiendo un informe sobre las minutas fijadas, por lo que el monto de las costas podría volver a variar en el futuro.

La letrada solicita este informe, preceptivo pero no vinculante, al Consejo General de la Abogacía Española de forma conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), después de que Abogacía y la Fiscalía pidiesen que no fuese elaborado por el ICAM porque este colegio ejerció la acusación en el juicio,

Al respecto, la letrada señala que no cabe "dudar de la imparcialidad" de este colegio ni sobre su competencia para elaborar el informe, pero agrega que "tampoco existe obstáculo legal" para de forma excepcional y ante las "peculiaridades" de este proceso se elabore el informe junto al Consejo General.

El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda y le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y las costas procesales. 

El ex fiscal general ya pagó la multa y la indemnización con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien "asume íntegramente dicho pago como propio".

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que la pieza de la vía que se rompió en el accidente de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas, no ha sido todavía enviada al laboratorio para su análisis, según recoge EFE. 

En un foro organizado por eldiario.es, Puente ha explicado que la investigación del caso está en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de la justicia, por lo que el asunto no está en su mano, pero sí ha avanzado que la pieza no está siendo aún analizada. No obstante, ha incidido en que el accidente no tiene relación con la inversión en el mantenimiento de la infraestructura, porque el carril afectado se acababa de renovar. 

La inversión en seguridad "nunca es demasiada" e invertir más en mantenimiento "siempre es plausible". "Es un debate aceptable y sano pero siempre tratando de desligarlo del accidente".

Puente ha añadido que en mantenimiento ha habido "décadas de retraso" en las inversiones, que el Gobierno actual está corrigiendo, no solo en ferrocarril, sino también en la red de carreteras, donde ha cifrado el déficit de conservación en 5.000 millones de euros, que en estos últimos años "se está enjugando". 

Las debilidades del sistema se encuentran, ha añadido, en el transporte de mercancías por carretera, cuya cuota no llega al 4% y debe situarse en el 10% en 2030, con un objetivo a más largo plazo del 17% de la media de la Unión Europea. 

En este ámbito el reto principal es la conexión con los puertos, porque casi el 50% de las mercancías se mueven por esa vía, por lo que es preciso un enlace entre el sistema ferroviario y los puertos, además de la red de terminales logísticas, que consta de seis nodos de enlace. También en el transporte urbano España está "en franca inferioridad" respecto a Europa. 

El ministro ha defendido que el debate en torno a la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Málaga "es un claro ejemplo de que los transportes son un arma arrojadiza" en el terreno político. 

Ha explicado que lo que ocurrió en la localidad malagueña de Álora, donde se derrumbó un talud por las fuertes lluvias de enero y febrero que impide la circulación de trenes, es "lo mismo que ocurre en 33 carreteras autonómicas y locales andaluzas, que en este momento siguen cortadas". 

"No sé qué está haciendo la Junta para arreglar eso, pero Adif trabaja 24 horas al día con 23 máquinas y 75 trabajadores, porque hay que desmantelar por completo el talud".  Ha considerado "decepcionante" el comportamiento de "gente seria" como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), porque el ayuntamiento de esa localidad ha pedido su dimisión por la suspensión del servicio de alta velocidad con Madrid. 

"No tengo previsto dimitir", ha dicho Puente. "Si el presidente hubiera tenido la tentación de cesarme, en las ultimas 24 horas lo hubiera tenido fácil; pero no parece que sea su intención".

La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, ha admitido la personación en el caso como acusación popular de hasta seis entidades privadas y ha rechazado otras cuatro que lo habían solicitado.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza señala que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo exige para la válida personación como acusación popular aspectos como la "capacidad procesal y legitimación formal", la "representación mediante procurador y asistencia de letrado", la "prestación de fianza, salvo dispensa" y la "ausencia de abuso de derecho o fraude procesal".

Por ello, tras examinar hasta diez solicitudes de personación, ha admitido los requerimientos de Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación Hazte oir, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación liberum.

Según la jueza, se constata que comparecen con "la postulación adecuada, han manifestado su voluntad de prestar fianza exigible y no se aprecia finalidad espuria ni desviación del proceso penal".

Sin embargo, se inadmite la personación del Partido Iustitia Europa por falta de cumplimiento de requisitos formales concretados en la falta de autorización/acuerdo del órgano correspondiente para el ejercicio de la acción penal como acusación popular en el presente procedimiento, así como del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), y los ayuntamientos de Punta Umbría y Huelva.

Respecto de la cuantía de la fianza, atendiendo al número especialmente elevado de acusaciones populares interesadas, la naturaleza del procedimiento, la necesidad de preservar y asegurar el adecuado desarrollo del mismo evitando disfunciones derivadas de una pluralidad excesiva de partes acusadoras, se estima procedente fijar un "importe de tres mil euros" para cada una de las acusaciones populares que se admiten.

Además, a fin de garantizar la economía procesal, la buena marcha del proceso y evitar dilaciones indebidas, se hace expresa advertencia de que, en su caso, "podrán adoptarse medidas de coordinación, acumulación o unificación procesal de la actuación de las acusaciones populares a la vista de las facultades de dirección procesal de esta instructora". 

La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a que aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución de varios metros de carril en el lugar del suceso.

En una providencia dictada el martes y a la que ha tenido acceso EFE, la jueza da cinco días a Adif para que "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2".

Además, insta a la "identificación de la mercantil o empresa suministradora del carril defectuoso, su representante legal, director técnico de la empresa suministradora que informó del defecto, persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva, trabajadores o técnicos de Adif con los que la empresa suministradora y su director técnico trataron la incidencia y trabajador o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril".

Asimismo, la jueza pide a la Guardia Civil a que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la "sustitución de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2" y si el supuesto defecto "pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321'098 al 315'974, dando inmediata cuenta a este órgano judicial".

Finalmente, también requiere la jueza a Adif a que en cinco días "certifique ante este órgano judicial que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad" y que en el mismo plazo "aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317'300 y 317' 342".

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que investigue si hubo maniobras policiales cuando gobernaba el PP contra el exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán que le relacionaron con un supuesto caso de tráfico de drogas para acceder a sus cuentas bancarias y a información personal y de su entorno.

La sección tercera de lo Penal ha estimado un recurso de Urbán y ha instado al juez a tenerle como acusación particular en la causa judicial donde investiga la supuesta puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido, según el auto adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE.

En un principio, el juez Pedraz rechazó dar a Urbán la condición de acusación al considerar que el antiguo cargo de Podemos "fue objeto de investigación por un presunto delito de tráfico de drogas" en unas diligencias de la Fiscalía Antidroga que, según el magistrado, no tenían "vínculo alguno" con la causa que dirige.

Un argumento que fue combatido por el abogado de Urbán, que alegó que su denuncia tiene "una evidente conexidad" con lo que investiga el juez, pues se trata de "una actuación policial desarrollada por el mismo grupo de policías, dependiente del director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino", número dos de la Policía entre 2012 y 2016, cuando gobernaba el PP.

Urbán menciona en su recurso -ahora estimado- la denominada operación Cardenal, un "auténtico montaje policial" a través de supuestos confidentes que le implicaba en el presunto tráfico de 40 kilos de cocaína para, "con ello, posibilitar el acceso a las cuentas corrientes y otra información personal" suya y de su entorno, y justificar la consulta en bases de datos del entonces líder del partido, Pablo Iglesias, y del entonces senador Josetxo Arrieta.

En su auto, la Sala subraya que en la época de los hechos descritos por Urbán, este ejercía "funciones públicas en el Parlamento Europeo, en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo, sin perjuicio además de otras personas que ejercían o ejercer en la actualidad funciones de carácter político".

Los magistrados dejan a criterio del juez si abre una pieza separada para investigar estos hechos.

Entre los investigados figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

El Tribunal de Apelación de París rechazó este jueves la demanda del Gobierno francés para suspender el 'marketplace' de Shein tras el escándalo por la detección de muñecas sexuales con aspecto de niñas y otros productos prohibidos que ofrecían algunos comerciantes asociados a la plataforma china.

Los jueces confirmaron el dictamen en primera instancia con el argumento de que actualmente ya no se está produciendo el daño que justificó la intervención del Estado en otoño, cuando las autoridades habían amenazado incluso con suspender la actividad del gigante chino. Además, añadieron en un comunicado que tampoco se puede afirmar que haya "un daño futuro cierto", lo que viene a desmentir la posición del Ejecutivo con su demanda.

La razón es que la empresa china había reaccionado rápidamente para retirar los productos prohibidos y había establecido "medidas de control" para sus propios productos y para los de los vendedores externos.

En una primera reacción, el Ejecutivo quiso resaltar en un comunicado que el Tribunal de Apelación al menos obliga a Shein "con carácter inmediato" medidas de verificación de la edad para los productos de carácter pornográfico que comercialice y que si no lo hace se expone a una multa de 10.000 euros por cada infracción. El Gobierno afirmó que se mantendrá "extremadamente vigilante" sobre la aplicación de esa decisión.

Tras señalarse en noviembre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil, pero también de armas ilegales y medicamentos, el Gobierno planteó el cierre de Shein, que respondió retirando esos artículos, suspendiendo temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa.

El Ejecutivo, no obstante, intentó en un primer momento que la Justicia diera su visto bueno a un cierre durante tres meses de la plataforma, pero después de que el Tribunal Judicial de París lo descartó en diciembre, se limitó a reclamar la suspensión de su cíbermercado con comerciantes exteriores.

A la vista del revés judicial que sufrió este jueves, el Gobierno subrayó "la necesidad de que evoluciones el derecho actual en el plano nacional y europeo y reforzar los poderes de sanción de las plataformas de comercio en línea", algo en lo que dijo que ya está trabajando. De hecho, señaló que "gracias a la movilización de las autoridades francesas" la Comisión Europea ha abierto una investigación y si se detectan incumplimientos de la normativa, "Shein se expone a sanciones que pueden alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial".

Durante un receso, Alexandre Djouhri se abrió paso entre los abogados y el público para coger del brazo a Édouard Ullmo, exdirectivo de Airbus también procesado en el caso, que salía de la sala. “Espero que no te mantengas en la misma línea que la última vez”, le espetó, antes de volver a la sala, sonriendo de oreja a oreja. “Ullmo está loco. Dice que no me conoce. Yo conozco a su mujer, a sus hijos…”, ironizó el intermediario, condenado en primera instancia a seis años de prisión firme.

El miércoles, en el tercer día del juicio de apelación sobre los fondos libios, los acusados siguen tanteándose. ¿Se atreverá alguno de ellos a salirse del guion? Alineados y sentados detrás de pequeñas mesas con sus nombres, ya solo son siete, en ausencia de Claude Guéant (declarado no apto para comparecer por razones médicas, ndt) bajo las lámparas de araña de la sala de audiencias de la primera sala civil del tribunal. Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux, que son los primeros de su fila, se han dado ostensiblemente la espalda durante tres días. Uno estaría tentado de ver en ello una señal, pero no está nada claro.

Tras anunciar que se unirían “en el fondo” los dos argumentos planteados el martes por la defensa del expresidente —la inmunidad presidencial y la competencia del Tribunal de Justicia de la República—, y antes de interrogar al exministro Éric Woerth, el presidente del tribunal, Olivier Géron, llamó al estrado a las familias de las víctimas del atentado del DC-10 para sus primeras declaraciones.

“Ahora tenemos certezas. Es difícil aceptar que un presidente de la República haya negociado la impunidad de quien mató a nuestros familiares”, explica Guillaume Denoix de Saint Marc, hijo de una víctima del atentado, sorprendido al ser llamado a declarar. Danièle Klein y Yohanna Brette, hermana e hija de víctimas respectivamente, asimismo invitadas a declarar, denuncian también brevemente “la omnipresencia” de Abdallah Senoussi en este caso y “las reuniones” de Claude Guéant y Brice Hortefeux con el número dos libio, responsable de los atentados del régimen.

Estas conversaciones secretas constituyen el núcleo del pacto de corrupción del que se acusa a los colaboradores de Nicolas Sarkozy.

Con los brazos firmemente apoyados en la mesa del tribunal, el presidente del tribunal, Olivier Géron, de pelo corto canoso y complexión de jugador de rugby, conoce a algunos acusados mejor que a otros. Y viceversa. El magistrado interrogó a Alexandre Djouhri, al banquero Wahib Nacer y a Nicolas Sarkozy por videoconferencia desde sus centros de detención, cuando tuvo que decidir sobre su puesta en libertad. Una ventaja para él, una desventaja para ellos. Los llama por turnos para que hagan unas declaraciones preliminares y para que, en su caso, enseñen algunas cartas.

“Básicamente, recurro porque he sido víctima de una trampa”, resume Alexandre Djouhri con ánimo.

“Señor Djouhri, sé cómo se expresa usted. Sus palabras son a veces algo precipitadas. Intente expresarse con fluidez para el señor secretario…”, intenta el presidente.

Indiferente a este comentario, el intermediario se lanza sin pensárselo dos veces. Quiere explicar “la trampa”. Fue detenido el 7 de enero de 2017 cuando iba al cumpleaños de su hija en Londres. Le leyeron una orden de detención europea en la que se mencionaba a Mediapart y la acusación de “haber participado en la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por un importe de 50 millones” de euros. Fue encarcelado y luego puesto en libertad bajo fianza. Finalmente, cuando salió libremente de Londres hacia París, la trampa le esperaba a su llegada.

“GIGN [grupo de intervención de la gendarmería, ndt], pasamontañas, metralleta, ¡rumbo a [la prisión de] Fresnes!”, resume. “Nunca en mi vida he huido de la justicia. Pero todos los artículos me hacían parecer un deus ex machina. Me han encarcelado cuatro veces por motivos falsos, pero sigo en pie. Si estoy aquí en 2026, es porque no han encontrado nada. No voy a morir con los ojos vendados. Si le hubiera pasado a otra persona, estaría hablando en sánscrito.”

Con la mirada fija en el acusado, el presidente y sus asesoras intentan seguirle. Alexandre Djouhri continúa. Dice haberse enfrentado a “una instrucción monárquica”. “Pin-pon, fase 4, terrorista”, resume de nuevo. “¡Pero denme una prueba! Nunca he recibido una acusación, salvo la de Ziad Takieddine —que en paz descanse— en la prensa”.

Denuncia “el poder de la prensa”, que ha hablado “a lo largo y lo ancho” del “espectro Djouhri”, del “atrevido Djouhri”. “Para ser atrevido hay que estar condenado…”, añade. Según él, Manuel Valls, entonces primer ministro, había dicho que iba a “acabar en la cárcel”. “Así que han puesto precio a mi cabeza”, concluye de golpe.

Nicolas Sarkozy, con traje negro y camisa a rayas blancas y azules, sube al estrado.

“Señor presidente, he recurrido porque no he cometido ninguno de los hechos por los que he sido condenado. Movilizaré todas las fuerzas de las que soy capaz para defender esta verdad arraigada en mí”, dice. Por lo tanto, “no tengo declaraciones preliminares”. “Desde mi punto de vista, no hay necesidad de explicaciones en esta fase”, concluye.

Si Olivier Géron esperaba una larga intervención del expresidente, se llevó una decepción.

En la misma línea, Brice Hortefeux se declara “totalmente inocente de los cargos que se le imputan”. “He recurrido porque el tribunal consideró que me había reunido con Abdallah Senoussi de forma premeditada. Eso es falso. Lo demostraré ante este tribunal”, asegura con cierto tono solemne. También promete demostrar que “ese breve encuentro” no tenía por objeto obtener financiación libia para la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Y también que tampoco “contribuyó a una transferencia de fondos públicos libios a Francia al entregar un documento bancario”.

Desde el 26 de septiembre, no hay “una sola mañana” en la que no se pregunte por los motivos de la sentencia de primera instancia, que considera “injusta e infundada”. “Una suma de hipótesis no constituye una verdad”, afirma.

El banquero Wahib Nacer se declara “totalmente inocente”. Thierry Gaubert se felicita de que el tribunal, en su sentencia, finalmente no lo haya incluido en “la asociación de malhechores”. Édouard Ullmo no tiene nada que declarar. Por último, Éric Woerth, absuelto en primera instancia, considera que “no hubo financiación ilegal en esta campaña”.

Los siete acusados no muestran, por el momento, ningún signo de cambio.

El presidente Géron se dará cuenta de ello al interrogar a Éric Woerth, nombrado el 13 de marzo presidente del PMU (Pari mutuel urbain, Apuestas mutuas urbanas, que gestiona las apuestas hípicas).

El tribunal trata en primer lugar de comprender el cambio de Éric Woerth, tesorero histórico del clan Chirac —había sido desde 1993 director financiero del partido RPR—, hacia el clan a priori adversario de Nicolas Sarkozy, cuando este último se convirtió en presidente del partido UMP en 2004. “Pensó que podía quedarme en su equipo”, dice simplemente Éric Woerth.

En cuanto a la campaña de 2007, el exministro recuerda una reunión, una sola, con Nicolas Sarkozy, quien le pidió que fuera su tesorero. Claude Guéant ya estaba organizando la campaña. Por desgracia, Éric Woerth no tiene memoria para las fechas.

“¿Cuándo dejó de ser tesorero de la UMP para convertirse en tesorero de campaña?”, pregunta Olivier Géron.

— “En 2006. Un año antes [de las presidenciales].

— En la agenda del Sr. Hortefeux hay menciones de reuniones a principios de 2005. El 18 de enero de 2005, ‘Cita con Woerth en NS, comité directivo’. El 16 de febrero, ‘Entrevista en NS, presupuesto con BH’. Estamos en 2005.

— Son reuniones para sentar algunas bases con personas que pueden desempeñar un papel.

— Así que, en febrero de 2005, ya se empieza a hablar de la campaña y de su financiación.

— No lo recuerdo. Quizá fuera 2005”, acaba por confirmar Woerth.

La precisión es importante, ya que es en la primavera y el verano de 2005 cuando se establecen los primeros contactos en Libia, antes de que Claude Guéant y Brice Hortefeux se desplazaran allí para reunirse con Abdallah Senoussi, en octubre y diciembre.

En diciembre de 2006, el presidente señala una reunión en la agenda de Brice Hortefeux: “NS recibe a Woerth, BH debe estar presente, presupuesto de campaña”.

“¿Qué es esta reunión y por qué es necesario que esté el Sr. Hortefeux?

— Formaba parte de la asociación de financiación de los amigos de Nicolas Sarkozy. Brice es un viejo amigo”, justifica Éric Woerth.

— “Hay algo que no entiendo”, insiste el presidente. “Pone ‘presupuesto de campaña’. Si miramos la aportación de la asociación [a la campaña], son 240.000 euros. En términos presupuestarios, no es nada. ¿Por qué es necesario que el Sr. Hortefeux esté presente?

— En primer lugar, en aquel momento no sabía que aportaba 240.000 euros. Era normal que Brice estuviera allí. Brice era amigo de Nicolas Sarkozy”.

Hay, pues, cosas que Éric Woerth no puede explicar. Así, asegura que “nunca fue informado del alquiler de una caja fuerte por parte de Claude Guéant”. Es en esa caja fuerte, abierta en 2007 en el banco BNP Opéra, donde el exdirector de campaña afirma haber guardado los discursos de Nicolas Sarkozy.

Por último, sigue sin poder explicar la llegada de dinero en efectivo no declarado a la campaña presidencial de la que era tesorero. La investigación ha encontrado rastro de una suma de 35.000 euros distribuida entre una veintena de personas del equipo de campaña. “Cae del cielo”, resume Éric Woerth, quien decide recompensar a parte de su equipo con este dinero enviado de forma anónima. Sostiene, sin convencer, que no se trata de un gasto electoral, ya que el dinero no se abonó hasta el día siguiente a las elecciones.

Según los investigadores, la circulación de efectivo habría sido mucho mayor. Algunos testigos hablan de un “desfile” de personas que “vienen a recoger su sobre” a la sede de la UMP. “Hay mucho chismorreo ahí de por medio”, protesta Éric Woerth. “No tengo la impresión de haber cometido una falta grave. La campaña se financió con cheques. No la financió Libia, la financió la Société Générale”.

“Entonces, ¿cómo llegaron esos 35.000 euros?”, pregunta Olivier Géron.

— “Llegaron en unos diez envíos, ya fuera a la UMP, a la sede de la campaña, a mi nombre o a la dirección financiera. No hay nada indicado. Se observa que hay una serie de entregas de dinero que suman unos 35.000 euros. Se detiene al cabo de unos meses. No se utilizó en la campaña.

— Pero entonces, ¿por qué no hay ningún testimonio? Ningún empleado confirma que se haya producido esa entrada de dinero en efectivo…

— Es normal, nadie abría el correo. Era yo quien lo abría.

— ¿Era usted personalmente quien abría los sobres?

— Sí.”

Éric Woerth asegura que el ambiente de la campaña era “extraordinario”. Y que, por lo tanto, hay “gente que [hizo] cosas extraordinarias e incluso un poco extrañas”. Los gastos que figuran en las cuentas de campaña deben poder rastrearse. “Esas sumas no rastreables” no podían, por tanto, integrarse en la campaña, reconoce el exministro.

El presidente Géron recuerda que, legalmente, el candidato se expone a sanciones penales en este asunto.

“¿No le habló al Sr. Sarkozy de esta entrada de dinero en efectivo? Al fin y al cabo, él era el responsable.

—Quizá debería haberlo hecho, pero no lo hice porque es algo anecdótico en la campaña”.

La Fiscalía General continuará el interrogatorio al exministro el lunes por la tarde.

Entre los 230 artículos publicados por Mediapart sobre el caso libio, uno de ellos, en abril de 2012, se hacía eco de la revelación de una nota procedente de los archivos del régimen de Gadafi. Esta nota, fechada en diciembre de 2006, mencionaba un acuerdo de financiación para la campaña presidencial de 2007. Se la denominó la “nota Koussa”, por el nombre de su firmante, Moussa Koussa, exjefe de los servicios secretos exteriores libios.

En su sentencia del 25 de septiembre de 2025, en la que condenaba a Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, el tribunal de París consideró que “lo más probable es que este documento sea falso”. Esa valoración ha sido utilizada en varias ocasiones desde entonces por Nicolas Sarkozy para cuestionar duramente el trabajo de Mediapart. En particular en su obra Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero, edit. Fayard), en la que escribió, en la página 54: “El caso Dreyfus prosperó sobre la base de documentos falsos. El mío comenzó sobre la base de la falsificación de Mediapart.”

Mediapart, a través de su abogado, Emmanuel Tordjman, envió el lunes 16 de marzo al presidente del Tribunal de Apelación, Olivier Géron, una breve carta que fue distribuída, tal y como habíamos solicitado, a todas las partes del proceso (acusados, partes civiles y fiscales). Esta carta se redactó para señalar que la valoración del tribunal de París contradecía varias resoluciones judiciales. De hecho, en tres ocasiones, y de forma definitiva ante el Tribunal de Casación en 2019, la autoridad judicial concluyó que la “nota Koussa” no era ni una falsificación intelectual ni una falsificación material, desestimando así las denuncias de Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux.

Uno de los cinco abogados del expresidente de la República, Sébastien Schapira, solicitó el miércoles 18 de marzo que la carta de Mediapart fuera “desestimada”, al considerar que se trataba de una “injerencia” susceptible de menoscabar “la serenidad de las deliberaciones” del juicio de apelación sobre la financiación libia.

El fiscal general, Damien Brunet, consideró por su parte que la solicitud debía ser denegada, ya que la carta podía ser debatida de forma contradictoria. Una postura compartida por el abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, quien añadió que la misiva de Mediapart no contenía ningún elemento que no fuera ya conocido.

Invocando el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, según el cual “el juez solo puede basar su decisión en las pruebas que se le presenten durante el juicio y que hayan sido discutidas de forma contradictoria ante él”, el presidente del Tribunal de Apelación rechazó finalmente, tal cual, la solicitud formulada por la defensa de Nicolas Sarkozy.

Traducción de Miguel López

Este miércoles comenzó el proceso judicial entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la inmobiliaria Alquiler Seguro. La demanda, interpuesta en 2024 por los inquilinos organizados en torno a la agrupación, acusa a la empresa de cobrar “honorarios encubiertos” y de retener “de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres”. Azael Babiano, abogado de la acusación, explicó a la salida de los juzgados que, tras la audiencia previa de hoy, la primera vista se ha fijado para febrero de 2028. “A los inquilinos que estaban pagando estas cláusulas les hemos dicho que dejaran de hacerlo porque son abusivas”, explican desde la agrupación sindical. Pese a que el juicio se dilatará otros dos años, este es un capítulo más en la batalla que muchos arrendatarios libran contra los sobrecostes que imponen ciertas agencias de alquiler de vivienda. 

El caso más llamativo son los honorarios de agencia, una tasa que se declaró ilegal en 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Desde ese momento, la normativa entiende que estas empresas ofrecen un servicio a los caseros y, por tanto, el inquilino no es quien debe abonarla. “Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia”, señalaba a infoLibre el portavoz del Sindicato de Inquilinas madrileño, Pablo Pérez. La “asimetría” de poder y “la urgencia del mercado”, explicaba, terminan por obligar a la gente a aceptar “condiciones abusivas o ilegales” si quieren tener un techo. En el caso de esta demanda, el sindicato afirma en su nota que “Alquiler Seguro camufla esta práctica bajo el sobrenombre de ‘servicio de atención al inquilino’, un servicio inventado que los inquilinos no reciben, no firman y del que no pueden desistir”.

La empresa tiene dos frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales; por otro, la denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que este miércoles ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla. "No lo decimos únicamente nosotras. Tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3,6 millones de euros por esas mismas prácticas abusivas", explica Rufina Parra, una de las afectadas y portavoz de los inquilinos. 

La agrupación sindical señala que la documentación aportada durante el procedimiento investigador “proveniente de varias afiliadas al sindicato”, demostraría que la inmobiliaria “exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino con las que se quedaba la propia empresa”, apunta en una nota de prensa. “Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico seguro de impago”, añaden. Además de estos dos puntos, también denuncian un presunto delito contra la protección de datos, al “obligar” a ceder sus datos a las dos partes implicadas en los contratos de alquiler.

La demanda comenzó su recorrido hace dos años y para sustentarla, el sindicato enumera diversas prácticas de dudosa legalidad: “Solicitan una cantidad de 200 euros por reservar un piso y puedes acabar perdiéndolos si al final no eres el inquilino elegido. Hay una letra aún más pequeña en la que se indica que, si pagas ocho euros, te aseguran la devolución de la reserva”. En otros casos hablan de exigencias como revisar “los últimos tres meses de movimientos bancarios” o exigir "un pago de 180 euros" por un estudio de solvencia cuando haya un cambio de nombres de las personas que habitan la vivienda.

La sanción del Ministerio de Consumo tenía también como objetivo poner el foco en una práctica que no se limita solo a una compañía. "Es un mensaje a otras empresas", señalaba el ministro Pablo Bustinduy tras anunciar la apertura de expediente. Su intención, apuntaba, era "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de prácticas, especialmente en materia de vivienda". Por su parte, Alquiler Seguro sostenía en una nota de prensa que cumplía con la ley y que "todos los servicios de la compañía son públicos, transparentes y voluntarios".

Estas tasas abusivas son, para los colectivos de vivienda y las asociaciones de consumidores, el gran elefante en la habitación. Facua ha denunciado en varias ocasiones y el propio sindicato ha mediado en reclamaciones que no llegaron finalmente a los tribunales. "Los tiempos de la justicia son lentos", apuntó Babiano a la salida de los juzgados, quien también se mostró optimista sobre el desenlace de la sentencia. "El resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando", concluyó.

Pero también hay sobrecostes abusivos que van más allá de este caso concreto: seguros de impago que debería abonar el casero, pero repercuten en el inquilino; cobros por visitar una vivienda que ni siquiera sabes si vas a alquilar; o gastos indebidos de comunidad y basuras son algunos ejemplos habituales que denuncian quienes buscan piso en la vorágine del mercado inmobiliario. 

Además, un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA, por sus siglas en catalán) titulado El impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler constata que estas prácticas han aumentado en los últimos años. En el caso de Madrid, entre quienes llevan más de 5 años en la misma vivienda, un 29,8% afirma haber pagado honorarios a la inmobiliaria. Entre personas que llevan menos de cinco años, ese porcentaje se dispara al 62%. El informe también constata que las agencias gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas en alquiler; en concreto, median en el 34% de las operaciones en Madrid y en el 74,8% en Barcelona.

El informe de IDRA coincide con la sensación de los sindicatos de inquilinas. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler, y todo parece indicar que en una parte significativa se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la Ley de Vivienda de 2023", concluyen.

Los sindicatos advierten que la persistencia de esta práctica se alimenta de la presión por conseguir un piso y de la altísima demanda. Ambas hacen que muchas personas terminen pagando estas tasas ilegales, aun sabiendo que tienen derecho a negarse, para conseguir un techo. Un dato que ayuda a ponderar la velocidad del mercado del alquiler es que el 15% de las viviendas que se anunciaron en el portal Idealista tardaron menos de 24 horas en encontrar un inquilino. En Barcelona y Girona ese porcentaje se elevó hasta el 36% y en Madrid se quedó en un 11%.

En cuanto a los precios, este miércoles un informe de UGT apuntaba que las mensualidades del alquiler cada vez se llevan un bocado mayor de los salarios. Constata, en base a 4.300 entrevistas, que casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% del salario al pago y que un 31% se había mudado de piso cinco veces o más. "El alquiler es insostenible", remataba el estudio. Y más aún, si se le suman costes extra.

La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que expulse a la actriz Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual, ante el "carácter irrevocable" de su renuncia inicial a seguir en el caso, y que decrete el archivo, según informa EFE.

Para la abogada de Errejón, la decisión de Mouliaá el pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir "por imperativo legal" al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento. 

Es algo que la defensa ya argumentó ante el juez que investiga esta causa, Adolfo Carretero, quien sin embargo rechazó archivar el caso y consideró que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial.

Ahora, la abogada de Errejón, Eva Gimbernart, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, recurre ese rechazo del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además ya tiene encima de la mesa su recurso contra el procesamiento del exdiputado por presunta agresión sexual.

Será este órgano judicial quien determine, de esta forma, el futuro de una causa que nació con una denuncia de la actriz contra el diputado por presunta agresión sexual el 8 de octubre de 2021. Hace unas semanas, otra mujer, cuya identidad no ha trascendido, presentó una segunda denuncia por este delito que el lunes una jueza archivó al no haber ratificado los hechos la denunciante en el juzgado.

En su recurso, la abogada de Errejón reitera que la renuncia inicial de Mouliaá "es irrevocable", fue firmada "de puño y letra" por ella, e implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal, sin ser necesaria ni su ratificación ni la firma de su letrado. "Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade.

Incide la letrada de Errejón en que no se trató de un escrito "fortuito, rápido, inconsciente o fruto de una decisión irracional ni de un error" y subraya que Mouliaá no solo renunció sino que pidió el archivo del caso, y eso a pesar de que había sido advertida de las consecuencias por su abogado.

La defensa del expolítico deja claro que la actriz no ha presentado documentación médica que acredite que su estado mental afectó en la decisión de retirar la acusación, ya que la depresión que tiene diagnosticada "no tiene ninguna relación con la crisis de ansiedad" que según su letrado la llevó a dejar la causa.

Ve "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente continuaba en la causa para seguir hasta el final ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón.

Insiste asimismo en que la retirada de la denunciante y la postura de la Fiscalía "conducen" al archivo en base a la denominada doctrina Botín, que sostiene que un proceso penal no puede seguir adelante solo con la acusación popular, como sería el caso si la Audiencia Provincial tiene por renunciada a Mouliaá. 

Fuentes de la defensa de Errejón han dicho a EFE que la renuncia de Mouliáa "es un acto jurídico irreversible", como demuestra la jurisprudencia al respecto, e insisten en que este caso debería haber sido archivado hace tiempo, como sostiene la Fiscalía.

Una nueva jueza de instrucción en Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP regional, Ana Millán, por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de la localidad de Arroyomolinos (Madrid), según informa EFE.

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la nueva magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, Plaza nº6, la jueza Marta Hernández Lafuente, ha archivado la investigación al no quedar acreditada "la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni fraude contra la Administración Pública".

El dictamen llega después de que la Fiscalía solicitara el pasado 4 de marzo el sobreseimiento provisional al "no quedar debidamente acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Este asunto se remonta al año 2016, cuando el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación existente entre Ana Millán y la empresa Neverland Eventos S.L en la época en que la primera ostentaba la condición de concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

En concreto, denunciaba un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a la adjudicación de unos supuestos contratos irregulares por parte de Millán a la mercantil Neverland Eventos SL, del empresario Francisco Vicente Roselló Baldó, quien a su vez había efectuado una serie de pagos a una cuenta corriente de Millán.

Unos pagos que, según lo declarado a la Agencia Tributaria por Neverland Eventos SL, se justificaban bajo el pago de alquiler de un ático, por lo que también se le imputaba por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

En relación a estos pagos, la jueza ha deducido que se corresponden con un contrato de alquiler con opción de compra concertado entre las partes sobre un ático sito en la Plaza Mayor de Arroyomolinos, propiedad de Millán.

La magistrada ha descartado así que la conexión temporal de estos ingresos con la etapa de concejal de la investigada indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de Roselló y sea "indicio suficiente de la comisión de delito por los investigados".

Ha concluido que "no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas".

Lafuente ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, "puedan corresponder al perjudicado", además, ha suspendido las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026.

El Tribunal de Cuentas investigará la gestión de los hospitales públicos que la Comunidad de Madrid tiene concesionados a Grupo Quirón y a Ribera Salud, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE que alertaba de posibles irregularidades.

En una diligencia a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas acuerda abrir "la correspondiente pieza de acción pública" relativa a esa denuncia y requerir al PSOE que, si quiere ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debe personarse en un plazo de nueve días e "individualizar los supuestos" que se hubieran podido producir.

El PSOE presentó el pasado 20 de febrero una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada.

Los socialistas llevaron al Tribunal de Cuentas un documento interno, que adelantó eldiario.es, por el que el Gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por una deuda que se generó tras asumir y tratar en la sanidad pública a pacientes de estos grupos privados concertados, una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.

El PSOE denunció al Gobierno regional por presunta "responsabilidad contable" en el sistema de gestión de hospitales, en régimen de concesión y públicos, relacionada con la "estructura de liquidación, infracobros y posible prescripción de los derechos, omisión en la gestión y posible ánimo de ocultación".

"Los regalos de Ayuso a Quirón y Ribera Salud no van a quedar impunes. Para que se entienda mejor: mientras riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en lista de espera", ha valorado en un mensaje en X el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

A su vez, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea regional, Mar Espinar, ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya dado "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" de la Comunidad de Madrid al "perdonar" cuantías "sin justificar" a las empresas concesionarias.

Un juez de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025, según informa EFE. 

Justo un mes después de que se conociese públicamente la querella, la investigación que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acoge este martes una jornada clave con el interrogatorio de ambos.

El magistrado ha citado a la inspectora para que se ratifique en la querella en la que denuncia que el ex número dos de la Policía la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025. También aportó ante el juzgado "un listado de llamadas" por parte del exDAO, pantallazos de los mensajes que recibió por Whatsapp, y una "grabación de los audios" que realizó y que, según manifestó su abogado, Jorge Piedrafita, sustentan los hechos que denuncia. 

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Un relato sobre el que declarará por primera vez ante el juez el comisario principal de la Policía José Ángel González, ya jubilado, que renunció al cargo de máximo jefe operativo del cuerpo -que regentaba desde 2018- al hacerse pública la querella.

Este hecho generó una crisis en la institución y la suspensión de otro mando, el comisario Óscar San Juan, a quien la inspectora acusa de coacciones.

A la espera de conocer su declaración, los abogados del exDAO, José Carlos Velasco e Ignacio Fúster-Fabra, ya remitieron un escrito al juzgado en el que sostienen que las conversaciones que se escuchan en el audio aportado por la inspectora "no encajan" con el delito de agresión sexual, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos". 

La defensa de González también denunció el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" tras las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación, a quien acusa de alimentar públicamente "un juicio paralelo".

A su vez, el abogado de la inspectora ha pedido al juez que abra una pieza separada para investigar, por un presunto delito de revelación de secretos, la posible filtración a los medios de un escrito de la defensa que incluía la identidad de la querellante.

Una jueza de Madrid ha archivado este lunes la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón después de que la denunciante, cuya identidad no ha trascendido, no acudiese al juzgado para ratificar su versión tras sufrir un ataque de pánico.

La titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid ha dictado una providencia, adelantada por eldiario.es y a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a la defensa de Errejón que "las actuaciones han sido archivadas" este lunes "al no haber ratificado la víctima su denuncia". La magistrada cree que ha quedado "constatada la ausencia de voluntad de denunciar los hechos por parte de la víctima" debido a que no ratificó la denuncia ni tampoco la designación formal de su abogado, Alfredo Arrién, que es quien acudió en su nombre al juzgado.

El pasado viernes trascendió que la segunda mujer que denunció a Errejón —y quien había solicitado ser testigo protegido en la causa— no había acudido al juzgado para ratificar la denuncia al haber sufrido un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso. Su abogado sí que compareció, y aunque dijo representar a la mujer, la jueza no da este extremo por corroborado "al no haber comparecido la denunciante a ratificar dicha designación", expone el auto, que añade que el abogado dijo entonces que su cliente le había anunciado que no iba a acudir porque "tenía más que perder que ganar".

La ausencia de ratificación de la mujer abocaba el procedimiento al archivo, lo que ha tenido lugar finalmente este lunes en un auto contra el que cabe recurso.

A lo largo del mismo, la magistrada repasa los requisitos para investigar una denuncia por delitos como el de agresión sexual y señala, por ejemplo, que "lo relevante no es tanto si la víctima ha formulado denuncia o no, sino si de su declaración puede sobreentenderse que existe voluntad de denunciar, lo que puede desprenderse del propio contenido de la declaración y de la actitud y posicionamiento de la víctima".

Es al juzgado al que le corresponde "el deber averiguar y ahondar si ha existido esa voluntad de la víctima con su declaración y la perseguibilidad que postula del tenor de su declaración expresiva inculpando al investigado en el proceso". Tras dictar el auto, la magistrada ha informado en una providencia a la defensa de Errejón del archivo de las actuaciones.

Se trata de la segunda denuncia presentada contra él en un juzgado por una presunta agresión sexual ocurrida en 2021; la primera fue interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá y ha derivado en la apertura de juicio oral contra Errejón, aunque la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver su recurso contra su procesamiento.

La segunda denuncia, que fue interpuesta en febrero, relataba que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó presuntamente a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021.

Al conocerse la ausencia de ratificación por parte de la víctima, su abogado explicó a EFE que la mujer no fue al juzgado porque había sufrido un ataque de pánico, y que la situación podría ser "reversible", ya que todo queda "abierto, por si ella cambia de opinión".

Fuentes de la defensa de Errejón insisten en que se trataba de una "denuncia anónima que no tiene credibilidad" y celebran el archivo de las diligencias. 

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de juicio oral contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de la fundación ultra Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, se solicita al acusado y, en su caso al responsable civil directo y/o subsidiario, que preste fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.

La acusación particular demanda dos años de prisión por un delito de acoso y dos años de cárcel por un delito de incitación al odio, además de 12.000 euros por perjuicio y daño moral.

La periodista y activista Cristina Fallarás ha declarado este lunes en los juzgados de Zaragoza por el proceso abierto tras la denuncia del rapero Ayax contra ella, donde ha asegurado que "es un juicio contra el movimiento testimonial" y ha recordado que ella "jamás" publicó el nombre del artista, según recoge EFE.

"Va quedando claro que este no es un juicio contra mí, es decir, que es un juicio contra el movimiento testimonial, que es contra lo que ha decidido cargar este señor", ha asegurado Fallarás en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los juzgados de Zaragoza.

Fallarás recogió en su perfil de Instagram el relato de una agresión sexual y ha recordado: "Yo jamás publiqué su nombre, su nombre salió publicado en un montón de medios de comunicación, salió publicado en un montón de lugares y sin embargo opta por denunciarme a mí".  Por todo ello, ha considerado que "hay un señalamiento claro" del movimiento testimonial, en el que ella sirve "de canal" para muchas mujeres. 

Sobre el proceso en los juzgados, a los que ha acudido un grupo de apoyo a la periodista, ha afirmado sentirse "muy acompañada" y "bastante tranquila".

"También va quedando claro que, finalmente, la víctima soy yo", ha aseverado, ya que desde que comenzó el proceso ella y su familia han sufrido "acoso". "No sé cómo se atreve a llamarse víctima", ha añadido, en referencia al denunciante.

En cuanto al trámite realizado este lunes, ha especificado que ha contestado a las preguntas formuladas por su letrada y ha indicado que ha sido "contundente".

"No tengo ni idea de cómo he acabado metida en este proceso ni qué resortes de esta sociedad hacen que sea yo la que esté sentada ante el juez y no él", ha apostillado. Por último, Fallarás ha avanzado que, tras su declaración, ahora "tendrá que decidirse si se hace juicio o no".

La también escritora ha ido publicando en su perfil de Instagram cientos de testimonios anónimos de víctimas de violencia sexual, casos que recopiló en el libro No publiques mi nombre a finales de 2024, en los que reunía casi un millar de ejemplos de este tipo.

En la recta final de 2024, más de una decena de mujeres acusaron por redes sociales al dúo granadino de raperos Ayax & Prok por violencia sexual, por lo que la promotora del concierto que tenían previsto dar el 28 de marzo de 2025 en el WiZink Center de Madrid canceló la cita. Tras las acusaciones de agresiones sexuales hechas públicas en el perfil @DenunciaGranada, de Instagram, esa no fue la única actuación de los raperos cancelada.

La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas, informa EFE.

Según ha confirmado a EFE el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, esta mujer no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

La segunda se interpuso en febrero por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021, ocho días después de los hechos denunciados por Mouliaá, por la que el exportavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado que le ha abierto juicio oral, aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo la mujer, una actriz cuya identidad no ha trascendido públicamente, no ha ratificado la denuncia ante la jueza porque ha sufrido un ataque de pánico como consecuencia del proceso, según han explicado fuentes del despacho Paredes y Asociados, que explican que ahora el caso se archivará "al no darse ese paso necesario". 

No obstante, consideran que esto es "algo provisional" y los letrados están "intentando que se pueda continuar", sin dar más detalles por expreso deseo de la denunciante, que solicitó ser testigo protegida en la causa, sin que se lo concediera el juzgado, según han precisado fuentes jurídicas. 

Por su parte la letrada de Errejón, Eva Gimbernat, ha dicho a EFE que se trata "de una denuncia que nació anónima y sigue anónima, con credibilidad nula", y que está abocada al archivo al no ser ratificada.

"Nunca hemos tenido condición de investigados, solo de denunciados, ya que no se ratifica la denuncia", ha afirmado la abogada, que ha añadido: "Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material".

La letrada ha precisado que solicitó la personación en la causa en febrero pero a fecha de este viernes no han recibido la aceptación oficial, de manera que no han tenido acceso a ningún documento del proceso, y ello a pesar de insistir en la necesidad de estar informados sobre una denuncia por supuesta agresión sexual.

Esta denuncia relata que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021. 

La denunciante fue a la Policía Nacional el pasado 24 de febrero, pero "dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos", instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

Esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón trascendió poco después de que en el primer proceso contra él hubiese novedades, ya que la actriz Elisa Mouliaá anunció en febrero que retiraba su acusación contra el exdiputado por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia.

El juez de esta primera causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que debía presentar la renuncia correctamente, con la firma de su letrado, y finalmente la actriz comunicó que sí seguía adelante, en un proceso en el que la Fiscalía no acusa al no ver delito.

Este cambio de parecer de Mouliaá hizo que los jueces de la Audiencia Provincial que iban a decidir sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento preguntaran al magistrado si la actriz había renunciado oficialmente a acusar. El juez determinó que no y dictó varias providencias que fueron recurridas por la defensa de Errejón, que argumentó que el juzgado tenía que dar por renunciada a Mouliaá y archivar la causa.

Ahora el juez se ha ratificado en esa postura y de esta forma la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir próximamente sobre dos cuestiones fundamentales en la causa: el procesamiento de Errejón y la validez de la anunciada renuncia de Mouliaá.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han acordado este miércoles la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, una reivindicación histórica de la carrera fiscal, que se suma a las 500 plazas para jueces y magistrados anunciadas hace unas semanas, según recoge EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia tras mantener una reunión con la Fiscala General del Estado, Teresa Peramato.

El Gobierno va a aprobar, a petición de la Fiscalía, un real decreto para crear 200 nuevas plazas en la carrera fiscal del país, "el mayor numero nunca creado" y que pondrá solución a uno de los déficit que tiene la Justicia en España, según ha destacado Bolaños.

El titular de Justicia ha recordado que hace unas semanas el Gobierno ya anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, 375 por oposición y 125 por el cuarto turno. "De esta manera, vamos a convocar en este año una macroconvocatoria de oposición de jueces, magistrados y fiscales en nuestro país, una oposición a la carrera fiscal y judicial, una macroconvocatoria con 700 plazas", ha destacado.

Y ha insistido en que "nunca en la historia de la democracia se ha hecho nada ni parecido" y que esto es posible gracias a la Ley de eficiencia de la Justicia, porque -ha detallado- con el modelo anterior obligaba que cuando se creaba una nueva plaza de juez, había que crear un juzgado unipersonal, con un coste de medio millón de euros, mientras que ahora con los tribunales de instancia el coste es de 100.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado mes de febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación.

Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, a Mónica Oltra y varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad se les considera supuestos responsables de los delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana. 

La jueza da ahora diez días para que se presenten los escritos de acusación y defensa, sobresee la causa para Francesc Gamero, que fue subsecretario de la Conselleria de Igualdad que dirigía Oltra en el momento de los hechos investigados, al no haberse formulado acusación contra él, y señala que el órgano competente para enjuiciar esta causa será la Audiencia Provincial de Valencia.

El pasado 24 de febrero, la Audiencia Provincial ordenó a este juzgado abrir juicio oral contra Oltra y otros 12 acusados de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos entre 2016 y 2017 por un educador, exmarido de la exdirigente de Compromís.

La institución judicial provincial señalaba que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.

Los hechos declarados indiciariamente acreditados por el instructor son incompatibles con el sobreseimiento provisional e incongruentes con la denegación de apertura del juicio oral, según el auto firme que constataba que el auto de procedimiento abreviado ya recogía hechos como que la tutela la ejercía la Dirección General de Infancia y Adolescencia (de la Conselleria de Igualdad cuya titular era Oltra) y que el abuso sexual era cierto.

También señalaba que la tutelada consideraba al exmarido de Oltra como un padre y que cuando se cometieron los abusos la situación de la menor empeoró y comenzó a fugarse de forma reiterada del centro de acogida. Eso relata, añadía, su situación de altísima vulnerabilidad, así como el hecho de que la conselleria no comunicara los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, que califica como "silencio" y "omisión" muy importantes.

“La conselleria, como tutora de la menor, tenía, como tal, las obligaciones de garante de la menor que tal tutela le confería, y la obligación de haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de alegar ante ella su valoración de la inocuidad de los mismos. Solo la fiscal de Menores estaba llamada a valorarlo. No se hizo”, afirmaban los magistrados.

Relataban también en la resolución que fue “por orden de la Fiscalía de Menores” que la niña “fuese sacada” del centro de acogida dependiente de la conselleria donde se encontraba, “donde aún trabajaba en horario nocturno el educador denunciado”. Otro de los indicios para entender que la causa debe verse abocada a juicio era la decisión de la conselleria de realizar un “expediente paralelo” a la investigación judicial, “un informe reservado”.

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la citada causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral y desde Compromís siguen teniendo las "puertas abiertas" a una posible vuelta independientemente de este proceso judicial, que tachan de "persecución" contra ella.

El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una demanda a elDiario.es, su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables del periódico digital, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia en República Dominicana, que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

"Los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado", sostiene el cantante en su demanda, de 33 páginas, a la que ha tenido acceso EFE.

La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", ha sido interpuesta ante el Tribunal de Instancia de Madrid (sección civil) y en ella solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado reclama que, para evitar la interposición de una querella, reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante.

Además, que rectifiquen sus informaciones y que eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el podcast La casa de Julio Iglesias.

También, que se comprometan a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre a Iglesias, al que deberán indemnizar solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente, "lo que se anticipa en cifras de importante cuantía económica".

Según el escrito, los demandados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Julio Iglesias, a través del diario.es, y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anuncia acciones.

"Los demandados, desde la primera publicación del 13 de enero de 2026, han venido vulnerando (de manera deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del Sr. Iglesias, a través de comentarios falsos e injuriosos y calumniosos (...), con la única finalidad e intención de menoscabar su imagen pública, así como minar la reputación –personal y profesional–, erosionar gravemente su propia consideración y estima personal, y también su estabilidad y salud mental", expone el abogado.

En dichos artículos, prosigue, se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en una denuncia en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto 'trabajo de investigación', sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".

"El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales", denuncia el escrito.

Para lograr "un mayor impacto y materializar el daño", prosigue, se habilitó un espacio denominado 'Investigación Julio Iglesias', "destacando especialmente las noticias difamantes frente a aquellas que desvirtúan los hechos o conducen al archivo del procedimiento, que, por otra parte, ni siquiera se ha judicializado, en la medida en que quedó archivado en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".

A esto añade, la publicación del podcast La casa de Julio Iglesias que no solo puede reproducirse a través de la página web del periódico, sino que se ha insertado, también, en el espacio de que dispone dicho medio en YouTube o Spotify.

En dichos artículos y el podcast "se atribuye de manera directa a mi mandante la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, a los que se alude en términos absolutos, sin respetar, siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia", lamenta el abogado.