El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En una sentencia, en la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal ha desestimado los dos únicos recursos que se presentaron contra la decisión que la Audiencia Nacional adoptó en septiembre de 2020. En concreto, ha rechazado los argumentos de Bochner España SL y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas (AEMEC).

La sentencia inicial aseguraba que no había ni un solo dato que pudiera conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que los acusados hicieron dejación de sus funciones. Los magistrados del Supremo han confirmado estas conclusiones, por lo que la absolución de los 34 acusados, incluidos José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma, ha pasado a ser firme.

La Sala de lo Penal ha asegurado que "no se advierte error palmario alguno, ni argumentos apodícticos o absurdos" que pudieran llevar al Supremo a anular la decisión de la Audiencia Nacional, tal y como piden los recurrentes.

En 178 folios, el Alto Tribunal ha repasado los argumentos de los recurrentes y ha indicado, entre otras cuestiones, que la deliberación, votación y fallo de la sentencia que absolvió a Rato y al resto de acusados es correcta.

Además, ha rechazado que la resolución de la Audiencia Nacional no estuviera lo suficientemente motivada o que hubiese un error en la valoración de la prueba que se practicó durante el juicio.

Los magistrados han insistido en que su labor no se trata de valorar cuál hubiese sido la sentencia más "idónea o acertada", sino "comprobar" que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional "no ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones", algo que, a su juicio, no ha ocurrido.

Así, el Supremo ha ratificado la sentencia que fijó que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores y que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera.

La Audiencia Nacional destacó que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos, por lo que lo que correspondía era absolver a los acusados.

Para aquel tribunal, resultó "evidente a todas luces" que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue "intensamente supervisado" con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones.

Según señalaron los jueces en 2020, tanto la decisión de debutar en el mercado, como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco, fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban.

La Audiencia Nacional concluyó que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera "más que suficiente" para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando.

El tribunal hizo suyas las declaraciones de la fiscal, Carmen Launa, que decía que la información financiera "no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables aunque no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente".

En cuanto a la información no financiera suscrita, la sentencia original indica que se describieron hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido, cuya descripción era "exhaustiva, clara y que cualquiera entendería".

Rodrigo Rato ya ha cumplido su primera deuda con la justicia. Acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Sin embargo, no es ni mucho menos la última a la que debe enfrentarse a la macrocausa abierta en los juzgados de Madrid que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio. El exvicepresidente económico del Gobierno y expresidente de Bankia está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido a través de sus empresas tras el proceso de privatización de sociedades como Repsol, Endesa o Telefónica, donde habría "colocado" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

Esta causa lleva abierta casi seis años pero paralizada desde 2019 debido a que el juez Antonio Serrano-Arnal está reorganizando las actuaciones para elevarlas a la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que deberá confirmar las conclusiones y fijar una fecha para el juicio. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre calculan que el instructor cerrará previsiblemente las diligencias esta primavera y emitirá el auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que definirá claramente cuáles son los delitos por los que envía a juicio a Rato y los hechos concretos que haya podido probar durante la investigación.

Una condena y una absolución

La causa sobre el origen de su patrimonio es la última cuenta que le falta a Rato por saldar con la justicia, pero podría ser la que más consecuencias penales tenga para él, a la luz de los delitos que se le imputan. El exvicepresidente entró en prisión por el caso de las tarjetas black en octubre de 2018 y exactamente dos años después obtuvo el tercer grado que le permitió salir con control telemático. El juez de Vigilancia Penitenciaria valoró entonces su “avanzada edad” –71 años–, las enfermedades coronarias que padece, que hay baja posibilidad de reincidencia, que los permisos de los que había disfrutado no habían tenido incidencia negativa y que abonó una multa y devolvió el gasto opaco realizado con las tarjetas de crédito de Caja Madrid, que ascendió a casi 100.000 euros. Ahora ha llegado la libertad condicional al haber cumplido la mitad de la pena impuesta por la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo y porque ha realizado un programa de justicia restaurativa.

Al poco de haber entrado en prisión, Rato hizo frente a su segundo juicio, el que examinó la operación de salida a Bolsa de Bankia en 2012, en el que la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir para él ocho años y medio de cárcel por delitos de estafa de inversores y falsedad contable. Ni el expresidente de la entidad ni el resto de la treintena de acusados resultó condenado y el Ministerio Público optó por no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo.

Los problemas legales de Rato no acaban aquí. En los próximos meses se espera su procesamiento por la causa en la que se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre 2004 y 2015. Estas diligencias, que se han acabado conociendo como caso Rato, comenzaron teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, y a lo largo de la instrucción el también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre ha defendido su inocencia, arremetiendo contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".

Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

"Importes excesivos": casi 72 millones de euros facturados

En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad" con sus sociedades, informó Europa Press. El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

El exvicepresidente iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero de 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit. La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones de euros. Sin embargo, unos meses más tarde, en julio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras once personas, entre ellas el ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella, juzgado y absuelto igual que Rato en el caso Bankia.

Pero el procesamiento no se anuló por el hecho de que el tribunal no viera indicios contra Rato, sino que dio marcha atrás para que el juez instructor ordenara toda la instrucción y acumulara todas las piezas para convertirlas en un único proceso. Los magistrados consideraron que haciéndolo así, se evitarán en el futuro "pronunciamientos contradictorios" que pueden darse si se juzgan por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio del exvicepresidente.

Y este es el momento en el que se encuentra el caso Rato. El juez instructor debe elevar a la Audiencia Provincial un único procesamiento que podría volver a sentar en el banquillo de los acusados en unos meses al expresidente de Bankia por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Según el Código Penal, la pena prevista para el fraude fiscal es de entre uno y cinco años de cárcel; el de blanqueo, de entre seis meses y seis años; y el de corrupción en los negocios, de entre seis meses y cuatro años. La Fiscalía ya presentó escrito de acusación por este último delito en el primer procesamiento –pidió cuatro años–, pero ante la nueva situación procesal deberá remitir un nuevo informe en el que aclare cuánto solicita por cada ilícito por el que sea enviado a juicio.

El ex ministro de Interior con el PP, Ángel Acebes, ha vuelto a ser nombrado consejero independiente de Iberdrola, un año y medio después de que abandonará el órgano rector de la energética y después de ser absuelto en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, entrando además en la Comisión Ejecutiva Delegada, ha informado Europa Press.

Acebes, que en su primera etapa en la eléctrica fue consejero durante un periodo de siete años, ha sido nombrado consejero independiente por el procedimiento de cooptación y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El exministro en el Gobierno de José María Aznar ocupa la vacante dejada en el órgano rector de Iberdrola por la dimisión como consejera de Georgina Yamilet Kessel. Su nombramiento deberá ser ratificado en la próxima junta general de accionistas.

Asimismo, el consejo de administración de Iberdrola, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, ha fijado el número de miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada en cinco.

De esta manera, a propuesta del presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, se ha nombrado a Acebes nuevo miembro de esta Comisión

Ejecutiva Delegada.

Junto a Galán y Acebes, integran esta Comisión Ejecutiva Delegada de la compañía Juan Manuel González Serna, Manuel Moreu Munaiz, Samantha Barber y Julián Martínez-Simancas Sánchez, como secretario no miembro.

Acebes también ha sido nombrado como vocal de la Comisión de Nombramientos, en sustitución de Íñigo Víctor de Oriol Ibarra.

El consejo de administración de Iberdrola también ha fijado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo en tres.

La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la sentenciasentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Bankia, por la que han sido absueltos los 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato, por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.

El plazo para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo finalizaba este martes, si bien Anticorrupción ha concluido que no puede alegar motivos que permitan cambiar el sentido de la resolución tras analizar los argumentos de la sentencia.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció que toda la responsabilidad recaía en los supervisores y no en los gestores, al señalar que "resulta evidente a todas luces" que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue "intensamente supervisado" con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones.

El fallo, que consta de más de 400 páginas y que vio la luz la semana pasada tras casi un año desde que finalizara el juicio oral, destaca así que el debut bursátil contó con la aprobación de todos los supervisores, y añadía que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera y que durante el proceso judicial solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

El texto de los magistrados también hacía una crítica al trabajo de más de seis años de las acusaciones, particularmente a la realizada por la pública. La sentencia, incluso, llega a cuestionar el cambio de postura de la Fiscalía, que dirigió su acusación al final del proceso hacia los miembros de las comisiones de auditoría y cumplimiento de BFA y Bankia, a los que no había acusado en un principio. "No sabemos a ciencia cierta en base a qué obedeció tal cambio de postura", recogía el documento.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha salido este viernes, a las 18.00 horas, del centro penitenciario de Soto del Real tras obtener el tercer grado bajo control telemático.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Castro autorizó este jueves el progreso al régimen de semilibertad tras conocerse dos días antes la sentencia absolutoria por la salida a Bolsa de Bankia.

Rato entró la cárcel el 25 de octubre de 2018 después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid.

A su salida, Rato, que ha estado acompañado por su mujer, que llegó al centro penitenciario 45 minutos antes, se ha acercado a los medios de comunicación para destacar la labor del "padre Paulino" y de las personas "que le acompañan todos los domingos en la misa, que hacen una labor espléndida para todos los reclusos y todos los internos", así como de las ONG con las que ha "podido colaborar" durante su estancia en el centro penitenciario.

El que fuera vicepresidente económico durante el Gobierno de José María Aznar también ha hecho una mención especial a sus "compañeros" de módulo, el número 10: "Dejo muy buenos recuerdos, espero, y ellos desde luego los tienen en mí. Les deseo buena suerte, justicia y libertad", ha dicho.

La salida de prisión se ha hecho efectiva después de que la junta de tratamiento se haya reunido este viernes para analizar los detalles que rodean al tercer grado, como el control.

Condenado por las tarjetas 'Black' 

Rato entró la cárcel el 25 de octubre de 2018 después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid. Hasta el momento, era el único de lo condenados que aún permanecía en la prisión.

Al haber cumplido ya una cuarta parte de la condena, el pasado mes de abril la junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real propuso concederle el tercer grado, si bien un mes más tarde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, rechazó la propuesta, entre otros motivos, porque aún tenía pendiente dos procedimientos judiciales.

Uno de ellos era la sentencia de la Audiencia Nacional la salida a Bolsa de Bankia en 2011 que se conoció este martes y que absuelve a los 34 acusados. El juez Castro afirma en su auto que es "razonable" haber esperado a conocer esta resolución debido a las "elevadas penas" (ocho años y medio de cárcel) que la Fiscalía solicitaba contra él por los delitos de falsedad contable y estafa a inversoras.

"Factores positivos"

Pero una vez conocida la sentencia y teniendo en cuenta "factores positivos" de Rato como interno en el centro penitenciario, el juez de Vigilancia Penitenciaria entiende que se debe conceder el tercer grado.

Para ello, ha valorado que la mitad de la pena se cumplirá en enero de 2021; que los permisos penitenciarios que el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no han tenido "incidencia negativa alguna"; y que el "pronóstico" de reincidencia delictiva es "baja" en atención a su actividad profesional y la edad (71 años).

A ello suma que Rato ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena por las 'tarjetas black', ya que abonó la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Así, entiende que ha cumplido con la exigencia legal de reparación del daño establecido para los delitos económicos, ya que, en este caso, para la concesión grado no solo basta con el buen comportamiento en prisión o durante los permisos penitenciarios, según explica el auto.

El juez recuerda además que el exvicepresidente del Gobierno "ha pedido perdón de forma voluntaria pública y notoria antes de su inmediato ingreso en prisión", una declaración que fue "emitida por numerosos medios de comunicación".

A Rato aún le queda abierto un frente judicial en los juzgado de Madrid, donde el titular del Juzgado de Instrucción 31, Antonio Serrano-Arnal, investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio. El magistrado abrió esta instrucción en 2015 por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas.

En mayo de 2017, dos peritos del Banco de España entregaron al juez Fernando Andreu, instructor del Caso Bankia, sendos informes sobre la situación de Bankia-BFA. Acusaban sin dilación de hasta 17 casos de "falseamiento" contable en la entidad rescatada en 2012: en las cuentas anuales de 2011 que precedieron a la salida a Bolsa, en los estados financieros intermedios, en las cuentas de las cajas absorbidas como Bancaja o en el folleto del despegue bursátil de la entidad, entre otros

Así, la sentencia que absuelve a la cúpula de Bankia por la desastrosa salida a Bolsa en 2012 por parte de la Audiencia Nacional no solo ha humillado la instrucción del juez Fernando Andreu y, sobre todo, la de la Fiscalía, asumida primero por Alejandro Luzón -actualmente al frente de Anticorrupción- y posteriormente por Carmen Launa. 

El fallo emitido por parte de la presidenta de la sección cuarta de la Audiencia Nacional y ponente, Ángela Murillo, y de los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel va todavía más allá y cuestiona hasta a los propios peritos del Banco de España Sánchez Nogueras y Busquets. Quedan degradados como "peritos de la acusación", una afirmación dudosa cuando su participación en el caso fue requerida por el juez Andreu. 

Los magistrados consideran que lo que prevalece es la visión de las defensas, a veces sin aportar demasiadas explicaciones. "En el plenario los señores peritos de las defensas se mostraron conteses, firmes y sin fisuras", ensalza el fallo, "en tanto que los señores peritos de las acusaciones, si bien se ratificaron en sus informes y actuaciones anteriores, a preguntas del Ministerio Fiscal ofrecieron por añadidura nuevos ajustes y estimaciones no contempladas en sus informes anteriores", reza un párrafo.

"Datos firmemente rebatidos"

Para la jueza, estos "añadidos" no fueron "razonados cumplidamente, aduciendo sin más, que ese era su criterio, sin adiciones". Así que, siempre según los jueces, estos "particulares datos" terminaron siendo durante la instrucción "firmemente rebatidos por los peritos de las defensas como ya hemos dicho, y detallaremos más tarde".

Los magistrados evidencian un desprecio manifiesto por el trabajo de Sánchez Nogueras y Busquets. En un momento dado, reprochan a Luzón cebarse con los gestores de Bankia cuando lo que el fiscal "debería" haber hecho no era sino acusar " a las siete cajas" que, fusionadas, dieron lugar a BFA y Bankia. Los peritos en sus informes de mayo de 2017 tildan de "falsas" las cuentas anuales de 2010 de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, al igual que las de Caja Madrid. Una "falsedad" que, para la Audiencia", "se postula ahora en el plenario con cierto disimulo y solo en base a las manifestaciones de los dos peritos de la acusación, sin fundamento sólido alguno".

El fallo llega a decir que esas manifestaciones sin fundamento se llevan a cabo "en ocasiones con apoyo en operaciones aritméticas sobre la marchasobre la marcha por dichos técnicos, enérgicamente combatidas por los peritos de las defensas". Es decir, la ponente Ángela Murillo y los otros dos magistrados insisten una y otra vez en que las laborales periciales de las defensas de la cúpula de Bankia eran mejores que las de los expertos del Banco de España. 

En otro momento el auto reconoce que los peritos "detectaron diversas irregularidades y 288 omisiones que en sus informes ampliatorios segundo y tercero", y que terminan calificando las cuentas de 2010 y 2011 como falsas. Algo que, para la magistrada, "sobrepasa así el cometido propio de su pericia".

"Sobrepasa el cometido de su pericia"

Una y otra vez se exhiben loas hacia los expertos de las defensas, en forma de adjetivos." La cuestión que ahora tratamos la explicó de forma lúcida el perito de la defensa D. Juan Zornoza",  Pérez

El momento más polémico de la sentencia sobre los peritos se da al hablar de las provisiones con las que contaba la entidad financiera para atender a deterioros futuros con motivo de la Operación Pública de Suscripción (OPS) para la salida a Bolsa, esto es, verano de 2011. Busquets y Sánchez Nogueras "mantuvieron en el plenario respuestas negativas" y argumentan que las provisiones que pudieran tener las siete cajas fusionadas "se consumieron con ocasión de la combinación de negocios". La ponente y los dos jueces de la Audiencia Nacional vuelven entonces a la carga.

"Los resultados de las pruebas practicadas quitan por completo la razón a los dos mencionados peritos, pruebas testificales, periciales y documentales", arguye la Audiencia Nacional. Pero, lejos de rebatir los cálculos periciales, lo que indican los magistrados es que durante la instrucción Busquets y Sánchez Nogueras "realizan nuevos cálculos obtenidos en base a los mismos hechos fácticos que obraban durante la instrucción de la causa y que fueron entonces desdeñados por las acusaciones". "Ahora han quedado huérfanos de la oportuna probanza", agrega el fallo.

Bankia necesitó en 2012 una inyección de capital público de 19.000 millones de euros, además de convertir otros 4.465 millones de acciones ordinarias en participaciones preferentes. Para los peritos, el folleto de salida a Bolsa estaba falseado. Una afirmación que los magistrados rechazan: "el folleto de la salida a Bolsa de Bankia fue objeto de un extemporáneo y sorpresivo informe del perito señor Busquets, el cual y sin que, en apariencia al menos alguien se lo hubiese pedido, quiso introducirlo al inicio del plenario, a modo de una pretendida ampliación de los informes previos". 

Los giros de la Fiscalía

Los jueces evitan "rebatir" técnicamente en la sentencia los datos periciales del supervisor y fustigan las decisiones del fiscal Alejandro Luzón durante la instrucción del caso. Y aquí la exposición de motivos parece más clara: a finales de 2016 y durante 2017, Luzón promovió el archivo de las causas contra los supervisores del Banco de España y la CNMV. 

Esta decisión de la Fiscalía ha tenido consecuencias directas en el juicio, según han lamentado esta semana miembros de la acusación como la Confederación Intersindical del Crédito, CIC: La Audiencia Nacional entiende que en el periodo de instrucción se "rechazó por completo la presunta falsedad de todas esas cuentas, estimando que la única imputación de falsedad contable sostenible derivaría de la información no financiera plasmada en el folleto de la salida a Bolsa". Y es que la Fiscalía solo pedía penas de cárcel para Rato, José Luis de la Oliva, José Manuel Fernández y Francisco Verdú.  

Otro de los embates contra la Fiscalía por parte de Murillo y sus colegas es la petición de aumento de penas de cárcel para Rodrigo Rato en julio de 2019 al hallarse nuevas penas de falsedad contable en el folleto de la OPS. La Audiencia Nacional ha fallado contra estas supuestas maniobras de la Fiscalía y las ha expuesto en el juicio. Una sentencia que seguirá levantando polvareda y que podría recurrirse ante el Tribunal Supremo. 

La absolución de la cúpula de Bankia por la fallida salida a Bolsa dejó este martes sorprendida a toda la acusación, que esperaba que los magistrados de la Audiencia Nacional (AN) se alinearan con las tesis de la Fiscalía. Por el contrario, la sentencia arremete con un lenguaje inédito contra el Ministerio Fiscal a lo largo de casi 500 folios. Sin embargo, las afirmaciones que se vierten en el fallo sobre el folleto de la Operación Pública de Suscripción (OPS) de acciones de Bankia –el documento clave remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para salir a Bolsa en el verano de 2011– difieren de la visión del Tribunal Supremo en varias sentencias, publicadas a partir de 2016.

El fallo de la Audiencia señala que el folleto de salida a Bolsa reflejaba “hasta 36 riesgos” y que “el descuento en el precio de la acción en la OPS (3,75 euros por acción durante el despegue bursátil, el 19 de julio de 2011) no obedece a la existencia de deterioros ocultos, descuentos que no resultaban inusuales” en el sector.

Una argumentación en las antípodas de la del Supremo, formulada hace cuatro años [ver aquí la sentencia]. “Mientras que en el folleto constaba como dato relevante de solvencia un beneficio anunciado de 309 millones de euros, lo cierto es que las cuentas finales de Bankia del ejercicio 2011 reflejan una pérdida real y efectiva de 3.030 millones de euros”, reza un párrafo del auto en el que tumba un recurso de Bankia contra la denuncia de un particular.

“Por consiguiente”, expuso el alto tribunal, “las mismas cuentas auditadas y aprobadas del ejercicio 2011 determinan que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor no fueron reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real”.

El Supremo apuntó entonces, en 2016, a “la incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto”, datos que llevan a la conclusión de que la “información económica financiera contable divulgada al público suscriptor, resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora”. El Supremo deduce que, “por lo tanto, se vulneró la legislación expuesta del Mercado de Valores”.

La Audiencia Nacional reconoce que “lo cierto es que la CNMV no consideró que el descuento en el precio de la acción tuviera la transcendencia pretendida por las acusaciones”. Ahora bien, tanto la CNMV como el supervisor Banco de España fueron exonerados de ir a juicio por la propia Audiencia Nacional en septiembre de 2017.

La AN compara “a modo de ejemplo” el folleto de la Operación Pública de Suscripción de Banca Cívica, aprobado el mismo día que el de Bankia por parte de la CNMV: “Su precio de salida tuvo un descuento del 61%, equiparable al de Bankia, llegando a la misma conclusión de que tenían que ofrecer un descuento sustancial sobre el valor teórico contable de la acción para poder captar suficientes inversores”.

Así que la Audiencia se centra en el posible deterioro contable oculto y se olvida de la supervisión, para concluir: “Quedan así desvirtuados los alegatos de las acusaciones atinentes a que el bajo precio de la acción de Bankia en el momento de salida a Bolsa evidenciaba deterioros ocultos”.

Gonzalo Postigo, portavoz de la Confederación Internacional de Crédito (CIC), una de las partes acusadoras, asegura que su organización acata pero no comparte la sentencia. “En referencia al folleto de salida a bolsa de Bankia el Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre su inexactitud y errores considerables y contrasta con la sentencia que se acaba de publicar”, valora.

Para Postigo, el gran error fue “sacar al Banco de España del banquillo de los acusados”, a pesar del voto particular que esgrimió en 2017 la magistrada Clara Bayarri. “Al exonerarse a los supervisores se ha dado pie a esta sentencia que se basa en que el Banco de España y la CNMV aprobaron su salida”.

La acusación 15MpaRato ha dirigido una petición al Gobierno tras conocerse la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia, que ha absuelto a los 34 acusados, para que se cambien las leyes y se proteja a la población española de "la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general".

En su escrito, este colectivo personado como acusación particular en el caso Bankia manifiesta que no existe una legislación o suficientes garantías legales que permitan evitar "una catástrofe semejante" y que gran parte de los "fallos sistémicos" que pusieron en evidencia durante el juicio "pueden volver a producirse", informa Europa Press.

Por ello, reclama un cambio legislativo sustancial que "impida otros abusos en el futuro" que se concreta en tres peticiones, empezando por que se impida la "venta interesada" de productos financieros con información "inexacta e incomprensible" para los consumidores. Asimismo, solicita una reforma de los organismos reguladores y de las leyes de demandas colectivas para frenar "cualquier posible connivencia o dejadez de funciones de los organismos reguladores" y facilitar las agrupaciones en demandas colectivas de afectados por abusos sistémicos para agilizar los procesos.

En tercer lugar, 15MPaRato ha pedido que se legisle para que los consejos de administración de empresas sistémicas tengan las cualidades necesarias para desempeñar su labor para con el interés general y para que exista un sistema sancionador que desincentive los abusos. "Esta sentencia es un aviso a la sociedad civil y a su capacidad de respuesta frente al abuso. Desoye el inmenso esfuerzo ciudadano y de afectados que hemos llevado a cabo durante el proceso y gran parte de los riesgos y malas prácticas que hemos detectado y sacado a la luz a los largo de estos años", ha lamentado la asociación.

"Contradictorio e inaudito"

Asufin considera que la sentencia es "contradictoria a inaudita", pues ignora la prueba de falseamiento de las cuentas recabada en dicho proceso que ha permitido la devolución del dinero a los accionistas afectados por la vía civil. En un comunicado, la presidenta de la asociación de usuarios financieros, Patricia Suárez, ha lamentado que el fallo "es decepcionante, incoherente y genera gran estupor". "Es inaudito que la sentencia ponga negro sobre blanco que las cuentas de la entidad eran certeras, cuando precisamente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se apoyó en la prueba desplegada en este procedimiento para demostrar que estas cuentas no eran un reflejo fiel de la situación económica de la entidad", ha sostenido.

Además, ve "contradictorio" que, tras las sentencias del Tribunal Supremo, "Bankia aceptase que su salida a Bolsa fue fraudulenta y por ello devolviera toda la inversión a los accionistas minoristas, y que los máximos responsables de la entidad queden absueltos".

Asufin también ha criticado que la sentencia traslada falta de responsabilidad individual en España, en contraposición con países como Estados Unidos, donde los culpables por los casos de Lehman Brothers y Madoff han quedado "absolutamente defenestrados profesionalmente y fuera del sistema". Asimismo, la asociación ha advertido del "peligroso mensaje" de la sentencia, que traslada la responsabilidad al supervisor bancario, dejando libres de culpa a los gestores de la entidad.

AEMEC recurrirá la sentencia

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional. Así lo ha comunicado el encargado de su defensa, Javier Cremades, del despacho Cremades & Calvo Sotelo, en un mensaje publicado en la red social Twitter tras conocerse el fallo.

AEMEC es una de las acusaciones particulares en el juicio por el caso Bankia, en representación de minoristas que perdieron su dinero con la salida a Bolsa de la entidad.

Unidas Podemos: "La justicia no es igual para todos"

Unidas Podemos ha reaccionado a la sentencia recordando que "la justicia no es igual para todos". Así lo ha trasladado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, quien ha comparado la resolución con la "desproporcionada" sentencia que inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Al respecto, Unidas Podemos ha subrayado que la ciudadanía aprecia que se condena a un presidente de una comunidad autónoma, con el que mantienen "profundas discrepancias", por "no quitar una pancarta" al tiempo que los tribunales exoneran completamente a los responsables de una "catástrofe económica" como fue la salida a bolsa de Bankia, que "dañó el bolsillo" de muchas personas.

Más País: "Es un profundo escándalo"

Más País-Equo ha criticado este martes que la absolución de los consejeros "es un profundo escándalo" y ha exigido endurecer los controles al sector financiero y evitar que los responsables sean eximidos de su responsabilidad.

Así, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha avanzado en rueda de prensa que su formación llevará a la Cámara Baja una proposición de ley con las propuestas de la asociación 15MpaRato. La iniciativa buscará proteger a pequeños y medianos ahorradores para que la venta de preferentes y otros "productos tóxicos" a este tipo de consumidores "sea ilegal" y buscará la reforma de organismos reguladores ante un "evidente conflicto de interés". "Buena parte de los consejeros de la CNMV que autorizaron la salida a Bolsa habían sido nombrados por Rodrigo Rato", ha dicho, al tiempo que ha defendido que los consejeros sean responsables de las consecuencias de sus decisiones.

Y es que, tal y como ha incidido Errejón, estos consejeros "no han sido absueltos porque no hubiera prácticas incorrectas, sino porque parece que no eran competentes de decisiones que ellos mismos tomaban".

Errejón también ha alertado de "lo negativo que es, en un momento de tanta ansiedad, preocupación y penurias, que se mande el mensaje de que los más ricos se van sistemáticamente de rositas", antes de recordar la "fuga" del rey Emérito a Emiratos Árabes, y criticar que la rescatada Bankia va a ser vendida a CaixaBank. "Parece que no hemos aprendido nada. Si fue un gigantesco fraude, no se debería permitir. Es un inmenso error que nos acerca a que el sector financiero puede hacer lo que le dé la gana porque está por encima de todas las regulaciones", ha manifestado.

PP: las absoluciones "han puesto en su sitio" a las acusaciones

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "algunos tendrán que explicar por qué actuaron como acusación particular y las resoluciones les han puesto en su sitio". "Las resoluciones están ahí, y algunos tendrán que dar muchísimas explicaciones de por qué actuaron como acusación particular y hoy las resoluciones judiciales les ponen en su sitio", ha manifestado, tras ser inquerida en rueda de prensa por una valoración de esta sentencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha argumentado la ampliación de su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en la luz que han arrojado los testimonios de acusados, testigos y peritos a lo largo del procedimiento, que habrían probado que tanto el expresidente de la entidad Rodrigo Rato como el ex consejero delegado Francisco Verdú conocían la existencia de irregularidades en las cuentas de 2011, entre otros aspectos.

El pasado mes de julio, la Fiscalía elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011. Este lunes, durante el inicio de la fase final del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), la fiscal Carmen Launa ha sostenido que los cambios en su acusación se han realizado con total transparencia y responden al principio de legalidad que exige la función del Ministerio Público.

La fiscal ha asegurado que todo lo que rodeó a la constitución de Bankia, la salida a Bolsa, la dimisión de Rato y la nacionalización del banco minó la credibilidad de la economía española y derivó en la mayor crisis financiera de la Historia.

"Esta situación devino en una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer, negando su existencia y resposnabilidades incurridas, pero esta pesadilla sucedió, supuso un mal despertar para miles de españoles que tienen derecho a conocer lo que pasó y, además, a exigir las responsabilidades correspondientes para evitar que sucesos que provocaron el colapso económico y social de una época vuelvan a repetirse. Esto es lo que ha guiado la actuación de la Fiscalía", ha apostillado Launa.

La fiscal ha explicado que sus premisas iniciales han tenido que ser matizadas o reconsideradas después de que durante el procedimiento se hayan practicado nuevas pruebas y recogido testimonios que han aportado claridad a otras.

En concreto, ha incidido en los trabajos de PwC y AFI, pues aunque los documentos fueron aportados durante la fase de instrucción, la fiscal ha apuntado que no habían sido contrastados y valorados ante el plenario, para lo que interrogó a un elevado número de testigos y peritos sobre los niveles de cobertura.

Según ha defendido, los directivos Rato, Olivas y Norniella, con la "imprescindible" colaboración del director financiero y de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, decidieron incluir en las cuentas anuales consolidadas de 2010 ajustes por puesta a valor razonable de 9.207 millones, mientras que la cifra debería haber ascendido a 14.966 millones de euros de cobertura sobre la base de los importes calculados por PwC, a lo que habría que sumar 663 millones por los ajustes correspondientes a Banco de Valencia, que tampoco fueron reconocidos.

"Esto habría supuesto la reducción del patrimonio de BFA, reconocer la sobrevaloración del coeficiente de solvencia Tier 1, la aportación de más capital para cumplir con el requisito del real decreto 2/2011 que provocó la salida a Bolsa y, probablemente, habría impedido la salida a Bolsa. Las cuentas se encontraban muy alejadas de su realidad patrimonial", ha sostenido la fiscal.

Launa también ha destacado la relevancia de la declaración de Ildefonso Sánchez Barcoj y de Ana María Martínez Pina y ha señalado que la valoración del trabajo del auditor externo se ha realizado "con un nuevo prisma", al entender que las nuevas pruebas aportadas "claramente estaban a su alcance en el momento de realizar su auditoría".

También han reforzado la valoración de la Fiscalía los correos remitidos por el auditor externo al comité de auditoría y cumplimiento y la declaración del auditor Francisco Celma, que arrojaron nueva luz a numerosos documentos de la causa y reforzaron la carga probatoria a los hechos imputados sobre las cuentas del 31 de diciembre de 2011 de Bankia y BFA y acreditaron el conocimiento de sus autores sobre la falsedad de las cuentas formuladas, según ha explicado Launa.

En cuanto a las intervenciones de los inspectores del Banco de España, la fiscal considera que han aportado "nuevos y abundantes matices que han enriquecido la prueba practicada en el plenario". De hecho, ha señalado que los responsables de los informes ya habían teniendo en consideración las "deficiencias" contables que el Ministerio Público considera "falsedades".

"Los correos introducen elementos probatorios muy importantes que han puesto de manifiesto la evidencia de la sobrevaloración de Bankia en su salida a Bolsa, de deterioros no contabilizados por 11.000 millones de euros y el grado de conocimiento de las irregularidades en las cuentas de 2011 por parte de Rodrigo Rato y Francisco

Por todo ello, el Ministerio Público ha sostenido que todas las cuestiones han sido acreditadas a lo largo del plenario y no en fase de instrucción, lo que le ha obligado a introducir matices importantes en su interpretación de determinados hechos en la elaboración de su escritor de conclusiones definitivo, en el que ha ampliado su acusación.

Sin vulneración del derecho de defensa

Cuando la Fiscalía anunció el pasado mes de julio la ampliación de su acusación, las defensas de algunos acusados, como fue el caso de la del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, alegaron que el Ministerio Público estaba vulnerando su derecho fundamental de defensa por la "modificación sustancial" de los hechos por los que acusaba de manera sorpresiva.

La fiscal Carmen Launa ha argumentado este lunes que dicha queja "carece de cualquier fundamento" y pretende la "pasividad" de la Fiscalía en hechos que han tenido trascendencia penal, lo que supondría "vulnerar la esencia" de su función como órgano constitucional.

De esta manera, Launa ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para concluir que la actuación de la Fiscalía al ampliar su acusación final ha sido acorde con el ejercicio de sus funciones constitucionales.

En concreto, la fiscal ha asegurado que la ampliación de los hechos no ha sido "sorpresiva", ya que algunas de las modificaciones fueron avanzadas como cuestión previa "en un alarde de transparencia" y otras han sido consecuencia de las pruebas desarrolladas en el plenario.

Además, ha destacado que el tribunal habilitó, sin oposición de la parte acusadora, el periodo preceptivo para responder a eventuales modificaciones en el periodo de conclusiones definitivas, lo que cada defensa utilizó como creyó conveniente. "No hubo vulneración del principio de defensa, sino que las garantías se han adecuado a lo exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional más allá de las peticiones que habían realizado las peticiones de las defensas", ha asegurado Launa.

Según ha señalado, en un principio algunas acusaciones sí veían un delito de falsedad contable, mientras que el tribunal consideró que, si bien dichas actuaciones habían sido el instrumento utilizado para ocultar el deterioro de los balances bancarios, no tenían trascendencia penal suficiente.

Sin embargo, teniendo en cuenta todas las conductas que han sido objeto de debate a lo largo de las 60 sesiones que se han celebrado tras la apertura del juicio oral, "se ha acreditado de forma contundente que tales actuaciones sí que son subsumibles de un delito de falsedad contable", ha sostenido la fiscal, por lo que finalmente ha decidido adherirse a lo expresado por las restantes partes acusatorias. "No hay nada sorpresivo que no haya sido objeto de enjuiciamiento desde el primero momento", ha concluido.

El abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, ha pedido la libre absolución de su defendido y ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de "vulneración de derechos fundamentales", después de que el Ministerio Público ampliara su acusación inicial e incluyera el delito de falsedad documental, ha informado Europa Press.

Este martes han desfilado una a una las defensas de los acusados por la fiscal Anticorrupción Carmen Launa en el juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que la semana pasada se elevaron de cuatro personas a quince.

El proceso que se celebra desde noviembre del año pasado en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) está ya en su recta final, quedando suspendido hasta el próximo mes de septiembre para proceder a la lectura de los informes y un posible turno de palabra de los acusados para, posteriormente, quedar visto para sentencia.

Igualmente, el abogado del exconsejero de BFA y exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior Ángel Acebes también ha denunciado a la Fiscalía por "fraude procesal", asegurando que "no existen" los hechos que configuran elementos subjetivos y objetivos del tipo delictivo por falsedad contable y que se eliminan todas las garantías del principio acusatorio al introducir hechos nuevos.

De su lado, la defensa del exinterventor de Bankia Sergio Durá también ha apuntado a la "vulneración de derechos" ante la modificación "sustancial" de los hechos, que considera que "no se puede hacer".

El resto de abogados de acusados, como los de Araceli Mora, Francisco Javier López Madrid, Francisco Verdú Pons, Ricardo Romero de Tejada, Ildefondo Sánchez Barcoj o Francisco Celma han pedido la libre absolución de sus representados, mientras que se han reservado el trámite de informes elevando sus conclusiones con el relato de los hechos de lo ocurrido en el plenario.

La ampliación de la acusación

En un principio, la Fiscalía solo acusaba por un delito de estafa a inversores al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella, y al exconsejero delegado Francisco Verdú Pons.

Sin embargo, tras ocho meses de procedimiento y en vista de las nuevas pruebas documentales aportadas, la fiscal Carmen Launa ha considerado que ha quedado acreditado que, además de dicho delito, se cometió otro de falsedad contable, por lo que ha ampliado su acusación a once personas más.

Para Rato solicita ocho años y medio de prisión (cinco y medio por estafa y tres por falsedad contable), para Olivas pide cinco años por estafa, para Norniella seis años (cuatro por estafa y dos por falsedad contable) y para Verdú Pons reclama un año y medio de prisión por falsedad contable.

Asimismo, por ser "cooperadores necesarios" del delito de estafa a inversores, solicita dos años de cárcel para el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, y dos años y medio para el exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj.

Además de los mencionados, la Fiscalía pide condenas de dos años cada uno por falsedad contable al exinterventor de Bankia Sergio Durá y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro.

El Ministerio Público también pide para la exconsejera Merdeces Rojo Izquierdo, a la que inicialmente dio por fallecida, y para los exconsejeros Araceli Mora (Bankia), Pedro Bedía (BFA), Remigio Pellicer (BFA) y José Rafael García Fuster (BFA) un año de cárcel, sustituible por multa, una sanción de seis meses con cuota diaria de 200 euros con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.

Alternativamente, el escrito señala que la condena puede ser de seis meses de prisión, sustituible por multa, si el juez considera que el delito fue en grado de tentativa.

Para los exconsejeros Ángel Acebes y Alberto Ibáñez la pena que pide es de un año y medio de prisión, al considerar que tenían mayor responsabilidad por su condición de presidentes de los comités de auditoría de BFA y Bankia, respectivamente. En el caso de tratarse de delito en grado de tentativa, reclama para ellos nueve meses de cárcel.

Así lo ha anunciado la fiscal Carmen Launa al inicio de la sesión de este lunes, en la que ha dado comienzo a la fase de conclusiones finales.

La Fiscalía ha elevado las penas para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero de Bankia José Manuel Fernandez Norniella, mientras que al exconsejero delegado Francisco Verdú Pons le ha absuelto del delito de estafa a inversores que le imputó en un primer momento, pero le ha acusado de falsedad contable.

De esta manera, solicita para Rato ocho años de prisión, frente a los cinco años y seis meses que pedía por estafa a inversores, a los que ha sumado tres años por falsedad contable.

Asimismo, pide cinco años de prisión para Olivas (frente a cuatro antriores), entre cinco y seis para Norniella (frente a tres anteriores) y entre nueve meses y un año y medio para Verdú Pons (frente a dos años y siete meses anteriores).

La Fiscalía únicamente acusaba a estas cuatro personas en un principio, de las 34 que se sientan en el banquillo, pero finalmente ha ampliado su escrito final y ha acusado también al exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, para el que pide dos años y medio; al socio auditor de Deloitte Francisco Celma (solicita dos años de prisión); al exinterventor de Bankia Sergio Durá (entre uno y dos años), y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro (entre uno y dos años).

Asimismo, ha acusado a los exconsejeros Alberto Ibáñez (pide para él entre nueve meses y un año y medio de prisión), Araceli Mora (un año sustituible por multa), Miguel Ángel Acebes (entre nueve meses y un años y medio), Pedro Bedía (un año de prisión sustituible por multa), Remigio Pellicer (un año sustituible por multa) y José Rafael García Fuster (un año sustituible por multa).

Launa ya advirtió durante el periodo de cuestiones previas de la posibilidad de endurecer su acusación definitiva e incluir el delito de falsedad contable en el tramo final del procedimiento, y así lo ha hecho finalmente.

El principal motivo para la asistencia de Lagarde a este juicio, ya sea de forma física o a través de una videoconferencia, se basa en el informe publicado en junio del año 2012 por el FMI respecto a la banca española y, en especial, sobre la situación de Bankia en ese momento.

Durante su interrogatorio como testigo en este mismo juicio el pasado 26 de marzo, el exministro de Economía Luis de Guindos se refirió a las reuniones mantenidas con Lagarde en ese momento: "Ahí recuerdo reuniones privadas donde se define el principal riesgo de la economía mundial, la situación económica española, el sistema bancario, la posibilidad de contagio al Tesoro y de un rescate completo. Era una situación de enorme alarma y atención por los organismos internacionales", aseguró.

Durante su etapa como ministro, De Guindos se reunió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diversas ocasiones, en las que se le pedía que explicase cuál era la situación de la economía española. "Se consideraba que si España tenía un problema y tenía que ser rescatada, eso iba a provocar el contagio de otros países y además en un momento muy delicado de la economía mundial", explicó.

Preocupaciones del FMI

El exministro apuntó que existía un "nexo negativo" entre la situación de los bancos y la situación macroeconómica del país y que la inadecuada valoración de los activos inmobiliarios "era una realidad". Además de esta inadecuada valoración de los activos inmobiliarios, De Guindos señaló que un alto volumen de refinanciaciones puede ser reflejo de que un banco tiene problemas, ya que cuando es así deja de dar crédito a "la parte sana de la economía" y da crédito a "alguien que tiene dificultades para devolverlo", refinanciando para que no aparezca en el balance.

"Era una de las cuestiones que preocupaba desde el punto de vista del FMI, de la Comisión Europea y de todas las entidades internacionales de supervisión", afirmó. El FMI mandó una misión a España para hacer un análisis específico del sector financiero y De Guindos se reunió con la jefa de esta misión, "lo cual no era normal", para ponerle de manifiesto la difícil situación del sistema financiero y concretamente de Bankia, "entidad grande que más efecto negativo podía tener y contaminar el sector bancario".

En este sentido, el informe que el FMI emitió en junio (De Guindos ha negado su participación para que las conclusiones preliminares fuesen anticipadas) apuntando a que una gran entidad sistémica (Bankia) debía tomar medidas y sanear su balance no aceleró la crisis del banco, sino que fue "un elemento adicional" de reconocimiento de la situación.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha señalado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al asegurar que fue él el responsable final de su salida de la presidencia de la entidad el 7 de mayo de 2012, momento en el que se inició "la intervención política".

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la segunda sesión del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se reanudó ayer martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y prosigue este miércoles con las preguntas de la fiscal del Ministerio Público Carmen Launa.

Rato, que cumple actualmente una pena de cuatro años y medio en la cárcel de Soto de Real por el caso de las tarjetas black, ha apuntado también a la exministra de Economía Elena Salgado por la salida a Bolsa del banco, al asegurar que fue la que en última instancia dio el "visto bueno" a esta operación a un precio con un descuento "importante".

De hecho, ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, Rato ha dicho que tanto el Banco de España como el propio Gobierno apresuraron al banco a salir a Bolsa en un tiempo limitado de tan solo unos tres meses, ya que, en caso contrario, Bankia sería nacionalizada.

"No era solamente una estrategia mercantil, la idea era que saliéramos de una vez de la situación anómala de las cajas en la que no se tiene acceso a capital. Yo compartía esa estrategia, era válida y positiva", ha subrayado el principal acusado del caso Bankia.

En este sentido, el que también fuera exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha defendido reiteradamente el precio de la acción de Bankia en el momento de su debut bursátil, ya que, pese al descuento, confiaba en que el plan de negocio llevaría a unas ganancias futuras.

Según ha indicado, BFA-Bankia tenía muchos argumentos a favor para llevar a cabo esta operación. "Era el mayor banco por activos, tenía más de 10 millones de clientes, una gran preponderancia en determinadas regiones y gran capacidad para recortar gastos", ha declarado.

La entidad había establecido en torno a 600 y 800 millones de euros el recorte de gastos recurrentes que se conseguirían de forma anual con la operación. "Las sinergias que se planteaban en la estrategia eran perfectamente razonables", ha precisado.

Además, para Rato, el descuento en el precio de las acciones no era un aspecto importante para la sociedad matriz (BFA), que mantenía la participación en su balance como una inversión estable, no dispuesta para la venta. "Había que hacer una valoración a largo plazo", ha apostillado.

El expresidente de Bankia ha negado que se planteara la viabilidad futura del banco antes de su salida a Bolsa por el deterioro que pudiera producir el descuento en el precio de las acciones. "Nadie pensó que se tendría que hacer luego un ajuste, lo importante en ese momento era cumplir con el plan de negocio", ha reiterado.

Asimismo, ha señalado que el consejo de administración pensaba que el recorrido de la acción iba a ser "favorable" una vez se asentara el proyecto. Las agencias de rating, incluso, otorgaban a Bankia el grado de inversión. El precio al que se debutó fue el fijado por el mercado.

Decisiones políticas

Bankia, que contaba con un nivel de capital del 7%, pasó a tener un nivel insuficiente en febrero de 2011 por el Real Decreto Ley que obligaba a elevarlo hasta 10%. Este nuevo requisito llegó vía Congreso de los Diputados y del Gobierno. Se trataba de un cambio de escenario que no respondía a la estrategia autónoma de la entidad.

"Teníamos que subir el nivel de capital en un 30% por una medida cuyo impulsor fue el Gobierno", ha criticado, subrayando que los cambios regulatorios que llegan por decisiones políticas son los mayores obstáculos para los bancos.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que la fusión de las siete cajas que dio lugar al grupo BFA-Bankia se acometió por petición del Banco de España, que dictó las instrucciones y "no dejó muchas opciones", ya que la fusión era la única manera de cumplir con los requisitos de capital.

Así lo ha indicado durante su comparecencia por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, que se ha reanudado este martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en la que ha señalado que responderá a las preguntas de la Fiscalía, el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) y su abogado.

Rato se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de cárcel por delito de estafa a inversores y, en caso de ser condenado, sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

El expresidente de Bankia ha explicado durante su intervención que el plan de negocio de Caja Madrid, entidad que entonces presidía, elaborado en marzo de 2010, no contemplaba la fusión con ninguna entidad, sino que se decidió a raíz del Real Decreto Ley de mayo de 2010, que estableció la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para las entidades que no cumplieran con los requisitos de capital necesarios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Según ha indicado, Caja Madrid estaba cerca del límite de requisitos de capital y la legislación aprobada entonces exigía someterse a un proceso de fusión fría con otras cajas, ya que las cajas de ahorros no tenían acciones y Caja Madrid no había emitido cuotas participativas (un instrumento similar a las acciones pero sin derechos de voto). "Sus posibilidades de captar capital eran cero, el consejo de administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros", ha señalado Rato, quien ha reiterado que este fue "el único motivo" por el que Caja Madrid aceptó entrar en el SIP.

Rato, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía en tono altivo, ha asegurado que el entonces gobernador del Banco de España le llamó por teléfono y le citó en su oficina junto al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para comenzar a negociar una fusión. "El Banco de España me comunicó oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas (Bancaja, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja La Rioja) eran razonablemente viables", ha señalado, a lo que la fiscal ha respondido que, según un informe interno de inspectores de Banco de España, Bancaja se encontraba en un procedimiento de inspección del supervisor y su diagnóstico indicaba que contaba con una "escasa generación de recursos para cubrir necesidades de saneamiento e insolvencia".

Sin embargo, Rodrigo Rato ha negado que tuviera acceso a dicho informe, que era interno del propio Banco de España y que "se contradice literalmente con lo que dijo en el momento de la creación del SIP". De esta manera, ha defendido que la opinión oficial y vinculante del supervisor bancario era la de su comisión ejecutiva, que afirmaba que las cajas eran "perfectamente viables" y que los procesos de reestructuración venían dados si las entidades querían tener acceso al capital necesario para cumplir con los requisitos de la EBA. "El Banco de España nos indicó claramente los pasos que teníamos que dar; no nos dio muchas opciones", ha defendido Rato, quien ha señalado que Caja Madrid estaba en contacto con otras cinco cajas y que el gobernador y el subgobernador del Banco de España incorporaron a Bancaja a ese proceso. "El Banco de España y el FROB decidieron que era bueno que hiciésemos una operación más grande y nosotros lo ejecutamos profesionalmente", ha indicado.

La independencia de Deloitte

La fiscal también ha puesto en duda la independencia de Deloitte, que actuó como consultora y elaboró junto a AFI los un plan de viabilidad para la fusión de las cajas que sirviera como soporte al plan de integración, ya que la firma también era la auditora de Caja Madrid y Bancaja.

Sin embargo, Rato ha argumentado que Deloitte era entonces la auditora de todo el sistema bancario español, lo que consideró una ventaja profesional, mientras que AFI era la consultora de todas las cajas, por lo que conocía perfectamente el sector. "Nos pareció que eran dos firmas con experiencia en el sector y que daban suficiente seriedad a nuestro proceso, aparte de nuestros propios equipos internos", ha señalado. Respecto a si contratar como consultor al que era auditor de Bancaja y Caja Madrid supone falta de independencia, el expresidente de Bankia ha sido tajante: "no opinó así ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni el FROB, ni el ICAC, ni Deloitte".

Provisiones suficientes

Por otro lado, Rato ha insistido en que en una de las cartas que recibió por parte del Banco de España en 2010, el supervisor afirmaba que los 4.600 millones de euros que las cajas recibieron del FROB les aportaban provisiones suficientes para cubrir deterioros durante los dos años siguientes. Según ha reconocido, la única vez en la que los consejos de las entidades no siguieron las instrucciones del FROB —decisión de la que Rato afirmó que se alegraba— fue cuando, debido a que el entorno económico "se estaba deteriorando", decidieron hacer provisiones contra el capital en lugar de contra resultados.

De esta manera, en su intención de ser "lo más conservadores posibles" en un contexto de deterioro de la economía, BFA provisionó 13.000 millones de euros, una cifra muy por encima de los 6.372 millones que recomendó el FROB para la fusión de las cajas y de los 7.146 millones que contemplaba el plan de integración, que PwC elevó a 11.500 millones de euros en su revisión de 2011.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener la fianza de 18 millones de euros impuesta al expresidente de Bankia Rodrigo Rato cuando se inició la investigación por el origen de su patrimonio, en mayo de 2015. Aún así, ha vuelto a advertir al juez instructor, Antonio Serrano Arnal, que debe justificar de forma "ponderada e imparcial" por qué considera que esta cuantía es la proporcional con los delitos que se imputan.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, la encargada de resolver los recursos relativos al caso Rato, recuerda en un auto -con fecha del pasado 18 de diciembre- que la cantidad fijada como responsabilidad civil ante una eventual condena ya ha sido estudiada en ocasiones anteriores y que ya entonces han explicado que la competencia para valorar y fijar la fianza la tiene el instructor.

En la última resolución sobre este asunto, la Sección rechazó la pretensión del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de rebajar el montante de 18 millones de euros e instó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid a que concretase dicha cantidad "a la luz de la evolución de la causa".

Ahora, en el auto que se ha dado a conocer este jueves, en el que se desestima el recurso de Rato contra la decisión adoptada el pasado 5 de noviembre por el juez Serrano Arnal, de rechazar la rebaja o eliminación de la fianza, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ratifican sus argumentos y mantienen los 18 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Reclaman una respuesta concreta y detallada

Así, aprovechan para avisar una vez más al juez instructor de que debe realizar una "valoración jurídica" detallada sobre el examen y análisis de las pruebas e informes aportados a la causa por todas las partes durante los casi cuatro años de instrucción.

"Debe dar respuesta concreta, motivada, detallada, analítica, ponderada e imparcial de cuanto se le plantea, justificando sus conclusiones con razones apoyadas en los datos concretos que han ido accediendo a la causa, y no sobre validaciones genéricas", dice la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Celso Rodríguez. Es más, los magistrados añaden que no "alcanzan a comprender" cuál es la "sencilla operación aritmética" que el instructor indica que es "bastante" para justificar la "prudencia" con la que se fijó la cuantía en 2015 porque "no se especifican las cantidades a sumar por cada uno de los delitos y conceptos" por los que se mantiene abierta la causa.

Por otro lado, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid responde a una de las alegaciones de la defensa sobre la inexistencia del delito de blanqueo de capitales externo, por el que está siendo investigado el que fuera exvicepresidente del Gobierno en la época de Aznar, y señala que no es ahora el momento de pronunciarse sobre "el curso de la investigación", sino de "revisar el ajuste a Derecho de las que ha de adoptar el titular del Juzgado de Instrucción".

Rato considera su fianza "desproporcionada" 

La defensa de Rato alegó en su recurso que la fianza es "desproporcionada" porque las "cuotas presuntamente defraudadas alcanzan un montante muy inferior" y que la cuantía "estaría muy alejada de la cantidad calculada en los primeros momentos de la instrucción".

Es más, recalca que el instructor acordó la fianza basándose en el informe inicial de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que siempre ha rechazado el expresidente de Bankia y por los que contrató a unos peritos para defender su inocencia.

El denominado caso Bankia está dividido en una decena de piezas en la que se investigan delitos fiscales y otros casos de corrupción relacionados con sus actividades y negocios que podrían haber favorecido a la fortuna familiar. El juez Serrano Arnal acordó el pasado 28 de noviembre la prórroga de esta investigación hasta junio de 2020.

Rato se encuentra en el centro penitenciario de Soto del Real cumpliendo la condena de cuatro años y medio de prisión por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. Además, se enfrenta a otros cinco años de cárcel por su presunta responsabilidad en la salida a bolsa de la entidad financiera que presidió, hechos por los que declarará la semana que viene como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.

La doctrina Botín de 2007 establece que, si el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares solicitan sobreseimiento, se archivará la causa. La Fiscalía ha señalado que no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y que, de haberlo, no sería con carácter exclusivo, ya que la supuesta falsedad contable puso en cuestión a todo el sistema financiero español, provocando el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a 23.465 millones, además de lastrar la cotización del Ibex 35 y disparar la prima de riesgo. Por ello, la fiscal entiende que la afectación colectiva de los hechos objeto de enjuiciamiento "es más que relevante" y que los accionistas personados en la reclamación de perjuicios derivados de la salida a Bolsa de Bankia están legitimados para continuar en el proceso. 

Respecto a la petición de Bankia de eliminar del proceso a algunos particulares que supuestamente no estarían legitimados para participar en el proceso al no cumplir las condiciones necesarias para ello —el banco solo reconoce la legitimidad de 205, frente a los alrededor de 11.000 demandantes—, la Fiscalía ha señalado que la impugnación de estas acusaciones debería haberse hecho cuando se personaron. "Bankia y BFA estuvieron ahí, lo pudieron hacer", ha indicado Laúna, quien ha advertido, no obstante, que estas personas deberán probar los perjuicios sufridos a lo largo del juicio oral.

Otra de las cuestiones previas planteadas por algunas defensas a las que se ha referido la Fiscalía es a la petición de ampliar el plazo para aportar nuevas pruebas periciales, a lo que se ha opuesto al estimar que "no aportarían nada al esclarecimiento de los hechos", por lo que ha solicitado que no se admitan nuevos plazos ni nuevas pruebas periciales. Asimismo, ha señalado que no cabe alegación al principio de igualdad por parte de algunos acusados, como Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero y Jesús Pedroche, quienes alegaban haberse incorporado a la entidad al mismo tiempo que otros consejeros contra los que se inadmitió la querella. En este sentido, ha argumentado que a estas personas no se los imputa por la salida a Bolsa, sino por su participación en falsedades contables acaecidas en marzo de 2012, cuando ya llevaban seis meses de actuación en el consejo de administración.

Algunos particulares se retiran

Por su parte, parte de las defensas de los particulares se han limitado a adherirse a las consideraciones de la Fiscalía, haciendo hincapié en su legitimación como acusaciones. Asimismo, algunos abogados de minoristas personados han comunicado que han solicitado acogerse a la oferta de la entidad de devolver a todos los afectados que lo soliciten la inversión más un interés del 1% anual, por lo que, una vez se perciba el dinero, procederán a desistir de las acciones civiles y penales que les competen.

Es el caso de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que se ha mostrado a favor de que aquellas personas a las que representa y que ya han recibido la devolución de su dinero abandonen el proceso. De su lado, la Asociación de Usuarios, Cajas, Bancos y Seguros (Adicae) también ha defendido su legitimidad y ha reprochado los "ataques injustificados" que ha sufrido al ser señalada de incongruencia y de no concretar a quién representa, ya que ha asegurado que ha aportado nombres y DNIs de los particulares a los que representa (un total de 1.390 afectados).

La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna ha destacado este lunes en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que los acusados eran "conscientes" de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se "ocultó el estado real" de las cuentas, perjudicando así a los inversores. Por esto mismo, no ha descartado que en su acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, incluya el delito de falsedad contable.

Así lo ha dicho Laúna —que ha estado acompañada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se encargó de esta causa durante la instrucción— durante su exposición en las cuestiones previas a la vista oral en la que ha realizado una serie de de "precisiones" con el fin de "evitar futuras alegaciones de indefensión por errónea interpretación del Ministerio Fiscal en el proceso". La fiscal, que sólo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que en dicho folleto se "ocultaron el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores".

Más de 66.000 acciones de Bankia

Ha añadido que si esto llega a ocurrir "podría afectar a aquellas personas que en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado (el equivalente al auto de procesamiento) ha dirigido aquella responsabilidad". Mientras que el juez instructor, Fernando Andreu, propuso juzgar a 32 personas y a Bankia y a su matriz —Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ( BFA)— por el delito de falsedad en las cuentas anuales en los años 2010 y 2011 y por fraude de inversores; el Ministerio Público decidió acusar solo a Rato y tres de sus directivos, José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella y Francisco Verdú Pons, por el último de estas conductas penales.

Aún así, ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas. Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares —hoy han asistido 13 de las 26 personadas—, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente. En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.

El juicio por las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional pasadas las 11 de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, con una imagen no del todo frecuente: la del antiguo consejo de administración de la entidad al completo sentado en el banquillo de los acusados. Rato es quien se enfrenta a una condena mayor: la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de cárcel, mientras que las acusaciones populares y particulares reclaman penas de hasta 12 años y medio.

En caso de ser condenado, Rato sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. De hecho, el expresidente de Bankia ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en furgón de la Guardia Civil desde la prisión. El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado antes de las nueve de la mañana, pero la primera imagen que se ha visto de él ha sido ya dentro de la sala de vistas. Lo mismo ha ocurrido con José Antonio Moral Santín, Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero, Jorge Gómez Moreno y José María de la Riva, quienes también cumplen condena por las tarjetas black.

Tras Rato, el resto de procesados han ido llegando progresivamente a la Audiencia Nacional, donde han tenido que pasar el obligatorio control de seguridad. Entre ellos, los otros tres ex altos cargos de Bankia, aparte de Rato, a los que acusa la Fiscalía Anticorrupción: el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, al igual que para los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. El resto de ex altos cargos de Bankia que hoy se sientan en el banquillo lo hacen a propuesta de las acusaciones particulares y populares. Entre ellos, un antiguo compañero de Rato en el Gobierno de José María Aznar, el exministro del Interior Ángel Acebes —en tercera fila—, y el empresario Javier López Madrid —en segunda fila—.

La lista se completa con Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj. De éstos, también algunos fueron condenados en el caso de las tarjetas black, aunque en su caso las penas fueron inferiores a los dos años de prisión y, al carecer de antecedentes, están en prisión: Fernández Noriella, Sánchez-Barcoj, Romero de Tejada, Bedía, Arturo Fernández, López Madrid, Pedroche Nieto y Mercedes Rojo.

La plataforma ciudadana 15MpaRato ha activado este martes una campaña de recaudación por micro donaciones para costear su acusación en el juicio contra Rodrigo Rato y otros responsables de la gestión de Bankia que arrancará el próximo 26 de noviembre en la Audiencia Nacional ya que, según afirman, "no podrán continuar" si no reciben apoyo económico de la ciudadanía. Piden 30.000 euros.

Esta organización, que fue parte en el procedimiento por apropiación indebida en el uso de las llamadas 'tarjetas black' por el que 65 ex dirigentes de Caja Madrid resultaron condenados en firme y 15 de ellos, incluido Rodrigo Rato, han acabado en prisión, explica en su campaña de captación de fondos que ahora toca "acabar el trabajo como es debido".

"El sistema está pensado para que no podamos estar presentes. Por eso lo estaremos. La causa tiene más de 300.000 folios y todo esto se ha de revisar para no cometer ningún error frente a los bufetes más grandes y mejor pagados de España", dice el llamamiento, en el que 15MpaRato explica que se han visto "obligados a cambiar de abogados por segunda vez" lo que ha encarecido el proceso.

Desde esta plataforma, inciden en que recaudar los fondos es vital porque "sobran los ejemplos de desenlaces de causas contra la corrupción que se quedan en nada y en las que la diferencia entre la impunidad o la justicia es la presencia de una acusación ciudadana" y han habilitado por ello un espacio en su web a partir del que se puede colaborar con una aportación mínima de 10 euros.

El considerado “artífice del milagro económico español” ya está en prisión. El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ingresó a última hora de la mañana de este jueves en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para cumplir su condena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las famosas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que causó un quebranto económico a la entidad financiera de más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012. Cabizbajo, y arrastrando dos grandes maletas negras, Rato aprovechó la presencia de periodistas en las inmediaciones para lanzar un mensaje antes de ingresar en la prisión madrileña, desde donde afrontará los otros dos frentes judiciales que todavía tiene abiertos: “Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas”.

A comienzos de octubre, el Tribunal Supremo ratificó la pena de prisión impuesta por la Audiencia Nacional contra el expresidente de Bankia por la utilización fraudulenta de las famosas tarjetas black durante casi una década. El fallo, que también mantenía las penas de entre cuatro meses y cuatro años y medio de prisión para 63 exdirectivos de la entidad, ratificaba que Rato había mantenido “conscientemente” desde su llegada a la presidencia de la entidad un sistema “pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”, prescindiéndose “del camino legal” y utilizando “el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto”. En este sentido, señalaba que el exvicepresidente del Gobierno no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas dadas sus responsabilidades en el cargo y recordaba que el expresidente de Bankia también había hecho uso en provecho propio de este sistema –se gastó 99.054,59 euros–.

Con el fallo del Supremo sobre la mesa, la Audiencia Nacional notificó al ex director gerente del FMI la orden de ingreso en prisión y le dio diez días hábiles para presentarse en cualquier centro penitenciario. Rato aprovechó ese plazo de tiempo para intentar paralizar su entrada en la cárcel. El expresidente de Bankia solicitó a la Audiencia Nacional que suspendiera la ejecución de la sentencia mientras prepara su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una deferencia a la que se opuso tajantemente el Ministerio Fiscal. Finalmente, la Audiencia Nacional rechazó el pasado miércoles paralizar la entrada de Rato en prisión al considerar que debe ser el TC el que tome esa decisión mientras estudia un recurso de amparo. Como norma general, el Constitucional nunca suspende la ejecución de una sentencia cuando las penas de prisión son superiores a cinco años, por lo que el expresidente de Bankia estaría por debajo de esa línea roja que establece el tribunal en su jurisprudencia.

Tras el rechazo de la Audiencia Nacional, el que fuera mano derecha de José María Aznar tenía poco más de veinticuatro horas para ingresar en un centro penitenciario, un plazo de tiempo que ha utilizado para decidir la prisión en la que presentarse. Con arraigo familiar en Madrid, el exvicepresidente del Gobierno se ha decantado finalmente por Soto del Real, uno de los centros penitenciarios más cercanos a la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio de San Fernando de Henares. Porque el viacrucis judicial del “artífice del milagro económico español” no ha terminado, ni mucho menos, con la sentencia de las tarjetas black. A Rodrigo Rato todavía le quedan abiertos dos frentes judiciales que pueden incrementar su condena notablemente. El más importante es el caso Bankia, cuyo macrojuicio arrancará en San Fernando de Henares el próximo 26 de noviembre. Pero el ex director gerente del FMI también está siendo investigado por sus negocios privados.

'Caso Bankia'

Rodrigo Rato sonriente, pulgar arriba y repicando la tradicional campanita. Con esta imagen de fondo, Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, debutando en el Ibex 35 sólo tres meses después. En su discurso, el entonces presidente de la entidad calificó la operación de “gran éxito” y llegó a señalar que el salto a los parqués debía considerarse como “un punto de referencia de la economía y el sector bancario español”. Sin embargo, en menos de un año se acabó destapando que la entidad no era, como se llegó a decir, una de las “más solventes” de Europa. En febrero de 2012, aumentaron los rumores sobre el futuro incierto de Bankia al reconocer la entidad que tendría que sanear 3.931 millones de euros, al mismo tiempo que el entonces presidente de la entidad insistía en la “robustez desde el punto de vista de solvencia”. Cinco días después de estas palabras, y al mismo tiempo que el Gobierno prepara una inyección de 10.000 millones para sanear Bankia, Rato se vio forzado a dimitir.

A partir de ese momento, comenzó la caída en picado del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. En el mes de junio, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y la asociación 15MpaRato interpusieron dos querellas por la fraudulenta salida a Bolsa de Bankia, que terminó siendo rescatada con más de 22.000 millones de euros de dinero público. Arrancaron así cinco largos años de investigación judicial que concluyeron en mayo de 2017, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó el procesamiento de la antigua cúpula de la entidad. En total, se tendrán que sentar en el banquillo 32 personas, entre las que se encuentran, además de Rato, el ex consejero delegado de la entidad Francisco Verdú, el exministro Ángel Acebes –fue consejero de BFA, la matriz de Bankia, en el periodo de la salida a Bolsa– y otros consejeros, administradores o vocales de la entidad en 2010 y 2011.

En concreto, Rodrigo Rato deberá responder por un delito de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 de la entidad y por otro de fraude a inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo de la salida a Bolsa de la entidad. “Aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, (…) con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”, señaló en su auto el magistrado Fernando Andreu. Tanto la Abogacía del Estado, en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como el Ministerio Público solicitan cinco años de cárcel para Rato. La Fiscalía, además, pide que “los acusados indemnicen conjunta y solidariamente por partes iguales a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión”.

El origen de su patrimonio

El otro frente judicial que tiene abierto el expresidente de Bankia es el conocido como caso Rato, la investigación sobre el origen de su fortuna que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. El pistoletazo de salida de esta macrocausa, que se divide en más de una decena de piezas, se produjo en abril de 2015, cuando el ex vicepresidente del Ejecutivo fue detenido por agentes de Vigilancia Aduanera a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria sobre 705 contribuyentes, entre los que se encontraba él, que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Está investigado por delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales o corrupción entre particulares. Tres años después, el sumario sigue abierto a la espera de que el juez decrete finalmente el procesamiento del expresidente de Bankia o el archivo de las investigaciones, algo que iría en contra de la posición de la Fiscalía.

Desde el principio, Rato ha defendido que todo su dinero es legal y “está perfectamente justificado y explicado”. Sin embargo, los informes que se han ido presentando son demoledores. En junio de 2017, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria remitió al juez uno de más de 600 páginas en el que calculaba que el exvicepresidente del Gobierno había defraudado 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. Sólo dos meses antes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó a Serrano-Arnal otro informe en el que sostenía que Rato podría haber cometido un delito de blanqueo de capitales utilizando una estructura opaca en el exterior. En el periodo en el que era vicepresidente del Ejecutivo, señalaba el informe, mantenía ocultos en paraísos fiscales al menos siete millones de euros.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado archivar la investigación sobre el presunto fraude fiscal en el que podría haber incurrido durante 2014 y 2015, el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, cuya defensa había pedido al Juzgado de Instrucción 31 de la capital que dejase al margen estos ejercicios fiscales, informa Europa Press.

El juzgado instructor del conocido como caso Rato, que investiga su patrimonio personal, decidió el pasado mes de julio ampliar la pieza principal para incluir estos dos ejercicios como sujetos a investigación por defraudación fiscal, tal y como había pedido la Fiscalía.

La defensa de Rato recurrió a la Audiencia Provincial, que ahora le quita la razón porque entiende que ampliar el objeto del procedimiento a estos otros dos ejercicios no es, como argumenta, un exceso en la investigación pese a derivarse de documentos incautados más allá de los límites que expresó el auto de entrada y registro de 16 de abril de 2016, ya que "una querella da inicio a la instrucción penal, pero no puede agotarla, ni objetiva ni jurídicamente".

25 de octubre: plazo para ingresar en prisión

Rodrigo Rato ha recogido este miércoles por la mañana en la Audiencia Nacional el requerimiento de entrada en prisión, por lo que a partir de ahora tiene 10 días hábiles para ingresar, es decir, hasta el 25 de octubre.

Según han informado fuentes jurídicas, además de Rato también ha acudido a la Audiencia Nacional el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, otro de los 15 exdirectivos de Caja Madrid condenados a más de dos años de prisión por el caso de las tarjetas black. Rato fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel, mientras que Rodríguez Ponga deberá cumplir tres años y dos meses.

Tanto Rato como Rodríguez Ponga, como los otros 13 condenados, estaban citados mañana, jueves, de 9.00 a 11.00 horas en la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional para ser notificados formalmente de la orden por la que al cabo de 10 días hábiles tendrán que haber ingresado en el centro penitenciario de su elección. Los 13 condenados restantes que están citados mañana, por tanto, tendrán hasta el día 26 de octubre para entrar en la cárcel.