Caso Bankia

Rodrigo Rato ha recogido en la Audiencia Nacional el requerimiento de entrada en prisión, por lo que a partir de ahora tiene 10 días hábiles para ingresar, hasta el 25 de octubre.

La condena a cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas 'black' es la primera de una lista de imputaciones a la que el exvicepresidente del Gobierno también deberá hacer frente en los próximos meses.

El fallo da por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal.

Entre los acusados destacan Arturo Fernández, Javier López Madrid y José Antonio Moral Santín, condenados por las 'black'.

El exministro de Economía y expresidente de Bankia repasó ante la comisión de investigación del Congreso su responsabilidad en la crisis financiera española. Dijo que el Gobierno de Rajoy buscaba su detención y que la ministra Báñez advirtió de ello a su secretaria. Cargó contra Zapatero y contra Guindos y desautorizó a los peritos judiciales del Banco de España, ya que considera que no mantuvieron un criterio homogéneo sobre la salida a Bolsa de Bankia.

Está previsto que los accionistas de la entidad absorbida, BMN, reciban el jueves sus nuevos títulos, que el día 12 empezarán a cotizar.

La defensa de Rato subraya que de las pruebas resultantes de las diligencias practicadas en los más de cinco años de investigación del caso Bankia se corroboró que su conducta siempre estuvo "ajustada a derecho".

En caso de aplicarse, no se sentarían en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de entidad previa salida a Bolsa.

El juez Andreu recuerda en su auto que hay indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas.

La entidad realizó provisiones por 244 millones de euros entre enero y septiembre, un 4,3% menos.

La Audiencia Nacional entiende que, por ser miembro del Consejo de Administración, tenía que haber adoptado "medidas de prevención" para asegurar que los estados financieros del banco reflejaban una imagen fiel en su salida a bolsa.

Lezo, según el juez Velasco, tiene un "hilo conductor" que es Ignacio González, pero afecta a "diferentes administraciones públicas, diversos órganos de contratación e incluso diferentes contratos, servicios y empresas públicas en épocas diversas en el tiempo".

Considera que tuvo una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables".

Los bancos asociados a la Asociación Española de Banca (AEB) obtuvieron un beneficio atribuido que supone un 18,6% más que en las mismas fechas del ejercicio anterior.