Tribunales

Rato afrontará desde la cárcel de Soto del Real los otros dos frentes judiciales que mantiene abiertos

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a su entrada en prisión.

El considerado “artífice del milagro económico español” ya está en prisión. El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ingresó a última hora de la mañana de este jueves en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para cumplir su condena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las famosas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que causó un quebranto económico a la entidad financiera de más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012. Cabizbajo, y arrastrando dos grandes maletas negras, Rato aprovechó la presencia de periodistas en las inmediaciones para lanzar un mensaje antes de ingresar en la prisión madrileña, desde donde afrontará los otros dos frentes judiciales que todavía tiene abiertos: “Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas”.

A comienzos de octubre, el Tribunal Supremo ratificó la pena de prisión impuesta por la Audiencia Nacional contra el expresidente de Bankia por la utilización fraudulenta de las famosas tarjetas black durante casi una década. El fallo, que también mantenía las penas de entre cuatro meses y cuatro años y medio de prisión para 63 exdirectivos de la entidad, ratificaba que Rato había mantenido “conscientemente” desde su llegada a la presidencia de la entidad un sistema “pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”, prescindiéndose “del camino legal” y utilizando “el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto”. En este sentido, señalaba que el exvicepresidente del Gobierno no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas dadas sus responsabilidades en el cargo y recordaba que el expresidente de Bankia también había hecho uso en provecho propio de este sistema –se gastó 99.054,59 euros–.

Con el fallo del Supremo sobre la mesa, la Audiencia Nacional notificó al ex director gerente del FMI la orden de ingreso en prisión y le dio diez días hábiles para presentarse en cualquier centro penitenciario. Rato aprovechó ese plazo de tiempo para intentar paralizar su entrada en la cárcel. El expresidente de Bankia solicitó a la Audiencia Nacional que suspendiera la ejecución de la sentencia mientras prepara su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una deferencia a la que se opuso tajantemente el Ministerio Fiscal. Finalmente, la Audiencia Nacional rechazó el pasado miércoles paralizar la entrada de Rato en prisión al considerar que debe ser el TC el que tome esa decisión mientras estudia un recurso de amparo. Como norma general, el Constitucional nunca suspende la ejecución de una sentencia cuando las penas de prisión son superiores a cinco años, por lo que el expresidente de Bankia estaría por debajo de esa línea roja que establece el tribunal en su jurisprudencia.

Tras el rechazo de la Audiencia Nacional, el que fuera mano derecha de José María Aznar tenía poco más de veinticuatro horas para ingresar en un centro penitenciario, un plazo de tiempo que ha utilizado para decidir la prisión en la que presentarse. Con arraigo familiar en Madrid, el exvicepresidente del Gobierno se ha decantado finalmente por Soto del Real, uno de los centros penitenciarios más cercanos a la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio de San Fernando de Henares. Porque el viacrucis judicial del “artífice del milagro económico español” no ha terminado, ni mucho menos, con la sentencia de las tarjetas black. A Rodrigo Rato todavía le quedan abiertos dos frentes judiciales que pueden incrementar su condena notablemente. El más importante es el caso Bankia, cuyo macrojuicio arrancará en San Fernando de Henares el próximo 26 de noviembre. Pero el ex director gerente del FMI también está siendo investigado por sus negocios privados.

'Caso Bankia'

Rodrigo Rato sonriente, pulgar arriba y repicando la tradicional campanita. Con esta imagen de fondo, Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, debutando en el Ibex 35 sólo tres meses después. En su discurso, el entonces presidente de la entidad calificó la operación de “gran éxito” y llegó a señalar que el salto a los parqués debía considerarse como “un punto de referencia de la economía y el sector bancario español”. Sin embargo, en menos de un año se acabó destapando que la entidad no era, como se llegó a decir, una de las “más solventes” de Europa. En febrero de 2012, aumentaron los rumores sobre el futuro incierto de Bankia al reconocer la entidad que tendría que sanear 3.931 millones de euros, al mismo tiempo que el entonces presidente de la entidad insistía en la “robustez desde el punto de vista de solvencia”. Cinco días después de estas palabras, y al mismo tiempo que el Gobierno prepara una inyección de 10.000 millones para sanear Bankia, Rato se vio forzado a dimitir.

A partir de ese momento, comenzó la caída en picado del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. En el mes de junio, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y la asociación 15MpaRato interpusieron dos querellas por la fraudulenta salida a Bolsa de Bankia, que terminó siendo rescatada con más de 22.000 millones de euros de dinero público. Arrancaron así cinco largos años de investigación judicial que concluyeron en mayo de 2017, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó el procesamiento de la antigua cúpula de la entidad. En total, se tendrán que sentar en el banquillo 32 personas, entre las que se encuentran, además de Rato, el ex consejero delegado de la entidad Francisco Verdú, el exministro Ángel Acebes –fue consejero de BFA, la matriz de Bankia, en el periodo de la salida a Bolsa– y otros consejeros, administradores o vocales de la entidad en 2010 y 2011.

En concreto, Rodrigo Rato deberá responder por un delito de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 de la entidad y por otro de fraude a inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo de la salida a Bolsa de la entidad. “Aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, (…) con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”, señaló en su auto el magistrado Fernando Andreu. Tanto la Abogacía del Estado, en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como el Ministerio Público solicitan cinco años de cárcel para Rato. La Fiscalía, además, pide que “los acusados indemnicen conjunta y solidariamente por partes iguales a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión”.

El origen de su patrimonio

El otro frente judicial que tiene abierto el expresidente de Bankia es el conocido como caso Rato, la investigación sobre el origen de su fortuna que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. El pistoletazo de salida de esta macrocausa, que se divide en más de una decena de piezas, se produjo en abril de 2015, cuando el ex vicepresidente del Ejecutivo fue detenido por agentes de Vigilancia Aduanera a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria sobre 705 contribuyentes, entre los que se encontraba él, que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Está investigado por delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales o corrupción entre particulares. Tres años después, el sumario sigue abierto a la espera de que el juez decrete finalmente el procesamiento del expresidente de Bankia o el archivo de las investigaciones, algo que iría en contra de la posición de la Fiscalía.

Desde el principio, Rato ha defendido que todo su dinero es legal y “está perfectamente justificado y explicado”. Sin embargo, los informes que se han ido presentando son demoledores. En junio de 2017, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria remitió al juez uno de más de 600 páginas en el que calculaba que el exvicepresidente del Gobierno había defraudado 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. Sólo dos meses antes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó a Serrano-Arnal otro informe en el que sostenía que Rato podría haber cometido un delito de blanqueo de capitales utilizando una estructura opaca en el exterior. En el periodo en el que era vicepresidente del Ejecutivo, señalaba el informe, mantenía ocultos en paraísos fiscales al menos siete millones de euros.

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