Margarita Robles se ha convertido este miércoles en la primera ministra que ha dado explicaciones en sede parlamentaria sobre la crisis migratoria en Ceuta. Pero su comparecencia no ha logrado disipar del todo las dudas sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la entrada masiva de finales de julio. La magistrada y titular de Defensa, plenamente conocedora del carácter secreto de estas actuaciones, ha alabado el trabajo de sus espías. Y ha llegado a asegurar que los mismos informaron a la Delegación del Gobierno en Ceuta de lo que se estaba cociendo en la frontera un día antes del salto. Avisos que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska insiste en no haber recibido.

El Centro Nacional de Inteligencia es el órgano competente para "obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria" para "proteger y promover" los "intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro y fuera de nuestro país. Además, entre sus labores está la de "prevenir, detectar y posibilitar la neutralización" de "actividades de servicios extranjeros, grupos o personas" que pongan en riesgo, amenacen o atenten, entre otras cosas, contra "la soberanía, integridad y seguridad del Estado". No es el único servicio de inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa. También está el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

La entrada a nado en la ciudad autónoma de decenas de miles de migrantes ante la mirada atónita de un puñado de agentes de la Guardia Civil que se vieron ampliamente sobrepasados arrojó no pocas dudas sobre el papel de los servicios de información españoles y su capacidad de anticipación ante un fenómeno, el de los nadadores, al que se prestaba especial atención en el último informe anual de Seguridad Nacional. Un agujero que terminó tensionando a dos ministerios estratégicos: Interior y Defensa. El primero negó haber recibido aviso alguno de inteligencia sobre lo que podía ocurrir. Y Robles respondió con una encendida defensa de la labor que realizan los agentes del CNI, Cifas y los servicios de información de Policía y Guardia Civil.

La comparecencia de este miércoles en la Cámara Baja, por tanto, estuvo marcada por una pregunta que fueron repitiendo, uno a uno, los portavoces de todos los grupos parlamentarios: ¿Advirtieron los espías del riesgo de que se produjera esta entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma? Pero en esta ocasión la ministra de Defensa ha sido algo más clara. "Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y el CNI realizaron la labor que competencialmente les es exigible y compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno", ha dicho Robles durante su primera intervención.

Una información que ha completado durante su segundo turno de palabra, en el que ha afirmado que fue el 29 de julio cuando los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplegados en la zona informaron a la Delegación del Gobierno de una convocatoria para entrar a nado en la ciudad autónoma "aprovechando" la "fiesta" que se celebraba en Marruecos al día siguiente. Pero lejos de extinguir el incendio con Interior, lo cierto es que la comparecencia de Robles ha terminado por reavivarlo. Porque mientras la ministra se esforzaba por respaldar a los suyos, Marlaska negaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los servicios de inteligencia avisaran de lo que estaba por venir en la frontera.

"No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió", ha lanzado casi a la misma hora el ministro del Interior. ¿Quiere eso decir que no hubo ningún aviso o que sí lo hubo pero no se formalizó por escrito? ¿O quiere decir que las advertencias recibidas no alertaban de una llegada tan masiva como la que se produjo? Robles, sin embargo, no ha dado muchos más datos. No se sabe si se dejó constancia por escrito o si la advertencia se hizo de palabra. "Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos", ha dejado caer la ministra de Defensa, quien ha resaltado que era "público y notorio" que en la ciudad autónoma "se estaba entrando a nado". Una situación de "emergencia" de la que todos eran conscientes días antes de la entrada masiva.

Robles se ha apoyado en un informe del Estado Mayor de la Defensa para hacer una radiografía de lo que ha calificado como una "crisis en tres fases" protagonizada por individuos que se "autoorganizan" y potenciada por las redes sociales: "El asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras". Pero al mismo tiempo, ha hablado de guerra híbrida y de "amenaza" de "agentes internacionales". Y aunque no ha querido señalar directamente a Marruecos, sí ha dejado claro que Ceuta y Melilla son "intocables": "No es que sean españolas, son españolísimas".

Los portavoces de los grupos han pedido a la ministra más concreción durante la comparecencia. Pero Robles se ha movido en todo momento en la fina línea que separa lo que se puede de lo que no se puede contar. Ese deber de secreto no le ha impedido desvelar el número de agentes del CNI destinados a la zona. Pero sí contar con el máximo detalle todo lo relativo a los avisos de inteligencia. ¿Informaron los servicios marroquíes a sus homólogos españoles del desplazamiento masivo de personas a las localidades fronterizas? ¿En qué consistieron los avisos del CNI? ¿Se alertó del riesgo de entrada masiva o solo de una convocatoria en redes sociales? ¿Se dimensionó bien la crisis? Son solo algunas preguntas que, a día de hoy, continúan sin respuesta.

Miles de personas salieron este domingo a las calles de Ceuta para reclamar una respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad después de la entrada masiva de más de 72.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La movilización, una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad autónoma, reunió a más de 10.000 asistentes según los organizadores y a algo más de 5.000 según la estimación de la Policía Nacional.

Bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, la concentración llenó la plaza de la Constitución convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— y con el respaldo de la Federación de Vecinos, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno ceutí. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acudió también a la protesta.

El llamado Manifiesto por la Unidad de Ceuta, leído por el presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani, reclamó al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”. Entre las demandas figuraron más medios humanos y materiales, el refuerzo de las fuerzas de seguridad, una mayor protección de la frontera con Marruecos y recursos suficientes para atender a las personas migrantes que continúan en la ciudad y aliviar la presión sobre los servicios de acogida.

Los convocantes buscaron mantener un mensaje centrado en la convivencia. “Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, recogía el manifiesto, que defendió la pluralidad de Ceuta y advirtió de que la ciudad no puede afrontar en solitario una situación que “supera ampliamente sus capacidades”.

Sin embargo, entre parte de los asistentes también se escucharon consignas de rechazo a la inmigración y gritos de “Sánchez, dimisión”, “ilegales, expulsión” o “invasores”. Los manifestantes pidieron además la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no asistió a la concentración. La tensión llegó incluso a impedir que se guardara el minuto de silencio propuesto desde la organización por las personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad.

Vivas volvió a aprovechar la movilización para pedir ayuda al resto del país. “Solos no vamos a poder, necesitamos solidaridad del resto de España y que el Estado cumpla con sus obligaciones”, afirmó el presidente ceutí, quien calificó nuevamente de “insostenible” la situación de la ciudad.

Un día después de la concentración, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado este lunes a Ceuta para mantener una reunión de coordinación con Vivas y evaluar la situación. Según las últimas estimaciones del presidente ceutí, todavía permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas migrantes, muchas de ellas sin alojamiento y con los recursos de acogida desbordados. Torres tiene previsto comparecer ante los medios a las 13.00 horas en la Delegación del Gobierno.

La situación de los menores no acompañados es otro de los principales frentes abiertos. Hasta el momento hay 1.342 registrados oficialmente en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado para este jueves 13 de agosto la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas y ha anunciado que un equipo técnico de su departamento se desplazará a la ciudad el próximo día 16 para agilizar los trámites relacionados con su acogida.

La reunión entre Torres y Vivas se produce, por tanto, después de un fin de semana en el que la presión ciudadana ha vuelto a situar en primer plano las reclamaciones de Ceuta al Ejecutivo central y en un contexto marcado también por el temor a que pueda producirse un nuevo intento de entrada multitudinaria desde Marruecos el próximo sábado.

Ese temor ha llevado también a la Comandancia General de Ceuta a cancelar todos los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma a partir del próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, salvo en circunstancias excepcionales. La decisión ha sido confirmada a EFE por fuentes de Defensa.

La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General, establece que las excepciones deberán estar “debidamente justificadas y autorizadas” por los responsables de cada unidad. En la práctica, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), implica que los efectivos que se encuentren disfrutando de sus vacaciones en la Península o en otros países deberán regresar a Ceuta si no obtienen esa autorización.

La asociación vincula la medida con la situación provocada por la entrada masiva de finales de julio y con los llamamientos detectados en redes sociales para intentar una nueva entrada multitudinaria el 15 de agosto. En Ceuta hay miles de militares repartidos entre unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54 y los regimientos de Caballería Montesa 3 e Ingenieros.

ATME asegura comprender la decisión por las circunstancias excepcionales, pero reclama al Ministerio de Defensa que tenga en cuenta las consecuencias para quienes tengan que interrumpir sus vacaciones y asumir pérdidas por billetes de avión o alojamientos ya contratados. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha pedido especialmente flexibilidad para los militares destinados en Ceuta que hubieran viajado al extranjero para visitar a sus familias.

La organización también alerta del desgaste de los efectivos desplegados estos días. Según Gómez, algunos están encadenando turnos de ocho horas de patrulla, ocho de descanso y otras ocho en situación de alerta dentro del cuartel. El presidente de ATME ha recalcado además que los militares están prestando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cualquier persona migrante interceptada queda a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local.

Europa está entrando en una nueva etapa geopolítica en la que la dependencia estratégica ya no resulta sostenible. La agresividad de Putin, la incertidumbre derivada de la política exterior estadounidense de Trump y la inestabilidad crónica en Oriente Próximo, agravada por la estrategia del gobierno de Netanyahu, han dejado una lección clara: Europa no puede seguir delegando indefinidamente su seguridad.

España debe asumir que este debate ya no es ajeno.

Tradicionalmente, la política española ha tratado la defensa como una cuestión periférica, subordinada a otras prioridades. Sin embargo, en el contexto actual, la seguridad europea y la estabilidad económica están íntimamente conectadas. Energía, comercio, migración, cadenas logísticas, seguridad digital y estabilidad regional dependen también de la capacidad de Europa para proteger sus intereses.

Esto no significa abrazar una lógica militarista ni sacrificar el modelo social europeo. De hecho, uno de los errores más persistentes del debate público consiste en presentar la inversión en defensa como incompatible con el gasto social.

No lo es.

La dicotomía entre “más defensa o más bienestar” simplifica un problema mucho más complejo. La cuestión no es elegir entre hospitales y seguridad, entre educación y capacidades estratégicas, sino decidir cómo organiza Europa, y dentro de ella España, sus prioridades presupuestarias, industriales y tecnológicas.

España dispone de una oportunidad singular para liderar este proceso dentro de Europa.

Su posición geográfica, entre el Atlántico, el Mediterráneo y el norte de África, la convierte en una pieza estratégica de primer orden. A ello se suma una base industrial relevante: Navantia en construcción naval, Indra Sistemas en tecnología y defensa, presencia industrial de Airbus, así como capacidades logísticas, satelitales y de ciberseguridad con amplio margen de expansión.

Invertir en defensa europea no debería entenderse exclusivamente como adquisición de armamento, sino como política industrial avanzada. Supone innovación, investigación, transferencia tecnológica, empleo cualificado y autonomía en sectores críticos.

Una estrategia común de defensa europea mejor coordinada permitiría además reducir ineficiencias históricas: compras fragmentadas, duplicación de sistemas y dependencia tecnológica externa. Es decir, gastar mejor, no simplemente gastar más.

España podría desempeñar un papel central en la construcción de una arquitectura europea de defensa más integrada y racional, compatible con el mantenimiento del Estado del bienestar que define el proyecto europeo.

Ese debería ser el verdadero objetivo: no copiar modelos de potencia basados en hipertrofia militar, sino construir una capacidad de defensa suficiente para proteger autonomía política, estabilidad económica y cohesión social.

Porque una Europa incapaz de defenderse termina dependiendo de agendas ajenas. Y una Europa dependiente pone en riesgo, precisamente, aquello que pretende preservar: prosperidad, democracia y protección social.

España haría bien en comprender que liderar una defensa europea más autónoma no contradice su vocación social. Al contrario: reforzar seguridad, industria y soberanía estratégica es también una forma de proteger el bienestar de sus ciudadanos.

No se trata de elegir entre cañones o pensiones. Se trata de entender que, en el mundo actual, la autonomía estratégica también es política social.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La evacuación de los pasajeros del crucero Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, se producirá "en un solo movimiento" durante el fondeo del buque en el interior del dique del puerto de Granadilla (Tenerife) a lo largo de la mañana del domingo.

Será una operación precisa para aprovechar "la ventana de oportunidad" que supondrá el buen estado previsto de la mar y del viento, que empeorará a partir del lunes, ha informado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, este viernes.

Ha explicado a los periodistas que, tras el fondeo del barco, se evacuará a los pasajeros y se les trasladará en falúas hasta unos autobuses 'burbuja', que los llevarán directamente hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur para ser embarcados en aviones que los llevarán a sus respectivos países.

Cabello ha señalado que este protocolo ha sido diseñado por Sanidad Exterior, y el objetivo es que no se produzca ningún contacto con la población.

La condición indispensable para que pueda producirse este operativo es que los aviones que tienen que repatriar a todas las personas estén en tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo, "porque todo debe producirse en un único movimiento", ha subrayado el portavoz.

El barco se posicionará frente a la costa de Tenerife en la madrugada del domingo, entre las 03:00 y las 05:00 horas, y tan pronto como amanezca fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde "se dan las condiciones marítimas óptimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible", pero en ningún caso tocará tierra.

Los prácticos portuarios garantizarán la estabilidad del barco para que se produzca la evacuación de las personas en falúas hasta el muelle, donde se dispondrá un dispositivo con distintas barreras de seguridad que garantizan que no se produce "ningún contacto ni con la población ni con nadie en la isla de Tenerife".

Una vez en tierra, los pasajeros serán trasladados en "guaguas (autobuses) burbuja encapsuladas", hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur, en donde estarán los aviones que los llevarán a sus respectivos países.

"Ni siquiera se van a detener en el control de pasaportes. El control se realizaría en el propio puerto; de ahí, guagua encapsulada, escolta, entrada al aeropuerto, pista, avión y despegue", ha resumido el portavoz.

Para Cabello, el elemento clave de esta operativa es que en la noche del sábado o la mañana del domingo estén todos los aviones listos, para así poder "alinear todo este dominó: una pieza depende de la siguiente y no puede fallar nada".

Está confirmada la presencia de cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España, si bien se van a agrupar los nacionales de nueve países de la Unión Europea y de tres países extracomunitarios en un solo vuelo.

También es posible que el armador y Países Bajos asuman la responsabilidad de algunos otros vuelos correspondientes a parte de la tripulación.

Además, es muy importante que todo el proceso se realice en un único movimiento, porque está previsto que las condiciones del mar cambien "de forma muy importante a partir del lunes", se habla de "un mar de fuerza 9", que impediría la operativa, según Cabello.

Las condiciones favorables de la mar no se recuperarían hasta finales de mayo, según esas previsiones.

"Exigimos que se garantice la operativa aérea y, si no puede garantizarla la Unión Europea, que la garantice el propio Estado español mediante recursos militares u otros medios", ha subrayado.

Una vez evacuado el pasaje, se continuará el procedimiento de desinfección del barco, repostaje y disposición del cadáver que permanece en el crucero y zarpará hacia Países Bajos con al menos treinta de sus sesenta tripulantes.

Cabello indicó que en el barco hay 147 personas de 23 nacionalidades, todas asintomáticas desde el 28 de abril, y se calcula que entre 80 y cien sean desembarcadas, ya que un número indeterminado de tripulantes, al menos treinta, seguirán a bordo.

Cabello ha informado además de que Sanidad Exterior va a desarrollar un protocolo específico de protección para cada perfil profesional de los trabajadores implicados en la maniobra, desde los conductores de las guaguas hasta el personal de atraque, pasando por la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, fue el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar —según la OMS— entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

Los catorce españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid —que cuenta con una de las unidades de aislamiento de alto nivel (UATAN) más importantes de Europa, en caso de ser necesaria—, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.

Además, la UATAN del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros.

Esta unidad de Tenerife es la única en Canarias y una de las 17 que existen en España, motivo por el que la isla era el lugar más apropiado para la operación.

Respecto a la tripulación, en principio se baraja que sea Países Bajos como país de bandera y del armador del barco quienes asuman sus necesidades, así como la desinfección del buque, que no es una tarea compleja y que se desconoce si se hará en alta mar o una vez regrese su país de origen.

La OMS, por su parte, trabaja en hallar el origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.

El Gobierno prepara la llegada a España de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras Sanidad insiste en que se garantizará tanto su atención médica como la protección de la salud pública, el Ministerio de Defensa asegura que la cuarentena no será obligatoria.

Fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible” a su regreso y recalcan que, si fuera necesario, el Ejecutivo aplicará todas las medidas legales disponibles para proteger a la población. Estas declaraciones llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, será voluntaria para los pasajeros que permanezcan asintomáticos dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado, ha dicho la ministra.

El crucero, que partió desde Cabo Verde rumbo a Canarias, tiene previsto llegar este fin de semana al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, los ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz previa evaluación médica en el puerto. De ahí, pasarán al Hospital Central de la Defensa donde serán, atendidos.

Es aquí donde radica el "conflicto" entre ministerios, ya que desde Defensa aseguran que los pasajeros no serán ingresados en la unidad de enfermedades infecciosas, sino alojados en habitaciones individuales bajo supervisión médica especializada, mientras que la ministra de Sanidad, aseguró este miércoles que serían trasladados a la unidad de aislamiento de alto nivel que el hospital posee.

Pese a esta desavenencia entre ambos ministerios, desde el Gobierno aseguran que trabajan de forma coordinada para garantizar que el operativo se desarrolle bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para los afectados como para las tripulaciones y el personal sanitario.

Mientras tanto, dos de los pacientes evacuados con síntomas fueron trasladados a Países Bajos tras una compleja operación logística en Gran Canaria, donde tuvieron que cambiar de aeronave debido a problemas técnicos con el soporte eléctrico del paciente y restricciones de vuelo ya que el avión debía repostar en Marruecos, pero el país africano se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto canario.

La llegada del barco también ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad desplegadas en Tenerife. La asociación profesional de guardias civiles, JUCIL, ha reclamado protocolos específicos de actuación y equipos de protección adecuados para los agentes que participen en el desembarco, ante el riesgo biológico que supone la operación.

También el Gobierno canario ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos "ciertos" para el personal sanitario y la población y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben "muchos infectados".

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado a los medios de comunicación que tiene más preocupación ahora que cuando comenzó la reunión de este miércoles por la tarde con representantes del Ministerio de Sanidad, al que se ha pedido información por escrito para un nuevo encuentro.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene sus críticas al Gobierno central por aceptar que el crucero sea atendido en las islas, defendiendo que los pasajeros podrían haber sido repatriados directamente desde Cabo Verde. Este jueves, Clavijo se reunirá en Madrid con los ministros de Sanidad y Política Territorial para coordinar la respuesta institucional ante una situación que sigue generando tensión entre administraciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

Estados Unidos continúa con las amenazas a España. Si hace unos días era con "represalias comerciales" por ser un "aliado terrible" como dijo Donald Trump, ahora es el turno del senador Lindsey Graham, que ha pedido la retirada de las bases de Rota y Morón, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano.

Graham ha insistido en que la posición de España de negarse a que se usen sus bases para la guerra es "un insulto y una afrenta" a la alianza. "Señor Presidente, considero que redundaría en beneficio de los intereses de Estados Unidos trasladar dichas aeronaves de España a un país en el que realmente podamos confiar en momentos de gran necesidad. Confío en su criterio", ha escrito en X.

Así, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han llamado a la calma en nombre del Gobierno al asegurar que la retirada de las bases "es un escenario que no se contempla", ha dicho Robles en el Canal 24 horas de TVE.

Robles ha mantenido la posición "clara, honesta y comprometida" del Ejecutivo español al asegurar "claramente que esta guerra no es nuestra guerra. Entendemos que no puede haber guerras al margen del derecho internacional". De la misma manera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha mandado “un mensaje de absoluta tranquilidad” para defender la postura del Gobierno ante “una guerra ilegal, que tiene un trasfondo político muy profundo y muy preocupante".

Montero ha insistido en que "las bases militares se tienen que utilizar en el marco del convenio" y se ha reafirmado que no serán usadas “para una guerra ilegal”, las bases llevan en España desde 1988 y realizan "una labor importante", ha recordado Robles que ha pedido que se respete la posición española.

No obstante, la ministra Robles cree que las palabras de Trump son una reflexión al hilo de una pregunta porque "no hay ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada.

"Me parece importante mantener y decir que España va a estar siempre en contra de las guerras, a favor de la paz, pero firmemente comprometida también con las misiones de paz y con nuestros aliados", ha subrayado la ministra que ha recibido esta madrugada en la base aérea de Torrejón a 205 militares españoles evacuados de Irak debido a la guerra en Irán

Montero pide cautela “a la hora de valorar y de interpretar cualquier afirmación”, ya que “un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria”, ha dicho en declaraciones a los periodistas durante la visita los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente "en las próximas horas", ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones a los medios tras entregar el premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas' 2026, Robles ha señalado que "la situación es muy compleja" y ha añadido que la idea es que todos los militares regresen a España y para ello hay tres aviones "preposicionados" para llevar a cabo el traslado cuando "haya una ventana de oportunidad".

Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional Inherent Resolve para derrotar al estado islámico, liderada por Estados Unidos, y 42 estaban integrados en la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI).

La ministra ha explicado que la evacuación esta madrugada de los 42 militares del NMI ha sido "muy complicada" porque estaban en los búnkeres y se han tenido incluso que "abortar" algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al "cruce de misiles".

Estos militares junto con los 57 de operaciones especiales de la coalición internacional que fueron evacuados hace unos días ya están en Turquía, donde España tiene desplegados otros 150 efectivos y una batería Patriot en la base de Incirlik, en la localidad de Adana.

Faltan por abandonar Irak 350 militares de la misión de la OTAN, de los cuales 200 son españoles, en una situación "muy compleja", ha insistido Robles.

En la evacuación han participado aviones americanos y alemanes, pero España tiene tres "preposicionados en la zona y esperamos que en las próximas horas o esta madrugada se encuentre la ventana de oportunidad para salir, porque no es fácil, hay fuego cruzado".

La ministra ha recordado que la decisión de adaptar la misión en Irak debido al deterioro de la situación fue de la OTAN y ha señalado que todos los países que participan en la operación están "perfectamente coordinados".

Robles no ha aclarado cuál va a ser el destino final de la misión, pues depende de cómo vayan evolucionando los acontecimientos y ha dicho que España "se siente muy unida y muy próxima" al pueblo iraquí, aunque ha confiado en que "las cosas puedan volver a la normalidad".

En lo que hace referencia a Líbano, donde España tiene desplegados casi 670 militares en la misión de paz de la ONU (FINUL), Robles ha reconocido que la situación es "muy dura y difícil", con una noche de "intensos bombardeos", que han obligado a los 'cascos azules' a permanecer en los búnkeres desde las 12 del mediodía de ayer hasta la una de esta madrugada.

Esta mañana los ataques se han intensificado y, aunque los militares están protegidos con cascos y chalecos, "la preocupación es absolutamente enorme porque son disparos cruzados desde todos los puntos", ha recalcado.

Robles también ha apuntado la posibilidad de que pueda llevarse a cabo la evacuación de ciudadanos europeos que están viviendo en Líbano sin ofrecer más detalles al respecto. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha anunciado que suspende su misión en Irak por la escalada de la tensión en Oriente Medio derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. De los casi 600 soldados desplegados, prácticamente un tercio son españoles, que ya estaban siendo preparados para ser evacuados, según informó este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Estos militares ya han sido reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, que ha bombardeado en varias ocasiones la llamada Zona Verde en Bagdad y otras zonas del país.

La presencia española en Irak, que comenzó en octubre de 2014, comenzó con esta coalición internacional para derrotar al ISIS mediante la operación Inherent Resolve y luego en 2018 se extendió a la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa.

Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de mayo está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI.

La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

El "deterioro de la situación de la seguridad" y "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados" han obligado al Ministerio de Defensa a "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.

"España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak" ante el deterioro de la situación a causa de la guerra en Irán, señala una nota del Ministerio.

"Todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh ya se encuentran en lugares seguros" a la espera "de la evolución de la situación", añade.

"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.

"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.

El envío de una fragata a aguas chipriotas decidido por el Gobierno tras un ataque iraní retoma un debate jurídico con más de veinte años de solera, desde que una ley obligó a que el Congreso autorice las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuó las directamente relacionadas con el interés nacional, según recoge EFE.

Fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional la que impuso las autorizaciones en 2005 para los envíos de tropas, pues hasta entonces las Cortes solo tenían que ser consultadas en caso de declaración de guerra, sí regulada en la Constitución.

En las demás ocasiones, se entendía que era una decisión que formaba parte de las funciones constitucionales del Ejecutivo.

"Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso", reza el artículo 17.1, y en una sola frase dicta tanto la exigencia como el ambiguo abanico de excepciones.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado 26 autorizaciones de ese tipo, según diversas fuentes recabadas por EFE, y ninguna vez denegó el permiso, siempre dieron luz verde amplias mayorías de diputados.

Afganistán, Congo, Líbano, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak figuran entre los destinos de tropas españolas con autorización del Congreso al Gobierno para los despliegues.

A veces fue el pleno y otras veces la Comisión de Defensa el órgano que lo autorizó, ya que, a falta de disposición reglamentaria, es la Mesa del Congreso la que decide a cuál se lo deriva; e incluso en una ocasión fue la Diputación Permanente la que dio el visto bueno.

Varios juristas han criticado la falta de precisión normativa sobre cuándo y cómo debe el envío de tropas someterse a una votación del Congreso, y también a que se dejara al Senado al margen, algo que no ocurría en el precepto constitucional sobre la guerra, que cita a las Cortes, ambas cámaras.

Desde que el jueves el Ministerio de Defensa anunció que la fragata Cristóbal Colón se encamina hacia Chipre en compañía de navíos griegos y de un portaaviones francés, junto al que ya estaba en el Báltico, el Gobierno y el PP han enfrentado las dos interpretaciones jurídicas acerca del artículo 17 de la LODN.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntado por la prensa el viernes en Huelva, subrayó que "echar una mano a Chipre" es para "una misión evidentemente defensiva, nada ofensiva", y que la decisión del Gobierno "se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

En cambio, el PP ha exigido que someta la decisión al Congreso, porque, según ha resaltado el viernes en un comunicado, los soldados españoles en ese desplazamiento "se exponen a ser atacados".

Además, el PP ha reprochado a Sánchez que nunca haya sometido los envíos de tropas al exterior al visado del Congreso, ya que las 26 autorizaciones se aprobaron entre 2005 y 2018, a los gobiernos que presidieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sin ninguna en los últimos ocho años.

Un posible motivo es la variación del concepto de interés nacional, con cambios semánticos según lo define la Directiva de Defensa Nacional de 2020 respecto a las de 2008 y 2012, ya que, salvo disposición legal superior, es el documento máximo que rige en la materia.

Hace dos años el PP registró una proposición para modificar la LODN y concretar cuándo se requerirán las autorizaciones.

Sin una reforma legal, el debate jurídico seguirá abierto cada vez.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán, ha informado el Ministerio de Defensa y ha recogido EFE.

La fragata se incorporó el pasado martes, día 3, al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, ha subrayado Defensa.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa.

También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo. En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

La Cristobal Colón es con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña).

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior.

El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. Su dotación actual gira en torno a los 200 hombres y mujeres.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021, en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

Ante las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros, según informa EFE. 

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", ha señalado en una entrevista en La Vanguardia el presidente, que subraya la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria. 

Sánchez considera que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión de Groenlandia, "hay que tomárselas en serio" y ha asegurado que un acto de fuerza de esa naturaleza supondría "la carta de defunción de la OTAN". La presión de los Estados Unidos hacia la isla se ha incrementado en los últimos meses, aunque anexionarla lleva siendo uno de los objetivos del país norteamericano durante años. El presidente Trump expresó que era una cuestión de "seguridad nacional" y que, aquellos que no le apoyen, se las verán con sanciones por parte de su país en forma de aranceles.

Sánchez también ha expresado que la invasión convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en el "hombre más feliz del mundo", dado que "vería legitimado su intento de invasión de Ucrania", ha agregado. "Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN", ha afirmado. 

El Gobierno está evaluando la posibilidad del envío de tropas españolas a Groenlandia, una opción sobre la que Sánchez hablará con el jefe de la oposición y los grupos parlamentarios y sobre la que "no hay una decisión tomada", ha señalado.

Ha subrayado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el presupuesto de defensa "en términos reales" y que el país está participando de los instrumentos de financiación comunes, así como desplegando tropas de disuasión en el este de Europa. 

Al mismo tiempo, recalca que un gasto militar del 5% del PIB como el que exige Trump es "inaceptable" e "inasumible" para España. "No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa", ha señalado. Considera que "con un gasto de algo más del 2% (España) está cumpliendo de sobra con las capacidades que hoy se nos exigen".

Sobre la relación con China, Sánchez ha indicado que España la concibe "como un rival sistémico, también como un competidor y como un aliado en algunos desafíos globales", como la emergencia climática. Tras la pandemia, el presidente ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado que su intención es hacer un nuevo viaje en 2026, "en interés de España y Europa". 

"El mundo es muy grande y hay regiones del mundo deseando colaborar y cooperar con Europa. Y Europa no puede darles la espalda", ha afirmado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de esa isla, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".

"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso donde comparece en la Comisión de Secretos Oficiales desde las 8:30 horas.

Estas manifestaciones de la ministra de Defensa se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región.

"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy", ha señalado Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia".

La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del día, en el que "está habiendo reuniones". "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado.

A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo.

"Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman".

Preguntada sobre si Sumar apoyaría que España participe en una misión europea en Groenlandia, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que por el momento hay poca información. "La propia ministra ha pedido prudencia al respecto y vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio", ha declarado a los medios en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que la parece una "contradicción" que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la de la OTAN, y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí integra la Alianza Atlántica.

Y la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha opinado que enviar tropas a Groenlandia "no va a valer de absolutamente nada" y ha calificado esta medida de "inútil". "¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el Ejército norteamericano? Es que todo lo que están planteando es un sinsentido", ha apuntado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado, al ser preguntada por los deseos de Trump de anexionar Groenlandia, que habrá que ver en qué se traduce y ha añadido que, más allá de este asunto, ante los grandes cambios en el orden mundial Europa "es absolutamente irrelevante y España todavía más".

"Estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este Gobierno", ha asegurado.

Una quincena de militares franceses se encuentran ya en Groenlandia. El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d'Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que "una quincena de soldados" franceses, "especialistas de alta montaña" están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas Arctic Endurance que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de "inédita". "Es una señal fuerte -añadió-. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto".

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el que confirmó la pasada noche que había decidido la participación de su país en "maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia" y había precisado que los primeros militares franceses estaban en camino y que "otros seguirán".

Macron ha convocado a primera hora de esta mañana un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también para abordar la crisis en Irán. Y a mediodía pronuncia su tradicional discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas, que será la ocasión para hablar públicamente de esa operación en Groenlandia.

El Ministerio de Defensa ha solicitado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la dana, según ha informado EFE.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que "los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la dana demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp".

Carlos Mazón se cruzó mensajes con Alberto Núñez Feijóo desde las 20:08 horas hasta las 23:29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Así consta en los mensajes de Mazón, que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE.

Tras las inundaciones de la dana, Feijóo criticó la respuesta dada por el Ejecutivo y que este no declarase la emergencia nacional para asumir así el mando de una catástrofe que afectó a varias comunidades, y su partido acusó al Ejecutivo de actuar de "mala fe" al no involucrarse desde el primer momento en la gestión de las riadas.

Mazón denunció que, tras la dana, había tenido que pedir a Defensa "más unidades de la UME, de 500 en 500" y su vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó recientemente en la comisión de investigación del Congreso que el día de la catástrofe tuvieron que "esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase". 

La apuesta de Alemania por el rearme prosigue tras la reinstauración del servicio militar. El país germano ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros, según ha informado EFE.

"Es un nuevo récord. Esto no es un fin en sí mismo, pero señaliza el giro político (que se ha dado)", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia en Berlín.

Según explicó, la Comisión Presupuestaria ha aprobado este año un total de 103 proyectos de adquisición con un valor total de 83.000 millones de euros. "Son inversiones enormes, somos conscientes de ello, pero son necesarias", argumentó.

Pistorius reiteró la necesidad de equipar y armar mejor a las Fuerzas Armadas o Bundeswehr, con el objetivo de garantizar la seguridad de Alemania a través del fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que se trata del tercer año consecutivo en el que se baten récords y que la suma de los tres últimos años, 188.400 millones de euros, es más alta que la de todo el periodo de 2015 a 2022, cuando se gastaron 109.000 millones de euros.

En concreto, el paquete por valor de 50.000 millones de euros aprobado este miércoles incluye una treintena de adquisiciones, entre ellas de proyectiles y otros componentes para diferentes tipos de sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, de vehículos blindados Puma, y de un sistema de radar satelital SPOCK.

También se adquirirán sistemas de armamento y otros componentes para los cazas Eurofighter, obuses, torpedos para submarinos, así como prendas y equipos personales para el total de 460.000 efectivos a los que está previsto ampliar la Bundeswehr en los próximos años y para 80.000 empleados civiles.

A principios de diciembre, el Bundestag aprobó la vuelta del servicio militar en el país. Esta medida establece que el servicio es de carácter voluntario, pero obliga al alistamiento a todos los varones de 18 años. En caso de que el número de voluntarios no fuera suficiente para cubrir las necesidades de defensa, será imperativo el prestar servicio.

De esta manera, se pretende incrementar las cifras de soldados en activo: de 183.000 a 255.000. En el año 2035, se espera llegar a los 270.000. También está previsto que se añadan hasta 200.000 reservistas.

Todos los jóvenes varones deberán cumplimentar un formulario sobre motivación y aptitud. Sin embargo, la obligatoriedad no se extiende a las mujeres, ya que el deber defensa de la Constitución alemana fue redactado en género masculino, por lo que sería necesaria una reforma constitucional para incluirlas.

El regreso del servicio militar en Alemania lleva fraguándose un tiempo. Ya en verano de 2024, el ministro de Defensa Boris Pistorius anunciaba un plan para establecer el servicio de forma "selectiva". El pasado agosto, el Consejo de Ministros alemán sentó las bases para esta medida a través de un proyecto que tuvo que ser debatido en el Bundestag. Finalmente, este mes de diciembre se aprobó el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania.

El Ministerio de Defensa ha anulado en los últimos días decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes como consecuencia del veto al material de defensa de ese país, incluido uno para la adquisición de guías láser para el combate aéreo por importe de 207 millones de euros, según informa EFE.

Son cancelaciones enmcarcadas en el plan de desconexión de Defensa de la tecnología israelí y afectan a contratos en su mayor parte firmados en los dos últimos años, según ha podido comprobar EFE a través de la plataforma de contratación del Estado.

En concreto, la adquisición del 'POD designador láser para sistemas de combate aéreo' recayó en Rafael Advanced Systems en 2024 por 207.414.102 euros por ser la única empresa con capacidad para desarrollarlo.

La anulación se formalizó la pasada semana, antes incluso de la aprobación del Real Decreto que ha dado soporte legal al boicot a las empresas israelíes, al igual que ocurrió con los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

A lo largo de esta semana, se han sucedido las anulaciones de contratos de menor cuantía pero que afectan incluso a material para combatir los incendios destinado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), como unas mochilas ignífugas adjudicadas a Guardian Homeland Security por 59.616 euros.

Con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores.

También se ha anulado el contrato para la compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por importe de 2,2 millones de euros.

Quedan sin efecto además varios contratos con Elbit Systems, los más costosos para el mantenimiento y repuesto de los sistemas de radioenlaces (4,5 millones).

Otros contratos anulados son para el sostenimiento de las cámaras térmicas coral, visores nocturnos y designador láser Rattler de las unidades de Infantería de Marina que comercializa la española Blanch International, pero con tecnología israelí, al igual que un designador láser JTAC Rattler XR por 1 millón de euros.

Con Pap Tecnos se han roto contratos para el mantenimiento de estaciones de armas Rwcs Minisamson utilizadas en el vehículo RG-31 por 350.000 euros.