La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar este sábado.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

El Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto diligencias por el presunto asesinato de la mujer, si bien no se prevé que el detenido pase hoy a disposición judicial por este hecho.

Fuentes judiciales han indicado a EFE que el titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo abrió diligencias desde que se recibió comunicación de que se había producido una muerte por causas no naturales.

Todavía, indican las mismas fuentes, no hay atestado.

El acta de inspección de la Policía Científica realizada tras el suceso de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes al romperse una pasarela, recoge que los soportes de sujeción y la tornillería estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación por óxido" y corrosión, según informa EFE.

En el acta, que adelanta El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE, señala el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalización, a las 22:30 horas de ese día.

Recoge que la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada para alertar de que se había derrumbado un puente en las proximidades de la playa de El Bocal, y que había "varios cuerpos flotando en el agua".

A consecuencia de estos hechos fallecieron seis jóvenes entre 19 y 22 años: una de ellas de Igollo de Camargo (Cantabria), tres de Bizkaia, otra almeriense y otra de Guadalajara, y otra joven alavesa resultó herida.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera.

Igualmente la alcaldesa ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera, lo que provocó la muerte de seis jóvenes, según recoge EFE.

"La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado y lo debo decir con total transparencia", ha dicho la alcaldesa, que ha comparecido en una rueda de prensa tras recibir el informe de este cuerpo policial sobre ese aviso del 112, al que llamó un vecino que alertó de que la pasarela estaba rota un día antes del suceso.

Igual ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

La alcaldesa del PP ha destacado además que el ayuntamiento no es responsable del mantenimiento de esa pasarela ni la de la zona, porque corresponde a Costas. Ha manifestado además que trabajará para que se depuren responsabilidades y no cree haber fallado ni en honestidad ni en transparencia. También ha añadido que no va a ser culpable "de las responsabilidades individuales que tiene cada uno".

Al menos cinco personas han fallecido y una continúa desaparecida tras caerse al mar, entre acantilados, de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander, que se ha roto este martes cuando un grupo de siete jóvenes pasaba por ella, informa EFE.

Las mismas fuentes han señalado a EFE que las cinco personas fallecidas, la desaparecida y la única rescatada con vida son seis chicas y un chico que cursaban sus estudios en el mismo instituto.

Los siete jóvenes pasaban por esa pasarela, situada en la zona conocida como Punta Cortada, sobre las 16:50 horas, cuando la estructura de madera, que forma parte de la senda peatonal construida hace años por esa parte de la costa cántabra, se rompió por causas que se desconocen.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil, los agentes que llegaron a la zona fueron informados que dos personas estaban en el mar boca-abajo a 25 metros de tierra y otras cinco estaban desaparecidas.

El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida. La quinta víctima fallecida ha sido sacada a tierra pasadas las 20.00 horas, sin luz ya en la zona, aunque el operativo de rescate sigue intentando buscar a la persona que aún sigue desaparecida.

La séptima víctima de este siniestro ha sido rescatada con vida y es una joven que ha contado al operativo de rescate lo ocurrido tras ser sacada del mar y que ha sido trasladada al hospital de Valdecilla de Santander con hipotermia, según ha explicado a los periodistas la alcaldesa, Gema Igual, que ha estado en el lugar del suceso desde que se conoció el colapso de la pasarela.

Gema Igual ha explicado que se desconoce el motivo de la rotura de ese paso, que es de madera, y ha señalado que el secretario de Estado responsable en materia de Costas, Hugo Morán, se acerca a la zona, ya que esa infraestructura es competencia del Ministerio.

También se acerca a la zona la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

En la zona trabajan la Salvamar Deneb de Salvamento Marítimo y su helicóptero Helimer, embarcaciones y unidades de la Guardia Civil de Cantabria y Bizkaia, Cruz Roja y el helicóptero del 112 del Gobierno de Cantabria.

El tiempo seguirá siendo primaveral en las próximas jornadas, con temperaturas diurnas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio" que de finales de febrero, y con máximas hasta 10 grados por encima de lo normal para la época, según el testimonio del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, que recoge EFE.

"Tenemos por delante unos días con tiempo en general estable. Cielos poco nubosos aunque, eso sí, presencia de calima que empeora la calidad del aire. También se formarán bancos de niebla", ha añadido este miércoles. Las lluvias "quedarán acotadas" a puntos de Galicia y comunidades cantábricas, aunque sin descartar que el fin de semana pudieran extenderse a otras zonas de la mitad norte y llegar también a puntos del área mediterránea. 

Las temperaturas en general van a continuar altas para la época, especialmente los valores diurnos. A comienzos de la próxima semana sin embargo, podrían extenderse las precipitaciones a más zonas de la península y Baleares. 

Este miércoles un frente dejará lluvias en el oeste de Galicia pero el jueves será una jornada de tiempo estable. Además este miércoles habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima "empeorando la calidad del aire", ha advertido del Campo.

Las temperaturas serán ligeramente más bajas que días previos, aunque los valores seguirán superando los 25° en el Cantábrico, también en puntos del área mediterránea, según la Aemet.

Ya el martes se rondaron los 27° en Bilbao y en Santander, y los 26° en Oviedo, ha informado Del Campo.

Mañana jueves será una jornada de tiempo estable, con numerosas brumas y bancos de niebla tanto en el interior como en zonas costeras del Mediterráneo y en Baleares. No se esperan lluvias y se mantendrá la calima en el oeste peninsular. Subirán las temperaturas en esa zona del oeste de la península, pero bajarán en el Cantábrico.

Será una jornada de nuevo "claramente más cálida" de lo habitual para la época, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para las fechas, ha afirmado el portavoz de la Aemet. Se registrarán máximas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio", al igual que en jornadas siguientes.

El viernes habrá algunos cambios porque un frente alcanzará el noroeste peninsular y dejará allí lluvias. En concreto en Galicia, Asturias y en Cantabria, sin descartar alguna gota en zonas próximas. Se registrará un descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, pero sin grandes cambios en el resto. En buena parte del centro y este peninsular se rondarán los 18 a 20° de máxima; se llegará a 25° en puntos del Mediterráneo.

Diez incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.

Esta tarde están activos incendios forestales en Soba (2), Miera, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera. También hay cuatro incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa.

Cantabria estará las próximas 48 horas en nivel “alto o muy alto” de riesgo por incendios forestales.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha vuelto a pedir este martes que se denuncie cualquier situación relacionada con los incendios forestales y se ponga en conocimiento del 112 o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ha recordado que el 90% de los fuegos que se producen en la región son provocados. "No podemos permitir que gente tan desalmada haga eso con nuestro patrimonio natural", ha dicho Susinos.

El Tribunal Supremo dictó este lunes dos sentencias contra la caza del lobo en Cantabria y Asturias –donde se han ejecutado más de 60 ejemplares en el último año– que han sumido en la incertidumbre a los implicados. Los pronunciamientos son sobre casos de 2022, fecha anterior a la expulsión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que ha derivado en diferentes interpretaciones sobre si en este momento las comunidades autónomas pueden decretar la caza de nuevos ejemplares. En respuesta a las dos sentencias, Asturias paralizó este martes la persecución del animal al menos hasta verano, mientras que Cantabria asegura que "nada ha cambiado".

La consejera de Medio Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, aseguró este martes a infoLibre que su Comunidad seguirá decretando órdenes para abatir a lobos pese al pronunciamiento del Supremo, puesto que las sentencias corresponden a disputas anteriores a la salida del lobo del Lespre en marzo de 2025. Cuando estaba en esa lista, el mamífero solo podía abatirse con el permiso justificado del Ministerio de Transición Ecológica, pero en la actualidad la decisión es exclusiva de cada comunidad autónoma.

"La sentencia nos deniega la petición para las dos extracciones [como se denomina a la caza del lobo por orden administrativa] que pedimos en 2022, pero la situación ha cambiado por completo", valora la consejera. "El lobo ha salido de la lista de especies protegidas y tenemos un plan de gestión activado que permite un cupo de extracciones de hasta el 20% de la población cada año", añade.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que interpuso los dos recursos a los que ahora ha dado la razón el Supremo, interpreta de manera opuesta los dictámenes y opina que las dos sentencias de este lunes afectan también a los planes de gestión del lobo de Cantabria y Asturias para 2025 y 2026, de manera que ambas regiones deberían cesar la caza inmediatamente. Desde abril del año pasado se han abatido en Cantabria 41 lobos y 25 en Asturias.

"Tanto si las comunidades lo quieren ver como si no, las sentencias subrayan que el lobo sigue protegido en Europa y suponen la prohibición de la caza por cupos. Lo que ha ocurrido con la protección del lobo es una reconfiguración, pero su captura sigue estando restringida a situaciones concretas y justificadas", contesta Ignacio Martínez, presidente de Ascel.

En su opinión, que el lobo haya salido del Lespre no implica que deje de estar blindado en la Unión Europea, puesto que está incluido en el anexo de especies protegidas de la Directiva Hábitats. Es cierto que el Parlamento Europeo rebajó también el año pasado su estatus de "estrictamente protegido" a "protegido" en esa normativa –un cambio que abrió la puerta a que los Estados miembros puedan permitir su caza–, pero siempre garantizando que la población "mantenga un estado de conservación favorable".

Asturias, la otra región en la que se permite abatir lobos de manera recurrente desde abril del año pasado, ha tenido que apostar por una estrategia más conservadora. En su caso, la sentencia del Tribunal Supremo de este lunes no solo tumbó el plan de control 2022-2023, que no tiene efectos sobre la situación actual, sino que también anuló el artículo 7.5.a de un decreto del Principado de 2015 que permitía determinar el número de capturas mediante cupos. Como ese artículo sigue presente en el plan de actuación 2025-2026, la Consejería ha cancelado la continuidad de ese programa, que terminaba esta primavera.

"Vamos a seguir garantizando ese equilibrio necesario para desarrollar una actividad agrícola y ganadera y haremos la modificación del decreto", declaró este martes el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Según aclaró, los cambios en el artículo ya se aplicarán en el próximo programa de caza del lobo, que esperan tener listo en junio, y que incluirá un cupo que dependerá del informe del estado de la especie en 2025, que publicarán próximamente.

Sobre la decisión de Asturias de paralizar el programa de extracciones actual, la consejera cántabra prefirió no pronunciarse durante la conversación con infoLibre. "No puedo entrar a valorar las decisiones de otra Comunidad. Nosotros seguimos los dictámenes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha avalado nuestro plan en cada recurso que nos han presentado", subrayó Susinos. También destacó que este mismo lunes el Tribunal Supremo descartó un recurso de Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que pedía medidas cautelares contra el actual Plan de Gestión del Lobo.

Asturias y Cantabria no son las únicas regiones que han dado batalla en los últimos años para rebajar la protección de este mamífero. Castilla y León ha sido probablemente la que más presionó en su día para retirar al animal del Lespre, y también es la que más manadas alberga (179 en el año 2024) aunque por ahora no ha permitido abatir a ningún ejemplar. Esta región está, en teoría, a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el esperado informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de la especie, que debía haberse remitido a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025. Una vez se conozca si el lobo en España crece o está estancado, decidirán cómo proceder.

Galicia es la segunda Comunidad con más manadas y también ha defendido la caza del lobo durante años, pero por ahora la mantiene paralizada. Tras la expulsión del animal del Lespre hace un año, la Xunta publicó una resolución que volvía a considerarlo especie cinegética en caso de evidencias de ataque a una granja, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizó la normativa en junio al entender que su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones.

Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo, según recoge EFE.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y Euskadi y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Continuarán las precipitaciones que serán persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía, donde se registrarán acumulados significativos en Grazalema (Cádiz). En la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos las lluvias serán en general débiles y poco probables en la meseta norte.

Aunque las lluvias irán remitiendo a lo largo del día, la llegada de nuevos sistemas frontales volverá a reactivar precipitaciones en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En el resto de la península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. Se prevén probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sureste y en Pirineos.

Nevará en montañas del norte, con una cota de nieve en torno a 1.300/1.600 metros, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1.600/1.800 metros.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el noreste de Cataluña. En Canarias, no se registrarán cambios. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte.

Soplará viento intenso de componente oeste, que será fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo y más moderado en general en el interior.

Las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que afecta a la península mantienen cortadas 73 carreteras en el inicio de la mañana de este jueves, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 42 se encuentran en Andalucía.

Cádiz continúa siendo la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables diversos tramos en 14 carreteras, según los últimos datos de las 05:45 horas publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El hielo y la nieve afectan a otras 21 carreteras de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, sumando un total de 12 tramos cortados (nivel negro).

En cuatro carreteras de la red secundaria y nacional es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno (nivel rojo), entre ellas la SA-203 en Salamanca o la A-317 en Granada. Por su parte, cinco tramos de la red en la Comunidad de Madrid se mantienen transitables con precaución en nivel verde.

La DGT incide en que hay que extremar la precaución en las zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes de coger el coche.

El temporal de viento ha obligado a desviar 10 vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a otros aeródromos, mientras que ha obligado a las aerolíneas a cancelar otros 101. Según los últimos datos facilitados por el aeropuerto catalán, el balance de esta mañana es que se han podido operar 199 vuelos y hay pendientes de programar 599 movimientos de aeronaves para el resto del día.

Con todo, se espera que, si se confirma la previsión meteorológica y el viento baja por debajo de los umbrales operativos establecidos, las incidencias vayan a menos y que el aeropuerto recupere paulatinamente la normalidad en las próximas horas.

Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja (riesgo importante); la primera de ellas por temporal marítimo y las dos ultimas por nevadas que serán especialmente copiosas en zonas de Ávila y Segovia, y también en el Pirineo aragonés.

"Atención a las nevadas este sábado en la meseta norte", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

La autoridad meteorológica recomienda consultar "el estado de las carreteras" a quienes vayan a viajar.

Advierte además de que "se prevén lluvias fuertes y persistentes en Cataluña y Baleares".

Este sábado están en nivel naranja por nevadas Aragón y Castilla y León. El Ministerio de Transportes ha confirmado que tiene dispuestas 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades autónomas de Aragón y Castilla y León, ha informado este sábado en un comunicado.

La meseta de Ávila y de Segovia presenta espesores de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de 800-900 metros.  

Según ha informado el Ayuntamiento de Segovia, la acumulación de nieve está dificultando el tránsito por calzadas y aceras, y se recomienda a la población extremar la precaución si tiene que desplazarse por la ciudad, tanto por carretera como a pie. Siguiendo los protocolos habituales en episodios de nevadas, los primeros trabajos se han centrado en la limpieza de las carreteras principales de la ciudad, así como en los accesos al hospital, centros de salud y otros servicios de emergencia y esenciales.

La persistencia de la nevada está dificultando especialmente la limpieza de las aceras, por lo que desde el Ayuntamiento se pide a la población que evite la circulación por ellas y, en caso de que sea imprescindible, que se haga con la máxima precaución y utilizando calzado y vestimenta adecuados.

En nivel amarillo con riesgo bajo, inferior al anterior por inclemencias varias del tiempo se encuentran las siguientes comunidades: Asturias, por nieve y oleaje; Cataluña, nieve y lluvias; Comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por lluvias; Cantabria, País Vasco y Canarias por temporal marítimo.

En el Pirineo oscense, en alerta naranja, se acumularán 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.100 metros en el sector más oriental. En cotas altas los espesores serán muy superiores.

Asimismo está en naranja A Coruña (Galicia), aunque por temporal marítimo, por olas de 5 a 6 metros.

Bajo aviso por nieve aunque en nivel amarillo (riesgo bajo) se encuentran zonas del Pirineo y prepirineo catalán y el navarro, áreas de la cordillera cantábrica, la meseta de Salamanca, Zamora o la de León; del sistema central de Ávila y Segovia, o de la cordillera de Asturias y Picos de Europa y puntos de Teruel.

La borrasca Harry ha dejado una intensa nevada en el Pirineo catalán, donde es obligatorio el uso de cadenas en una docena de carreteras, y ha descargado lluvias de hasta 66 litros por metro cuadrado, especialmente en el Camp de Tarragona.

La previsión de intensas precipitaciones, en forma de nevada en la zona del Pirineo, ha obligado a Protección Civil a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT, por lo que se pide extremar las precauciones en la carretera y evitar las actividades en áreas de montaña.

La nieve ha acumulado ya esta mañana importantes gruesos en el Pirineo, como los cinco centímetros alcanzados en la Vall de Núria, por lo que es obligatorio el uso de cadenas en una docena de vías, entre ellas la C-28 a su paso por el Port Bonaigua, la N-260 en Alp o Port Cantó y la N-230 Vilaller-Vielha.

En el caso del sistema central de Segovia, las acumulaciones podrán superar hasta 15 centímetros por encima de 1.000 metros.

En la meseta de Palencia, de Valladolid, Salamanca, Zamora, León o Burgos los espesores podrán superar los 2 centímetros en 24 horas desde cualquier cota.

En la sierra de Madrid las acumulaciones superarán los 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.000 metros.

Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación, una cantidad que en Baleares llega hasta 4.615 euros, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según informa EFE.

Si se suma también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027, el número de afectados roza los 2,7 millones de personas, teniendo en cuenta los datos recabados por dicho Ministerio a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida.

Para el conjunto de España, en un hogar con una renta mediana, se estima que la renovación del contrato de alquiler tendría un alza anual de 1.735 euros, tal y como avanzó el pasado 4 de diciembre el ministro del ramo Pablo Bustinduy, que apremió al PSOE para prorrogar los contratos de alquiler que van a expirar a lo largo de 2026 de forma prioritaria y urgente.

El impacto de estas renovaciones sería mayor en Baleares (4.615 euros), que lidera la clasificación seguida de la Comunitat Valenciana (2.686 euros); Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). 

Por encima de los 1.000 euros también están Cantabria (1.969 euros); Andalucía (1.952 euros); La Rioja (1.408 euros); Castilla-La Mancha (1.131 euros); Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros).

Se excluye de los cálculos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población, así como al País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.

Por comunidades, el mayor número de contratos a expirar, y por ello de afectados, se da en Madrid (145.881 contratos y 404.090 personas); Cataluña (112.728 alquileres y 300.984 afectados); Andalucía (85.491 contratos y 213.728 personas); y la Comunitat Valenciana (62.523 alquileres y 155.057 afectados), según los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Según Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio del alquiler se ha encarecido un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 m2 ha pasado a costar unos 1.160 euros/mes, 300 euros más.

Además, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago y más de 2,5 millones de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera.

En este contexto, Sumar insiste en una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC para proteger a los inquilinos de la escalada de los precios del alquiler mientras siguen a la espera de una respuesta de sus socios del PSOE.

En un mapa territorial dominado por las derechas, los delegados del Gobierno han dado un paso adelante en la batalla política y se han convertido en referentes socialistas. Ya no son esas figuras grises y de labores técnicas cuyos nombres apenas conocen los periodistas, sino que también han asumido el papel de defender la acción del Ejecutivo progresista en comunidades dominadas institucionalmente y mediáticamente por la derecha.

En Madrid, por ejemplo, Francisco Martín Aguirre se ha convertido en el polo opuesto a la labor de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Su nombre ha estado en el centro del debate estos días por el dispositivo policial en relación a la Vuelta ciclista, que suspendió su última etapa por la masiva manifestación en contra de la participación del equipo de Israel y del genocidio que está pilotando Benjamin Netanyahu.

El PP de Madrid se ha lanzado en su contra durante estos días acusándolo directamente de “no reprimir los incidentes” y de haber “dejado tirada a la Policía Nacional”. Incluso el regidor de la capital ha cuestionado las cifras oficiales de los participantes en las manifestaciones: “No hubo 100.000 personas que se manifestaron en la ciudad de Madrid. No es cierto. Es falso”. El choque también con la Puerta del Sol es total y desde la Comunidad lamentaron que se autorizara una concentración de universitarios en Alcalá contra Isabel Díaz Ayuso en el arranque del curso: "El delegado del Gobierno ya es kale borroka”.

Desde que llegó Martín a la Delegación del Gobierno ha tratado, frente a épocas anteriores, de hacer una defensa cerrada del Gobierno central frente a Almeida y Ayuso. Es una persona de confianza del presidente (trabajó codo con codo con Sánchez en La Moncloa al ser secretario general de Presidencia) y, además, es uno de los grandes poderes en la sombra del PSOE madrileño (es una de las figuras más destacadas de la corriente ‘bolañista’).

Otro de los nombres que más fuerza ha cogido en el panorama político por su labor en una Delegación del Gobierno es el de Pilar Bernabé. Su labor durante la dana ha sido reconocida por los ciudadanos y representa el trabajo frente a la ausencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, que estuvo encerrado en un restaurante de lujo durante la fatídica tarde que supuso la muerte de 229 personas.

La figura de Bernabé ha subido desde entonces muchos escalones dentro del PSOE, hasta salir elegida responsable de Igualdad en el congreso del partido celebrado en Sevilla el pasado mes de diciembre (fue ratificada en su puesto en el comité federal del 5 de julio en el que se renovó la dirección tras la irrupción del caso Cerdán). Y, además, es uno de los grandes activos electorales del PSPV, que la ha elegido ya para ser la candidata en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Valencia (ella es una gran conocedora del mundo local tras años como concejala).

En el último mes y medio, además, se han producido dos importantes movimientos a través del Consejo de Ministros. El Gobierno ha elegido a Pedro Casares y a Francisco Lucas como nuevos delegados del Ejecutivo en Cantabria y la Región de Murcia, respectivamente. Se da la circunstancia de que los dos diputados han sido también aupados como nuevos líderes socialistas en sus autonomías en la última tanda de congresos y han dejado sus escaños en el Congreso para asumir estas responsabilidades.

De esta manera, estos dos nuevos líderes territoriales tienen un papel relevante en sus comunidades, especialmente por su competencia en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los delegados del Gobierno gozan de una especial relevancia en las comunidades y suelen tener un importante foco mediático local.

Casares ya se mide políticamente así con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a la que tendrá que enfrentarse en menos de dos años en las urnas en las autonómicas de 2027. El nuevo delegado del Gobierno ha pedido explícitamente a la popular que “rectifique” su rechazo a la condonación de la deuda porque es algo “bueno” para su tierra.

El líder del PSOE de Cantabria, como señalan sus allegados, quiere establecer un estilo serio y de gestión en la Delegación frente al clima “irrespirable” que busca el Partido Popular. Se ha marcado al frente de la Delegación cuatro grandes ejes: mejorar los servicios públicos, el empleo, la vivienda y la convivencia social.

Murcia es una tierra extremadamente complicada para los socialistas y Lucas ha decidido centrar su labor política allí, dejando atrás su etapa como diputado en la Carrera de San Jerónimo. El nuevo líder del PSRM tomó posesión el pasado día 12, arropado por el titular de Justicia, Félix Bolaños. Toda una declaración de intenciones.

El mensaje de Lucas desde que ha llegado a la Delegación está en la línea de confrontar con los discursos de la ultraderecha en Murcia y ha advertido durante estos días que no va a tolerar que “el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad”. Con esta idea: "Desplegaremos todos los mecanismos y recursos oportunos para impedir situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal convocada hace unos días frente al centro de menores de Santa Cruz".

Pero esa labor de aplacar el discurso del Partido Popular desde la Delegación del Gobierno también se da de manera paradigmática en una comunidad socialista, Castilla-La Mancha. La delegada en Toledo es Milagros Tolón, una mujer de la máxima confianza de Sánchez y que representa una corriente contraria a Emiliano García-Page, cuyas críticas al presidente del Gobierno son constantes. Además, tiene un especial peso interno en la calle Ferraz al formar parte de la Ejecutiva Federal como secretaria de Políticas Sociales. Ella cerca las palabras del presidente castellano-manchego y es la voz que defiende con más fuerza la labor del Gobierno en su tierra.

Y en este listado de delegados estrella también está Adriana Lastra, que ha encontrado su refugio como representante del Gobierno central en Asturias después de haber rechazado ser ministra. Ella fue una de las personas más próximas a Sánchez, pero luego se distanció por su pulso interno con el exsecretario de Organización Santos Cerdán. El tiempo ha dado la razón a la vicesecretaria general respecto a sus recelos con el navarro y sigue teniendo ascendente moral en sectores de su partido para las batallas internas que se puedan dar.

La historia parece haber pegado un súbito acelerón en virtud del cual parece que estuviéramos abandonando algunos de los rasgos más característicos del orden global que ha regido los destinos de la especie los últimos cuarenta años. Algunos hablan abiertamente de "desglobalización" y vuelta a un orden internacional westfaliano con la recuperación de la soberanía de los Estados y la merma del papel de las instituciones globales como el FMI, la OMC, etc.

Aquel tan característico doble proceso de pérdida de competencias estatales hacia arriba (la UE) y hacia abajo (las CCAA en el caso de España) parece estar deteniéndose; por un lado, ante la dificultad de las instituciones supraestatales de mantener un papel de relevancia con la vuelta a las políticas proteccionistas. Y por otro, ante la dificultad de las entidades subestatales con competencias de elevadas exigencias financieras como son las que corresponden en nuestro país a las CCAA en materias tan relevantes como la educación, la sanidad, la dependencia o el medioambiente. Acabamos de ver cómo varias CCAA debían enfrentarse este verano a la plaga de los incendios forestales con unas dotaciones de recursos presupuestarios según los responsables políticos de las mismas insuficientes para la magnitud del problema.

Es por ello que la financiación de los presupuestos autonómicos vía endeudamiento, si en algún momento ha podido tener alguna lógica, en este momento está llamada a reducirse, especialmente ante la previsión generalizada de encarecimiento de la deuda en los mercados, especialmente la de medio y largo plazo.  

Incluso Estados Unidos, que ha operado como asegurador universal durante décadas con una deuda sostenida por los inversores y los Estados de otros países, ahora cambia de guión a través de una política proteccionista orientada –otra cosa será el resultado real de tales políticas– a reducir su cuantiosos déficits y deuda.

Francia por su parte afronta una situación tan grave, derivada entre otros factores de lo elevado de su deuda pública, que aparece amenazado el régimen de la V República.

La deuda pública, pues, cabalga cual jinete del apocalipsis y los Estados se preparan para sortearla en las mejores condiciones posibles de forma que altere lo mínimo posible las perspectivas de mantenimiento del bienestar y atención a las rentas más desfavorecidas en sus sociedades.

La propuesta de quita del Gobierno de coalición corresponde a una concepción (federal) del Estado según la cual las CCAA se dedican a gestionar la competencias sustantivas mientras el Estado garantiza la financiación complementaria de la obtenida por los tributos de las CCAA.

Acudir al mercado de la deuda exige garantías difíciles de cumplir para los deudores pequeños como son las CCAA. No parece necesario explicitar razones por las que los Estados están en mejores condiciones de acudir al mercado que las administraciones subestatales: la hacienda estatal presenta más y mejores garantías para los inversores, por lo que los rendimientos exigidos pueden ser menores. Además, y como se ha demostrado con el NGEU, el Estado puede acudir a obtener una deuda mutualizada de la UE mucho más barata en proporción a sus superiores garantías.

Al día de hoy el Estado se financia en el mercado a un coste más bajo que las CCAA. Las letras del Tesoro se están financiando entre un 3,5% y un 3,9%. Los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han supuesto un notable ahorro en el pago de intereses a las CCAA beneficiarias. Aquellas que, como la Comunidad de Madrid, han rechazado acogerse a esta vía de financiación y han acudido directamente al mercado soportan un sobrecoste significativo en lo que al pago de intereses se refiere, disponiendo de menores recursos para financiar políticas sustantivas. CCAA como Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha o Cataluña dedican más del 20% al pago de intereses de la deuda.

Aligerar el peso de la deuda, habida cuenta del adverso escenario más arriba descrito, parece una política sensata si se quiere aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos cuya prestación es competencia de las CCAA; reducir la carga de intereses facilitaría aumentar la prestación de servicios y las inversiones públicas (p.ej. ayudas a familias de rentas bajas, incremento de las dotaciones para dependencia, mejora de infraestructuras educativas, construcción de refugios climáticos,  planes de prevención de incendios, etc).

Una política de solidaridad como la postulada requeriría del establecimiento de algunas condiciones. Es evidente que la asunción por el Estado de una parte de las deudas autonómicas no puede ser compatible con las prácticas de desfiscalización de rentas altas que algunas practican; condicionar la quita al aumento de las dotaciones para servicios e inversiones públicas y para garantizar el incremento de la recaudación fiscal parece una razonable medida de justicia equitativa. Esta política solidaria en absoluto podría considerarse atentatoria de la autonomía política sino expresión de un acuerdo favorable a los ciudadanos de la CA afectada que verían así aumentar la cantidad y la calidad de los servicios públicos recibidos de su administración autonómica. Un acuerdo que podría servir de soporte para la definición de un nuevo modelo de financiación de las CCAA en el que estas implementan las políticas públicas de sus competencias y la prestación de servicios públicos y el Estado se ocupa de garantizar el acceso al endeudamiento minorando la carga onerosa que dificulta la primera función.

El fortalecimiento de las políticas públicas y la mejora de los servicios públicos ha demostrado ser una forma eficaz de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, al fin una de las justificaciones centrales del Estado de las autonomías.

Porque es de esto de lo que se trata en última instancia, de garantizar el predominio de los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de los acreedores.

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José Antonio Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

El Ayuntamiento de Santander ya ha cambiado el nombre de más de la mitad de las calles con denominaciones franquistas de la ciudad afectadas por la Ley de Memoria Democrática, para cumplir así con el requerimiento que le hizo la Fiscalía para efectuar esa modificación. Según informa EFE.

A finales de marzo, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria dio un plazo de un mes al Ayuntamiento de Santander para proceder al cambio de nombre de calles con denominaciones franquistas, para cumplir los acuerdos adoptados en los plenos municipales de agosto de 2015 y mayo de 2016 sobre la retirada de esos nombres del callejero y otros elementos conmemorativos contrarios a la Ley de Memoria Democrática.

Y a consecuencia de ello, el pasado 25 de abril el Ayuntamiento aprobó en pleno, con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE, PRC y el Grupo Mixto-IU, y el rechazo de Vox, los cambios de nombres de las calles.

Los cambios en el callejero de Santander que el Consistorio tenía que acometer son: el Alto de los Leones por Benito Madariaga; Belchite por José Luis Casado Soto; Brunete por Carmen y Joaquín González Echegaray; Camilo Alonso Vega por José Hierro; Capitán Cortés por Miguel Ángel García Guinea; Carlos Haya por Antonio de Tova y Arredondo; García Morato por Juan Antonio Gutiérrez de la Concha; y General Díez de Villegas por José de Bustamante y Guerra.

También están los cambios de nombre de General Dávila por Paseo de Altamira; Alféreces Provisionales por Fray Silvestres Vélez de Escalante; General Moscardó por Bernardo de Miera y Pacheco; Montejurra por Valentín Lavín Casalís; Ruiz de Alda por Juan de Santander; Sargentos Provisionales por Leonor Plantagenet; y Zancajo Osorio por Leonor de la Vega.

El proceso avanza y ya se han hecho la mitad de los cambios. Hasta el momento son nueve las calles que han cambiado de nombre.

"Es un proceso progresivo y escalonado, pero que no se detiene. Se va desplegando con la implicación de los departamentos de talleres, vialidad y estadísticas, y en coordinación con los vecinos", destaca a EFE el Ayuntamiento.

Así, ya están con su nueva denominación las calles José Bustamante y Guerra (antigua General Villegas); Bernardo Miera y Pacheco (General Moscardó); Juan Antonio Gutiérrez de la Concha (García Morato); y Antonio de Tova y Arredondo (Carlos Haya).

También las calles Valentín Lavín Casalís (Montejurra), Miguel Ángel García Guinea (Capitán Cortés), José Luis Casado Soto (Belchite); Benito Madariaga (Alto de los Leones); y Brunete por Carmen y Joaquín González Echegaray.

Este asunto del cambio de nombre de calles con denominaciones franquistas viene de hace ya tiempo con denuncias en la Fiscalía.

En junio de 2024, cuarenta ciudadanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cantabria por un presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander.

Alegaban que el Consistorio no accedía a retirar del callejero municipal los nombres de Paseo del General Dávila y la calle Alonso Vega.

La denuncia se archivó un mes después porque, según la Fiscalía, los hechos denunciados no se correspondían con el tipo penal de la prevaricación administrativa.

Unos meses después, en diciembre del año pasado, varios ciudadanos a título particular presentaron ante la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria una petición para que se ejecutara inmediatamente el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Santander de agosto de 2015, en ese sentido.

Y ya en febrero de este 2025 representantes de varios colectivos presentaron ante la Fiscalía una petición solicitando la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, para obligar al Ayuntamiento de Santander a que retirase toda denominación con menciones a la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura.

Al contestar a la Fiscalía a su requerimiento, el Ayuntamiento señaló que ya se habían hecho cambios en el callejero, hasta 16, y que se habían retirado monumentos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Memoria Democrática y también antes de su aprobación, según apuntó el Consistorio.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener la suspensión de la norma aprobada por el Parlamento de Cantabria que deroga la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esta comunidad autónoma, según informa EFE.

La corte de garantías suspendió la norma cántabra el pasado 27 de febrero cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno, que invocó el artículo 161.2 de la Constitución que así lo estima.

Y ahora el Pleno ha decidido mantener la suspensión de esta ley, como medida cautelar y sin entrar en el fondo, con los votos de la mayoría progresista frente al rechazo de la minoría conservadora, esto es, siete a favor y cinco en contra, según informan fuentes jurídicas.

El tribunal considera que la ponderación de los eventuales perjuicios alegados por el Gobierno, en caso de levantamiento de la suspensión, tienen la gravedad y consistencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la ley autonómica.

En concreto, destaca el carácter irreversible del paso del tiempo en el ámbito del ejercicio de derechos prestacionales como los concernidos en la Ley de Cantabria de Memoria Histórica y de su trascendencia para las víctimas.

Cantabria derogó la ley con la mayoría de PP y Vox; y la presidenta del gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga Gómez, del PP, la firmó con el argumento de que "nació muerta" porque "no hubo consenso" en su tramitación.

El Gobierno estatal recurrió porque, según argumenta en su recurso, la derogación de la norma "menoscaba" el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática".

En concreto, sostiene que la ley de Cantabria "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica".

"Deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la ley estatal".

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que los "atentados" como el sufrido este viernes en la sede regional del partido se deben a los discursos de odio que, considera, se llevan "demasiado tiempo amparando" en diversos espacios, entre ellos la tribuna parlamentaria, ha recogido EFE.

El líder socialista se ha expresado así, en declaraciones a los periodistas, después de que un encapuchado lanzara dos botellas con explosivos caseros al interior de la sede, que explotaron en la entrada principal sin causar daños personales, durante un acto en defensa de la memoria democrática en el que había presentes unas 70 personas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado de que la investigación sigue en curso y que todavía no se ha producido ninguna detención por el lanzamiento de las botellas, en las que se podía leer "frente a las mentiras revanchistas. PSOE = Satanás".

Respaldado por la Comisión Ejecutiva de Cantabria mientras se dirigía a los medios de comunicación y a unas 200 personas que se han concentrado en la sede del PSOE contra este suceso, Casares ha asegurado que el PSOE no se va a amedrentar.

Ha lamentado que los socialistas se están "acostumbrando" a recibir insultos y amenazas, tanto en la calle como en las redes, y pintadas vandálicas en su sede de Cantabria. "Pero no esperábamos algo así", ha reconocido.

Y ha insistido en que el PSOE no parará "hasta garantizar la memoria, la justicia y la reparación de todas las víctimas de la sinrazón de la dictadura franquista".

Pedro Casares ha agradecido a todos los asistentes a esta concentración y a las personas y partidos políticos que a lo largo de la tarde del viernes y de este sábado han hecho llegar mensajes de apoyo al PSOE de Cantabria.

Asimismo, ha dado las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la presidenta de Cantabria, la conservadora María José Sáenz de Buruaga, por sus mensajes de apoyo y su disposición, así como el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo de la Policía Nacional.

A preguntas de los periodistas, ha precisado que no le ha llegado ningún mensaje de Vox, pero tampoco lo esperaba. "Sus silencios son en muchas ocasiones cómplices de las consecuencias que estamos viendo en las calles y también en las sedes de los partidos políticos", ha añadido.

Casares cree que la ultraderecha "ampara, en demasiadas ocasiones, este tipo de mensajes de la sinrazón y la barbarie de personas que no entienden y respetan la democracia".

A su juicio, es momento de que todas las fuerzas políticas, "también la derecha y la ultraderecha, condenen cualquier ataque, acto violento o discurso del odio".

El Gobierno de Cantabria ha anunciado este martes que ya ha comenzado a dar caza al lobo en su Comunidad. La Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha confirmado la noticia después de que la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) diese la voz de alarma este lunes. El Gobierno regional no ha dicho cuántos ejemplares ha abatido, para evitar que la noticia se convierta "en un circo", ha añadido Susinos.

La caza de estos ejemplares supone la o las primeras muertes de un lobo en España desde que el Congreso aprobó la desprotección del lobo al norte del Duero hace un mes. El Gobierno central introdujo la especie en septiembre de 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y desde entonces ninguno ha sido abatido legalmente, pero su reciente salida ha permitido al Gobierno cántabro, del PP, ordenar la caza de este ejemplar para evitar daños en el ganado.

"Estamos actuando con total transparencia y legalidad. Estamos actuando con base en estudios científicos y técnicos. El año pasado se produjeron más 2.700 ataques y tenemos un mínimo de 23 manadas y más de 200 lobos", ha subrayado la consejera en una rueda de prensa este martes. Susinos también ha dicho ante la prensa que la cifra de lobos muertos solo se la dará al Ministerio de Transición Ecológica.

Ignacio Martínez, presidente de Ascel, ha señalado a infoLibre que el ejemplar habría sido abatido por los guardas forestales de la región, ya que esta Comunidad no permite a cazadores privados disparar a lobos. "No podemos aportar pruebas para proteger a nuestra fuente, pero tenemos la garantía de que ha sido abatido, y no por cazadores furtivos", ha afirmado.

Los conservacionistas temían que Cantabria fuese la primera en registrar una muerte del animal, puesto que también fue la primera autonomía en publicar una ordenanza para recuperar esta práctica tras la salida del can del Lespre. De hecho, la misma mañana que el BOE oficializó la desprotección del animal, el 2 de abril, el Gobierno regional publicó la resolución para abatir hasta 41 animales.

Esta cantidad es el máximo de permisos que emitirá desde ahora hasta agosto de 2026 para cazar lobos, previa solicitud de un ganadero afectado, aunque la misma resolución se reserva el derecho de conceder más "extracciones", el eufemismo que utiliza el sector, "si se continuasen produciendo daños significativos por su cuantía, recurrencia, intensidad o localización" en una zona. Tras aprobarse la desprotección del animal en el Congreso, el Gobierno de Cantabria celebró la medida y dijo que la llevaría a "máximos" porque el animal estaba "hiperprotegido".

La organización Ascel, que fue la que impulsó la entrada del lobo en el Lespre, trató de frenar la resolución de Cantabria y presentó un recurso de alzada para su suspensión cautelar, pero fue desestimado. Ahora, según adelanta Martínez, preparan un recurso que presentarán en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

"Dicen que es una medida avalada por la ciencia, pero es rotundamente falso, no hay una justificación racional para matar al lobo, solo ha sido una riña política", señala el portavoz de Ascel. "Nosotros presentamos 84 páginas para justificar que el lobo tenía que ser protegido, pasamos un examen, y ahora vamos a retroceder porque unos diputados se han calentado", añade. La medida se aprobó en el Congreso con los votos del PP, Vox, Junts y el PNV en forma de tres enmiendas que los populares introdujeron en el Senado dentro de la ley de desperdicio alimentario.

Ignacio Martínez recuerda también que los ganaderos tienen el monopolio de la conversación como si tuviesen un derecho a decidir sobre el lobo, cuando en realidad es una conversación que tendría que tener la sociedad. "Por no hablar de que además estamos subvencionando entre todos los daños de los ataques a las granjas, porque las compensaciones las pagamos nosotros", afirma.

La otra Comunidad donde podría reanudarse en breve la caza del lobo es Asturias, gobernada por el PSOE e Izquierda Unida. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria anunció el 8 de abril que permitirá abatir 53 lobos en su territorio hasta el 31 de marzo de 2026, aunque todavía no ha publicado la resolución en el boletín oficial, y hasta entonces no se pondrá en marcha el mecanismo.

Según explica un portavoz a infoLibre, esperan que esto ocurra "de forma inminente, en los próximos días". También aclara que, como en el caso de Cantabria, "podrían ser más" de 53 si los ataques al ganado continúa tras las extracciones.

Este portavoz de la Consejería asturiana también pide que las comunidades autónomas donde habita el lobo —el 95% de las cerca de 360 camadas que hay en España están en Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia— sigan recibiendo los fondos del Ministerio de Transición Ecológica incluso ahora que pueden cazar al animal.

El Gobierno central aprobó en 2021 un presupuesto de 20 millones de euros anuales para estas regiones a cambio de introducir el lobo en el Lespre, pero estas quieren seguir recibiendo el dinero, que se destina a compensaciones a ganaderos o a medidas preventivas como la compra de mastines. "Si el lobo es cosa de todos, como dicen, lo suyo es que sigan contribuyendo", opina.

Galicia es la tercera comunidad que ha movido ficha, y ha recuperado oficialmente al lobo como animal cinegético, es decir, que puede ser matado en cotos por cazadores particulares con un permiso previo de la Xunta. Según la resolución, publicada el 11 de abril, los "daños constatados" a una granja son suficientes para solicitar a la Consellería de Medio Ambiente la caza del ejemplar, previa comprobación.

Desde Ascel critican que la definición de "daño constado" es muy amplia y puede dar lugar a que un único ataque termine en una cacería, y también han presentado un recurso de alzada en esta comunidad. En todo caso, creen que Galicia "no es una región preocupante" para el lobo porque allí no se han concedido permisos de caza desde 2013, pese a que estuvo contemplado en la ley hasta 2021.

De las cuatro regiones más pobladas por lobos, la única que se mantiene al margen es Castilla y León, precisamente la comunidad que más guerra ha dado al Gobierno central durante los últimos cuatro años, y también la que más presencia tiene de lobos, con casi dos tercios de las manadas totales. En el recuento de 2022-2023 se encontraron 193. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, afirma que por ahora "no se han autorizado extracciones, ya que se harán de manera muy excepcional".

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la norma aprobada por el Parlamento de Cantabria que deroga la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esta comunidad autónoma y ha acordado su suspensión mientras lo resuelve. Tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución el TC ha suspendido la vigencia y aplicación de la ley impugnada, informa el tribunal y recoge EFE.

El Gobierno alega que la norma podría vulnerar los artículos 10 y 15 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas. También sostiene que la ley podría ser contraria al orden constitucional de distribución competencial recogido en los artículos 149.1.1 y 149.1.30 de la Constitución y a los principios de colaboración y cooperación.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 11 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática Histórica y Democrática de Cantabria, al igual que hizo con la misma norma del Gobierno de Aragón. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que Cantabria rechazó la posibilidad de negociar un acuerdo y evitar el recurso en la Comisión Bilateral de Cooperación.

La derogación de esta ley se hizo efectiva después de que fuera aprobado en el Parlamento de Cantabria con la mayoría de PP y Vox, y su posterior publicación, el pasado 12 de noviembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Precisamente, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga Gómez, del PP, firmó la derogación en el BOC de esta ley (que sacaron adelante PCR y PSOE en 2021) con el argumento de que "nació muerta" porque "no hubo consenso" en su tramitación. "De una ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación", dijo en el preámbulo de la derogación de la norma.

PCR y PSOE denunciaron, por contra, en el Parlamento regional que con ella se derogaba una norma que reconocía "los derechos de todas las víctimas", cerraba heridas, y que acababa con una "mentira intencionada", que "instala en el olvido los crímenes del franquismo".

El Gobierno de España ha decidido recurrir la decisión porque, según argumenta en su recurso, la derogación de la norma "menoscaba" el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática (LMD)". En concreto, sostiene que la ley de Cantabria "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica".

"Deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la ley estatal", agrega. Igualmente destaca que el dictamen mayoritario del Consejo de Estado aprecia "la procedencia de la impugnación de la totalidad de la ley".

Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida de la renovación territorial en el PSOE durante el pasado mes de diciembre en el congreso de Sevilla. Allí pidió a los suyos un “partido de ganadores” que encare ya el próximo ciclo electoral y deje atrás el fantasma de la debacle territorial que significó el 28 de mayo de 2023 para los socialistas. Manos a la obra.

El nuevo mapa del socialismo se está terminando de configurar durante estos días. En Extremadura este sábado Miguel Ángel Gallardo consiguió revalidar la Secretaría General tras ganar en primarias con un 61,28% de votos frente a Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres. Asimismo, la semana pasada fue clave para despejar las dudas sobre Castilla y León, con la llegada de Carlos Martínez al poder en sustitución de Luis Tudanca, y de Andalucía, donde se ha lanzado al ruedo la vicepresidenta primera María Jesús Montero, candidata de unidad en una carrera en la que se ha presentado otro precandidato, Luis Ángel Hierro, con pocas posibilidades incluso de lograr los avales.

De esta manera, a la familia socialista sólo le queda desbrozar el camino de tres federaciones: Murcia, Aragón y Cantabria. Tres territorios dominados por el Partido Popular y en los que sí hay disputa interna dentro del partido. Los primeros que irán a las urnas serán los militantes del PSRM, donde se celebrará la votación entre militantes el próximo día 19.

Los socialistas murcianos estrenarán nuevo líder después de apartarse a última hora el todavía secretario general, Pepe Vélez. Tras la presentación de avales, la lucha queda entre el diputado Francisco Lucas y el exdelegado del Gobierno Diego Conesa. La federación cuenta con 5.225 militantes y en la primera batalla de las firmas para los precandidatos demostró el primero que es el favorito al aunar el 50% (2.172 apoyos), en tanto que el segundo se quedó en 1.029.

A Lucas se le ha atribuido la etiqueta de ser también el favorito de la dirección de Madrid, al ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE recién elegida en el congreso de Sevilla. El diputado, que es secretario general de la agrupación de la ciudad de Murcia, supone un recambio “generacional”, como señalan fuentes de la federación. Y, además, dirigentes del partido ponen en valor que está consiguiendo el apoyo de todas las “familias” del partido que están peleadas desde los años noventa: “Ha logrado una foto histórica tras tantos años de división”. En su entorno manifiestan que tiene “un proyecto autónomo” y que “vuela solo”, a pesar de que en el otro sector lo acusan de estar tutelado.

Por el momento, también está consiguiendo Lucas apoyos sonoros a su candidatura dentro de la región como los de los alcaldes de Mula, Calasparra, Campos del Río y Lorquí. Asimismo están con él todos los parlamentarios socialistas murcianos en el Congreso y en el Senado, además de vencer a Conesa en respaldos en los representantes en la Asamblea autonómica (diez parlamentarios frente a tres). El eurodiputado Marcos Ros y la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz, optan por su candidatura. A su favor cuenta con los números uno y dos de Juventudes Socialistas.

Pero como señalan dirigentes del PSOE de Murcia: “En las primarias todo puede pasar”. Conesa ya fue líder del socialismo autonómico y dejó el cargo tras el proceso infructuoso de la moción de censura de 2021, que terminó en un efecto mariposa y en las elecciones de Madrid en las que ganó por primera vez en votos Isabel Díaz Ayuso. Entonces, él decidió dar un paso al lado. Su opción, como remarcan en el partido, es un movimiento de adhesiones más personales y de carácter independiente alejado de las tradicionales familias que han dominado el socialismo murciano en las últimas décadas. En esta carrera tiene a su vera a los alcaldes de Los Alcázares, Teutí, Bullas, Beniel, Librilla y Villanueva.

Este fin de semana se ha animado el congreso que celebrarán los cántabros, la única federación que todavía no ha aprobado un calendario. La idea que manejan son unas primarias para el 16 o el 23 de febrero con el consiguiente congreso en el mes de marzo. A falta de la concreción de las fechas, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Casares, oficializó en un acto este sábado un secreto a voces: se presenta a las primarias frente a Pablo Zuloaga.

"Quiero hacer un PSOE de Cantabria que cuente con todos y en el que todos cuenten. Quiero ser el secretario general de todos y de todas. Por eso doy este paso, para despertar y recuperar la fuerza de tanta gente, como demostramos hoy aquí, con un PSOE más vivo que nunca y con más ganas que nunca de ganar el futuro, impulsado por la fuerza de la militancia, el alma y el corazón de este partido", lanzó Casares, que tuvo el apoyo en directo de Lola Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos, las dos secretarias generales anteriores a Zuloaga.

Casares y Zuloaga llevan librando una batalla interna de carácter soterrado desde hace años. En el ‘congresillo’ para elegir a los delegados que fueron al cónclave federal de Sevilla ganó la lista impulsada por Casares y liderada por Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales. Pero el congreso no fue bien para el primero porque salió de la dirección de Pedro Sánchez, en tanto que Ferraz dio entrada a la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, persona de confianza del actual líder regional.

El diputado nacional cuenta con la mayoría de la agrupación de Santander ciudad, a la vez que el alcalde de Cartes y los líderes socialistas de Piélagos, Polanco, Astillero, Camargo y Santoña, entre otros. Zuloaga, en cambio, tiene como principal columna hercúlea a la agrupación de Torrelavega, el gran bastión del socialismo cántabro durante décadas.

En plena búsqueda de apoyo de los militantes están los dos candidatos en Aragón. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, es la gran favorita, pero en su equipo hablan de manera prudente y señalan que es tiempo de escuchar a los afiliados. La también portavoz del Gobierno está recorriendo las tres provincias de la comunidad y acaba de abrir un canal de Whatsapp. Su gran objetivo, señalan fuentes cercanas, es un “proyecto ilusionante, que cuente con todos para un PSOE fuerte que gane en 2027”.

A la carrera se ha lanzado Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE de Aragón y líder in pectore del sector lambanista. Entre sus principales apoyos está Mayte Pérez, portavoz socialista en las Cortes, además del expresidente Javier Lambán. Confía en poder llevarse buena parte del voto de las provincias de Aragón y Teruel, mientras que Huesca se inclina principalmente por Alegría. La ministra ya tiene el apoyo del expresidente Marcelino Iglesias, además de alcaldes significativos como los de Borja, Esplús y Andorra. El proceso arrancará oficialmente el próximo 24 de enero, cerrándose el plazo de avales el 3 de febrero. Dentro del partido también hay sectores que apuestan de manera privada por un acuerdo entre las dos candidaturas para evitar que haya una batalla en las urnas en febrero que deje heridas en el partido y ponen como ejemplo en positivo lo que ha pasado tanto en Castilla y León como en Andalucía.

En menos de dos semanas tres comunidades en las que el Partido Popular gobierna—Baleares, Cantabria y Castilla y León— han tomado medidas opuestas sobre una misma materia: la memoria histórica. Hace diez días el PP balear anunció que su partido votaría a favor de la derogación de la ley autonómica presentada por la formación de Santiago Abascal tiempo atrás. Es lo que también hizo este lunes el PP cántabro, que unió sus votos a los Vox a para eliminar la ley regional. Dos días después, sin embargo, el PP de Castilla y León votó en contra de la ley de "concordia" que ellos mismos habían registrado junto a la ultraderecha siete metes antes.

La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido para la derecha un objetivo a batir. Lo fue hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero dejándola sin fondos. Y lo ha seguido siendo tras el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas del pasado año, en la memoria se convirtió–de nuevo– en la pieza de caza mayor de eso que llamaron guerra cultural.

Tras el 28M las autonomías en las que el PP pactó con Vox para llegar a la presidencia se comprometieron a eliminar de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura. Una medida que conservadores y extrema derecha enmarcaron en los distintos acuerdos en la búsqueda de una supuesta "reconciliación" y "concordia real" para evitar cualquier "manipulación histórica" que pretenda "imponer una memoria parcial y sesgada".

Ese compromiso rápidamente se convirtió en una de las prioridades políticas de la legislatura, especialmente en las autonomías en las que la extrema derecha entró a gobernar. No tardaron en ponerse manos a la obra. El primer paso lo dieron en Aragón, aprobando una derogación de la normativa memorialista regional que fue presentada en las Cortes el 20 de noviembre del pasado año, efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco. Tras esto, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal comenzaron a moverse en Comunitat Valenciana, Castilla y León y Baleares. La decisión de Vox de romper con el PP el pasado julio ha provocado, sin embargo, que algunas comunidades sigan adelante con esa prerrogativa y otras no.

Tanto en Aragón como en la Comunitat Valenciana derecha y ultraderecha primero registraron sus llamadas leyes de concordia, con las que buscaban reemplazar las normas autonómicas de memoria con textos que ampliaban el periodo de cobertura hasta 1931, con la llegada de la Segunda República, y después derogaron las leyes autonómicas existentes. En el caso de Aragón, el borrado se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia, que permite una tramitación parlamentaria más ágil, y con el rechazo frontal de todo el tejido memorialista. Eso no impidió al Gobierno de Jorge Azcón aprobar, en junio de este año, el Plan para la Preservación de la Concordia, que evita referirse al franquismo o la Guerra Civil y solo hace una referencia general a las víctimas de la violencia “ejercida por regímenes totalitarios o dictaduras".

En el caso valenciano, el president Carlos Mazón decidió derogar la ley junto a Vox el mismo día en el que estaba previsto —como así sucedió— que Vox rompiera los Ejecutivos autonómicos con el PP. La ley valenciana asegura que "todas las víctimas son iguales" y equipara a las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las del terrorismo etarra, sin condenar el franquismo ni distinguir a las miles de personas asesinadas que acabaron en fosas comunes.

El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la derogación del Ejecutivo aragonés y el tribunal de garantías aceptó el recurso, paralizando así la norma. En su demanda, el Ejecutivo de Pedro Sánchez alegó que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, "por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas" y también que podría ser contraria a competencias estatales con relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la Constitución. En el caso valenciano, el Gobierno central ha propuesto esta misma semana a la Generalitat negociar para evitar otro recurso ante el Constitucional.

En Baleares, donde la popular Marga Prohens gobierna —desde sus inicios— en solitario gracias a un acuerdo programático con Vox que, pese a la ruptura del pasado julio, parece que sigue vigente. La portavoz parlamentaria del PP balear, Marga Durán, fue la encargada de anunciar que su partido votaría a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica. En Cantabria también hay un gobierno monocolor del PP con María José Sáenz de Buruaga a la cabeza, pero el lunes también se sirvieron de los votos de Vox para aprobar la supresión de la anterior legislación, aprobada por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria en 2021.

En el caso balear se trataba de de un compromiso que formaba parte del acuerdo de 110 medidas que Prohens suscribió con los ultraderechistas el pasado año para garantizar su investidura, pero que no formaba parte de su programa electoral. La pasada semana el PP justificó el apoyo de su formación a la iniciativa alegando que la normativa estatal sobre memoria histórica y la ley de fosas de Baleares hacen innecesaria la norma autonómica.

Un argumento similar al del PP cántabro. El portavoz del partido, Iñigo Fernández, cargó tintas contra la norma de 2021 y la calificó como un "atropello" y una "imposición" que no "respeta sensibilidades" y que se llevó a cabo "sin disposición a aceptar un diálogo sincero": "Derogando esta ley damos un paso en defensa de la convivencia y las libertades frente al atropello de aprobar esta norma a las bravas", señaló tras la votación, que se aprobó con 19 votos a favor y 16 en contra. Aunque todavía no ha entrado en vigor, lo hará en los próximos meses.

Más llamativo es el caso de Castilla y León. Este miércoles el PP votó en contra de tramitar la ley de concordia que negoció con Vox cuando ambos partidos gobernaban en coalición. Una norma que omitía el término dictadura e imponía una suerte de silencio sobre las víctimas y, sobre todo, sus verdugos al prohibir la difusión de datos sobre las exhumaciones llevadas a cabo en la región. Asimismo prohibía difundir públicamente la identidad de las víctimas rescatadas del olvido e incluía a las víctimas del terrorismo.

La negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que hasta hace solo unos meses defendía que la norma "ampliaba derechos" no responde, sin embargo, a motivos ideológicos. En concreto, lo que argumentó el PP es que antes de aprobar la norma debería ser revisada por el Consejo Consultivo. Un informe, que sin embargo, la Mesa vio innecesario en el mes de abril. "Ese informe parece resultar imprescindible para continuar la tramitación de esa Proposición de Ley. El Grupo Popular consideró no prioritaria su tramitación y de no disponer de este informe, la prudencia aconseja esperar", señaló el procurador del PP, Óscar Reguera.

En esa línea, Reguera también advirtió de que la derogación en Aragón había sido "objeto de recurso de inconstitucionalidad" y que la Comunitat Valenciana podría ser la siguiente. Eso no evitó los reproches de Vox que anticipó a Mañueco que iba a pagar "muy cara" esa decisión en las urnas. El presidente de la Junta no intervino en el debate y, aunque su portavoz evitó el cuerpo a cuerpo con los ultras, aseguró que por motivos de "prudencia" había que esperar.

La posición del líder del PP ha virado desde que llegó a Génova hace más de dos años, pese a que cuando lideraba la oposición en el Parlamento gallego, en 2008, decidió por sorpresa votar a favor en el Parlamento autonómico de una resolución impulsada por socialistas y nacionalistas en la que se condenaba con rotundidad el franquismo. Aquel movimiento de quien fuera su delfín enfureció a Manuel Fragaf, quien había crecido políticamente al calor del régimen franquista como ministro de Información y Turismo.

En el verano de 2016, ya con mayoría absoluta y Feijóo en la Xunta, el PP también votó a favor de una declaración institucional en la que se condenaba "el golpe de Estado perpetrado por Franco el 18 de julio de 1936, el régimen dictatorial consecuencia de ese golpe de Estado y los crímenes y represiones ejercidos sobre las personas vencidas".

Pero esa imagen de conservador moderado, que siempre ha tratado de explotar a nivel mediático, se vino abajo con su llegada a Madrid. Su aterrizaje en Génova le llevó a adoptar la clásica postura del PP en todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo. Tres meses tardó en asegurar que derogaría la Ley de Memoria Democrática desde que cogió las riendas del partido por aclamación, lo mismo que llevaba prometiendo Pablo Casado desde sus inicios. Feijóo cogió el testigo de su sucesor y continuó en la misma línea. Para lo que Casado era "la guerra del abuelo", para el gallego es ahora una simple pelea de antepasados.

La sección de recomendaciones turísticas al fresco regresa al norte, tras las entregas dedicadas a la sierra de Ordesa y a la Costa del Sol. En esta ocasión viajamos —siempre acompañados de los datos de la Agencia de Meteorología— a Cantabria, un destino por antonomasia de los amantes del verano suave. Allí encontraremos las temperaturas más frescas de toda la serie Apaga el aire, con termómetros a pleno sol por debajo de los 25 °C y noches de chaquetilla. 

En la última década, la temperatura media en San Vicente de la Barquera, uno de los principales destinos de playa de la zona, ha sido de apenas 19,3 °C entre junio y agosto, un verano realmente fresco poco apetecible para ir a la playa, pero que abre un abanico de opciones a quien prefiere el turismo de montaña o cultural. La media de las máximas en estos últimos diez años es de 23,1 °C, por lo que incluso los días más soleados los termómetros se mantienen suaves. Mientras que la media de las mínimas nocturnas es de 15,4 °C.

La influencia del Atlántico y el Cantábrico provocan que Santander sea uno de los puntos más lluviosos del verano, con una media de 7,5 días al mes de chubascos, prácticamente uno de cada cuatro días, aunque es una lluvia fina y poco molesta. Otro punto importante en vacaciones es la temperatura del agua, y no es una sorpresa que sea una de las más frías de España. Estos días está a unos 21 °C, casi diez grados menos que en las playas del Mediterráneo.

Luis Martínez Abad, director general de CANTUR, Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, destaca además la comarca de Liébana, al pie del Parque Nacional de los Picos de Europa, como "una excepción climática, ya que muestra rasgos de tipo mediterráneos". "La Cordillera Cantábrica provoca que el sur de Cantabria también tenga influencia del clima continental de tipo mediterráneo, pero, en invierno, la nieve cubre esta zona que en invierno llega a alcanzar las temperaturas más bajas de toda la península", afirma el portavoz.

Este clima oceánico da grandes posibilidades al turismo rural en Cantabria, cuya principal apuesta son los Picos de Europa, declarado Parque Nacional en 1995 y con varias figuras de protección ambiental, entre ellas Reserva de la Biosfera y la de zona especial de protección de aves (ZEPA). El parque cuenta con decenas de rutas de diferentes distancias que recorren paisajes de bosques, pastizales de montaña y macizos de roca calcárea en los que encontrar más de 1.900 especies de plantas euroatlánticas y mediterráneas. El sello de Reserva de la Biosfera incluye un componente de desarrollo económico para poblaciones asentadas, y es que en los Picos de Europa viven, según el padrón de 2013, 1.157 personas en 20 poblaciones (6 en Asturias, 2 en Cantabria y 12 en León). 

Para quienes busquen enclaves naturales de interior menos conocidos tienen el Parque Natural de los Collados del Asón, el de Saja Besaya o el de las Secuoyas del Monte Cabezón. Mientras que otra apuesta más cómoda para ir en familia sería el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, una antigua zona de minería de hierro reconvertida en un zoológico con animales de cinco continentes en semilibertad. Además de su faceta de recreo, el parque estudia y conserva 54 especies amenazadas, especialmente el oso pardo, del que tienen unos 70 ejemplares.

En todo caso, estamos en verano y no podemos olvidarnos de las playas. En Cantabria hay 68 playas repartidas en 250 kilómetros de costa, de los que 50 kilómetros son de arena. Uno de los principales atractivos de esta región es la gran calidad de sus playas urbanas, que permiten a los visitantes combinar el destino de playa con la cultura y la gastronomía sin apenas moverse del municipio. Entre las playas urbanas más destacadas están las de Laredo, Comillas, Santoña o las de la propia capital (Santander). Fuera de la ciudad también hay playas muy recomendadas como la Liencres (dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres), la de Oyambre o la de El Puntal.

No podemos hablar de las playas cántabras sin mencionar el surf, un deporte destacado en la región ya desde los años 60. De hecho, en Cantabria hay declarados cuatro municipios como Reserva Natural del Surf: Ribamontán al Mar, Suances, Noja y San Vicente de la Barquera, una figura de protección que acoge tanto al enclave como al propio deporte por sus aportaciones al patrimonio cultural y natural de la zona.

Por último, para recomendar municipios que visitar, recurrimos a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, que tiene en su lista siete pueblos cántabros: Liérganes, Comillas, Potes, Santillana del Mar, Bárcena Mayor, Carmona, y Mogrovejo. En Comillas se puede visitar, por ejemplo, el palacio modernista de El Capricho, de Antoni Gaudí, o la Universidad Pontificia; mientras que en Santillana del Mar, además de disfrutar de un pueblo con más de diez siglos de historia, se pueden visitar las Cuevas del Altamira, con sus famosas pinturas de 14.000 años de antigüedad. El responsable de Cantur también señala, como apuestas culturales, El Palacio de la Magdalena, en Santander, es un polo de atracción de visitantes muy importante en Cantabria, junto con el Centro Botín.

Martínez Abad también recalca además que el turismo internacional en la región ha crecido en 2023, y son estos visitantes los que tiran de la desestacionalización en los meses de fuera de temporada. "Relevante el papel del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander con 14 rutas internacionales que, excepto una, todas operan durante el año completo", añade el experto